No me escribas ya más, porque es en vano;
Ni soy cual dices tu apreciable amigo
Ni tengo nada de común contigo.
Bárbaro azote del linaje humano.
Yo podré ser gentil, mas no pagano,
Y pongo al Padre eterno por testigo
De que prefiero el cobre del mendigo
Al oro recibido de tu mano.
Si alguna vez mis yerros juveniles
Me llevaron á tí con harta pena
Desconociendo tus instintos viles:
Hoy, si el destino á verte me condena,
Iré, pero escoltado por civiles
Como quien va á cruzar Sierra-Morena.
El exvicepresidente y director del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, condenado a cuatro años de cárcel por el caso de las llamadas tarjetas black de Caja Madrid, está en libertad de forma regular antes de haber cumplido la mitad de su condena. Rato había accedido al tercer grado tras su absolución en el caso Bankia, en el que ninguno de los acusados resultó condenado. El Supremo confirma la absolución.
El Juzgado de Instrucción Número 31 de Madrid instruyó el presunto origen ilícito del patrimonio del ex ministro de Economía Rodrigo Rato, al que atribuye presuntos delitos de corrupción en los negocios, blanqueo de capitales y fiscales. El titular del Juzgado embargó bienes a Rodrigo Rato por no abonar la fianza de 65,1 millones fijada en el auto de procesamiento en el que se le envía al banquillo por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios, en el marco de la causa sobre el presunto origen ilícito de su patrimonio.
El juez ya había fijado un embargo de bienes a Rato en 2015 a raíz de una denuncia que presentó la Agencia Estatal de Administración Tributaria. En aquel momento la suma embargada llegó a los 18 millones de euros e incluía hasta la pensión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que percibe en su calidad de ex director de la institución.
El Ministerio Público ha acusado a Rato de once delitos contra la Hacienda Pública, pidiendo penas de entre cuatro y seis años de cárcel por cada uno; uno de blanqueo de capitales, por el que reclama seis años; de corrupción en los negocios, con otros cuatro años; otro de insolvencia punible, por el que pide cuatro años; y de un delito de falsedad documental, con tres años. Por los dos últimos delitos no será finalmente juzgado, según apunta el juez en su auto de apertura de juicio, por lo que Anticorrupción deberá ajustar su petición al final de la vista oral. La Fiscalía Anticorrupción pide inicialmente 70 años de cárcel para el ex ministro de Economía por defraudar más de 8,5 millones de euros.
Panama Papers es la expresión dada por los medios de comunicación a una filtración informativa de documentos confidenciales de la desaparecida firma de abogados panameña Mossack Fonseca, servicios consistentes en fundar y establecer compañías inscritas en un paraíso fiscal de tal modo que «oculten la identidad de los propietarios».
Los primeros resultados de la investigación periodística fueron presentados simultáneamente el 3 de abril de 2016 por 109 medios de comunicación (periódicos, canales de televisión y plataformas digitales) en 76 países.
La persona que realizó la filtración no pidió nada a cambio, salvo que se tomaran ciertas medidas para garantizar su anonimato y seguridad, como por ejemplo, que no existieran encuentros personales ni ningún mensaje abierto, sino que la comunicación se realizaría de manera encriptada.
Consultada la fuente sobre su motivación, habría respondido que su único interés es «hacer públicos estos delitos» y que entregaría el volumen completo (2,6 terabytes); la selección de lo que se publicaría quedaba en manos de los periodistas.
Mossack Fonseca fue descrita por The Economist como un «hermético líder en la industria de las finanzas offshore». Los principales servicios de la firma incluían la fundación de sociedades offshore y su administración a cambio de una cuota anual, así como la prestación de servicios de gestión patrimonial. La compañía fue la cuarta mayor proveedora de servicios de este tipo en el mundo y ha actuado en nombre de más de 300 mil empresas, la mayoría en paraísos fiscales bajo administración británica como las Islas Caimán o la Isla de Man. En conjunto, las Islas Vírgenes Británicas han dado registro a cerca de 100 000 de estas empresas, siendo el destino favorito de los negocios offshore. El segundo lugar lo ocupa el propio Panamá, seguido de Bahamas y las Seychelles, estas dos últimas casi con igual número de registros de empresas fantasma.
No toda empresa fantasma es ilegal. Puede utilizarse en forma perfectamente legal en, por ejemplo, una situación en la que alguien quiera comprarse una gran casa de veraneo en una isla X y desea mantener la transacción en secreto, por privacidad; puede, en principio, hacer esa adquisición no a su nombre, sino al de su «empresa fantasma» y —mientras declare impuestos en el país donde principalmente reside y cumpla con las disposiciones legales de la isla X— no hay ningún problema. El caso inverso, la evasión de impuestos, o cualquier otro sorteo de la ley tributaria, obviamente es un delito.
Para muchos asociados a las empresas fantasma, el secreto sirve a otros fines completamente diferentes, que incluyen el encubrimiento de acciones delictuales y la protección de criminales. Según muestra el análisis, se han utilizado sistemas de empresas offshore también para el financiamiento de grupos terroristas, o han permitido, por ejemplo, al régimen sirio sortear las sanciones internacionales y continuar su guerra interna. Con motivaciones que no son de tipo privado, miembros del gobierno chino también han fundado gran cantidad de empresas a través de los abogados de Panamá, ocultando allí sumas millonarias. El problema de los negocios offshore, el impacto social y político con todas sus implicaciones, requeriría de medidas coordinadas de la comunidad internacional.
De acuerdo con el análisis del ICIJ, más de 500 bancos y sus filiales han registrado «empresas fantasma» a través de Mossack Fonseca. Solo el banco británico HSBC y las empresas asociadas a él han registrado 2300.
El gobierno Panameño rechazó de manera categórica, que el país sea considerado como un paraíso fiscal y sentenció que no permitiría que sea utilizado como un «chivo expiatorio», reaccionando así a las filtraciones y la posterior reinscripción por parte de Francia en la lista de paraísos fiscales y criticando las duras acusaciones de la OCDE.
El presidente Juan Carlos Varela señaló en una Cadena nacional el 6 de abril sobre el escándalo y tras una reunión con el cuerpo diplomático acreditado en el istmo recalcó que «Panamá se encuentra comprometido con la transparencia, la rendición de cuentas y la democracia». Varela expresó que este escándalo por la filtración de los documentos de la firma panameña de abogados Mossack Fonseca empaña la imagen del país.
En una maratónica acción judicial, la Fiscalía Segunda Contra el Crimen Organizado del Ministerio Público de Panamá en conjunto con unidades especiales de inteligencia y de investigación judicial de la Policía Nacional de Panamá, realizó un allanamiento en la firma de abogados Mossack Fonseca ubicada en Calle 50, en Ciudad de Panamá. La diligencia, que se prolongó por muchas horas continuas, forma parte de la investigación de oficio que realiza la instancia por el escándalo internacional sobre sociedades anónimas. Esta acción fue criticada por a su retraso, puesto que ya se habían hecho allanamientos en El Salvador, Perú y Ecuador.
La repercusión más significativa del escándalo de los papeles de Panamá en España fue la dimisión de José Manuel Soria ministro de Industria, Energía y Turismo en funciones, Diputado en Las Cortes Generales por Las Palmas y Presidente del Partido Popular de Canarias, que mantuvo, junto con otros miembros de su familia, una red de sociedades en paraísos fiscales. En septiembre de 2016, el ex-ministro Soria fue propuesto por el Ministerio de Economía español para un puesto en el Banco Mundial pero, ante el malestar que causó la noticia en la opinión pública, Soria retiró en el último momento su candidatura.
También figuraban como propietarios de sociedades en paraísos fiscales los bisnietos de Francisco Franco, Juan José y Francisco Franco Suelves, la Casa Real, estrellas del cine y la televisión, grandes banqueros y empresarios y políticos a nivel autonómico y estatal, entre los que se encontraban Rodrigo Rato, Carles Vilarrubí, Bertín Osborne, Josep Lluis Nuñez y la Infanta Pilar de Borbón.
Micaela Domecq Solís-Beaumont, esposa del Comisario europeo Miguel Arias Cañete, figuraba en los papeles como apoderada de una empresa. Arias Cañete afirmó que la empresa estaba inactiva desde mucho tiempo antes de que él asumiese el cargo de comisario.
Siendo su marido ministro, se acogió a la amnistía fiscal aprobada por el gobierno de Aznar para regularizar la actividad de una empresa offshore registrada en un paraíso fiscal a través del despacho Mossack Fonseca. Arias Cañete había participado en la reunión del Consejo de Ministros que aprobó dicha amnistía fiscal a pesar de la obligación de inhibirse por tener intereses familiares.
Miguel Arias Cañete es un Abogado del Estado y político español miembro del Partido Popular que fue hasta 2019 Comisario europeo de Acción por el Clima y Energía. Fue nombrado ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del gobierno de España desde el 22 de diciembre de 2011. El 9 de abril de 2014 fue seleccionado por su partido para encabezar la lista electoral al Parlamento europeo y cesó de su cargo como ministro el 28 de abril de ese mismo año.
Xavier García Albiol (Badalona, 8 de diciembre de 1967) es un político español perteneciente al Partido Popular, alcalde de Badalona y presidente del Partido Popular de Badalona desde 1990 y también ha sido diputado del Parlamento de Cataluña.
Xavier García Albiol, no estuvo solo en la sociedad del paraíso fiscal de Belice Luverne International Inc que tramitó a través de un despacho de Andorra. El regidor se vinculó a esta compañía instrumental junto a su número dos en el partido, Ramón Riera, concejal de Sanidad de Badalona. Los dos dirigentes recibieron en abril de 2005 un poder general y abierto de la mercantil belicense que, entre otras cosas, otorgaba la capacidad de recurrir a la sociedad para comprar propiedades, abrir cuentas en el extranjero o gestionar fondos “en bóvedas de bancos”. En ese momento, Albiol era concejal del Ayuntamiento y secretario de política municipal del PP y Riera, portavoz de la formación en el Consejo Comarcal del Barcelonés.
García Albiol y Riera recibieron el poder de Luverne International Inc el 7 de abril de 2005, cuando el primero era secretario de política municipal de la formación conservadora en Cataluña y el segundo, portavoz del PP en el organismo público Consejo Comarcal del Barcelonès. Ninguno comunicó su conexión con la mercantil en sus declaraciones de bienes en instituciones públicas como el Ayuntamiento de Badalona o la Diputación de Barcelona.
El poder confirió a estos populares la capacidad para usar “conjuntamente” la empresa para comprar y vender propiedades, bonos, empresas y valores, además de abrir y cerrar cuentas en bancos nacionales y extranjeros. También les habilitó para constituir y disolver empresas, optar a licitaciones públicas o privadas, permutar bienes, acciones y valores e, incluso, la potestad para gestionar depósitos y cajas de seguridad en “bóvedas de bancos”. El texto legal incluía los DNI, nombres y apellidos de estos dirigentes que desembarcaron en las filas conservadoras hace tres décadas.
García Albiol y Riera tramitaron Luverne International Inc a través de Afsi, una minúscula agencia de Andorra creada en 1997 por Andbank, segundo banco del país pirenaico por activos, que tuvo en su cartera de clientes al entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, y a miembros de la red de blanqueo de Gao Ping y de la trama brasileña de sobornos Lava Jato.
El concejal de Sanidad de Badalona admite que el poder con la firma de Belice se concibió para desarrollar “temas inmobiliarios y de construcción”. Y resume así su conexión con Luverne International Inc. “Fue un error, una equivocación”. El edil asegura no tener dinero fuera de España.
Como en el caso de García Albiol, el patrimonio oficial de Riera, que encadena tres décadas de cargos públicos, no arroja grandes cifras. El concejal de Sanidad de Badalona comunicó en su última declaración de bienes municipal de 2019 ser propietario de dos pisos, dos vehículos (un Audi H5 y un Smart), tener cuentas con 30.000 euros, 122.000 euros en acciones y una embarcación Astinor 38. Un patrimonio inferior al de García Albiol, que detalló en su último registro de bienes municipal, de 2019, controlar tres pisos (uno de ellos al 50%), dos vehículos —un Audi Q5 y un BMW GT650—, cuentas bancarias con 121.000 euros, y 56.000 euros en acciones.
El alcalde de Badalona indicó que la sociedad del paraíso fiscal permaneció inactiva durante su existencia (2005-2015). Sin embargo, el análisis de los documentos revela que Luverne International Inc. se usó también el 20 de abril de 2005, trece días después de asociarse con los populares, para otorgar otro poder a la abogada de Sant Cugat del Vallès Arantza Casaubón Martínez. El objetivo: adquirir 589 acciones de Basenia S. L., una firma de Sant Cugat de reparación y mantenimiento naval, que no tiene propiedades a su nombre y donde Casaubón Martínez figura como administradora única desde marzo de 2006. Luverne International Inc. dio otro poder el 18 de diciembre de 2008 a esta letrada para vender sus participaciones de la citada compañía náutica.
Riera admite que conocía que la firma de Belice otorgó un poder a Basenia SL para comprar acciones. “Sabíamos que habían hecho una compra de acciones, pero nosotros no nos metimos en ese tema”. García Albiol dijo el martes desconocer qué era Basenia SL.
El expresidente del PP enmarcó su relación con Luverne International Inc. en una frustrada aventura empresarial que emprendió en 2005, cuando era concejal en la oposición de Badalona, para explorar negocios en Salvador, Honduras y Guatemala. “Me dieron la opción de entrar como apoderado, pero no ejercí”, explicó el regidor para precisar después que no obtuvo beneficios de esta mercantil belicense. Una firma tramitada desde Andorra, pero gestionada por Alcogal, un bufete panameño especializado en la planificación societaria en paraísos fiscales.
Y es que, a través de esta telarañas mercantiles opacas, complejos mecanismos que extienden sus redes países como Islas Vírgenes Británicas o Belice, se desvía el 10% del PIB comunitario en la UE, según la Comisión Europea, que cifra en 46.000 millones de euros los impuestos que las arcas públicas dejan de ingresar cada año a consecuencia de los laberintos offshore.
El alcalde de Badalona y su mano derecha han desarrollado carreras políticas paralelas. Riera, un maestro industrial de formación, ha compatibilizado sin la exposición de su compañero de filas, cargos públicos —diputado y concejal de Badalona— con puestos en el esquema orgánico conservador. En el PP fue secretario general de Badalona (1991-1993), vicesecretario de Barcelona (1993-1999) y secretario electoral en Cataluña (1999-2004). Una trayectoria no exenta de charcos. En 2016, durante su etapa como portavoz en la Diputación de Barcelona, espetó a la CUP: “En tiempos de Franco, estarían muertos o detenidos”. Fue en un debate sobre una moción de los anticapitalistas.
Xavier García Albiol, tras verse salpicado por una polémica que le conecta con una misteriosa firma del paraíso fiscal de Belice a través de Andorra, indicaba que se asoció a ella para desarrollar proyectos empresariales en Centroamérica que no fraguaron. García Albiol gozó de un poder “conjunto” de esta firma opaca con su número dos, Ramón Riera, concejal de Sanidad de Badalona y portavoz hasta 2019 del PP en la Diputación de Barcelona.
García Albiol no comunicóesta relación en sus declaraciones oficiales de bienes que entregó al desembarcar en instituciones como la Diputación de Barcelona o la alcaldía de Badalona.
Inactiva... pero 13 días después de otorgar el poder a García Albiol y a Riera, Luverne International Inc. dio otro aval a la abogada de Sant Cugat del Vallès Arantza Casaubón Martínez para adquirir 589 acciones de la empresa náutica española Basenia S. L.
La conexión de estos dos dirigentes populares con la sociedad opaca del país centroamericano aparece en los Papeles de Pandora, un conjunto de 11,9 millones de documentos filtrados, los cuales el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) ha coordinado con periodistas de investigación de distintos países para analizar y publicar historias que sean de interés público. Se anunció su salida el 2 de octubre de 2021 y se inició la publicación de notas vinculadas a partir del día 3 de octubre. La organización describió la filtración de documentos como su filtración más grande de secretos financieros hasta la fecha. En los Pandora Papers, el ICIJ trabajó con 11,9 millones de documentos (2,94 terabytes), lo que hace que esta sea la mayor filtración de datos de sociedades offshore, superando a los Panama Papers, los cuales fueron una filtración de 11,5 millones de documentos confidenciales (2,6 terabytes).
La información está relacionada con diversas cuentas offshore de personalidades, políticos y personas con gran cantidad de dinero. Algunas de las personas nombradas enfrentan acusaciones de corrupción, lavado de dinero o evasión fiscal.
Según se describe en los primeros medios que expusieron la investigación de «secretos financieros de 35 líderes mundiales, de más de 330 funcionarios públicos de unos 90 países, de empresarios que figuran en los rankings de Forbes, y una larga lista de evasores que operaron en las sombras». Según se expresó, no necesariamente es ilegal la tenencia de una empresa offshore, pero sí puede servir de pantalla para diversos delitos, como el lavado de activos o el terrorismo.
Los distintos periodistas que participaron en el análisis de la información, lograron determinar que existen vínculos entra las empresas offshore y líderes políticos, empresarios, personas vinculadas a las finanzas así como también artistas. Se determinó que «35 líderes mundiales escondieron su fortuna en paraísos fiscales».6 Entre estos se encuentra el rey Abdalá II de Jordania, el primer ministro de la República Checa Andrej Babis, y los presidentes de Chile y Ecuador, Sebastián Piñera y Guillermo Lasso, respectivamente. Entre los famosos vinculados a esta filtración se encuentran Shakira, Pep Guardiola, Julio Iglesias, Chayanne, Claudia Schiffer, Ringo Starr, Elton John o el escritor Mario Vargas Llosa.
El economista italiano Mario Draghi fue presidente del Banco Central Europeo desde 2011 hasta 2019. Antes fue director ejecutivo del Banco Mundial, y vicepresidente, por Europa, de Goldman Sachs, cuarto banco de inversión del mundo, además de gobernador del Banco de Italia.
Nacido en 1947 en el seno de una acomodada familia romana, su padre era gerente del Banco de Italia, Draghi quedó huérfano de ambos progenitores con tan sólo 15 años. El ex gobernador del BCE, reconocido por su carácter austero y determinado, es el italiano con más proyección internacional.
Mientras Draghi era vicepresidente de Goldman Sachs International, uno de los máximos responsables de la compañía en Europa, la compañía asesoró al Primer Ministro griego sobre cómo ocultar la verdadera magnitud del déficit. Esta ocultación del fraude condujo a la crisis de la deuda soberana en Grecia.
Draghi fue interrogado en 2.011 por el Comité Económico del Parlamento Europeo por la falsificación de los datos macroeconómicos de la contabilidad nacional en Grecia, lo que no le impidió, ese mismo año, ocupar la presidencia del Banco Central Europeo. Durante su mandato, en plena crisis económica de la eurozona, puso en marcha un plan de rescate para corregir sus propios desaguisados.
El artículo 283, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea dispone que los nombramientos para el Comité Ejecutivo del BCE los realice «el Consejo Europeo, por mayoría cualificada, de entre personas de reconocido prestigio y experiencia profesional en asuntos monetarios o bancarios, sobre la base de una recomendación del Consejo y previa consulta al Parlamento Europeo y al Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo».
Jean-Claude Juncker es un político luxemburgués miembro del Partido Popular Social Cristiano (PCS o CSV).1 Fue presidente de la Comisión Europea desde el 1 de noviembre de 2014 hasta el 30 de noviembre de 2019. Ocupó en varias ocasiones el cargo de primer ministro y desempeñó otras funciones ministeriales en Luxemburgo.
En el ámbito de la Unión Europea ha ejercido como presidente de turno del Consejo Europeo en la segunda mitad de 1997 y en la primera mitad de 2005, y hasta el 21 de enero de 2013 ejerció como presidente del Eurogrupo.
Después de haber sido gobernador del Banco Mundial entre 1989 y 1995, Juncker fue nominado gobernador del Fondo Monetario Internacional y del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (EBRD) en 1995.
A principios de noviembre del 2014, pocos días después de encabezar la comisión europea, Juncker se vio afectado por unas revelaciones en la prensa derivadas de documentos filtrados conocidos como LuxLeaks, según los cuales Luxemburgo bajo su mandato se había convertido en un centro europeo de evasión fiscal corporativa. Con la ayuda del gobierno luxemburgués, las empresas transferían garantías fiscales por valor de muchos billones de euros a Luxemburgo, donde el ingreso se fiscalizaba a una fracción del 1%. Su discurso en Bruselas en julio de 2014 en el que prometía "intentar poner cierta moralidad y ética en el panorama fiscal Europeo", fue duramente criticado según la filtración.
Como consecuencia, Juncker recibió una moción de censura en el parlamento europeo sobre su papel en los esquemas de evasión de impuestos. La moción fue derrotada por una gran mayoría.
Luxemburgo Leaks, LuxLeaks, Lux Leaks, Filtraciones de Luxemburgo o los Papeles de Luxemburgo es un escándalo financiero que reveló en noviembre de 2014 los detalles de las operaciones secretas de 343 grandes empresas transnacionales para evitar el pago de impuestos. En las operaciones se utilizan maniobras legales llevadas a cabo por expertos fiscales y conocidos como la evasión fiscal y la planificación fiscal. El escándalo fue revelado por 80 periodistas de 36 países que analizaron los documentos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que muestra que las empresas han ahorrado miles de millones de dólares que se pagarían en impuestos.
Las operaciones tuvieron el apoyo del Autoridades gubernamentales de Luxemburgo lo que causó gran indignación en Europa, ya que se habrían producido grandes pérdidas económicas a los demás miembros de la Unión Europea en favor de las empresas transnacionales en un momento de la Crisis económica de 2008-2015.
Los acuerdos secretos entre las empresas y las autoridades del Ducado de Luxemburgo fueron intermediados por las grandes firmas de contabilidad conocida con las "Big 4" o "los 4 grandes" internacionales. PricewaterhouseCoopers, KPMG, Ernst & Young y Deloitte son los principales promotores de un gran sistema que oculta el desvío de fondos que utilizan los paraísos fiscales como Luxemburgo.
Las filtraciones permitieron, en noviembre de 2014, poner a disposición del público los nombres de más de trescientas empresas multinacionales involucradas en estas decisiones fiscales, tales como Ikea, Fiat, Pepsi, Cargill, Citigroup, GlaxoSmithKline, Volkswagen, McGraw Hill, British American Tobacco, Reckitt Benckiser, Timberland, General Electric, Credit Suisse, Accenture, Burberry, Procter & Gamble, Heinz, JP Morgan, FedEx, Abbott Laboratories, Amazon, Deutsche Bank, Apple, Verizon, Vodafone, Gazprom, HSBC, Bradesco, Banco Itaú, Intelsat y Macquarie Bank.
Las revelaciones atrajeron atención y debate internacional sobre la delincuencia financiera y las prácticas de evasión fiscal en Luxemburgo y en el centro del escándalo se encuentra Jean-Claude Juncker, entonces Primer ministro y ministro de Finanzas de Luxemburgo.
En 2015 los estados de la Unión Europea han dicho no a los tax rulings, acuerdos entre estados y empresas multinacionales que permiten a las grandes corporaciones ahorrarse millones de euros en impuestos. Los ministros de Economía y Finanzas, reunidos en Luxemburgo, no han apostado por reducir el alcance de estos acuerdos, pero sí han consensuado que cada seis meses haya un intercambio de información sobre los que han sido firmados, en una apuesta por la transparencia ante la opacidad fiscal.
El 29 de junio de 2016 los informantes, dos exempleados de PWC, fueron condenados por la justicia luxemburguesa a 9 y 12 meses de prisión y 2500€ de multa en total, por revelación de secretos empresariales y violación de confidencialidad.
La lista Falciani es una relación que contiene los nombres de unos 130 000 potenciales evasores fiscales con cuentas no declaradas en la sucursal en Ginebra (Suiza) del banco británico HSBC. Recibe el nombre de «Falciani» por Hervé Falciani, un ingeniero informático, extrabajador del banco, que copió presuntamente datos de su empresa, que contenían los nombres de clientes defraudadores de varios países de la Unión Europea e intentó informar a las autoridades suizas según su versión. Al no tener éxito huyó a Francia con esa información.
En enero de 2009, las autoridades francesas, después de detener a Falciani ya que Suiza había emitido una orden de arresto internacional, la policía hizo una redada en la casa de Falciani en Francia y encontró archivos informáticos con 130 000 potenciales evasores fiscales (de los cuales, 24 000 eran de toda Europa) y se comenzó una investigación. El gobierno francés luego transfirió la información a algunos gobiernos de Europa, como el Reino Unido y España, para ayudarles a afrontar y tomar medidas en la evasión fiscal de sus países.
Posteriormente Falciani se trasladó a España, donde de nuevo fue arrestado por la orden de arresto internacional emitida por el gobierno suizo. La Audiencia Nacional decidió no extraditarlo y lo dejó en libertad. Falciani colaboró entretanto con la justicia española.
En febrero de 2015, el contenido íntegro de la lista Falciani salió a la luz gracias a una investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario Le Monde, conocida como «SwissLeaks». La lista contiene miles de nombres de personas físicas y jurídicas, entre ellas personalidades destacadas del mundo empresarial, de la nobleza y del espectáculo, residentes en más de doscientos países. En total acumulaban algo más de 102 000 millones de dólares en la entidad suiza y alrededor de 30 000 cuentas bancarias.
La lista sirvió en el año 2010 para identificar a 659 presuntos evasores fiscales en España. La Agencia Tributaria española, en una decisión muy criticada como "trato de favor", notificó a 558 de ellos para que regularizaran su situación. De estos, 306 se acogieron a esa segunda oportunidad y presentaron declaraciones complementarias a las que se les impuso el recargo correspondiente a tributaciones fuera de plazo.
Si bien el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro no publicó nunca la lista íntegra, sí que han trascendido algunos nombres como el de Emilio Botín (presidente del Banco Santander), que pagó 200 millones de euros para regularizar su situación con Hacienda.
Según una investigación de El País (basada en los denunciados por cometer delito fiscal una vez conocida la lista), entre los defraudadores también se encontrarían directivos de empresas conocidas como Cirsa o Pepe Jeans y otro largo listado de empresas dedicadas al mercado inmobiliario, ventas de obras de arte y servicios de exportación.
En el caso de los medios españoles, fue el diario El Confidencial el primero en desvelar la lista Falciani. El 8 de febrero de 2015 anunció que iría descubriendo los nombres y a partir del 9 de febrero amplió los datos progresivamente. Más adelante, se sumaron a la publicación de investigaciones medios como La Sexta o El Mundo.
Las investigaciones publicadas de la Lista Falciani destacan, según Gaibar (2015), por varios motivos: por un lado, destapan del sistema de fraude en el uso de los paraísos fiscales para evadir impuestos y, por el otro lado, colaboran con la figura del “whistleblower”, es decir, el que filtra la información aún con riesgo de exponerse y perder su puesto de trabajo y situación personal con el fin de contribuir con sus datos a la mejora de la sociedad.
Relacionada con esta lista está la Lista Lagarde, un subconjunto de 2000 nombres pertenecientes a la Lista Falciani. Recibe el nombre de Lagarde por la ministra de economía francesa Christine Lagarde, quien en octubre de 2010 la envió (unos 2000 nombres) a funcionarios griegos para ayudarles a tomar medidas con la evasión fiscal. Sin embargo, pasaron dos años más hasta que la lista Lagarde fue conocida públicamente, cuando el periodista griego Kostas Vaxevanis la publicó en su revista Hot Doc, protestando así contra el fracaso del gobierno griego para comenzar una investigación.
Y Luis de Guindos Jurado, vicepresidente del Banco Central Europeo, ministro de Economía, Industria y Competitividad del Gobierno de España entre 2016 y 2018 y desde 2016 máximo cargo del Ministerio de Industria, Energía y Turismo tras la renuncia de su predecesor, José Manuel Soria, trabajaba en compañías de servicios financieros siendo miembro del consejo asesor de Lehman Brothers a nivel europeo y director en España y Portugal hasta su quiebra en 2008. Fue director del Instituto de Empresa desde 20102 y perteneció al Consejo de Administración de Endesa con carácter de externo independiente. Estos son los currículos de los banqueros y gestores de la Unión.
