"EL HIJO" de Alfonsina Storni.

Se inicia y abre en tí, pero estás ciega

para ampararlo y si camina ignoras

por flores de mujer o espada de hombre,

ni qué alma prende en él, ni cómo mira.

Lo acunas balanceando, rama de aire,

y se deshace en pétalos tu boca

porque tu carne ya no es carne, es tibio

plumón de llanto que sonríe y alza.

Sombra en tu vientre apenas te estremece

y sientes ya que morirás un día

por aquél sin piedad que te deforma.

Una frase brutal te corta el paso

y aún rezas y no sabes si el que empuja

te arrolla sierpe o ángel se despliega.

El ayatolá Jameneí, líder supremo de Irán, se dirigía hace muy poco a una multitud de musulmanas a las que dirigió estas frases: “Todas las cosas que destruyen a la familia se agrandan cada día más en Occidente. Todas esas cosas son destructivas para los cimientos de la familia. La libertad sexual y el exceso en la proliferación de las transgresiones sexuales y la promiscuidad destruyen a la familia”.“En el conjunto de la creación del ser humano el papel de la maternidad es el más elevado dado que, de no haber maternidad ni alumbramiento, si no hay embarazo ni amamantamiento, la renovación generacional se detendrá irremisiblemente. Por tanto, la maternidad es la función más importante en el mundo de la creación, en el mundo del ser humano. El Islam le da importancia”. 

Francia reforma el artículo 34 de su Constitución, tras el visto bueno del Senado y el Congreso, por 780 de los 925 parlamentarios. En su nueva redacción recoge «la libertad garantizada de la mujer a recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo».

Medio siglo después de legalizar el aborto, Francia da este paso tras la decisión del Supremo de Estados Unidos de revertir la jurisprudencia que le daba protección federal.

Sumar quiere seguir el ejemplo de Francia e incluir en aborto en la Constitución española: pide que este 8M, día de la mujer, se convierta en movilizaciones para pedir blindar el aborto en la constitución española y alaba a todas las mujeres que trabajaron para poder acabar con la vida de sus hijos en España. La Ministra de Infancia y Juventud también se ha declarado a favor de "blindar ese derecho".

Mejor que una educación sexual e información, y no llegar al asesinato de seres indefensos, la práctica del aborto se conceptúa como un DERECHO, sin dar opción a propuestas como la de VOX a que toda mujer que vaya a abortar debería de ser informada de la intervención que se le va a practicar, con videos ilustrativos a poder ser. Que no piensen que esas intervenciones son tan limpias y asépticas como lo que las quieren hacer ver.

Es una opinión mayoritaria también en la centroderecha francesa, uno de cuyos líderes, Gabriel Attal, pronunciaba: "El hombre que soy nunca experimentará la angustia que experimentaron estas mujeres, privadas de la libertad de controlar sus cuerpos durante décadas. El hombre que soy nunca conocerá el sufrimiento físico de aquellos tiempos, cuando el aborto era sinónimo de secretismo vergonzoso, dolor indescriptible y riesgos fatales. El hombre que soy nunca conocerá el sufrimiento moral, frente al peso de una sociedad que prefirió silenciar y condenar.  Pero el hermano, el hijo, el amigo, el Primer Ministro que soy recordará toda su vida el orgullo de haber estado en esta tribuna en este día que se consagrará la lucha de hombres y mujeres de todas las ideologías y sensibilidades, juntos, que han hecho posible este momento en el que podemos, juntos, llenos de emoción, cambiar nuestro derecho fundamental para reconocer la libertad de las mujeres, AL FIN. Hoy Francia ha enviado un mensaje histórico al mundo entero: los cuerpos de las mujeres les pertenecen y nadie tiene derecho a disponer de ellos en su lugar.  Es una segunda victoria para Simone Veil y para todas aquellas que abrieron el camino."

La ley del aborto fue la ley de Simone Veil, que era parte de un gobierno de la UDF (el centroderecha francés), así que no nos puede sorprender.

El popular Feijóo en junio de 2022, pocas semanas después de haber alcanzado la presidencia del PP, dijo: “El aborto es un hecho con el que convive la sociedad española desde hace muchos años. Todos los países de la Unión Europea tienen regulado ese derecho. Esa situación hay que regularla no buscando la división, sino lo que tenemos en común”.

Tras la sentencia del Tribunal Constitucional, Feijóo fue un paso más allá: “La ley de plazos está bien construida, es una ley correcta, constitucional. Merece mi respeto. Hay otros aledaños en los que no estamos de acuerdo, pero en la España actual una ley de plazos es una ley correcta”.

Thomas Jefferson dijo: La maternidad es la clave de bóveda de la felicidad matrimonial. En mi opinión, y según su nombre indica, la existencia del contrato matrimonial en culturas y costumbres muy alejadas, deriva de su vocación de permanencia que, a su vez, descansa sobre los deberes filiales. Sin hijos, ¿por qué existiría un pacto de amor y respeto "sine die"?.

El Comité Episcopal para la Defensa de la Vida, dependiente de la Conferencia Episcopal Española, relaciona con el valor y la dignidad de la vida humana, el fenómeno del aborto provocado, su realidad biológica, tratamiento legal, consideración social y sus aspectos ético-morales.

Se ha dicho que la Humanidad ha vivido cambios más profundos en los últimos cien años que en todo el resto de la historia del hombre sobre la Tierra. Lamentablemente, todos estos progresos no siempre han ido unidos al correspondiente crecimiento moral de la persona, a velar por la dignidad amenazada de la persona o el mandato constitucional de proteger la intimidad individual y familiar de las intromisiones. En particular, no se defiende el derecho a la vida, y aun es objeto de agresiones inequívocas, tanto por la actitud de sectores amplios de nuestra sociedad como por la propia legislación vigente en España.

La Medicina entiende por aborto toda expulsión del feto, natural o provocada, en el período no viable de su vida intrauterino, es decir, cuando no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir. Si esa expulsión del feto se realiza en período viable pero antes del término del embarazo, se denomina parto prematuro, tanto si el feto sobrevive como si muere.

En ocasiones se actúa sobre embarazos de hijos viables, matándolos en el interior de la madre o procurando su muerte después de nacer vivos.

Por eso para lo obispos no tiene sentido decir, como el Islam, que el hijo recién concebido no es un ser humano porque no tiene aspecto de niño, como suponer que el niño no es un ser humano porque no tiene el aspecto externo del adulto.

Con los actuales conocimientos genéticos, es indudable que cada ser es lo que es desde el momento de la fecundación.

La vida de un ser humano es un largo proceso que se inicia cuando de dos gametos, uno masculino y otro femenino, surge una realidad claramente distinta: el nuevo ser humano, fruto de la fecundación, quien en las distintas etapas de su desarrollo recibe nombres distintos: el cigoto es la primera célula que resulta de la fusión de las células masculina y femenina. Tras unas primeras divisiones celulares, este ser humano recibe el nombre de mórula, en la que pronto aparecerá una diferenciación entre las células que formarán el embrión y las destinadas a formar la placenta. En esta nueva fase, el ser humano se llama blastocisto, y anidará en la pared del útero de su madre. Después se irán diferenciando sus órganos, unos antes que otros, durante todo el período embrionario, al tiempo que la placenta se desarrolla por completo. El embrión se llamará entonces feto, y continuará su crecimiento mientras se produce la maduración funcional de sus órganos hasta que, en un momento dado, nacerá y se llamará neonato, recién nacido.

En el supuesto de que alguien tenga dudas acerca de si en un instante concreto ya comienza a existir un nuevo ser humano o todavía no existe, debe abstenerse de interrumpir su normal desarrollo o de darle tratos indignos del hombre, pues ante esta duda debe prevalecer la posibilidad de que sí estemos ante un ser humano; al igual que, en caso de duda sobre si un hombre está ya muerto o todavía no, se exige que se le respete como ser humano vivo hasta que haya certeza de su muerte. Hasta tal punto la sociedad valora la protección de la vida humana, que para extirpar un órgano con destino a un trasplante no basta con la probabilidad de que el donante haya fallecido, sino que se exigen rigurosos criterios científicos para diagnosticar su muerte.

La palabra “seguridad” es completamente inadecuada para los abortos: por aspiración existe el riesgo de infecciones e incluso de perforación del útero, y que a la hemorragia se una la lesión de órganos abdominales de la madre. Este riesgo se incrementa en los abortos por legrado. En los abortos por inducción de contracciones las complicaciones más graves son las hemorragias y las embolias, y en las “mini cesáreas” se corre el riesgo de desgarros de la cicatriz y de infecciones sobreañadidas. En las inyecciones intraamnióticas puede producirse el paso de las sustancias tóxicas al sistema circulatorio de la madre.

Es cierto que estas complicaciones no son muy frecuentes y que la mortalidad materna no es alta (aunque hay complicaciones y hay muertes), pero existen secuelas importantes derivadas de estas manipulaciones, que pueden influir seriamente en el desarrollo de embarazos posteriores.

Hay que mencionar también aquí el alto riesgo de alteraciones psíquicas que pueden aparecer muchas veces de forma tardía. El aborto supone frecuentemente para la madre, aunque se someta a él voluntariamente, un fuerte trauma psíquico.

La autonomía de la conciencia individual debe respetarse en función de la persona humana, pero precisamente por esta convicción los Estados tienen la exigencia ética de proteger la vida y la integridad de los individuos, y despreciarían gravemente esta exigencia si se inhibieran en el caso del aborto provocado, como la despreciarían en el de la tortura. En efecto, carece de sentido una argumentación según la cual los Estados deberían permitir la tortura cuando chocasen el interés de los torturados por obtener una información o una confesión y el de las víctimas por no facilitarla o no confesar. Esta cuestión es, desde luego, un problema científico, político y social grave. Pero también es, y en gran medida, un serio problema moral para cualquiera, sea o no creyente.

El que procura un aborto, si sabe que la Iglesia lo castiga de este modo riguroso, queda excomulgado. El Canon 1398 dice: “Quien procura un aborto, si éste se produce, incurre en excomunión Latae sententiae”. Por otra parte, el Canon 1041 establece que el que procura un aborto, si éste se consuma, así como los que hayan cooperado positivamente, incurre en irregularidad, que es el impedimento perpetuo para recibir órdenes sagradas.

Incurrir en excomunión significa que un católico queda privado de recibir los Sacramentos mientras no le sea levantada la pena: no se puede confesar válidamente, no puede acercarse a comulgar, no se puede casar por la Iglesia, etc. El excomulgado queda también privado de desempeñar cargos en la organización de la Iglesia.

Los médicos y el personal de Enfermería, aunque no sean católicos y ni siquiera creyentes, están protegidos por sus respectivas organizaciones profesionales para no actuar contra sus convicciones en esta materia. El Tribunal Constitucional ha dicho expresamente (Sentencia de 11 de abril de 1985) que el derecho a la objeción de conciencia está amparado por la Constitución y, en consecuencia, se puede obtener de los jueces y tribunales la pertinente protección de este derecho.

Como conclusión, Ipe Utrera-Molina, muy recientemente afirmó en redes que: "En cualquier caso, la defensa de la vida no se debe enfocar solamente desde la óptica religiosa -que también- sino tb. desde una perspectiva del derecho natural, del humanismo y de la evidencia científica. El embrión es un ser humano y como tal merecedor de protección."

"Poema de la desposada", de José Ángel Buesa.

Buena suerte, muchacha. Lucirás muy bonita

con el velo de novia y el ramo de azahar,

pero sin el sonrojo de la primera cita,

sino pálida y seria delante del altar.

Pronto será la boda. Pero acaso un despecho,

amargará las noches de tu luna de miel,

si al abrir una puerta reconoces un lecho

o al cruzar un pasillo recuerdas otro hotel.

Sin embargo, muchacha, cuando termine el viaje,

ya serás la señora de no sé qué señor,

aunque tal vez descubras, al abrir tu equipaje,

que en la prisa, ¡qué pena!, se te olvidó el amor.

Un día 22 de mayo de 2004, el príncipe Felipe y Letizia Ortiz se casan en la catedral de la Almudena de Madrid. Diez años después, el príncipe Felipe es proclamado Rey de España ante las Cortes Generales y su esposa republicana ocultó su pasado.

Es sabido que Doña Letizia abortó un año antes de prometerse con Don Felipe, y que ambos lo ocultaron para que la Reina Sofía no impidiese la boda.

Para ocultarlo, ambos confiaron en un primo de la actual consorte Real, que no sólo lo publicó en un libro, sino que grabó la conversación en la que se hablaba de un aborto voluntario.

El aborto voluntario es la interrupción del período de gestación decidido por la mujer, que puede tomar esta decisión por diversas razones. Se desconoce el motivo que pudo tener Dª Letizia.

La interrupción voluntaria del embarazo, también llamada IVE, consiste en la extirpación del embrión o del feto, y en España se puede realizar durante las primeras 14 semanas sin necesidad de alegar un motivo.

En caso de que el embarazo suponga un riesgo para la vida o la salud física y/o mental de la mujer, se detecten anomalías o malformaciones en el feto u otras anomalías incompatibles con la vida, se podrá interrumpir hasta la semana 22.

Los tipos de aborto voluntario son el aborto quirúrgico, que requiere de una operación, y el aborto farmacológico, que requiere de la píldora abortiva RU486 que solo debe ser administrada durante los dos primeros meses. A partir de las etapas siguientes, se deberá recurrir al aborto quirúrgico.

Entre los diversos tipos de aborto quirúrgico se distinguen:

Vaciado: es el método más común y se lleva a cabo anestesia local. Dura sólo 5 minutos.

Histerosucción: se realiza sólo dentro de las primeras ocho semanas de embarazo, y consiste en la aspiración del embrión y del endometrio con una cánula insertada en el útero. Ni siquiera requiere la dilatación del cuello uterino.

Dilatación y revisión de la cavidad uterina: se suele realizar entre la octava y la duodécima semana de gestación con anestesia local o general. Consiste en la dilatación del cuello uterino para introducir una cánula de succión proporcional al tamaño de un feto en un estado de desarrollo más avanzado.

Dilatación y vaciado: se utiliza sólo para embarazos de más de doce semanas. Consiste en la dilatación mecánica del canal cervical para la extirpación del feto y la aspiración de líquido amniótico y la placenta. Es un tipo de aborto quirúrgico que se realiza sólo en caso de que el embarazo suponga un riesgo para la salud de la madre o en caso de que el feto sufra malformaciones.

En 2018, se envió un cuestionario a 117 profesionales médicos de cuidados intensivos neonatales en la región de Flandes de Bélgica con 92 respuestas. El estudio encontró que casi todos los profesionales médicos belgas que trabajan en una unidad de cuidados intensivos neonatales apoyen la eugenesia de los recién nacidos con discapacidades. Los encuestados también coincidieron en que la ley belga debería permitir la eutanasia de los recién nacidos cuando, de hecho, fue técnicamente legalizada en 2014. ¿Qué derecho a disponer de su propio cuerpo permite acabar con un recién nacido?

Catalina Devandas, que es la primera relatora especial sobre los derechos de las personas con discapacidad para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, afirma que: «Las personas tienen derecho a vivir y morir con dignidad, pero no podemos aceptar que las personas elijan terminar con sus vidas debido al estigma social, el aislamiento o la falta de acceso a asistencia personal o servicios relacionados con la discapacidad».

Los discapacitados se preguntan por qué hay gente que piensa que esas personas es mejor que no vivan.

El lobby de la eutanasia declara que apoya la eutanasia «voluntaria», pero cuando a un recién nacido se le inyecta letalmente, claramente se trata de un caso de eutanasia involuntaria. La eugenesia y la eutanasia van de la mano. La persona promedio que apoya la eutanasia no basa su apoyo en actitudes eugenésicas, pero el lobby de la eutanasia ha explotado el miedo al sufrimiento para ampliar el alcance de la matanza. A los fetos los rematan, esa es la realidad.

VOX quiere proteger tanto a la mujer gestante como los derechos del no nacido. El número de abortos que anualmente se practican en España en mujeres comprendidas en una edad que oscila entre los 15 y 45 años, en el año de 2018 fueron 95.917, lo que supone un incremento de 1,91 % respecto a 2017. Debemos advertir que los datos son incompletos, pues no se han tenido en cuenta las intervenciones practicadas en centros médicos de Comunidades Autónomas que no han notificado el número de mujeres que han interrumpido su embarazo, en especial el aborto químico, ni tampoco se han tenido en cuenta las mujeres que lo han hecho acudiendo a otras soluciones.

La práctica del aborto, en muchos casos, se considera como un medio anticonceptivo más. No es de extrañar que esto ocurra cuando la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo considera el aborto como un derecho de la mujer, desprotegiendo de forma total al nasciturus.

Ante esta dramática situación VOX propone que se tomen una serie de medidas para proteger a la mujer y al no nacido, dirigidas a garantizar y proteger los derechos de la mujer gestante ante su embarazo, proporcionando a la misma apoyo psicosocial y médico que garantice información y suficiente apoyo a la mujer embarazada, con medidas positivas de ayuda y asistencia, especialmente en favor de las madres gestantes en situación de vulnerabilidad o desempleo.

La delegación de VOX en el Parlamento Europeo ha votado en contra del polémico “informe Matic”, un controvertido proyecto de resolución que bajo el paraguas de la “salud sexual y reproductiva” (eufemismo con el que la izquierda suele referirse a la legalización de la práctica del aborto), aprueba la eliminación del niño en el vientre materno en un nuevo “derecho humano”.

El documento, redactado por el socialista radical checo Predrag Matic, ha sido aprobado por amplia mayoría en la denominada comisión FEMM, una de las más radicales del Parlamento Europeo y en la que el rodillo de la izquierda funciona como el que más. La polémica propuesta ha sido votada favorablemente por el Pleno del Parlamento. El informe Matic plantea considerar la objeción de conciencia de los profesionales de la salud que se nieguen a practicar un aborto como una "denegación a la atención médica".

El informe Matic retoma el camino emprendido por otra polémica iniciativa que causó gran revuelo en la Eurocámara en 2013: el fallido informe Estrela, rechazado en su día por su radicalidad y su pretensión de invadir competencias exclusivas de los Estados miembros como la sanidad y la educación. Esta versión no es más suave que la anterior, todo lo contrario, pero sí lo son las fuerzas que ayudaron a tumbarlo la vez anterior, en especial el grupo del Partido Popular Europeo, que en los últimos años ha ido dejando de lado su identidad ideológica en aras de la mera gestión.

VOX Europa ha añadido al texto aprobado una posición minoritaria recordando que este informe invade competencias exclusivas de los Estados miembros como la sanidad, la educación y el aborto y defendiendo una visión positiva de la mujer, la maternidad y la fertilidad frente a los prejuicios ideológicos y el oscurantismo alarmista de los diputados pro-aborto. Asimismo, recuerda que el informe contradice toda la jurisprudencia europea en materia de aborto.

En ese sentido, el Tribunal Constitucional dictó doctrina en su sentencia de 1985, conforme a la cual el legislador tiene el deber de proteger al nasciturus mediante el Código Penal.

La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la intervención voluntaria del embarazo, modificó la regulación penal del aborto consentido para establecer un sistema de plazos con asesoramiento previo. La nueva norma fue recurrida en aquel momento ante el Tribunal Constitucional por más de cincuenta diputados del Partido Popular.

Después de diez años, el Tribunal Constitucional aun no se ha pronunciado sobre esa impugnación, lo cual es particularmente inexplicable por dos motivos. Ante todo, este recurso afecta intensamente a derechos fundamentales y libertades públicas de la máxima relevancia. Cuando en 2010 acordó rechazar la solicitud de suspensión cautelar de los preceptos impugnados, el propio Tribunal anunció «dar carácter prioritario a la tramitación y resolución» del recurso.

No ha sido así, aunque, por ese motivo, el Tribunal Constitucional debía haber estado particularmente interesado en afrontar esas cuestiones. Ahora, la decisión europea se lo pone fácil, y la toma de control del TC por Pedro Sánchez lo garantiza.

Feijóo comunica a su Comité Ejecutivo que el PP no va a derogar la actual Ley del aborto ni la que promueve Irene Montero, con el argumento de que “esos debates engordan a Vox” y desplazan al partido del centro a donde lo quiere llevar para ganar las elecciones.

La verdad es que perseguir penalmente los infames abortorios donde a veces ejerce personal no cualificado está totalmente justificado desde el punto de vista penal y sanitario. Pero no es una solución para las embarazadas en situación económicamente precaria, en en el país europeo con el porcentaje más elevado de desempleo juvenil y con más población desempleada.

Dirán que no se puede obligar a una mujer a proseguir el embarazo hasta el parto, pero hay leyes en Europa que permiten abortar hasta el día anterior al nacimiento. No tiene ningún sentido moral ni médico: podría incluso adelantarse el parto sin arrepentirse de haber traído otro ser al mundo. Otros que puedan lo criarán, y haber matado a "algo" que realmente es "alguien" deja remordimientos en muchas, cuando pasa el tiempo. Si aún así la mujer piensa que "esto no es suyo", el médico puede llevarlo a la incubadora y los servicios sociales ya lo darán en adopción.

En tiempos que se consideran más atrasados, había tornos en conventos para dejar a los bebés al cuidado de la Iglesia, y algunas instituciones públicas se han encargado de su educación y sustento en diversos países. Actualmente la adopción es la mejor alternativa para los niños que por uno u otro motivo necesitan unos padres.

Mi opinión es que ayudar a las madres con una paga o pensión como las que se dan a las viudas y otros colectivos necesitados es una función del Estado que se les adeuda. Y, por conocimiento de casos de mujeres que han abortado pudiendo no hacerlo, y de hombres que no han asumido sus propios actos, puede ser un obsesivo cargo de conciencia y una oportunidad perdida, religión aparte. Una compañía para toda la vida, algo imposible de entender por el cartesianismo abreviado del pensamiento político Europeo.

EL INVITADO INOPORTUNO.

Ya sé que estas elecciones no son unas generales, pero servirán para medir el descontento de la población respecto de los partidos y la confianza en algunos candidatos. Una de las razones por las que el PP puede perder por primera vez al votante de toda la vida es el giro y voltereta que han hecho alrededor del asunto del aborto.

El "ABORTO CERO" es una quimera inalcanzable, como lo es la "delincuencia cero" o "cero accidentes de tráfico". Por ejemplo, es inevitable el aborto espontáneo o aborto natural, aquel que no es provocado intencionalmente.

También están los casos no planificados, cuando un médico de urgencias se encuentra frente a un embarazo complicado, en el que la mujer o el feto corren riesgo de perder la vida. Una caída o cualquier accidente que sufra la gestante ocurren de improviso.

Hay que saber asumir esos fallecimientos del mismo modo que cuando dos gemelos nacen unidos y uno de ellos muere en el transcurso de la cirugía practicada para separarlos. Sin duda es triste para los familiares, pero esas cosas ocurren inevitablemente.

El asunto es que actualmente prima la ideología tecnocrática que se remonta al francés Claude-Henri de Saint-Simon en los años de la Revolución Francesa, durante los cuales se dedicó a la especulación con bienes nacionales. Al igual que él hoy también hay politólogos universitarios convencidos de sustituir la decisión política por la ciencia de la producción bajo directrices industriales y técnicas.

Deberían recordar que este conde pensador creía que la industrialización traería un nuevo modelo social más próspero. Los que duden de que haya sido así, sepan también que no le gustaba demasiado la propiedad privada, y que era partidario de que el Estado reorganizase la sociedad para que los trabajadores pasasen a cobrar según su productividad.

El gran objetivo que se propuso ha tenido siempre más seguidores de los que la Humanidad ha merecido, y también su idea de refundar la moral social.

Para algunos que se creen en el deber de ser iconoclastas, la familia tradicional es un concepto superado. Parece ser que en su propuesta de renovación ético-política incluye que los niños no vengan del mismo sitio y que cuidar de ellos es simplemente una costumbre socialmente aceptada. Como si la gente de todo el planeta siempre hubiera estado equivocada, se niegan a admitir que criar hijos es tarea conjunta, no porque sea obligación sino porque cuanta más colaboración mejor.

Y poca colaboración se puede esperar de los partidarios de restringir la natalidad para cuadrar el crecimiento demográfico con el del empleo que permitirán crear.

Esta es la ética del Estado, el racionalismo abreviado que promueve o frena la natalidad pensando sólo en la sostenibilidad del número de cotizantes a la Seguridad Social.

Y sin embargo el aborto se nos plantea como una cuestión moral despegada de su necesidad práctica. Desde el punto de vista de los nuevos dogmas estatalistas, su regulación corresponde al Estado bajo supuestos y plazos objetivos. En nombre de madres, embriones y fetos ya que el semental queda excluído legalmente de la toma de decisiones.

En abstracto, el aborto que un médico considera necesario por razones relativas a supervivencia de la gestante o del feto se considera una situación de fuerza mayor.

Cuando la fuerza mayor se impone la Ley suele reconocer ese hecho para disculpar a quienes actuaron en esa circunstancia. Si se trata de elegir entre la vida o muerte de madre e hijo, de uno de ellos o de los dos, no puede negarse que la existencia de un grave dilema. Dos vidas en contraposición en situaciones inevitables.

Y sobre la vida de cada persona, en este caso la de las mujeres embarazadas, los legisladores no deberían tener la última palabra. No porque sean mujeres sino porque son personas y ciudadanas que, como todos, no le han pedido al Estado que sea nuestro tutor, ni que nuestra suerte dependa de sus capacidades para velar por nuestros intereses, o de ser indemnizados por los perjuicios cotidianos de su intromisión.

Los seguidores de las doctrinas tecnocráticas piensan que el Estado es responsable del control educativo y parte interesada sobre las obligaciones de tutela y alimentación de los padres. En esos casos los mayores de edad siguen bajo la esfera económica de sus familias, biológicas o adoptivas, hasta que se incorporan al sistema productivo.

El siglo XX vió nacer el poder de los técnicos de producción en una sociedad industrial, y más adelante de la clase directiva de los grandes grupos industriales. El político tecnócrata comunica los más altos niveles de la burocracia estatal y de los aparatos económicos con los grandes nombres de las universidades y la escena pública.

La prioridad de los intereses económicos de las clínicas privadas está muy por encima del griterío de los disconformes. El cuerpo del feto, su aprovechamiento o venta por laboratorios y clínicas se ha venido justificando por la investigación médica, aunque su único destino no sea buscar la cura de enfermedades sino también la fabricación de cosméticos con células madre. Los intereses de estas empresas multinacionales confluyen con los de las clínicas que no sólo cobran por las intervenciones sino por el comercio de estos "residuos clínicos".

Con la creciente intervención del Estado en la vida económica de los pueblos, con la planificación económica y con la integración entre industria y defensa, actualmente la tecnocracia suplanta el poder político en vez de apoyarle con su asesoramiento y los medios. La decisión de tipo político basada en criterios prudenciales y morales cede ante sus cálculos y previsiones basados en puros criterios de eficiencia.

Países como España, dentro y fuera de la Unión Europea han optado por autorizar el aborto dentro de la planificación de su natalidad aunque a veces se diga lo contrario públicamente. El resultado es una burocracia inerte que otorga al informe del médico o del psicólogo (que no es doctor) la validez necesaria para autorizar a una gestante el aborto "voluntario". La inseguridad de las situaciones familiares potencia la opinión de que si no se tiene estabilidad económica no se deben tener hijos.

La política tecnocrática presume de su plena suficiencia para la gestión de los asuntos públicos, reduciendo a la sociedad a unidad productiva para la que hay que adaptar las estructuras institucionales y administrativas.

El Gobierno no quiere vincularse con ningún plan de asistencia a las embarazadas sino que mantiene el equilibrio con una Ley que es un refrito de las anteriores. Sólo tener el hijo y criarlo se puede hacer sin autorización. Para tenerlo y dejar que otros lo adopten, o para abortar, corresponde al Estado autorizarlo y a las mujeres asumirlo.

La pujanza tecnocrática en ningunear la voluntad de los individuos en aras a un sistema económico más eficiente tiende a planificar la sociedad por medio de un sistema de control tecnoburocrático.

El interés personal no cuenta ni nos suponen capacidad para adoptar las mejores decisiones. Despojada la vida social de todo principio moral por no ser cuantificable, el bien común se reduce a pura igualdad de trato en lo material. 

Actualmente, y eso ya sabéis que no sólo lo digo yo, la planificación de una nueva moral social seduce no ya a los continuadores del socialismo utópico dentro de la izquierda, sino al sector de la derecha que ha dejado de ser conservador. Queda alguna excepción, como VOX, que reclaman valores tradicionales en lugar de decisiones intervencionistas no pedidas por la ciudadanía.

El Grupo Parlamentario Popular se despacha hoy con un enésimo parche legal de dos artículos para encajar esta maquinaria paralela al sistema sanitario dentro de la Constitución, cuyo artículo 15, establece que «todos tienen derecho a la vida». Al respecto afirma el Tribunal Constitucional que el Estado debe "abstenerse de interrumpir u obstaculizar el proceso natural de gestación" así como "establecer un sistema legal para la defensa de la vida que suponga una protección efectiva de la misma con carácter de valor fundamental".

Las Leyes promulgadas desde 1.985 hasta los inacabables proyectos del Gobierno Rajoy no están pensadas para impedir el aborto, sino para establecer los plazos y supuestos para practicarlo, lo que se ha traducido en un incremento de la práctica abortiva como método de planificación familiar.

Puede tratarse de un aborto terapéutico cuando se realiza desde razones médicas, o de un aborto electivo, cuando se realiza por decisión de la mujer embarazada. Sin embargo no hay manera de saber cuando son ciertas las razones que alegan las embarazadas, ni cuando lo son las de los médicos especializados. Un ejemplo muy traído es el supuesto de "daño psíquico", que siempre se produce ya que es imposible que un embarazo no tenga impacto emocional. Pero es así con o sin aborto. Un profesional conoce las secuelas psicológicas tanto de parir como de abortar.

En cualquier caso ni los plazos ni los supuestos se cumplen, por mucho que estén prohibidos por la Ley, ya que dependiendo de quien gobierne, quien ejerce la inspección establece también cuáles son los márgenes de tolerancia. En teoría se castiga a los médicos que lo practiquen fuera de los casos previstos en la Ley, suponiendo que se sepa, dado que actúan bajo secreto profesional.

Los supuestos legales nunca se pueden demostrar. Si una mujer dice que la han violado nunca va a tener una sentencia firme que lo demuestre, puesto que para ello deben pasar años hasta que un Tribunal lo reconozca, si al final se demostrase. La realidad de los embarazos tras una violación, y el hecho de que puedan conocerse demasiado tarde para tomar la píldora postcoital es la razón de que el Estado se crea en el deber de autorizar el aborto porque no tiene más ayuda que ofrecer.

Tampoco se sabe siempre si el feto sufre malformaciones hasta transcurrido más tiempo del que indica la Ley, y como no se puede obligar a proseguir un embarazo, se facilita el aborto aún cuando esa intervención se salga de los plazos legales.

Los que defienden la conveniencia de permitir el aborto son también críticos por la forma en que se aplican estas leyes. La idea en la que están los ministerios de Justicia y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de que la menor embarazada y quienes están a su cargo no coincidan sobre las decisiones que afectan directamente a la mujer menor de edad, sigue generando serias dudas respecto de la legislación vigente. Pero habría que ver en cada caso qué razones dan la menor y sus padres o tutores, porque se delega en los jueces la responsabilidad de tener la última palabra para resolver ese pequeño conflicto de intereses.

Y yo me pregunto ¿en base a qué criterio jurídico debe terciar un juez? ¿Qué hechos deben probarse no existiendo peligro vital para la menor gestante, no esté desaconsejado por las circunstancias del caso? Deberían acogerse al mismo derecho de los profesionales sanitarios a abstenerse, por razones de conciencia, de participar o colaborar en abortos aunque sea en los supuestos despenalizados.

No es una competencia clara de ningún Ministerio en concreto, así que no hay un Organismo Público para que una embarazada sin recursos reciba una ayuda especial aunque no haya cotizado. En otros países europeos las hay desde hace mucho. ¿Quien va a asumir esa obligación? Si ningún estamento ofrece ayuda, quizás deban hacerlo los ayuntamientos, por proximidad, que están como todos obligados por la Constitución y no me cansaré de decirlo.

Los que hicieron estas leyes son los que permiten que al único sitio al que pueda acudir la mujer es a médicos especializados que promueven esta práctica por los beneficios que les genera. Aunque la medicina moderna desaconseje intervenciones invasivas cuando pueden evitarse.

La legislación ordena que los abortos sean realizados en centros o establecimientos médicos que reúnan las condiciones adecuadas y estén acreditados a tal efecto. Es una concesión o licencia especial de la que solamente gozan ciertos centros privados, ya que la Seguridad Social tiene como norma no llevar a cabo intervenciones que no estén justificadas por la necesidad.

En muchos países se le llama "legrado" o "curetaje", que consiste en extraer el embrión dentro de los primeros tres meses o como tratamiento tras un aborto espontáneo, que es más o menos el mismo plazo de la ley para abortar sin alegar causas.

Es lo que llaman el aborto "libre" como una situación en la que a la madre se le suponen motivos suficientes para esa decisión, y no se le exige demostrarlos. Conceptuarlo como un "derecho al aborto" es una elaboración teórica que las reformas de Rajoy no acogen, pero mantiene el plazo en los que se puede abortar libremente en las primeras catorce semanas. ¿Por qué ese plazo? ¿No se supone que a partir de la fecundación hay un concebido cuyos derechos deben ser protegidos por el Estado?.

Como hay opiniones muy diversas en la sociedad española, todas ellas amparadas por la libertad de creencia, que también ampara a los que no profesan ningún credo, ello nos permite y nos obliga a no meternos en esos berenjenales. Los mandatos religiosos son para los creyentes, y las leyes, para todos.

Leo en "webislam" la siguiente opinión: "El islam presume de defender la vida desde su mismísimo inicio, algo en lo que, teóricamente hablando, no se diferencia del cristianismo. La diferencia comienza cuando se debate en qué preciso momento comienza esa vida. Y así, mientras el cristianismo el asunto está meridianamente claro, -“la vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción” (Catecismo, artículo 2270)- en el islam, por el contrario, uno de los problemas que se plantea es, precisamente, el del momento en el que el alma le es insuflada al feto y esa vida comienza. Un momento que no coincide necesariamente con la concepción, y que varía según las distintas escuelas jurídicas, según los distintos autores, e incluso según los distintos hadices, desde los que sostienen que ello sucede los cuarenta días de la concepción, hasta los que defienden que han de transcurrir hasta ciento veinte días, cuatro meses nada menos, para que ello ocurra".

Doctores tiene la Iglesia que lo sabrán responder.

Las confesiones religiosas mucho predicar sobre este asunto pero no tanto ayudar, que el clero mendicante está demasiado ocupado en gastar en otras cosas.

Puede que el campechano Papa Francisco diga que no está de acuerdo mientras se pasea por Roma en su autito cochambroso, soñando con dar a los pobres el dinero de los demás. Los obispos guardan bien sus inversiones sin hacerle ascos a nuestro Gobierno aunque haga lo contrario de lo que predican.

A mí también me gusta el olor a cordero, pero hace tiempo que no lo pruebo.  Lo que no me gusta es el olor de la hipocresía, como la de dar sermones para después dar absoluciones en el confesionario.

Y es que la Ley está sólo para aparentar. No sirve de nada recoger en la Ley unos derechos de la madre o del feto sino garantizar o proteger la maternidad a cualquier mujer, sean cuales sean sus circunstancias. Sobre todo porque no todos los hombres asumen la paternidad, y está en la Ley que deberían hacerlo.

Las embarazadas que abortan no asumen responsabilidad alguna, mientras todo tipo de cargas recaen sobre que las que no abortan. En la misma Ley tendrían que estar previstas otras alternativas, no como esas ayudas sociales que todos prometen pero nunca llegan.

No verse capaz de afrontar la maternidad es la causa de la inmensa mayoría de los abortos que se producen. Muchas veces por culpa de zánganos que no asumen las cargas de la paternidad. La progresiva sustitución de la familia por emparejamientos inestables favorece estas situaciones que siempre han existido, y las nuevas leyes "protectoras" de las uniones conyugales parecen tan progresistas como inútiles. Que lo digan las que reclaman su pensión mensual en los Juzgados.

Lejos de proteger aunque fuese sólo económicamente, la vigente ley socialista y popular justifica el aborto por razones de carencia de medios, en un país que presume de garantizar el mínimo vital a sus ciudadanos. No se pasa hambre, se proclama el derecho al trabajo y a la vivienda, pero cuando llegamos al mundo real la solución de los legisladores es dar permisos para abortar por ser pobre y carecer de estas cosas.

Si los grupos provida confían en el rebaño popular, que se desengañen: ese partido carece de voces en contra, y por el contrario se caracteriza por la obediencia ciega.

Su moraleja de que carece de sentido exigir a la mujer dar al "moriturus" en adopción o proseguir el embarazo es una buena salida para que nuestra Administración se centre en posibilitar lo más fácil y más rápido de la forma más discreta.

No me corresponde a mí decidirlo pero no es tan grave dejar que nazcan y queden en manos de otra familia, o del padre responsable. No es malo traer hijos al mundo y siempre ha habido madres solteras cuya familia cuidaba del recién nacido. La sociedad puede asumir nacimientos no deseados porque hay familias que, siendo así, están dispuestas a cuidarlos como suyos.

Si el problema es que no se puede o no se quiere criar niños, hay familias adoptivas y servicios sociales para buscarle un hogar al recién nacido. Pero con el Estado de por medio todos los mecanismos de protección de menores basados en la intervención de la autoridad, incluyen como remedio rápido el ingreso de los menores en centros donde se puede consumar la dispersión definitiva del grupo familiar.

Y nadie le puede exigir a una madre querer desprenderse de un hijo.

Aunque las interesadas estuvieran predispuestas voluntariamente al aborto libre, siendo las que deben pensar si su cuerpo y el del feto son responsabilidades de la misma persona, pueden no querer seguir llevando dentro a otro. En tal caso, puede no ser posible adelantar el parto aunque la única opción legal sea esperar cuando ya se han sobrepasado los plazos.

Los datos oficiales no reflejan el número real de abortos porque se practican cotidianamente innumerables intervenciones clandestinas, muchas veces en los mismos centros médicos autorizados para hacerlo legalmente. Al final, sólo es cuestión de firmar un cuestionario para poder hacer legalmente lo que en realidad está prohibido o permitido según se mire.

Cuando el aborto se produce en una etapa avanzada de gestación, uno de los imponderables es que, pese a todo, el feto nazca vivo. En tal caso lo rematan, y se puede decir seas o no antiabortista. Las técnicas para hacerlo están en los libros de medicina, pero en ninguno he leído que el médico esté obligado siquiera moralmente a llevar al feto a la incubadora hasta que lo adopten. Es que no es suyo, y la dueña dice que tampoco suyo, con lo que el derecho a disponer del propio cuerpo alcanza a individuos que ya han nacido.

O sea, que no se puede decir a nadie que hay que proseguir un embarazo ni tampoco hay ningún protocolo para cambiar esas prácticas médicas. Desde luego el de Rajoy es un gobierno cuyos engaños serán recordados.

Por eso hay tanta gente que votó al PP y ya no les vota. Y por eso algunos votarán a otros, que de momento no van a tener mayorías pero demuestran merecerlas.