Se denomina Pacto de Toledo a la aprobación por el pleno del Congreso de los Diputados de España, durante la sesión del 6 de abril de 1995, del documento previamente aprobado por la Comisión de Presupuestos el 30 de marzo de 1995, referente al «análisis de los problemas estructurales del sistema de seguridad social y de las principales reformas que deberán acometerse».
Dicha aprobación tuvo su origen en una proposición no de ley de Convergència i Unió que propuso la inclusión de una ponencia (número 154/4) sobre la cuestión de la seguridad social en la Comisión de Presupuestos del Congreso.
Con el objetivo de excluir de la controversia partidista al sistema de protección social y encuadrarlo dentro de un debate político más sosegado y de amplio calado que permitiera alcanzar el máximo nivel de acuerdo como garantía de la eficacia y la perdurabilidad de las reformas, se creó en el año 1999, en el Congreso de los Diputados, una Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo, que se reúne cada cinco años y que como su nombre indica tiene por objeto el seguimiento del sistema de pensiones y la propuesta de recomendaciones para el mantenimiento y mejora del sistema
Tras cinco años desde que el Pacto de Toledo recibiese el mandato de realizar unas recomendaciones para la reforma del sistema público de pensiones, el Congreso aprobó el primer paquete de medidas que conformarán la reforma y que entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2022.
Entre las principales cuestiones sustanciadas en esta votación se encuentran: la vinculación de las pensiones con el IPC, la modificación de coeficientes para la jubilación anticipada y el alza de incentivos para la demorada, además de la separación de las fuentes de financiación del Sistema y la derogación del factor de sostenibilidad para su sustitución por el mecanismo de equidad intergeneracional.
Los últimos meses de negociación y cruce de propuestas del Gobierno para la reforma del sistema de pensiones en la mesa de diálogo social, impregnadas por la polémica, han terminado por hacer mella en el amplio consenso político alcanzado en octubre de 2020 en el seno del Pacto de Toledo, donde el acuerdo de recomendaciones recibió el apoyo de todas las fuerzas políticas a excepción de tres abstenciones, y sin ningún voto en contra, cuando se elevó su votación al Congreso.
El incremento del periodo de años cotizados para calcular la pensión firmado con Bruselas como parte de las medidas que se incluirán en la reforma de pensiones ha provocado el rechazo instantáneo tanto de los sindicatos como de los propios partidos políticos representados en la comisión del Pacto de Toledo: "Esa medida no está incluida en las recomendaciones. Los acuerdos del Pacto de Toledo no sostienen la propuesta del ministro José Luis Escrivá para incrementar el periodo de años cotizados para el cálculo de la pensión", señalan fuentes de la Comisión.
El Gobierno se muestra incapaz de defender la ampliación del periodo para calcular la cuantía de las pensiones que ha pactado con Bruselas.
El PSOE quiere poner ya en marcha el estudio para calcular cuántos gastos impropios ha asumido la Seguridad Social y qué, por tanto, han deteriorado la situación financiera y la valoración acerca de la viabilidad del sistema público de pensiones.
Lo que parecía un claro salvoconducto para el Gobierno que garantizaba el acceso a los fondos europeos para la reconstrucción económica se confirma: la reforma de pensiones es condición de Bruselas para la recepción de esta financiación para aplacar los efectos de la crisis económica provocada por la pandemia. Así lo reconoció el propio ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, durante su comparecencia este miércoles en la Comisión del Pacto de Toledo, donde aseguró que este acuerdo alcanzado con los agentes sociales da respuesta a 12 de las 22 recomendaciones que los partidos elevaron al Ejecutivo tras el acuerdo en el pasado mes de octubre.
Desde hace varios años, uno de los debates macroeconómicos más extendidos es el de la reforma del sistema público de pensiones. Cada vez se jubilan más personas que han cotizado en unos niveles altos, lo que les permite optar a pensiones más elevadas. En 2021, el Gobierno decidió incrementar la cuantía de las pensiones un 0,9%, mientras que, en el caso de las pensiones mínimas, la revalorización fue del 1,8%. Hoy, la pensión media de un jubilado en España es de 1.170,26 euros, es decir, 15 euros más que en 2020. Solo en la última década, la Seguridad Social acumula un déficit de 151.000 millones de euros, alrededor del 13% del producto interior bruto (PIB).
El Gobierno creó hace más de un año y medio la Oficina de Prospectiva, un grupo formado por alrededor de 100 expertos a las órdenes del exdirector del Gabinete de Presidencia, Iván Redondo, con la misión de asesorar sobre las grandes reformas que el país requiere.
La despenalización de las jubilaciones anticipadas para aquellos trabajadores con carreras laborales de 40 o más años cotizados vuelve a situarse como uno de los puntos cruciales de la reforma de pensiones. Por un lado, la asociación que abandera esta reivindicación hizo llegar sus propuestas a la presidenta del Pacto de Toledo, Magdalena Valerio, la pasada semana, al tiempo que desde Unidas Podemos y el resto de partidos de la Comisión preparan estos días las peticiones de comparecencia del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para dar cuenta de esta y el resto de medidas en las que trabaja el Ejecutivo con los agentes sociales para la reforma del Sistema.
El Gobierno seguirá dando aire a los autónomos más allá de los planes de ayudas específicos aprobados con motivo de la pandemia. Un nuevo sistema, el de cotización en base a los ingresos reales, que según fuentes cercanas a estas negociaciones entre el Gobierno y las asociaciones representantes de los trabajadores autónomos, prevén que eche a andar en 2022.
El Círculo de Empresarios y la Fundación Transforma España instaron hace un año al Gobierno y a las empresas a adoptar medidas basadas en incentivos para alargar las carreras laborales tras la edad de jubilación, desincentivar los sistemas de jubilación anticipada y alargar los años de cotización para el cálculo de las pensiones.
La propuesta que está barajando el Gobierno sobre el aumento de 25 a 35 los años cotizados para el cálculo de la pensión y la consecuencia de la medida, un recorte medio de las nuevas pagas del 5,5%, ya hacía prever la disconformidad con la misma de parte del Gobierno, tal y como ha confirmado en las últimas horas la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al asegurar que "es un recorte, sencillamente" y como a confirmado este mismo jueves una de las voces autorizadas de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Rafael Mayoral, asegurando que sui partido no va a callar si Escrivá impulsa la "incomprensible" reforma de pensiones, que "rescata" las tesis del PP.
El sistema de pensiones público se encuentra en tela de juicio de forma habitual. Las pensiones suponen un gasto que supera el 11% del producto interior bruto (PIB), pero lo más preocupante es la tendencia, que hace hoy de este un sistema insostenible.
De la reforma de pensiones propuesta por el Pacto de Toledo y ratificada por el Congreso se desprende una primera lectura: el gasto en pensiones mantendrá en los próximos años la senda ascendente impulsada por la revalorización de las prestaciones vinculada al IPC. Esto supondrá un traspaso de 14.000 millones de gastos impropios de la Seguridad Social al Estado y la necesidad de cubrirlo con impuestos obligará al Gobierno a elevar el tipo de IPRF en un 50% hasta 2050, cuando se espera el pico de gasto en pensiones por la jubilación de la generación baby boom.
Las ayudas del fondo de reconstrucción de Bruselas para afrontar los efectos de la pandemia no estarán exentas de contrapartidas, por lo que el Gobierno deberá abordar cambios estructurales en ciertos ámbitos, principalmente pensiones y mercado laboral, para acceder a los 140.000 millones de euros que corresponden a nuestro país de las ayudas aprobadas por el Covid.
Con las recomendaciones del Pacto de Toledo aprobadas, así como su convalidación en el Congreso, una primera aproximación a la pertinencia de las medidas propuestas sugiere que estas carecen de una lectura sobre el impacto económico de las mismas tanto en las finanzas de la Seguridad Social como en cuestiones que implican a la evolución del mercado de trabajo. Por ello, queda claro que nuevas actuaciones sobre los gastos y los ingresos serán necesarias ya que, lejos de reducir los esfuerzos financieros, la Seguridad Social afronta unos años donde la senda del gasto será ascendente, empezando por las futuras revalorizaciones previstas en base al IPC.
Una de las claves que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ya ha aclarado que abordará para el refuerzo del Sistema es aproximar la edad real de retiro del mercado laboral (62 años y 7 meses) a la edad legal de jubilación, actualmente en los 65 años y 10 meses. En este sentido, los economistas y expertos del think tank Civismo proponen que se establezca una jubilación flexible que vaya desde los 60 años hasta los 75 años, y donde el trabajador pueda escoger el momento de salida del mercado laboral.
Uno de los puntos de la reforma de pensiones es el de las pagas de muerte y supervivencia, principalmente las pensiones de viudedad, y su necesaria adaptación a la realidad social del momento, donde las necesidades para las que se concibió esta prestación han cambiado. En este sentido, el Pacto de Toledo aboga por una revisión "íntegra" de esta prestación para su adecuación, donde el principal cambio vendría en el método de cálculo de la pensión, que quedaría condicionado a la situación financiera de la unidad familiar en la que conviva el beneficiario de la paga. Además, se plantea que otros factores como la edad o las cargas familiares también se tengan en cuenta a la hora de calcular la cuantía de la prestación.
El Círculo de Empresarios y la Fundación Transforma España instan al Gobierno y a las empresas a adoptar medidas basadas en incentivos para alargar las carreras laborales tras la edad de jubilación, desincentivar los sistemas de jubilación anticipada y alargar los años de cotización para el cálculo de las pensiones.
El sistema de pensiones público se encuentra en tela de juicio de forma habitual. Las pensiones suponen un gasto que supera el 11% del producto interior bruto (PIB), pero lo más preocupante es la tendencia, que hace hoy de este un sistema insostenible. El Gobierno planea introducir algunos cambios para aliviarlo. La última propuesta pasa por aumentar los años de cotización para calcular las pensiones de 25 años a 35, lo que supondrá un 'recorte' a las nuevas pensiones en casi la totalidad de los casos.
De la reforma de pensiones propuesta por el Pacto de Toledo y ratificada por el Congreso se desprende una primera lectura: el gasto en pensiones mantendrá en los próximos años la senda ascendente impulsada por la revalorización de las prestaciones vinculada al IPC.
El Pacto de Toledo, en las postrimerías de la negociación para alumbrar las recomendaciones de la reforma del sistema público de pensiones, no solicitará al Gobierno una revisión de las cotizaciones para los trabajadores del régimen general de asalariados. Ello implica de facto que, en este momento no abogan por tocar las cotizaciones de estos asalariados, tanto de rentas altas como de rentas bajas y medias. Algo que sí ocurrirá para el régimen especial de trabajadores autónomos (Reta), donde sí que se solicitará dar un paso más hacia la convergencia de regímenes de la Seguridad Social, articulando un sistema de aportaciones en base a los ingresos reales. Esta decisión de salvar a los asalariados de una eventual subida de las cotizaciones tiene sentido en el actual contexto de crisis económica, donde puede ser contraproducente el aumento de los costes para la contratación, pero también tapona por el momento una de las vías para aumentar los ingresos, las cotizaciones sociales, que caerán.
El Pacto de Toledo rechaza la propuesta del Gobierno de incrementar las cotizaciones para los asalariados del régimen general, no así para los trabajadores autónomos. El Gobierno endurecerá la jubilación anticipada, que según el reglaje de porcentajes de penalización por cada año que se adelanta el retiro resulta en su cómputo final más ventajoso para las rentas altas y más gravoso para las más bajas. Ahora, la intención es la de establecer un marco que por un lado incentive la permanencia en el puesto de trabajo más allá de la edad legal al tiempo que haya desincentivos para adelantar ese retiro.
El Pacto de Toledo estudia la posibilidad de desviar hasta 12.000 millones de euros procedentes de las cotizaciones por desempleo que va a parar al Sepe a los fondos de la Seguridad Social para afrontar futuros gasto en pensiones. Concretamente, el documento sobre el que trabajan los partidos representados en la Comisión parlamentaria encargada de emitir las recomendaciones para la reforma del sistema público, recoge la posibilidad de derivar tres puntos porcentuales de la cotización que realizan los trabajadores al Sepe hacia contingencias comunes, que es la aportación que ingresa la Seguridad Social y con las que se sufragan las pensiones en nuestro país.
Una de las cuestiones que saldrá de las recomendaciones que los partidos presentes en la Comisión eleven al Ministerio de Seguridad Social es el mantenimiento de la jubilación a los 60 años para los funcionarios de clases pasivas (profesores, funcionarios de carrera de la Administración Central, militares de carrera, jueces, fiscales, guardias civiles, policías, etc.) una vez se apruebe la reforma, tal y como habrían acordado tanto PSOE como PP.
PSOE y PP acuerdan dejar fuera de la futura reforma del sistema de pensiones al Régimen Especial de Clases Pasivas, el sistema particular de protección con el que cuentan los funcionarios. No habrá así cambios para esta modalidad de jubilación pese a que lleva años planteando importantes problemas.
El Banco de España ve inviable subir pensiones con el IPC.
La sentencia del caso ERE en Andalucía llegó tras muchas presiones y retrasos en la instrucción. El escándalo de los ERE es una red de corrupción política vinculada al PSOE y la Junta de Andalucía, investigada a raíz de un caso de corrupción en la empresa Mercasevilla, en la que fueron detectadas prejubilaciones aparentemente fraudulentas.
En el año 2001, la Junta de Andalucía, presidida por Manuel Chaves, inició un procedimiento para respaldar económicamente a empresas con problemas, que se veían obligadas a presentar expedientes de regulación de empleo (ERE), para realizar prejubilaciones o despidos, y a los trabajadores afectados por estos ERE. Para lo que creó una partida presupuestaria dotada con 721 millones de euros hasta el año 2011 y, para su finalización, debería ampliarse hasta la cifra de 5.217 millones.
Pero las prejubilaciones eran fraudulentas, pagadas a personas que nunca habían trabajado en las empresas afectadas; se dieron subvenciones a empresas que no estaban presentando un ERE e, incluso, a personas que no llegaron a crear ninguna empresa, y se pagaron comisiones, muy por encima del valor de mercado, a intermediarios entre la Junta y los trabajadores: aseguradoras, consultoras, bufetes de abogados y sindicalistas. En total, un fraude total de más de 855 millones de euros.
En 2011 la Junta de Andalucía se personó como acusación particular en el caso, manifestando su intención de recuperar todo el dinero pagado en las prejubilaciones falsas o irregulares. En 2013, pocos días después de la dimisión de José Antonio Griñán como presidente de la Junta y su sustitución por Susana Díaz, comenzaron a ser imputados expresidentes y sus cómplices y subalternos.
Entonces Susana Díaz retiró la acusación en nombre de la Junta impidiendo recuperar el dinero. Díaz ya estaba en el PSOE cuando todo empezó, de la mano de los cabecillas de la trama, por quienes hizo todo lo posible para boicotear la investigación parlamentaria y proteger a los acusados, llegando a ocultarle a la Guardia Civil documentación sobre el gasto en burdeles de sus compañeros de partido.
La Junta de Andalucía que presidió Susana Díaz, tras el "absoluto descontrol" para repartir 680 millones en ayudas, no mostró prisa en intentar recuperarlos. Entre 2000 y 2009 ocurrieron los fraudes en Expedientes de Regulación de Empleo, pero la Junta sólo denunció 120 casos 15 días antes de la toma de posesión de Juan Manuel Moreno Bonilla como su Presidente.
La Fiscalía acusaba en el juicio a 21 máximos responsables de la Junta de Andalucía de defraudar más de 855 millones de euros tras la supuesta creación de un sistema de ayudas públicas "totalmente opaco" al margen "de los ciudadanos" y de los controles establecidos por la Intervención General, un importe en principio destinado a la reactivación de empresas en crisis y a ayudar a los trabajadores.La Audiencia Provincial de Sevilla condenó por delitos de prevaricación y malversación al expresidente Griñán, al también expresidente Chaves, y a 19 ex altos cargos del PSOE: el exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, el exconsejero de Innovación, Francisco Vallejo, la exconsejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, el exviceconsejero de Innovación, Jesús María Rodríguez Román, la exconsejera de Economía y Hacienda y exministra, Magdalena Álvarez, el exconsejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, el ex viceconsejero de Economía, José Salgueiro Carmona, el ex director general de Presupuestos, Antonio Vicente Lozano, el ex director general de Trabajo, Javier Guerrero y su sucesor en el cargo Juan Márquez Contreras, el exconsejero de Empleo, José Antonio Viera, el exviceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, el ex secretario general técnico de Empleo, Juan Francisco Sánchez García, el ex secretario general técnico, Javier Aguado Hinojal, la ex secretaria general técnica de Empleo Lourdes Medina Varo, el ex director general de Idea, Miguel Ángel Serrano Aguila, y el ex director general de IDEA, Jacinto Cañete. Los dos únicos absueltos de todos los cargos han sido el ex interventor de la Junta y el exjefe del gabinete jurídico de la Junta.
El gobierno del ‘cambio’ del popular Moreno Bonilla mantiene al frente de la Subdirección General de Fondos Europeos a Antonio Valverde Ramos, un antiguo alto cargo investigado en tres causas de corrupción relacionadas con la irregular gestión de dinero público durante la etapa del PSOE en la Junta. Está procesado en una de las piezas de los ERE fraudulentos. Además, los jueces investigan su gestión en el caso Isofotón, centrado en la fotovoltaica que echó el cierre en 2013 tras recibir de forma irregular más de 80 millones de euros, y en el préstamo a fondo perdido de 36,1 millones concedido por la Junta de Andalucía a la desaparecida fábrica de Santana Motor.
La primera sentencia por el fraude en las subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía durante los gobiernos socialistas para realizar cursos de formación y que se convirtió en otra macrocausa judicial que terminó afectando a los ejecutivos del PSOE en la comunidad ha recaído en la pieza de Formación Integral para el Empleo, sociedad que del empresario José Sivianes que llegó a recibir, entre 2010 y 2012, más de cinco millones de euros de fondos públicos para cursos que presentan numerosas irregularidades.
Los seis acusados, como las partes han llegado a conformidad, se han mostrado de acuerdo con esta condena, declarada firme, tras reconocer los hechos. Ninguno pisará la cárcel si no vuelven a delinquir y pagan la indemnización a la Administración autonómica.
Formación Integral para el Empleo se constituyó en octubre de 2001 con la «enseñanza en general» como objeto social. Esta empresa sevillana fue adquirida en 2005 por la esposa de Sivianes, que en 2012 pasa a ser administrador único de la misma. Éste, según el relato de los hechos de la Fiscalía admitido por los condenados, ya era de facto el que controlaba la empresa desde 2005.
Sivianes, «con ánimo de enriquecerse», entre los años 2011 y 2012 creó «una estructura organizativa» destinada a quedarse con dos tercios de los fondos públicos recibidos. Es decir, estos dos tercios del dinero no irían a los fines para los que fueron concedidos: la formación de desempleados.
La estructura fraudulenta tenía una doble vía. Por un lado, se incrementaban ficticiamente los gastos de los servicios de docencia mediante la subrogación para tales servicios de terceros, también acusados y condenados este viernes. Éstos nunca realizaban los cursos. Eran simples testaferros de Sivianes, que era quien hacía los cursos.
La segunda vía del fraude era aumentar también ficticiamente los gastos de los suministros de material didácticos. Estos empresarios emitían facturas y presupuestos falsos. Así, Sivianes se quedó con 1.120332 euros en 2012 del importe total de 1.743.742 euros de la subvención que ingresó Sivianes de la Junta un año antes. Este es el dinero que todos los condenados deberán devolver ahora a la Administración autonómica.
Los acusados y ahora condenados aprovecharon el sistema de justificación de las ayudas de la Junta para engañar a la propia administración. Sivianes recibió una subvención de 2.324.990 euros. Entre mayo y junio de 2011 recibió en distintos pagos el 75 por ciento de dicha ayuda: 1.743.742 euros. Una vez ingresadas tales cantidades, los acusados impartieron los cursos de formación, pero incrementaron ficticiamente los costes, ocultándolo a la Junta en la cuenta justificativa.
Para ello, inflaron los gastos de docencia, contando Sivianes en esta artimaña contable con los condenados J.C.P.N., A.M.R.C., N.H.S. y M.J.M.R., estos formadores, con ánimo de enriquecerse también, elaboraron facturas por trabajos de gestión de la docencia y organización de los cursos que impartía Sivianes que no correspondían con la realidad.
La juez que investigó los hechos señaló en el auto de apertura de juicio oral algunas de estas maniobras para facturar más: «si eran 20 euros, se facturaban 80» por hora de docencia; «el mismo concepto de factura por duplicado», y «se facturan productos inexistentes o no suministrados, por ejemplo, monitores de 17 pulgadas».
Para el sistema falseario de facturas en suministros de material, Sivianes contó con la ayuda de V.M.F.S., dueño de Vicafer Gestión y Bio Oil Doñana. Y ello pese a ser Vicafer una empresa dedicada al comercio de productos lácteos, huevos, aceites y grasas comestibles y Bio Oil Doñana al comercio al por mayor de alimentos. Este condenado emitió facturas por suministros de material didácticas falsos, pues no se dedicaban a este sector.
Después aparece la Copistería Ibercopy. Uno de los socios de esta mercantil, J.C.P.N., también ha sido condenado. Elaboraba presupuestos de material didáctica con precios inflados.
El juez de lo Penal número siete de Sevilla, cuando ha dictado su sentencia «in voce», ha fijado que la indemnización a la Junta de Andalucía que tendrán que hacer frente Sivianes y los otros cinco condenados por este fraude en los cursos es de 1.743.742 euros. El 75 por ciento de la subvención concedida en 2010 que ascendía a 2.324.990, que la Junta se indemnizará con parte de su propio dinero.
Pero esta es sólo una de las 187 piezas separadas de la macrocausa de los ERE. La Justicia tiene pendiente una pieza separada por presuntos delitos de prevaricación y malversación relacionados con las ayudas de más de 40 millones de euros concedidas por el Ministerio de Trabajo y la Junta de Andalucía a cinco minerías.
Entre los investigados están los ex secretarios generales de los sindicatos CCOO en Andalucía Francisco Carbonero y UGT en Andalucía Manuel Pastrana, y otros ocho sindicalistas de ambas centrales que malversaron los fondos abonados por el Fondo de Garantía Salarial que debían ir a la Junta y también desviaron parte de los fondos recibidos del Gobierno andaluz para el «pago de las ayudas sociolaborales». El juez acordó el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones respecto a Manuel Pastrana, por razones de salud.
El caso UGT implica al ex tesorero del sindicato Federico Fresneda, la secretaria de Gestión Económica María Charpín y empresarios y representantes de proveedores del sindicato que, presuntamente, falsearon facturas al dictado de UGT y también abonaron comisiones de hasta el 20% de lo facturado.
El Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla ya abrió juicio contra el ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y catorce personas más, entre ellas otros cuatro responsables del sindicato, por un presunto fraude de 40,7 millones de euros destinados a cursos de formación. La Fiscalía Anticorrupción pide siete años de cárcel y 50 millones de euros cada uno de ellos, así como que indemnicen solidariamente a la Junta con 40.750.047,74 euros, además de cinco años de prisión para la responsable del departamento de Compras de UGT-A y tres años para los diez proveedores, a quienes considera cooperadores necesarios.
UGT-A debe responder como presunto responsable civil subsidiario, porque según el Juez entre 2009 y 2013 hubo "procedimientos concertados" entre UGT-A y algunos proveedores para que estos "facilitaran la infraestructura documental y contable que permitiera obtener fondos destinados a formación para poder desviarlos con el fin de sostener los gastos corrientes del sindicato". Los fondos, provenientes de subvenciones de la Consejería de Empleo, se dedicaron "a fines distintos del destino que deberían haber tenido", que era "la práctica de acciones formativas a personal ocupado y desocupado".
Una de las técnicas empleadas epor el sindicato era beneficiarse de "los descuentos que los proveedores le realizaban en las diferentes facturas, sin que dichos descuentos se declararan a la Administración". Otra eran las facturas simuladas que "no se correspondían con ningún servicio prestado" pero que "eran imputadas a programas subvencionados". La tercera vía de financiación fraudulenta era la cesión en usufructo de locales de su propiedad a la mercantil Soralpe, de la que UGT-A era socio único, con lo que se obtenían fondos con cargo a subvenciones gracias a "un sistema de alquileres por aulas empleadas para la formación que realmente no generaban un gasto".
Así se financian presuntamente los sindicatos, que ya cobran suficientes fondos públicos para sostenerse, además de sus afiliados, si es que alguno paga en vez de cobrar. Pero, a pesar de los numerosos casos de fraude o apropiación, los que deberían controlar el buen uso de fondos públicos permiten que la mafia sindical campe a sus anchas y le devuelva favores.
Y la Justicia se lo toma con calma para terminar el asunto, a pesar de las innumerables evidencias contra los acusados. Será por miedo a que les pase como a la Juez Alaya, o será porque están muy ocupados.
Dimite el líder de UGT Madrid tras denunciar corrupción en el sindicato por "responsabilidad política y dignidad personal" y explica que proseguirán "las investigaciones policiales para esclarecer los hechos".
El secretario general de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo, ha dimitido días después de denunciar a la Policía una trama de corrupción en el sindicato, según ha comunicado en un mensaje de Twitter a los afiliados.
López Reillo había denunciado ante la Policía Nacional un posible caso de corrupción en el sindicato, que podría haber desviado al menos un millón de euros del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).
López Reillo habría sido advertido por analistas económicos cercanos al sindicato que detectaron presuntas irregularidades en la gestión de estos fondos, por lo que él mismo llevó ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estos indicios.
Según informaciones periodísticas, en la trama corrupta estaría presuntamente implicada una administrativa del sindicato, hija de la parlamentaria del PSOE de la Asamblea de Madrid Carmen López, y entidades bancarias que gestionaban los fondos de dinero público destinados a empleados despedidos.
López Reillo, de 66 años, fue elegido secretario general de UGT Madrid el 6 de mayo de 2016 en el XIV congreso de UGT madrileño. El hasta ahora secretario general se enfrentaba a su segundo mandato de cuatro años al frente del sindicato y había marcado como uno de sus ejes de su gestión conseguir acabar con la brecha salarial y que los planes de igualdad llegaran a todas las empresas. Junto a ello también había señalado el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la derogación de la reforma laboral y el aumento de las pensiones como objetivos de este nuevo periodo, ahora truncado.
El Expediente de Regulación de Empleo (abreviado como ERE), es un procedimiento mediante el cual una empresa en una mala situación económica busca obtener el permiso de la autoridad laboral para suspender o extinguir las relaciones laborales por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, por fuerza mayor o por extinción de la personalidad jurídica de la empresa.
No será necesario solicitar autorización administrativa para despedir colectivamente en los casos de concurso o cese de actividad de la empresa por decisión judicial.
Aparentemente, el control administrativo obedece a comprobar si la adopción de las medidas propuestas contribuye a superar una situación deficitaria de le empresa, o a garantizar la viabilidad futura de la empresa y del empleo en la misma a través de una mejor organización de los recursos.
Sin embargo, lo que suele suceder es que los funcionarios que deben dar su visto bueno y los abogados de los sindicatos aprietan al empresario hasta que abone el donativo o la minuta de honorarios, con IVA o en sobre.
Una vez obtenida la autorización administrativa, el empresario podrá comenzar a despedir a todo el que pueda. La selección de los trabajadores a despedir la hará el empresario, ateniéndose a lo que proyectó en la solicitud y respetando la prioridad de permanencia en la empresa de los representantes de los trabajadores.
El Fondo de Garantía Salarial abonará a los trabajadores el importe de los salarios pendientes de pago a causa de insolvencia o concurso del empresario. Así lo establece el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 33, que define al FOGASA como "Organismo autónomo dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales", el cual "se financiará con las aportaciones efectuadas por todos los empresarios, tanto si son públicos como privados".
Con eso se explica por qué al final los trabajadores se van a la puta calle mientras los representantes sindicales suelen quedarse con todo o parte de las indemnizaciones de los curritos.
Los problemas de los trabajadores no son el problema ni la prioridad de los sindicatos oficialistas, Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras, que no representan a nadie más que a ellos mismos.
Aunque lo diga el artículo 7 de la Constitución, los sindicatos de trabajadores contribuyen escasamente a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su actividad no siempre respeta la ley, ni tampoco su estructura interna y funcionamiento son realmente democráticos.
Según el artículo 28 de la Constitución, todos tienen derecho a sindicarse libremente (salvo los sometidos a disciplina militar), y nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato. Pero los afiliados que no paguen la cuota siguen figurando en sus listas a la hora de que el sindicato perciba subvenciones y ayudas públicas por número de representados.
El Gobierno ha movilizado a todos los delegados sindicales del sector de Servicios Sociales por la crisis del coronavirus. Los liberados sindicales son trabajadores, ya sea del sector público o privado, que en teoría emplean todo su tiempo en defender los derechos de sus compañeros. Están liberados, por ley, de realizar el trabajo para el que fueron contratados, y en España hay en torno a 350.000 delegados sindicales, aunque solo una parte de ellos ejercerían como liberados. En 2010, la CEOE los cifró en torno a 4.200.
Los sindicatos mayoritarios llevan a los obreros como perros con correa, a los que sueltan los días de huelga insolidaria con los viajeros, los conductores, y en definitiva todos los ciudadanos dependientes de servicios públicos. Hacer que unos trabajadores jodan la vida de otros es todo cuanto saben hacer, además de robar.
