Pobre Satán! botado del escaño
del trono del Señor de las mercedes
tú que ablandar con lágrimas no puedes
el temple diamantino de tu daño.
Que no puedes llorar. Satán huraño,
preso del miedo único en las redes,
del miedo á la verdad, á que no cedes
pobre Satán, padre del desengaño!
Juan Carlos I se aupó y se sostuvo gracias a su colaboración con USA y cayó cuando se pusieron de manifiesto sus traiciones.
Así relata el coronel Juan Alberto Perote su paso por Italia para participar en un programa especial de adiestramiento castrense dirigido por la CIA: la red «Gladio: «En febrero de 1969 me incorporé a la Scuola d'Infanteria de Cesano, cerca de Roma, para realizar su famoso curso de «ardimento». La palabra ardito significa atrevido, y en aquel contexto definía al militar dispuesto a todo. Me convertí en el primer militar español admitido en tan selecto club y en el único alumno que no pertenecía a la OTAN. La CIA me consideraba miembro durmiente de la red stay behind (permanecer detrás), una estructura armada y secreta de la Alianza destinada a organizar actos partisanos y a la captación de nuevos adeptos en el caso de que Europa Occidental fuera ocupada por el Pacto de Varsovia. Desde entonces, lucí en mi guerrera el distintivo de aquel curso y, ahora que lo pienso, es una espada de gladiador: un gladio.»
Esta organización clandestina, íntimamente conectada con la OTAN, tiene en España, a través del SECED, y más tarde del CESID, una significativa actividad, especialmente durante la Transición. La ultraderecha italiana, controlada por sus servicios secretos y la CIA, actúa intensamente durante los años setenta y ochenta en nuestro país. Los crímenes del Batallón Vasco Español y después de los GAL, la matanza de Atocha y el golpe de Estado del 23-F, entre otros acontecimientos, tienen algún tipo de relación con «Gladio».
Las investigaciones del juez italiano Felice Casson sobre el atentado de Peteano de Sagredo, cometido en el norte de Italia el 31 de mayo de 1972, en el que mueren tres carabineros, conducen al descubrimiento de un «ejército duplicado» y clandestino, una especie de OTAN paralela, creado a mediados de los cincuenta, con una estructura controlada por los servicios de inteligencia norteamericanos. «Gladio», el nombre con el que se conoce la rama italiana de esta red secreta, se acaba empleando para denominar a toda la organización.
Pero en Bélgica, originariamente, adopta el nombre de «Red Retaguardia», y en Grecia, el de «Vellón», o «Piel de oveja». Durante la dictadura franquista, en España la red «Gladio» está coordinada desde el SECED.
En diciembre de 1969 explota una bomba en el Banco de Agricultura de piazza Fontana, en Milán, que causa 17 muertos y 90 heridos. La policía detiene a un anarquista, Pinelli, al que se quiere responsabilizar del atentado, y que cae desde un piso de la comisaría durante el tercer día de los interrogatorios. Diez años más tarde son condenados por los hechos dos fascistas y un miembro de los servicios secretos italianos.
En diciembre de 1970 hay un intento de golpe de Estado, encabezado por Valerio Borghese, que se refugia en España tras el fracaso de su plan. Tres años después se descubre un nuevo proyecto fascista de golpe de Estado, y en mayo de 1974 explota una bomba en Brescia, durante una manifestación sindical, que causa 8 muertos y un centenar de heridos. Tres meses más tarde, el 4 de agosto, explota una bomba en el tren Italicus, que causa 12 muertos y 45 heridos. La estrategia de la tensión auspiciada por la CIA continúa y en agosto de 1980 explota una nueva bomba en la sala de espera de segunda clase de la estación ferroviaria de Bolonia, que provoca 85 muertos y centenares de heridos.
En diciembre de 1984, otro artefacto, colocado en el tren 904 Nápoles-Milán, explota cuando el convoy atraviesa el túnel de los Apeninos y provoca 16 muertos y un centenar de heridos.
El 7 de noviembre de 1988, el escurridizo y turbio político italiano Giulio Andreotti admite ante el pleno del Legislativo italiano que «Gladio» siempre tuvo el apoyo financiero y político de los gobiernos norteamericano, italiano, español, británico y francés. La conmoción provocada por el descubrimiento de la red aumenta tras las declaraciones del entonces ministro de Defensa belga, Guy Coeme, como: «Gladio es una organización secreta, enraizada en los servicios de información militares, que ha actuado coordinadamente en toda Europa».
Las declaraciones de André Moyen, funcionario de los servicios secretos belgas, a los medios de comunicación vienen a confirmar que, a partir de la década de los sesenta: «Los servicios españoles han jugado un papel de faro en el reclutamiento de agentes y en el suministro de información y material para la acción de los servicios paralelos».
En un informe titulado «La CIA conspira en España», de enero de 1984, del que se publican algunos extractos en la prensa española6 , se da a conocerla información descubierta en Atenas por un colectivo del PASOK (Movimiento Socialista Panhelénico) griego sobre los «Planes opcionales para España» y sobre la Operación Transición. En el informe se señala que la mayoría de las actuaciones de los servicios de información norteamericanos en los países del Mediterráneo están coordinadas desde la estación de la CIA en Italia y una de sus principales bases es la embajada estadounidense de Madrid.
Según el ex coronel italiano Alberto Bolo, durante los años setenta, la red «Gladio» dispone de un campo de entrenamiento militar en Maspalomas, a 70 kilómetros de Las Palmas de Gran Canaria. Bolo, que forma parte de la red controlada por la CIA hasta 1976, declara al programa de TVE Informe Semanal, en noviembre de 1990, que cuando él se dirigía a Maspalomas, hacía escala en Barcelona, donde le recogían militares españoles en un vehículo del Ejército. También afirma que asistían a los cursos de instrucción de la base situada en Canarias alrededor de quinientos individuos, algunos españoles y casi todos los demás europeos. En el programa televisivo explica, además, que los «gladios» no estaban seleccionados por su capacidad física o sus conocimientos militares. Eran personas que sabían varios idiomas y su labor debía ser más informativa que operativa. A raíz de estas declaraciones de Bolo, el secretario general de la OTAN, Manfred Woerner, declara en Budapest que «Gladio» es un «secreto oficial». Al mismo tiempo, el Gobierno de Bélgica ordena disolver la red y estudiar sus implicaciones en atentados de la extrema derecha cometidos durante la década de los ochenta.
Durante los últimos años de la dictadura y a lo largo de toda la Transición, España se convierte en refugio de ultraderechistas italianos, que aquí disfrutan de protección policial y capacidad operativa para organizar con tranquilidad sus atentados. Cómodamente asentados en Madrid, trabajan para la Policía española y no cesan de cometer acciones criminales en su país de origen. Tras fugarse de su país, los neofascistas italianos llegan primero a Barcelona y después a Madrid. Los primeros que les apoyan son los falangistas Alberto Royuela y Luis Antonio García Rodríguez, y otros miembros de la Guardia de Franco. La colaboración del principal cabecilla del grupo, Stefano della Chiae, con los servicios de información dirigidos por el teniente coronel San Martín y con el comisario general de Información Roberto Conesa queda acreditada por numerosas informaciones judiciales.
Las investigaciones del juez italiano Pier LuigiVigna desvelan el poder de la trama italiana ultra en la España de los años setenta: «Los servicios secretos españoles utilizaron a exponentes radicales y violentos de los grupos italianos en las provocaciones ultras de los primeros años de la Transición. Policías de la entonces Brigada Político-Social de Madrid frecuentaban la pizzería El Appuntamento, donde se reunían los italianos, buscando mercenarios para llevar a cabo provocaciones y atentados ultras».
Mario Pvicci, Pier Luigi Concutelli, Mario Tuti, Elio Massagrande, Cario Cicuttini y muchos otros se convierten en confidentes y colaboradores de los servicios de seguridad españoles. Comienzan a intensificar sus acciones en los tiempos en que Manuel Fraga es ministro de la Gobernación.
Su intervención en la guerra sucia contra ETA es muy importante y la colaboración de algunos de ellos con la Policía española se prolonga hasta mediados de los ochenta, en la época de los atentados de los GAL. Lo mismo que la de antiguos miembros de la OAS, como Jean-Pierre Cherid, que muere el 19 de marzo de 1984, en Biarritz, al explotarle el artefacto que manipula para atentar contra un etarra. La familia del mercenario llega a reclamar una pensión al Ministerio del Interior, y la solicitud se hace por medio de un conocido policía en excedencia: José Antonio González Pacheco, «Billy El Niño».
Otro capítulo especialmente turbio de la Transición española es la matanza de los abogados laboralistas de la calle de Atocha. En esa ocasión, como en tantas otras, se da carpetazo al asunto sin descubrir quién hay detrás de los autores materiales del atentado, con capacidad real para auspiciar tan terrible atentado. También queda sin aclarar cuál es el origen de las armas empleadas y si algún ultra italiano participa en los hechos. Los abogados supervivientes sólo recuerdan haber visto a dos asesinos, los españoles García Julia y Fernández Cerra, y se acredita que en el descansillo les esperaba Fernando Lerdo de Tejada, pero es posible que fuera del despacho hubiera alguien más.
Declaraciones del ultraderechista italiano arrepentido Calore llevan, en 1982, a la detención del militante de Avanguardia Nacionale (el cabecilla era Della Chiae, que estuvo en Montejurra y en numerosos episodios de la Transición), cuyas confesiones arrojan luz sobre la implicación de los italianos en las tramas negras de la Transición española. Uno 8 El domingo 9 de mayo de 1976, grupos ultraderechistas irrumpen en la concentración carlista de Montejurra (Navarra) y asesinan a Aniano Jiménez Santos y Ricardo García Pellejera. Entre los agresores hay fascistas italianos refugiados en España, como Augusto Cauchi o Stefano della Chiae. 53 de los elementos clave es Cario Cicuttini Filiputti, peligroso ultraderechista que continúa viviendo en España y estuvo casado con la hija del general Fontanals Armengol, un militar vinculado durante años a los servicios de información. Las pruebas periciales de balística, realizadas por expertos policiales, no son concluyentes para determinar el origen de los proyectiles utilizados en la matanza de Atocha. Los abogados supervivientes hablan de que Fernández Cerra llevaba un «pistolón», que disparaba con gran rapidez, lo que encaja con la teoría de que el arma utilizada era un subfusil Ingram Marietta que había pertenecido a la Policía española y que formaba parte de un lote que fue desviado por los servicios de información de Carrero hacia la ultraderecha italiana. Con una de las mariettas de esa partida asesinó el ultra Pier Luigi Concutelli al juez italiano Vittorio Occorsio el 10 de julio de 1976. El inspector de policía Juan José Medina sostiene que «las pruebas periciales que practicó la policía científica sobre las armas de Atocha se hizo sólo con las municiones, con las balas obtenidas, nunca con las armas, pero en cierto momento el informe dice que la cadencia de disparo no puede pertenecer a una pistola normal, sino que debía ser un arma ametralladora y de las características de la Ingram Marietta, puesto que la munición era también de 9 milímetros Parabellum». Continúa el inspector Medina: Tuvimos poca colaboración y nos resultó muy difícil hilvanar la investigación, pero los ultras italianos de la época aparecieron en todos los hechos de aquellas mismas características que se produjeron en España. Además, nosotros tuvimos constatación oficial, por un funcionario de policía, de su conexión con lo de Atocha. Pero la verdad es que no lo sabremos con exactitud, al menos yo. Nosotros fuimos apartados de una forma brusca y violenta, no sólo de esa investigación concreta sino también de algunas otras. Casi todas ellas relacionadas con el mismo entorno. De pronto parece ser que en el Ministerio del Interior se despertó una especie de conciencia de no acosar a nadie. Se nos debería haber avisado antes de hasta dónde se querían llevar las investigaciones. Yo ya tenía previsto un viaje a Italia para entrevistarme con el juez Vigna, que llevaba la investigación de la muerte del juez Occorsio. Aquellos eran unos años muy difíciles de la lucha contra ETA y el gobierno socialista trataba de no hacer lo mismo que había hecho el gobierno anterior, pero quizá se veía obligado por el mismo sistema a continuar determinadas acciones y lo que menos le interesaba en ese momento, posiblemente, era destapar una trama más amplia en la cual hubiera implicado algún otro funcionario o alguna otra instancia.
Es el año 1983, con el PSOE ya en el poder y José Barrionuevo y Rafael Vera en el Ministerio del Interior. Bajo las órdenes del subcomisario Mariano Baniandrés, jefe de la entonces llamada Brigada Antigolpe, el inspector Medina sigue la «pista de las mariettas». Ambos son cesados antes de que puedan concluir su investigación, pero llegan a reconstruir el itinerario de las tres mariettas. Eran subfusiles Ingram, modelo M-19, de 9 milímetros Parabellum, pertenecientes al Servicio Central de Documentación de la Presidencia del Gobierno, entonces dirigido por el coronel Andrés Cassinello Pérez. Las mariettas han sido compradas por la Policía española a la fábrica Military Armament Corporation, de Atlanta (Estados Unidos). El inspector Medina es destituido justo cuando va a viajar a Roma para mostrarle a Concutelli fotos de varios miembros del SECED, con la intención de que el ultraderechista reconozca a la persona que le ha dado el arma. Los jueces Pier Luigi Vigna, de Florencia, y Alberto Macchia, de Roma, dedicados durante años a investigar la subversión fascista italiana y sus conexiones con el extranjero, declararon al diario Il Messaggero que, a partir de las declaraciones de un terrorista italiano arrepentido, que está colaborando con la justicia, han llegado a la conclusión de que un neofascista italiano ha participado en el ametrallamiento al grupo de abogados de la calle de Atocha el 24 de enero de 1977. Y recuerdan que las autoridades españolas nunca han respondido a los magistrados italianos cuando éstos han preguntado «cómo se explica que el jefe militar de Ordine Nuovo, Pier Luigi Concutelli, tuviera en su poder, al ser detenido en Roma, la metralleta Ingram M-10, conocida como marietta, el mismo tipo de arma que sirvió para asesinar a los abogados españoles».
El 10 de octubre de 1991, el Tribunal Civil y Penal de Venecia hace pública la sentencia del procedimiento penal 1/89 contra los jefes de los servicios secretos italianos Fulvio Martini y Paolo Incerilli. En la sentencia del magistrado Felice Casson se señala: «La organización Gladio tuvo su origen en 1956 en un acuerdo entre el servicio secreto militar italiano (SIFAR) y el estadounidense (CIA)». Efectivamente, a partir de ese momento los servicios de inteligencia de ambos países se coordinan para emprender operaciones subversivas a fin de que el proyecto comunista italiano jamás llegue a ganar unas elecciones generales.
La «guerra sucia» y la tensión terrorista, reconocidos ante los medios de comunicación por el entonces presidente de la República italiana, Francesco Cossiga y por la sentencia, que dice más adelante: «No hay duda de que la creación y la actividad de Gladio tuvieron relevancia política y comportaron "cargas financieras" para el Estado italiano, además de "modificaciones", por no decir violaciones de las leyes ordinarias, como aquellas en materia de introducción y transporte de armas y explosivos». Es consciente de todo esto el abogado del Estado que, en fecha 7 de enero de 1991, requiere la opinión del presidente del Consejo de Ministros sobre el complejo clandestino denominado «Stay Behind» (restare indietro, «quedar detrás»). La sentencia concluye que: «El acuerdo del 28 de noviembre de 1956, alcanzado entre los servicios de información italianos y estadounidenses para la creación de la organización clandestina, no es un tratado internacional sino que forma parte de la ejecución y actuación del tratado OTAN aprobado por la ley n.° 465/49».
En el proceso de «estrategia de la tensión» desarrollado en Italia durante varias décadas aparece implicada una larga lista de militares y altos miembros de los servicios secretos. Varios de ellos llegan a ser procesados por actividades terroristas, como los generales De Lorenzo y Miceli.
Una bomba de aire-combustible consiste en un contenedor de un líquido volátil o gas a alta presión que revienta y produce la dispersión del combustible en una nube que se mezcla con el oxígeno de la atmósfera. Entonces detona la carga que propagará la explosión por toda la nube de combustible.
Ya usados en la Segunda Guerra Mundial, se habrían desarrollado en la década de 1960 para ser empleados por los Estados Unidos durante la guerra de Vietnam, para destruir la red de túneles del Viet Cong, "despejar" zonas de jungla para el aterrizaje de helicópteros y "limpiar" campos minados. Las bombas aire-combustible ciertamente existen en la literatura publicada en inglés, ya a mediados de la década de 1970.
Pueden provocar daños internos y asfixia en las personas que hayan quedado fuera de la zona de mayor efecto de la explosión; por ejemplo, en galerías o túneles profundos, a consecuencia de la onda explosiva, el calor y la subsiguiente extracción del aire debida al vacío. Algunos de los combustibles empleados, tales como el óxido de etileno y el óxido de propileno, son altamente tóxicos, por lo que son letales aunque falle su ignición.
El 11 de julio de 1978, un camión cisterna sobrecargado de propileno explotó frente al camping de Los Alfaques situado en el municipio de Alcanar, comarca del Montsiá en la provincia de Tarragona desatando una devastadora deflagración cuyo resultado fue de 243 fallecidos y más de 300 heridos graves. La cisterna tenía una capacidad aproximada de 45 metros cúbicos y una capacidad legal máxima de 19,35 toneladas de carga de 8 bar (unas 8 atmósferas). Sin embargo, la cisterna de acero no disponía de ningún sistema de alivio de presión y su capacidad fue sobrepasada con creces.
Una explosión cuyo empuje partió al camión en dos, proyectando sus mitades en direcciones opuestas a lo largo de cientos de metros hizo que una bola de fuego cubriese en un instante la mayor parte del cámping de los Alfaques, afectando a muchos de los veraneantes que estaban allí. Además, las altas temperaturas de más de 2000 °C hicieron que la gran cantidad de bombonas de gas que había en el propio campamento se inflamaran, sumándose al incendio de la explosión. Según los testigos presenciales, la temperatura en la zona fue tan alta que hizo hervir el agua de la orilla del mar hacia donde huían las víctimas.
Fallecieron 158 personas en el acto, incluido el conductor del camión. Los periódicos divulgaron que la tragedia duró aproximadamente 45 minutos, desde la explosión a la llegada de las ambulancias y otras unidades de emergencia. Mientras tanto los veraneantes y una gran cantidad de residentes locales, ya trasladaban los afectados a centros médicos en sus propios coches o autocaravanas. La Guardia Civil y el ejército recorrieron el campamento arrasado buscando supervivientes.
En 1982 se determinó la responsabilidad de las empresas "Cisternas Reunidas" y "Enpetrol", acusadas de imprudencia temeraria y sentenciadas al encarcelamiento por un año de sus directivos. En subsecuente acción civil, se las obligó a pagar compensaciones por un total de 2.200 millones de pesetas.
Puede ocurrir una explosión aire-combustible accidentalmente a consecuencia de una Explosión de Vapor en Expansión por Líquido en Ebullición (BLEVE), como determinaron los Tribunales en aquel caso. Pero pudo ser uno de los "experimentos" que Juan Carlos autorizó en sus pactos con los norteamericanos, lo que explica que España fué pionera de este tipo de armas, junto con USA, de las que resultan las bombas termobáricas, las cuales son tan potentes y la temperatura que desarrollan tan elevada, que han sido prohibidas por la Convención de Ginebra.
En 1981 hubo otro affaire del Borbón, el del 23-F.
No se habla de ello porque el sumario del juicio militar del 23-F nunca ha sido público. No se pueden leer ni los testimonios de los cientos de militares que declararon ni las conclusiones de los fiscales militares. No fue solo un golpe militar de Tejero, Armada, Milans del Bosch, Cortina, etc. "detenidos" por el rey Juan Carlos I, los generales Gabeiras, Quintana Lacaci, etc.
Pero nunca aparecen Villar Mir, Luis María Anson o López Rodó. Empresarios, periodistas y exministros, no militares. Tampoco los intentos golpistas posteriores enterrados por la democracia: como el de Ynestrillas en 1982 o el De Meer en el 85.
Lo organiza la Transición Paralela que es un grupo de empresarios, políticos y militares conservadores que se confabulan a partir de 1977 para deponer a Adolfo Suárez y especialmente para modificar el proceso de democratización.
Se ponen en marcha varios planes para deponer a Suárez: Plan A, Gregorio López Bravo, que fracasa; en 1978-79 que López Bravo fuera elegido vicepresidente y que desde ahí pudiera sustituir a Suárez. Pero el mismo 23-F se elegía a su vicepresidente Calvo Sotelo, y en esa fecha se decide que se revierta en parte el proceso con un Gobierno encabezado por un militar y la figura elegida es Armada.
El sumario secreto contiene la declaración de Milans del Bosch: El teniente general explica que tras una llamada de Armada se pone en contacto con todos las capitanías que salvo la de Canarias le dan el visto bueno. Lo menos conocido es que el teniente general Jaime Milans del Bosch, capitán general de Valencia y el único que sacó esa noche los tanques a la calle, no estaba tan solo; que el jefe del ejército, el teniente general Gabeiras pintaba poco, y que el mayor conspirador de todos, el general de división Alfonso Armada, sí que habría contado con el apoyo de La Zarzuela.
Anson y López Rodó pondrían en marcha la Solución Armada que era el verdadero golpe Así comenzó todo: primero hubo varias intentonas de golpe de Estado, como la operación Galaxia, esa primera conspiración del propio Tejero.
Solo la operación golpe de Timón se puso en marcha con la denominada Solución Armada, que tenía un amigo íntimo, hasta el punto de ser su confidente en La Zarzuela, correligionario, ambos del Opus Dei, que no era otro que López Ródó.
Si se quería parecer a algo en un comienzo era como planteó el periodista Anson en 1979: "Una situacion de excepción que pareciese un golpe de Estado. Igual que De Gaulle lo logró en 1958 en Francia". Es decir, un cambio constitucional con un presidente del Gobierno de concentración y militar que pudiera revertir, por ejemplo, las autonomías que era una de las cuestiones por las que el mismo Milans del Bosch se habría sumado a los conspiradores. Al mismo tiempo se plantea una variante pseudoconstitucional que consistía en llevar a Armada a la presidencia del Gobierno a través de un golpe de Estado.
La primera variante se trunca cuando Suárez dimite, lo que imposibilita una moción de censura. Se forman una serie de contactos para ver si el Rey propone a Armada como presidente del Gobierno, pero también fracasan y es entonces cuando empieza a cristalizar la variante golpista. Un golpe que Armada reconduzca para proponerse a los diputados como presidente del Gobierno.
Vamos, una conspiración de altas esferas en las que La Zarzuela al menos habría tenido conocimiento. Lo que ocurrió es que fue la última variante de la Solución Armada, la golpista, y no otra, la que salió adelante. Es en la que siempre declaró haber participado Jaime Milans del Bosch, el militar de mayor prestigio de todo el ejército en ese momento. El entorno familiar del militar es muy claro con El Confidencial: “Jaime actuaba pensando siempre que el rey estaba detrás y de hecho se decía en las reuniones familiares que habló con él por teléfono esa noche y que tenía las grabaciones. Lo que era absolutamente inverosímil es que actuara nunca a espaldas del rey Juan Carlos porque le apoyaba sin fisuras y el honor era lo más importante para él". Lo mismo ocurre con el del general Armada, aunque este “protegiera al Rey una vez que todo fracasó”.
Armada y Milans pertenecen no solo a lo más alto del estamento militar, sino que además son ricos y de la nobleza. La suegra de Milans por ejemplo es la dueña de La Moraleja, habían sido monárquicos 'donjuanistas', pero esa trama no pinta nada ya en el 23-F. Es decir, estamos ante lo más respetado del ejército. Milans incluso tiene medallas por acción en combate.
Anson es un personaje difuso, muy amigo de Armada, de hecho este último mete a a Anson en la revista 'Reconquista' y a partir de ese momento aprovechan una nueva conspiración en marcha que es la de Tejero que está obsesionado con tomar el Congreso de los Diputados deciden intervenirlo y ahí es donde interviene el famoso comandante Cortina del CESID, que desde 1977 están en contacto con esos miembros de la Transición Paralela.
El coronel Monzón Altolaguirre, uno de los hombres del coronel San Martín en el Seced, y otros del servicio le están enviando informes a Gutiérrez Mellado y le dice que van por mal camino y especialmente desde la legalización del PCE. Es decir, que aprovechan la conspiración de Tejero para llevar a Armada al Gobierno y ahí colabora Milans del Bosch porque este último había hablado previamente con él. La labor de Milans era crucial porque una vez que se tomase el Congreso, si el teniente general sacaba los tanques a la calle, tenía que convencer al resto de que hicieran lo mismo y, una vez que estuvieran en la cúspide, la JUJEM como cabeza del ejército permitiría a Armada que se propusiera como presidente del Gobierno.
El Jefe del ejército de tierra, Gabeiras sabe desde el día 16 de febrero, cuando se reúne en casa de Armada con Mondéjar, lo que pretende Tejero, excepto que haría una cosa que le han dicho que no haga: que sus Guardias Civiles disparen aunque sea al techo. El resto de las capitanías generales no golpistas están plenamente al tanto de la Solución Armada y la apoyan en tanto y cuanto Zarzuela diera su visto bueno que, tal y como declararían Milans y otros, lo hace.
Una vez que los guardias civiles de Tejero disparan, el plan tal y como se había propuesto queda congelado entre las seis de la tarde más o menos y las 11 de la noche. Tras hablar Armada con Zarzuela, se le autoriza a ir al Congreso a proponerse como presidente del Gobierno. Es cuando el Rey y Sabino Fernández Campo hablan con Gabeiras y con Armada, y dan el visto bueno.
Tejero es quien no acepta que Armada hable con los diputados cuando este le enseña la lista con el Gobierno de concentración. En ese momento, Tejero que se da cuenta que le han engañado, porque él pensaba en una junta militar se cierra en banda. Por otra parte la JUJEM con Gabeiras al frente, no van a permitir otra solución que no sea la de Armada y es en ese momento cuando el Rey habla por televisión, a la 01:00 de la madrugada. Quintana Lacaci obedece las órdenes del Rey y aquieta a la acorazada Brunete paralizando todo en Madrid. El golpe fracasa por la obstinación de Tejero, que se rinde la mañana siguiente.
Tres meses más tarde se manifiesta la intoxicación alimentaria más devastadora en la historia europea moderna: el caso del "aceite de colza", que causó más de 1.000 muertos y más de 25.000 heridos graves, muchos de los cuales quedaron permanentemente discapacitados. Fue la primera vez que intereses multinacionales lograron lograr un encubrimiento importante en la ciencia internacional.
Se considera oficialmente que la epidemia comenzó el 1 de mayo de 1981, cuando un niño de ocho años, Jaime Vaquero García, enfermó repentinamente y murió en brazos de su madre camino al hospital infantil La Paz en Madrid. Al enterarse de que sus cinco hermanos y hermanas también estaban enfermos, los médicos los llevaron a todos y pusieron a una de las niñas en cuidados intensivos. Los otros cuatro niños fueron trasladados al Hospital del Rey, la prestigiosa clínica de enfermedades infecciosas de Madrid, donde los médicos comenzaron a tratarlos por una "neumonía atípica".
Cuando el director, el doctor Antonio Muro y Fernández-Cavada, llegó al trabajo a la mañana siguiente, se alarmó cuando le dijeron que estos nuevos pacientes estaban siendo tratados por neumonía. Dio una reprimenda a su personal; Desde el punto de vista médico, era imposible que seis miembros de una familia sufrieran los mismos síntomas de neumonía al mismo tiempo.
La familia Vaquero resultó ser simplemente la primera de muchas. Los afectados parecían ser principalmente mujeres y niños. Los síntomas iniciales eran parecidos a los de la gripe: fiebre y dificultad para respirar, vómitos y náuseas, aunque los pacientes pronto desarrollaron un edema pulmonar (acumulación de líquido en los pulmones), erupciones cutáneas y dolores musculares.
La epidemia fue noticia nacional. Al cabo de unos días, Muro declaró a los medios que creía que se debía a una intoxicación alimentaria y reunió a familiares de los afectados por la misteriosa enfermedad para que averiguaran exactamente qué pudieron haber comido las víctimas y qué es posible que ellos, los miembros de la familia no afectados, no hayan comido. En media hora tuvieron la respuesta: ensaladas.
El 12 de mayo, el doctor Ángel Peralta, jefe del servicio de endocrinología del hospital de La Paz, señaló en un artículo periodístico que los síntomas de la enfermedad se explicaban mejor por "una intoxicación por organofosforados". Al día siguiente, recibió una llamada telefónica del Ministerio de Sanidad, ordenándole que no dijera nada sobre la epidemia y, menos aún, sobre el envenenamiento por organofosforados.
Ese mismo día, Muro invitó a funcionarios del Ministerio de Sanidad al Hospital del Rey. El día 13 de mayo de 1981, dado que había seguido la pista de la enfermedad y había logrado dar con la red de distribución del producto venenoso, notificó a los doctores Munuera y Cañada -subdirector general de programas de Sanidad- dónde exactamente iban a aparecer nuevos casos de afectados al día siguiente, con especificación de poblaciones y de calles. Muro dedujo que los alimentos contaminados se vendían en los mercadillos semanales locales que se instalaban en diferentes ciudades en diferentes días.
Al día siguiente, 14 de mayo, aparecieron efectiva y puntualmente estos nuevos afectados en las poblaciones y en las calles indicadas por el Dr. Muro. Pero en vez de que ello sirviera para que el Ministerio de Sanidad se decidiera por hacerle caso, sirvió para todo lo contrario: al día siguiente, 15 de mayo, un telegrama del Ministerio de repente le informaba que había sido relevado de sus funciones como director del hospital, con efecto inmediato.
Su despido le permitió al menos realizar sus propias investigaciones de los mercadillos y notó la popularidad y el bajo costo de los recipientes de plástico grandes y sin etiqueta con aceite de cocina. Inmediatamente, él y sus compañeros, uno de los cuales era el doctor Vicente Granero More, se dirigieron a las casas de las familias afectadas y retiraron los envases de aceite que habían estado utilizando cuando enfermaron. Los etiquetaron cuidadosamente, enviaron muestras de cada uno al laboratorio principal del gobierno en Majadahonda, en las afueras de Madrid, y esperaron los resultados.
Finalmente el Dr. Juan Tabuenca Oliver, director del Hospital Infantil de Niño Jesús, dijo al gobierno que había encontrado la causa de la epidemia, preguntando a 210 de los niños bajo su cuidado si todos consumieron aceite de colza. Después de algunas vacilaciones iniciales, el gobierno aceptó su teoría. El 10 de junio, se hizo un anuncio oficial en la televisión nocturna, informando al público que la epidemia fue causada por aceite de colza contaminado. Casi de inmediato el pánico disminuyó. Los hospitales siguieron llenos de víctimas, pero los nuevos ingresos disminuyeron drásticamente. La situación parecía, al menos, bajo control.
Sin embargo, Muro y sus colegas observaron el anuncio del gobierno con incredulidad. El día anterior, el 9 de junio, habían obtenido los resultados de las pruebas con sus propias muestras de aceite, precisas. Estos demostraron que, aunque ninguno era el aceite de oliva puro que el vendedor había afirmado que era, casi todos los aceites tenían componentes diferentes. Obviamente, tal variedad de aceites no podría explicar una enfermedad específica.
Para proteger el sector del aceite de oliva, el gobierno español sólo autorizaba importar el aceite de colza, mucho más barato, para uso industrial. Para que no fuese comestible los exportadores añadían anilina y la enfermedad se atribuyó a una intoxicación por este colorante.
Tres semanas después del anuncio televisivo, el Ministerio de Sanidad permitió a las familias entregar su aceite supuestamente contaminado y lo reemplazó por aceite de oliva puro. La mayor parte del aceite que supuestamente causó la epidemia nunca estuvo disponible para análisis científicos posteriores. La reacción instintiva de la mayoría de las familias, al enterarse de que era el culpable de la enfermedad, había sido simplemente tirarlo a la basura.
Sin embargo, en 1983 se convocó una conferencia internacional en Madrid bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Salud (OMS). A pesar de las reservas de muchos científicos presentes, la epidemia se denominó oficialmente síndrome del aceite tóxico.
El proceso contra los comercializadores comenzó en marzo de 1987. En 1989, al final del juicio que duró dos años, los propios jueces subrayaron que la toxina contenida en el aceite era "todavía desconocida". Esta dificultad un tanto fundamental no les impidió imponer largas penas de prisión a los comerciantes de aceite desnaturalizado, que fueron condenados por causar la epidemia.
Después de años de informes mediáticos unilaterales, la noción de la epidemia del "aceite de colza" quedó firmemente arraigada en la conciencia pública. Nadie dudaba de las conclusiones científicas oficiales, sobre todo porque fueron aceptadas por la OMS.
Después de la conferencia de Madrid de 1983, el gobierno español reclutó a algunos de los principales epidemiólogos del país para encabezar una nueva comisión de investigación. Entre los elegidos se encontraban el Dr. Javier Martínez Ruiz y la Dra. María Clavera Ortiz, un equipo formado por marido y mujer de Barcelona.
Martínez observó el patrón de admisiones a los hospitales y se dio cuenta de que la epidemia había alcanzado su punto máximo a finales de mayo. La curva de incidencia bajó al menos 10 días antes de la emisión del gobierno del 10 de junio y aproximadamente un mes antes de la retirada del aceite. Mientras tanto, su esposa se dio cuenta de que se vendían grandes cantidades de aceite en regiones (especialmente en Cataluña) donde no había habido ni un solo caso de enfermedad.
Y posteriormente se enteraron de que el gobierno ya era plenamente consciente de ello. En el momento de la epidemia, el gobierno había creado un nuevo puesto de secretario de Estado para Asuntos del Consumidor a nivel ministerial. Para este nombramiento fue elegido un abogado y economista en ascenso, Enrique Martínez de Genique.
Genique había elaborado mapas de la distribución del aceite y del patrón de enfermedades, y constató que no había correlación entre ambos y, por tanto, que el aceite no era la causa de la epidemia. Después de presentar sus hallazgos al Ministerio de Salud, fue despedido de su puesto en el gobierno y pronto Martínez y Clavera también fueron despedidos. Como esto no evitó la posibilidad de que la comisión llegara a conclusiones inconvenientes, pronto se cerró por completo.
Las estadísticas de la epidemia coincidían en que los que habían utilizado el aceite, se añadían a la lista oficial; si no, sus nombres eran excluidos. Sin embargo, el Ministerio de Salud había hecho saber que sólo aquellos cuyos nombres aparecieran en la lista oficial calificarían para recibir una compensación del gobierno, por lo que había un claro incentivo para que los afectados dijeran que habían usado el aceite. Acontecimientos como este reforzaron artificialmente la posición del gobierno e hicieron casi imposible producir una evaluación precisa de la epidemia.
El FIS, la agencia gubernamental responsable del síndrome del aceite tóxico, se negó a revelar detalles del trabajo de campo realizado o cualquier información adicional. No hubo un solo caso en el que los antecedentes familiares se correspondieran con lo escrito en los informes epidemiológicos. A veces las diferencias eran leves; a veces los informes no tenían relación con lo que realmente había sucedido. Si bien algunas familias recordaron haber sido entrevistadas por funcionarios en ese momento, otras insistieron en que nunca fueron interrogadas
En los años transcurridos desde el brote de 1981, los aceites sospechosos han sido analizados en laboratorios líderes de todo el mundo. Nunca se ha encontrado ninguna sustancia química o contaminante que pueda explicar los síntomas observados en los afectados. La anilina, a la que se atribuye la epidemia, es venenosa sólo en cantidades mucho mayores que las presentes en el aceite y, en cualquier caso, los síntomas de la intoxicación por anilina son bastante diferentes a los de los afectados. Las pruebas de laboratorio demostraron que el aceite no era perjudicial para los animales.
El Dr. Gaston Vettorazzi era toxicólogo jefe de la OMS en el momento del brote, pero ya se había jubilado. No creía que esto se hubiera producido por una serie de errores administrativos; creía que la verdad había sido ocultada deliberadamente por los funcionarios españoles. Según dijo, la explicación colza de la enfermedad estaba "predeterminada. Ésa era la línea oficial de la llamada ciencia española. No se puede obligar a un investigador a seguir una línea. Si se hace esto, la ciencia está muerta".
La administración española dependía de que se viera que el gobierno era capaz de hacer frente a esta tragedia nacional. Las consecuencias del encubrimiento fueron muertes innecesarias y que miles más, entre ellos niños, tuvieran que soportar toda una vida de dolor y deterioro físico que quizás podrían haberse evitado si hubieran recibido la atención y el tratamiento que necesitaban lo antes posible.
La ocultación de la verdadera causa del Síndrome Tóxico impidió la curación de miles de españoles, mientras otros investigadores han ido siguiendo una pista distinta, que conduce a un combinado nematicida organotiofosforado que envenenó tomates de una determinada partida tratada con el aludido insecticida.
La gravedad del problema se acentúa por la circunstancia de que por lo menos desde finales de julio de 1981 el Gobierno estaba suficientemente bien informado de que no era posible que el aceite fuera el causante de la epidemia. Desde aquel momento cuando el Ministerio de Sanidad queda ampliamente informado de la posibilidad de que determinado insecticida organotiofosforado podría haber desencadenado la nueva enfermedad.
Un médico militar, el teniente coronel Luis Sánchez-Monge Montero, envía al Gobierno, al Dr. Luis Valenciano, a la sazón Director General de la Salud Pública, un informe en el que afirmaba que el origen de la grave enfermedad radicaba en un veneno que bloqueaba la colinesterasa, y en el que explicaba cómo había que curar a los enfermos. Más adelante definiría este veneno como un compuesto organofosforado.
No se trataba de una aventurada teoría: el Dr. Sánchez-Monge ya había curado para entonces particularmente a unos cuantos afectados. Lo cual quiere decir que tal vez no todas, pero decididamente muchas de las 60.000 víctimas podrían estar curadas desde 1982. Pero nadie reacciona en el INSALUD ni en el Ministerio de Sanidad, se acercó al único médico español que había logrado salvar vidas y aliviar a enfermos de la masiva intoxicación.
De lo que se trataba precisamente era de no curar a los enfermos, para evitar así el que se descubriera el verdadero origen del envenenamiento. El cese fulminante de los doctores Muro, Martínez y Clavera, y del secretario de Estado Martínez de Genique, así como la renuncia a acelerar la curación efectiva de los enfermos debía necesariamente de obedecer a muy poderosas razones que nada tienen que ver con la Sanidad. En el Acta de la sesión del 17 de noviembre de 1983 del Pleno de la Subcomisión de Investigación Clínica de la Comisión Unificada de Investigación, integrada en el Plan Nacional para el Síndrome Tóxico dependiente de la Presidencia del Gobierno, puede leerse: 'Hace un año el SAT (síndrome del aceite tóxico) era un tema prioritario para los dos países, pero en el momento actual no lo es para España aunque los americanos siguen muy interesados.'
Como diría en su momento el entonces subsecretario de Sanidad del Ministerio socialista de Ernest Lluch, Dr. Sabando, lo del síndrome tóxico no es un problema del Ministerio de Sanidad, ni de ningún otro Ministerio; es un problema de Guerra, Felipe González, CESID, y luego, por decir algo que lo englobe todo alrededor, digamos KGB-CIA: este es el único problema, y de ahí no lo podemos sacar.
El Dr. Angel Peralta Serrano, jefe del departamento de Endocrinología del Hospital Infantil de la Ciudad Sanitaria de La Paz, de Madrid, en artículo publicado en el diario 'Ya' de fecha 12 de mayo de 1981, afirmaba, refiriéndose al síndrome tóxico, que en su opinión los cuadros clínicos que se habían presentado en aquellos primeros días, mejor se explicaban por una intoxicación por insecticidas organofosforados, que no por una simple infección viral (neumonía atípica). El artículo en cuestión fue replicado al día siguiente por el entonces Secretario de Estado para la Sanidad, Luis Sánchez-Harguindey Pimentel, en carta abierta publicada en el mismo rotativo.
Porque el mismo día 12 en que aparece el artículo del Dr. Peralta hablando por primera vez de organofosforados, una llamada telefónica desde Madrid, del Dr. Gallardo del Centro Nacional de Virología y Ecología Sanitaria, a Atlanta, en el estado norteamericano de Georgia, pide ayuda al Epidemiology Program Office del Center for Disease Control, que envía a Madrid al epidemiólogo William B. Baine.
Tal y como manifestaría más tarde la eurodiputada Dorothee Piermont, investigadores y víctimas implicadas son de la opinión de que datos, historiales clínicos y documentos establecidos con ocasión de la visita del epidemiólogo norteamericano, fueron transferidos íntegramente al CDC estadounidense, no siendo por tanto accesibles ya a los investigadores españoles que consideran falsa la hipótesis del aceite.
La Dra. Renate Kimbrough, del CDC de Atlanta, USA, el 10 de febrero de 1985 a la televisión alemana: 'No hallamos ningún indicio que señalara que el aceite fuera el causante del síndrome tóxico. Además, muchos otros laboratorios en Europa han intentado hallar alguna sustancia tóxica en estos aceites, y tampoco tuvieron éxito alguno.'
De acuerdo con las averiguaciones del Dr. Muro, el desencadenante del envenenamiento fue una partida de tomates, cultivados en Roquetas de Mar (Almería), y previamente tratados con un compuesto organotiofosforado, el fenamiphos (comercializado con el nombre de Nemacur), combinado con isofenphos (comercializado con el nombre de Oftanol). Cabe remarcar que el isofenphos es el producto que habría causado la característica neuropatía retardada acusada por los afectados. Así lo dejaría escrito el Dr. Muro: 'El nematicida fitosistémico Nemacur-10, prohibido en varios países por su alta peligrosidad, e introducido en España por primera vez pocos meses antes de la epidemia del síndrome tóxico, es un organotiofosforado del grupo fenamiphos (4-[metiltio]-m-toliletil-isopropilamidofosfato) que, de no respetarse sus muy dilatados intervalos de seguridad (mínimo de tres meses), se convierte dentro del fruto en un fitometabolito derivado extraordinariamente agresivo -su toxicidad se potencia unas 700 veces- y cuya composición exacta parece ser alto secreto militar. Las partes fundamentales de su molécula y su acción bloqueante irreversible de la acetilcolinesterasa, explica extraordinariamente bien, pese a los desmentidos globales de la OMS, la patogenia y cuadro clínico observados en el síndrome tóxico. Los tomates contaminados son semiselectos de la variedad 'lucy', razón por la cual su consumo no ha afectado a clases o zonas urbanas adineradas.'
Los organofosforados se hallan en la base del moderno armamento químico. La industria química privada multinacional ofrece la única posibilidad de ensayo impune en el supuesto de un acuerdo internacional de suspensión de la experimentación y almacenamiento de armamento químico. Nemacur y Oftanol son productos de la multinacional Bayer. La creación del arma química binaria hace imposible cualquier tipo de control internacional, debido a que su producción puede ser organizada secretamente en cualquier empresa química privada.
La experimentación con nuevos tipos de agentes químicos en la industria de herbicidas, entre otras, evita las inspecciones en las sociedades privadas o multinacionales y explica por qué se estaba demorando el acuerdo de desarme químico entre los Estados Unidos y la Unión Soviética: ésto lo sabía perfectamente Juan José Rosón, al igual que cabe suponer lo saben perfectamente el teniente general Emilio Alonso Manglano, el coronel Catalá y el general Cassinello, por citar solamente a algunos conocedores del tema.
En la primavera de 1981 fueron envenenados más de 60.000 españoles. Desde entonces y hasta hoy, los gobiernos han centrado sus esfuerzos en impedir que el auténtico criminal salga a la luz pública. Había que borrar por todos los medios las huellas que conducían al foco de la intoxicación. Se llegó así a un oscuro montaje de los distintos sectores del Poder y de los servicios de inteligencia, para evitar que se supiera que aquí se aplicó a seres humanos una nueva combinación química, aplicable en el futuro a una posible guerra química.
Años más tarde, en 1989, se diagnosticó una enfermedad misteriosa similar en Nuevo México. Las víctimas, 29 de las cuales murieron, enfermaron con síntomas similares a los de la neumonía. En total, hubo alrededor de 1.500 casos en todo Estados Unidos. Los síntomas parecían idénticos a los que padecían los afectados en España; sin embargo, nadie en Estados Unidos había tenido acceso a aceite de colza contaminado.
Uno de los hombres de los servicios de inteligencia españoles más vinculados a la CIA y también más implicados en, la lucha contra ETA, en todas sus vertientes, es el teniente general Andrés Cassinello Pérez. Cerebro del llamado «GAL verde», llega a ser procesado por algunas acciones criminales de este grupo parapolicial, como los asesinatos de Ramón «Kattu» Oñaederra, Vicente «Perú» Perurena, Ángel «Stein» Gurmindo y Christian Olazcoaga, y por el asesinato frustrado de Claude Olazcoaga. Su nombre aparece, además, relacionado con escuchas a políticos y con temas tan oscuros como el mencionado Síndrome del Aceite Tóxico.
Sucesivamente ocupa los puestos de director del SECED, subdelegado de la Lucha Contraterrorista en el País Vasco y jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil. Cassinello constituye un ejemplo diáfano de oficial español de inteligencia formado en Estados Unidos. Su inicial carrera en los servicios secretos del franquismo arranca en el Centro de Guerra Especial de Fort Bragg, en Carolina del Norte. Esta academia forma parte de la Escuela de Ayuda Militar John E Kennedy y es uno de los lugares clásicos de formación de militares latinoamericanos implicados en golpes de Estado. Según se define en sus estatutos, el centro está dedicado a la enseñanza de la «doctrina de guerra psicológica y no convencional». Cassinello se diploma en los cursos de Counterinsurgency and Specíal Warfare Staff Officery Counterinsurgency Operations. Alumno aplicado, allí toma contacto con oficiales de países de la OTAN y de ejércitos sudamericanos y asiáticos.
Cuando regresa a España, Cassinello publica las enseñanzas recibidas en Estados Unidos. En ocasiones, párrafos enteros calcados de los manuales que le han suministrado. Con todo ello elabora el libro titulado Operaciones de guerrillas y contraguerrillas,10 una obra que no tiene desperdicio, en la que se habla de «los rojos españoles» Y se dedican capítulos íntegros a la «Sintomatología de la subversión comunista». El programa de actuación que propone está dividido en varias fases e incluye las «acciones a desarrollar por los órganos de investigación e información y por el propio gobierno en cada una de las fases». Este recetario de la represión lo publica, en 1966, la empresa editora Compañía Bibliográfica Española S.A., cuyo consejo de administración preside entonces el general de división José Lacalle Larraga.
Andrés Cassinello es una pieza clave en la estructura de los servicios de información españoles a partir de los años setenta. Desde su fundación, en marzo de 1972, se integra en el servicio de información de Luis Carrero Blanco. Antes había formado parte de su organismo precursor, la OCN (Organización Contrasubversiva Nacional). Abandona momentáneamente el SECED por discrepancias con su jefe, el teniente coronel San Martín, y después regresa bajo el mando del comandante Juan Valverde.
Con Adolfo Suárez como presidente del Gobierno llega a ser el último director de este servicio, desde 1976 hasta noviembre de 1977, cuando se reestructuran los servicios de información españoles y se crea el CESID. A lo largo de toda esa etapa, no exenta de altibajos, Cassinello tiene aún la oportunidad de exponer en otro libro las doctrinas norteamericanas sobre contrainsurgencia, "Subversión y reversión en la España actual", que Cassinello firma tras el seudónimo de Carlos I Yuste.
De todos los militares formados en Estados Unidos, Andrés Cassinello resulta, por la importancia de los puestos que llega a ocupar, uno de los alumnos de los que más orgullosos se pueden sentir sus maestros de Fort Bragg, el centro que el ex agente de la CIA Víctor Marchetti define, en su obra La CIA y el culto al espionaje, como el lugar donde se realiza «la enseñanza de técnicas paramilitares a nivel de perfeccionamiento». Antes de llegar a la jefatura del Estado Mayor de la Guardia Civil, Cassinello es el director del servicio de información de este cuerpo policial militarizado.
El propio Cassinello es quien dibuja los bocetos del sello distintivo de los GAL y uno de los principales impulsores de la «guerra sucia» contra ETA en el País Vasco y el sur de Francia. Sin embargo, se acobarda y no está dispuesto a asumir la responsabilidad que le corresponde cuando su fiel subordinado Rodríguez Galindo es condenado por los secuestros, torturas y asesinatos de Lasa y Zabala.
En 1986 Cassinello es nombrado comandante general de Ceuta. Y culmina su carrera llegando hasta el punto más alto del escalafón: el Gobierno de Felipe González le asciende a teniente general y le nombra capitán general de la Región Pirenaica Occidental, que incluye parte de Castilla y León, Navarra y... el País Vasco.
A raíz de las investigaciones de Baltasar Garzón, cuando era juez de la Audiencia Nacional, sobre una trama de evasión fiscal que afloró en 2002, se descubrieron operaciones de defraudación a Hacienda por parte del empresario hispano-libanés Abdul Rahman El Assir, identificado como principal socio del rey emérito en los negocios de venta de armas con los que fraguó su fortuna.
La amistad entre Juan Carlos I y el comerciante de armas se remonta a la década del 80 del siglo pasado, cuando El Assir se convirtió en el principal intermediario entre las empresas armamentísticas españolas y distintos países en sustitución de Adnan Kashogui, otro multimillonario dedicado al comercio de material militar, que fue cuñado del ahora amigo del rey emérito.
Licenciado en Ciencias Económicas por la American University de Beirut, el comerciante comenzó a trabajar para Kashogui después de casarse con la hermana de éste, en 1976. Cuatro años más tarde, en 1980, el magnate de las armas nombró a su cuñado El Assir director general de la filial de su empresa (Triad International) en España.
Desde ese puesto, El Assir consiguió acceso a parte de la jet set de la época. Fue entonces cuando conoció a Juan Carlos I y cuando empezó a entablar relaciones con Manuel Prado y Colón de Carvajal, administrador privado del rey emérito. Casado en segundas nupcias con María Fernández-Longoria, hija del que fue embajador de España en Egipto, Carlos Fernández-Longoria Pavía, y excuñado de Adrián de la Joya y Ruiz de Velasco, amigo íntimo y padrino económico de Villarejo.
Las crónicas de la época señalan cómo El Assir mantenía excelentes relaciones con el entonces Gobierno socialista de Felipe González, con quien después entabló amistad, y cómo se encargaba de la venta de armamento militar a países como Marruecos o Somalia. Se trata de unas operaciones que se prolongaron después, durante el mandato de José María Aznar, del que también es amigo, y por las que El Assir recibió comisiones millonarias.
Fiscalía considera que este amigo de Juan Carlos I, también conocido como ABBDOUDI KAMEL ABDER RAHMAN EL ASSIR y/o ABDERRAMÁN EL ASSIR, ocultó de manera consciente ganancias de más de 31 millones de euros entre 2002 y 2003. El Assir también está perseguido por la Justicia francesa y en Suiza debe 2,2 millones de euros en impuestos, según cuenta el medio Bergen Zeitung.
Presionado por la causa judicial, El Assir contactó en 2013 con los servicios secretos españoles para asegurarse su silencio sobre los negocios de armas que había compartido con Juan Carlos I.
Y eso llevó al CNI a recurrir, de forma extraordinaria, al comisario José Manuel Villarejo por su amistad personal con el empresario Adrián de la Joya, quien se había instalado en Suiza. Unas gestiones que, en 2014, un agente secreto que firma "Aquiles" envía a Villarejo con el visto bueno del director del CNI, general Sanz Roldán, para “operar” y añade "no toques a nadie de tu casa", refiriéndose al entonces Director Adjunto Operativo Eugenio Pino, máximo responsable operativo de la Policía Nacional durante el Gobierno de Mariano Rajoy y condenado a un año de cárcel por montar el grupo de agentes que actuó contra los rivales políticos del PP en la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior.
En parte de la documentación aparecen operaciones de comercio de armas en numerosos lugares, pudiendo tomar nota de firmas como THALES, DEFENSE & SECURITY, EINSA, LTD, BUMAR LTD, ALKANTARA IBERIAN EXPORTS, INTERNATIONAL TRIAD LTD, HISDESAT M&E, MASKPOL PROTECTION, TEDAE, TREBOL LTD, PROYTESCA GTD, EVERIS AEROSPACE, SDLE LTD, NIGHTVISION LASER SPAIN CORPORATION LTD, ANORTEC, COBRA, ROSOMAK, INDRA, NAVANTIA y POLKI HOLDING OBRONNY, así como un sinfín más que, utilizando cuentas desde la isla de JERSEY, LIECHTENSTEIN, PANAMA, SUIZA y ANTILLAS HOLANDESAS, para dotar del máximo de opacidad posible a las transferencias que lleva a cabo, desde BBVA PRIVANZA al VP BANK, que intermedia sus fondos en cuentas a nombre de TINRE E. LTD, sociedad de la familia BOTIN, administrada por H. BATLINER, el más importante despacho de VADUZ, para terminar en dos fideicomisos, con cuentas en la misma isla de JERSEY, cuya titularidad la ostentaría un conocido fiduciario de Juan Carlos I, MANUEL PRADO, quien al ser condenado y fallecer después puso a D. Joaquín Romero Maura, de nacionalidad española, y con activos en entidades financieras de Jersey y Guernsey".
O que a uno de los dos trusts constituidos en Jersey entre 1995 y 1997 por el administrador de la fortuna del rey, Manuel Prado, "en 1999 se transfirieron casi 9.000.000 de dólares, también por razones desconocidas, a Tartessos Trust por orden de D. Simeón Sajonia-Coburg-Ghota, uno de los primos del rey emérito que "Juan Carlos adopta y pone a trabajar en la compra-venta de armas de Alkantara".
Del referido despacho BATLINER vinculado al BSCH se ha venido informando desde los 90, ya que es un despacho clave en la creación de estructuras fiduciarias vinculadas a la economía española, usado por MARIO CONDE, ALBERTO ALCOCER, MANUEL y BORJA PRADO, E SARASOLA, así como despachos panameños como GLEZ. RUIZ & ALEMÁN y MOSSACK FONSECA entre otros.
El Centro Nacional de Inteligencia obtuvo los originales de los documentos societarios de sus negocios con el rey Juan Carlos I, y dio por zanjado el acuerdo con El Assir que consistía en rebajar los 14,8 millones de euros de la deuda fiscal que el traficante de armas tenía con la Agencia Tributaria a sólo 4,5 millones a pagar en varios plazos, a cambio de que mantuviera su silencio.
Y para ejecutar ese acuerdo se efectuaron numerosas gestiones judiciales. Sin embargo, el acuerdo con el CNI no llegó a materializarse, por lo que al final Hacienda no perdonó a El Assir gran parte de su deuda y al año siguiente, la causa contra él volvió a reactivarse en el Juzgado Nº52 de Madrid y el traficante de armas amenazó de nuevo con desvelar sus relaciones empresariales con el rey de España.
Pero el intermediario en operaciones de venta de armas en países, como, MARRUECOS, EGIPTO, PAKISTAN, FRANCIA y ESPAÑA entre otros mantiene una muy estrecha amistad y relación personal, tanto con el Rey de ESPAÑA, como con el de MARRUECOS, aunque España ha solicitado su extradición y le pide ocho años de cárcel y 44 millones de euros, entre lo defraudado y la multa.
El excomisario de la Policía Nacional José Manuel Villarejo declaraba al final de su segundo juicio por el caso Tándem que "Yo el único pecado que cometí es enfrentarme a determinados sistemas e ilegalidades y denunciar que parte del dinero de los fondos reservados para pagar secuestros luego se perdían en el camino, y sobre todo que la institución fundamental para la democracia que es la Corona hay que protegerla corrigiendo sus errores, no encubriéndolos, y a partir de ahí todo el mundo se me vino encima".
La última fechoría del viejo Rey sigue sin destaparse por la Prensa que sabe y calla. Él y los socialistas sabían de antemano del 11-M.
“¡Antes de votar, queremos la verdad!”. Esta exigencia al Ejecutivo se instaló en una opinión pública conmocionada por el brutal atentado. “España se merece un Gobierno que no le mienta”, sentenció el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba cuando miles de personas se concentraban ante las sedes del PP al grito de “asesinos”. En primera fila, el podemita Juan Carlos Monedero.
En las primeras horas fue determinante una información de la Cadena SER que dio cuenta del hallazgo de un terrorista suicida inmolado en los trenes. La revelación azuzó los ánimos contra el Gobierno, pero resultó ser falsa. “Siempre que lo ofrecimos, lo hicimos con una aportación final: ‘Nos hemos puesto en contacto con el Ministerio del Interior, que desmiente absolutamente esta hipótesis”, se justifica Antonio García Ferreras, entonces jefe de Informativos de la emisora.
