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sábado, 23 de marzo de 2024

"EL PATIO", de Evaristo Ribera Chevremont.


El patio, en su trinchera de alambres y cordeles,

goza la paz, templada de sol, del mediodía.

Advierto en sus rincones arrugados papeles,

montones de botellas, tirada trapería.


Soleados, orondos, maduros, dilatados,

irrumpen los tomates, irrumpen los pimientos.

Junto a los acentuados verdes, los encarnados

apuntan, con vigores sumos, sus ardimientos.


El aire se satura del olor de las tinas;

y, adueñados del simple, doméstico recinto,

su copula efectúan el gallo y las gallinas

en los desbordamientos vitales del instinto.


En detalles que indican simplicidad, abunda

el patio. Muy gozosa de su vida ligera,

de su vida que es vida llameante y fecunda,

descubre allí sus frutos colosales la higuera.



La Unió Llauradora i Ramadera ha detectado un nuevo cargamento de fresas contaminadas con hepatitis A proveniente de Marruecos. Nueve días después de otro suceso similar, que había sido denunciado por la Asociación Valenciana de Agricultores, la Unió da esta vez la voz de alarma por la presencia de contaminación por el virus y reclama que se garantice la seguridad alimentaria. 

La información proporcionada por el Sistema de alerta rápida para alimentos y piensos (RASFF) detalla que estas fresas presentan niveles de hepatitis A superiores al límite máximo permitido, lo que significa que plantean un riesgo serio y significativo a la salud pública.

Sin embargo, desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) señalan que la incidencia «no está clasificada oficialmente como alerta». Existen cuatro tipos de notificaciones del RASFF, que implican diferentes niveles de riesgo e importancia. El nivel más alto de gravedad es el de las notificaciones calificadas como alertas, que exigen una acción inmediata por parte de las autoridades. El segundo nivel es el de las notificaciones de información, como es el caso de las fresas contaminadas con hepatitis A.

En estos casos, «se ha identificado un riesgo, pero el producto no ha llegado al mercado o el riesgo no requiere una acción rápida», aclara la OCU, que explica que "se trata de un alimento contaminado, probablemente por las aguas con que se ha regado"las medidas recomendadas:

Lava las frutas y verduras cuando te las vayas a comer (no antes) y elimina todas las zonas dañadas.

Frota la piel para eliminar una mayor cantidad de residuos y otros posibles contaminantes, siempre y cuando la superficie de la fruta o vegetal lo permita, como por ejemplo en el caso de manzanas, peras o calabacines.

Cabe señalar que los virus responsables de la hepatitis A son resistentes a distintos ambientes y pueden soportar los tratamientos comunes aplicados en la producción de alimentos para eliminar o controlar bacterias dañinas, por lo que conviene tomar las precauciones indicadas y reforzar las medidas de higiene de manos.

Lavar las verduras y frutas es fundamental incluso aunque no tengan suciedad visible en su superficie.

Se cree que la contaminación pudo haberse originado a partir del uso de aguas que estaban en contacto con materia fecal para irrigar los cultivos. El contagio a través del consumo de agua, si bien no es tan común en España, puede ocurrir cuando esta se contamina con aguas residuales o no ha sido tratada adecuadamente.

Aquí hace muchos años que no se riegan las frutas y verduras con aguas residuales, en Marruecos es lo normal, y luego en el supermercado que trae esos productos regados con aguas turbias, se te lanza una frutera como una pantera si no te pones guantes.

¿Se deben suspender los acuerdos agrícolas y la importación de fresas y otros alimentos de Marruecos mientras no haya las mismas inspecciones y controles a sus  alimentos que en el resto Europa?

¿Se debe cerrar el Puerto de Algeciras de manera definitiva, tanto para los camiones, autobuses, motos, patinetes, gente portando fardos, abuelas, niños...?. ¿Por qué no debe ser así?. Es que si el consumidor, no compra productos marroquís, claramente tendrán que llevar su producto a otro lado.

Las mismas condiciones para todos o no compro nada de Marruecos. Pero ¿sabemos de dónde vienen los productos que venden en el supermercado?

Muchos de los productos que los españoles compran en el supermercado no proceden de España aunque las marcas sean nacionales. Es más, pese a que los medios han difundido que los códigos de barras que comienzan por 84 son españoles, la realidad es que este no es un buen indicativo para saberlo, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Las frutas y verduras que se encuentran en el supermercado vienen de muchos países: Marruecos, China, Costa Rica, Guatemala o Sudáfrica.

En concreto, aunque cuenta con un código de barras que comienza por 84, hay marcas que comercializan las judías marroquíes que contienen pesticidas que triplican los límites del Reglamento nº 293/2013 de la Comisión Europea.

En su envase, un producto contiene una etiqueta en la que consta «elaborado en España», aunque si se mira bien se revela la verdadera procedencia extranjera, especialmente, en la letra pequeña.

Pero esto no siempre garantiza con seguridad que el alimento sea 100% español. El etiquetado debe incluir el país de origen o el lugar de procedencia, pero puede resultar confuso en algunas ocasiones: si intervienen dos países en la elaboración, en la etiqueta debe indicarse como país de origen aquél en el cual se ha hecho la última transformación de su ingrediente principal, el cual tiene que representar más del 50% del alimento.

La OCU asegura que es muy complejo averiguar de verdad el origen de los productos que compramos. Para conseguir conocer con exactitud la verdadera procedencia de un producto, los españoles deberán pedir cambios legislativos, pues la normativa actual no establece la obligación de ofrecer este tipo de información en los envases.

Se debe cesar TODO con Marruecos. ¿se va a hacer? No y de hacerse ¿en España? Menos. La gente no debe consumir productos que vengan de otros países si los hay aquí. El problema es que son más baratos porque no tienen los mismos requisitos de aquí y hay gente que no puede pagar más. Los boicots de todo o nada son como escupir hacia arriba.

Somos los españoles los que tenemos que rechazar esas verduras o frutas, debemos  comprar productos nacionales. No solamente de Marruecos. También de cualquier país que no cumpla las mismas normativas que hay en Europa. Por supuesto con Ucrania: que estén en guerra no quiere decir que tengamos que tragarnos el nalpalm o el fósforo de las bombas en el grano que nos venden, por supuesto sin fitosanitarios ni controles, todo para "pagar" ayuda de guerra. Nos sale ya muy cara la guerrecita.

Otros países tampoco cumplen como Turquía, Egipto y Sud América y es evidente que, lo que carece de los estándares europeos no puede venderse en Europa. No creo que se deban "suspender" en concreto a Marruecos, lo que hay es que aplicar exactamente las mismas trabas a los productos que vengan de fuera que a los internos, debemos ser los únicos gilis del mundo que no lo hacemos.

Pero el mayor problema es que la UE ha permitido que los puertos de Marruecos sean los puertos donde se descarguen todos los productos extracomunitarios, sin inspecciones fitosanitarias y de otra índole. Todo para no pasarse con el tope de CO2 que permite la UE. Europa es cómplice. Y todo por la patraña del cambio climático que no existe. Ya se encargan ellos de entorpecer la posibilidad de llegada de agua por el yoduro de plata, con el que nos fumigan. Y así Europa no amplia sus emisiones de CO2 cuando es en países como China donde se producen más emisiones contaminantes.

Tan ecologistas que son en la UE y se permiten contaminar en las mismas fronteras. Hay que aislar el problema para proteger realmente a agricultores y ganaderos.

Hacen leyes inútiles y cuando es necesario legislar de verdad, hay pactos secretos que no nos contarán para favorecer a los de fuera y perjudicar a los nuestros. ¿Para que sirve, si no, la Comunidad Económica Europea?

Quien lo debe decidir es Bruselas. Y el moroccogate, el Qatargate y otros casos similares, que por cierto están en el limbo y sin resolución judicial alguna, no lo permiten. Es un caso que sobrepasa a España. se ve que los negocios del magreb y el Golfo tienen mucho peso.

Marruecos se está convirtiendo en la gran huerta no sólo de Europa, sino también de España. Según los últimos datos de comercio exterior del Ministerio de Agricultura, entre 2018 y 2022 el importe de las importaciones agroalimentarias procedentes del país magrebí aumentaron un 37,1%, hasta 2.108 millones de euros.

Hay productos donde el crecimiento de las importaciones está, además, especialmente disparado, como es el caso, por ejemplo, de la sandía. En tan solo diez años, de acuerdo con los datos de la organización agraria Coag, las importaciones de esta fruta procedente de Marruecos ascendieron casi quince veces más.

En millones de euros, la importación de melones y sandías ha subido un 53% entre 2020 y 2022; las de frutas y hortalizas lo ha hecho en un 41% y la de legumbres un 4,4%. El ranking, no obstante, lo encabeza la remolacha azucarera y la caña de azúcar con un crecimiento en solo dos años del 75%. 

Entre 2020 y 2022, las importaciones a Marruecos de tomates frescos también se han elevado un 31,5%, pero es que si se echa la vista atrás, desde 2013 han subido un 52%.

Como consecuencia de esta creciente competencia marroquí, las organizaciones agrarias ya han alertado de una caída del 22% en la producción del tomate en España hasta 2035. Para los agricultores, todo esto derivará en una mayor dependencia de la Unión Europea y un auge de las importaciones de terceros países.

Las organizaciones agrarias como Asaja, Coag o UPA critican la presión normativa de la Comisión Europea y aseguran que "mientras nos dedicamos a desregular la entrada de producto de terceros países, nuestros competidores refuerzan las ayudas a la agroexportación, ahondando en el dumping comercial". Marruecos ha comenzado a subvencionar desde el pasado mes de octubre la producción de tomates, junto a la de cebollas y patatas.

Además, el gobierno marroquí movilizará 600.000 toneladas de fertilizantes fosfatados, sumado al auge de las producciones hortofrutícolas a través del Plan Marruecos Verde y del Plan Generación Green, así como por la incorporación fraudulenta de las producciones del Sahara Occidental de frutas y hortalizas que llegan a Europa con el etiquetado de origen marroquí, lo que vulnera normativas europeas de derecho a la información del consumidor.

Es difícil saber de dónde vienen esos tomates, pepinos, melones o calabacines. Todos baratos y con etiqueta de "Origen: Marruecos"; sin embargo, cada vez hay más regiones saharauis ocupadas con invernaderos y plantaciones intensivas que no sólo se destinan a satisfacer la demanda interna de hortalizas, frutas y verduras; también son centros de producción dedicados a la exportación hacia Europa. Ninguno de estos alimentos es vendido en las cadenas de alimentación del viejo continente con el etiquetado de origen saharaui. A ojos del ciudadano europeo esos productos son marroquíes, lo que supone una vulneración flagrante de las normativas sobre trazabilidad aprobadas por Bruselas. 

Una reciente investigación de la Fundación Mundubat afirmaba que el 14% de los tomates que Marruecos envía a Europa proceden realmente de plantaciones asentadas en territorio ocupado, la mayoría en la región de Dakhla, donde se asientan algunas empresas vinculadas a la monarquía de Mohamed VI y al actual jefe del Gobierno, Aziz Akhannouch. Lo mismo ocurre con el melón, producto del que no hay datos ni estimaciones, pero del que se han constatado vía satélite plantaciones extensas en esa zona ocupada. El género se cultiva en el territorio saharaui, con mano de obra de colonos marroquíes, y después se envía en camiones hacia Agadir, donde se mezcla con el resto de producción cultivada de manera legal en suelo de Marruecos.

El reglamento 543/2011 de la UE hace hincapié en la obligación de que las frutas y hortalizas importadas por Europa desde otras regiones del mundo deben llevar la indicación "de forma legible y clara" de la información relacionada con el país de origen. Además, la Ley de Información al Consumidor de la UE pone de manifiesto que cualquier ciudadano debe tener el derecho a saber la procedencia real de cualquier alimento por razones éticas o morales relacionadas con la forma en la que se ha podido cultivar. Las dos normativas estarían siendo vulneradas por Europa, pero también por la mayor parte de los Estados miembros, que no han diseñado leyes para prohibir el comercio con zonas marcadas por conflictos de ocupación.

El Tribunal General de la Unión Europea dictó una sentencia histórica que anulaba el acuerdo comercial entre la UE y Marruecos sobre todos aquellos productos que provengan de recursos originarios del Sáhara Occidental. Se reconocía de esta forma que el Frente Polisario era el representante legítimo del pueblo saharaui y que este debería ser el órgano interlocutor con quien Bruselas debería negociar los asuntos pesqueros y agrícolas.

Pese a ello, el distintivo alimentario de origen saharaui no llega. Arabi, representante del Frente Polisario, declara que tras la sentencia no ha habido ningún acercamiento por parte de las instituciones europeas y españolas para negociar acuerdos comerciales sobre los recursos del Sáhara Occidental. De hecho, Bruselas ya ha presentado un recurso sobre la sentencia del TGUE con el apoyo de España y Francia.

La idea de un etiquetado para el Sáhara enlaza con la necesidad obligada por esta sentencia histórica de establecer acuerdos directos entre el Polisario y la UE, sin contar con Marruecos.

El campo español atraviesa un momento convulso y lleno de dificultades. La sequía ha hecho mella en gran parte de las producciones agrarias, lo que unido a la proliferación de otros fenómenos meteorológicos extremos, como aguaceros, heladas y pedriscos, ha provocado que la siniestrabilidad se haya elevado en 2023 un 61%, hasta los 1.300 millones de euros en pérdidas, según los datos de Agroseguro.

Y desde el punto de vista legislativo, no ha ido mucho mejor. "Bruselas se ha cebado con los agricultores y ganaderos y el campo español tiembla con cada nueva medida que se pone en marcha", explican desde Asaja. Ante todo ello, según esta organización, "la rentabilidad de los productores agrícolas, y no digamos de los ganaderos, está cada vez más en entredicho y la preocupación e indefensión que sentimos, para afrontar un nuevo año, es máxima".

Debería estar prohibida por ley la compra de alimentos a Marruecos pero hay teléfonos de por medio. Queremos los mismos requisitos. Igualdad de condiciones a la importación. Eso sería lo justo y lo correcto para todos, agricultores y consumidores, pero lo importante es ¿de quién son las empresas que operan en Marruecos?

Es una situación ante la que la industria agroalimentaria española solo parece ver una salida: tomar posiciones en Marruecos para ser más competitiva y poder exportar a Europa. La fuerte subida de los costes y el alza de los salarios y las cotizaciones sociales ha provocado que en solo tres años el número de empresas del sector que han abierto delegaciones en el país norteafricano haya crecido un 35%.

Son ya un total de 50 compañías, el 16% de las más de 300 registradas en total por el Icex. Entre las compañías allí instaladas, entre otras muchas, hay envasadores de aceite, como Acesur, la propietaria de Coosur y La Española; Borges o Alimenter; compañías de frutas y hortalizas como Agroatlas Europa, Iberfruta, Plantas de Navarra o Agrícola Perichan; de conservas, como Garavilla o Francisco Gil Gomes; de bulbos y semillas, como Agromillora Catalana o Semillas Fito o Florimond y de maquinaria agrícola, como Internaco; de riesgo, como Nutricontrol. Aunque hay casos como el del gigante del arroz Ebro Foods, propietario de marcas como Brillante, que llevan años instaladas en Marruecos para abastecer el mercado local, el objetivo que se persigue en la mayoría de los casos es el de reducir los costes para poder ser más competitivos. Es un caso similar al de Juver, que distribuye también para el mercado local.

La organización de agricultores y ganaderos Coag apunta asimismo que "las condiciones de producción desiguales, por disponer de productos fitosanitarios que en la UE están prohibidos o por permitir condiciones laborales a veces abusivas y costes salariales muy inferiores, hacen que las producciones procedentes de países como Marruecos o Turquía compitan deslealmente a su entrada en los mercados europeos". De hecho, hay productos, como el tomate, donde la Comisión Europea prevé ya una caída del 22% de la producción hasta 2035.

"Lo más grave de todo es que Bruselas es consciente de ello y no pretende poner remedio", asegura Andrés Góngora, secretario provincial de Coag en Almería. A pesar de la polémica abierta tras el ataque de la exministra francesa de Medioambiente, Ségoléne Royal, contra el tomate español, al que calificó de "incomestible", lo cierto es que las importaciones de tomate marroquí al mercado europeo se han incrementado en un 52% desde 2013 a 2022, mientras que los procedentes de Turquía casi se han cuadruplicado.

La intoxicación de 1981 no fue causada por el aceite de colza, sino que fue debida a la mala utilización de pesticidas organofosforados en una plantación de tomates en Almería. La negligencia por parte de un agricultor puede darse de nuevo sin control de los productos extracomunitarios. Parece que allí están relevados de cumplir con los controles y que haya más permisividad con los productos importados que con los nacionales, lo que además de poner en desventaja al sector agrícola español está poniendo en riesgo la salud de todos.

No se pueden estar exigiendo en España medidas fitosanitarias extremas y costosas, mientras se permite que terceros países metan productos en nuestro mercado sin iguales controles. Evidentemente, hay que suspender la entrada de productos procedentes de países que nos envenenan.

lunes, 10 de enero de 2022

"parnaso español 32", de Francisco de Quevedo.


Tú, ya, ¡oh ministro!, afirma tu cuidado

en no injuriar al mísero y al fuerte;

cuando le quites oro y plata, advierte

que le dejas el hierro acicalado.

Dejas espada y lanza al desdichado,

y poder y razón para vencerte;

no sabe pueblo ayuno temer muerte;

armas quedan al pueblo despojado.

Quien ve su perdición cierta, aborrece,

más que su perdición, la causa de ella;

y ésta, no aquélla, es más quien le enfurece.

Arma su desnudez y su querella

con desesperación, cuando le ofrece

venganza del rigor quien le atropella.



Un Decreto de 2020 sitúa a la ganadería intensiva de nuestro país como la que más controles establece para las explotaciones ganaderas intensivas de gran tamaño. Las macrogranjas lastran a Unidas Podemos en el mundo rural ante las elecciones en Castilla y León gracias al Ministro de Consumo Alberto Garzón, quien asegura que habló peyorativamente sobre la calidad de la carne española.

El mensaje del ministro de Consumo en The Guardian -«existe un interés en Reino Unido por conocer nuestras líneas de trabajo», presume- amenaza con profundizar en la sangría de electores morados en Castilla y León, donde pasó de 10 procuradores a dos en los últimos comicios autonómicos.

Pero ni es sólo Garzón ni es sólo la carne ni es sólo Castilla y León. La desafección entre el electorado de la España interior y Unidas Podemos ha sido la prueba más sangrante de su repliegue desde que Pablo Iglesias y Alberto Garzón pactaron la coalición para los comicios de junio de 2016.

Ha pasado de ganar 10 diputados entre Castilla y León (3), Castilla-La Mancha (2), Extremadura (1), Cantabria (1), La Rioja (1) y Aragón (2) a conservar sólo uno, el de Zaragoza, donde el peso demográfico es diferencial, mientras cedía el de Huesca. Esa caída de 10 a 1, si se hubiese extendido al resto del país, tendría a Unidas Podemos con 7 diputados, y cuenta con cinco veces más (35), hasta el punto de ser Gobierno.

En esas seis comunidades donde el valor de la agricultura y la ganadería es notable, o donde la caza es un activo económico, ni el Partido Comunista ni Izquierda Unida, lograron diputados, en 1979 y 1996Un declive acelerado que no le ha llevado a cambiar su discurso en tierras vaciadas. Al contario, Unidas Podemos intensifica su pulso con Luis Planas, ministro de Agricultura, a causa de la futura Ley de Bienestar Animal, que pone el foco en la situación de los perros de caza.

El también líder de Izquierda Unida achaca, precisamente, a las cercanas elecciones autonómicas en Castilla y León la polémica en torno a la ganadería intensiva. El resultado es el de una campaña electoral que llega incluso antes de la precampaña misma y con los principales partidos preocupados del 13F y no de vacas, cerdos, perros pastores y, menos aún, de los temporeros.



En el campo español las temporeras procedentes de la inmigración son explotadas laboralmente y en muchas ocasiones sexualmente. Por eso CCOO, en cuanto tuvo conocimiento de que cinco mujeres marroquíes necesitaban ayuda, interpuso denuncia que ha dado pie a la operación Yawari: la Guardia Civil detuvo en septiembre a un hombre acusado de acoso sexual y culminó con la detención de nueve personas como presuntas autoras de cerca de una treintena de delitos contra los derechos de las trabajadoras.

La situación de explotación laboral que estas trabajadoras del campo 
atemorizadas entre otras muchas mujeres que están sufriendo la misma situación pero callan por miedo a perder el trabajo y quien sabe si la vida es en sí misma un escándalo: “En el campo de Murcia una jornalera cobra por convenio alrededor de los 58 euros al día, mientras que estas mujeres trabajaban ocho horas por 13 euros. La empresa pagaba 20 euros por jornada de ocho horas a una figura que popularmente se conoce como “furgonetero”. El furgonetero es una especie de capataz que recluta a las trabajadoras y que en el caso que nos ocupa se quedaba con 7 euros en concepto de transporte. Además, este sujeto, exigía a las trabajadoras tener relaciones sexuales con él o que soportaran sus tocamientos, sus vídeos y sus comentarios soecesLa Guardia Civil empezó su investigación y recogió el testimonio de cuatro mujeres hasta dar con el agresor al que pusieron bajo vigilancia: la detención del supuesto capataz se precipitó porque estando bajo vigilancia pretendió abusar de una trabajadora.

Las mujeres llegan sin papeles, sin conocer el idioma y sin contactos. Alguien les da un teléfono para que llamen si quieren trabajar y este hombre las entrevista, las recoge con su furgoneta y las lleva a una finca. Nadie trabaja legalmente, ni el “furgonetero” ni las trabajadoras. Las empresas de trabajo temporal y las empresas agrícolas miran hacia otro lado. Cuando empiezan los abusos sexuales, las mujeres agredidas lo primero que piensan es en ocultar lo que está pasando para que no llegué la información a su familia, en sus países de origen, y encima las repudien.

Desde el principio, CCOO y la Guardia Civil sospecharon que el detenido debía de actuar en complicidad con alguien de las empresas de trabajo temporal. La Guardia Civil continuó su investigación y ayer detuvo a ocho personas más, nueve en total, a los que se les atribuyen una treintena de delitos contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras. A tres de los detenidos, un “furgonetero” y dos trabajadores de ETT, se les atribuye también la presunta autoría de 25 delitos de acoso, abuso y agresión sexual.

En el curso de la operación Yawari, los investigadores averiguaron que dos individuos, relacionados con dos empresas de trabajo temporal, podían haber mantenido el mismo tipo de relación con varias de las empleadas, aprovechando su situación de vulnerabilidad para conseguirles trabajo fuera de la legalidad. Los detalles sobre la forma de actuar de estos sospechosos, permitieron constatar que coincidían en el modus operandi empleado por el primer detenido, sometiendo a las víctimas a una situación de indefensión, llegando uno de ellos a agredir sexualmente a una de ellas; y el segundo a acosar sexualmente a otra de las mujeres.

La investigación continuó para desenmascarar la supuesta trama delictiva hasta identificar a seis capataces agrícolas que, al parecer, contactaron con estos primeros detenidos para solicitarles mano de obra barata.

La patronal es cómplice de estas prácticas: ¿por qué se quería contratar en origen si hay miles en paro en el sector agrícola?. La única explicación que encuentro es que la patronal sabe que las personas nada más llegar no disponen de recursos ni de contactos para negarse a las condiciones de explotación que alguien, en nombre de una empresa que no conocen, les va a ofrecer.

No existe el trabajo fijo y la máxima aspiración de la gente es ser fijo discontinuo en el campo que, junto con una cultura racista y machista es el caldo de cultivo de las agresiones sexuales.

Estamos ante un sector en el que las condiciones laborales son lesivas para la salud de las personas que vienen a esta tierra a encontrar un futuro y que además sostienen una actividad básica como es la agricultura.


El trabajo asalariado en el campo extremeño está plagado de irregularidades, fraudes de ley y aplicaciones torticeras de la legislación laboral que siempre favorecen a una clase empresarial agraria atrincherada en sus privilegios.

Un año más, las condiciones laborales en las que se realizarán las tareas agrarias son ignoradas por organizaciones patronales que gritan contra la aplicación del salario mínimo y contra toda mejora en las condiciones salariales de quienes trabajan y producen en el campo.

De este modo, los escasos salarios que se pagan en el campo, sobre todo a los jornaleros eventuales, no alcanzan ni mucho menos el umbral de la pobreza; de hecho, apenas permiten hacer frente a las necesidades mínimas de bienestar de una familia normal. Así, las condiciones laborales, salarios, horas, descansos y desplazamientos reflejan una acusada explotación laboral. 

Los emolumentos netos que se están cobrando en la actualidad suelen ir desde los 40 a unos 45 euros/día. En muy pocas empresas se pagan salarios que lleguen o superen los 50 euros. Además, suele ser frecuente que no se incrementen cuando se superan los horarios convencionales, ni se abonen los desplazamientos hasta el centro de trabajo, ni cualesquiera otras circunstancias especiales que suelen darse en la realización de las tareas agrícolas.

Las jornadas reales que el empresario comunica en un plazo que alcanza hasta los primeros seis días del mes siguiente al que hizo la contratación para comunicar las jornadas reales que ha realizado ese empleado favorecen la economía informal y multiplica el poder de contratación del patrón, dejando al asalariado resignarse ante el miedo a no ser contratado en un futuro inmediato.

De aquí se derivan realidades que posibilitan y favorecen muy significativamente la intensificación de la explotación laboral, eximen del pago de las cotizaciones sociales y posibilitan e impulsan una economía sumergida que, aunque parezca lo contrario, perjudica enormemente a la clase obrera.

Cuando las jornadas reales que realiza el trabajador o la trabajadora agrícola no son las que testifica el empresario agrícola a la seguridad social, declarando menos de las que se hacen, se produce un fraude a la seguridad social y un robo del salario indirecto.

Además, cada vez que no declara las jornadas realmente realizadas, también se queda con la cuota que como empresario debe cotizar a la seguridad social, un ataque contra las pensiones públicas.

También puede suceder que haya quienes, cobrando el subsidio o la renta agraria, estén trabajando simultáneamente para un patrón. De este modo, sus ingresos se ven favorecidos, ya que al salario que recibe del contratador se adiciona la ayuda del subsidio estatal. Cuando los trabajadores y trabajadoras agrícolas no reúnen el número mínimo de las jornadas reales que son necesarias (35 actualmente) para cobrar el subsidio agrario o la renta agraria, se ven obligados a comprarlas a los patronos. Como es de imaginar, este hecho da un poder social de carácter excepcional al patrón, demostrando que los residuos culturales de dominio de épocas pasadas están aún muy vivos en las sociedades rurales.



sábado, 28 de noviembre de 2020

"La ilusión", de Manuel de Zequeira y Arango.


 Soñé que la fortuna, en lo eminente   
 del más brillante trono, me ofrecía   
 el imperio del orbe, y que ceñía   
 con diadema inmortal mi augusta frente.   

 Soñé que hasta el ocaso, desde Oriente,  
 mi formidable nombre discurría,   
 y que del Septentrión al Mediodía   
 mi poder se adoraba humildemente.

De triunfantes despojos revestido,   
 soñé que de mi carro rubicundo  
 tiraba Cesar con Pompeyo uncido.   

 Me despertó el estruendo furibundo,   
 solté la risa y dije en mi sentido:   
 «¡Así pasan las glorias de este mundo!» 

martes, 16 de junio de 2020

"De Dios a abajo, cada cual vive de su trabajo."




La política agrícola común (PAC) tiene como objetivos apoyar a los agricultores y mejorar la productividad agrícola, asegurando a los agricultores de la Unión Europea (UE) un nivel de vida razonable.

En la UE hay 10 millones de explotaciones agrícolas y 22 millones de personas que trabajan habitualmente en el sector. En conjunto, los sectores de la agricultura y la alimentación crean aproximadamente 40 millones de puestos de trabajo en la Unión.

Los ingresos de los agricultores, pese a la importancia de la producción alimentaria, son alrededor de un 40 % inferiores a los de los trabajadores de otros sectores, lo que justifica las ayudas a la renta mediante pagos directos y las medidas de mercado para abordar situaciones difíciles, tales como desplomes repentinos de la demanda, como los debidos al Brexit, o caídas de precios debidas a una oferta excesiva en el mercado.

La PAC es una política común para todos los países de la UE. Se gestiona y financia a escala europea mediante los recursos del presupuesto de la UE a través de dos fondos: el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), que ofrece ayudas directas y financia medidas de mercado; y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), que financia el desarrollo rural.

Cada país de la Unión Europea gestiona los pagos de la PAC y está obligado a publicar los datos de los beneficiarios de acuerdo con la normativa de la UE sobre transparencia. En España la distribución del dinero de la UE para la Política Agrícola Común se decide desde el Plan Estratégico Nacional de la PAC.

En España los mayores perceptores de la Política Agraria Común son las administraciones públicas. En lugar de llegar al campo, la mayor parte de las ayudas se las llevan la Junta de Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid, la Xunta de Galicia, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, la Junta de Extremadura y el Gobierno de Aragón. Si se eliminaran las administraciones que se autofinancian con fondos agrarios de la PAC y estas se destinaran a los auténticos productores agrícolas el problema prácticamente desaparecería.

El fraude en las subvenciones de la PAC está a la orden del día, y dificulta todavía más la subsistencia de los agricultores y ganaderos.

Tras las manifestaciones del sector agrario, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación Luis Planas, ha mostrado su intención de reunirse con los supermercados y los sindicatos del sector para paliar los problemas del campo. El Gobierno quiere regular los precios finales de los productos agrícolas aunque los precios de la alimentación en España están cinco puntos por debajo de la media europea. 

Pedro Sánchez ha criticado el sistema de precios mediante el que las empresas de la distribución venden los productos agrarios por un precio muy superior al que cobran los productores: “Es evidente que las grandes distribuidoras tienen que hacer autocrítica”.

Los precios que perciben los agricultores y ganaderos son muy volátiles por factores ajenos a los supuestos márgenes excesivos de la distribución. Los problemas reales de los agricultores son estructurales y van más allá de las intensas lluvias y las malas cosechas, como son los altos costes de producción y la financiación.

La mayor parte de la producción agrícola española se dedica a la exportación, y sólo una quinta parte se destina a la industria transformadora, supermercados, fruterías, mercados ambulantes y hostelería.

La distribución se mueve en un entorno muy competitivo, con márgenes netos que no superan el 2%, algo superior en las grandes superficies. El precio de los productos en tienda va determinado por la intervención de productores, transportistas, intermediarios y vendedor. 

La solución regulatoria del Gobierno para la actual situación del campo pasaría por encarecer los precios de la alimentación para el consumidor. Los que no van a dejar de hacer negocio son los dueños de los supermercados, a menos que una subida de los precios reduzca sus ventas.


El problema no es sólo de los agricultores y ganaderos, sino del sistema extractivo de la gestión pública y quiénes se reparten los fondos, que suelen ser los enchufados en la Administración con sueldazo y no los funcionarios que se quejan de la sobrecarga de trabajo, aunque de todo hay.

A pesar de que el artículo 405 del Código Penal castiga con las penas de multa y suspensión de empleo o cargo público "a la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad, propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello", se tolera ampliamente el enchufismo de tanto chupasangres que vive de nuestros impuestos.

El artículo 406 impone la misma pena de multa "a la persona que acepte la propuesta, nombramiento o toma de posesión mencionada en el artículo anterior, sabiendo que carece de los requisitos legalmente exigibles." Pero la ley es un poco ambigua en definir cuáles son los méritos necesarios para ser nombrado a dedo.

Este es el caso del mejor amigo de la infancia del presidente, Iñaqui Carnicero, bien colocado con 90.000 euros al año por ocupar la nueva Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura creada por el ministro Ábalos. 

Carnicero no es el único caso de enchufismo de Pedro Sánchez desde que este último aterrizó en La Moncloa hace más de 2 años, recuerda la plataforma TVE Libre con una larga lista que describe a la perfección lo bien que sabe tratar Sánchez a sus allegados, amigos y adeptos:

Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, colocada en el Instituto de Empresa con sueldo de 100.000 euros;
David Sánchez Castejón, hermano del presidente, colocado como "coordinador" de dos "conservatorios" en la Diputación de Badajoz con sueldo de 60.000 euros;
José Félix Tezanos, colocado en el Centro de Investigaciones Sociológicas con sueldo de 100.000 euros;
El expresidente de la Generalitat José Montilla, colocado de consejero de Enagás con sueldo de 160.000 euros;
Juan Manuel Serrano, ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE, colocado de Presidente de Correos con sueldo de 200.000 euros;
Óscar López, exsecretario de Organización del PSOE, colocado de Presidente de Paradores con sueldo de 184.000 euros;

Y hay más casos, como el de la veterana socialista Rosa María Mateo, con sueldo de 160.000 euros al año como administradora única de RTVE.

No sólo Montilla, sino el exvicesecretario general del PSOE, José Blanco van a coincidir en el consejo de Enagás con otros cinco expolíticos del PP nombrados durante la etapa de Mariano Rajoy en Moncloa. El consejero delegado de Enagás es Marcelino Oreja, hijo del excomisario europeo y antiguo eurodiputado popular, los consejeros independientes Antonio Hernández Mancha, ex presidente de Alianza Popular; la exministra de Exteriores Ana Palacio; la exministra de Medio Ambiente Isabel Tocino; y la exviceconsejera de Hacienda del Gobierno canario Rosa Rodríguez.

El bipartidismo sostiene sin ninguna diferencia las puertas giratorias, y tanto Unidas Podemos como Ciudadanos se disputan ser aliados preferentes de los gobiernos que manden en busca de su chollo correspondiente, porque si otros lo hacen ¿por qué no hacerlo también?.

sábado, 18 de abril de 2020

"Andaluces de Jaén", de Miguel Hernández.



Andaluces de Jaén,
aceituneros altivos,
decidme en el alma: ¿quién,
quién levantó los olivos?

No los levantó la nada,
ni el dinero, ni el señor,
sino la tierra callada,
el trabajo y el sudor.

Unidos al agua pura
y a los planetas unidos,
los tres dieron la hermosura
de los troncos retorcidos.

Levántate, olivo cano,
dijeron al pie del viento.
Y el olivo alzó una mano
poderosa de cimiento.

Andaluces de Jaén,
aceituneros altivos,
decidme en el alma: ¿quién
amamantó los olivos?

Vuestra sangre, vuestra vida,
no la del explotador
que se enriqueció en la herida
generosa del sudor.

No la del terrateniente
que os sepultó en la pobreza,
que os pisoteó la frente,
que os redujo la cabeza.

Árboles que vuestro afán
consagró al centro del día
eran principio de un pan
que sólo el otro comía.

¡Cuántos siglos de aceituna,
los pies y las manos presos,
sol a sol y luna a luna,
pesan sobre vuestros huesos!

Andaluces de Jaén,
aceituneros altivos,
pregunta mi alma: ¿de quién,
de quién son estos olivos?

Jaén, levántate brava
sobre tus piedras lunares,
no vayas a ser esclava
con todos tus olivares.

Dentro de la claridad
del aceite y sus aromas,
indican tu libertad
la libertad de tus lomas.


jueves, 27 de septiembre de 2018

"NOTICIAS INMEJORABLES", de VICTORINO ABENTE Y LAGO.


El Tribunal de Justicia
Tiene mejor casa ahora,
Todos esperan el lógico
Efecto de la mejora


Mejora sobremanera
La escuela de agricultura
Donde se cultiva el tronco
De nuestra dicha futura.

Mejora nuestro tabaco
Con los grandes secaderos,
Que secarán el tabaco
De todos los cosecheros.


Mejora nuestra Aduana
Con los nuevos empleados,
Porque los creen mejores
Que los de días pasados.

Van a mejorar la campaña
Jefes y jueces mejores,
Los pasados fueron buenos,
Y estos serán superiores.



Mejora nuestro Intendente
Todo lo municipal,
Y hasta en mejorar se ocupa
Las fiestas del carnaval.


Mejora nuestro papel,
Mejora nuestro Congreso,
Y marchan nuestras mejoras
A la cumbre del progreso.

Como una prueba eminente
De que en todo hay mejoría,
Se dice que hasta mejora
El servicio del tranvía.


En medio de estas mejoras
Que nos darán mucho brillo,
Cuentan que no imperarán
Las mejoras del bolsillo.

No mejorará la farsa,
Menos la adulonería,
Ni el juego mejorará;
Que no es poca mejoría!

Tío Camándulas.