"TRÍPTICO DEL PLEBISCITO", de MARIO BENEDETTI.

1 Poco a poco se fueron convenciendo de que habían convencido pero el silente dijo no o sea no consiguieron cambiar la imagen ni tampoco lograron desarrugar el ceño sin embargo y a pesar de sí mismos llevaron a cabo toda una hazaña que no los venciera un frente ni un partido ni una forma de lucha ni el carisma de un líder sino que los derrotara como un todo el pueblo 2 Durante siete años así se lo dijeron tuvo la libertad tuvo la justicia tuvo el bienestar tuvo el orden tuvo la seguridad tuvo el sosiego antes de ir a votar tomó la precaución de mirarse al espejo y entonces calladito sin dudarlo un instante votó por la opresión y por la injusticia y la incomodidad y por el desorden y la inseguridad y el desasosiego 3 Por razones obvias no fue exactamente una toma de conciencia colectiva sino apenas la suma de seiscientas mil tomas de conciencia individuales Carlos Carrizosa, diputado de Ciudadanos en el Parlament desde el 2012, apostaba en campaña por un pacto amplio entre las fuerzas constitucionalistas en Cataluña y “señaladamente” con el PSC. Ahora ya no cuenta para nada, aunque mantiene la mano tendida a PP y PSOE en distintos Ayuntamientos y Comunidades.

De nada le ha servido en Cataluña, porque PP y PSOE siempre han querido llevarse bien con el nacionalismo catalán y sus dirigentes en lugar de plantar cara a una gente que solo aspiraba a medrar a costa del resto de españoles y de lucrativas comisiones. Con solo seis diputados, treinta menos que en 2017, la formación naranja toca suelo en la comunidad autónoma en la que nació. Cs se ha dejado un millón de votos en el escrutinio. La provincia de Barcelona le ha dado cinco escaños (19 menos que en 2017) y el sexto escaño cayó en Tarragona, donde perdió tres representantes. El concepto de fiasco, que procede de la lengua italiana, alude a una frustración o un infortunio. El término suele asociarse una desilusión o un fracaso, chasco, decepción o revés. Si la gente espera algo que luego no se produce o no se logra, hablamos de fiasco, y es muy habitual que este término se utilice cuando una candidatura no consigue alcanzar las metas que sus seguidores esperan. La errática estrategia política de Ciudadanos señaló la salida a Albert Rivera, tal y como le pasó a Rosa Díez. Tras su dimisión por los malos resultados electorales, José Manuel Villegas ocupó el cargo de presidente de Ciudadanos en funciones hasta la constitución de la comisión gestora que llevó al partido a una asamblea extraordinaria y a la elección de Inés Arrimadas para presidir el partido. Después Villegas también se retiró. Albert Rivera y media ejecutiva dimitieron ejemplarmente tras perder el 61% de votos. Arrimadas perdió en las recientes elecciones el 93% en Cataluña; un 32% más. Su partido, sin ideas ni influencia política sufre un creciente malestar interno. El sector crítico de Ciudadanos en Cataluña exige a Inés Arrimadas una "profunda regeneración" mediante la asunción de "responsabilidades y cambios de liderazgo" "de forma imprescindible e inaplazable" tras el 14-F. Minutos después de que Arrimadas se negase a dimitir o a asumir responsabilidades tras la debacle, el exsecretario de Organización del partido con Albert Rivera, Fran Hervías, ha lanzado una crítica en las redes contra los actuales dirigentes de Cs porque "haya gente que no esté a la altura". ¿Quién querrá o sabrá dirigir Ciudadanos cuando Arrimadas sea apartada? Manuel Valls estrecha contactos con representantes salientes como Javier Nart y Francesc de Carreras para conquistar al votante socialdemócrata. Pese a que Valls viene del socialismo francés y quiere aglutinar a los grandes partidos constitucionalistas, el PSC no está interesado. Otros notables del partido Ciudadanos han tomado la derecha y sólo les queda el PP a los que quieren arrimar el ascua a su sardina. El PP se postula a nivel autonómico como los demás partidos regionalistas., en su constante traición a su propio discurso y la evidencia de que ni habrían levantado la economía ni habrían actuado mejor ante la pandemia que sus rivales. Juan Carlos Girauta ha expresado con contundencia su desprecio por sus ex-compañeros de partido. Simpatiza, desde su retiro, con algunos del PP y con algunos de Vox. VOX se hace fuerte en los barrios obreros de Cataluña y puede recibir votantes de la clase media arruinada e indignada ante la derechita ridícula que ha permitido que Torra y el Parlament hiciesen lo que les ha dado la gana esta legislatura. Por eso precisamente los votantes populares y los de Ciudadanos se han decantado por el candidato Ignacio Garriga, “un negro de ultraderecha” según le definió un tertuliano independentista de RTVE sin que ningún presentador ni compañero de mesa dijera nada en la televisión pública. Vox es la cuarta fuerza en Cataluña aunque los medios hayan hablado de ese partido sólo para aludir a las agresiones que sufren, y no para informar del discurso por el cual las sufren. El responsable de la negligente gestión de la pandemia, el lego en medicina y administración Salvador Illa, respaldado por los halagos de los medios, presentará su candidatura a la Generalitat para favorecer un nuevo tripartito formado por ERC, PSC y Comunes. Aprovechando su posición de primera fuerza, el socialismo es más afín a los partidos de izquierda que a los nacionalistas conservadores, ya que no moderados. En cualquier caso la impunidad y prosecución del "procés" será la moneda de cambio. La portavoz socialista Eva Granados ha afirmado que de ninguna manera "harán presidente a un independentista", pero sin definirse sobre si buscarían una alianza con ERC en caso de quedar ellos por delante y necesitar su apoyo, como ha pasado. En definitiva, el fruto de estas elecciones será una pócima brujeril que ningún constitucionalista podrá presidir.

"A jugar y perder, pagar y callar."

Artur Mas, el que fuera gallito peleón, va a tener que pagar de sus abultados bolsillos los costes de la consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014. Aún no hay una resolución definitiva, pero cautelarmente el Tribunal de Cuentas ha impuesto una fianza a los responsables últimos de la convocatoria: Mas, Rigau, Ortega y Homs.

Este cuarteto debe depositar solidariamente 5,250 millones de euros por el gasto ocasionado al erario público para la organización de la consulta del 9-N, celebrada pese a haber sido suspendida por el Tribunal Constitucional.

No sabemos si cada uno pagará su parte o tendrá que ser el expresident el que saque de Liechtenstein el dinerito. Pero si no sale todo lo que se debe en plazo, el Tribunal embarga cuentas y propiedades. El Tribunal de Cuentas ha ordenado el embargo del domicilio de Mas en la calle Tuset de Barcelona, así como de otros responsables del desafuero.

Artur no estará verdaderamente contento hasta volver a ser President, a ver si sale de las urnas indemne y aforado para poder recuperarse del desembolso.

Gozan de inmunidad gracias a tantas concesiones a los rupturistas como las que hace Rajoy como su predecesor, siempre dispuestos a reunirse con Artur y sus suplentes cuando sea, pero para hablar en privado de "otras cosas". Ya se sabe, algunas de aquellas que Rajoy dijo que son ciertas.

El PDeCAT ha promovido una colecta para recoger fondos destinados a pagar los costes jurídicos y las multas derivadas de las penas de inhabilitación a los condenados por impulsar la consulta soberanista del 9-N.

La coordinadora general del PDeCAT animó “a todos los ciudadanos, no solo los del partido”, a aportar fondos con los que “sostener a las personas inhabilitadas”. El argumento es que “nuestro agradecimiento es grande, pero también tenemos que ayudarles a tirar hacia delante y dejarles claro que no están solos”.

Cuando se dirigen a los que no son de su partido deben referirse a los votantes del soberanismo, porque a muchos nos parece muy bien que tengan que devolver el dinero desviado. Hay muchos soberanistas tan inocentes o tan obedientes que pagarán con gusto los gastos de gente que se ha hecho rica con la política.

El ex-vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, afirmó que todos los catalanes que votaron en la consulta del 9N estarán "más que satisfechos" de aportar dinero para "crear una caja de resistencia". Junqueras calculaba que, si votaron "más de dos millones personas" solamente tocarán a 2'1 euros por persona.

Con lo de la independencia el ex-President Mas sólo se ha enfrentado a los partidos del llamado "bloque constitucional", para alinearse con los demás. Ya no se trata de no definirse, como siempre fue entre los convergentes, sino de recabar todos los apoyos posibles tras haberse metido solitos en un berenjenal que ya les supera.

Dicen que "la pela es la pela" y puede que la coacción económica personal funcione mejor que los demás métodos aplicados por "Madrit" para sofocar las maniobras independentistas.

Ahora a las asociaciones indepes se les amontona tanta petición de beneficiencia como están recabando para fianzas de investigados. La ANC ha pagado la libertad de Carme Forcadell y otros de los encausados por rebelión y sedición.

Por lo menos, Artur Mas no va a tener que repartirse los fondos con los ex-consellers que quedan en prisión sin posibilidad de fianza. Bien se nota que algunos tenían fondos preparados para esta eventualidad, además de las contribuciones ciudadanas. Una prueba más de que todo esto es una farsa prepactada para que el actual Govern pase a la reelección y así no tengan que rendir cuentas de su patrimonio a la ciudadanía y a la superioridad. La famosa "Transparencia" legal no sirve de nada.

Se han creído que todo este entramado jurídico que ha ido a parar al Tribunal Supremo es pura teatralidad, como si realmente tuviesen una carta guardada que les saque del presidio cuando ellos lo decidan. A lo mejor es verdad lo que dijo Pujol sobre no menear el árbol y eso es lo que estamos viendo mientras nos entretienen con su revuelta de pacotilla.

El Supremo parece más apaciguador que la Audiencia Nacional con las medidas cautelares sobre los líderes insumisos. Como quieren parecer unos vejetes simpáticos, se conforman con declaraciones de arrepentimiento y propósito de enmienda de los acusados que, de momento, aquí no señalan como renegados. Ya se sabe que en un Juzgado el acusado tiene derecho a mentir.

La buena conducta en prisión puede que permita a Junqueras y los demás recuperar su libertad. Cuentan con ello para las elecciones, y si no les dejan salir en caso de ser reelegidos tendremos un lío muy gordo.

En fin, ya veremos si acaban por extraditarnos a Puigdemont y sus consellers prófugos, Toni Comín (Salud), Meritxell Serret (Agricultura), Clara Ponsatí (Enseñanza) y Lluis Puig (Cultura).

¿A esos les van a permitir pagar fianza, con demostrado riesgo de fuga?. Ya veremos, el día que vuelvan, cosa que ocurrirá tarde o temprano, y en función de la posible excarcelación de los consellers que no gozan de las ventajas del exilio. Encima los cinco de Bruselas se las dan de gobierno legítimo desterrado, mientras los presos como mucho ponen algún twitter para animarse.

El Ministerio del Interior sigue la pista del Mosso D'Esquadra que hizo de chófer para la fuga de Puigdemont a Bélgica. No le valdrá de excusa decir que lo hizo estando fuera de servicio porque la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se rige por el principio de "dedicación profesional" que obliga a estos funcionarios a intervenir siempre estén o no de servicio, en defensa de la Ley y de la seguridad ciudadana. Son responsables personal y directamente por los actos que en su actuación profesional llevaren a cabo, infringiendo o vulnerando las normas legales, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial que pueda corresponder a las Administraciones Públicas por las mismas. Todos los gastos del proceso de extradición de Puigdemont se los tendrían que reclamar.

Como siempre, que se las cargue un pringao. Ja, ja, ja.

Aprende de tus antecesores, Puchi.

                      

PALABRAS MAYORES.

Coincidiendo con la ofensiva del Gobierno para contrarrestar el avance del "procés", fiscales y jueces se han puesto a trabajar en los sucesos de semanas atrás, cuando fueron cercados varios guardias civiles en pleno centro de Barcelona. Una multitud destrozó tres coches patrulla y los desvalijaron, incluídas varias armas y munición que fueron posteriormente recuperadas.

La Audiencia Nacional está investigando un posible delito de sedición por las manifestaciones que pretendían impedir los registros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en Barcelona. La juez de guardia consideró que es de su competencia ya que los hechos atentan contra la organización territorial del Estado y con el fin de declarar la independencia de una parte del territorio nacional.

Además del mayor Trapero, posible responsable por omisión, Jordi Cuixart (arriba) y Jordi Sánchez (abajo) han sido considerados los promotores de las convocatorias multitudinarias, al presidir, respectivamente, las organizaciones Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana (ANC).

Ambos animaban a los 40.000 alborotadores subidos a uno de los coches desbaratados de la Guardia Civil. Según he leído, Sánchez gritaba «Que nadie se vaya a casa, será una noche larga e intensa". Así fue, ya que los manifestantes retuvieron a los agentes de la Benemérita durante toda la noche. Una secretaria judicial pudo huir por la azotea.

La Real Academia Española define "sedición" como "Alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar, sin llegar a la gravedad de la rebelión."

También recoge otro significado que es "Sublevación de las pasiones", cosa que también les está ocurriendo a los catalanes, valga el comentario. Los yonquis de la independencia necesitan su droga.

El Código Penal recoge en el Título XXII los "Delitos contra el orden público", como es la sedición. Ésta coincide con la anterior definición y está tipificada en el artículo 544, el cual dice que:

"Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales."

Los artículos siguientes establecen las penas correspondientes, que varían de los cuatro a los quince años de prisión, además de inhabilitación. La condena depende de si se trata de los inductores o cabecillas de los hechos, y si fueran personas constituidas en autoridad.

Estas penas pueden verse reducidas si la sedición no haya llegado a entorpecer de un modo grave el ejercicio de la autoridad pública y cuando no llegue a tener efecto la sedición. Sin poder anticipar lo que revele la investigación, en este caso los guardias pudieron llevar a cabo el registro que habían ido a realizar, y no hubo heridos.

No obstante, queda mucho por descubrir en relación a otras reuniones tumultuosas, como las del día del referéndum en las que muchos de los votantes también obstruyeron la retirada de las mesas electorales, o lo que fuera que les ordenaran a los agentes del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil.

Y podemos esperar nuevas manifestaciones masivas convocadas por Omnium y la ANC, que han quedado huérfanas tras la encarcelación de sus líderes, pero no tocadas. Falta por saber si se les exigirán multas o responsabilidad civil a ambas entidades.

PUIGDEMONT EXTRALIMITADO.

Puigdemont se va salvando de las consecuencias de sus declaraciones, aunque sea fallando a sus seguidores y a sus aliados de las CUP en fechas tan señaladas. Lluis Companys, cuya ejecución cumplió ayer 77 años, un 6 de octubre de 1.934 apareció en el balcón de la Generalitat para proclamar la República Catalana. Sin las evasivas del actual President, pero tampoco muy a las claras.

Vale la pena recordar cuáles fueron las palabras y la declaración en sí: "En esta hora solemne, en nombre del pueblo y del Parlamento, el Gobierno que presido asume todas las facultades del Poder en Cataluña, proclama el Estado Catalán de la República Federal Española, y al establecer y fortificar la relación con los dirigentes de la protesta general contra el fascismo, les invita a establecer en Cataluña el gobierno provisional de la República, que hallará en nuestro pueblo catalán el más generoso impulso de fraternidad en el común anhelo de edificar una República Federal libre y magnífica."

Como puede comprobarse, lo que declaró Companys fue "el Estado Catalán de la República Federal Española", o sea, un territorio federado a la República. Sin embargo, España no estaba estructurada de forma federal. Además de que, tras pronunciar el discurso Companys pidió al capitán general de Cataluña que se pusiera a sus órdenes "para servir a la República Federal que acabo de proclamar".

El general proclamó el estado de guerra, después de que el jefe de los Mozos de Escuadra le comunicara que sólo obedecía al presidente de la Generalitat.

Al anochecer aparecieron las primeras barricadas, se distribuyeron grupos armados por las calles y se preparó a los edificios oficiales para la resistencia. A las seis de la mañana del día 7, diez horas mas tarde de la proclamación, Companys comunicaba al general su rendición. Esa noche, el consejero de Gobernación Dencàs huyó del Palacio de la Generalitat por las alcantarillas.

La autonomía catalana fue suspendida indefinidamente y la Generalitat fue sustituida por un "Consejo de la Generalidad" designado por el Gobierno y con un presidente denominado gobernador general de Cataluña. Cuando en abril de 1935 se levantó el estado de guerra, algunas de las competencias de la Generalitat le fueron devueltas, pero no las de Orden Público.

Junts pel Sí no es federalista, o por lo menos no es eso lo que dicen. Pero toman como ejemplo a aquel President, al igual que citan también el referéndum de Québec de 1980.

Ha habido dos convocatorias electorales en Quebec sobre si esta provincia canadiense debía seguir un camino hacia la soberanía. Ambos fueron convocados por el Partido Quebequense, que aboga por la soberanía y asociación negociada con el Gobierno de Canadá.

Se planteó una Ley del Referéndum en los términos de la siguiente pregunta: "El Gobierno de Quebec ha hecho pública su propuesta de negociar un nuevo acuerdo con el resto del Canadá, basado en la igualdad de las naciones, que permitiría a Quebec adquirir el poder exclusivo de hacer sus leyes, imponer sus impuestos y establecer relaciones en el extranjero - en otras palabras, soberanía - y al mismo tiempo mantener con Canadá una asociación económica que incluya una moneda común, cualquier cambio en el estatus político resultante de estas negociaciones sólo será implementado con la aprobación popular a través de otro referéndum. dar al Gobierno de Quebec el mandato de negociar el acuerdo propuesto entre Quebec y Canadá?"

El referéndum a nivel provincial tuvo lugar el martes 20 de mayo de 1980, y la propuesta para perseguir la secesión fue derrotada por un margen de 59.56 por ciento a 40.44 por ciento.

El Partido Quebequense convocó un segundo referéndum de soberanía de 1995, que presentó una pregunta más directa. Ese referéndum fracasó con un margen inferior al 0,6%. El segundo referéndum proponía a los votantes si deseaban separarse de Canadá y convertirse en un Estado independiente, a través de esta pregunta:

"¿Está usted de acuerdo con que Québec llegue a ser soberano después de haber hecho una oferta formal a Canadá para una nueva asociación económica y política en el ámbito de aplicación del proyecto de ley sobre el futuro de Quebec y del acuerdo firmado el 12 de junio, 1995?."

El referéndum de 1995 difiere del primer referéndum realizado sobre la soberanía de Quebec de 1980 en que la pregunta propone negociar "la soberanía-asociación" con el gobierno de Canadá, mientras que en 1995 la pregunta propone negociar la "soberanía", junto con una oferta de asociación opcional con el resto de Canadá.

El segundo referéndum sobre la soberanía también fracasó, aunque con un margen muy estrecho: 50,58% a 49,42%.

El Tribunal Supremo canadiense había considerado que, aunque sus leyes no preveían la secesión, podía suceder que una amplia mayoría así lo decidiese, en cuyo caso se estaría a la voluntad popular. No es eso lo que ocurre en el referéndum catalán, en el que el "Sí a la independencia" solamente representa al 38% de la población, o sea, poco más de un tercio y no la mayoría.

Esto no parece importarles a esos que cacarean la palabra democracia cuando les conviene. Además, según sus propias leyes (recurridas ante el Tribunal Constitucional) quien debería declarar la República Catalana sería el Parlament, no el President, y sólo si se aprobase por mayoría.

No lo digo yo, todo ésto lo dijeron el socialista Iceta en el Parlament y el representante del PNV en el Congreso de los Diputados. 

En estas condiciones es normal que los indepes pidan un mediador internacional, a ver si es alguien que no sepa de qué va todo este montaje absurdo. Puigdemont carece de respaldo legítimo para declarar nada, ni siquiera el resultado favorable de un sufragio. Por eso pide diálogo, para obtener en reuniones reservadas lo que no obtiene en la actual pugna contra las instituciones españolas.

Duran i Lleida también duda sensatamente de que haya que meter a más gente en esta diatriba, en la que nadie quiere inmiscuirse.  Duran ha comentado que la declaración unilateral de independencia no debería ocurrir porque a su juicio “atenta contra legislación española, contra la Constitución; contra la catalana, es decir, contra el Estatut, y contra la legislación europea, y “la UE va a defenderse” ante este ataque. Aunque a él le gustaría que no se tuviera que aplicar el artículo 155 de la Constitución, no ve otro remedio debido a que por parte del Estado y de la Generalitat no ha existido un diálogo previo que él cree que aún podría producirse.

PUCHERAZO Y "CORRALET".

Los observadores internacionales han concluido que "el referéndum, tal y como se hizo, no puede cumplir con los estándares internacionales". Creen que, dada la actitud de las partes, era "improbable" que se dieran "las garantías de un referéndum bien hecho".

En el proceso electoral ilegal del primero de octubre se intervino ilícitamente con el propósito de modificar los resultados reales. El posible fraude no puede investigarse como delito, al no tener el referéndum validez legal.

No hablemos solamente de los convocantes, que han impuesto su pretensión por la vía de los hechos, sino de las presiones al elector por parte del Gobierno central. La prohibición del referéndum, decidida por el Tribunal Constitucional cautelarmente, se hizo cumplir en unos sitios sí y otros no, y mediante el uso de la fuerza pública contra los disconformes.

Esto último es culpa de muchos, no sólo por las infamantes órdenes del Ministerio del Interior sino también por las arteras maniobras de los organizadores de la consulta, como convocar multitudes frente a los colegios electorales, donde habían situado escolares de todas las edades durante el fin de semana. Con permiso de sus padres, los escuditos humanos impidieron cualquier acción preventiva, mientras en la calle se concentraba el mayor número posible de gente exigiendo la apertura de los centros de votación. Los profesionales de la educación han sido los grandes colaboradores de este "referéndum" organizado con semiclandestinidad en cuanto al depósito y distribución de urnas y papeletas.

También el mando único policial ha contribuído a la falta de fiabilidad del referéndum cuando provocó la caída de los sistemas  electrónicos para impedir el cómputo. Hubo quién votó todas las veces que quiso, y se ignora por completo qué clase de custodia tuvieron las urnas llenas de votos.

En algún caso, como en este video, las urnas iban de un sitio a otro llenas (?) y desprecintadas (!!!).

Hay que recordar que los miembros de la "Sindicatura Electoral" que debía supervisar la transparencia del comicio renunciaron hace semanas a sus cargos. Previamente fueron advertidos de multas por el Tribunal Constitucional y, para evitarlo, el Govern "dió por finalizada su tarea". Una invitación al fraude.

Las actas de votación no reflejan los auténticos resultados debido también a la introducción de papeletas previamente votadas en la urnas para inflar la opción del "Sí". Se ha hecho en complicidad con los voluntarios del proceso electoral, fieles colaboradores del Régimen Catalanista y principales interesados en ocultar las evidencias de su fraude.

Con la colaboración de los medios de comunicación en confundir y engañar a los electores haciéndolos creer que el resultado fraudulento es legítimo. TV3 no menciona las irregularidades y se dedica a retransmitir información sesgada y favorable a los grupos de poder que respaldan la desobediencia organizada.

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Tampoco se oye ni se comenta en los medios que las habituales urnas transparentes para ver que no contengan votos previos fueron sustituídas por unas cajas semiopacas, que no permitían verificar el contenido.

El censo de electores, con datos personales del ciudadano, es el secreto mejor guardado de la Generalitat, porque se sabe que existe, pero no se puede demostrar. Porque es ilegal que adquieran y usen datos personales con cualquier fin, incluídos todos, hasta los mayores de 16 años que fue la edad mínima para votar en esta gran ocasión.

En cuanto a la imparcialidad de los órganos electorales, se trata en general de funcionarios seleccionados por el poder ejecutivo y ejecutores de cada una de las prácticas del fraude electoral.

En pocas palabras, las rutinas electorales de la Cataluña convergente de siempre, con una gran dosis añadida de desobediencia civil.

Todas estas importantes irregularidades no se han puesto de relieve en el leve discurso de un Rey que no se gana el sueldo. Habrá que reinar un poco, y no mangonear. Entre él y Mariano, mal vamos, y Soraya Sáenz de Santamaría es señalada como la responsable de lo sucedido en éstos y los próximos días.

El supervisor bancario europeo se ha interesado por el impacto de una eventual declaración de independencia, pero de momento el Banco Central Europeo no ha pedido un seguimiento especial de la liquidez ni ha convocado ninguna reunión.

Todos están esperando la noticia fatal de la independencia ganada con malas artes, porque hay que mover el dinero fuera de Cataluña si no nos queremos pillar los dedos.

Banco Sabadell y CaixaBank están preparadas para cambiar su sede a otra ciudad española (que no tiene por qué ser Madrid), aunque los ciudadanos catalanes no se librarían de un corralito en el nuevo Estado al estilo de Chipre o Grecia, que afectaría a todos los bancos del territorio catalán, por lo que no se evitaría cambiando de entidad.

Los pensionistas y ahorradores van a pasarlo muy mal si la Generalitat logra sostener la situación durante meses. No obstante, puede que Ada Colau ponga en marcha su plan de crear una moneda municipal, o que Gabriel Rufián nos fabrique los euros con su impresora republicana.

CARNAVAL DE DEMAGOGIA.

La gran familia independentista celebró hoy su votación ciudadana con resultado sabido de antemano. Los cuerpos policiales han cumplido las órdenes de su superioridad y las del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Policía y Guardia Civil han acometido las tareas más duras que los Mossos han evitado enfrentar, pero entre todos han contenido la situación.

El civismo ha sido la tónica general en cuanto a la mayoría de colegios electorales. Claro que está muy lejos de haber sido un día tranquilo, y es probable que haya más disturbios en lo sucesivo. Dejemos estar el tema,  porque esto de la resistencia pacífica es muy discutible. Que lo digan los casi ochocientos heridos en las cargas policiales, que dirán que no sabían donde se metían.

Ahora viene lo de las negociaciones y el diálogo, porque a todos los partidos de la oposición se les ha metido en la cabeza que hay que renovar el pacto entre separatistas y constitucionalistas. Todo para evitar la temida Declaración Unilateral de Independencia.

Unos de los que no se enteran de que el soberanismo ya no está para firmar declaraciones sin valor son los socialistas, empeñados en rebuscar apoyos en otras fuerzas donde haya posibles aliados.

La Generalitat también busca alianzas que permitan ese pequeño capricho de la independencia. Y Podemos no ha perdido la oportunidad de entrometerse como mediador de un acuerdo fraternal entre los que se quieren independizar y los que no.

La renovación de la izquierda catalana queda en gran parte en manos de los cabecillas de las formaciones afines a Podemos, o que lo fueron, debido a que Iglesias y su cuadrilla está perdiendo apoyos a ojos vista.

Incluso las Candidaturas de Unidad Popular (C.U.P.) le están robando protagonismo a los comunes por ser la auténtica bisagra que sostiene a la Presidencia para exigirle el cumplimiento de su palabra a cambio de escaños. Las CUP, además de los aliados de Junts pel Sí, exigen a todas horas que continúe el "procés" y la "desconexión".

Las bisagras de la sociovergencia que nunca chirriaron ante los pactos de no injerencia recíproca crujen ahora que se han entrometido los nuevos partidos emergentes. Pero el PSC sigue teniendo demasiado peso para que puedan echarle a un lado, y paradójicamente es hoy la alternativa "centralista" al contubernio de corrupción entre el PP y los restos del partido de los Pujol y los Mas.

"Nación de Naciones" es la nueva fórmula del "café para todos", a la que se agarra el nuevo socialismo español creyendo que por vestirlo bonito se lo van a tragar los soberanistas.

Buen momento para recordar las palabras de Aznar en 1.996: "A mí no me repugna en absoluto una tendencia federalizante en nuestro país... Reconozco que en esto hemos evolucionado (en el PP) y yo mismo he contribuido a ello... No digo que el PP vaya a hacer una propuesta federal en este momento, lo cual no sería estrictamente constitucional. Lo que sí es desarrollo constitucional es una tendencia federalizante y eso es muy positivo". Por lo tanto, es casi como lo que proponen ahora los sociatas, que dicen que como su partido tiene estructura federal, no hay obstáculos para cambiar el sistema autonómico a otro más descentralizado.

El mismo Aznar ya se planteaba desmantelar lo que fuese, con tal de que se respetara la integridad territorial del Estado. El mismo error de los federalistas sociatas que no se quieren dar cuenta de que estamos como estamos por mucho dialogar y perder el tiempo mientras otros lo ganaban.

El socialismo "nacional", que en su día apadrinó a los soberanistas (en el Senado y a la hora de formar grupo propio), ahora se presenta como única alternativa del constitucionalismo. El partido de Pedro Sánchez y Susana Díaz ha estado pronunciando un discurso ante sus votantes y otro ante sus federaciones autonómicas.

Por eso quien tiene ahora que proponer las claves de ese diálogo es el diputado Iceta, capo del PSC y clave de su supervivencia. Y sin traicionar a tanto español sin complejos como los que le votan.

Esto último lo podemos poner en duda ya que se ha roto la unidad del PSC y el PSOE en torno al referéndum. El PSC acepta la pretensión independentista de seguir adelante con "el procés" y su líder Miquel Iceta se ha atrevido a pedir públicamente el "cese inmediato de los intentos de impedir por la fuerza una importante movilización ciudadana en un simulacro de votación".

En definitiva, que en lugar de decidir todos los ciudadanos, han decidido ya los indepes y ahora van a decidir los responsables del llamado simulacro. Con los que se quieran apuntar a decir la suya.

VÍSPERAS INCIERTAS.

Puigdemont ha convocado "in extremis" la Junta de Seguridad, entidad de composición paritaria entre la Generalitat y el Estado y presidida por el Presidente de la Generalitat.

El President pretende así recuperar el control en la coordinación de los cuerpos policiales de la administración central del Estado y de Cataluña. El mando único nombrado por Interior, un coronel de la Guardia Civil, también pierde liderazgo en favor de la autoridad judicial a la que se someten todos los cuerpos policiales.

La última vez que se reunió la Junta de Seguridad de Cataluña fue en Julio, ocho años después de su última cita, presidida por el presidente catalán, y con la asistencia, entre otros, del ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, y el conseller de Interior.

Tuvo entre sus objetivos integrar a los Mossos d’Esquadra en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) y explorar su conexión con Europol. Tras tanto tiempo sin reunirse, Puigdemont había anunciado que convocaría unilateralmente la Junta, y lo ha vuelto a hacer.

Presidido por el propio Carles Puigdemont, han acudido a la Junta el conseller de Interior, Joaquim Forn, el secretario general del Departament d’Interior, Cèsar Puig, el director general de la Policia, Pere Soler, y el mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero. Por parte del Gobierno participaron el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, y el director de Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, Diego Pérez de los Cobos.

Tras la reunión, Forn ha comparecido ante los medios y ha aclarado: "Somos nosotros los que decidiremos cómo van a actuar los Mossos, con los criterios de siempre". O sea, que no detendrán la votación.

Demasiado tarde para corregir el rumbo de los acontecimientos. En horas y en los días sucesivos sabremos si se celebra o no el referéndum y que pasará después. Raúl Romeva ha declarado públicamente que el Parlament declarará la independencia en 48 horas si gana el sí.

El Delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, se limita a repetir que hay que cumplir la ley y que Puigdemont miente a los catalanes. Y se vuelve a su despacho tan contento.

Pese a todo, los indepes son los que mandan en las calles de Barcelona. Sus anuncios invitando a votar en el incierto referéndum están por todas partes, y poca presencia del Gobierno Central se percibe aquí.

No es que el Gobierno haya hecho sus deberes en el momento oportuno, sino que ha dejado que la situación empeore mientras disimulaban el asunto. Son otros los que le resuelven la papeleta, al tiempo que esto ya trasciende en las noticias internacionales.

Por eso, esta situación amenaza al Gobierno tanto como al "Govern", y si empeora aún más hará necesario adoptar medidas más contundentes. Pese a las vanas advertencias a los funcionarios catalanes, tanto los de la Administración Central del Estado como los de la Generalitat, los de las Diputaciones y los municipales, muchos se muestran reacios a obedecer las instrucciones, pero no abandonarán el servicio público.

Los profesores también han manifestado su voluntad de prestar los colegios para que se celebre esta votación sin garantías.

Los alcaldes que colaboran en los preparativos del referéndum anulado tienen a su disposición a muchos funcionarios también dispuestos a participar. No sabemos cuántos de ellos lo harán, porque están más pendientes de no desafiar a la autoridad local y la autonómica que de las dudosas responsabilidades que pueda exigirles el Estado central. Esto incluye a las policías locales.

Vista la escasa colaboración de algunos, el Gobierno popular desconfía de si los Mossos D'Esquadra podrían desobedecer o no hacer cumplir las órdenes a los demás funcionarios. Sus mandos políticos dependen de la Generalitat y ya se ha visto que les han dado instrucciones contrarias a las del Gobierno.

Por si acaso, Mariano Rajoy ha ordenado que un coronel de la Guardia Civil se ponga al mando del operativo contrarreferendario. Y sin aplicar el artículo 155 ni las leyes de excepción sino el artículo cuarenta y seis de la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Este precepto legal permite a las Comunidades Autónomas con Cuerpos de Policía propios solicitar el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando no dispongan de los medios suficientes para el ejercicio de algunas de sus funciones. No es el caso, ya que la Generalitat no ha pedido refuerzos; es Rajoy el que quiere enviarlos, diez mil efectivos según he oído.

El artículo también establece que: "2. En el resto de los casos, cuando en la prestación de un determinado servicio o en la realización de una actuación concreta concurran, simultáneamente, miembros o Unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Policía de la Comunidad Autónoma, serán los Mandos de los primeros los que asuman la dirección de la operación."

Es este segundo apartado el que autoriza al Ministerio del Interior a diseñar un extenso operativo sobre toda Cataluña, que no sabemos si consiste en retirar las urnas el domingo o evitar tumultos. Las dos cosas a la vez no van a poder ser, y a partir del dos de octubre se verá si los refuerzos van a tener que quedarse permanentemente o estaban sólo para que no hubiera líos este domingo.

Sin embargo, sería injusto culpar a los agentes del Cuerpo de Mossos d'Esquadra de desobediencia si no consiguen impedir el referéndum que les van a ordenar impedir. La Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad contiene en su capítulo "PRINCIPIOS BASICOS DE ACTUACION" el artículo 5, el cual ordena que: "En el ejercicio de sus funciones deberán actuar con la decisión necesaria, y sin demora cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato e irreparable; rigiéndose al hacerlo por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance." Se trata, simplemente, de no causar mayores alteraciones del orden público que las que se quieren evitar. Y de no inmiscuirse en situación de inferioridad.

Y al fin y al cabo, ya se sabe que el resultado del referéndum será nulo, y no cumple unas garantías mínimas para su reconocimiento internacional. Lo único peor que permitir el acto simbólico es que alguien salga mal parado.

Por ello los mozos pueden argumentar razones de inoportunidad o falta de proporcionalidad que les hagan recomendable no retirar las urnas y desmontar el dispositivo electoral, llegado el caso. La Fiscalía ha dado órdenes al mayor Trapero de intervenir pase lo que pase, pero el Conseller de Interior Forn y otros intentarán por todos los medios que se cumplan sus contraórdenes.

El director general de los Mossos d'Esquadra es Pere Soler, quien accedió al cargo en julio después de la dimisión de su predecesor en desacuerdo con la deriva independentista. Este individuo que debe proteger nuestra seguridad es conocido en Twitter por frases como la que sigue, y ya ha demostrado que es visceralmente contrario a opciones políticas distintas de las que nos ofrece su pandilla soberanista, como el PSC, PP y Podemos. Obedientes hasta el final, los comparsas de Puigdemont van a seguir bloqueando la intervención del Estado en Cataluña hasta el final o hasta que alguien le ponga remedio.

Suelen obedecer poco los que mucho mandan.

La Ley Orgánica 2/2005, de la época Zapatero, modificó el Código Penal mediante un Artículo único y una Disposición final única, ambas derogatorias de los artículos 506 bis, 521 bis y 576 bis.

El artículo 506 bis castigaba con penas de tres a cinco años de prisión e inhabilitación a la autoridad que convocara procesos electorales o consultas populares por vía de referéndum, careciendo de competencias para ello. Este artículo y el 521 bis también penalizaban a quienes facilitaran, promovieran o aseguraran la realización de tales procesos o consultas.

Por su parte, el artículo 576 bis castigaba con pena de prisión a la autoridad o funcionario que allegara fondos, bienes, subvenciones o ayudas públicas a asociaciones o partidos disueltos o suspendidos por su relación con delitos de tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos.

Estos artículos, según la Exposición de Motivos de esta telegráfica Ley, "se refieren a conductas que no tienen la suficiente entidad como para merecer el reproche penal, y menos aún si la pena que se contempla es la prisión".

La ley despenalizó la secesión por estos motivos: "El derecho penal se rige por los principios de intervención mínima y proporcionalidad, según tiene señalado el Tribunal Constitucional, que ha reiterado que no se puede privar a una persona del derecho a la libertad sin que sea estrictamente imprescindible. En nuestro ordenamiento hay otras formas de control de la legalidad diferentes de la vía penal.

Así, el ejercicio de las potestades de convocar o promover consultas por quien no las tiene legalmente atribuidas es perfectamente controlable por vías diferentes a la penal.

En cuanto a las ayudas públicas a asociaciones o partidos disueltos o suspendidos, el ordenamiento ya prevé una sanción penal si constituyeran actos de participación en asociación ilícita.

En suma, las conductas que se contemplan en estos tipos penales no presentan las notas exigidas para proceder a su incriminación. La Constitución y el conjunto del ordenamiento jurídico ya cuentan con los instrumentos suficientes y adecuados para asegurar el respeto a la legalidad y a las instituciones democráticas y garantizar la convivencia pacífica de todos los ciudadanos."

Por tanto, desde 2.005 los secesionistas han visto abierta la vía para organizar el referéndum anunciado para octubre de 2017. Y en su día el Govern catalán incluyó en los presupuestos de la Generalitat dos partidas, una de 5 millones y otra de 800.000 euros, en concepto de "procesos electorales y participativos".

Aunque la despenalización efectuada por la antedicha Ley aboga por evitar una respuesta penal a las convocatorias ilegales, la acusación de malversación de fondos públicos es esgrimida como amenaza por Rajoy y su camarilla. También hay pendientes varias acusaciones por desobediencia y prevaricación que curiosamente no implican penas de cárcel, sin lo cual las cansinas advertencias caen inevitablemente en saco roto.

Los aforados, cuando no se saltan las leyes a la hora de cumplirlas, es porque directamente las declaran derogadas en Cataluña.

La cada vez más numerosa desobediencia institucional no se ve frenada por el sistema judicial, por mucho que a este Poder Público se le haya sumado el Tribunal Constitucional. Todos coordinados con la Fiscalía y la Abogacía del Estado bajo el mando del Ministro Catalá. De hecho, tan coordinada que posiblemente la Audiencia Nacional evite a la judicatura catalana tener que implicarse en la insurrección abierta que protagonizan los indepes. Ya resolverán otros los problemas, que el suyo es enfrascarse en poner sentencias al tuntún.

Por el momento la convocatoria del referéndum ha superado el envite de 2007 del lehendakari Ibarretxe y su "hoja de ruta".

Según su Plan lo primero era alcanzar un acuerdo con el Gobierno de España sobre el futuro de Euskadi que contuviese el "respeto a la voluntad de la sociedad vasca". Después, el optimista Ibarretxe quería aprobar dicho acuerdo en el Parlamento Vasco, y entonces se convocaría un referéndum vinculante, y si no se aprobase, solicitaría la votación del Parlamento vasco para realizar una consulta no vinculante.

Finalmente la Cámara vasca votó a favor de una ley de consulta a la ciudadanía vasca, que el Tribunal Constitucional declaró por unanimidad inconstitucional por invadir competencias estatales.

Ahora, sin un plan conocido y tras dictar leyes manifiestamente sediciosas, los indepes van directos a un referéndum sin garantías para poder declararse independientes al día siguiente. ¿Dónde están los tradicionales aliados nacionalistas, catalanes y vascos, que esta vez no saldrán en ayuda del Presidente del Gobierno?.

Estos también van listos con la que han armado, llámense Democracia i Llibertat, Demócrates de Catalunya o cualquier otra denominación, todos sabemos que son sólo los sucesores de Convergencia que aspiran no perder todos los votos en favor de Esquerra Republicana.

Los alcaldes como Ada Colau autorizan la instalación de urnas a fin de celebrar el proyectado referéndum. No son los únicos estamentos administrativos que no van a colaborar con la suspensión ordenada por el Tribunal Constitucional. Nuestra alcaldesa dice que, no es que haya cedido infraestructuras, no es que haya dado permiso para llevar a cabo la votación, sino que "se ha encontrado una solución imaginativa". Desde que llegó al poder municipal, ya no sabe distinguir entre lo legal y lo que tiene apariencia de legalidad.

Claro que es la misma que dijo que "Desobedecer es un derecho", y para algunos y algunas, casi una obligación. Todo ese mundillo de los asamblearios no puede sino rendirse ante el acto previsto dentro del programa separatista. Se le nota casi un toque de envidia cuando dice: "No somos de nadie, y menos de convergentes que hace dos días no tenían ni idea de qué era la desobediencia civil".

Podría pensarse que hay quien apoya el referéndum sólo por hacer la puñeta, pero todo este caldo de cultivo de la desobediencia generalizada, en ocasiones tumultuaria, beneficia a esa izquierda que siempre quiso socavar lo existente para crear un mundo mejor.

El culpable de este panorama es también Rajoy, quien a costa de su partido y de sus simpatizantes, dentro y fuera de Cataluña, culmina su logro de dejar que la situación política se pudra, estrategia que no piensa corregir porque ni sabe, ni eso no va con su personalidad.

Esto se corrige con autoridad, y no sin ella.