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viernes, 26 de enero de 2024

"EN OTRO. TRADUCIDO DE PASTORINI", de Carolina Coronado.



Si con tranquila faz, génova mía

tu bello cuerpo destrozado miro,

no es por ingratitud, es que un suspiro

me parece en tus hijos cobardía.

Trofeos de constancia y valentía

en tus ruinas orgullosa admiro,

pues dondequiera que la vista giro,

encuentro en tu peligro tu osadía.

Más que el triunfo valió tu sufrimiento,

y te vengaste bien del que te infama.

Quedando destruida hasta el cimiento:

así la libertad gozosa exclama

tus reliquias besando en las arenas:

ruinas... Sí; pero jamás cadenas.



lunes, 24 de julio de 2023

"Los rojos", de Manuel Reina.

Retruena el tambor; la turba avanza
terrible el rostro y la mirada fiera;
flota, teñida en sangre, la bandera;
silba el ronco fusil; cruje la lanza.



La multitud, sedienta de venganza,
crímenes va sembrando por do quiera;
convierte al pueblo en colosal hoguera
y se entrega, iracunda, a la matanza.


-¡Viva la libertad! la turba grita,
cuando, furiosa, al mar se precipita
y todo cuanto ve quema y destruye...


¡Oh libertad! ¡Oh libertad sagrada!
¡Maldita sea la hueste degradada
que tu precioso nombre prostituye.

lunes, 16 de enero de 2023

"La Tempestad y la Calma", de Juan de Arguijo.



Yo vi del rojo sol la luz serena

Turbarse, y que en un punto desparece

Su alegre faz, y en torno se oscurece

El cielo con tiniebla de horror llena.



El Austro proceloso airado suena,

Crece su furia, y la tormenta crece,

Y en los hombros de Atlante se estremece

El alto Olimpo y con espanto truena;



Mas luego vi romperse el negro velo

Deshecho en agua, y a su luz primera

Restituirse alegre el claro día,


Y de nuevo esplendor ornado el cielo

Miré, y dije: ¿Quién sabe si le espera

Igual mudanza a la fortuna mía?


lunes, 23 de mayo de 2022

MALDITOS BAILARINES SIN CABEZA", de Roberto Sosa.



Aquellos de nosotros
que siendo hijos y nietos
de honestísimos hombres de campo,
cien veces
negaron sus orígenes
antes y después
del canto de los gallos.

Aquellos de nosotros
que aprendieron de los lobos
las vueltas
sombrías
del aullido y el acecho,
y que a las crueldades adquiridas
agregaron
los refinamientos de la perversidad
extraídos
de las cavidades de los lamentos.

Y aquellos de nosotros
que compartieron (y comparten)
la mesa
y el lecho
con heladas bestias velludas destructoras
de la imagen de la patria, y que mintieron o callaron
a la hora de la verdad, vosotros,
-solamente vosotros, malignos bailarines sin cabeza-
un día valdréis menos que una botella quebrada
arrojada
al fondo de un cráter de la Luna.


Muchas cosas han cambiado desde esta frase de Juan Antonio Marín en la investidura de la Presidencia de la Junta de Andalucía. Comenzó su trayectoria política de la mano de Alianza Popular (AP), apareciendo en la lista del partido para las elecciones municipales de 1983.

Ciudadanos colocaría la primera piedra de la implantación de su formación en la Comunidad Autónoma de Andalucía, convirtiendo a Juan Marín en cabeza de lista de CS a la presidencia de la Junta para facilitar la investidura a Susana Díaz.

En las siguientes elecciones autonómicas de 2 de diciembre de 2018, tras los acuerdos alcanzados con el PP, Juan Marín prestaba el apoyo de sus 21 diputados para facilitar la investidura de Juan Manuel Moreno,  a cambio de la vicepresidencia.

No lo hubiera logrado sin el apoyo de Vox, al que ha ninguneado para jugar a dos barajas con PP y PSOE, como ha hecho su partido desde la presidencia de Arrimamadas.

Ahora, desplazados por Vox en Castilla y León, es dudoso que dicha combinación se vuelva a repetir, por lo que se aprestan a una nueva traición ante el imparable auge de Ayuso y Abascal, a quienes les sobra este partido de vaivenes y falta de principios.

Ayuso, la última esperanza del PP, se muestra partidaria de pactar con Vox, al que ha dejado de ver como a un rival, sino como un aliado. Eso ha provocado su caída, a manos de los jerifaltes de su propio partido.




Aznar, en cambio, pese a ser el mentor de Abascal en la Fundación Denaes, mira cómo Vox se va llevando los votos populares y muestra su reticencia al pacto de derechas.

No hay un partido ni unas ideas detrás de Casado, sino una concertina de halagos, ruegos y peticiones. Dice que hace cambios: dejarse barba y proponer trasladar la sede han sido los únicos. No le deben haber ofrecido suficiente comisión por el inmueble, porque ni siquiera ha hecho eso.

La ambición se considera como saludable cuando promueve la acción y el desarrollo de proyectos. El sujeto ambicioso, por lo tanto, desea mejorar, crecer o progresar. La ambición funciona en estos casos como un motor que invita a abandonar el conformismo y la mediocridad.

No es esa la ambición de fra-Casado, sino el poder más corrupto posible y la continuidad de políticas agotadas hace años. Feijóo no ha cambiado nada en el partido, salvo competir con los nacionalistas en la fragmentación de España.

Se puede comparar a una empresa con un partido político ya que hay un oligopolio en el mercado de votos, y dos partidos políticos dominan en los principales puestos de poder o escaños en el Congreso, formando alianzas en función de sus intereses y tratando de bloquear a la oposición.

Muchas de las llamadas democracias sufren de poca representatividad y participación de su ciudadanía. En varios casos existe un partido dominante, único o hegemónico que deja sin oportunidad de competencia a los grupos pequeños o contrarios.

En el ámbito político, para una democracia estable es necesario que toda la ciudadanía tenga acceso a participar libremente del ejercicio de sus derechos cívicos y políticos. Para un Congreso perfecto se necesita la representación de todos los sectores de la población. Dar espacio a nuevos participantes en la contienda para acabar con el monopolio de la política y hacer del sistema electoral un ambiente sano también es importante.

Por lo tanto debemos estar informados de las propuestas y pendientes de los procesos. Es importante conocer a fondo las propuestas de los partidos políticos existentes y de los partidos políticos en formación que surgen después de la crisis política de 2015 como una nueva forma de hacer política.

Saber de política es importante, aunque a muchos no les importe, porque la política condiciona toda nuestra vida y nuestra convivencia. La ciudad perversa nos encarcela, nos hace poco o nada libres; y la mala política, que obviamente incluye la política económica, nos empobrece.

El falso liberalismo del PP no hace sino consolidar los monopolios económicos sin fórmulas nuevas por las que apostar. 


El Estado liberal es el que surge como resultado de la Revolución Liberal en sustitución de la Monarquía absoluta propia del Antiguo Régimen. La forma de Gobierno no es determinante para su caracterización, pues puede ser tanto una monarquía constitucional (como en la Constitución de 1812 en España), una monarquía parlamentaria (como en el modelo inglés que se remonta a la Revolución Inglesa del siglo XVII) o una república (como en el caso de la Revolución francesa o la Revolución americana)

Las características del Estado liberal son la democracia representativa a través del sufragio universal, para la integración de los poderes administrador y legislativo; constitución del poder judicial con total independencia para la administración de la justicia; el pluripartidismo para la promoción de los cargos electivos en elecciones regulares, que garanticen a su vez la alternancia en el ejercicio del poder.

En lo económico: respeto irrestricto a la propiedad privada y comunitaria con inmueble o mueble, tanto en lo que se refiere a habitación, como asimismo a fuente o medio de producción. Instauración del sistema de economía de libre mercado, a través del libre juego de la oferta y la demanda. Tendencia predominante a la privatización de fuentes y medios de producción con escasa o mínima intervención estatal, acotando ésta, exclusivamente a la mediación en los conflictos que se generen entren los particulares.

El Estado liberal surge del inconformismo con el régimen absolutista propio de la época. Cabe aclarar que en las primeras fases de la implementación del Estado liberal en Francia adoptó formas totalitarias represivas a través del Terror mediante la eliminación física de funcionarios y defensores del Antiguo Régimen, desnaturalizando los principios de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que había adoptado siguiendo las orientaciones y la influencia de la Revolución por la Independencia de los Estados Unidos de América y consagrados en la primera Constitución Republicana de 1784.

Independientemente de los abusos referidos, el surgir el Estado liberal se edifica sobre los principios proclamados de la soberanía popular, la división tripartita del poder público, el cumplimiento del principio de legalidad e igualdad formal (igualdad de los ciudadanos ante la ley) y la protección de los derechos fundamentales básicos.

En primera instancia, un Estado liberal debe permitir y facilitar el desarrollo de un hombre libre, igualitario y racional, cuya convivencia y armonía este fijada por acciones que inspiren y permitan el progreso de la sociedad. Asimismo, es indispensable la separación de lo privado y de lo público, dado que el individuo tiene autonomía para escoger su proyecto de vida y dirigirse por sus propias convicciones. Lo privado es definido como el derecho a la personalidad inviolable, garantizando al asegurar autonomía o control sobre las intimidades de la identidad personal.

El Estado liberal se define como un Estado de derecho, en que se ofrece al individuo la seguridad jurídica de no estar sometido a la arbitrariedad del poder. Instituciones como la tortura judicial desaparecen. Otras nacen, como la policía, pues lo que continúa existiendo es la represión de las conductas que se definen como antisociales, incluyendo la represión política de individuos y grupos no integrados en el sistema político o social.

La igualdad de condiciones que se pretende para la sociedad significa que desaparecen los privilegios y los estamentos para asegurar la movilidad social mediante la superación individual a través del esfuerzo para un mercado nacional unificado, sin aduanas interiores, y que comparte moneda, sistema de pesos y medidas y legislación mercantil.

Es importante resaltar que en el campo del Derecho se establecen: el principio de legalidad y el principio de igualdad ante la ley. El primero hace referencia a que toda obligación ciudadana estará sujeta a que esté dispuesta en una ley, y la igualdad ante la ley quiere decir que con fundamento a la abolición de los estamentos todos los ciudadanos serán tratados iguales ante la ley.

La aparición del Estado como un organismo autónomo dentro de la sociedad moderna ha provocado la necesidad de distinguir lo público estatal y lo público no estatal. Lo público no estatal es el ámbito de la sociedad civil como conjunto de instituciones y mecanismos de coordinación social no dependientes del sistema administrativo estatal.

Juan Ramón Rallo Julián es un economista, profesor universitario, conferenciante y escritor español, defensor de las tesis del liberalismo económico y en concreto de la escuela austriaca. Es socio fundador del think tank de orientación libertaria Instituto Juan de Mariana, del que también fue director.

Es licenciado en Derecho y en Economía por la Universidad de Valencia y obtuvo un Máster y posteriormente un doctorado en economía por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Juan Ramón Rallo Julián colabora con diversos medios de comunicación como tertuliano de ámbito económico, además de como articulista en medios en línea como Libertad Digital, El Confidencial, Patxi Diario o Vozpópuli. Los últimos años ha desarrollado su faceta de conferenciante en universidades y jornadas sobre economía, es analista económico de esRadio, La Sexta Noche, Al Rojo Vivo o Espejo Público. También colabora habitualmente en prensa escrita en el periódico La Razón.

Es profesor en el máster en economía del Centro de Estudios Superiores. Sus alumnos le adoran, pero en radio, televisión y twitter suelta las burradas más extravagantes que un economista pueda decir. El ultraliberalismo, como el que defiende, es la idea de que el mercado hace que las cosas funcionen solas y mejoren sin intervención del Estado. Como el comunismo, pero al revés.

Fiel al minarquismo, es partidario de la secesión de España, con la misma ingenuidad.

En septiembre de 2014, tras varias intervenciones en diversos medios y redes sociales de Juan Ramón Rallo defendiendo abierta y públicamente el cierre de todos los medios de comunicación estatales,​ Televisión Española (TVE) cesó la colaboración de Juan Ramón en el programa de Mariló Montero, La mañana de la 1, tras petición de UGT.​ Ni Televisión Española ni el Partido Popular —partido del gobierno por entonces— emitieron ningún comunicado oficial sobre este hecho.

El P-LIB nació el 2 de julio de 2009 a iniciativa de un grupo de personas que consideran más necesaria que nunca la existencia de un partido profundamente liberal y libertario. Desde 2015, el P-LIB adopta la marca Partido Libertario. La mayoría de los afiliados carece de militancia política previa. Está dirigido por el Comité Ejecutivo Federal elegido por el IV Congreso (Madrid, 3 de septiembre de 2016) y presidido por Daniel Martínez.

El P-LIB se define "como un partido heterogéneo, integrado por personas de todas las capas socioeconómicas, zonas geográficas y grupos coetáneos. Está compuesto por individuos conscientes de la considerable invasión de su soberanía personal por el exceso de Estado, tanto en lo económico como en lo relativo a sus derechos y libertades personales. Somos un partido radicalmente diferente de las demás fuerzas políticas: ellos son colectivistas y nosotros somos el único partido que defiende ante todo al individuo y su libertad.

Somos conscientes de representar un movimiento minoritario, y desde luego no aspiramos a ser un partido de masas. Es más, tenemos especial cuidado en afiliar al P-LIB solamente a personas que realmente compartan en muy gran medida nuestro programa. Pero creemos que la minoría diversa y plural de liberales y libertarios, si se une en torno a este partido, puede alcanzar una influencia social y política que frene el colectivismo y afiance nuestra libertad.

Aunque en el P-LIB entendemos la importancia de la Democracia, tenemos la certeza de que las libertades y los derechos fundamentales, son sagrados. Por ello nos comprometemos a hacer un uso ético del voto, en consonancia con los valores que defendemos."

Juan Pina estudió Ciencias Políticas. Es Máster en Comunicación Digital 2.0 por la Universidad de Alcalá de Henares. En 1986, nada más cumplir los dieciocho años se afilia a Centro Democrático y Social (CDS) por entender que es en ese momento la opción política más cercana al liberalismo.

El 2 de julio de 2009 participó en la constitución ante notario del Partido de la Libertad Individual (P-LIB) y el 25 de septiembre de 2010 fue elegido presidente de esta formación política por su I Congreso, resultando reelegido por el II Congreso el 23 de junio de 2012 y por el III Congreso el 20 de diciembre de 2014. En 2015 el P-LIB efectúa su transición a la nueva marca Partido Libertario y en el IV Congreso del 3 de septiembre de 2016 pasa a desempeñar la labor de Secretario de Relaciones Internacionales del Partido Libertario.

Pero la falta de medios económicos augura poco futuro para esta formación.




Así las cosas, no ha lugar al anarcocapitalismo, sino que la opción liberal es conservadora. Vox es el único partido que quiere dejar manos libres a empresas y autónomos.

La monarquía tiene, sobre todo, dos ventajas institucionales respecto de las repúblicas. En primer lugar, un valor ritual-simbólico que tratan de imitar en cuanto a boato y ceremonia las repúblicas, que dotan a sus jefes de Estado de la épica y la poesía que los monarcas obtienen de la tradición. De ahí la parafernalia que rodea al presidente de los EEUU o la histriónica grandeur que adoptan los presidentes de la república francesa.

Por otro lado, las monarquías constitucionales equilibran con su visión de largo plazo el cortoplacismo habitual de las políticas partidistas. La neutralidad de la monarquía, asentada en el amplio lapso temporal de su visión política, a salvo de las marejadillas coyunturales, sirve de estabilizador automático frente a las crispaciones habituales en el día a día de la contienda mediática. 

La monarquía parlamentaria, por tanto, es un régimen que puede ser tan favorable a la res pública como el mejor sistema republicano. No sólo son moralmente defendibles, sino política y económicamente homologables a los países en los que el jefe del Estado es elegido cada cierto tiempo. De hecho, tendría mayor sentido, dentro de lo absurdo, propugnar para países históricamente monárquicos como Francia e Italia el establecimiento de monarquías constitucionales en lugar de las muy mal diseñadas repúblicas que padecen, con bicefalias imposibles entre el presidente y el jefe del Ejecutivo, como en el caso francés, o con presidentes incendiarios tipo Francesco Cossiga en el caos político italiano.

Todo rey que no sea lo bastante estúpido o engreído como para no ver lo que tiene delante de las narices sabe que lo que hace sólo es sostenible por la ejemplaridad. Su trabajo consiste en apoyarse en la esperanza, la buena fe o la simpatía de la gente para ganarse su confianza y, acto seguido, darles buenas razones para elegirlo si fuera necesario. Hasta ahora la monarquía ha sido sostenida por el bipartidismo, pero el PSOE y sus apoyos la están dejando de lado. La decadencia del PP y la perspectiva de formar una gran coalición con Sánchez nos pone en grave peligro.

Pero sería un gran logro ver a Macarena Olona en la Presidencia de la Comunidad Andaluza. Ella ha demostrado su capacidad de responder a las insidiosas calumnias contra VOX.

Sus enemigos son los caciques de siempre, agarrados como lampreas al Partido Putrefacto que les garantiza seguir en el machito a cambio de dádivas.

El Estado liberal pretende ser, según propone el liberalismo económico desde Adam Smith, un Estado limitado, que no interviene en economía, al contrario que el mercantilismo propio del Antiguo Régimen, donde la palabra del rey es ley, como en España.

En Vox hay una vaga esperanza de cambio respecto al caduco bipartidismo, y sólo un plan claro y tajante puede hacer que los ciudadanos crean en ellos. De una política propia de un Estado social y libre depende su futuro y el nuestro.

martes, 2 de noviembre de 2021

"A TU CASA VENDRÁN Y DE ELLA TE ECHARÁN"

La Banca es propietaria, en teoría, de la mayoría de pisos vacíos en España. Digo, en teoría, porque muchos de ellos han sido vendidos a fondos de inversión. Muchos desahucios son instados por Bancos, como titulares de pisos que ya no son suyos, sin declararse la necesaria subrogación de acciones a favor del verdadero titular, un fraude procesal por falta de legitimación activa que la mayoría de los jueces desconoce.

Muchos de esos inmuebles permanecen vacíos, en muchas ocasiones sin pagar gastos de Comunidad, y en otras asaltados por okupas que no pagan consumos sino que se conectan ilegalmente a la red, y ocasionando problemas de convivencia que debe afrontar el orden jurisdiccional penal y el orden civil.

Es más, los cultivos de marihuana "de interior" suelen estar en naves ocupadas y con toma de corriente ilegal, para alimentar las costosas luminarias y ventiladores necesarios para la plantación. La toma de agua, lo mismo.

La denominada ocupación ilegal encuentra su respuesta penal en nuestro Código Penal actual en el Capítulo dedicado a “delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico“, y en concreto en el Capítulo V, titulado “De la Usurpación“.

El artículo 245 del Código Penal, dispone que "Al que con violencia o intimidación en las personas ocupare una cosa inmueble o usurpare un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena, se le impondrá, además de las penas en que incurriere por las violencias ejercidas, la pena de prisión de uno a dos años, que se fijará teniendo en cuenta la utilidad obtenida y el daño causado.

El que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses." 

La Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 12 de noviembre de 2014, señala que sólo es delito la ocupación, sin violencia o intimidación, de un inmueble, vivienda o edificio que en ese momento no constituya morada de alguna persona, realizada con cierta vocación de permanencia, por lo que las ocupaciones ocasionales o esporádicas, son ajenas al ámbito de aplicación del párrafo segundo del artículo 245, por lo que su autor no tendrá que pagar la ridícula multa establecido por la Ley.

El tipo penal aplicable para el caso de la ocupación ilegítima de inmuebles no sirve para garantizar la tutela judicial efectiva del propietario habida cuenta que existen numerosas sentencias que han aplicado la eximente de situación de necesidad o han absuelto al ocupante porque se ha acreditado que habían pagado a un tercero para vivir en la misma o incluso se ha apreciado por los tribunales que no se había acreditado la existencia de voluntad de permanencia.

Como se ha señalado con anterioridad, la aplicación por los tribunales de justicia del citado artículo ha ofrecido soluciones muy diferentes a casos idénticos, con sentencias que tras confirmar que la posesión es el bien jurídico protegido por la norma penal, culmina su razonamiento del modo siguiente:

«Como reconoce la propia titular (…) el inmueble llevaba varios meses desocupado y sin reunir mínimas condiciones para ser habitado, por lo que la perturbación posesoria clandestina que pueda derivarse de la conducta del acusado carece de las condiciones de antijuricidad reclamadas por el tipo penal. Mediante la ocupación del inmueble no se lesionó de forma inmediata, directa y grave el derecho a poseer, a seguir poseyendo de forma real y efectiva a como venía haciéndose antes del acto perturbatorio sino el derecho de poseer. Y esta lesión del genérico contenido del derecho de propiedad por actos posesorios clandestinos, carentes de título, no constituye el resultado prohibido que pueda justificar el reproche penal por aplicación del tipo del Frente a esta conducta perturbadora existen contundentes y eficaces mecanismos de protección civil que la parte perjudicada puede, sin duda, utilizar».

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Almería, Sección 3ª, Sentencia 455/2016 de 5 Sep. 2016, que conocía del recurso presentado por Banco Santander por sentencia absolutoria dictada por el Juzgado de Instrucción número uno de Almería, razona así:

"Señala la sentencia de instancia que los denunciados entraron a vivir en el domicilio en cuestión, » propiedad de Banco Santander, S.A., y siguen viviendo en la misma junto con sus tres hijos menores de edad, sin autorización del Banco». Considera la Magistrada de instancia, que tal actuar es lícito, pues considera que no se ha probado que "tengan una voluntad de usurpar la titularidad del inmueble, tan solo de tener un lugar donde residir". Admite la sentencia que los denunciados saben que la vivienda es de un tercero, que no les deja vivir allí, pero considera que de la prueba practicada no se desprende que tengan intención de privar al banco de la titularidad de la vivienda".

Ante esta incertidumbre jurídica, es el propietario quién tiene que demostrar que no toleró la ocupación, que la misma no tiene finalidad permanente, y aún así están libres de castigo los que no tienen medios económicos, así que quienes lo pagan son los que ven cómo su casa es invadida impunemente.

La mayor parte de las ocupaciones las llevan a cabo delincuentes que sólo aspiran a vivir "por la cara" en una casa que no es suya. Otros son inquilinos que dejan de pagar el alquiler porque sí o porque no pueden. En estos casos no hay acción penal, sino acciones civiles de desahucio.

El Artículo 47 de la Constitución establece que "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos."

Así que vayamos por partes: vivienda digna y adecuada no incluye los cuchitriles y miniapartamentos que muchos sólo tienen alcance para alquilar. Algunos no tienen ni cédula de habitabilidad.

Los poderes públicos no han establecido norma alguna para hacer efectivo este derecho desde que la Constitución se promulgó, ni han regulado la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

Al contrario, muchos Ayuntamientos recalifican terrenos previo soborno, sin tener en cuenta la necesidad de vivienda de la localidad, la supervivencia de tierras de cultivo, bosques o zonas verdes, la accesibilidad de los medios de transporte o cualquier norma urbanística exigible. Todo eso lo deciden los Plenos Municipales a dedo o a barullo, limitados a veces por otras normas, como la Ley de Costas y alguna más.

Tampoco han regulado la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación, como se deduce de lo anterior. El anterior régimen franquista sí promovió la construcción de viviendas baratas, pero las puso en venta con ciertas limitaciones a su reventa para evitar la especulación, que al final se produjo inevitablemente.

La última parte del art. 47 dice que "la comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos." Si ha habido algún caso, lo desconozco.

En democracia se han hecho planes de construcción de viviendas, entre escándalos de favoritismo hacia amigos de la política a la hora de adjudicarlos.

Un ejemplo de la política de promoción de viviendas fue la cooperativa PSV,  que recibió fondos públicos y privados, así como inmuebles, que se esfumaron. El caso hubiera merecido la condena de muchos dirigentes sindicales y la ilegalización de UGT, pero, como tantas otras veces, la Justicia no fue tal.

La única manera de promover un parque de viviendas públicas es en régimen de alquiler, subvencionado en casos de necesidad. Pero no es necesario construir ninguna, con todos los pisos que hay vacíos. Lo que se debe hacer es alquilar esos pisos a precio de mercado, con un seguro de daños, y realquilarlos a cada solicitante al precio proporcional a sus ingresos. La beneficencia es problema del Estado, no de los propietarios, que en muchos casos están pagando hipoteca.

Pero ni siquiera haría falta eso, porque según el artículos 956 del Código Civil: "A falta de personas que tengan derecho a heredar conforme a lo dispuesto en las precedentes Secciones, heredará el Estado quien, realizada la liquidación del caudal hereditario, ingresará la cantidad resultante en el Tesoro Público, salvo que, por la naturaleza de los bienes heredados, el Consejo de Ministros acuerde darles, total o parcialmente, otra aplicación. Dos terceras partes del valor de ese caudal relicto será destinado a fines de interés social, añadiéndose a la asignación tributaria que para estos fines se realice en los Presupuestos Generales del Estado".

Al amparo del artículo 958 CC: "Para que el Estado pueda tomar posesión de los bienes y derechos hereditarios habrá de preceder declaración administrativa de heredero, adjudicándose los bienes por falta de herederos legítimos".

Si el Estado se quedara con los inmuebles, en vez de subastarlos o dejar que se arruínen, tendríamos viviendas en todas partes, sobre todo en la España despoblada. Y más con los impuestos autonómicos, que hacen que muchas familias tengan que renunciar a la herencia por no poder asumir los gastos.

No sé si se molesta algún funcionario en inscribir fincas a nombre del Estado, salvo que sean muy valiosas. El interés recaudatorio es contrario al interés social. El Estado es propietario de muchos inmuebles, por otro lado, lo que le permitiría fomentar la construcción de viviendas protegidas. Pero no lo hace ya que ello abarataría los alquileres y porque también actúa como especulador.

viernes, 26 de marzo de 2021

"Un buen consejo", del Duque de Rivas.





Con voz aguardentosa parla y grita

contra todo Gobierno, sea el que fuere.

Llama a todo acreedor que te pidiere,

servil, carlino, feota, jesuíta.



De un diputado furibundo imita

la frase y ademán. Y si se urdiere

algún motín, al punto en él te injiere,

y a incendiar y matar la turba incita.



Lleva bigote luengo, sucio y cano;

un sablecillo, una levita rota,

bien de realista, bien de miliciano.



De nada razonable entiendas jota,

vivas da ronco al pueblo soberano

y serás eminente patriota.






En "no te cases con tu voto, mira lo que dice el otro" ya comenté las ideas abstencionistas del difunto García-Trevijano. Ese quijotesco personaje de extravagantes delirios tuvo tiempo y lucidez para escribir unos libros de teoría política que sería lógico que sus seguidores intentaran poner en práctica. Pero ni el mismo Trevijano supo poner en marcha ningún proyecto, porque es más complicado que divagar sin llegar a ninguna parte.

Su idea de que la abstención puede deslegitimar el sistema es una pura utopía porque los elegidos para ejercer el poder, por muy minoritarios que sean pueden pactar para gobernar o convocar nuevas elecciones. El sistema no representativo de gobierno es respetado por la prensa que maneja la opinión y la información.

La corrupción tiene que ver con una concepción patrimonial del Estado, que los gobiernos y los reyes han administrado como si fuera una finca de su propiedad. Con el Gobierno en manos de políticos que forman parte de la oligarquía terrateniente y financiera, no hay un Estado de derecho y la corrupción escapa fácilmente a la acción judicial. La baldía cháchara de los políticos y comentaristas deja como única opción democrática el castigo electoral, que alimenta la alternancia del bipartidismo y la continuidad de la Prensa.

Cuando una organización política tiene imputados y, como mínimo a diferentes dirigentes regionales y estatales, no es lícito apelar a la "presunción de inocencia" mientras no haya sentencias firmes. Sin embargo, un mínimo de ética política exigiría apartar de sus cargos y de militancia a todos aquellos que están imputados o bajo sospecha al menos hasta que las sentencias no disipen todo atisbo de culpabilidad.

Es cierto que otros países democráticos tampoco escapan a la lacra de la corrupción asociada al poder político, pero en el caso de España los partidos que pretenden ser alternativa de Gobierno no muestran ejemplaridad y su dirección mira hacia otro lado y se escuda en las responsabilidades individuales para no asumir las que como organización le corresponden.

En suma, la ambición de poder se sobrepone al sentido de Estado, lo que redunda en detrimento de la credibilidad de las instituciones de la España que conocemos. Décadas de malos gobernantes, que actúan de la forma propia de un país que no es una democracia, sino un régimen de partidos, que alimenta inútiles chupasangres que encima nos dan clases de qué debemos pensar y cómo podemos expresarnos.

Actualmente la partitocracia y su periodismo servil dirigen el discurso único. La opinión pública hoy tiene mucho interés estratégico, y los esquemas de pensamiento que sirven de base a los juicios individuales convierten en ilusoria la democracia directa. Los conceptos de "libertad de opinión" y "soberanía popular" no existen, toda vez que los medios de comunicación, además de tomar postura, difunden las opiniones que desean.




La opinión pública debiera surgir de un debate público sobre las críticas y propuestas de diferentes personas, grupos y clases sociales. Para que la publicidad crítica no se convierta en manipulación, al servicio de intereses privados, aquellas opiniones sobre hechos controvertidos expresadas en público deben permitir que el individuo, sin temor a ser excluído, pueda exponer su propio juicio públicamente aunque no responda a la opinión o a los criterios sociales dominantes.

El término desinformación se ha convertido en habitual en el lenguaje político y periodístico, habiéndose vinculado a la manipulación de los medios, al control de la información en beneficio de intereses políticos o económicos y a las estrategias de gobiernos, partidos o grandes empresas para engañar a la opinión pública.

Desinformación es sinónimo de desconocimiento o ignorancia y también de manipulación o de confusión. El diccionario de la Real Academia Española no lo introdujo hasta 1992, definiéndolo como “dar información intencionadamente manipulada al servicio de ciertos fines” o “dar información insuficiente u omitirla”.

Se habla por ejemplo de desinformación mediática y también económica, empresarial o corporativa, en alusión a cómo las grandes compañías multinacionales controlan la difusión de noticias, ocultando a la ciudadanía aquellas que puedan resultar negativas para sus intereses y moviendo los hilos de la política y de la opinión
pública 

Transmitir a alguien una información que no es verdadera es una situación que puede darse con asiduidad. Y muchas veces, como afirma Galdón, se produce de forma no intencionada, simplemente por un error. Sin embargo, se entiende que la desinformación es un fenómeno en el que el emisor tiene el firme propósito de ejercer algún tipo de influencia y control sobre sus receptores con abuso de poder. Y la realidad, por muy paradójica que pueda resultar, es que en una sociedad como la actual, con miles de fuentes de información y de vías de acceso a la misma, sobre todo tras la llegada de Internet, el desinterés ciudadano por la información, sobre todo por la información política, es muy alto entre buena parte de la población.

La intención de mentir es quizá el elemento más sustancial del fenómeno de la desinformación. Pero la mentira puede tener dos caras. Se puede mentir transmitiendo un hecho falso a sabiendas de que lo es y sin advertir de su falsedad, y también ocultando o silenciando datos relevantes sin los cuales es imposible el conocimiento completo de la verdad.

Y precisamente por esta característica de faltar a la verdad, algunos autores han preferido denominar a este fenómeno “intoxicación” en vez de desinformación, puesto que entienden que este término define con mayor exactitud la confusión buscada por el emisor.


La desinformación está íntimamente unida a los medios de comunicación, al intento por parte del emisor de valerse de ellos y de manipularlos para que el periodista o el medio sean transmisores voluntarios o involuntarios de la misma, puesto que la independencia de los medios está bajo un progresivo control político y económico y, en especial las grandes corporaciones, han abandonado su vertiente informativa y se han convertido en poderosos medios de influencia social en función de unos determinados intereses económicos o ideológicos.

Luis Rojas Marcos renombrado psiquiatra, presidente del Sistema de Hospitales Públicos de Nueva York, reflexiona en sus libros sobre la fascinación por las atrocidades representada paradigmáticamente por los antiguos romanos y el deleite actual servido por televisiones y cines, por lo vil, el culto a la crueldad y a lo degenerado, la ética de la frustración, el aburrimiento, la desmoralización.

Tras los atentados del 11 de Septiembre de 2.001, Rojas Marcos analizó sus efectos en la población, la conciencia de vulnerabilidad, el miedo a una amenaza que persiste, la exaltación del nacionalismo, la fobia a los extranjeros, la sed de venganza, el papel de la televisión, la manipulación de la realidad, la falta de influencia femenina, el resurgimiento de la espiritualidad y, por último, la conclusión de que la violencia vende en el negocio del periodismo y sobre todo de la Televisión.

Las cadenas de televisión construyen el relato informativo mediante un espectáculo con el objetivo de conseguir audiencias. Con conocimiento de que el terrorismo o la protesta violenta buscan espacio en los informativos televisivos, las cadenas españolas gestionan este tipo de noticias buscando el mayor grado de espectacularidad que ofrecer a la audiencia.

En esta relación entre desinformación y medios de comunicación, no puede obviarse que en los últimos años, con la irrupción de Internet, los ciudadanos tienen acceso a muchas más fuentes, pero los desinformadores tienen a su alcance otras herramientas de comunicación como las redes sociales para difundir sus mensajes.

En España, el control de la radiotelevisión pública se consolida con PSOE, Podemos, PP y PNV que, amañando un concurso público han designado su Consejo de Administración con parte del equipo directivo que ha recibido más denuncias por manipulación informativa.

Rosa María Mateo deja al frente de la corporación al "compañero" José Manuel Pérez Tornero, con un sueldo suponemos parecido y seis vocales remunerados con 900 euros brutos mensuales y sometidos a un fuerte régimen de incompatibilidades. Todos ellos ejercerán su puesto durante seis años.

El Congreso de los Diputados ha ratificado este jueves el acuerdo al que han llegado horas antes los grupos parlamentarios de PSOE y PP, además de los de Unidas Podemos y PNV, sobre el Consejo de Administración y la Presidencia de RTVE, y ha elegido a los seis vocales que le correspondía nombrar. Por el PSOE, entra también en el Consejo Elena Sánchez, secretaria general de RTVE, cuyo proyecto de gestión que presentó recibió el siguiente comentario por parte de los examinadores: "Es plagiado de la Wikipedia". El concurso público, un fraude.

José Manuel Martín Medem ha sido propuesto por Unidas Podemos y director de Mundo Obrero, el periódico del Partido Comunista de España y colaborador de La Última Hora, el libelo digital de Podemos, dirigido por Dina Bousselham. La formación morada también ha designado para el Consejo a Roberto Lakidain, vinculado a Comisiones Obreras en RTVE.

El Partido Popular ha optado por Carmen Sastre, jefa de Nacional durante el período en el que Alfredo Urdaci estuvo al frente de los Servicios Informativos, y Jenaro Castro, que obtuvo una puntuación de 0 en el proyecto de gestión del concurso.

El PNV ha optado por Juan José Baños, antiguo director del periódico Deia y de la sociedad pública Itelazpi desde 2013 hasta 2017, con Urkullu de lehendakari.

Con críticas de los demás partidos, el Congreso y el Senado han avalado la idoneidad de los cuatro candidatos al nuevo Consejo de RTVE que ya habían acordado los principales grupos parlamentarios, así como la de los más de sesenta aspirantes que han pasado por esta comisión.

Por si no fuera poco el control de los medios estatales, Pablo Iglesias reclama "elementos de control" sobre los medios  de comunicación vertiendo sospechas sobre su función informativa, aduciendo que están al servicio de los intereses de los "millonarios", los "bancos" y los "fondos buitre". En relación a esto, ha asegurado que esos "dueños" millonarios tienen "más poder" real que él que es vicepresidente segundo del Gobierno, que "pinta mucho menos que los dueños de Atresmedia o Mediaset".

De Mediapro no dice nada, y la cadena de Roures mantiene conversaciones con la Sepi (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) para solicitar una ayuda que podría ascender a 300 millones de euros. La compañía, controlada por el grupo chino Orient Hontai Capital y participada también por WPP y por sus fundadores, Jaume Roures y Tatxo Benet, arrastra una deuda de unos 920 millones de euros.


El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado noviembre la Orden PCM/1030/2020, de 30 de octubre, mediante la cual la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática ordena a su vez la publicación del denominado Procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional en octubre de 2020.

La nueva orden del Gobierno contra la desinformación la describe la desinformación en los mismos términos que lo hace la Comisión Europea: «información verificablemente falsa o engañosa que se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población, y que puede causar un perjuicio público».

La posibilidad de ejercer una censura que, aunque no sea previa tal y como prohíbe el artículo 20 de la Constitución Española, se haría sin ningún tipo de control judicial. Al respecto, cabe señalar que para el secuestro de publicaciones, del apartado quinto de este mismo artículo, sí se exige una resolución judicial.

El Plan de Acción contra la Desinformación de 2018, aprobado por la Unión Europea, establece en su punto octavo que los Estados miembros deben apoyar la creación de equipos de verificadores de datos e investigadores independientes. Esa independencia es indispensable, puesto que esos verificadores deben actuar libremente, de tal forma que toda limitación del derecho en cuestión solo se lleve a cabo cuando sea absolutamente necesaria y atendiendo a estrictos criterios técnicos y no políticos.

Con todo, la orden teje una enmarañada red de órganos competentes que es necesario examinar para observar si se cumple esa independencia, «Acorde con los órganos y organismos que conforman el Sistema de Seguridad Nacional». De esta manera, se busca equiparar la lucha contra la desinformación con los asuntos de Seguridad Nacional, lo que puede servir para intentar justificar precisamente ciertas restricciones de derechos.

El Consejo de Seguridad Nacional es una comisión delegada del Gobierno, con el fin de asesorar al presidente sobre materias de Seguridad Nacional. Debe destacarse que el artículo siete de la Ley de Seguridad Nacional también dispone que las Cortes Generales son competentes en materia de Seguridad Nacional, pero no han sido tenidas en cuenta para la orden que nos ocupa.

El Comité de Situación es un órgano de apoyo del Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el Vicepresidente del Gobierno y vicepresidido por el Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno y Secretario del Consejo de Seguridad Nacional.

La Secretaría de Estado de Comunicación depende de Presidencia y la orden le sitúa como autoridad pública competente, junto a Presidencia, el CNI y los distintos gabinetes de comunicación de los Ministerios y otros órganos.

Comisión Permanente de Desinformación creada por la norma, actuará en conjunto con la Secretaría de Estado, correspondiéndole varias funciones importantes como la elaboración de informes agregados para apoyar la valoración de amenazas; elevar al Consejo de Seguridad Nacional recomendaciones y propuestas; y, quizá la más importante, la elaboración de la propuesta de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desinformación al Consejo de Seguridad Nacional.

Es criticable que no se prevea un foro donde la sociedad civil discuta estos temas con la clase política, ni tampoco se contemplen mecanismos de participación real. Eso sí, las autoridades competentes podrán solicitar la colaboración a organizaciones cuya contribución se considere oportuna y relevante, lo que probablemente lleven a cabo organizaciones afines al Gobierno de turno

En conclusión, que nuestra opinión no es nuestra, sino la que nos sugieren constantemente desde los periódicos y todo tipo de aparatos electrónicos que miden su audiencia para saber hasta cuándo nos pueden engañar.


jueves, 22 de octubre de 2020

"Cuando promete un hombre honrado, queda obligado."


Quien obra con honradez se caracteriza por su rectitud e integridad, respetando las normas correctas y adecuadas en la comunidad en la cual vive. La persona honrada no miente ni actúa sin transparencia, ya que una actitud semejante iría en contra de sus valores morales. Si un sujeto es honrado reconocerá sus defectos y los perjuicios que pudieran causar. Ningún político hace eso, sino como máximo pedirá disculpas cuando sus errores queden en evidencia.

La corrupción política se comete por funcionarios y autoridades públicas que abusan de su poder con omisión de los deberes de los administradores de los recursos públicos, anteponiendo sus intereses personales y los de su partido al bien general. 

Las formas de corrupción más comunes son el uso ilegítimo de información privilegiada, los sobornos, el tráfico de influencias, la evasión fiscal, las extorsiones, los fraudes, la malversación, la prevaricación, el cohecho, el nepotismo, y en general favorecer la impunidad de las redes organizadas.

Aunque por corrupción se sobreentiendan los delitos del ámbito público y político, también afecta al ámbito de los negocios o de las transacciones comerciales. En España hay una oligarquía que corrompe a la clase política y judicial para amparar su preponderancia sobre rivales, consumidores y la economía en general.

Cuando las autoridades o funcionarios públicos reciben o solicitan favores o retribuciones cometen delito, pero si no media cohecho o tráfico de influencias, la Justicia no se mueve. La malversación del patrimonio público, aunque sea la principal causa del exceso de gasto y de los recortes, ni se impide ni se detecta por las entidades supervisoras.

Los delitos contra la administración pública, como nombrar o dar posesión de un cargo público a una persona de forma irregular y que no cumple los requisitos legales establecidos, están penados como prevaricación, pero ni jueces ni fiscales hacen algo contra los miles de enchufados.

No ocurre sólo en España, por supuesto, pero en nuestro país está institucionalizada, como en Italia, según las propias palabras del ex-líder Beppe Grillo.



Por lo general son los gobernantes o los funcionarios quienes se dedican a aprovechar los recursos del Estado para de una u otra forma enriquecerse o beneficiar a parientes o amigos.

Los países en que la transparencia de las cuentas públicas, adquisiciones, concesiones y similares sea reducida o incluso inexistente estarán más expuestos a estas acciones, pero si además los medios de información no son transparentes al informar a los ciudadanos o se ven manipulados, el proceso de corrupción será más complicado de erradicar y juzgar.

En los regímenes democráticos, al recaer la soberanía en el pueblo, el ejercicio del poder debería responder ante la nación. Toda vez que nuestra democracia está mediatizada por los partidos, éstos son los que deben rendir cuentas ante el pueblo sobre su propia gestión, sea como Gobierno o como oposición.

Aquí no responde nadie, y PSOE, PODEMOS y el PP pactan descaradamente la composisión del Consejo General del Poder Judicial para los tremendos casos que tienen pendientes.

La Presidente de Ciudadanos carece de poder y de propuestas para que el CGPJ sea elegido por jueces, senadores y diputados en vez de representar el mejor aliado del bipartidismo que muestra tantos casos de estas conductas. Los electores que confiaron en los chupasangres naranjas de la derecha y la izquierda pronto tomarán el mismo camino de tantos militantes que se han marchado.



La líder de Ciudadanos dice que intentará "parar las infamias" de Sánchez pero a la vez pactar unos Presupuestos "razonables". A pesar de los indultos prometidos por Sánchez, Arrimadas alienta el diálogo que el Gobierno mantiene con ERC o EH Bildu.

Arrimadas inició su acercamiento al Gobierno durante las prórrogas del estado de alarma. El diálogo entre las dos partes permitió negociar un acuerdo de Presupuestos a finales de agosto, hasta la intervención de Pablo Iglesias y el cambio de posición de ERC, que ha dicho que no estará en una suma que incluya a Ciudadanos y viceversa. Hoy el acuerdo con el bloque de la investidura es más factible que la vía de Ciudadanos.

La corrupción genera ineficiencia y distorsiones sobre el desarrollo económico, incrementa el coste de los negocios y actividades empresariales ya que hay que sumar el sobreprecio de las negociaciones con los cargos públicos.

Para los que viven de la corrupción, los sobornos permiten sortear una burocracia excesiva y los consabidos retrasos. Eliminar abiertamente las regulaciones costosas y prolongadas es mejor que permitir encubiertamente que aumenten los costes de los negocios, y también el monopolismo de las empresas corruptoras con conexiones sobre las competidoras honradas.

La corrupción también genera distorsiones en el sector público al desviarse inversiones públicas a proyectos de capital en los que los sobornos y mordidas son más abundantes. La corrupción también hace descender el cumplimiento de las regulaciones relacionadas con la construcción, el medio ambiente u otras, reduce la calidad de los servicios e infraestructura gubernamentales e incrementa las presiones presupuestarias sobre el gobierno.

La corrupción toma la forma de expolio, con el resultado de que el capital financiero obtenido es movido fuera del país, en lugar de ser invertido en el mismo.​ Los retrasos o detenciones del desarrollo no desaniman a los cargos públicos a esconder su riqueza fuera del país, lejos del alcance de futuras investigaciones.


Los países corruptos pueden tener desconfianza en los partidos políticos, en los dirigentes políticos y en la mayor parte de instituciones públicas. Esto lleva a mucha gente a soslayar una legislación abusiva para no ser explotado por personas o redes corruptas. Como consecuencia de lo anterior, las actividades privadas están faltas de conciencia social, de educación o de compromiso.

Del cohecho se han hecho ricos autoridades o funcionarios públicos que, en provecho propio o de un tercero, recibieron o solicitaron dádiva, favor o retribución de cualquier clase para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo o para no realizar o retrasar injustificadamente el que debiera practicar, y el particular que ofreciere o entregare dádiva o retribución son totalmente impunes porque el Estado funciona así.

El funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario público o autoridad prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con otro funcionario o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero, incurriría en penas de prisión si no fueran también autoridad los funcionarios del Ministerio Fiscal (que obededeciendo a sus superiores aplican sobre los jueces las influencias del Gobierno).

Se minusvalora la posibilidad de ser descubierto por la impunidad efectiva de los actos de corrupción, amparados por el corporativismo partidista y el control sobre los medios de comunicación que ocultan a la luz pública los casos de corrupción.

La corrupción no es sólo responsabilidad del Estado o del Gobierno de turno, sino que incluye muy especialmente al sector privado, en cuyo caso se puede hablar de corrupción empresarial o de tráfico de influencias entre el sector privado y el público. En España, dicho sector tiene una gran influencia y por lo tanto el nivel de corrupción tiene mucho que ver con la manera en la que se comporta el sector privado en conjunto con los sistemas políticos.


La lucha contra la corrupción implica la transparencia de las instituciones ante el uso de recursos públicos, mayor independencia del poder judicial del poder ejecutivo y legislativo. Si el poder político es controlado por partidos corruptos, estos pueden modificar la situación legislativa entorpeciendo las labores judiciales o incluso convirtiéndolas en algo inocuo.

Vox ha visto bloqueada su anunciada moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez. “Es la moción más justificada de la democracia española. Nunca un Gobierno lo hizo tan mal, no solo en la gestión de la pandemia, sino por la degradación de la economía y la vida institucional”, aseguraba con razón Abascal aunque Pablo Casado e Inés Arrimadas le bloqueen el sorpasso haciendo el juego a sus obedientes señorías pese a los menas, okupas, inmigrantes, la pandemia y la ruina económica. 

Tendrá que esperar a las elecciones para recibir la confianza del pueblo. La aparición de nuevos partidos políticos puede cambiar la legislación para que actos de esta índole no sucedan. Los verdaderos liberales (y no la birria de Ciudadanos), quieren derogar la excesiva legislación que permite a los funcionarios poner trabas o hacer la vista gorda, pretendiendo interpretar la Ley.

El excesivo poder discrecional del funcionario público viene determinado por la concentración de poderes en ciertas actividades del gobierno, en las cuales escasean decisiones colegiadas. Falta transparencia en la información concerniente a la utilización de los fondos públicos y a los procesos de decisión.

La gran corrupción genera la desconfianza en las autoridades, pervierte el funcionamiento del aparato estatal, y en muchos países, aparecen movimientos de protesta que tratan de confrontarse con el poder político, y generan inestabilidad política que el Poder contesta con represión política o policial.

Los medios de comunicación, receptadores del desvío de fondos públicos a fines sin interés general, difuminan la verdad de los hechos mientras besan el culo a quienes los financian.

El recorte del gasto público propugnado por Vox pondría en serio peligro la financiación ilegal de los grandes partidos y el enriquecimiento de sus dirigentes. La reducción de organismos públicos innecesarios y del número de enchufados contratados por la Administración sin duda redundaría en la disminución de los casos de corrupción.

Reducir el tamaño del Estado es un objetivo compartido por los liberales de Vox, que primero quiere podar las pesadas ramas autonómicas para conservar el árbol sano.