GUZMAN1

Mostrando entradas con la etiqueta Carmen Calvo. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Carmen Calvo. Mostrar todas las entradas

jueves, 16 de julio de 2020

"PLAGA", de HILARIO BARRERO.



Hoy los próceres de la patria exhiben su cinismo con un acto conmemorativo de sus víctimas, o de aquéllas cuya existencia reconocen. Con poco disimulo, el Gobierno apostó por el exterminio selectivo de población conocido como "inmunidad de rebaño", sin poner en marcha ninguna estrategia de contención del virus.

Desde el mes de enero se sabía ya que circulaba un virus altamente contagioso, y se prohibieron reuniones y otras actividades como un Congreso Evangélico, mientras se permitieron las fatídicas manifestaciones del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, con la colaboración de los sindicatos, que ese día habían convocado paros y huelgas políticas.

El ansia de notoriedad de todas las personalidades que apoyaron las manifestaciones y el retraso en declarar la alarma dispararon los contagios en la Comunidad de Madrid, foco principal de la epidemia.

La magistrada que investigó la causa contra el Delegado del Gobierno en Madrid que permitió el 8-M, le tomó declaración después de haber sido aleccionado por sus abogados gracias a la revelación del informe de la policía judicial, que el coronel Diego Pérez de los Cobos se negó a filtrar a sus superiores.

La causa se archivó provisionalmente y el ministro de Justicia lograba que sus fiscales y sus Abogados del Estado protegieran al Poder en contra del interés general de tantos ciudadanos damnificados por la gestión de la crisis del coronavirus.



No se han aplicado las enseñanzas de tantas epidemias como ha habido desde la mortífera Peste Negra que acabó con un tercio de los europeos. La plaga actual, como la peste, se transmite de persona a persona por contacto directo entre ellas, con objetos que hayan tocado, o a través de gotículas respiratorias suspendidas en el aire. 

No se informó preventivamente a la población de cómo evitar todo contacto directo con sudor, saliva o fluidos corporales infectados, ni qué precauciones debían tomar durante el contacto con pacientes posiblemente contagiados. Se requisaron las mascarillas de las farmacias hasta que el Gobierno dispuso de un stock suficiente para distribuir. No se observaron las prácticas de inhumación sin riesgos, hasta el plante de las funerarias a trabajar sin protección, que obligó a intervenir a la Unidad Militar de Emergencias.

Los primeros brotes llegaron sin garantizarse una vigilancia continua, y sin que el personal sanitario y la sociedad estuvieran informados de las experiencias de China e Italia a fin de diagnosticar y tratar rápidamente a los pacientes infectados. Sin identificar los factores de riesgo, confirmar el diagnóstico mediante pruebas de laboratorio y comunicar los resultados a las autoridades competentes, todas las Comunidades Autónomas tuvieron que improvisar por separado sus estrategias contra el virus.

La Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, responsable de coordinar la Administración Central del Estado con las autonomías y las autoridades europeas, no funcionó y en su lugar tomó el mando Fernando Simón, denunciado ante varios Juzgados por su reiterada negligencia y por desaconsejar las mascarillas cuando incluso un pañuelo o bufanda proporciona mejor protección que nada.




El personal sanitario se ha encontrado ante este nuevo patógeno sin que las autoridades les hayan provisto de medios y menos aún capacitarlos en materia de prevención y control de la infección. El personal expuesto a pacientes infectados, al igual que las personas que convivan con los pacientes, no fue testado ni atendido hasta presentar síntomas.

La Comisión Europea ha creado un comité científico formado por expertos de distintos Estados miembros, entre los que no se cuenta España. A pesar de ser uno de los países con más casos y porcentaje de muertes por coronavirus, este comité prefiere prescindir de nuestro asesoramiento sobre cómo afrontar esta enfermedad.

Levantado el estado de alarma, se han abierto las fronteras sin controles siquiera en los aeropuertos. Si se diera una guerra bacteriológica, no seríamos capaces de defendernos.

PSOE y Unidas Podemos han vetado la comparecencia en el Congreso de la presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, para exponer sus informes sobre la aplicación del estado de alarma ante la pandemia. El máximo órgano consultivo del Gobierno ha sido censurado por los que hablaban de transparencia y de democracia.




El letal hacinamiento de las residencias de mayores extendió la epidemia entre ancianos y sus celadores sin que ninguna Administración Pública enviase sanitarios para hacerse cargo de un asunto que excedía de los medios y conocimientos del personal geriátrico. Al final se hizo cargo el Ejército, que abrió investigaciones por si la culpa del abandono pudiera achacarse al personal de las residencias y no a la Administración sanitaria.

El Gobierno y algunas Comunidades autónomas pusieron en marcha prácticas ampliatorias de la eutanasia. Sin debate parlamentario para contraponer sus opiniones y sin profundizar en el dilema moral en cuestión, a los enfermos que no cabían en las UCIS se les condenó a la muerte digna.

La eutanasia directa es la provocación intencional del médico que busca la terminación de la vida del paciente, bien sea por suministrar directamente fármacos que causen la muerte, o bien sea por la omisión de tratamientos o medicamentos. La denegación de cuidados intensivos que Sanidad justificaba con el argumento de que sería un "tratamiento agresivo" lleva aparejada que al paciente se le suministren los llamados "cuidados paliativos", que no curan, pero ya no se consideran "agresivos" porque evitan la angustia y el dolor.

La eutanasia indirecta se verifica cuando el médico no puede asegurar si un paciente podrá resistir ciertos tratamientos y éste da su consentimiento informado y consciente.

Eutanasia voluntaria es aquella en la cual es el paciente quien toma la decisión o en su nombre familiares o terceras personas designadas en algún tipo de testamento vital. No es voluntaria en la actual crisis sanitaria cuando es un tercero (médicos, autoridades sanitarias) quien toma la decisión sin la voluntad del paciente, incluso descartando documentos de voluntades anticipadas que permitan dar tratamiento al paciente para su curación, aunque no para prorrogar artificialmente la vida.

La asistencia social, según el artículo 148 de la Constitución, es de las competencias cedidas a las comunidades autónomas, lo que no contradice el artículo 43 que reconoce el derecho a la protección de la salud y establece claramente que "Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios."

El Gobierno no puede descargarse de responsabilidades en materia de Salud Pública y coordinación de emergencias, cuando a diario sus representantes nos han estado "informando" de su gestión, y Defensa e Interior han ejercido mayores o menores responsabilidades.

Ni siquiera se dispone de un recuento fiable de fallecidos: la cifra oficial oscila de un día para otro y se acerca a los cincuenta mil, o más si cuadramos los datos de las defunciones inscritas en el Registro Civil, muchas más que las de años anteriores. Como a los más de diecinueve mil muertos en las residencias geriátricas no se les hizo ninguna prueba o test, "oficialmente" debieron morir por otras causas.

El Gobierno ha estado ocultando cifras y responsabilidades, pretendiendo que nos creamos que el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el vicepresidente Pablo Iglesias han gestionado bien un trabajo del que no tienen la menor idea. Nadie podrá devolvernos a los que hemos perdido, pero el Gobierno pretende además que afrontemos el rebrote con la misma actitud.



Todavía se aman a pesar de la plaga

y encuentran en la noche sus torsos alumbrados

sabiendo que la muerte les acecha celosa.

Tiemblan cuando desnudos se miran al cristal

y ven alguna mancha que oscurece su piel.

Con precaución celebran sus huesos arropados

y con certeza saben éste es tiempo de guerra.

Oficiando sus ojos un memorial de sombras

recuerdan tantos nombres que con pasión se amaron,

cuerpos llenos de fuego su coraza encendida

y que ahora rescatan del campo de batalla.




miércoles, 1 de mayo de 2019

"La dama más impoluta, si se descuida se vuelve puta."


El año pasado, la Dirección General de Trabajo admitió la constitución del sindicato denominado Organización de Trabajadoras Sexuales, considerando que reunía los requisitos previstos en la Ley de Libertad Sindical. El Gobierno impugnó esta decisión porque ampara una actividad ilícita, y la Ministra Valerio dijo que pediría explicaciones a su departamento tras el visto bueno a la constitución de un sindicato de prostitutas.

El sindicato OTRAS (Organización de Trabajadoras Sexuales) llegó a pedir la dimisión en bloque del Gobierno, y el PP exigió “una inmediata solución” ante lo que considera “incompetencia” y “falta de atención” del Ejecutivo. El partido popular defiende la abolición de la prostitución porque evidencia la desigualdad y la violencia contra las mujeres.

Ciudadanos, por su parte, mantiene en su programa electoral la legalización de la prostitución. Begona Villacis se ha manifestado contra las mafias que se lucran con la trata y explotación de mujeres, pero también contra lo que llama "prejuicios e hipocresía para regular la prostitución y proteger a quien la ejerza libremente". 

En la Audiencia Nacional consideran que la prostitución "no es un contrato válido de trabajo", y por esa razón han impedido la constitución del sindicato, dando la razón al Gobierno.

La Constitución de 1978, en su artículo 7, habla de "sindicatos de trabajadores", al decir que "contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios". L
a Audiencia Nacional alega que se daría lugar al proxenetismo en el caso de que las prostitutas fueran asalariadas, por lo que no las reconoce como trabajadoras, y sus intereses económicos y sociales vienen determinados por el ejercicio de una actividad ajena a la ley.

No siempre hay proxenetas, pero siempre hay trabajadoras sin derechos, que están bajo las órdenes de los empresarios que regentan hoteles, locales de masaje o clubs de alterne. La explotación no está sólo allí y en las calles, sino también en el cine porno, bailarinas y espectáculos en vivo, y donde haya alguien que ofrezca sexo por dinero, o viceversa.



Como argumento a favor de considerarlo un oficio, muchos repiten como si fuera cierto que es la profesión más antigua del mundo y tan digna como cualquier otra. Quienes dicen que la ejercen porque quieren no dejan de reconocer que otras son esclavas o lo hacen por necesidad. 

No deja de ser paradójico que a medida que las mujeres han conseguido mayor protección social, admitamos que en ciertos trabajos sí te puedan tocar el culo y mucho más. A las actrices de Hollywood que se han movilizado contra sus acosadores se les respeta, pero no ocurriría lo mismo si trabajaran en el cine X.

Para evitarse el debate sobre cuáles serían los derechos de las trabajadoras prostitutas, surgen los partidarios de legalizar lo prohibido, como si el problema se redujese a tener una licencia en orden. La esclavitud no es lícita por sólidas razones morales, que a algunos se les antojan tabúes que hay que romper.

Para tener la debida cobertura sanitaria, y un sindicato que atienda sus reclamaciones, considerar la prostitución como relación laboral parece ser su única vía. Sin embargo, hay otras plataformas para sus reivindicaciones y también se puede cotizar a la Seguridad Social como autónomo. Así que hay opciones para dedicarse a esta vida sin quedar en la marginación, pero no al alcance de todas.

Podemos decir que la abolición es una solución, pero no cómo erradicar esta actividad. Una cosa es aprobar una Ley de prohibición y otra poner a los funcionarios a perseguir a prostitutas, chaperos y burdeles. Hacer redadas sin despojar a las personas que dependen del lenocinio tampoco es tan sencillo. Así que lo que se plantea nuestro Estado protector es seguir tolerándolo para evitarse ayudas sociales, y si se tercia, cobrar impuestos. Sin olvidar las multas recaudatorias a los clientes de un negocio que hasta se anuncia en los periódicos serios.

jueves, 27 de septiembre de 2018

"NOTICIAS INMEJORABLES", de VICTORINO ABENTE Y LAGO.


El Tribunal de Justicia
Tiene mejor casa ahora,
Todos esperan el lógico
Efecto de la mejora


Mejora sobremanera
La escuela de agricultura
Donde se cultiva el tronco
De nuestra dicha futura.

Mejora nuestro tabaco
Con los grandes secaderos,
Que secarán el tabaco
De todos los cosecheros.


Mejora nuestra Aduana
Con los nuevos empleados,
Porque los creen mejores
Que los de días pasados.

Van a mejorar la campaña
Jefes y jueces mejores,
Los pasados fueron buenos,
Y estos serán superiores.



Mejora nuestro Intendente
Todo lo municipal,
Y hasta en mejorar se ocupa
Las fiestas del carnaval.


Mejora nuestro papel,
Mejora nuestro Congreso,
Y marchan nuestras mejoras
A la cumbre del progreso.

Como una prueba eminente
De que en todo hay mejoría,
Se dice que hasta mejora
El servicio del tranvía.


En medio de estas mejoras
Que nos darán mucho brillo,
Cuentan que no imperarán
Las mejoras del bolsillo.

No mejorará la farsa,
Menos la adulonería,
Ni el juego mejorará;
Que no es poca mejoría!

Tío Camándulas.