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lunes, 8 de abril de 2024

"YO NO SÉ NADA", de Oliverio Girondo.

 



Una representación de la Plataforma de Infancia ha mantenido una reunión de trabajo con la nueva ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego; el nuevo Secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez y miembros de su gabinete, con el objetivo de trasladarle las prioridades en materia de derechos de la infancia y la adolescencia que debe abordar el recién creado Ministerio.

Unas prioridades que han sido compartidas por Sira Rego, como son el impulso del desarrollo de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, y de los juzgados especializados en violencia contra la infancia, la protección de menores no acompañados, la coordinación de la Garantía Infantil, la trasposición completa de la Directiva Europea de Conciliación con la mejora e implementación de la Ley de Familias.

Afrontar con fondos presupuestarios la lucha contra la pobreza infantil, y garantizar los derechos de Juventud e Infancia en Educación, son los retos a los que estos Ministerios deben hacer frente.

Cursar secundaria en centros e institutos españoles significa estar más tiempo en las aulas que en otros países. Así lo señala el último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre educación (Education at a Glance 2023), que sitúa a España como el segundo Estado de la Unión Europea (UE) y el quinto de la OCDE donde más horas de clase se imparten. 

El informe señala, también, las diferencias entre las regiones de cada país (pág. 359). En ese sentido, la diferencia entre autonomías en España es de las más bajas, con una diferencia de apenas un 2%, tanto en primaria como en secundaria. 

El informe sobre educación de la OCDE también analiza otros aspectos del sistema educativo de cada país, entre ellos, el de España. Por ejemplo, analiza la tasa de matriculación tanto en entidades privadas como públicas y por grupos de edad:

Entre estudiantes de 6 a 14 años, todos los países superan la tasa del 90%, pero la de España es de 97,8%, detrás de 28 países.

En el siguiente grupo, de 15 a 19 años, los datos en España, arrojan que el 87,9% de los jóvenes de este grupo está matriculado en algún programa de estudio.

Destaca el dato de adultos (de 40 a 64 años) que estudian en España, que se posiciona como el quinto país de la UE con el dato más alto (un 2,2%).

El estudio de la OCDE sobre educación también incluye un análisis sobre los jóvenes entre 18 y 24 años que estudian y trabajan a la vez, los que solo trabajan y los que solo estudian: en España, el 61% de ellos estudian, siendo el noveno país con la cifra más alta, de los que sólo un 9% trabajan a la vez y un 3,5% está en paro, aunque buscando empleo; la mayoría del 39% de jóvenes de España que no están estudiando, está trabajando, en concreto, un 22% de ellos.

Mientras que el 70% de las alumnas terminan bachillerato, el porcentaje masculino se reduce hasta el 57%.

De media, el 56% de los estudiantes de todos los países se matriculan en estudios universitarios al terminar bachillerato. Pero, como señala el informe, el 19% de los graduados de secundaria en España están matriculados en la formación profesional, donde al menos uno de cada cuatro estudiantes de FP dejan el programa.

En septiembre de 2015, los Estados miembros de las Naciones Unidas adoptaron por unanimidad la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y su imperativo de “no dejar a nadie atrás”, priorizando “llegar primero a los más rezagados”, reconociendo la necesidad imperiosa de combatir la pobreza y las desigualdades.

En junio de 2011, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, fue el primer órgano intergubernamental de la Organización de las Naciones Unidas en aprobar la resolución 17/19 de amplio alcance sobre los derechos humanos, la orientación sexual y la identidad de género. La no discriminación se aplica a todas las personas en relación con todos los derechos humanos y libertades y prohíbe la discriminación por una lista de motivos no exhaustiva como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, las propiedades, el nacimiento o cualquier otra condición, pero no especifica la edad.

Lo anterior es reiterado por decisiones y orientaciones generales emitidas por distintos órganos de las Naciones Unidas creados en virtud de tratados, como el Comité de Derechos Humanos; el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Comité de los Derechos del Niño; el Comité contra la Tortura; y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.

En desarrollo de este mandato de respeto a la identidad, el 15 de marzo de 2007 se promulgó la Ley 3/2007 reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, que permite el cambio de la inscripción relativa al sexo en el registro civil y con ello el cambio del nombre, de la documentación oficial y del estatus ciudadano adscrito al sexo registrado.

La Ley española de cambio de sexo registral desvincula el pleno ejercicio de los derechos civiles vinculados al registro, de las cirugías genitales y la identidad de género ha recibido tutela igualmente en la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia o en la reciente reforma del Código Penal. Y como corolario de los Derechos constitucionales a la igualdad de todos los ciudadanos y al libre desarrollo de su personalidad, garantizar que la ley aplicable a las personas no las patologiza o somete a condición de prejuicio sobre su capacidad, dignidad y habilidades.

El concepto de identidad de género se refiere a la vivencia interna e individual del género tal y como cada persona la siente profundamente, incluyendo la vivencia personal del cuerpo, y otras como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. La identidad de género está generalmente acompañada del deseo de vivir y recibir aceptación como miembro de dicho género, e incluso del deseo irrenunciable de modificar, mediante métodos hormonales, quirúrgicos o de otra índole, el propio cuerpo, para hacerlo lo más congruente posible con el sexo-género sentido como propio.

Como reconoce la Resolución del Parlamento Europeo de 12 de septiembre de 1989, sobre la discriminación de las personas transexuales, ha de ser cada persona quien establezca los detalles sobre su identidad como ser humano.

En cumplimiento del mandato de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia y bajo el criterio rector de atención al interés superior del menor, la Ley les ofrece ahora a ellos y a sus tutores el amparo de la ley frente toda exclusión, plena atención a sus necesidades sanitarias y protección en el sistema educativo.

La Comunidad Madrileña, desde la época de Cifuentes, compromete igualmente el sostenimiento de un servicio de asesoramiento y apoyo a las personas transexuales, sus familiares y personas allegadas, el respeto de la confidencialidad e intimidad en todos sus procedimientos y compromiso firme en la realización de acciones contra la transfobia y el respeto en su proceder a la identidad y expresión de género de todo administrado.

Sobre la atención sanitaria a las personas trans establece el derecho a la salud y a la asistencia sanitaria de las personas transexuales en el servicio madrileño de salud y regula la unidad de identidad de género. La asistencia a los menores transexuales, se establece bajo los principios de tutela del mejor interés del menor y de respeto a su voluntad bajo el principio de reconocimiento progresivo de su madurez, conforme establecen los principios de la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño y los protocolos de las principales organizaciones pediátricas internacionales. En lugar de establecer prohibiciones que atentarían contra los derechos de los menores afectados y constituirían un maltrato, o de fijar barreras de edad que no tienen en cuenta el desarrollo individual de cada menor, se establece un sistema de atención individualizado y basado en las necesidades específicas de cada menor, y en el que se provee de los oportunos tratamientos en el momento adecuado en atención a su desarrollo. La Ley, establece además salvaguardas en interés del menor y el deber de consulta del mismo en toda medida que le afecte.

En el caso de las personas intersexuales, y de manera novedosa, la presente norma garantiza la integridad corporal de los menores intersexuales hasta que estos definan su identidad sentida y les ofrece protección de su intimidad y dignidad frente a prácticas de exposición y análisis de carácter abusivo. La protección de las personas intersexuales exige el reconocimiento de la diversidad de los cuerpos humanos y la erradicación del prejuicio según el cual existe un único patrón normativo de corrección corporal, que lleva a que menores intersexuales sean operados en su infancia para asimilarlos al patrón normativo de hombre o mujer, sin saber cuál es la identidad de dicha persona y cometiendo con ello frecuentes errores que luego condicionan gravemente la vida de la persona intersexual. Sin conocimiento de la identidad de género sentida por la persona intersexual: hombre, mujer o simplemente intersexual, cualquier intervención quirúrgica que asimile al menor a una identidad puede ser una autentica castración traumática.

El sistema educativo se concibe como un espacio de entendimiento y no discriminación y promoviendo que el mismo actúe como factor de integración y formación cívica en los principios de respeto, tolerancia y no violencia.

Así son nuestras leyes, que no consideran transtorno la disforia de género.



Vamos camino de lo que hizo el estado noruego con la familia de Marius y Ruth Bodnariu, una familia muy unida que criaba a sus hijos en un ambiente amoroso y lleno de actividades como pesca, cuidado de animales, carpintería, dibujo, pintura y música. Los padres de Ruth vivían en una casa vecina y formaban parte importante de la vida de sus nietos.

Pero el director del colegio al que acudían sus hijos, asegurando que los Bodnariu eran “muy cristianos y su creencia en Dios crea una discapacidad entre los niños”, defendió que los padres necesitaban una “orientación” para educar a sus hijos.

Todas las personas entrevistadas por los funcionarios de bienestar infantil y la policía, incluidos colegas, vecinos y médicos, no tuvieron más que elogios para la familia. Pero agentes de protección juvenil del gobierno se llevaron a los niños mayores, y posteriormente a las hijas menores. Al día siguiente, se llevaron al bebé de 3 meses. Los servicios de protección comunicaron a los padres que sus hijos estaban bajo la custodia de dos familias adoptivas separadas y que se estaban “integrando bien”.

La historia de los Bodnariu causó una gran indignación a nivel internacional. Sus vecinos pusieron en marcha una petición de apoyo que contó con más de 30.000 firmas. Debido a la presión internacional y a la actuación de sus abogados, el gobierno noruego ha permitido que pequeños volvieran a su casa junto a sus padres, después de haber estado más de 7 meses separados. El apoyo internacional a la familia fue tan fuerte que los gobiernos de Eslovaquia, Rumania y la República Checa intervinieron en el caso en nombre de la familia.

Iván González Ranedo se hace llamar Samantha Hudson, y durante un breve tiempo representó a la marca Doritos, hasta que el rechazo de los consumidores y el boicot a la empresa Pepsico han cancelado dicha "promoción". El personaje también fue fichado por TVE para participar en programas del ente público como MasterChef.

Sus provocaciones eran tales como: "Acabo de pasarle la lengua a mi prima pequeña por su vagina y me ha sonreído. Los más pequeños también merecen placer"; "Quiero hacer cosas gamberras, como meterme a una niña de 12 años por el ojete"; "Odio a las mujeres que son víctimas de violación y que recurren a centros de autoayuda para superar su trauma. k putas pesadas" o "Lloro de risa con vídeos de acoso escolar que acaba en suicidio". Además, ha mostrado públicamente deseos sexuales hacia sus padres: "El chumino de mi puta madre me la pone superdura"; "Por dios, quiero chuparle la polla a mi puto padre" o “Me pone mi padre, muchísimo, le felo el nabo todas las noches antes de dormir”.

La obra “Prometer hasta meter” de la Comparsa Osadía, también desató clamor e insultos tanto en España como en distintos países del mundo ante un video viral que mostraba a un grupo de niños desfilando por una calle con piezas de lencería y atuendo BDSM. Las imágenes fueron grabadas en el Carnaval de Torrevieja, en el que también participaron adultos, con el mismo disfraz.

Muchos denunciaron “sexualización de menores”, mientras que otros fueron más allá y hablaron de fomentar la “prostitución infantil” y “alentar la pedofilia”. Según los responsables de la Comparsa Osadía el objetivo fue hacer una crítica a los partidos políticos de derecha e izquierda, por tratar de engañar a la gente con promesas hasta meter el voto el urna. Por eso el título de la performance y que tanto  adultos como niños, junto con su provocativa vestimenta, llevaban banderas de España, de partidos y también de la comunidad LGTB+.

Días después del carnaval, la Comparsa publicó un comunicado respondiendo que el uso de bodys, pedrería, sujetadores, culottes y ligueros, “es algo común que en cada carnaval está más que permitido y aceptado socialmente”.

El juzgado de instrucción número 15 de Valencia ha acordado el sobreseimiento provisional de la investigación a la ex vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, y a las quince personas más acusadas, en su mayoría cargos de la Conselleria de Igualdad y de su gabinete al no encontrar delito. La acusación ponía en entredicho su papel en la gestión de la Conselleria en un caso de abusos hacia menores tuteladas cometidos por el exmarido de la ex lider de Iniciativa del Poble Valencia.

Oltra, tras ser imputada inicialmente por el juzgado en junio de 2022, dimitió como vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y portavoz del Consell y también como diputada en Les Corts por Compromís.

El auto que ha dictado el sobreseimiento de la causa, asegura que “no existe un solo indicio de que se dictara orden o instrucción alguna emanada de los cargos directivos de la Conselleria dirigida a ocultar los hechos ni a desacreditar a la menor”. Hay que recordar que la víctima fue trasladada engrilletada al juicio de su propio abuso sexual cuando todavía era menor y que tanto ella como su pareja fueron despedidos del Hospital de Torrevieja en el que trabajaban cuando el Gobierno de Ximo Puig y Mónica Oltra tomó el control del centro.

Así, una vez recibida declaración a todos los investigados, entre los que figuran técnicos y antiguos altos cargos de la Conselleria, a los testigos y examinada la ”copiosa documental obrante en autos (...) no subsiste indicio racional alguno de criminalidad contra los imputados ni, en consecuencia, fundamento alguno para dictar una resolución de imputación judicial definitiva contra los mismos“, precisa.

El instructor no aprecia indicios de delito de prevaricación administrativa ni tampoco de abandono de menores ni de omisión del deber de perseguir delitos. Respecto a Mónica Oltra, señala que no se ha acreditado que tuviera conocimiento alguno hasta el 4 de agosto de 2017 de los hechos que atribuía la menor tutelada a quien entonces era su marido. La Sala de lo Penal del Supremo ha confirmado la pena de 5 años de prisión por un delito continuado de abuso sexual a una menor de 16 años para Luis Ramírez, ex marido de Mónica Oltra. La víctima estaba tutelada por la Generalitat en el centro de acogida desde que fue declarada en situación de desamparo en 2011. Sostiene el juez que Oltra desconocía que Ramírez "fue separado de sus funciones como educador del centro de menores en el período comprendido entre el 20 de febrero de 2017 y 12 de marzo de 2017".

Asimismo, las sospechas expuestas en la denuncia y la querella iniciales acerca de que pudiera haber existido una directriz, orden o similar de la entonces consellera de Igualdad o de cualquiera de los altos cargos de la Conselleria para desacreditar a la víctima o encubrir al educador ”finalmente no han alcanzado la categoría de indicios de criminalidad y quedan como meras sospechas, especulaciones o conjeturas sobre los que no puede basarse una imputación judicial definitiva", añade el magistrado.

Teresa Tanco y su pareja y padre de sus hijos fueron los únicos trabajadores que perdieron en el empleo durante el proceso de reversión por el que el hospital pasó de estar gestionado por la empresa Ribera Salud a depender de la Conselleria de Sanidad. En el caso de la joven, el 12 de noviembre llevaba dos meses trabajando con un contrato indefinido por el que percibía 1.592 euros brutos y, al verse despedida, presentó una demanda ante el Juzgado de lo Social nº 1 de Elche que declaró vulnerados sus derechos fundamentales, nulo el despido y obligó a Sanidad a abonarle 10.000 euros en concepto de "daños morales".

Sin embargo, Tanco recurrió al TSJ porque la sentencia no ordenaba su readmisión ni el abono de los salarios de tramitación generados desde la fecha del despedido nulo hasta su vuelta al trabajo. La Sala de lo Social sí estima que, puesto que contaba con la condición de indefinida, Sanidad debe readmitir a la trabajadora "con abono de los salarios de trámite devengados hasta su readmisión", lo que suponen más de 46.000 euros brutos.

En este tiempo, además de todo el proceso judicial contra la ex vicepresidenta que ha sido archivado recientemente, la vida de Teresa Tanco ha sido caótica. Ha tenido dos hijos con la pareja de la cual se ha separado, ha perdido su custodia y viven con familias de acogida, y apenas ha encontrado recursos para vivir más allá de la ayuda de ciudadanos anónimos.

La presidenta del Congreso por parte del PSOE, Francina Armengol, ex presidenta de Baleares, ocultó el caso de las menores tuteladas que se prostituían en Baleares y que algunos educadores de los centros dejaron constancia a lo largo de 2019. Algunas jóvenes aprovechaban sus salidas o fugas para ofrecer servicios sexuales a cambio de dinero, sobre lo cual Armengol guarda silencio.

Un total de veinte casos conocidos de menores bajo tutela del Consell de Mallorca y del Govern balear, presididos por el PSOE, fueron víctimas de prostitución y abuso sexual. El caso que motivó la presentación de la querella por parte de Vox fue el de una de las menores tuteladas, oficialmente desaparecida, que fue explotada sexualmente y embarazada. El IMAS confirmó que la joven seguía en contacto con la Administración balear, que la presionó para abortar, acompañándola a una clínica privada.

Vox solicita la investigación de los hechos por presuntos delitos de dejación de las funciones de tutela y prostitución de menores por parte del Consell de Mallorca. que niñas menores de edad acudían diariamente a la estación para prostituirse a cambio de dinero. Estos clientes eran principalmente hombres de edad avanzada buscando relaciones sexuales con menores. La seguridad era prácticamente inexistente, solo contando con tres guardas de seguridad por la mañana y tres por la tarde.

Francina Armengol, aprovechó la audiencia privada que mantuvo durante una hora en el Vaticano con el Papa Francisco para informarle de las conclusiones del estudio llevado a cabo por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, sobre los casos de pederastia en el ámbito de la Iglesia Católica en España. Precisamente, tras su último encuentro con Armengol antes de Semana Santa en la Cámara Baja, Gabilondo explicó que seguía a la espera de que el Congreso pusiera fecha a su comparecencia para dar cuenta de los resultados de una investigación que ya se presentó el pasado mes de octubre.


Yo no sé nada


tú no sabes nada


ud. No sabe nada


él no sabe nada


ellos no saben nada


ellas no saben nada


uds. No saben nada


nosotros no sabemos nada.



La desorientación de mi generación tiene su expli-


cación en la dirección de nuestra educación, cuya


idealización de la acción, era ¡sin discusión!


una mistificación, en contradicción


con nuestra propensión a la me-


ditación, a la contemplación y


a la masturbación. (Gutural,


lo más guturalmente que


se pueda.) Creo que


creo en lo que creo


que no creo. Y creo


que no creo en lo


que creo que creo.



Cantar de las ranas


¡y ¡y ¿a ¿a ¡y ¡t


su ba llí llá su ba


bo jo es es bo jo


las las tá? tá? las las


es es ¡a ¡a es es


ca ca quí cá ca ca


le le no no le le


ras ras es es ras ras


arri aba tá tá arrí aba


ba!... Jo!... !... !... Ba!... Jo!...


domingo, 19 de diciembre de 2021

"¡AVE ENVIDIA!", de DELMIRA AGUSTINI.




¡Áspid punzante de la envidia, Ave!
Tú fustigas la calma que congela,
El rayo brota en la violencia, el ave
En paz se esponja y acosada vuela.

Si hay en Luzbel emanación divina
En ti hay vislumbre de infernal nobleza,
Rampante, alada, la ambición fascina-
Y si tu instinto al lodazal se inclina
¡Reptil tú eres y tu ley es ésa!

Mírame mucho que mi mente inflamas
Con la luz fiera de tus ojos crueles…
¡Ah si vieras cuál lucen tus escamas
En el tronco vivaz de mis laureles!

Gozaste el día que abismé mis galas,
Cóndor herido renegando el vuelo;
¡Hoy concluye tu triunfo, hay en las alas
Fatalidad que las impulsa al cielo!

Si de mis cantos al gran haz sonoro
Tu cinta anudas de azabache fiero,
Sabio te sé: de mi auroral tesoro
¡Lo que dejes caer yo no lo quiero!

Esa cinta sombría es la Victoria…
Cuando describes tu ondulado rostro
Por todos los sendero de la gloria
Muerdes sombras de ala, luces de astro.

Forja en la noche de tu vida impía
Cruces soñadas de mi blanca musa,
¡Si ha de vivir hasta cegar un día
Tus siniestras pupilas de Medusa!

No huyas, no, te quiero, así, a mi lado
Hasta la muerte, y más allá: ¿te asombra?
Seguido la experiencia me ha enseñado
Que la sombra da luz y la luz sombra…

Y estrecha y muerde en el furor ingente;
Flor de una aciaga Flora es esclarecida,
¡Quiero mostrarme al porvenir de frente,
Con el blasón supremo de tu diente
En los pétalos todos de mi vida!


El catalán es una lengua romance hablada por unos diez millones de personas, incluyendo hablantes no nativos, en Cataluña, las Islas Baleares, Andorra, la Franja de Aragón, el Rosellón y la ciudad sarda de Alguer, así como en la Comunidad Valenciana y la comarca murciana de El Carche, donde recibe el nombre de valenciano. Tiene unos diez millones de hablantes, de los cuales alrededor de la mitad son nativos.También es hablado en pequeñas comunidades de todo el mundo (entre las cuales destaca la de Argentina, con 200.000 hablantes).

Lengua minorizada es un término de sociolingüística que hace referencia a un idioma que ha sufrido marginación, persecución o incluso prohibición en algún momento de su historia.

Se diferencia del más ampliamente utilizado "lengua minoritaria", que hace referencia al idioma utilizado por un pequeño número de hablantes, caso en el que no se encuentra el catalán.

Las lenguas minorizadas pueden haber sufrido prohibición legal para evitar su uso público, como por ejemplo ha ocurrido hasta épocas recientes en España, durante el proceso de centralización llevado a cabo desde inicios del siglo XVIII, desde cuando se restringía la utilización en el ámbito público (administración y enseñanza) de otras lenguas que no fueran el castellano.

El catalán sufrió un recorte en su utilización y sin embargo no siempre una lengua minorizada es minoritaria en un territorio. Los miembros de la comunidad minorizada tienden a presentarse como parte de la comunidad dominante, y así son percibidos por el resto del mundo.

Desde la normalización lingüística de los años 80 los hablantes de la que fue lengua minorizada tienen en su repertorio la lengua propia, mientras que el idioma español en Cataluña se encuentra en declive debido a un proceso de sustitución lingüística.

Desde aquellos años el catalán es respetado en Cataluña mientras que la lengua española no puede usarse en determinados ámbitos, como el educativo, frente a las normas de uso expansivas características de las lenguas dominantes.

Como consecuencia de la situación anterior, la comunidad lingüística minorizada se convierte en un subconjunto de la dominante. Encontrándose los miembros de la comunidad catalanoparlante en una relación de poder respecto a los de cualquier otra comunidad lingüística, esta lengua es un elemento fundamental de integración o exclusión social y, por el contrario, la comunidad de la lengua española es minorizada como "extranjeros en su propia casa". Esta lengua se utiliza en ámbitos cada vez más restringidos y dejan de ser un vehículo de comunicación en determinados ámbitos, como la TV.

En Cataluña se da el caso de que las dos cadenas televisivas estatales practican la "desconexión" para favorecer las emisiones territoriales, mientras la emisora oficial catalana no cede ni un palmo al castellano en sus cadenas.

Este proceso de minorización lingüística no es natural ni tampoco es inevitable, sino que es un resultado de políticas de asimilación y uniformización conscientes y dirigidas. Toda regulación social del uso lingüístico que imponen una cultura uniformadora ha sido determinante en esta minorización.

La mayor parte de estados determinan en sus constituciones o en leyes relevantes la lengua oficial. En Europa, a través del Consejo de Europa varios Estados han firmado un tratado internacional denominado Carta Europea de las Lenguas Minoritarias o Regionales que establece medidas de protección para las lenguas minoritarias. Sin embargo, son los propios estados los que determinan si se adhieren a él y el grado en que desean protegerlas.

En 1737 escribía el valenciano Gregorio Mayans y Siscar en su libro Orígenes de la lengua española lo siguiente: «Por "lengua española" entiendo aquella lengua que solemos hablar todos los españoles cuando queremos ser entendidos perfectamente unos de otros».

Sin embargo, el lingüista venezolano Andrés Bello titulaba su principal obra Gramática de la lengua castellana, y explicaba en las nociones preliminares (3b):6​ «Se llama lengua "castellana" (y con menos propiedad "española'") la que se habla en Castilla y que con las armas y las leyes de los castellanos pasó a América, y es hoy el idioma común de los Estados hispanoamericanos».

En España hay personas que usan el término «español» al referirse a la lengua en contraposición a lenguas extranjeras, y «castellano» con relación a otras lenguas que también son españolas. Este es el uso que recomienda Manuel Seco en su Diccionario de dudas y dificultades del castellano. Así, en las comunidades autónomas con lengua propia diferente del español, la práctica usual ha sido tradicionalmente llamarlo «castellano», como hace la Constitución española de 1978, en su artículo tercero, utiliza la denominación «castellano» para la lengua, diferenciándola de las otras «lenguas españolas»:

El castellano es la lengua española oficial del Estado. (…) Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas...(es decir, que el resto de lenguas habladas en España, como el euskera, el catalán o el gallego, también son españolas).

La cuestión no es que el español lo hablen millones de personas, sino que donde es amenazado es dentro de la misma España.


El consejero de Educación de la Generalitat, Josep González Cambray, ha visitado este jueves el centro de Educación Infantil y Primaria de Canet de Mar coincidiendo con el primer día de aplicación de la sentencia que obliga a ofrecer el 25% de las horas lectivas en castellano. Una decisión judicial que González-Cambray ha tachado de «anomalía», y justifica el hostigamiento por lo que considera como "ataque intolerable" a la inmersión lingüística. Y así, el consejero de Educación se permite remitir una carta a los directores de los colegios catalanes advirtiéndoles que la Generalitat desobedecerá y protegerá a los rebeldes.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado a la Conselleria de Educación de la Generalitat y a la dirección de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona) proteger y «adoptar las medidas necesarias para preservar la protección e intimidad» de la familia que denunció el proyecto lingüístico del centro.

El centro imparte ese 25%, que se traduce en seis horas semanales en castellano. En concreto, las dedicadas a psicomotricidad y plástica. «Estas sentencias no se ajustan a la realidad de centros» ha lamentado Cambray «y esto es más flagrante en una clase de cinco años, que no tienen clases de catalán y castellano».

El consejero ha dado pleno apoyo a la dirección del centro y algunos padres de familias, además de representantes del Ayuntamiento, y ha asegurado que es «mentira» que haya un conflicto lingüístico en el centro.

El independentismo desprecia al diferente. Un docente separatista llamaba a lanzar piedras contra la casa del niño castellanohablante cuya familia había pedido ser escolarizado en castellano, y un agente de los Mossos ha pedido ‘aislarlo’ en la escuela.

Se trata de Albert Donaire, el líder de los Mossos separatistas, quien a través de sus redes sociales ha vuelto a demostrar su inquina hacía toda persona que no defienda las tesis independentistas, publicando no sólo el nombre y los apellidos del padre del niño de Canet de Mar, sino también su profesión -abogado- instando a no contratarle.

"Este niño debe encontrarse absolutamente solo en clase. Las horas que se realizan en castellano, los demás niños deberían salir de la clase. Reaccionamos o nos matan la lengua", afirmaba Donaire en su cuenta de Twitter.

Han abandonado a un niño de cinco años, al que los Herodes del separatismo catalán han atado a la picota del odio lapidándolo en las Redes Sociales y exigiendo su expulsión del colegio y de Cataluña. En los últimos días se ha desatado una campaña de acoso contra la familia del menor, que ha pedido protección al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ante el señalamiento público.

Ha sido entonces cuando la jauría de intolerantes se ha volcado en evidenciar su intransigencia insultando a los padres y al niño, animándoles a abandonar Cataluña, publicando su dirección física y animando a hacer escraches al pequeño para que no pueda ir al colegio. Padres del centro, por su parte, han creado una web para recoger apoyos contra la sentencia. Han recibido ya 5.000 firmas.

El Supremo considera que, para garantizar adecuadamente el derecho de los niños a ser educados en su lengua madre, y habida cuenta del bilingüismo existente en Cataluña, todos los niños tienen derecho a que al menos el 25% de su educación sea en su lengua materna.

Obviamente lo que resuelve es que los castellanoparlantes -que son cerca de la mitad- tienen derecho a recibir al menos el 25% de la educación en español. Y esto tan básico es considerado como un "ataque intolerable" para los intolerantes que llevan años imponiendo la inmersión lingüística y violando el derecho humano a ser educado en la lengua madre.

De momento, 13 familias más se han sumado a reclamar el cumplimiento de la sentencia del Supremo. Y es necesario que el delito de odio producido con el pequeño y su familia sea perseguido con todas las garantías pero con toda la contundencia. Nos estamos jugando la convivencia pacífica, que los intolerantes quebraron hace demasiado tiempo.

¿De verdad que el catalán es tan débil que necesita acosar a un pequeño de 5 años para demostrar su supuesta fortaleza?. Ni siquiera el nuevo Defensor del Pueblo, Angel Gabilondo, ha querido mojarse en el asunto. Dice que todavía no conocemos todo el cuadro para poder opinar. Los que vivimos en Cataluña conocemos el cuadro mejor que él.

lunes, 6 de septiembre de 2021

"DICE EL PUERCO: 'DAME MÁS', DICE EL AMO: 'YA VERÁS''"

 


Los colegios públicos andaluces obligarán a sus estudiantes a no comer cerdo para no ofender a los estudiantes musulmanes.

Ante el elevado presupuesto que debía aprobarse para poder tener dos menús diferentes en los colegios públicos, uno tradicional y otro sin cerdo destinada a los musulmanes, la Junta de Andalucía ha preferido dar prioridad a los musulmanes, obligando al resto de niños a comer una dieta sin cerdo.

Son muchos los padres que se han quejado a la Junta de Andalucía por la situación que se vive en los comedores de los colegios públicos de la comunidad.

La queja más llamativa ha sido la de un padre de un niño de apenas seis años de un colegio de Sevilla, que manifiestó que “En las próximas semanas tendremos una reunión por la mala calidad de la comida en el colegio de mi hijo. Ante esta reunión me he puesto a mirar el menú escolar en profundidad. Pues resulta que las lentejas son con verduras, los garbanzos se comen aliñados con verduras o las fabes se comen en puré, así que mirando por todos lados me he dado cuenta que no hay ni un solo producto del cerdo en el menú mensual, he buscado en menús de otros meses y exactamente lo mismo”.

“Tras darme cuenta de esta situación, he preguntado en el chat de grupo de padres, el cual jamás uso, sobre por qué no hay cerdo en el menú. Me han contestado que ante la imposibilidad de gestionar dos menús y el tener niños musulmanes en el colegio (poquísimos) que no pueden comer cerdo, la Junta de Andalucía decidió eliminarlo del menú”, añade este padre, que denuncia que su hijo pequeño, es obligado a llevar una dieta sin posibilidad de elegir otro tipo de menú que lleve cerdo.

Por lo tanto, los demás niños andaluces tienen prohibido comer chorizo, panceta, jamón, lomo de cerdo y otros productos relacionados con este animal. Al menos en los colegios, porque en su casa a los niños les darán de comer lo que quieran.

La alcaldesa Colau aplica la misma política, con argumentos medioambientales y de salud: el Ayuntamiento de Barcelona ha propuesto nuevos menús escolares en los que restringe el consumo de carne roja a un solo día a la semana. Otros dos días, de segundo, en el menú figuraría otra proteína animal "huevos, pescado, pollo o conejo".

Queda pendiente saber si los escolares podrán llevarse bocadillos de paté de cerdo, salchichón, salami, etc., o eso también ofenderá a la comunidad musulmana.

Una respuesta nos la da John Stuart Mill, en su importante obra "Sobre la libertad":

"Con respecto a la alegada necesidad de proteger a la sociedad del mal ejemplo que ofrece a los demás el hombre vicioso o poco escrupuloso, es verdad que el mal ejemplo puede tener un efecto pernicioso, especialmente el ejemplo de causar mal a otros impunemente. Pero ahora estamos hablando de la conducta que sin perjudicar a otros se supone ocasiona un gran daño al que la observa; y no me explico cómo los que esto creen, pueden dejar de pensar que este ejemplo, en general, es más saludable que pernicioso, en cuanto si deja ver la mala conducta pone igualmente de manifiesto las penosas y degradantes consecuencias que, si la conducta es justamente censurada, debe suponerse la siguen en la mayoría de los casos.

Pero el argumento más fuerte contra la intervención del público en la conducta puramente personal, es que cuando interviene lo hace torcidamente y fuera de lugar. Sobre cuestiones de moralidad social, de deber hacia los demás, la opinión del público, es decir, la de la mayoría directora, aunque frecuentemente equivocada, tiene más probabilidades de acertar; porque en cuestiones tales son llamados a juzgar tan sólo de sus propios intereses y de la manera en que les afectaría una determinada conducta, caso de ser consentida. Pero la opinión de una tal mayoría impuesta como ley sobre la minoría, en cuestiones de conducta personal tiene absolutamente las mismas probabilidades de ser acertada como equivocada, ya que en casos tales la opinión pública significa, a lo más, la opinión de unos cuantos respecto a lo que es bueno o malo para otros; y con frecuencia, ni siquiera esto representa, porque el público pasa, con la más perfecta indiferencia, sobre el placer y la conveniencia de aquellos mismos cuya conducta censura, y no considera sino su propia preferencia. Hay muchos que consideran como una ofensa toda conducta que les disgusta, tomándola como un ultraje a sus sentimientos; como el fanático acusado de irrespetuosidad hacia los sentimientos religiosos de los demás, contestaba que eran ellos los que no respetaban los suyos al persistir en sus abominables cultos o creencias. Pero no hay mayor paridad entre el interés de una persona por su propia opinión y el de otra que se siente ofendida por mantenimiento que la que existe entre el deseo de un ladrón de apoderarse de una bolsa y el de su legítimo propietario de retenerla. Y el gusto de una persona es cosa tan peculiar de ella como su opinión o su bolsa. Es fácil imaginar un ideal público que deje intactas la libertad y elección de los individuos en todas las materias inciertas, y sólo les exija abstenerse de aquellas maneras de conducirse que la experiencia universal ha condenado. Mas ¿dónde se ha visto un público que ponga tales limitaciones a su censura?, o ¿cuándo el público se preocupa de la experiencia universal? Al intervenir en la conducta personal, rara vez piensa en otra cosa sino en la enormidad de obrar o pensar de distinto modo a como él lo hace; y ese criterio, levemente disfrazado, es el que presentan a la humanidad, como el dictado de la religión y la filosofía, las nueve décimas partes de todos los moralistas y escritores especulativos, enseñando que las cosas son justas porque son justas, porque nosotros sentimos que lo son, y diciéndonos que busquemos en nuestros propios espíritus y corazones las leyes de conducta que nos obligan para con nosotros mismos y para con todos los demás. ¿Qué puede hacer el pebre público sino aplicar estas instrucciones y hacer obligatorias para todo el mundo sus propias definiciones del bien y del mal, cuando respecto de ellas se ha logrado una suficiente unanimidad?

El mal que aquí se señala no existe sólo en teoría y acaso se espere que cite yo aquí los ejemplos en los cuales el público de esta época y país ha atribuido impropiamente a sus propias preferencias el carácter de leyes morales. No estoy escribiendo un ensayo sobre las aberraciones del sentido moral presente. Es un asunto demasiado importante para ser tratado entre paréntesis y por vía de ilustración. Sin embargo, algunos ejemplos son necesarios para mostrar que el principio que mantengo es serio y de importancia práctica y que no estoy tratando de levantar una valla contra males imaginarios. Y no es difícil mostrar mediante abundantes ejemplos que una de las más universales de todas las propensiones humanas consiste en extender los límites de la que puede ser llamada policía moral, hasta el punto en que choque con las libertades más indiscutiblemente legítimas del individuo.

Como primer ejemplo considerad las antipatías que nacen entre los hombres por motivos tan fútiles como el de que las personas que no profesan las mismas opiniones religiosas que ellos, no observan sus prácticas, y sobre todo sus abstinencias religiosas.

Para citar un ejemplo enteramente trivial, lo que más envenena el odio de los mahometanos contra el credo o las prácticas de los cristianos es que estos coman cerdo. Hay pocos actos que los cristianos y europeos miren con mayor disgusto que el que produce a los musulmanes este medio de calmar el hambre. Es, en primer lugar, una ofensa contra su religión, pero esta circunstancia en modo alguno explica ni el grado ni la especie de esta repugnancia; el vino está también prohibido por su religión, y todos los musulmanes, aunque consideran como malo el tomarlo, no lo miran como motivo de indignación. Su aversión a la carne del «animal sucio» es, por el contrario, de ese carácter peculiar semejante a una intuitiva antipatía, que la idea de suciedad, una vez que ha penetrado en los sentimientos, parece siempre excitar aún entre aquellos cuyos hábitos están lejos de ser de una escrupulosa limpieza y del cual el sentimiento de impureza religiosa, tan intenso entre los indios, es un ejemplo notable. Suponed ahora que un pueblo cuya mayoría estuviera compuesta de musulmanes, insistiera esta mayoría en prohibir comer la carne de cerdo dentro de los límites de su territorio, lo que no sería nada nuevo en los países mahometanos.

¿Sería este un ejercicio legítimo de la autoridad moral de la opinión pública?, y si no, ¿por qué no? La práctica es, realmente, repugnante a tal público. Ellos piensan sinceramente también que Dios la prohíbe y la aborrece. Ni siquiera podía esta prohibición ser censurada como una persecución religiosa. Pudo en su origen ser religiosa, pero no puede ser una persecución por causa religiosa en cuanto que ninguna religión obliga a comer cerdo. El único fundamento sólido para condenarla sería que el público no tiene por qué intervenir en los gustos personales ni en los intereses propios de los individuos.

Viniendo a algo más próximo a nosotros: la mayoría de los españoles consideran como una gran impiedad, en alto grado ofensiva al Ser Supremo, adorarle en otra forma que la Católica Romana y ningún otro culto es legal en el suelo español. Los pueblos de la Europa meridional miran a un clérigo casado no sólo como algo irreligioso, sino como impúdico, indecente, grosero y de mal gusto. ¿Qué piensan los protestantes de estos sentimientos perfectamente sinceros y del intento de imponerlos sobre los no católicos? Sin embargo, si los hombres están autorizados para intervenir recíprocamente en la libertad de cada uno en cosas que no afectan a los intereses de los demás, ¿qué principio puede invocarse para hacer imposibles estos casos?, o ¿quién puede condenar a las gentes por desear la supresión de lo que consideran como un escándalo ante Dios y ante los hombres? No pueden invocarse mejores razones para prohibir lo que se tiene por una inmoralidad personal, que las que invocan para suprimir esas prácticas los que las consideran como impiedades; y a menos que estemos dispuestos a adoptar la lógica de los perseguidores y decir que nosotros podemos perseguir a otros porque acertamos y ellos no pueden perseguirnos nosotros porque yerran, debemos cuidar de no admitir un principio de cuya aplicación nosotros mismos tengamos que resentirnos como de una gran injusticia.

Puede objetarse a los ejemplos precedentes, aunque sin razón, que están sacados de contingencias imposibles entre nosotros; no es probable que en este país la opinión imponga la abstinencia de carnes ni se mezcle en los cultos, casamientos o no casamientos de las gentes, según sus creencias o inclinaciones."

En 2009 Egipto iniciaba la eliminación de cerdos desoyendo a la OMS, un organismo que ha demostrado no tener ni puta idea sobre epidemias. El cerdo es biológicamente muy similar al ser humano, por lo que es pausible que pueda transmitirnos sus enfermedades.

El Gobierno ordenaba acabar con toda la cabaña porcina, unos 250.000 ejemplares, supuestamente, para frenar la expansión del virus gripal A/H1N1, cuya epidemia mundial tuvo origen porcino. Aunque, según se ha informado, ningún ciudadano egipcio sufre la infección gripal y a pesar de los reiterados mensajes de la OMS indicando que el virus solo se transmite a través de la respiración (no con la digestión de alimentos), el Gobierno de Egipto ha procedido a cumplir esta controvertida y criticada matanza porcina.

Antes de morir, la intención de las autoridades sanitarias egipcias fue que los cerdos fuesen analizados, con el objetivo de que parte de esa carne quede congelada para un eventual consumo posterior. Los propietarios de las granjas donde la carne quede en congelación serían compensados económicamente, informó el Gobierno, si bien dichos profesionales se apresuraron a precisar que, en aquel momento, nadie les recompensó.

En Egipto únicamente come carne de cerdo el 8% de la población, que se declaran cristianos coptos. Entre el resto de los egipcios, musulmanes, el cerdo no es un animal bien visto, como tampoco lo es en Israel, donde es considerada una bestia impura. Las autoridades de Tel-Aviv incluso prohibieron que los medios titularan sus informaciones con la palabra "porcino".

Las autoridades sanitarias de Egipto anunciaron que también se pretende mejorar el grado de higiene de las granjas porcinas del país, en muchas de las cuales conviven sin ningún tipo de limpieza cerdos, perros, aves, ratas, gatos y humanos. En cualquier caso, la matanza supone la ruina de un sector económico que ha expresado sus protestas con enfrentamientos con la policía.



martes, 22 de junio de 2021

"El fatuo y el ignorante, se denuncian al instante"


Continuando lo que decía en relación a la falsa titulación del Presidente de Gobierno y el jefe de la oposición, aparecen otros casos en altos cargos.

Moncloa ha modificado el currículum de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y ha modificado la denominación de los tres másteres por cursos de posgrado, adaptando las titulaciones a las que siempre han figurado, de forma correcta, en la web del Gobierno y en el portal de Transparencia.

Tal y como publica el diario Vozpopuli, hasta el 30 de abril el currículum de Díaz en la web oficial de la Moncloa recogía que la política gallega tenía un máster en Recursos Humanos, un máster en Relaciones Laborales y un máster en Urbanismo. En la web oficial del Gobierno y en la web de Transparencia en realidad eran: "Cursos superiores y de postgrado en Relaciones Laborales; Derecho Urbanístico y Ordenación Territorial y Recursos Humanos".

En el Ministerio de Trabajo han explicado que "No son másteres falsos. En su época, la denominación era postgrado", señalando que "Ella ha hecho esos estudios, después de licenciarse y los puede acreditar." Pero no es lo mismo.

Cuando se habla de posgrado, se habla de cualquier tipo de formación que se realiza después de las licenciaturas o diplomaturas.

En cambio, un máster es un tipo de estudio de posgrado, pero se trata de un nivel superior, ya que el título que se otorga es el de magíster y normalmente suelen tener una mayor duración. Un título de posgrado suele tener una duración de aproximadamente 150 horas lectivas, a diferencia de un máster que suele ser, como mínimo, un curso académico completo o incluso dos en algunos casos.

Mientras que para estudiar un máster es obligatorio haber obtenido un título de grado o uno que tenga su mismo valor o reconocimiento, en el caso del posgrado es más fácil acceder sin título universitario, siempre y cuando se acrediten las competencias necesarias.

Una de las ventajas de los títulos de posgrado es que, al tener menos duración, es más factible realizar dos o más que tengan cierta relación a la vez, de manera que se pueda completar la formación del estudiante en menos tiempo. Esto permite realizar varios en un curso académico si se quiere.

Para realizar un máster tenemos que estar en posesión del título universitario y se considera que es el final del segundo ciclo universitario. Este ciclo sería: graduación, máster y doctorado.

El presidente Pedro Sánchez fue acusado de haber plagiado su tesis doctoral y por falsedad documental, prevaricación administrativa y tráfico de influencias, aunque sin consecuencias.

Antes, en septiembre de 2018, la primera ministra de Sanidad nombrada por Pedro Sánchez, Carmen Montón, dimitió apenas unos días después de haber accedido al cargo después de que se revelase que obtuvo un máster en la Universidad Juan Carlos I sin asistir, con notas manipuladas y plagios en su trabajo de fin de máster.


Jaime González Taboada, diputado de la Asamblea de Madrid desde junio de 2015, en 2017 accedió al cargo de senador, designado por el parlamento autonómico. Actualmente es el Presidente del Partido Popular en el distrito de Chamberí.

Previamente ha ocupado cargos públicos tales como alcalde de Berzosa de Lozoya en el período 1991-1995, alcalde de Estremera entre 1995 y 1999, secretario general de la Federación de Municipios de Madrid, director general de Cooperación con la Administración Local de la Comunidad de Madrid desde 2003 hasta 2015, diputado de la Asamblea de Madrid en la viii legislatura y consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid desde 2015 hasta su cese en 2017.

Desde marzo de 2017 hasta la dimisión de la también falsa titulada Cristina Cifuentes como Presidente del Partido Popular de Madrid ejerció como coordinador general. El pasado mes de febrero, la Audiencia Provincial de Madrid absolvió a Cifuentes del caso máster que le costó su dimisión. La Sala afirma que no existe prueba de que Cifuentes indujera a la Universidad Rey Juan Carlos a falsificar el acta de su Trabajo Fin de Máster.

Prensa escrita de 1991 relata que Taboada estudió informática, no obstante la página de la Asamblea de la Comunidad de Madrid indica que Taboada es Gemólogo aunque se desconoce dónde cursó estudios.

Tras su nombramiento como Consejero la web de la Asamblea le adjudicó ser licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, cuento que le duró poco más de un mes cuando denunciaron que Taboada no tiene la citada licenciatura, ni ninguna otra.


Recientemente ha perdido su escaño como diputado José Miguel González, número 2 del Partido Popular de León y de su secretaría provincial en el partido.

El diario local León Noticias informó sobre la dudosa veracidad de la titulación del diputado. José Miguel González les hizo llegar un título para acreditar su licenciatura en Derecho. Sin embargo, desde el diario de León pudieron comprobar que se trataba de un título falso al cotejarlo con la numeración y la coloración de los títulos oficiales que se expiden por parte  de la fábrica de moneda y timbre.

En un primer momento, desde el Partido Popular le conminaron a denunciar al medio, si es que lo que estaban publicando era falso. Pero compareció en Radio León donde negó que fuera licenciado.

Javier Maroto, vicesecretario de política social del PP, ostentaba en su currículum un máster que nunca realizó.

Juan Manuel Moreno Bonilla, Presidente de Andalucía del PP, figuraba en el año 2000 como licenciado en Dirección y Administración de Empresas (ADE), en 2004 pasó de licenciado a tener estudios en la misma materia y en 2008 figuró como máster en ADE y un Programa para el Liderazgo de 40 almuerzos y tardes de trabajo.

La eurodiputada del PSOE Elena Valenciano, decía ser "Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas", dos carreras que no terminó. Dijo que fue un "error de traducción".

Juan Merlo, ex diputado de Podemos por Galicia debió renunciar por un título de ingeniero que en realidad no tenía.


Alvaro Nadal, ex Ministro de Energía y Turismo Popular no tenía un doctorado en Harvard que decía haber obtenido.

Toni Cantó (ex diputado de Cs y ahora popular, tampoco tenía el título de pedagogo que decía poseer.

Ana Pastor (ex Ministra del PP), en su ficha de la web del Congreso afirmaba que cursó un Máster en Administración de Empresas. Sin embargo, ese título desapareció después de su currículum.

Ana Belén Vázquez (parlamentaria por Ourense del PP) no tenía un máster que decía haber cursado.

Tomas Burgos (ex secretario de Estado para Sanidad, PP) tenía un falso título de médico.

Isabel Ambrosio (alcaldesa de Córdoba, PSOE) decía que tenía un magisterio y era falso. 

Miguel Angel Gutierrez Vivas (Ciudadanos) decía ser ingeniero y era sólo técnico.

Oscar Puente (PSOE) presumía de un máster que jamás había obtenido.


Jorge Moragas Sánchez fue Embajador Representante Permanente de España ante las Naciones Unidas desde diciembre de 2017 hasta julio de 2018. En la actualidad es Embajador de España en la República de Filipinas. Desde 2006 hasta el momento de trasladarse a Nueva York fue diputado por el Partido Popular en las Cortes Generales por la circunscripción electoral de Barcelona, así como director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de Mariano Rajoy, desde 2011 hasta 2017. Decía tener un máster del Centro de Estudios Internacionales de Barcelona que luego desapareció de su biografía.

Pedro Calvo, el exteniente de alcalde de Madrid en la época de Alberto Ruiz-Gallardón, ha declarado como testigo en el marco de la investigación del máster de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos que también cursó la expresidenta de Madrid, Cristina Cifuentes. En su declaración ante la jueza reconoció que únicamente se matriculó y "no hice ni el huevo, que se dice". Según Calvo, nunca asistió a clase, "ni tengo el título ni lo he utilizado". Otros 10 políticos del partido popular tenían aprobadas asignaturas de un máster con actas falsificadas.

El actual rey de España, Felipe VI, por ser heredero de la Corona española logró concluir la carrera castrense en apenas cuatro años, recibiendo los empleos de teniente de los tres ejércitos para los que se necesita un periodo de quince años.

Así nos va, confiando las tareas más importantes a gente sin preparación.




sábado, 17 de abril de 2021

" La escuela", de Julio Herrera Reissig.

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz anunciaba durante la sesión de control parlamentario que su grupo no va a apoyar ninguna iniciativa del Gobierno regional de PP y Ciudadanos "hasta que no se implemente de una forma que entendamos suficiente y satisfactoria un mecanismo para garantizar que los padres puedan evitar el adoctrinamiento sectario de sus hijos, lo cual no solo es un derecho de los progenitores, es ante todo su obligación".

Al presidente andaluz Moreno Bonilla, este conflicto del pin parental le obliga a elegir ente las tesis conservadoras y las socialdemócratas de su partido y el de su socio Ciudadanos, que necesita pocas excusas para pactar un nuevo Gobierno con el PSOE.

Con la medida Vox busca extender a la Comunidad de Andalucía el sistema ya introducido en la Región de Murcia, donde el TSJ archivó el recurso presentado por la ministra de educación, Isabel Celaá, contra el pin parental de VOX, que otorgaba a los padres la potestad para decidir cómo educar a sus hijos.

La Consejería de Educación murciana indicó en sus instrucciones a los centros de educación la obligatoriedad de poner en conocimiento de los padres las actividades que sus hijos realicen así como las charlas que reciban. Ese sistema es el que Vox quiere implantar para la protección de los niños y la salvaguarda del derecho de los padres andaluces.

Rocío Monasterio ha exigido en Madrid el pin parental desde los primeros meses de la legislatura, pero Isabel Díaz Ayuso se opone porque “no hay adoctrinamiento en las aulas”. Asimismo, recordó que este debate “ya lo planteamos el principio de la legislatura y se sacó de los acuerdos porque llegamos a otro y yo he cumplido y ahora toca que lo hagamos todos”.

La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha afirmado este jueves que no va a hacer falta implantar el llamado 'pin parental' porque su intención es acabar con "las dos leyes que dieron lugar al adoctrinamiento" en los colegios de la región. "Estoy harta de que a las mujeres nos digan que somos débiles por el hecho de ser mujer", ha criticado Monasterio en una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, en la que ha asegurado también que a los niños en la escuela les dicen que por ser varones son "machistas".


Monasterio cree que no hará falta el 'pin parental' porque acabarán con leyes que permiten "adoctrinar" en colegios como el proyecto de ley de protección a la infancia frente a la violencia, que hoy se tramita en el Congreso de los Diputados sin el apoyo de Vox, y ha destacado que están en contra porque la ley cuenta con "adoctrinamiento ideológico".

El pin parental garantiza la libertad de los padres para educar a sus hijos conforme a sus principios, autorizando o desautorizando cualquier actividad impartida por personal ajeno al centro educativo. De esta manera, los padres están en todo momento informados en todo lo referido a la formación de sus hijos.

Esta medida es algo que ya recoge nuestra constitución en su artículo 27.3: «Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones».

Al hilo de lo que decía en "receta segura", la ministra de Educación, invitada a un congreso de colegios católicos, dijo que la libertad de los padres para elegir un centro de enseñanza no es "emanación estricta de la libertad reconocida en el artículo 27 de la Constitución". La ministra Celaá, rechazó que se ataque a la libertad o a cualquier derecho fundamental.

Las escuelas católicas defienden la libertad de elección de los padres, y la plataforma Más Plurales, que engloba a los centros concertados, ha registrado ante la Comisión Europea un escrito denunciando que la Lomloe o ley Celaá "pone en grave riesgo la vulneración de derechos fundamentales y libertades".

Más Plurales se ha manifestado en numerosas ocasiones y ha llevado más de dos millones de firmas al Congreso, considera que la Lomloe vulnera la libertad de enseñanza establecida en el artículo 27 de la Constitución al eliminarse el concepto de “demanda social” como criterio a tener en cuenta en la programación de la oferta de plazas escolares sostenidas con fondos públicos.

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, arrancó la semana garantizando que, si logra gobernar, formará a los profesores en educación "afectivo-sexual", contra las violencias machistas y en diversidad sexual. El hasta ahora vicepresidente segundo del Gobierno dice que blindará por ley la imposibilidad de objeción parental respecto de estos contenidos, a los que se atribuirá el mismo nivel de protección que cualquier asignatura troncal.


El permiso parental, la clase de Religión o la separación por sexos en centros concertados son algunos temas educativos que suelen copar la confrontación política. Pero el informe 2019 sobre el Estado del Sistema Educativo del Consejo Escolar del Estado, se propone conseguir una "disminución decisiva" de la repetición para que el 90 % del alumnado, como mínimo, no haya repetido ningún curso al finalizar la Secundaria y reducir del abandono escolar en España, de los más altos de la UE.

Los datos sobre España siguen sin ser buenos en los informes internacionales como el de PISA, con el que la OCDE comprueba desigualdades entre comunidades, llegando a ser de un curso escolar entre Navarra y Canarias en Matemáticas y Galicia y Canarias en Ciencias.

La calidad del profesorado ha sido el nuevo objeto de estudio de la OCDE. Y, España no sale excesivamente bien parada en su evaluación al constatarse cuestiones como que un 48% de los actuales docentes no escogieron dedicar su vida a enseñar como primera opción o que su nivel de preparación para tal fin es bastante deficiente: sólo el 48% de ellos recibió formación sobre el contenido de las materias, la pedagogía y la práctica en el aula, frente al 79% de los países de la OCDE.

Así lo señala el Estudio Internacional sobre la Enseñanza y el Aprendizaje (TALIS, según sus siglas en inglés), que analiza las características de los docentes de Educación Primaria y Secundaria y a directores de centros, las prácticas educativas y los contextos en los que se desarrollan. Según este trabajo, que evalúa a 48 países, el 62% de los docentes en España no escogió la enseñanza como primera opción para dedicarse profesionalmente. La estabilidad, seguridad, el horario o las vacaciones son aspectos claramente motivadores para los docentes tanto de Primaria como Secundaria.

En España, la formación de los docentes es el que más polémica suscita por los resultados españoles. Durante su fase de estudio y capacitación iniciales, sólo el 48% de los docentes reconoce que recibió formación sobre el contenido de las materias, la pedagogía y la práctica en el aula, una proporción claramente inferior al promedio de los países que participan en el estudio, un 79%. Sólo el 10% de los docentes novatos cuenta con un mentor asignado frente al 22% del promedio de la OCDE

Además, sólo el 26% de los maestros informaron haber participado en algún tipo de formación formal o informal cuando se unieron a su escuela actual, frente al 42% de la media de TALIS. A esto se suma que sólo el 10% de los docentes novatos tiene un mentor asignado frente al 22% de la OCDE. Sólo la mitad de los directores completa un curso o programa de capacitación al menos una vez antes de asumir su responsabilidad. En cuanto a la formación continua, en nuevas tecnologías, en idiomas y la enseñanza con alumnos de necesidades especiales el nivel es preocupante.

Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, ha sido por fin cesada como directora de másters por carecer de títulos universitarios. Ese cargo lo compagina con el que ostenta, con rango también de directora, en el Africa Center del Instituto de Empresa.

La edad media de los profesores españoles es de 44 años y el 36% tiene 50 años o más, así son los educadores de la nueva generación.



Bajo su banderola pertinente, la escuela

bate con aleluyas de gorrión lugareño;

y chatos de modorra, endosados a un leño,

unos tristes jamelgos dicen de la clientela...


Desde el pupitre, rígido el preceptor recela

por el decoro unánime... Mas, estéril empeño,

amasando el «morrongo» cabecea su sueño,

lo que escurre conatos sordos de francachela.


Entona su didáctica de espesas digestiones,

a cada rato un riego enorme de oraciones...

Aunque, a decir lo justo, su ciencia es harto exigua;


la palmeta y la barba le hacen expeditivo...

Y entre la grey atónita, dómine equitativo,

rebaña su mirada llena de luz antigua.