"CUERVO CON CUERVO, NO SE QUITAN LOS OJOS."

Bajo la presión incesante de los indepes, la Justicia de Pedro Sánchez y Dolores Delgado ha dictado sentencia sobre los procesados del "procés", valga la redundancia. Sin contradecir mi criterio en su día, la misma declara que "La Sala da por probada la existencia de violencia. Pero no basta la constatación de indiscutibles episodios de violencia para proclamar que los hechos integran un delito de rebelión."

Por tanto, dichos episodios de violencia relacionados con el "procés" independentista han sido calificados como sedición que, unida a la malversación, componen las condenas que los indepes quieren contestar con más actos de resistencia a las autoridades.

Los políticos que agitaron los desórdenes ven así castigadas sus acciones, y también el desvío de fondos públicos para sus propósitos. La malversación es un delito cometido por un funcionario o cargo público que sustrae o usa indebidamente recursos públicos en el desempeño de sus funciones. La condena del Supremo pone en evidencia a Rajoy y sus ministros que decían no tener conocimiento de dicha malversación.

El que mejor debía conocer a dónde iban los dineros de todos, Cristóbal Montoro, declaró en el juicio a los líderes independentistas que los funcionarios de su departamento no encontraron pagos de la Generalitat para el "procés". El en su día todopoderoso ministro de Hacienda desbarataba de ese modo la acusación de malversación de fondos para el referéndum ilegal.

Hacienda interpuso una denuncia ante la fiscalía del Tribunal de Cuentas contra el Govern destituido y las organizaciones ANC y Òmnium por la utilización de dinero público en el referéndum ilegal, pero tampoco Montoro aportó pruebas de malversación al Tribunal de Cuentas.

Al mismo juez Llarena le llamó la atención que el ministro de Hacienda asegurase que no se ha destinado ningún euro público a financiar el procés, y Montoro sigue sin explicar cómo de fiable fue su supervisión de las cuentas de la Generalitat. El fisco ha estado buscando facturas falsas pensando que ésa es la única manera de burlar la intervención. También obligaba a los bancos con cuentas corrientes de la Generalitat a certificar que ninguna transferencia iba a financiar actos del independentismo. A la vista está que las medidas de control fueron insuficientes, porque nadie sabe cómo, pero salió el dinero. También Rajoy y Sáenz de Santamaría declararon como Montoro que no tuvieron culpa de la situación producida en 2.017.

La declaración de Urkullu como testigo demuestra lo que ya se sabe aunque no se diga, ocultas componendas que explican también por qué el Gobierno Rajoy no llegó a tramitar la extradición de Puigdemont cuando fue a Dinamarca. Pese a que la Fiscalía dijo que iba a solicitar la euroorden, finalmente la Justicia decidió no cursarla y hacer como que no le constaba la localización del huído, anunciada a bombo y platillo con sobrada antelación.

Lo que llevó al fracaso a los populares es que no hicieron más que ignorar el "procés" mientras los indepes pretenden hacer suya la situación. Desestabilizando al gobierno a través de acciones orientadas a generar desorden esperan tomar poder. La partitocracia, sostenida sólo por la Prensa y la burocracia del régimen, está legitimada para hacerles frente, pero sigue actuando igual que siempre en esta nueva etapa de la política catalana.

La élite española no tiene empacho en acercarse al catalanismo de todo signo para negociar los dineros de la forma que lo han hecho toda la vida. Los demás políticos pasan el tiempo entretenidos por esta situación, de la que no pierden detalle ya que les va en ello la parte que puedan hacer suya. Los restos sin repartir del desvío de fondos insinuado pero no explicado por la Prensa, que los políticos se han reservado con la incuestionable ayuda de miembros de la judicatura.

Por eso los políticos indepes quieren un Poder Judicial catalán al que poder controlar también. Para ser impunes ante los Tribunales, como lo son todos los miembros de los gobiernos que hemos tenido hasta ahora, que han visto cómo en Cataluña se desviaban fondos a la corrupción, y lo han callado mientras también se estaban desviando fondos para el independentismo. Lo han callado porque también ellos tienen mucho que callar sobre malversación.

"El juez perverso, condena a la paloma y libra al cuervo."

La Unión Europea constata desde hace años que la Justicia española es poco eficiente, de escasa calidad y una de las menos independientes de Europa. 

Un ejemplo más de lo que desgraciadamente nos avergüenza, más aún por ser evitable si la voluntad del pueblo fuese mínimamente atendido por nuestros políticos. "Nuestros" aunque somos suyos para nuestra desgracia. La causa principal es que nuestro dinero también es suyo, y en lugar de beneficiar a todos, sólo enriquece a quienes lo administran.

“La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”: así proclama la Constitución Española la independencia del poder judicial y la separación de poderes que se supone en cualquier democracia desde Montesquieu.

Lejos de ser imparcial la justicia, está completamente gobernada por los partidos políticos. Se suele echar la culpa a la falta de medios de los juzgados y no a la falta de principios de los funcionarios.

La justicia vulnera el principio de seguridad jurídica debido a la costumbre de los jueces y magistrados españoles de hacer caso omiso del sistema de precedentes, y en su lugar improvisar "ad casum" los fundamentos jurídicos de sus sentencias. Así no hay manera de que se aplique el criterio del Tribunal Supremo, que por otro lado también dictamina en función de lo que le sugieren políticos y grandes empresarios, así como un Rey que es quien se encarga de repartir los sobornos.

La imagen de la Justicia española es lo único que preocupa a los gobernantes, ante la baja percepción que tienen los ciudadanos de su eficacia. En ese ámbito, la administración judicial cae al tercer puesto por la cola. Esta valoración no es fruto de una coyuntura concreta, sino producto de la una tendencia negativa que se prolonga en el tiempo.

La ineficacia de los jueces para resolver problemas es proverbial, y los asuntos se alargan en los Juzgados sin acabar nunca de ejecutarse, de modo que casi nadie confía en la Justicia cuando se la necesita. Para los jueces, cuanto menos acudan a ellos, menos trabajo que tendrán que resolver.

“Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi“ (“Justicia es la continua y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho”) es una cita de Ulpiano que permite afirmar tranquilamente que en España carecemos de un sistema judicial que aplique realmente justicia.

Esto debería ser causa de condenas por responsabilidad del Estado, que es la obligación de indemnizar y reparar los daños causados por culpa, negligencia o hecho ilícito de sus administraciones.

Lejos de la buena fe, los funcionarios se cubren de cualquier reclamación y encubren su mala administración. Sus jerarcas organizan todo de modo que cierren el paso a cualquier ciudadano víctima de sus errores, muchas veces intencionados.

Sin embargo, los encargados de decidir cuándo ha existido un error judicial son los mismos Tribunales, dirigidos por jueces corporativistas siempre dispuestos a encubrir al compañero.

No solamente son los jueces y magistrados los responsables de determinar la responsabilidad judicial, sino también la del legislador a quien deberían estar sometidos. Si una Ley se anula, los tribunales contencioso-administrativos deben indemnizar a los perjudicados. La sentencia del Tribunal Supremo de 13 de junio de 2000 establece que "por definición, la ley declarada inconstitucional encierra en si misma, como consecuencia más fuerte de la Constitución, el mandato de reparar los daños y perjuicios concretos y singulares que su aplicación pueda haber originado".

En un país en el que las distintas administraciones actúan unas contra otras y en el que los parlamentos autonómicos legislan en abierta contradicción con los órganos centrales del Estado serían infinitas las demandas cada vez que una ley o resolución perjudicial fuese anulada o declarada inconstitucional.

No digamos ya por incumplimiento de las Directivas comunitarias, que tienen efecto directo en España aunque nuestro gobierno las considere meras sugerencias que puede ignorar tranquilamente.

Derechos fundamentales son diariamente ignorados por las estructuras de la Administración responsables de daños causados por falta de servicio. Y aunque el Estado tendrá derecho a repetir en contra del funcionario que hubiere incurrido en falta personal, como he dicho antes se cubren las espaldas unos a otros en perjuicio del ciudadano.

Por poner un ejemplo, el Tribunal Supremo piensa revisar la sentencia que establece que deben ser los bancos, y no los clientes, quienes abonen el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados vinculado a las hipotecas, solamente un día después de dictar dicha resolución. Sin haber ejercido los recursos legales, los Bancos pretenden que el Supremo se retracte de una sentencia firme, cosa inaudita desde el punto de vista jurídico.

Una muestra más de que para la Justicia, como para el resto de administraciones públicas, no somos más que una molestia. También la misma Justicia es una triste molestia para los corruptos, que no le tienen miedo, y para los grupos de poder que la gobiernan, como al conjunto del país.