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jueves, 11 de junio de 2020

JUZGADOS DE NUNCA JAMÁS.


El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional es el mejor destino para las causas que no se quieren cerrar, con la excusa del desorden y acumulación de causas heredadas por el juez García-Castellón de su predecesor, Eloy Velasco, como las de Villarejo, Púnica, Lezo, Acuamed, Banca Cívica, Fortia, Vitaldent, y otros asuntos de terrorismo, narcotráfico, etc.

Operación Púnica y Operación Lezo son los nombres dados a los operativos policiales efectuados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil a instancias del juez Eloy Velasco.

En 2014, fueron detenidos 51 políticos, ediles, funcionarios y empresarios por estar supuestamente implicados en una trama de corrupción que adjudicó servicios públicos por valor de 250 millones de euros en dos años a cambio de pagos y comisiones ilegales que posteriormente eran blanqueados a través de un entramado societario.

Según la Fiscalía Anticorrupción, se trata de una «trama de corrupción municipal y regional infiltrada en diversos ayuntamientos y organismos autonómicos, principalmente de la provincia y comunidades autónomas de Madrid, Murcia, León y Valencia».

Francisco Granados, antiguo número dos del PP en la Comunidad de Madrid detrás de Esperanza Aguirre, fue uno de los principales implicados. Desde octubre de 2014 hasta junio de 2017 estuvo en prisión preventiva, hasta que fue puesto en libertad bajo fianza. La Audiencia Nacional le condenó a dos años de prisión por la el chivatazo que recibió en septiembre de 2014 por parte de agentes de la Guardia Civil y que le permitió destruir pruebas y ocultar dinero. La justicia ordenó el bloqueo de cuentas de Francisco Granados y su testaferro David Marjaliza, en Suiza y Singapur que acumularían unos 11 millones de euros.

David Marjaliza ha sacado estos últimos días a relucir unas notas manuscritas que según él demuestran que no sólo sobornaba a políticos del PP, sino también de otros partidos.



Las investigaciones están bajo secreto de sumario y la poca información que se conoce ha salido del auto por el que el juez enviaba a prisión a los principales acusados. Personas como Eduardo Zaplana, ministro con José María Aznar, o Juan Miguel Villar Mir, dueño de OHL. También nombres vinculados al Canal de Isabel II, empresarios investigados en otros casos de corrupción y el expresidente madrileño Ignacio González, junto con algunos de sus familiares.

Manuel García Castellón, el juez sustituto de Eloy Velasco en la Audiencia Nacional, fue mencionado por Ignacio González en conversaciones grabadas como prueba. González comentó en una conversación telefónica con Zaplana las maniobras para escoger al Juez que mejor les convenía: “Vamos a ver Eduardo, tenemos el Gobierno, el Ministerio de Justicia, no sé qué y tal, y escucha, tenemos un juez que está provisional… tú lo ascienden… yo le digo, a ver, venga usted pa acá, ¿cuál es la plaza que le toca? Onteniente, a tomar por culo a Onteniente, y aquí que venga el titular, que ya me las apañaré con el titular, coño!”.

La Operación Lezo llevó al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González a prisión y se investigó al expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón sobre supuestos sobreprecios pagados por la empresa pública de aguas de Madrid en el extranjero aunque el juez García-Castellón archivó la causa contra él a petición de la Fiscalía.




El entonces jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, desautorizó a sus fiscales subalternos en más de una ocasión y tuvo que dimitir acorralado por el escándalo de unas escuchas en las que González y otros imputados le señalaban como su favorito para Anticorrupción y por tener participaciones en una sociedad familiar radicada en un paraíso fiscal. Precisamente, el expresidente madrileño Ignacio González, en conversación con el exministro Eduardo Zaplana, grabada por orden del juez Velasco dijo sobre la la futura designación de Moix al frente de Anticorrupción que: “Sería cojonudo. Es un tío bueno y serio”.

No son las únicas tretas de las que se valen los corruptos del partido Popular, entonces en el Gobierno. El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, fue reprobado por el pleno del Congreso de los Diputados, por haberse reunido en su despacho con Pablo González, hermano de Ignacio González y, como él, detenido en la Operación Lezo. No fué cesado de su secretaría de Seguridad, como premio del gobierno popular a los servicios prestados al partido, y no a los deberes de su cargo.

El secretario de Estado es el responsable de todos los servicios del Ministerio, como órganos superiores de la Administración General del Estado. Las operaciones seguidas por la Audiencia Nacional contra las tramas del Partido Popular se han visto obstaculizadas desde las más altas instancias, que no disimularon su encubrimiento de los imputados que gozan de su favor.





El juez Manuel García-Castellón también investiga a su predecesor como secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez, por el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas con cargo a los fondos reservados

Miembros de la primera línea de la llamada brigada política han declarado que Francisco Martínez supervisó la operación cuando él era el número dos de Interior en el Ministerio de Fernández Díaz, por encima del director general de la Policía Ignacio Cosidó y el jefe operativo de la trama, el comisario Eugenio Pino. A aquella policía política se le atribuyen también la Operación Cataluña o el informe PISA sobre la financiación irregular de Podemos.

Uno de los policías imputados, Enrique García Castaño, cuyo abogado es Baltasar Garzón, reveló que había puesto a su disposición un ordenador portátil que se encuentra precintado en la sede de la Comisaría General de Información, para que siguiera con él todas las novedades de la "Operación Kitchen".

La operación Kitchen estaba destinada a robar la información comprometedora que Bárcenas pudiera tener, una vez el extesorero ingresó en prisión y comenzó a tirar de la manta. Para ello, la "brigada política" pagó 48.000 euros en dos años al entonces chófer de la familia Bárcenas y luego le facilitó un puesto privilegiado en la Policía.

La "brigada política" (como la llama el diario de Ignacio Escolar) también allanó un local de la familia y sustrajo a Luis Bárcenas (entonces en prisión) su agenda personal, documentos de la contabilidad del PP, notas sobre la financiación irregular de las campañas en Madrid (ya investigados en la Operación Púnica) y apuntes relacionados con la tesorería nacional del partido.



El Juzgado Central de Instrucción Número 6 instruye además la única causa que permanece abierta sobre los atentados del 11-M; una pieza que investiga la presencia de ADN sin identificar en el piso de Leganés donde murieron los terroristas de Madrid.

Catorce años después, con las huellas y muestras de ADN sin identificar recogidas en la vivienda, agentes de la policía antiterrorista francesa detuvieron en Lyon, a petición de la Audiencia Nacional, a un marroquí de 43 años que vivió en España a principios de la década pasada. Sus huellas dactilares, identificadas en el piso de Leganés, no probaron ninguna relación con los atentados del 11 de marzo, por lo que fue puesto en libertad.

Hay ocho muestras de ADN extraídas de los distintos escenarios relacionados con los atentados que no han podido ser identificados. La existencia de estos perfiles anónimos tampoco ha podido determinar aún con exactitud el número de presuntos implicados directos en los hechos objeto de instrucción judicial.

Uno de estos perfiles, el 'P12', "solo aparece en Leganés" y "se encuentra en efectos muy variados, algunos de ellos de uso exclusivo personal", lo que llevó a concluir que tenía "una relación estrecha y de confianza con los moradores del 'piso franco' o de seguridad, hasta el extremo de deducir su relación o inclusión en la célula".

Otro, el 'P39', "anónimo de varón", aparece en tres lugares relevantes: la finca de Chinchón en la que fueron preparados los artefactos colocados en los trenes; el piso de Leganés y el coche Skoda Fabia que fue encontrado en Alcalá de Henares.

Lo que no se busca con esa investigación es saber de quién es el ADN de la mochila de Vallecas, probablemente de los policías que supuestamente la encontraron y que Interior no ha identificado. El Instituto de ­Medicina Legal de la Universidad de Santiago de Compostela, cuya ayuda solicitó el juez Del Olmo, concluyó que la muestra de ADN de la mochila de Vallecas no pertenece a un magrebí, sino a un europeo.

Como nos cuenta López Bru en "LAS CLOACAS DEL 11M" todas las pruebas esenciales para el juicio eran objeto de sospechas, que justificaron un informe interno del Ministro del interior. Cito siguientemente al autor:

"En el informe se aparenta criticar la actuación policial en todo lo relacionado con la mochila de Vallecas, “admitiendo fallos en la cadena de custodia”, pero lo que hace, en realidad, es reproducir punto por punto toda la farsa de lo que el juez Bermúdez denominó “extravagante periplo” de los efectos de las víctimas de El Pozo. Ese extravagante periplo, como demostré en mi libro, y más claramente en este blog, fue toda una operación de ingeniería mediático-policial-judicial que se llevó a cabo del 6 al 15 de Marzo de 2006, para suplantar los auténticos testimonios que se produjeron en el inicio de la Instrucción, y que claramente manifiestan -estos últimos-que la mochila que llegó a la comisaría de Vallecas no venía disimulada e inadvertida en un enorme bolsón que contenía diversos efectos (como pretende la Versión Oficial), sino que fue llevada directamente a la Comisaría suelta en un vehículo policial, de manera independiente, por policías muy determinados, pero desconocidos, porque no se ha querido investigar.

Eran varios los testimonios de peso, todos ellos en los primeros días posteriores al atentado, que avalaban estos hechos, que nunca adquirieron el rango de Versión Oficial porque, evidentemente, era una bomba de relojería que no solo hubiera anulado la prueba, sino que habría tenido como consecuencia que judicialmente se abriera una pieza separada para averiguar de donde venía esa mochila y quién la habría mandado colocar.

Lo he contado todo esto en la entrada segunda de este blog (ver aquí), y lo reproduzco al final de este artículo, porque creo que es una de las aportaciones fundamentales que hice en el análisis de la falsa mochila en mi libro, aportación tan importante -e ignorada- como esa otra que hice sobre el anuncio de la existencia de la mochila en el programa de la COPE de José Apazarena ¡¡¡cinco horas antes de que la descubrieran los policías de Vallecas!!! (ver aquí)

Lo que me me resulta inconcebible –o quizás no tanto- es que a estas alturas la policía nos quiera tomar el pelo con estos jueguecitos de asuntos internos, cuando tienen en mi libro, y en todo lo que se ha escrito por los grandes investigadores del 11-M, una auténtica AUDITORÍA externa que pone en solfa, no “tres momentos”, como destacan en el Informe de la BARC, sino todos los momentos de una Instrucción y una Investigación intoxicadora y falsa, que no otra cosa es la Versión Oficial.

Pero está claro que el informe de la BARC no buscaba la verdad, sino otra cosa muy diferente. La clave está en este mensaje, aviso para navegantes:

El informe concluye que se ha documentado la actuación de más de 70 miembros del Cuerpo Nacional de Policía en los diversos escenarios en los que estuvo la bolsa del artefacto. Pero que «únicamente ha quedado registrada la entrega voluntaria de ADN para cotejo por parte de cinco de ellos. Sigue anónimo el perfil genético encontrado en el asa de la bolsa que contenía el artefacto», advierten los especialistas policiales.

No me cabe duda que ahí se encuentra una amenaza muy velada (“vamos a no hacernos daño…”), porque es más que probable que en uno de esos “70 miembros” se encontrara el perfil genético de quien colocó la mochila en la comisaría de Vallecas. Así se las gastan nuestras Fuerzas de Seguridad. Sencillamente indecente…"

Un secreto de esta envergadura no va a esclarecerlo el magistrado García-Castellón, que espera como mucho terminar alguno de sus asuntos, aunque otros queden en el olvido. Pero puede que los dos magistrados de apoyo que le han destinado desatasquen esa maraña de asuntos entremezclados y que las víctimas obtengan justicia algún día.

miércoles, 29 de octubre de 2014

CUESTIONES SIN IMPORTANCIA.

La realidad muestra cada día ejemplos de cómo hay que verse por culpa de cualquiera que mande o diga que representa al pueblo. Y que digan encima de que la democracia es así pero es menos mala que sus alternativas, es como afirmar que de la política no se puede esperar nada mejor porque esta democracia es nuestro techo máximo de derechos y libertades.



Cierto que en Cataluña la vivacidad del secesionismo está haciendo crecer ciertas esperanzas de cambio, creo que infundadas pero que la gente toma por convincentes. Al fin y al cabo, una escapatoria.

El actual escenario lo justifican en que "el Estado español no les escucha", cosa que es cierta y además no tendrían por qué hacerlo. Además se escudan en no disponer de otro medio para conseguir sus objetivos políticos, lo que podría ponerse en duda pero también en evidencia, según resulte del errático proceso plebiscitario en Cataluña.

Como no puede con los independentistas, el Gobierno hace cesiones sin contraprestaciones ni renuncias, como con los Bancos. No es por ideología, al contrario: es porque en Madrid están tan pringados en la inmundicia que nadie puede acusar a nadie de pasarse de la raya. La han pasado todos sin que quede quien pueda hablar de honradez. Porque el que es honrado, ni lo es ni lo puede parecer cuando calla lo que todos saben.



La Ley de la que hablan carece de vigor para los mercaderes de la política. Sin hacer valer la Ley, cada uno impone la suya en su territorio usando las apariencias del Estado de Derecho.

La actitud mayoritaria de los parlamentarios es las de una banda mafiosa que blande ideologías sin hacer valer las ideas. Los independentistas compiten con el Gobierno Central en su objetivo de trincar extramuros de las leyes españolas y europeas, sin ningún hecho diferencial que les haga merecedores de mayor consideración.

Si además de leyes hubiera Justicia, podría haber autoridad. Pero es que se nota a la legua que defienden sólo sus propios intereses. Cuando la evidencia se disimula el ciudadano cae en la cuenta de que no tiene por qué creer lo que le cuentan.

Ya no se trata de querer implicarse en la política, sino de escapar de sus garras.


Las comisiones parlamentarias ya las he mencionado en otras entradas. Un remedo de reprimenda verbal y absolución encubierta.

Cuando un parlamento o cualquier clase de partido o asamblea es la que decide cuáles son nuestros derechos y cuál es la verdad, vamos listos. Igual que cuando hay que callar por fuerza mayor, por orden de la autoridad aún sin ser competente.

El argumento de que ciertos hechos no pueden ser desvelados por la Justicia sino por una Comisión de representantes es falaz porque los juicios no necesariamente son públicos. El problema es simplemente que los políticos se resisten a ser juzgados como haría cualquier delincuente que pudiera evitarse la condena que sabe que le corresponde.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal regula la celebración del juicio oral que, con carácter general, ordena mediante su artículo 680 que: "Los debates del juicio oral serán públicos, bajo pena de nulidad.


Podrá, no obstante, el Presidente mandar que las sesiones se celebren a puerta cerrada cuando así lo exijan razones de moralidad o de orden público, o el respeto debido a la persona ofendida por el delito o a su familia.



Para adoptar esta resolución, el Presidente, ya de oficio, ya a petición de los acusadores, consultará al Tribunal, el cual deliberará en secreto, consignando su acuerdo en auto motivado, contra el que no se dará recurso alguno".


En el caso de no ser público, el artículo 681 establece que "Después de la lectura de esta decisión, todos los concurrentes despejarán el local.

Se exceptúan las personas lesionadas por el delito, los procesados, el acusador privado, el actor civil y los respectivos defensores".


El secreto de los debates podrá ser acordado antes de comenzar el juicio o en cualquier estado del mismo (artículo 682), y sin embargo sea o no a puerta cerrada, de los juicios nunca se saca nada en claro cuando se trata de mandamases.

A puerta cerrada son también las negociaciones entre políticos, jueces y fiscales, menos para incautar el dinero que para que los abogados de los culpables luego puedan decir que hay una confusión.

Cuando no se nos permite conocer más de los hechos, seguro que hay confusión. Ya tenemos suficiente con lo que se ha dicho sin que necesitemos conocer los detalles. Es sabido y pregonado en sede parlamentaria, para mayor oprobio del sistema. 



Ahora se empieza a conocer el patrimonio real de unos cuantos políticos, que han debido obtener de algún modo, no digo que del erario público, pero tampoco sabemos de dónde si no. Y si además piden perdón, más claro agua.

Se habla de enriquecimiento sin causa o injusto cuando, haya o no delito, una persona se enriquece y otra se empobrece a causa de ese enriquecimiento.

Este enriquecimiento falto de equidad, bajo el prisma de la Ley, obliga a quien se ha enriquecido a restituir el beneficio injustificado al perjudicado. Un caso claro es el "pago de lo indebido", cuando alguien recibe lo que no tenía derecho a cobrar o le ha sido entregado por error.

Aquí hay muchos que son ricos "por error". Por error judicial, también, y nunca fallan contra el poderoso.



A finales de verano de 2.011 las primeras páginas de los periódicos dieron la noticia de que una gran bolsa de dinero fue a parar a las manos de Angela Merkel y su Troika, que lo reclamaron como suyo con consecuencias que la Unión Europea está pagando caras.

En concreto, lo requisaron o lo agarraron con el argumento de devolverlo a las empresas multinacionales que habían comprado una serie de patentes industriales y militares. Patentes que ya no valen nada debido a que no han pagado su precio, o lo han pagado a quien no correspondía. Enriquecimiento sin causa y pago de lo indebido, en perjuicio del que inventó lo que fue patentado y encima vendido al extranjero. 

Los periódicos mencionaron más de 400.000 millones de euros, que no se habría quedado el BCE si de verdad hubieran pertenecido al erario público español, como dicen ahora los cantamañanas de nuestra clase política. Ni tampoco los defraudadores que disponían del mismo y lo invertían con el placet judicial.

Más o menos lo que "los últimos años de crisis" han hecho perder a la Bolsa, según decía en 2.012 el presidente de Bolsas y Mercados Españoles, Antonio Zoido. El dinero voló y la culpa fue de la crisis. Claro, claro.

Los últimos meses de Rodríguez Zapatero y los primeros de Rajoy fueron un movimiento apresurado de fondos ante los ojos de todo el mundo con la intención de apropiarse del dinero y esconderlo de quienes pudieran reclamarlo.


Tras sucesivos y bochornosos abusos de autoridad y persistencia en el error, que a robar también lo llaman error, Mariano Rajoy tuvo evidentemente que devolver a las autoridades europeas una gran parte. Y no tuvo que devolver todo porque se hundía la economía, no por que tuviera el menor derecho.

A esto se le llamó el rescate, que tampoco es rescate por lo visto, por lo que los europeos devolvieron unos cien mil millones, de los cuales todo o una parte era el justiprecio de las patentes.

No llevo las cuentas porque las lleva un Juez aquí y otro allá, y Montoro, que no tiene en cuenta imponderables como el hecho de que el dinero no sea suyo ni del Estado. Cuando es el Estado el que se apropia de lo de otro no hay enriquecimiento injusto, por lo visto.

Y cuando es uno de los suyos el que se lo lleva, se lo llevó y a quedárselo, que no se nota si es mediante persona interpuesta.

                       


En http://www.rebelion.org/noticia.php?id=185955 han elaborado un compendio de noticias elaboradas por el periodista Manuel Cerdán de El Confidencial que voy a citar resumidamente.


La cuenta Soleado, administrada por Arturo Fasana y la sociedad "Rhone Gestion", dedicada a la intermediación financiera en Suiza, salió a la luz en 2009 tras una comisión rogatoria del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en relación a la trama Gürtel y Francisco Correa. 

La UDEF descubrió que esa cuenta servía para ocultar fondos de grandes fortunas españolas en paraísos fiscales. La fiscalía suiza no da facilidades pero los agentes averiguan que hay nombres muy conocidos de empresarios españoles: 32 españoles y 22 sociedades, como Ramón Blanco Balín (abogado imputado en la trama Gürtel), los “Albertos”, grandes constructoras, empresarios vascos, políticos catalanes ... ¡y dos importantes instituciones del Estado!.


Dicen que España se hundiría de lo que hay allí. Reconocidos testaferros profesionales guardan los fondos y conocen todo sobre comisiones por oscuros negocios, "generosos donativos" de empresas, cuentas de entidades sin ánimo de lucro y personas públicas con nombre y apellidos.

Los nombres de Juan Carlos I, María Margarita Borbón Dos Sicilias Lubomiska, María Inmaculada Borbón, María Ilia García de Sáez Borbón y Corinna zu Sayn-Wittgenstein acaban relacionados en investigaciones sobre la llamada “mafia china” de Gao Ping, involucrada en evasión de capitales, blanqueo de dinero, contrabando y delitos contra la Hacienda Pública. 

Los policías elaboran informes que después se pierden en la burocracia del Ministerio del Interior, y más adelante se comprueba que al menos un depósito había sido abierto con un DNI reservado de los que el Ministerio del Interior facilita a las Fuerzas de la Seguridad del Estado para sus “operaciones encubiertas”.


Posteriormente, la justicia investiga la presunta implicación en la trama de una serie de cargos policiales...contra los que no se dirige finalmente ninguna acusación. La presión del CNI sobre los agentes policiales ha sido constante y los países depositarios protegen sus propios intereses, inseparables de su secreto bancario.




La farsa generalizada continúa y cada uno la encubre a cambio de lo que puedan cobrarse y lo que les dejen malversar, sin importarles aquello de que nadie que llegue a la Moncloa se encuentre con que el desastre es mayor de lo que decía su predecesor.


Lo que queda es el pastel que mueve gran parte de la estrategia política, y por otro los europeos tienen mucho que opinar sobre semejante desfalco, o estafa, o lo que cada uno quiera ver a su manera. Al final, será lo que digan los que mandan.

Las mentiras encubren otras mentiras, en un juego donde nada es lo que parece. Testaferros que son propietarios sin serlo, y apariencias de legalidad que esconden fraudes.

Esto lo robó otro y "lo heredé yo" dice Rajoy con una jeta que es para tener pena de los conservadores, quienes siempre han considerado que no hay que consentir estas cosas.

Se suceden las intrigas en este reino a cuyo lado lo de Hamlet fue un incidente doméstico. No hay ningún viento favorable para el que no sabe a qué punto se dirige, dijo Schopenhauer, y ya no se sabe a qué punto vamos.



"No se sabe que es peor, si la bazofia demagógica de las izquierdas, donde no hay manoseada estupidez que no se proclame como hallazgo o la patriotería derechista que se complace a fuerza de vulgaridad, en hacer repelente lo que ensalza", decía José Antonio Primo de Rivera.

¿Será falangista el bloguero este?, se preguntará el lector, en lugar de preguntármelo a mi. Bueno, pues no, pero sigue valiendo la frase citada lo mismo que las verdades del refranero, tanto más ciertas como más viejas son.

A mí la política me da asco verla, y aunque he echado pestes de ella toda la vida, ya he alcanzado ese punto en que la mala leche la distribuyo entre todos los responsables sin atender colores.

La obsesión por sojuzgar a los ciudadanos excluídos de la creación y distribución de riqueza, ha permitido a los gobernantes crear una economía de la que no se beneficia la mayoría contribuyente.

Es que ni son presentables, ni el país evoluciona hacia un modelo mejor de manos de ninguno de ellos. Al revés, la Administración se dedica a poner palos en las ruedas y los políticos, a cobrar por quitarlos.

Este sistema se mueve a golpe de sobornos que se hacen pasar por asesoramiento legal y así lo pone en la factura muchas veces. El que quiere prosperar sabe que puede usar el atajo y la trampa porque aquí políticos y empresarios disponen de licencia para el atropello.

Dice el refrán que "La economía es riqueza como el derroche, pobreza".


Me gustaría que alguien, en vez de meter mano a la caja y querer repartirla, pensara en si este orden de cosas permitirá llenarla otra vez. Respetar tanto lo de todos como lo de cada uno. Pero las élites dirigentes tienen otras cosas en la cabeza, y como todos prometen tiempos mejores, nadie dice que haya que guardar para tiempos peores.