En el sumario del 11-M, no sólo están personadas las diferentes Asociaciones de Víctimas, hay una acusación particular que ejerce un abogado en nombre de dos víctimas del 11-M. Se trata de Gonzalo Boye Tuset (Viña del Mar, Chile, 3 de abril de 1965), empresario y abogado, además de cosas peores.
En 1996 fue condenado por la Audiencia Nacional a 14 años de prisión por colaborar con ETA en el secuestro del industrial Emiliano Revilla y actualmente se encuentra acusado de blanqueo de capitales para el narcotraficante Sito Miñanco, del que fue abogado defensor.
En 1992 fue detenido junto con otras tres personas más de nacionalidad chilena, como sospechoso de haber participado en los secuestros de Emiliano Revilla y Manuel Prado y Colón de Carvajal, ambos perpetrados por la banda terrorista ETA. Tanto Boye como el resto de los detenidos fueron acusados de pertenecer al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Gonzalo Boyé fue juzgado y condenado a una pena de 14 años por un delito de detención ilegal, junto a otros tres ciudadanos chilenos que formaban parte del Movimiento Internacional Revolucionario -MIR-, los cuales colaboraron con ETA en el secuestro del industrial Emiliano Revilla. Revilla estuvo retenido contra su voluntad por los terroristas, desde el 24 de febrero de 1998, hasta finales de octubre de ese mismo año, cuando fue liberado por los secuestradores. Los cuatro chilenos condenados, estuvieron realizando labores de seguimiento y vigilancia previas al secuestro del industrial Revilla. La sentencia de la Audiencia Nacional, afirmaba que los condenados recibieron de ETA distintas cantidades de dinero, hasta que surgieron discrepancias entre los acusados y la banda terrorista, por entender que éstos no habían recibido la totalidad de ese dinero que habían pactado con la banda terrorista ETA.
Fue declarado culpable de colaborar en el secuestro de Revilla por la Audiencia Nacional, y condenado a una pena de catorce años de prisión.
Actualmente reside en España. En prisión, se matriculó en la UNED y completó la licenciatura de Derecho. En 2002, seis años después de ingresar en prisión, fue puesto en libertad.
En el año 2007 se persona como abogado de la acusación popular en el juicio por los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, representando a Angélica Jeria, viuda de Héctor Figueroa, víctima mortal en los atentados. En febrero, Gonzalo Boye decidió recusar al perito Gabriel Moris, vicepresidente de la AVT, para analizar de nuevo los restos de explosivo hallado en los trenes. El motivo no prosperó.
Sostiene que "en el 11M no hay agujeros negros. Lo que hay son chapuzas". Durante la fase de instrucción pasó desapercibido, pero en el juicio mantiene la culpabilidad de 21 de los acusados, que tienen que ver, sobre todo, con la responsabilidad del Estado. ¿Por qué el Estado, que sabía que existían esas amenazas no hizo nada? ¿Por qué el Estado que sabía que éramos objetivo de los islamistas no tradujo las cintas de las intervenciones telefónicas?
Lo que no sabemos es por qué Interior deja pasar la dinamita pensando que era para ETA y que así detendrían al comando, pero las entregas controladas, según Boyé, es que en toda la comarca minera de Asturias había solo dos guardias civiles encargados de la vigilancia de los polvorines.
Boyé destacó que el entonces director general de la Policía Agustín Díaz de Mera, "no era la persona adecuada para dirigir ningún cuerpo o fuerza de seguridad del Estado. Explicó que en su caso ha solicitado la deducción de testimonio ya que ha quedado demostrado "que mintió en esta sala".
"Y no había traductores de árabe para las cintas de las escuchas, aunque los investigados por el Juzgado Central Cuatro en una causa que se archiva el 12 de marzo no son de los terroristas del 11-M, no murieron en el atentado. Telemadrid, que no se caracteriza por ser de izquierdas, y menos en esa época, interrumpe sus transmisiones para retransmitir en directo lo que estaba pasando en Leganés. Se podría llegar a entender que un partido en el gobierno y unos medios de comunicación afines mantuvieran la estrategia de “ha sido ETA” para no perder las elecciones del 14-M, pero sostener la mentira durante años es incomprensible.
El Estado debe hacer todo el esfuerzo posible para que sepan la verdad de lo que ha pasado, cómo ha pasado, por qué ha pasado, pero también debe ayudar a que esas personas puedan salir del círculo diabólico de victimizar a la víctima. Eso se consigue con un Estado que acompañe y ayude a solucionar las causas del problema.
Ha habido una utilización política de determinadas víctimas, porque a Pilar Manjón la han tratado peor que a los propios autores del atentado del 11-M. Y no me refiero solo a un sector, a Pilar Manjón se le ha cuestionado hasta su condición de víctima. Aquí hay víctimas de primera y víctimas de segunda. Todos los países que han logrado superar estas situaciones lo han hecho a través de una normalización. Podemos mirar el caso de Irlanda y el Reino Unido: han normalizado la vida. ¿Cómo lo han hecho? Pues allí, a las víctimas no se las ha utilizado, se le has ayudado. Hay una diferencia muy importante entre usar y ayudar a las víctimas.
En España se desconoce lo que pasa en el País Vasco, los esfuerzos que ha hecho la sociedad en su conjunto por buscar una vía de reconciliación, incluido también un sector abertzale en la solución de la responsabilidad que tienen. Una persona, cuando mata, cuando comete un atentado, tiene que vivir con eso. Un sector amplio ha hecho un esfuerzo por asumir esas actuaciones. Cómo se quiera valorar es una cuestión de inteligencia política.
Los programas de encuentro de las víctimas con quienes habían matado a su familiar han producido resultados, tanto para las víctimas, a las que en algunos casos les ha aliviado escuchar de boca del verdugo de su ser querido la palabra perdón, y quizá a los que mataron les ha permitido conocer el dolor de sus víctimas. Lo que pasa en España es que se pone el listón cada vez más alto. Ya no basta con asumirlo, con reconocer la responsabilidad; ahora hay que pedir perdón, y, además, reparar, y, además… Cada vez se exige un requisito mayor, cuando lo que tendría que hacer es buscar un punto de conciliación.
Creo que había una causa política en ETA. No es que haya surgido un grupo de sicópatas que se haya dedicado a matar. Ellos, por convencimiento político, iniciaron la vía de la lucha armada. La vía de la lucha armada tiene un coste para la sociedad, para los que la sufren y para los que la practican. Tanto las víctimas como las personas que practican la lucha armada tienen que convivir el resto de su vida con eso."
Dice un antiguo colaborador de Boyé que "defiende las causas progres pero en realidad hace dinero con lo peor, como con el narcotráfico". La lista de sus clientes sórdidos es la menos conocida: Sito Miñanco, el histórico capo de la droga; las empresas ligadas al entramado de Marcial Dorado; o, en Colombia, Piedad Zuccardi, acusada de nexos con una organización criminal de extrema derecha.
En su despacho del pudiente barrio de Salamanca, Boye-Elbal Asociados, que montó con su esposa, se ha movido también Emilio Hellín, condenado por el asesinato de la estudiante socialista Yolanda González en 1980. Hellín militaba entonces en Fuerza Nueva y hoy es un experto informático que ha servido a Boye como perito en varios casos, según coinciden tres fuentes.
El 24 de junio de 2008, en representación del Centro Palestino para los Derechos Humanos, presenta en la Audiencia Nacional una querella contra el exministro de Defensa israelí Benyamin Ben-Eliezer, y seis militares más, por el bombardeo del barrio palestino Al Daraj. En 2010 volvería a querellarse contra Israel por el ataque a la flotilla de Gaza.
En el año 2009 se querella contra seis de los principales asesores jurídicos del presidente de EE. UU George W. Bush, por diseñar el soporte jurídico que ampararía la apertura y existencia del centro de detención de Guantánamo. Su nombre salió a relucir en las filtraciones masivas de cables de Wikileaks. En estos cables la embajada de EE. UU. en Madrid, informa sobre Boye como uno de los abogados que lidera la demanda contra EE.UU.
En el año 2013 y en representación del Observatori DESC - Barcelona (Derechos económicos, sociales y culturales), presenta una querella contra Luis Bárcenas, por delito fiscal, soborno, tráfico de influencias y falsedad contable derivados de su actividad como tesorero del Partido Popular, así como presunta financiación irregular del propio partido.
En el año 2014 se incorpora al equipo jurídico que defiende a Edward Snowden, antiguo empleado de la CIA (Agencia Central de Inteligencia) y de la NSA (Agencia de Seguridad Nacional), acusado por el Gobierno de EE. UU. de revelación de secretos al hacer públicos, a través de los periódicos The Guardian y The Washington Post, documentos clasificados como alto secreto sobre varios programas de la NSA, incluyendo los programas de vigilancia masiva PRISM y XKeyscore.
También ha sido abogado defensor de la política española Tania Sánchez, quien fue imputada en el año 2015 en un caso de tráfico de influencias. Finalmente la causa contra Sánchez fue archivada por no hallarse indicios de delito.
A finales de 2017 pasó a formar parte de la defensa de Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Cataluña imputado por un cargo de rebelión.
Defendió al rapero Josep Miquel Arenas Beltrán, conocido como Valtònyc, acusado de enaltecimiento del terrorismo e injurias al rey de España. Este fue condenado por la Audiencia Nacional a pena de prisión.
Fue cofundador y editor de la revista satírica Mongolia, que lanzó su primer número el 23 de marzo de 2012. También es el editor del blog Contrapoder, dentro del diario digital eldiario.es del que hasta agosto de 20175 era secretario del consejo de administración de Diario de Prensa Digital,S.L., la sociedad que publica dicho digital eldiario.es. Ha colaborado para diferentes medios de comunicación como El País o Público.
En 2010 fue entrevistado para la película documental The Guantanamo Trap, de Thomas Wallner, en la que discute la legalidad y legitimidad de la administración norteamericana en sus actuaciones en el centro de detención de Guantánamo, y la justicia de su propia condena. Sin embargo, en National Review, el ayudante del fiscal general de EE. UU., Andrew C. McCarthy, afirmó que Boye sí había participado en el secuestro de Revilla, y que había sido justamente condenado.
El 19 de junio de 2014 se estrena la película documental Ciutat Morta, que trata el caso 4F y en la que Boye participa a través de una entrevista como abogado defensor de Rodrigo Lanza. El llamado caso 4F es un supuesto caso de corrupción policial a raíz de los hechos sucedidos el 4 de febrero de 2006 en Barcelona, fecha en la que la Guardia Urbana detuvo a varias personas que posteriormente fueron condenadas e ingresaron en prisión por su supuesta relación con la violenta agresión que dejó terapléjico a un agente de la Guardia Urbana durante el desalojo del edificio Palau Alòs, hasta entonces okupado.
El documental Ciutat Morta afirma que el juicio fue un montaje. El caso se remonta a la noche del 4 de febrero de 2006, cuando, en el transcurso de un confuso desalojo por parte de la Guardia Urbana del Palacio Alós, un agente antidisturbios resultó herido de gravedad. Durante el desalojo, se produjeron enfrentamientos entre la Guardia Urbana y los okupas. El balance fue de diversas personas heridas en ambos bandos y unos cuantos detenidos.
La defensa de la decena de personas que fueron detenidas por aquellos hechos siempre dio veracidad a la versión que ellos explicaban y atribuían las heridas del policía al impacto de una maceta que cayó desde la azotea del local donde se hacía la fiesta. Esta versión, según la cual se le había lanzado una maceta desde un balcón, fue inicialmente explicada por el entonces alcalde Joan Clos. Sin embargo, tras la investigación, la versión oficial afirmó que las heridas habían sido causadas por una piedra que golpeó al agente y provocó que cayera al suelo. Los policías municipales implicados aseguraron en sus testimonios que la agresión la protagonizaron los jóvenes que estaban a pie de calle. Basándose en esta versión, se llevaron a juicio a varias personas, con un total de nueve condenadas, cuatro de las cuales ingresaron en prisión.
Una de ellas era la filóloga Patricia Heras —acusada de lanzar una valla contra la policía, lo que ella negaba afirmando que ni siquiera estaba en el lugar de los hechos— decidió suicidarse durante un permiso penitenciario el 26 de abril de 2011.
Rodrigo Lanza, uno de los detenidos y el principal acusado, salió a finales de diciembre de 2012 de la prisión de Quatre Camins después de cumplir cinco años de condena, acusado de ser quien tiró la piedra que impactó en la cabeza del guardia urbano que quedó tetrapléjico.
Rodrigo Lanza fue detenido de nuevo el 12 de diciembre de 2017 por el asesinato de Víctor Laínez, un prejubilado de 50 años al que agredió en Zaragoza tras haber mantenido una discusión con Lanza por, según los testigos presenciales y los amigos de la víctima, portar unos tirantes con la bandera de España. En 2020 fue condenado por este delito por un jurado popular a 20 años de prisión y una indemnización de 200.000 euros a los familiares de la víctima. La sentencia aplicó el agravante de motivos ideológicos, ya que, antes de iniciarse la discusión, un amigo de Lanza le había comentado que Laínez era de extrema derecha o neonazi. También aplicó el agravante de alevosía y el atenuante de embriaguez leve.
Es rara la semana que, en el quehacer diario de la justicia española, no se encuentre su nombre: ha aceptado la defensa del exjefe etarra José Antonio Urrutikoetxea, alias Josu Ternera, a que el fugado Carles Puigdemont, celebre un acto de fuerza del secesionismo, ha conseguido que el Constitucional anulara la condena a César Strawberry, cantante de Def con Dos, por los tuits en los que ironizaba con la vuelta de los GRAPO y ETA y sobre la muerte de Carrero Blanco.
El exdiputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, ha contratado a Gonzalo Boye y a Isabel Elbal Sánchez, para recurrir la desposesión de su cargo ante el Tribunal Constitucional, una decisión tomada por la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet.
Batet decidió ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo que condena a Rodríguez a la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y le comunicó la pérdida de su escaño después de que el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, dirigiera un oficio a Batet pidiéndole que remitiera al Alto Tribunal el informe sobre la fecha de inicio de cumplimiento de la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo impuesta a Rodríguez.
El también exsecretario de Organización de Podemos ha reiterado que se trata de una «sentencia injusta, por cuanto nunca existió la comisión de los hechos» que se le adjudican en la sentencia y que, además, «ha traído como colación una cadena de decisiones sin arreglo a la ley por parte de la presidenta del Congreso de los Diputados».
El exparlamentario de Unidas Podemos anunció que abandona Podemos y que hará todo lo que esté en su mano jurídicamente para defender su inocencia.
«Abandono la militancia partidista y abandono Podemos. Agradezco profundamente estos años que han sido muy intensos de muchísimo aprendizaje y de recibir muchísima leña», manifestó, al tiempo que subrayó que entra en «otro momento personal» y que hay que saber «cerrar ciclos».
Un exterrorista proetarra exculpando a los suyos del 11M, con un ultraderechista trabajando para él, que el alcalde de Leganés, el popular Jesús Gómez Ruiz (quien entregó a Gómez el número de la famosa cuenta de Ignacio González en Suiza), había contratado para representar al Ayuntamiento en dos causas contra el PSOE y por recomendación, según el alcalde, de «un jurídico del PP de Madrid».
Pero Gonzalo Boyé se ha quedado sin su bufete Boye-Elbal. Isabel Elbal, que permanecía como administradora única del bufete desde principios de 2020, solicitó el concurso de acreedores el pasado 29 de septiembre argumentando una situación de insolvencia. Gonzalo Boye renunció a principios de 2020 al cargo de administrador solidario apenas tres semanas después de que la Audiencia Nacional dictara el embargo de todos los bienes del abogado para hacer frente a los 1,2 millones de euros que adeuda por su implicación en el secuestro del industrial Emiliano Revilla.
En su dictamen, la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional solicitaba "profundizar en la investigación patrimonial del abogado" tras atender la petición realizada por el propio Revilla en 2018, cuando el empresario decidió personarse en la causa para que el abogado cumpliera con la sentencia. Con su salida del órgano de administración de Boye-Elbal, Boye establecía un cordón sanitario entre su situación patrimonial y la del despacho, que en 2020 declaró unos ingresos de 294.095 euros y unas pérdidas económicas de 109.341 euros. Al cierre del ejercicio contaba con un fondo de maniobra negativo de 6.542 euros.
Un desenlace inesperado para el bufete, ya que el titular del juzgado de lo Mercantil número dieciséis de Madrid, ha ordenado la extinción de la sociedad Boye-Elbal & Asociados SLP. El juez ha declarado el cierre de la misma y la cancelación de todos los asientos registrales tras constatar la insuficiencia de masa activa. Esto es, que la firma de abogados carecía de bienes de ningún tipo para afrontar sus deudas con los acreedores.
Elbal ha declinado exponer las razones que han motivado la solicitud del concurso de acreedores, así como su extinción, al tratarse de datos de carácter privado. No obstante, ha remarcado que los profesionales que trabajaban en el bufete penalista continúan ejerciendo por su cuenta la representación y defensa legal de sus clientes. Entre ellos se encuentra el exdiputado de Podemos, Alberto Rodríguez.
La tramitación del concurso "exprés" evita el nombramiento de un administrador concursal. Y, más importante todavía, obvia la apertura de la denominada "fase de calificación del concurso", que tiene el objetivo de determinar el grado de responsabilidad que ha tenido el administrador en la situación de insolvencia de la empresa. No obstante, esta resolución es apelable ante una instancia judicial superior.
A ver si le trincan también por alzamiento de bienes.
