"Entre salvajes", de Manuel del Palacio.

En dos troncos de verde manzanillo

Tengo mi hamaca de cordel tendida,

Y por el aire de la mar mecida

Fresco lecho me dá grato y sencillo.

Más feliz que el cacique de Luquillo

En nada pienso y nada me intimida;

Hallo en el bosque sombra apetecida,

Dulce jugo en el plátano amarillo.

Absorta el alma, y sin hallar su centro,

Aquí cual nunca al Hacedor se eleva,

Pura satisfacción llevando dentro.

¡Gozo en un nuevo mundo vida nueva;

Y si no es el Edén donde me encuentro,

Es porque soy Adán, pero sin Eva!

Mientras el Ministro del Interior intenta tapar que miembros de su Gobierno están tras las recientes algaradas, el control de las Fuerzas de Seguridad provoca pasmo. Desde su cómodo sillón el ministro, al igual que sus colegas, no hace su trabajo.

La absolución del mayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero y otros tres acusados de la cúpula de Interior, de los delitos de sedición o desobediencia de los que les acusaba la Fiscalía, se fundamenta en que no hay “elemento incriminatorio alguno, resultado de la prueba, que revele un acuerdo entre los acusados para constituirse en instrumento del proceso independentista y poner el aparato policial dependiente de la Generalitat a su servicio”.

Tras la sentencia, los mossos nuevamente están bajo el control de Trapero y la obediencia debida a las órdenes políticas de Miquel Buch, consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña desde 2018.

La Secretaria General, la Dirección General de Prevención Extinción de Incendios y Salvamento y Protección Civil son algunos de los órganos bajo dirección de Buch. La Dirección General de la Policía y de Administración de Seguridad son departamentos por los que asume la responsabilidad sobre los Mossos d’Escuadra. Lleva 20 años cobrando sueldos públicos en política. Y es que llegó a 8º de EGB, cursó 2 años de administrativo y se afilió al partido de los Pujol con 20 años.

Albert Donaire es el líder de los mossos independentistas, y en su currículum figuran un sinfín de insultos y faltas de respeto contra todos aquellos que osan no compartir sus tesis secesionistas.

"Un día os encontraremos a cada uno de vosotros. No reiréis tanto. Entonces habrá justicia real. La justicia existirá con la república. Ya puede correr", le ha espetado a un ciudadano este separatista armado, que según apuntan algunas informaciones estaría cerca de ser seriamente sancionado por sus salidas de tono.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, afirma que “las sentencias no resuelven problemas políticos” y que van a reformar los delitos de sedición y rebelión. Los socialistas, que ya derogaron el artículo del Código Penal que prohibía los referéndums ilegales, siguen abriendo el paso a los secesionistas.

Ante la impunidad, los alborotadores destrozan, incendian y saquean en Cataluña más que en el resto de España porque aquí los antisistema se juntan con los indepes y con los vándalos espontáneos.

Ni Trapero ni Grande-Marlaska parecen colaborar en ponerles fin, sino que más bien prefieren guardar una tolerante neutralidad.

Barcelona se ha convertido en la ciudad más insegura de España, asegura Central Sindical Independiente y de Funcionarios tras analizar los datos del Ministerio del Interior, según los que demuestran que las infracciones penales en Barcelona se duplican anualmente. Los delitos que más aumentan en Barcelona son los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa, las agresiones sexuales, los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones y los hurtos.

A pesar de que la población de Madrid duplica a la de Barcelona, en términos absolutos en la ciudad condal se han cometido más robos con violencia e intimidación, así como delitos de lesiones y riña tumultuaria, y robos con fuerza en domicilios y comercios. La cifra también es superior en homicidios dolosos en grado de tentativa.

Colau ha asumido personalmente la gestión de la seguridad y no ha acatado la petición de dimisión de PDeCAT, Cs, ERC, PSC y PP en una comisión extraordinaria sobre seguridad.

La oleada de criminalidad que sufre Barcelona ha encendido todas las alarmas. La alcaldesa de Barcelona culpa de la inseguridad de Barcelona a la derecha y a la Generalitat, y ha acusado a los medios de comunicación de estar llevando a cabo una "campaña orquestada de alarmismo" sobre el repunte de violencia que vive la ciudad condal.

Respecto a las amenazas terroristas actuales, Colau ha explicado que "en julio los Mossos volvieron a informar en la junta de seguridad local que se mantenía la alerta antiterrorista en un nivel de 4 sobre 5. Afortunadamente no ha habido atentados recientemente, pero sigue habiendo cierta actividad de captación y de difusión de discursos".

La Generalitat y el Ayuntamiento autorizaron el uso de cámaras de videovigilancia en las calles de Barcelona. Los distintos cuerpos policiales han incrementado efectivos en las calles, pero sin medios para luchar contra la grave inseguridad que vive Barcelona, los agentes de la Guardia Urbana señalan a Ada Colau como la única y máxima responsable. Pero a la dejadez de funciones de la alcaldesa y la Consellería de Interior hay que sumar la guerra independentista, la división de los Mossos, la merma de recursos de la Guardia Urbana y la falta de protección jurídica de estos agentes.

El 80 por ciento de los delincuentes de Barcelona son extranjeros. Así aparece reflejado en los informes internos que manejan tanto la Guardia Urbana como los Mossos. Un dato que no le gusta a Ada Colau ni a la Consellería de Interior y que explica el representante de CSIF de la Guardia Urbana, Eugenio Zambrano: "No tiene nada que ver con el racismo, es una estadística y la obvian. No vamos a estigmatizar ni etiquetar a nadie, pero es un dato que no se puede negar a la sociedad".

El cruce de datos entre la Guardia Urbana y los Mossos reflejan el "modus operandi" de mucho de esos delincuentes. Según Zambrano, los robos en el metro son característicos de ciudadanos de Europa del Este; los robos con violencia e intimidación, mayoritariamente son perpetrados por magrebíes; en asuntos por tráfico de drogas, paquistaníes y sudamericanos se disputan el territorio, como demuestran las numerosas imágenes y vídeos de peleas y reyertas a machetazos que inundan las redes sociales a diario. En cuanto a delitos relacionados con el tráfico de drogas los paquistaníes y sudamericanos eran los principales protagonistas.

Según afirmaba Zambrano para La Razón, estos tipos de delincuentes encontraban una presión policial en la ciudad mucho menor que en cualquier otro punto del territorio nacional. “Ha traído a nuestra ciudad la epidemia de la delincuencia y ha desbordado el sistema policial y el judicial”, señalaba este representante de CSIF.

Poco más de un 15% de la població ha cometido más del 40% de los delitos en la comunidad catalana. Si atendemos a la proporcionalidad dentro de esos más de 31.000 delitos perpetrados por población foránea, más del 30% son protagonizados por inmigrantes de nacionalidad africana, que según arrojan las estadísticas del INE, suponen apenas un 4% de la población total en Cataluña.

Por último, si atendemos a datos por provincias en Cataluña, más del 70% de estos delitos perpetrados por inmigrantes de procedencia africana se han llevado a cabo en Barcelona, un 11.47% en Gerona, el 9.8% en Tarragona y un 6.45% en Lérida.

Un problema ante el que no se están tomando medidas, matiza Zambrano, ya que la presión policial es mucho menor que en cualquier otro punto de España. "Colau es antipolicía. Ha traído a nuestra ciudad la epidemia de la delincuencia y ha desbordado el sistema policial y el judicial", señala.

Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) señalan que "la no reparación inmediata de un daño emite un mensaje a la sociedad: la impunidad se permite, hay vía libre. Si dejamos que el deterioro, el abandono o la resignación ganen la partida, entonces la entropía, el desorden, el daño, el incivismo, el abuso, o toda forma de infamia y degradación tenderán a propagarse rápidamente".

Por todo ello, CSIF reclama a Colau que se reúna con los sindicatos que tienen representación en la Guardia Urbana y no "con el mal llamado sindicato de manteros", con quien ya lo han hecho.

"Aquel que hable mal de españa, un castigo ha de tener, que se vaya a tierra extraña y no le dejen volver."

"Adéu, Espanya!", escribió el poeta Joan Maragall, y Puigdemont dijo lo mismo para mantenerse en el Parlamento Europeo mientras le sigan votando.

Flandes tiene la misma hispanofobia histórica que Cataluña actualmente, así que echar pestes sobre nosotros cala muy bien allí. Eso es terreno abonado para la denostación y el prejuicio sobre nuestro pueblo, que tampoco es como para ser alabado por los demás. Tampoco van a arrodillarse ante nosotros como si fuéramos negros.

El artículo 9 del Protocolo nº 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea establece que "Mientras el Parlamento Europeo esté en período de sesiones, sus miembros gozarán en su propio territorio nacional, de las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento de su país."

Al amparo del artículo 71 de la Constitución "Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones." Eso garantiza a los representantes la libertad de saltarse el artículo 543 del Código Penal sobre "Las ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus Comunidades Autónomas o a sus símbolos o emblemas, efectuados con publicidad".

Pero Carles Puigdemont y Antoni Comín no son eurodiputados, tras las dos sentencias que desestiman los recursos planteados contra tres acuerdos de la Junta Electoral Central, en los que se comunicó al Parlamento Europeo que se dejaban vacantes sus escaños como eurodiputados electos hasta que no prestasen acatamiento a la Constitución española, y se denegó su inclusión en la lista de electos remitida a la Cámara europea.

El alto tribunal avala la constitucionalidad y legalidad de la actuación de la Junta Electoral Central en este caso, ya que el Acta Electoral de 1976 de la Unión Europea, además de remitirse al Derecho de los Estados, no contiene ninguna previsión que impida exigir el acatamiento a la Constitución del modo en que lo requiere el artículo 224.2 de la Ley Electoral.

Las sentencias insisten en la constitucionalidad del requisito de acatar la Constitución que establece el citado artículo, y destaca la inexistencia de preceptos y de jurisprudencia europeos que lo consideren incompatible con el Derecho de la Unión.

Para los jueces, “requerir el acatamiento a la Constitución como condición para acceder a un cargo obtenido por elección democrática de los ciudadanos no es algo desconocido en el Derecho Constitucional ni puede reducirse a mera formalidad intrascendente. Aunque la razón concreta de su exigencia y la forma de cumplirla varíe en función de las circunstancias históricas y culturales, en todo caso es un acto personalísimo que en el ordenamiento español no implica la adhesión ideológica a los principios y valores de la Constitución ni a la organización del poder que establece sino el respeto a los procedimientos en ella previstos, también para reformarla, incluso, en su totalidad, ya que su artículo 168 lo admite”.

El Tribunal recuerda en sus sentencias que Puigdemont y Comín están acusados de muy graves delitos y que, para sustraerse a la acción de la Justicia, huyeron de España. Y que en esa condición de prófugos se presentaron como candidatos a las elecciones europeas de 2019, pero no se presentaron ante la Junta Electoral Central y en tanto no acaten la Constitución ante ella, sus escaños se consideran vacantes y suspendidas todas las prerrogativas que pudieran corresponderles por razón de sus cargos.

El expresident Carles Puigdemont tiene como escoltas en Bruselas 15 mossos voluntarios con un coste de 30.000 euros al mes, que no sabemos de dónde salen. Todos ellos están en activo y se turnan con compañeros para no perder días de trabajo. Dos agentes se encargan de la seguridad dinámica, entre las que se encontraría un mosso investigado por la División de Asuntos Internos, y un agente de contravigilancia, en dos turnos diurnos cubiertos por tres escoltas y un turno nocturno desempeñado por dos agentes si se realiza en el domicilio.

Se trata de agentes leales al expresident que vuelan de Barcelona a París, y de allí a la capital belga en tren para no levantar sospechas. Se alojan en apartamentos turísticos reservados por un tercero por internet siempre en zonas de la comunidad flamenca, donde cuentan con simpatizantes.

Los Mossos d'Esquadra están sujetos a un código de incompatibilidades que prohíbe a los agentes "desempeñar segundas actividades que tengan relación con su trabajo en el cuerpo. Un servicio de vigilancia, escolta o seguridad personal quedaría dentro del perímetro de esas exclusiones", según un portavoz. Pero no se abren expedientes por Interior.

Un miembro de cualquier policía española no puede llevar su arma en el extranjero. Si se produce una situación de peligro, no tiene pistola que sacar, a menos que lleve una de forma ilegal. Directivos expertos en vigilancia personal opinan que el operativo es chapucero, incluso en términos de seguridad electrónica: de pinchazos o micrófonos.

La pandemia ha paralizado el suplicatorio para levantar la inmunidad parlamentaria al eurodiputado y expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, así como a los exconsejeros Toni Comin y Clara Ponsati, a la espera de que el Parlamento Europeo encuentre una alternativa para facilitar las comparecencias de los implicados.

Puigdemont recurre el suplicatorio al considerar que el juez Llarena ya no es competente para solicitarlo mientras la Eurocámara prepara fórmulas para solventar los obstáculos derivados de la pandemia al proceso del suplicatorio que es presencial y confidencial. La comparecencia de los tres políticos independentistas ante la Comisión de Asuntos Jurídicos exige una reunión confidencial en la Cámara, tras la cual el proceso no se debería dilatar más de cuatro meses, aunque el caso del expediente de Puigdemont, Comín y Ponsati cuenta con una gran cantidad de documentos, entre ellas muchas resoluciones judiciales españolas, lo que ha generado un volumen ingente de cerca de 4.000 folios. 

Una vez que el ponente ha redactado su recomendación, ésta se discute a puerta cerrada y se somete a votación. El informe finalmente se eleva al pleno para decidir si se aprueba o no el suplicatorio, en un voto a mano alzada que se resuelve por mayoría simple.

Las reglas de la Eurocámara permiten rechazar un suplicatorio si está motivado por opiniones o votos del eurodiputado en el ejercicio de sus funciones y también si se da un caso de 'fumus persecutionis', es decir, cuando se concluye que la intención de la petición es "perjudicar la actividad política de un diputado y, en consecuencia, la independencia de la institución".

Tal y como pedía la representación procesal de Vox, ha sido confirmada por el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que consideró que Torra se había negado a retirar una pancarta con un mensaje «partidista e inadmisible en periodo electoral», de una manera «contundente, reiterada, contumaz y obstinada».

El tribunal considera que la «obligación que tienen todas las autoridades de obedecer los requerimientos que emite la Junta Electoral como órgano más alto que vela por la transparencia y objetividad de los procesos electorales» no puede desobecerse con el argumento de la libertad de expresión.

Los magistrados han confirmado de forma unánime la inhabilitación de Torra para ejercer cargo público durante un periodo de un año y seis meses, y pagar 30.000 euros de multa ya que desobedeció de forma "contumaz y obstinada" a la Junta Electoral Central, encargada de velar por la neutralidad de los poderes públicos en las elecciones. Además, destaca que Torra es libre de hacer las manifestaciones y actos que reflejen su identidad política, pero no de desobedecer al órgano constitucional encargado de la limpieza de los procesos electorales. Asimismo, la Sala considera que el presidente catalán tuvo una voluntad consciente de contravenir la Ley.

El expresidente de la Generalitat Quim Torra ha  dicho que "Unos jueces y no el pueblo de Cataluña han decidido que no puedo ser presidente de Cataluña". Torra ha tildado a la justicia española como "vengativa" y ha sentenciado: "tendrán su juicio en Europa que es el único lugar en el que podemos encontrar justicia los independentistas catalanes".

Roger Torrent y sus parlamentarios indepes albergan la esperanza paralela de que el Gobierno o las Cortes firmen una declaración en blanco sobre la autodeterminación de Cataluña, que ellos valorarían e interpretarían a su manera. Puigdemont intentará lo mismo en el Parlamento Europeo, provocando alguna declaración o gesto que puedan invocar como precedente.

A los que no compartimos esas ideas, todo esto nos parece un desprecio. Somos ignorados y excluídos por los que se atribuyen una mayoría que en realidad no alcanzan. Por eso tanta descalificación hace que nos callemos muchos de los que nos sentimos españoles por no ser otra cosa.

"Soy lo que ustedes llaman charnego y soy independentista. He aquí su derrota y he aquí nuestra victoria", dijo Gabriel Rufián en el Congreso como si la palabra "xarnego" no la usaran los catalanes, sino los de fuera de Cataluña.

Además, no es exacto que Rufián se defina como "xarnego" ya que, según el Diccionari Actual de la Llengua Catalana Arimany (1995), dicha palabra se refiere bien a los "mestizos de catalán y francesa o viceversa", bien a "la persona de habla castellana o sus descendientes que, viviendo en Cataluña, no se han adaptado a la lengua y manera de hacer catalanas" (traducción literal). No sé si los padres de Rufián son charnegos o inadaptados, pero él desde luego es todo lo contrario.

El Diccionari Manual Pompeu Fabra, editado por primera vez en 1932, recoge varias definiciones: perro conejero nocturno; hijo de un catalán y un no catalán; gabacho, francés; forastero; y castellanoparlante que reside en los "Països Catalans". El verbo "xarnegar" significa "graznar los pájaros, croar las ranas, etc. / hablar a trompicones, chapurrear, etc. / refunfuñar". La traducción también es literal, y ninguno de estos significados se aplica a Gabriel Rufián.

La diferencia entre Rufián y el catalán medio es que él es diputado y por eso se permite darnos lecciones a los demás. Hay españoles que asumen su nacionalidad y otros que no, en gran parte por la presión independentista. En las manifestaciones siempre se ha gritado eso de "bote, bote, bote, español el que no bote", y a Rufián eso debe de haberle afectado hasta el extremo de avergonzarse.

"El mozo que bosteza, de ruindad o de pereza."

Bandera Negra fue el brazo armado del partido político Estat Català, fundada el 3 de mayo de 1925. Su nombre hacía referencia a la bandera negra que alzaron los defensores de Barcelona en 1714, señalando a las tropas borbónicas que lucharían hasta la muerte (aunque no lo hicieron). Eran pocos, pero se definieron como una "secreta hermandad catalana" dedicada a la "vía armada". Bandera Negra llevó a cabo el atentado contra el rey Alfonso XIII en las costas del Garraf y alguna otra acción armada con resonancia. La persecución que sufrió la organización a consecuencia de estas actividades, influirá de modo decisivo en la radicalización que experimenta el movimiento nacionalista catalán.

Terra Lliure fue una organización terrorista de ideología independentista catalana y socialista fundada en 1978. Cometió más de 200 atentados terroristas, cuyo balance asciende a 5 víctimas mortales (4 de ellas miembros de la organización) y varias decenas de heridos. Durante su existencia, las Fuerzas de Seguridad del Estado llegaron a detener a 300 personas vinculadas a la organización terrorista. Terra Lliure se disolvió en 1991, abandonando la lucha terrorista. Algunos de sus dirigentes y militantes ingresaron posteriormente en Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que les exigió la renuncia explícita al terrorismo como condición sine qua non para dicho ingreso. Los presos de la organización fueron saliendo de la cárcel tras ser indultados o cumplir condena.

El Parlament en pleno, bajo la batuta del president de la Generalidad, ha defendido a los terroristas de los CDR detenidos por la Guardia Civil en la "operación Judas". Uno de ellos mantuvo contacto directo con Torra, quien conocía los planes del grupo, que pretendía asaltar y ocupar el Parlament tras una oleada de bombas en infraestructuras de comunicación, torres de distribución eléctrica y antenas de telecomunicaciones y telefonía móvil.

La Guardia Civil ha encontrado termita y explosivos en manos de miembros de los Comités para la Defensa de la República. Los CDR han estado protegidos desde el poder de la Generalitat, pero el giro a la violencia armada de algunos de ellos podría enfrentar a los políticos indepes con los Mossos D'Esquadra, que tienen desde hace poco competencias antiterroristas.

Los policías catalanes aspiran a ser un cuerpo autosuficiente, al mismo rango que la Policía Nacional o la Guardia Civil. Actualmente el artículo 164 del Estatuto de Cataluña establece que corresponde a la Generalitat, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación estatal, la planificación y regulación del sistema de seguridad pública de Cataluña, la ordenación de las policías locales, la organización de la Policía de la Generalitat-Mossos d’Esquadra y la vigilancia del tráfico.

También dice que corresponde a la Generalitat el mando supremo de los Mossos d’Esquadra, si bien: "La Generalitat participa, mediante una Junta de Seguridad de composición paritaria entre la Generalitat y el Estado y presidida por el Presidente de la Generalitat, en la coordinación de las políticas de seguridad y de la actividad de los cuerpos policiales del Estado y de Cataluña, así como en el intercambio de información en el ámbito internacional y en las relaciones de colaboración y auxilio con las autoridades policiales de otros países. La Generalitat, de acuerdo con el Estado, estará presente en los grupos de trabajo de colaboración con las policías de otros países en que participe el Estado".

La Policía de la Generalitat tiene como ámbito de actuación el conjunto del territorio de Cataluña y ejerce todas las funciones propias de un cuerpo de policía, incluida la investigación de las diversas formas de crimen organizado y terrorismo.

La operación Pandora, por la que los Mossos d'Esquadra procedieron en 2.014 a la detención de sospechosos de estar vinculados a los "Grupos Anarquistas Coordinados", demostró entonces que la tradicional competencia en materia terrorista de la Policía Nacional y Guardia Civil ya no es exclusiva. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Audiencia Nacional, que finalmente archivó el caso, porque "pese a los diversos teléfonos intervenidos e informes de todo tipo que han sido recabados" no ha podido alcanzarse ningún indicio concluyente contra ellos.

El Gobierno de Pedro Sánchez estudia un modelo policial en Cataluña que supere el actual reparto de competencias que rige el trabajo de la Policía y los Mossos d’Esquadra, y que refuerce a la policía autonómica, entre otros, en la lucha contra el terrorismo. De este modo, los distintos cuerpos policiales actuarían conjuntamente en todas las materias propias de la función que entre todos desempeñan. Es un misterio saber si en estos tiempos el conseller de Interior tiene oficialmente competencias en terrorismo, que suelen ir unidas con el contraterrorismo.

En Cataluña hubo precedentes de acuerdos semisecretos para que ETA, por ejemplo, no actuase aquí, lo que indica que, con o sin servicios de inteligencia autonómicos, los políticos catalanes han tomado parte en negociaciones con terroristas. Y precisamente los que ejercen el mando de la policía autonómica.

Al margen de las competencias de los Mossos d'Esquadra, la lucha subterránea corresponde a las instituciones centrales del Estado, situados en planos superiores a cualquier cuerpo policial. Desde Moncloa hasta la Generalitat saben que, además de la acción policial legal, hay otros métodos de hacer frente al terrorismo que se emplearon y emplean.

No sabemos qué reparto de funciones policiales van a aplicar, pero sí sabemos que la acción exterior e interior de la Generalitat incluye que su policía tenga acceso a las bases de Interpol y Europol. La finalidad oculta de esta reivindicación es la de llevar a cabo la desconexión de los Mossos del conjunto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Ahora que los agentes de la Generalitat asumen sus competencias sobre el terrorismo y el crimen organizado, debemos recordar que los Mossos fueron los escoltas de la familia Pujol para evadir fondos a Andorra. Hay asuntos en los que la policía autonómica sigue sin darse por aludida, aunque los maletines o mochilas llenos de billetes de 500 sirvan para pagar mercancías o servicios fuera de la Ley. La financiación es algo esencial para el terrorismo organizado, por lo que es de temer que algunos extremistas puedan pasar a la extorsión unida a la acción armada.

La actual deriva del secesionismo contribuye a la desconfianza sobre la fiabilidad de los Mossos en materia terrorista. Como cuerpo policial, basan su trabajo en cumplir órdenes, y las reciben precisamente de los que dirigen a los trabucaires del separatismo en su estrategia de tomar las calles. Pronto de las amenazas pasaremos a los hechos, ante la total omisión de sus funciones de la policía catalana.

"Haz tu deber y no habrás de qué temer."

Los CDR (Comités para la Defensa de la República) están llevando a cabo sus acciones con total impunidad. Hasta ahora las acciones han consistido en cortes de carreteras y levantamiento de barreras en los peajes de las autopistas. Los Mossos d'Esquadra no reciben órdenes de actuar para impedirlo, y de ese modo los independentistas más radicales se están creciendo y ya amenazan con asaltar el Parlament.

El conseller de Interior, Miquel Buch, ha asegurado que "no le temblará el pulso" para tomar "las decisiones que correspondan" con aquellos agentes que se hayan "extralimitado", después de que Torra le ordenase que realice una purga entre los Mossos d'Esquadra que no sigan las instrucciones de la Generalitat.

El Sindicato de Policías de Cataluña, ante las amenazas contra la profesionalidad del cuerpo, han manifestado que "Buch, más que conseller de Interior, parece que es conseller de los CDR", y ha anunciado que tampoco dudarán en pedir su dimisión.

"El Gobierno no aceptará que se produzca cualquier dejación de funciones", ha asegurado el Presidente Sánchez, que no ha culpado a los Mossos, sino a la "injustificable inacción de los cargos políticos para dar órdenes de actuación". Los superiores de la policía autonómica aseguran que no hubo tal inacción, sino "proporcionalidad".

Los miembros de la policía catalana deben “jurar o prometer acatamiento a la Constitución como norma fundamental del Estado y al Estatuto de Autonomía como norma básica de Cataluña”, y la primera de sus funciones consiste en cumplir y hacer cumplir “la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la legislación vi­gente”.

Los Mossos no están sometidos a la “obediencia debida” a órdenes que “entrañen la ejecución de actos que manifiestamente constituyan delito o sean contrarios a la Constitución o las leyes”. Por si fuera poco, la ley establece que los Mossos deben actuar con “neutralidad política e imparcialidad”.

Pero Buch mantiene su actitud de amparar la impunidad de los CDR, pasándose por el forro la Ley y la propia opinión de la policía autonómica, cuya autoridad está poniendo en entredicho.

El superior de los Mossos d'Esquadra debería tener en cuenta que sus predecesores están siendo juzgados por las órdenes de no actuar dadas al cuerpo policial durante la consulta independentista orquestada por Puigdemont. La Fiscalía solicita once años de cárcel para Josep Lluís Trapero por un delito de rebelión y pide la misma pena para el ex director general de los Mossos, Pere Soler, y para el ex secretario general de Interior Cèsar Puig.

Según el Fiscal, Puig "alertaba de la actuación de los otros cuerpos policiales y facilitaba información a los impulsores del proceso"; Soler "daba cobertura y protección a las personas implicadas en la organización del referéndum", y Trapero "diseñó de forma deliberada unos mecanismos de actuación que impidieron que los agentes de los Mossos d'Esquadra pudieran cumplir con las instrucciones dadas".

Los tres estaban procesados en la Audiencia Nacional por delitos de sedición y organización criminal, pero el ministerio público ha decidido acusar por rebelión, como a los acusados del "procés" juzgados por el Tribunal Supremo.

El mismo mes de octubre de 2017, días después del referéndum de independencia de Cataluña, Trapero fue cesado por el Gobierno español en la plaza de la categoría de Mayor de la Escala Superior del Cuerpo de Mossos d'Esquadra, en aplicación del Artículo 155 de la Constitución Española.

Trapero ha rechazado volver a comandar el cuerpo policial, después de que Quim Torra y Miquel Buch se reunieran con él para ofrecerle volver a ejercer las funciones de jefe del cuerpo de los Mossos d'Esquadra.

Ahora su sucesor en el cargo deberá enfrentarse o con el Govern de la Generalitat o con la Justicia, porque una cosa es ser un servidor público y otra muy distinta ser un pistolero a sueldo de los insurrectos que gobiernan la Generalitat.