GUZMAN1

Mostrando entradas con la etiqueta Pujol. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Pujol. Mostrar todas las entradas

miércoles, 8 de septiembre de 2021

"EL JUEZ, DERECHO COMO LA VIGA DEL TECHO"

El Consejo General del Poder Judicial, cómodo en sus sillones, se hace el sordo ante la incapacidad de PSOE y PP de desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y reformar el sistema de elección de vocales en el órgano de gobierno de los magistrados.

En la víspera del acto de apertura del año judicial, y tras una semana de reproches cruzados entre el PSOE y el PP a cuenta del bloqueo en la renovación de vocales del CGPJ, consultados por Vozpópuli, los presidentes y portavoces nacionales de las cuatro principales asociaciones de jueces -la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI)- muestran diferencias a la hora de señalar culpables y plantear prioridades. Unos por cuestiones profesionales, y otros por puro politiqueo.

"Estamos hartísimos, absolutamente cansados, de ver cómo a los jueces nos convierten en instrumento de ataque partidista", indica Jorge Fernández Vaquero, portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV). "El Consejo está secuestrado por los partidos políticos desde 1985", añade.

En aquel año, durante el primer Gobierno de Felipe González, se realizó una modificación a la Ley del Poder Judicial de 1980. Desde entonces, el Parlamento tiene la competencia de nombrar y renovar directamente cada cinco años a los veinte vocales del CGPJ, de los cuales doce puestos corresponden a jueces y otros ocho son juristas. Las asociaciones judiciales vienen reclamando modificar esa Ley Orgánica para que los nombramientos sean realizados por los propios magistrados y no por los partidos políticos.

Y sería sencillísimo: con sólo derogar la Ley de 1.985 automáticamente volvería a entrar en vigor la de 1.980, con las actualizaciones que correspondan.

Ahora, con más de mil días de retraso en la renovación del CGPJ que se debía haber realizado en diciembre de 2018, por la falta de consenso entre PP y PSOE para realizar los nombramientos de nuevos vocales, las asociaciones de jueces piden de nuevo reformar la ley de 1985 y alertan del debilitamiento en la percepción de los ciudadanos con respecto a la independencia del Poder Judicial por la actual situación de interinidad del CGPJ.

"El gran mal de esta situación es que los ciudadanos perciben al CGPJ como susceptible de intervenciones políticas. Esto es nefasto y demoledor. Por eso la Comisión Europea y el Consejo de Europa nos advierten una y otra vez de que debemos reformar el sistema de elección de vocales", indica Fernández Vaquero.

Según el Eurobarómetro de 2021, España se sitúa entre los seis países europeos que registran una peor percepción entre sus ciudadanos con respecto a su independencia judicial. Además, en 2019, una encuesta del CIS señalaba que el 90% de los españoles se muestran a favor de una modificación para que los jueces elijan a sus propios representantes en el CGPJ, como ocurría con la ley de 1980.

Polonia y Hungría son los únicos dos países europeos, junto con España, donde los nombramientos del órgano de gobierno de los jueces recaen exclusivamente en el poder legislativo. En el resto de países, los magistrados participan de la elección

"Es una absoluta anomalía que llevemos más de tres años de retraso en la elección de vocales del CGPJ. La situación actual de bloqueo no se habría producido si se hubiese permitido a los jueces elegir sus doce vocales. Estamos hartos de que se desatiendan las demandas de las instituciones europeas en este sentido", indica Manuel Almenar, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

"Es una anomalía que debilita gravemente al Poder Judicial y al resto de órganos del Estado, y también es una situación muy preocupante porque revela la incapacidad de los partidos políticos a la hora de hacer primar el interés de los ciudadanos sobre sus intereses partidistas", añade en declaraciones a VOZPOPULI.

Enrique López, consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, señala al Ejecutivo ante la falta de consenso para renovar un Consejo General del Poder Judicial en funciones desde diciembre de 2018. Tras varios intentos fallidos y una semana de reproches cruzados por la falta de acuerdo para desatascar la parálisis, el también mediador de los populares explica en una entrevista concedida a Vozpópuli que habrá fumata blanca antes de que acabe el año si Pedro Sánchez se compromete a modificar la ley para cambiar el sistema de elección de vocales.

Frente a las acusaciones de que es el PP el que bloquea la renovación, López arremete contra los ministros Félix Bolaños (Presidencia) y Pilar Llop (Justicia) por negarse a reformar una modificación legal que se remonta a 1985. Avisa de que es un capítulo más de una actuación de "absoluto desprecio" al Poder Judicial y que Europa está muy pendiente de cómo resuelva España esta crisis.

En la entrevista, el exmagistrado de la Audiencia Nacional se pronuncia sobre los asuntos pendientes en el Tribunal Supremo en relación con el nombramiento de Dolores Delgado, así como la investigación que sigue la Fiscalía de ese órgano sobre Juan Carlos I.


La Asociación de Fiscales señala a Dolores Delgado y reclama que la fiscal general actúe contra Luis Navajas por acusar a compañeros de presionarle en las querellas contra el Gobierno

"Entendemos que en 40 años nunca se ha dado una situación como la actual, con el mayor descrédito de la carrera fiscal". Con esa contundencia se ha pronunciado este jueves la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) tras las polémicas declaraciones en las que el número dos del Ministerio Público denunciaba supuestas presiones para que alentara las querellas contra el Gobierno por la gestión de la pandemia.

"El pasado lunes escuchamos con estupor las declaraciones que el teniente del Tribunal Supremo realizó en un medio de comunicación [...]. En las declaraciones del Sr. Luis Navajas encontramos descalificaciones y falta de consideración hacia sus compañeros", afirma el comunicado de la Comisión Ejecutiva de la asociación.

Más allá de criticar la actuación de Navajas, la asociación considera que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, debería actuar contra él: "Consideramos intolerable que la Fiscal General del Estado no haya dado una respuesta contundente e inmediata ante esta actuación del teniente fiscal, que ampare a los fiscales afectados e impida que se pueda poner en tela de juicio a quienes desempeñan fielmente sus funciones".

La asociación sostiene que esa situación de máximo descrédito "nace con el nombramiento, sin solución de continuidad, de la diputada del PSOE y ministra de Justicia como fiscal general, y llega hasta la actualidad". "Hemos tenido que sufrir los ataques que desde la figura del número dos de la carrera se han vertido sobre los compañeros, ante el silencio cómplice de la Sra. Dolores Delgado", añade.

También se han pronunciado públicamente este jueves los cinco miembros del Consejo Fiscal -órgano que representa a la carrera- pertenecientes a la AF. Tras la suspensión de la reunión prevista para ayer por una incidencia vinculada al Covid, los vocales piden a Delgado que aclare algunos puntos que le iban a presenta al final del encuentro. El principal, si tiene intención de actuar contra Navajas como ha hecho contra los señalados por éste: la ex fiscal general del Estado Consuelo Madrigal y el fiscal de Sala Fidel Cadena.

La Fiscalía del Tribunal Supremo avala el papel desempeñado por el Gobierno ante la covid-19 y descarga en las Comunidades Autónomas la responsabilidad sobre las manifestaciones del 8-M porque las Delegaciones de Gobierno solo podrían haber impedido las concentraciones en caso de suponer un problema de orden público y no sanitario. La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que no admita a trámite las más de veinte querellas que se han ido interponiendo a lo largo del estado de alarma contra miembros del Gobierno por la gestión de la pandemia del coronavirus.

Sobre la acción desarrollada por el Gobierno a partir del día 14 de marzo de 2020, tras la declaración del estado de alarma, considera imposible haber previsto la epidemia. Para quien tenga paciencia, los protocolos de actuación se pueden leer aquí.

El ministerio público también rechaza que el Gobierno cometiera cualquier tipo de delito en la compra de 8,8 millones de mascarillas FFP2 defectuosas ni en la compra y reparto de tests del coronavirus defectuosos, pues el contrato se adjudicó a Interpharma, que adquirió de una mercantil de de origen chino productos defectuosos.

Hasta ahora sólo ha trascendido que la Inspección Fiscal va a investigar las supuestas presiones que denunció el lunes en su entrevista en Onda Cero. Ambos participaron el el juicio del procés, por los que la AF lamenta que Navajas "ha puesto en entredicho su buen hacer en uno de los juicios más importantes de la democracia española e imputándoles supuestas presiones sobre su persona, nunca denunciadas por él y sin la menor corroboración objetiva".

A juicio de los cinco vocales, el episodio de Navajas "arroja más dudas sobre la independencia de quien ostenta y ha ostentado el cargo de Fiscal General del Estado que las que de ordinario se suelen suscitar, viniendo así a confirmar la sospecha ciudadana de mediatización política de la Institución".

"No podemos permitir que se cuestione y mancille la institución", afirma la Unión Progresista de Fiscales, a la que ha pertenecido Delgado -tuvo que dejarla al acceder a la Fiscalía General- y bajo cuyas siglas fue elegida como vocal del Consejo Fiscal. La asociación quiere enfriar la polémica y considera que lo sucedido debe encontrar "una solución interna por los cauces legalmente establecidos". Recuerda que ya se ha puesto en marcha la Inspección Fiscal, "lo que demuestra el funcionamiento de la institución". Lo que ha hecho la Inspección ha sido abrir una información interna sobre lo denunciado por Navajas para comprobar si debe imponerse una sanción a Madrigal o Cadena.

Para colmo, la pareja de Delgado, Baltasar Garzón, podría volver a la Judicatura muy pronto, merced al dictamen del comité de Derechos Humanos de la ONU. La resolución pone el foco en los puntos oscuros de las investigaciones casi paralelas a las que fue sometido y concluye que no tuvo acceso a un tribunal "independiente e imparcial" en los dos procedimientos por los que fue juzgado, en los que además contaba con el respaldo de la Fiscalía.

Que la Justicia Española está totalmente politizada no lo dicen sólo los jueces, los fiscales y la opinión pública. Se puede demostrar con ejemplos, como el del clan Pujol.

El Parque de Atracciones Tibidabo es el parque de atracciones operativo más antiguo de España, el tercero más antiguo de Europa​ y uno de los más viejos del mundo. Antes de su subasta, pertenecía a Grand Tibidabo, S.A.

En mi etapa profesional, y sólo POR UN DIA, fui Administrador Judicial de GRAND TIBIDABO por decisión de la Sala correspondiente de la Audiencia un 31 de Julio, lo que no me permitió ponerme en antecedentes ni reunirme con los Magistrados ante cualquier incidencia, por vacaciones.

Tomé posesión del cargo y el picapleitos marrullero que les defendía pretendió no darse por notificado. Se negaron a dejarnos entrar a la Secretaria de la Sala de Vacaciones de la Audiencia y a mi, para ejercer mis funciones. Con el tiempo he pensado que  debimos pedir auxilio policial, pero yo era novato en eso y el asunto me venía demasiado grande.

A la tarde siguiente las partes llegaron a un acuerdo, por el que quedaba cesado "de facto".

Quien mandaba era Santiago Sardà Támaro, director del parque Tibidabo de Barcelona y vicepresidente de la Asociación de Parques Temáticos, y anterior gerente del Acuario de Barcelona. Es hermano del periodista Xavier Sardà y Rosa María Sardà.

Santiago Sardá es conocido en el ambiente empresarial catalán por sus negocios fallidos, como el megaproyecto fracasado de la Ciudad del Cine de Sant Boi.

Santiago Sardá está actualmente inhabilitado para la gestión de bienes ajenos por una sentencia de 2014 de un juzgado mercantil de Girona por el caso del Akasvayu Baloncesto Girona, que fue otra iniciativa fallida que protagonizó junto a sus socios de la inmobiliaria Akasvayu, empresa que también vino a la quiebra a finales de la década pasada.

LA trayectoria empresarial de Santiago Sardá Támaro en las industrias culturales y los negocios inmobiliarios es amplia, como la realización de las dos galas de los Premios Goya que fueron presentadas por su también hermana Rosa María Sardá Támaro.

EL asunto de la noria ubicada en el Puerto de Málaga lleva generando polémica desde que fue rechazado en primera instancia en Sevilla y terminó recalando finalmente en la zona de Muelle de Heredia. Pero tal y como sospechaban los vecinos, el desarrollo de este asunto apunta a que esta primera noria solo es la punta de lanza de un proyecto urbanístico aún mayor, denominado ‘Estela de Alborán’, del que se espera obtener una buena rentabilidad.

Tres edificios compondrán un centro de comercio de tres pisos más planta baja (cuatro alturas en total), una nueva noria de 100 metros de diámetro, una plaza con numerosos locales para cafeterías, restaurantes y otros negocios, y una pasarela elevada para conectar esta área del muelle cuatro. Una actuación urbanística que modificará radicalmente la imagen y el contenido de un espacio público para que una empresa privada obtenga pingües beneficios.

La sociedad Grand Tibidabo presentó en 2020 en la Audiencia Nacional un escrito de acusación contra los integrantes del clan Pujol; formado por el expresidente catalán Jordi Pujol Soley, su mujer, Marta Ferrusola Lladós, sus hijos Josep, Pere, Marta, Mireia, Oleguer, Oriol y Jordi, así como la exmujer de este último Mercé Gironés.

El representante legal de Grand Tibidabo, el letrado Jesús Pórfilo Trillo Navarro, del despacho de abogados Miralbell Guerín, justifica estas penas porque considera que la familia Pujol Ferrusola ha aprovechado su posición "privilegiada" en Cataluña durante decenios para "acumular un patrimonio desmedido, directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades delictivas e íntimamente ligadas a la corrupción política".

Grand Tibidabo, que ejerce la acusación popular, ha pedido para los miembros de la familia Pujol Ferrusola penas de cárcel que suman 177 años, así como el pago de una multa de 240 millones de euros, en el escrito presentado en la Audiencia Nacional, en el que acusa a los miembros de la familia del expresidente Jordi Pujol de los delitos de asociación ilícita, falsedad documental, blanqueo de capitales y fraude fiscal.

Los actuales dueños de esta sociedad, que actualmente se encuentra en proceso de liquidación, consideran que toda la familia Pujol Ferrusola se benefició de las ganancias obtenidas por el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, con la operación de venta de la sede del Consorcio Nacional de Leasing (CNL), en 1991, una corporación que dio lugar al nacimiento de Grand Tibidabo SA cuando se fusionó con Tibidabo.

Por su parte, Podemos, que también ejerce la acusación popular, reclama 202 años de prisión para los diez miembros de la familia Pujol Ferrusola encausados, y el pago de 123,6 millones de euros de multa. El juez instructor del caso en la Audiencia Nacional, José de la Mata, cerró la investigación en julio de 2.020 y propuso que los Pujol Ferrusola fueran juzgados como una presunta organización criminal.

En "El Juicio por el caso Gran Tibidabo", de Rafael del Barco Carreras, se cita textualmente lo siguiente:

Más agravios comparativos o la desaparición de los delitos y acusados desde el inicio de la instrucción en 1994 al 2007 en el juicio Gran Tibidabo

Si por el camino en la instrucción del sumario se perdieron delitos, más se perdieron posibles autores y acusados. Si antes de las denuncias, pactos mafiosos, se excluyó a cualquier gran banquero y gran político interviniendo en el abono en el Banco Hispano Americano de los 30.000 millones de pesetas estafados, ni se consideró acusar a los Samaranch, Abel Matutes, o Elena Roca-Junyent, hija de Miguel Roca-Junyent, consejeros, y en el caso Elena, secretaria de De la Rosa. Sin olvidar los grandes ejecutivos de Gran Tibidabo, que enlazan con los políticos del momento; conviene ver www.lagrancorrupcion.com o mejor el libro, editado en 1995, "Les desventures de Port Aventura", de Roger Jiménez Monclús, ex delegado de la Agencia EFE en Cataluña y ex director de La Vanguardia, donde aparecen, con todo lujo de detalles, los políticos de uno y otro bando, convergentes y socialistas, a sueldo astronómico del empresario modelo. El más significativo de los acusados reales y escritos que desaparece es Juan Piqué Vidal, secretario del Consejo de Administración, y pequeña curiosidad, hasta un pasaporte de Javier de un país sudamericano con su fotografía pero nombre falso, hallado en un registro de su despacho, y del que nunca más se ha sabido.

Sin ánimo de excluir a nadie, y ateniéndose al libro citado, cabe resaltar al cuñado de De la Rosa, Alfons Maristany, apoderado de Gran Tibidabo y directivo de la CAIXA en dos de sus bancos en paraísos fiscales. Carles Malfeito, cuñado de Maciá Alavedra, Consellé de Economía de la Generalitat. Por Madrid, Emilio Casinillo, ex comisario de la Expo Sevillana, vicepresidente de Gran Tibidabo, del entorno de José Aureliano Recio, también amigo personal de Felipe González. Y curioso el caso de Vicenç Oller, que trabajara con De la Rosa en el Banco Garriga, y forma parte del primer Gobierno Pujol como Consellé de Industria, volviendo con De la Rosa en Gran Tibidabo.

Si el primer denunciante, Carlos Odena, se pasó en elucubraciones no bien fundamentadas, en definitiva el cabreo de una de las víctimas de la banda, encarcelado, y sin demasiadas luces sobre derecho, ni siquiera ortográficas y de sintaxis, la segunda, la de los accionistas, ignoraba el quid y el cómo de la desaparición del activo de su sociedad. Es normal, si les engañaron en uno de tantos negocios pirámide, fácil hacerlo en el barrido de lo invertido, que al parecer era mucho más moral y ético que lo hecho en la segunda fase tras la intervención por el Estado. En una palabra, dirigidos cargaron contra Javier de la Rosa, sin más, y convencidos por él y su trouppe que cubriría el desaguisado. El señuelo para el gran error, otro engaño. Era hábil entreteniendo y desarmando a sus estafados, su primera expresión, "yo me quedo con el negocio y les pago lo que vale". Lo hizo con el Banesto en "Tierras de Almería SA", con los kuwaitíes en TORRAS-KIO, y lo repitió con los miles de sorprendidos inversores. Si estafar es fácil para un habilidoso y profesional, prometer el pago es de "pizarrín y párvulos".

Viene a cuento y de la misma camada y años. También desaparece del sumario por extorsiones, chantajes y prevaricaciones al alimón con Pascual Estevill, Rafael Jiménez de Parga, al que el Supremo obligará procesar. Lo digo porque la misma mano negra es la que sacaba de los sumarios a los suyos. Pero lo que más gracia me hace del argumento clave para exonerar a Piqué Vidal es que sólo era Secretario del Consejo de Administración, un nombramiento estrictamente técnico y profesional. ¡Como si las bandas de delincuentes fueran al Notario para definir sus lugares en la actividad delictiva! Pero, y además, existe uno de los bulos, acusaciones y figuras creadas por esa banda contra mí, el supuesto Secretario de Antonio de la Rosa Vázquez, además de su pervertidor, y cerebro de la operación por la que consiguieron los primeros diez mil millones de su gran giro durante treinta años: Caso Consorcio de la Zona Franca.

Entonces me utilizaron de señuelo y blanco, y quizá en Gran Tibidabo a Javier de la Rosa Martí. Pero con una gran diferencia, yo me pasé tres años preventivo, con no más de siete meses de instrucción frente a sus trece años, denegándome todas las pruebas y perdiendo todos los recursos, porque compraron a policías, jueces, prensa y hasta a mi abogado Pascual Estevill… Y de la cárcel a juicio, y condenado a esos tres años, y él, de no hallarse inmerso en infinidad de sumarios y condenas, con toda seguridad apenas se pasaría los cuatro meses de 1994.

Curiosidades

Del ya citado libro "Les desventuras de Port Aventura" ("El cas De la Rosa"), de Roger Jiménez, ex director de La Vanguardia, editado en 1995 -además de recomendar su lectura para entender la facilidad con qué se trituraban empresas y millones en aquellos años, y actuales, después se han cometido en España, más, y más abultados desaguisados, Banesto, Terra, Marbella, Forum Filatélico, etc, etc…(los de menos de cientos de miles de millones son tantos, que llenarían páginas y desbordan cualquier memoria)-, destacaría el párrafo que traducido al castellano dice:

"El Parlamento de Cataluña acuerda felicitar al Gobierno de la Generalitat por las relaciones que ha mantenido estos últimos años con el financiero Javier de la Rosa. En estas relaciones, sujetas al interés de Cataluña, han participado con especial relevancia representantes bien significativos de diferentes gobiernos de la Generalitat y del partido que les da soporte… es por tanto, justo que se citen los nombres (y pasa a comentar las diferentes posiciones que han ocupado en la nómina áulica del financiero: José María Cullell, Miró y Ardevol-Prisma, Viçens Ollé, Carles Vilarrubí, Inma Folchi, Elena Roca-Junyent, directa colaboradora de Narciso de Mir, cerebro de Gran Tibidabo y primer socio de JR, Carles Malfeito, etc…"

Bonito. Si Narcís Serra y Pascual Maragall se callaron, encubrieron en beneficio propio, la directa intervención de De la Rosa en el Consorcio de la Zona Franca, para seguir financiados desde el Banco Garriga Nogués (creando unos culpables para aquel desfalco y los mantuvieron en la cárcel tres años, tiempo suficiente para alcanzar el Poder Central financiándose por otros caminos), Jordi Pujol lo catapulta a la galería de hombres ilustres. ¿Y porqué? Que se sepa no abrió como Cambó la Vía Layetana, ni como De Foronda la Exposición del 29, ni financió a ningún Gaudí, y menos trajo las Olimpíadas como Samaranch… ni siquiera nos dejó unas torres inclinadas… quedan pues… sus enormes repartos… enriquecer a políticos y funcionarios…

Si otros Parlamentos han glorificado a simples asesinos… ¿por qué no a estafadores?, si además, como Luis Candelas, repartían…, aunque sólo con los poderosos.

Pujol agradece a un trapisondista del submundo de las "altas finanzas", léase las "grandes estafas", haber conseguido para su Cataluña una lluvia de billones que, en definitiva ,pagan los kuwaitíes o el sistema, o sea, Madrid, pero también miles de ahorradores, obreros y proveedores, pudriendo el ambiente, esfumando las ganancias de tanto delito por paraísos fiscales, y contribuyendo más a corromper su Cataluña (ya muy corrupta, como él mismo contribuyó y sabía con su Banca Catalana). El inconsciente le traiciona cuando, creyéndose más un Dictador que un simple President de la Generalitat, ordena semejante patochada, porque el futuro, aun empeñándose en suavizar y anular delitos y condenas, definirá como grandes delincuentes a sus compañeros de viaje.

Nunca un Parlament ha glorificado el robo, la estafa, los métodos mafiosos, ¡de vergüenza!, aunque haya soslayado después lo del 3% de Maragall. Defectos de la Democracia Española por lo de la obediencia del voto, y las listas cerradas, sin primarias, convirtiendo los tres pilares esenciales de la verdadera democracia, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, en un solo e ininteligible pastiche, creador de engendros fascistas, o mafiosos, que da lo mismo, y que además me suena a lo de la Democracia Orgánica franquista con plenos triunfalistas. Un País de santos varones dirigentes donde nunca pasaba nada malo, todo muy bueno.

Y lo peor… nadie nunca, ni menos el Parlament…, ha citado a las víctimas…, gentes que perdieron sus ahorros en bolsa o la presente vieja estafa de Gran Tibidabo, proveedores y obreros… y quienes por su culpa pagamos demasiados años de cárcel… y los ¡muertos!, que también los hubo 

¿Quién falta en el banquillo?

Un tal José Ruiz, con agentes captadores, consigue, en los años 90, 30.000 mil millones de unos 10.000 ahorradores. Paga comisiones a sus captadores e intereses a sus inversores al margen de las "normas oficiales", y sus acciones tienen el valor que él marca para seguir captando más dinero. Lo clásico, la mecánica de cualquier pirámide. También lo normal en la creación de tantos grupos financieros españoles, quebrados por fraude. Pero a diferencia de otros, éste invierte el dinero, que resta después de pagar el elevadísimo coste de continuar captando, en operaciones de ventas a plazo, leasing, cargando fuertes intereses. Y un buen día llegan los inspectores del Banco de España y la CNMV, Comisión Nacional del Mercado de Valores, y le dicen que se acabó. El hombre firma lo que le ponen delante para no parar de inmediato con sus huesos en la cárcel, y el "chiringuito financiero" pasa a manos "oficiales".

La segunda parte, la que debería dilucidarse en el Juicio actual, pasados dieciséis años, es el porqué, cómo y quién decide que esas operaciones a plazo, las letras a cargo de compradores de coches, maquinaria o todo tipo de bienes "muebles e inmuebles", los 30.000 millones que cubren a todos los inversores se abonen en el Banco Hispano Americano, convertidos en dinero contante y sonante. Un banco debatiéndose entre posibles fusiones para apuntalar su existencia, presidido por José María Amusátegui, abogado del Estado procedente del "club de altos cargos franquistas", que con su segundo Corcóstegui cobrarán la indemnización más fabulosa del Mundo por jubilarse un año antes de la edad reglamentaria, 109.000.000 de € casi 18.000 millones de pesetas para el segundo y unos 4.000 millones para él. Tan extraña la diferencia entre uno y otro, y tan anormales las astronómicas cifras que se denunciaron, rematando lo rocambolesco la sentencia de "inocencia". Amusátegui conocía desde mucho antes a Javier de la Rosa, interviniendo en el fiasco del Banco de Madrid de los Franco. Insisto que en ese "poti poti de historias y supermillones" desaparecieron mucho más de 30.000 millones, entre otros las acciones de los grandes bancos propiedad del grupo Torras-KIO, paquetes mayoritarios perdidos por las cuentas no contabilizadas de las propias filiales bancarias en paraísos fiscales, con otra sentencia de inocencia.

Total. Primero nadie preguntará a Don Mariano Rubio, Gobernador del Banco de España, que también pasó por la cárcel, o a sus sucesores y coetáneos en la Inspección del Banco, o a Luis Carlos Croissier, Presidente del CNMV (hombres del Ministro de Hacienda Carlos Solchaga), por qué permiten ese abono "regalo" a quién se dio de baja en el "Registro de Altos Cargos de Banca" por su desastrosa actuación en el Banco Garriga Nogués, 1985-6, y en cuanto a Bolsa, sus manejos con las acciones del Grupo Torras-KIO son de escándalo "alterando precios", 1988 al 90, sin olvidar, y bien recordada por el Vicepresidente de aquel Gobierno, Narcís Serra, su implicación directa (según firmó el Juez Especial José Álvarez Martínez, sin implicarlo) en el Caso Consorcio de la Zona Franca, que el mismo Serra descubrió y denunció, 1975 al 80. Y más, cómo se fabrica una OPA con el propio dinero de la intervenida sociedad Consorcio Nacional del Leasing SA.

Ellos contestarían ante un tribunal que esas arbitrariedades y hasta actuaciones delictivas las ordenó "alguien"..., y ese alguien quedará en el olvido, cuando es indispensable para que con la "responsabilidad civil subsidiaria" cobraran los reales propietarios de los 30.000 millones. Pero ese hilo para sacar el ovillo ya se rompió al inicio del sumario (en la hégira del Fiscal Jefe Vitalicio Carlos Jiménez Villarejo y su segundo José María Mena), cuando los perjudicados reclamaron, y ahora, y en este Juicio, sólo cabía imponer las penas por apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, delito fiscal, y estafa, a Javier de la Rosa Martí, y siete acusados más. Y desde el primer momento se les tratará con "guante blanco". Y repito, comparar sus cuatro meses de cárcel con mis tres años preventivo en el Consorcio de la Zona Franca, o los trece años de sumario, con mis siete meses, y la traca final de los tres años por toda petición fiscal y parte acusadora privada, y "borrón y cuenta nueva", es de escándalo… Pero si ni siquiera esos 10.000 perjudicados se echan a la calle…, ni menos los 300.000 que gritaron a favor de Jordi Pujol cuando la Banca Catalana… pues bueno…!a vivir que son dos días!... ¡Spain is diferent!...y la Catalonia mucho más…

Del abogado del Estado a la mala salud de hierro de Manuel Prado y Colón de Carvajal

El Presidente de la Sala interrumpió al Abogado del Estado. No es que no se le entendiera nada por farragosos tecnicismos, es que llevaba la lección tan bien aprendida, que la recitaba a una velocidad tal que nadie le entendió. Ni letrados ni los pocos legos en Derecho presentes. Mientras soltaba su chorreo de palabras, en jerga pura y dura, a mí se me ocurría que escribiría un lector que además de que me insulta en un blog, después de leer mis escritos, dice varias veces, ¡qué atento e interesado!, se va a la farmacia a por las aspirinas para hacer una tortilla. ¡Las cosas de Internet!, la única ventana a la verdad. Y la verdad que se debería reflejar en un juicio público y establecer entre las exposiciones de defensores y acusadores, en este caso, viciado desde hace quince años, contaminado, pervertido, pasado por la sartén de la corrupción, no se sabrá nunca.

¿Y por qué no se sabrá nunca? Porque esos treinta mil millones, repito, se engloban en una disparatada vida, la de Javier de la Rosa que, en su ambiciosa y psicópata huida hacia delante, paga y corrompe a quien convenga (siempre con dinero ajeno), y flota en un ambiente tan corrompido que quienes debieron detener a sus veinte años, le ponen una alfombra tan mullida que, de no tropezar con empecinados acusadores, los kuwaitíes y sus denuncias en Londres de donde provienen la mayoría de pruebas condenatorias, sus operaciones y cuentas suizas, en España nadie le hubiera detenido. A recordar que el Juez Miguel Moreiras Caballero, de la Audiencia Nacional, no encontraba delitos en la denuncia por Torras-KIO. ¡Otra vida ejemplar la del tal Moreiras!

Leer la denuncia del abogado Carlos Obregón, en defensa por abogado de oficio de Carlos Odena al TSJC, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, del 22-8-91, penal 43/90 y acumulado 24/91, archivada y vuelta archivar a pesar de que el Supremo ordenara su instrucción, es tan escarnecedor como el olvido de mis escritos y denuncias al Juzgado de 1980, o mi denuncia contra el Juez Instructor, Ezequiel Miranda de Dios, por su multimillonario piso en el 2005, ¡archivada!. Y si a mí me costó tres años en La Modelo la osadía de denunciar a Javier, y Carlos Odena murió en prisión, a su buen y gran abogado Carlos Obregón le costó ser tiroteado, quemado su despacho y expulsado del Colegio de Abogados por el caso SIRSA contra Javier en 1987. ¡Murió de infarto cerebral, cómo no!

1980, mis denuncias, 1987 las de Obregón, 1991 las de Odena, y estamos en 2007

Y a lo que iba, ¿qué hace en los banquillos el embajador real Manuel Prado y Colón de Carbajal, y su cuenta en Suiza por 10.000 millones de pesetas? Varios juicios en Madrid, cumple prisión, unos meses, y vuelta con la eterna enfermedad. El Presidente, después de deponer al Abogado del Estado (lo de deponer se debería entender en su significado fisiológico), ordena una interrupción de media hora para, de acuerdo con todas las partes, firmar el auto ahorrándole sufrimientos al enfermo y que no asista a las sesiones, que al paso y espíritu que vamos, ni existirán.

Si al Fiscal Jefe Vitalicio Mena le gustaba soltar a la prensa lo de "caso aislado" refiriéndose a las perversiones del Juez Pascual Estevill, tan uña y carne con este juicio y caso, aquí aisló tanto que ni se entiende ni se entenderá nada, y si alguien lo intenta, ni con tortilla de aspirinas lo conseguirá. ¿Y la Prensa Barcelonesa, dónde estaba en su gran labor democrática y moderadora del Poder, de quién vive subvencionada, por publicidad, y créditos, en 1980, 1987, 1991, y dónde está en el 2005 y 2007? ¡Otra tortilla de aspirinas!

Y Jordi Pujol con Felipe González

Los kuwaitíes anularon los poderes a Javier de la Rosa Martí como hombre de KIO en España. El Gobierno de España, Felipe González, les había recomendado que cambiaran su hombre, que no era de fiar ni bien visto. Pero Hussein invade Kuwait. La famosa Guerra del Golfo, que los graciosillos castizos madrileños traducirían en una guerra para un golfo, unos golfos, diría yo, y la Prensa barcelonesa convirtiendo a De la Rosa en el gran adalid del "pueblo kuwaití". ¡Otra majadería de impacto! Publicidad a página entera en la Vanguardia, al igual que en 1980 con el Consorcio de la Zona Franca, donde el Banco Garriga Nogués se convertía en el "banco que lava más blanco", y nunca más cierto el chiste. Un milagro, de estar en la picota, defenestrado y preparando los kuwaitíes la racha de denuncias donde le caerían condenas y años de cárcel, pasa a salvador de su patria, sólo para consumo español interior. Al tiempo, 1991, Pujol clama para que otro escándalo piramidal, el Consorcio Nacional del Leasing SA, empresa intervenida por el Estado, con miles de inversores, se convierta en la base de un banco catalán, "Cataluña necesita el Banco de Cataluña". Y Pujol decide en Madrid, eje de la Gobernabilidad.

Y la banda se mueve a nivel frenético. Perder la fuente de los petrodólares con que construyeron una pirámide de empresas en quiebra engañando a los kuwaitíes (a la vez que untaban a sus ejecutivos en Londres), a la Bolsa Española y sus inversores (fabricando cotizaciones), y al Estado con subvenciones y créditos, les obligaba diversificarse. Una nómina de cien abogados, otra en Chek In, empresa de seguridad con asesinos de los GAL a su mando, otra de relaciones públicas con Federico Gallo y el ex de Julio Iglesias, Alfredo Fraile, y toda una profunda trouppe de corruptos a los que habría que seguir alimentando, para mantenerse en pié, ricos, libres y vivos (engañar a árabes podría tener fatales resultados pues en sus países es fácil perder la mano por ladrón y la cabeza por enfrentarse y robar al Poder). De la Rosa hablaba de construir un grupo al margen de los moros, sin olvidarse de sus declaraciones sobre retirarse, jubilarse, a los cuarenta y pico años. Y Juan Piqué Vidal, con el flamante juez Luis Pascual Estevill, en 1990, antes de la guerra del Golfo, pero cuando ya los petrodólares retrocedían y hasta exigían devoluciones, monta el negocio de las extorsiones y chantajes con las listas en la mano del gran escándalo del IVA, y otros, cientos de empresas y empresarios barceloneses de primera fila habían comprado facturas falsas, y al alimón con sus amigos y socios los jefes e inspectores de la Delegación de Hacienda (el lo "Sabía toda Barcelona"). Y en ese marco de delitos y desastres, su gran amigo o "¿capo?" Jordi Pujol, con sus forzosos o amigos "socios" los socialistas madrileños, les ponen en sus manos los 30.000 millones, a los que añadirán la realización de Port Aventura, su chollo de expropiaciones, y la CAIXA, de financiera. ¡Ahí es nada! Y se superpone en el tiempo la transferencia a Suiza de 500 millones de dólares vaciando Torras-KIO, ¿iban con ellos los 30.000 millones? La secretaria de De la Rosa confesará en un juicio que ella advirtió de la retirada de poderes, pero con la guerra los kuwaitíes olvidarían inscripciones en registros. O sea, que ordenó pagos, firmó talones, ventas y transferencias sabiendo que ya no podía hacerlo, bueno, ¡poder sí!, deber no. Ni siquiera se trató de un desfalco, fue un simple robo, muchos robos. Y cuentan que los kuwaitíes en el exilio intentaron detener el expolio, a la vez que Hussein reclamaba por derecho de conquista, y que Felipe González tuvo en la mesa el decreto de intervención para congelar cualquier movimiento de fondos kuwaití, pero no sólo no se intervino, sino que desde el Poder se participa en el reparto.

Un entrante para situarnos en una época que como en 1980 sonrojaría a los creadores de las hemerotecas, verdad oficial, si tuvieran la capacidad de sonrojo, porque su duro rostro ya no permita esas debilidades. La banda "Piqué Vidal-Pascual Estevill-De la Rosa", entonces por ese orden, y bajo el paraguas y batuta de Jordi Pujol (con varios hombres enlace a cargo de la Generalitat, entre ellos el hermano del propio De la Rosa) viviría su último boom de dinero y poder. Pujol sabía muy bien con quien se jugaba los cuartos, lo que ignoro es si los grandes ejecutivos de la banda sabían la capacidad de maniobra de Pujol, y para una duda, el encarcelamiento de Jordi Planasdemunt, su Director de Finanzas, (a quien conocí en el Geriátrico de La Modelo, yo despachando en el Economato), al tiempo que nombraban a Pascual Estevill miembro de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Cataluña, paso previo al Consejo General del Poder Judicial, y delegado del mismo en Cataluña, cargo que demuestra la burla del bulo de que se lo quitaban de encima. Le quitaban el juzgado 26 para ponerlos a todos bajo su bota. Releyendo www.lagrancorrupcion.com (NOTA: página desaparecida) seguiré elucubrando sobre Pujol, Felipe González y la banda.

Sigue el lunes 14 de enero del 2008. En el banquillo la extrema derecha, la derecha... y falta la izquierda

En ese banquillo falta la izquierda, los socialistas. Si la extrema derecha está representada por el propio Javier de la Rosa o Manuel Prado y Colón de Carvajal, y la derecha catalanista tiene "amigos de Pujol", no está representada la izquierda. Los socialistas con quienes repartió, y me ahorro el supuestamente porque pagarle al tal José Aureliano Recio 50 millones, de los de 199l, de sueldo "oficial" por sólo ser un hombre de Felipe González y Carlos Solchaga, que además proviene del BBV donde cobraba 150 millones, ahorra suposiciones, aunque no esté sentado en el banquillo.

¿Y por qué es tan fácil sacarle dinero al superfranquista Javier de la Rosa? El común de los mortales lo calificaría de "tonto". Demostrada la capacidad para captar y manejar, ¿por qué en la de invertir, o simplemente llevárselos, sería tan idiota de regalarlos? Y, además de la respuesta de que para conseguir y conservar el "poder" sobre ese dinero, debe pactar y repartir, existe un punto flaco en el "muchacho". El Consorcio de la Zona Franca, y su padre en "busca y captura", que desaparece de las listas de buscados y se pasea tan ricamente entre Cadaqués y el Casino de Le Boulou, dato conocido por la elite barcelonesa, la policía y Madrid. ¡Y nadie dude de que lo sabían! Existen hasta denuncias oficiales, archivadas, y silenciadas en la dominada prensa. Un padre, pasados los 70 años, necesitado de atención por su muy delicada salud, y de más control directo, puesto que el Caso Consorcio no prescribía hasta el año 1997, en que la Sala presidida por Fernando Pérez Máiquez, uno de los jueces inquilinos de Piqué Vidal, que escriturará el piso en el 2003 a precio de verdadera ganga, dictará una extraña prescripción a quien la prensa ya dio por muerto.

Mi parecer es que, para contentar a todos, además de las prevaricaciones pagadas, acataría directrices, sin olvidarse de filmar y grabar las corrupciones para defenderse a lo "gato panza arriba". ¡Con razón los psiquiatras de Brians y privados disfrutaron en sus diagnósticos! En cualquier momento se detiene al padre y saltan las declaraciones y pruebas del tal del Barco, y no sólo se culparía a don Antonio de la Rosa Vázquez, ya ratificada su culpabilidad hasta por el Supremo, sino a él mismo, succionando el Consorcio de la Zona Franca a través del Banco Garriga Nogués, su banco. ¡Y al pobre Bruna le cascaron 23 años!

Pero si en 1979 nadie detuvo al padre, menos al hijo, que financiaba a la UCD de Adolfo Suárez en Barcelona, a través del Noticiero Universal (perdidos 2.000 millones por el Banco Garriga) con Carlos Güell de Sentmenat delegado del Estado, conociendo la directa participación de Javier, sin denunciarle. A esa ubre se añadió el socialismo catalán de Narcís Serra y Pascual Maragall, que ascendidos colocaron a Carles Ponsa Ballart, socio de José Maria Sala Grisó en Time Export, de la trama de extorsiones Filesa. Y saltando a 1991, desde Madrid, donde residía el Vicepresidente Serra, le imponen al adicto y amigo José Aureliano Recio, otro de los hombres de Filesa, según el denunciante contable Carlos van Schouwen.

Izquierda y Derecha, en Barcelona "vidas paralelas" juntándose en Javier, revueltos en su Banco, en su KIO, y el Gran Tibidabo. Recomiendo leer en Internet los nombres y carreras del socialista Carles Ponsa Ballart, en la actualidad miembro de honor del Consorcio de la Zona Franca, y por la derecha Enrique Lacalle Coll, otro ex delegado del Estado, y la de Joseph Piqué Camps, o Abel Matutes, que, además de cuatro meses de "consejero", en una extraña operación de compraventa de acciones del Banco de Ibiza, Gran Tibidabo pierde 1000 millones de pesetas. ¡Eso sí eran orgías, y no las que le atribuyeron al padre! ¿Negociaría Ponsa el crédito por 396.000.000 que el día 26 de abril de 1983, un mes antes de salir yo de la Modelo, tras la condena a los tres años pasados por "encubrir" al padre, otorgaba el Banco Garriga Nogués, léase, Javier, al Consorcio de la Zona Franca? Pobre banco financiando a la Alianza Popular de Fraga y su hombre Eduardo Bueno Ferrer (el presidenciable "bueno para Cataluña"), a los de UCD de Suárez, y a los socialistas de Serra y Maragall, ¡con razón quebró!

Un inmenso culebrón… base de la "financiación" de los principales políticos barceloneses… tan desconocido…

14 de enero del 2008. ¡Visto para sentencia!

Visto y no visto. El juicio que se prometía el más largo y complejo de la Historia Judicial Barcelonesa, cuatro meses, se diluye en dos días, y porque al Abogado del Estado no le satisface el "arreglo", de lo contrario con un día hubiera sobrado, y sin vista pública. Si ya que el ordenamiento jurídico permita esos pastiches, en un caso tan sangrante en número de estafados y cantidades, debería hacer reflexionar, si no se trata más de un fraude de Ley que de verdadera Justicia, que tras los pactos por apropiación indebida, tres años por 30.000 millones y 10.000 estafados, debiendo juzgar el "delito fiscal" se entre en discusiones sobre el "sexo de los ángeles" es de "derrame cerebral". El célebre Al Capone escapando hasta del delito fiscal.

Que los abogados defensores aleguen que sobre quien ya ha admitido y pactado la estafa no se le pueda reclamar el IVA o cualquier impuesto sobre lo defraudado, se entiende. Incluso en este caso es lógico que los abogados acusadores no acepten el cargo puesto que volatizaría el saldo de 13 millones de euros, y otras menudencias, que siguen intervenidos por la "Hacienda" que los reclama, mermando las escasas posibilidades de un mínimo cobro para sus defendidos; la zanahoria de la discusión. Pero que Fiscalía utilice el mismo argumento que las defensas o acusaciones privadas en contra del Abogado del Estado, raya la falacia. El Ministerio Público no puede argumentar a favor del reo que, como éste ya pagará por la estafa, tres años, ¡pues ya está bien! Este caso no es el de una empresa que robada no puede pagar sus impuestos, o que pueda o no deducir lo robado de su cuenta de perdidas y ganancias. Aquí, quien se lleva el dinero es el administrador, y no es que debiera pagar por su aumento de patrimonio, o impuestos por lo robado, sino que al vaciar la caja deja de pagar al Estado lo que a la empresa por él administrada se reclama o reclamará, la liquidación del impuesto de sociedades del año 1991. Al vaciar, descapitalizar la empresa, roba no sólo a los accionistas sino también a sus acreedores, o sea, al Estado, por lo tanto estamos ante un verdadero delito fiscal, además del de estafa, con algún agravante por la importancia de lo defraudado y su repercusión social, y otros delitos olvidados en la instrucción y pactos. Otro cantar es que la propia Hacienda, o sus responsables, sea culpable del estropicio, y la responsabilidad civil subsidiaria deba alcanzar a esa Institución y sus dirigentes.

Si en mi ingenuidad creí que el juicio me desvelaría un poco, porque pasé tres años preventivo en el Caso Consorcio de la Zona Franca, 1980 - 1983, puesto que tres de los acusados enlazaban con aquellos años, Javier, su secretario Arturo Piñana y el firmón Ramón Fiter, no sólo me quedaré sin satisfacer mi curiosidad, sino que encima oigo cómo el fiscal defiende encarnizadamente la inocencia de Javier de la Rosa, y al hilo su abogado Jufresa lo convierte en la víctima de la dilación de los catorce años con la tortura de sus otras causas. ¡Un insulto utilizar la palabra tortura ante quien pasó tres años en aquella modelo!

Se perdió pues toda esperanza de saber quién y cómo le regalaron 30.000 millones para que se los pateara…y, lo más importante, con quien repartió…, sus verdaderos cómplices, porque los del banquillo sólo son algunos de sus pocos "empleados" y "hombres de paja"…, que hasta de estos "colaboradores" necesitó muchísimos más para tanto "trabajo" realizado en 1991, vaciando las muchas empresas KIO y destrozando Gran Tibidabo.

Y de entre el pastiche distingo a su abogado Francés Jufresa, que también lo fue mío, y que ni de lejos obtuvo para mí tan lustrosos resultados. ¡Chapó!, sin paliativos, redundante, tal como suena en castellano, y que a su altura de vida y carrera defienda a favor y en contra del Estado, según convenga a su bolsillo y a los socialistas, su "cotarro", en varios países democráticos, además de impedírselo las incompatibilidades, atentaría contra los reglamentos, la ética y la deontología profesional, y dudo que no sea así aplicando nuestras maltratadas leyes.

Y en cuanto a mí, mi agravio, que ateniéndose al mismo Código Penal de 1973, le condenan a prácticamente lo mismo, pero que, si no tuviera más causas, podría no cumplir reales ni una mínima parte de lo que cumplí yo de preventivo, los tres años, por "encubrir, sabiendo la procedencia ilícita de sus dineros" a su padre, en un delito que hoy, 2008, cualquier Tribunal del Mundo le culparía a él, Javier de la Rosa, y del que sin duda yo saldría inocente. Y no entro en consideraciones ajenas, a Bruna 23 años, y a Mario Conde 20.

Para mis ingenuidades el futuro me reserva el caso Hacienda, que vincula a los mismos personajes y alcanza los 80, sumándole otro billón a los Casos Consorcio, Banco Garriga Nogués, KIO o Gran Tibidabo. ¡Seguiré escribiendo por si mis nietos lo ven!

¿Quién prevarica o prevaricó, quién comete o cometió fraude de Ley, quién y porqué siete meses de sumario en mi caso, con la denegación de toda prueba y recurso, y catorce años de demora en el suyo? Ni de lejos encontraré la respuesta, aunque la tenga… ¿cuánto dinero del robado, entonces y ahora, destinó al magnífico resultado obtenido? 

Mercedes Misol Hierro, esposa de Javier de la Rosa

En el banquillo del día 14 de enero ya no se sentaba la esposa. Es natural, si faltan tantos en ese banquillo, por qué quejarte de que se libre la "pobre señora". Toda una institución en España y en Barcelona, la de la "mujer propia". La cara buena del machismo de siglos, tan profundo en la Judicatura Española que ni existían los "malos tratos", ni menos psicológicos. No hace tanto tiempo, los bienes de la propia, intocables. Miles de funcionarios públicos han exteriorizado su corrupción por enriquecimiento de su cónyuge, alguno ha enriquecido a sus suegros (caso Enrique Vera) para después "blanquear" con la Institución de la Herencia. Acusar a esposas de enriquecimiento ilícito poco ha funcionado, y lo de colaboración necesaria y hasta "cerebro" de la corrupción, nunca.

Me extrañó que en el caso Marbella se saltaran las santas instituciones tan arraigadas en Barcelona. Aquel Juez Torres, demasiado joven para entender nuestras inmemoriales tradiciones, se limitó a cumplir con la Ley, y las pobres Isabel Pantoja y Maite Zaldívar lo sufrirían. Y aunque me tema que en este caso el machismo poco tiene que ver, como romántica tesis puede aceptarse, aunque la de los "pactos por callarse" más verosímil, pues por sus declaraciones a la prensa demostraba no sólo saber la "procedencia del dinero de su marido" sino el destino de sus repartos. Muy incómodo ese banquillo para los "socios" del marido.

Ya recordé las multimillonarias cuentas indistintas del padre de Javier con su madre, Pilar Martí Sánchez, sin ni siquiera citación judicial. Y el caso del padre fue más chusco, pues demostrado, y por confesión propia, que su amante la francesa Ivonne Angelat, estaba forrada, y otras seudoamantes también, ni las incriminaron, ni menos embargaron. La "pobre" Misol no se libraría como su suegra, aunque tampoco acabará en la cárcel.

Es normal, la mujer propia en esos estallidos de genialidad y suerte que enriquecen al marido nunca sabe la procedencia del dinero, y lo admito, con todas las reservas, sabida la superior capacidad intelectual femenina. La estupidez de la ignorancia y por tanto dependencia forman parte del machismo. Yo tampoco sabía de donde procedía la inmensa fortuna y liquidez de un abogado del Estado, Antonio de la Rosa Vázquez, su suegro, y me condenaron.

Y a la tesis del machismo, o la del silencio mafioso, añadamos la del dinero aplicado a la corrupción, y la de una gran saga familiar enraizada en la Administración. Cuentan ellos que al abuelo, abogado en la expropiación en 1926 de los terrenos de la Zona Franca, lo fusilaron los rojos en el 36. Y el dato del hermano de Javier, Antonio de la Rosa Martí, abogado en el Ayuntamiento de Serra y Maragall (1980), y en la Generalitat de Pujol, (2000), sin ni siquiera presencia física, tiene enjundia, y a más abundancia sus hermanos Pilar (secretaria del padre) y Fernando (ingeniero) en el Consorcio de la Zona Franca (vaciado entre 1975-1979), y repitiendo el hermano Fernando en una empresa del Banco Garriga Nogués, el gran fiasco de Tierras de Almería SA. Eso en Barcelona, en cuanto a Madrid, y años después, aparece un primo consejero del Tribunal de Cuentas, Antonio de la Rosa Alemany, o su hermano José Francisco, cuñado de Rodrigo Rato, cuando se investiga la condonación por el Ministro de Industria, Joseph Piqué Camps, de 100.000 millones de créditos del ICO al Grupo Torras-KIO, de cuando Joseph Piqué fue Directivo y Presidente, pero concedidos por el Gobierno González. Por un lado vaciaban el Grupo KIO Y Gran Tibidabo y por otro inyectaban dinero público (1991-93). También se pelean, como con otro primo en Nueva York, con el que no le cuadraban las cuentas. En versión de Javier, el primo para hacerse con unos saldos, le denunció y colaboró con los de KIO. Son varios los familiares que dicen no hablarse después de la cadena de estropicios, en el caso que nos ocupa el ya citado cuñado Alfons Maristany, directivo a la vez de la CAIXA y dos de sus bancos en paraísos fiscales, y apoderado de Gran Tibidabo.

Una lata la popularidad, porque de lo contrario ni aparecería en prensa e Internet la noticia de la muerte de Rafael de la Rosa Vázquez, el 30-5-2007, último alcalde franquista de Palma de Mallorca, 1972-1976, donde y cuando aparecen bienes e inversiones en el sector náutico (él es ingeniero inspector de buques) de su hermano el padre de Javier (Astilleros de Palma SA y Costeros de Levante SA), y del propio Javier en el Club Marítimo, donde atracaba con su magnífico Blue Legend. ¡Qué veraneos!, en Mallorca los Reyes y en Cadaqués su gran amigo y socio Juan Antonio Samaranch Torelló. ¡Menuda familia lanzada contra mí con el cuento de pervertir a Antonio al que conocí, cuando a sus 60 años iría de bajada! Y no sólo me refiero al sexo, sino a que prácticamente ya había finalizado su vida de corrupto, disfrutando de su aparente gran fortuna, y en meteórico y astronómico ascenso la del joven hijo Javier. ¡Qué no sabría la Señora en toda una vida juntos desde que el muchacho a sus veintipocos años se iniciara en el Banco Pastor, del que malas lenguas aseguran le invitaron al despido por unos extraños impagados!

Contabilidad, "ingeniería financiera" y fiscalía

Encajaría como título en una película del realismo italiano de los cincuenta, pero se refiere al 2008 y sobre el Caso Gran Tibidabo. Ente los contables que alcanzamos los tiempos de relleno del Libro Diario y Mayor con plumilla y redondilla (los manguitos y visera no los alcancé) y el bolígrafo sustituía la estilográfica (con fuerte oposición), corría el chiste, hoy ininteligible, del viejo contable al que el dueño observa abrir el cajón, y cerrar rápidamente, cada día, y durante décadas, al iniciar la jornada, descubriendo un día en uno de los lados un gran letrero advirtiendo, "las entradas al debe, las salidas al haber".

Hoy infinidad de "administrativos" con titulaciones y master no entienden el anunciado, la base y primer mandamiento de la contabilidad por partida doble (los ordenadores ahorran entender hasta sus menús). Pero el otro de los chistes en el oficio se viene repitiendo desde antes incluso del invento, por el siglo XV, de las bases de toda buena y controlada administración. El cajero o contable se presenta compungido y arrepentido al dueño confesando que por las "mujeres o el juego" le ha robado. La cantidad debe ser importante respecto al bolsillo del dueño, y por lo tanto también la relativa solución. De entre la familia, para que no le lleven a la cárcel, ha reunido tanto… Y el dueño acepta… de lo perdido a recuperar lo que se pueda… aunque los hubo, y hay, que prefirieron romper la cara al contable y encima meterlo en la cárcel.

Esta introducción un tanto enrevesada vale para limpiando de palabras, retórica, demagogia y cara dura, descubramos que en definitiva el "financiero y empresario modelo Javier de la Rosa" no es más que un contable charlatán y chorizo, pero que además ni se molestaba en abrir el cajón para contabilizar el movimiento de caja diario, sino que, distrayendo al dueño en las bíblicas estafas piramidales, donde hasta parecía obtener ganancias, se quedaba poco a poco o mucho a mucho con todo. Es sencillo. Y en este caso entran en juego los fiscales, la Ley, y entre Carlos Jiménez Villarejo que nos dice en todos los periódicos y medios de comunicación, una y otra vez, lo complicado de las ingenierías financieras de los casos "De la Rosa", y su sucesor, compañero y segundo durante décadas, José María Mena, que difunde lo de caso aislado respecto a Pascual Estevill, "nos temimos una generalización" (en la corrupción judicial se entiende), está aviada la Justicia en Barcelona.

Lo complicado es él, su Fiscalía con mandato vitalicio (para garantizar su independencia vociferaba cuando le suprimieron lo de vitalicio) y los tortuosos caminos de la Justicia y la Corrupción Española. En Londres lo entendieron rápido, un año para determinar si el Juzgado tenía jurisdicción, muy importante dentro de un verdadero Estado de Derecho, y otro para condenarle. De allí derivan todas las pruebas contra De la Rosa. El dinero se lo llevan siempre las manos por donde pasa, y no hay más, y encima esas manos destruían toda contabilidad, si es que la hubo, porque en varios casos los justificantes, que no los libros contables, se confeccionan después de llevárselo en crudo, tipo Consorcio de la Zona Franca. Talones en blanco firmados por el padre y dinero que desaparece a través del Banco Garriga y Nogués. No existe la ingeniería financiera, sólo la desvergüenza de un Sistema inmerso en la corrupción, donde además, y antes de pensar en cómo resarcir y aplacar al dueño (De la Rosa siempre dejaba alguna zanahoria para roer después del consabido "les compro el negocio"), pensaba en el coste de un "arreglo" si el dueño no se avenía y denunciaba. O sea, Caso Gran Tibidabo, del importe robado, una parte para que los dueños se peleen entre sí, y otra tan grande o más para el sistema, y el resto, hasta 30.000 millones a paraísos fiscales, Fundación Blomor y otras. De ahí la necesidad de Juan Piqué Vidal, confundiendo trayectorias. Por eso, él, más abogado que contable, montó sus ingenierías pensando en los Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena, y a quienes servían, a los del Estado (socios en el negocios del despiste descapitalizador), todos "abogados" de una gran escuela, la corrupta, desde siglos, dictadura funcionarial española. Y para que no se enfaden los decentes, la mayoría (en este caso en cuanto a mí más peligrosos que los corruptos), diré que bastan las habilidades de los "genios del Derecho" sumadas a unos pocos corruptos para conseguir catorce años de instrucción, acusados de tercera división, y una condena inferior a la del Lute por unas gallinas.


El Estado español se vio obligado a intervenir Banca Catalana el 3 de noviembre de 1982, después de que en 1981 una inspección del Banco de España detectase un neto patrimonial negativo de 6.762 millones de pesetas y de que una auditoría de Price Waterhouse sacara a la luz un agujero de 100.000 millones. Captación de pasivo a precios elevados, cuya remuneración se paga por medio de una "Caja B", concesión incontrolada de préstamos a sus consejeros que finalmente acaban en fallidos, sobresueldos a la cúpula directiva, creación de autocarteras a través de sociedades interpuestas por algunos consejeros para dominar en el consejo, son parte del origen del agujero, en definitiva lo de siempre.

Como he dicho, el Estado a través del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) interviene Banca Catalana y su grupo: Banco de Expansión Comercial de Capellades, Banco Mercantil de Manresa, Banco de Barcelona, Banco Industrial de Catalunya, Banco de Gerona y Banco Industrial del Mediterráneo.

Banca Catalana fue creada en marzo de 1959 por Florenci Pujol Brugat, su hijo Jordi Pujol y Francesc Cabana i Vancells, a partir de la compra de la Banca Dorca, de Olot, un desvencijado y débil cacharro que tenía nueve empleados, unos depósitos de 15 millones y un capital desembolsado de tan sólo dos, y que al final de su meteórica aventura, ya como grupo Catalana, llegaría a necesitar de las arcas públicas, en 1982 y 1983, una inyección de más de 300.000 millones.En el momento de su intervención era el décimo grupo bancario español y el primer grupo bancario catalán, con unos depósitos de 262.226 millones de pesetas, una red de 352 oficinas y 5.226 empleados. Mantenía posiciones de control sobre el Banco de Alicante y el Banco de Crédito e Inversiones y tenía delegaciones en Londres, París y México. Tras su intervención, en 1983 el grupo fue traspasado a un consorcio formado por toda la gran banca española, en 1984 el Banco de Vizcaya se hizo con el 89% de las acciones de Banca Catalana y con el control del Banco Industrial del Mediterráneo, Banco de Barcelona y el Banco Industrial de Cataluña.

Una vez liquidada Banca Catalana, el Fiscal General del Estado, de acuerdo con un informe elaborado por el Banco de España, presenta querella contra los responsables del banco ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El juez Ignacio de Lecea es el encargado de la instrucción. A los fiscales de la Audiencia de Barcelona, Carlos Jiménez Villarejo y José María de Mena Alvarez, ambos pertenecientes a la Unión Progesista de Fiscales, les toca investigar este asunto, una investigación que dura tres años, desde 1984 hasta 1986, para luego quedar definitivamente archivadas todas las actuaciones.

Los fiscales elevan un informe en que se ponen de manifiesto que los querellados, con Jordi Pujol a la cabeza, habían creado una trama de 27 sociedades instrumentales y ocultado su existencia a los organos de gobierno de Banca Catalana y al Banco de España. La finalidad de este entramado societario no era otra que la de llevar a cabo operaciones especulativas en beneficio propio. En el informe, los fiscales señalan que el perjuicio causado al banco por esta operativa se traduce en la pérdida de 14.682 millones de pesetas. Imputan también a los consejeros y directivos querellados por haber concedido créditos ficticios, empleando nombres como el del presidente de la patronal, Carlos Ferrer Salat y el ex alcalde de Barcelona, Enrique Masó, en una operación en la que se pierden 5.101 millones de pesetas.

El estudio realizado sobre la contabilidad de Banca Catalana permite a los fiscales descubrir la existencia de asientos falsos y duplicados, recibos ficticios y toda suerte de engaños para la retirada de fondos del banco con total impunidad por parte de sus directivos y consejeros. Además el Presidente de la Generaylitat, Jordi Pujol y su familia se beneficiaban de fuertes extra-tipos por los depósitos que tenían en la entidad. A la empresa Hoe, S.A., sin ninguna solvencia económica, se le había concedido un crédito de 176 millones de pesetas, sólo para adquirir las acciones que el Presidente de la Generalitat tenía en Banca Catalana. Así, Jordi Pujol puede recuperar su dinero poco antes de la intervención del FGD. Por si lo anterior fuera poco, el 31 de octubre de 1982, dos días antes de que el Estado intervenga el grupo bancario catalán, Jordi Pujol y Marta Ferrusola, su mujer, cancelan una cuenta de 14,5 millones de pesetas que tenían en el banco a plazo fijo que vencía cinco meses más tarde.

El informe de los fiscales explica además como Banca Catalana había perdido 5.705 millones de pesetas en la adquisición de acciones de otros bancos y en la compra, por parte de consejeros, de 448.365 acciones de Banca Catalana, con dinero de la propia entidad, para dominar los organos de gobiernos del grupo bancario. Por otra parte, un total de 61 empresas vinculadas a los querellados habían recibido 12.733 millones de pesetas en créditos sin ningún tipo de avales, y altos cargos, como Jaume Carnet, presidente de la entidad, o el alcalde de Barcelona, Enrique Masó, dispusieron de créditos por un importe de 380 y 500 millones de pesetas respectivamente, que no devolvieron.Una vez demostrados todos estos extremos, los fiscales Mena y Jiménez Villarejo, acusan a los 17 componentes del consejo de Banca Catalana de tres supuestos delitos de apropiación indebida, falsedad en documentos y manipulación para alterar el precio de las cosas. Jiménez Villarejo llega inlcuso a interrogar a Jordi Pujol en su residencia, la "Casa dels Canonges", durante la instrucción del sumario. Pero al llegar las elecciones autonómicas de 1984 en las que CiU obtiene una clara mayoría en Cataluña, el escándalo acaba politizándose. En noviembre de 1986 la Audiencia de Barcelona exculpa al entonces Presidente de la Generalitat de cualquier tipo de responsabilidad en la gestión de Banca Catalana. El 14 de marzo de 1990 la Sección Segunda de la Audiencia Provincial decreta el sobreseimiento del sumario y ordena su archivo, a pesar de los recursos presentados por los Fiscales que vienen demostrando que en contra de la tesis del Tribunal el comportamiento de la cúpula de Banca Catalana se basaba en su enriquecimiento personal. La Sentencia de la Audiencia reduce todo el asunto de Banca Catalana a la consecuencia de una gestión imprudente, pero no delictiva.Una vez más cientos de miles de millones de pesetas salen de un banco para ir a parar a sus directivos y consejeros sin que la justicia aprecie ningún comportamiento delictivo. Las ideas de Jordi Pujol con relación al dinero y al enriquecimiento el mismo las dejó claras en su panfleto Fer poble, fer Catalunya (Hacer pueblo, hacer Cataluña), de 1958, meses antes de comprar la Banca Dorca:
"Sin banca, un país no tiene posibilidad de crear grandes empresas, nuevas fuentes de riqueza importantes. Cataluña vivirá siempre a precario mientras no resuelva este problema".

En un escrito de prisión de 1961, el banquero encarcelado por antifranquista censuraba a los burgueses de la anterior generación y entonaba a sensu contrario el elogio de lucro:
"Ahora ya sabemos que aquellos hombrecillos ni son hombres de carácter ni hombres valientes ni auténticos dirigentes, y que no se pueden convertir ni en santos ni en héroes ni en confesores. Lo sabemos porque no son capaces de amasar dinero, de amasar mucho dinero, muchas pesetas, de crearse una auténtica fuerza económica".

No cabe ninguna duda de que Pujol si supo "amasar dinero", él y su circulo eminentemente familiar. En 1960, gobernaban el grupo, como gerentes, el joven médico Jordi Pujol, 29 años, y su cuñado, futuro historiador y archivo viviente del grupo Francese Cabana, 25 años, casado con María Pujol. El presidente -lo fue hasta 1979- era Jaume Carner, quien aportaba al equipo el prestigio político catalanista (era nieto del Carner que fue ministro de Hacienda en la II República) y la imagen de solidez económica (hombre fuerte de la importante azucarera Compañía de Industrias Agrícolas, CIA, fundada por sus abuelos), al tiempo que por su carácter no se inmiscuía en tareas ejecutivas. Carner casaría pronto con Lurdes Cabana, hermana de Francesc, cerrando así el círculo familiar. Pronto, en 1965, ya pasados los primeros tiempos heroicos, Carner traería a un hermano, bien que no de sangre: Raimon Carrasco, hijo del líder democristiano Manuel Carrasco, fusilado por Franco en 1937, y al que los Carner habían prohijado. Raimon entró en 1959 como director comercial de la CIA, de la mano del presidente de Catalana, y luego acudiría al banco, en 1965, como director general, hasta 1973, consejero y luego presidente desde 1979, sustituyendo a su amigo Carner.

Todo grupo fundacional necesita, aunque en él haya licenciados en Derecho, un abogado en activo. En el equipo familiar inicial, además de Pujol, Cabana y Carrasco, todos ellos querellados, destaca Salvador Casanovas, 31 años en 1959, letrado, defensor de Pujol cuando éste fue procesado poco después en consejo de guerra. Casanovas se dedicó a sus negocios financieros y fundó en 1962 Barcelonesa de Financiación. Seis años después sería el hombre del grupo en el Banco de Barcelona, cuando Catalana compró un paquete del Barcelona (antes, Banco de la Propiedad) , en una de sus clásicas operaciones de expansión a saltos, consistentes en la absorción de otras entidades y compras de participaciones.

Este férreo núcleo familiar, generacional y espiritual, se completó con algunos añadidos, empresarios pequeños o medianos, de más edad, de los que no dieron la espalda a los banqueros nacionalistas y participaron como accionistas en la aventura. Algunos de ellos, concretamente tres, han sido incorporados al sumario. Son Martí Rosell, industrial del textil de Terrassa, subsector medias, y posteriormente consejero de Banca Catalana desde 1966; Lluís Montserrat y Ramón Miquel. Lluís Montserrat, comerciante de piensos, con puesto en la Lonja, amigo de Carner por sus relaciones con la CIA, llegó a vicepresidente del Banco de Expansión Comercial, otra de las marcas que compraría Catalana, a partir de 1966, en su crecimiento sincopado, y luego fue consejero de la casa madre al absorber ésta en 1972 el pequeño Expansión. Ramón Miquel Ballart, de Figueres, pequeno empresario de comercialización de productos alimenticios, cierra la terna de estos empresarios.La carrera de absorciones bancarias y de nuevas iniciativas, hasta llegar a configurar en los primeros ochenta un amplio grupo de cinco bancos y cerca de 200 filiales, fue también una carrera para atraer a las propias posiciones e incorporar al equipo a otros sectores de la burguesía. Aparte de otros nombres que no se han visto involucrados en el asunto judicial, o que han fallecido (Joan Cendrós, Antoni Forrellad), destacan en el sumario tres representantes de esta antigua burguesía: Oleguer Soldevila, Andreu Ribera Rovira y Joan Casablancas.Soldevila, propietario de siete empresas de hilaturas que forman el grupo Mitasa, el más importante del sector; del hotel Majestic y de otras empresas agrícolas y de electrónica, y cercano al Opus Dei, se integró en el grupo a través del Banco Industrial de Cataluña (BIC), iniciativa bancaria originalmente compartida por el Comercial Transatlántico, el Sabadell y Catalana, que acabaría en manos de ésta.

El BIC fue encabezado en sus últimos años por Ribera Rovira, quien ya era accionista de Catalana desde 1960. El presidente de Metales y Platerías Ribera, fabricante de cartuchos para el Ejército, fue el catalanista más vinculado al régimen de Franco: presidente de la Cámara de Comercio y de la Feria de Barcelona, concejal con Porcioles, y el representante de Laureano López Rodó en la tierra, en Barcelona.Otro magnate de la industria incorporado fue Casablancas, hijo del mítico Ferran Casablancas, hilador de Sabadell e inventor del mecanismo de grandes estirajes. Casablancas fue el hombre representativo en el Banco Mercantil de Manresa, en el que Catalana puso su pica en 1967, y patrocinó su absorción definitiva en 1980. Poder, políticos, empresarios... una coalición para el enriquecimiento desorbitado que indefectiblemente se nutre del dinero de los ciudadanos. ¿Hasta cuando?

(Fuentes: Banca Catalana (1982), otra quiebra sin responsables (Benito Sacaluga) Extractado de: El Dinero del Poder. Aut. José Diaz Herrera / Ramón Tijeras. Ed.Cambio 16. Hemeroteca El Pais.)

En el caso de Banca Catalana, mi padre fue uno de los miembros del Pleno de la Audiencia Territorial de Barcelona, cuyos magistrados acordaron en 1984 autorizar a Jordi Pujol declarar por escrito, en una sesión que duró escasamente una hora y a la que asistieron 36 de los 41 magistrados que lo componen. Jordi Pujol evitó así la mala imagen de declarar obligatoriamente en el Palacio de Justicia, sino  en el Palau de la Generalitat, adonde deberían trasladarse los jueces instructores y los representantes del ministerio fiscal, constituyéndose allí el juzgado.

Este último privilegio había sido planteado también por los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena, cuyo jeroglífico informe no entendieron la mayoría de los magistrados.

En el Consejo General del Poder Judicial han estado jueces honrados, jueces controlados por grupos políticos y hasta prevaricadores como GOMEZ DE LIAÑO, como pueden comprobar en el enlace.

Tengo conocimiento de primera mano sobre el tema, porque mi padre también figura en esa lista. Mi difunto padre pasó de Presidente de Sala de la Audiencia de Barcelona a vocal del Consejo General del Poder Judicial. Cuando cesó esperaba un ascenso al Tribunal Supremo (que le correspondía) o una renovación de su cargo, pero fue relegado a una Sala de lo Contencioso-Administrativo.

Cuando protestó a sus "compañeros" le dijeron a las claras que no podía ser "porque no era de ningún partido político", y por otra vía le llegó que Felipe González le había vetado tajantemente.

Tras unos años ejerciendo una especialidad que no era la suya, la familia fue volviendo a Barcelona donde mi padre se jubiló siendo profesor en la recién estrenada Escuela Judicial. Mi padre ostentaba la Cruz Distinguida de 1ª clase de San Raimundo de Peñafort y la Gran Cruz de dicha Orden, fue Académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, y recibió la Medalla del Colegio de Abogados de Barcelona, donde fue miembro de la Comisión de Deontología tras jubilarse de la judicatura.

Asimismo, la Junta Directiva del Consejo Arbitral de la Asociación Europea de Arbitraje de Derecho y Equidad le nombró por unanimidad Árbitro Permanente de la asociación, cargo que ejerció hasta que se lo permitió la edad.

Además, durante muchos años fue profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Barcelona.

Otro magistrado, que fue mi profesor en la Universidad, me comentó su desagrado con mi padre "por haberse pasado a la política", encima. Mi padre siempre defendió que la Ley Orgánica del Poder Judicial no daba representación a los jueces, que debían elegir a los miembros del CGPJ en la proporción marcada por la Constitución.

El autor de la maniobra para quitar a mi padre de la Audiencia de Barcelona y además impedir que llegara al Supremo no fue otro que Roca Junyent, en connivencia con los ya citados. Sobre este individuo, coautor de la Constitución de 1978, ya hablé en "PARNASO ESPAÑOL 26".



miércoles, 4 de agosto de 2021

"Parnaso español 26", de Francisco de Quevedo.


La capacidad del expresidente de la Generalitat Josep Tarradellas para adelantarse a su tiempo es proverbial. Ahora, hemos conocido cómo veía a Jordi Pujol y sus sospechas sobre sus negocios turbios. Lo ha contado Julio Merino, director del histórico Diario de Barcelona en un artículo de 1980 titulado La profecía de Tarradellas, en el que narra su conversación con Tarradellas y el análisis que hacía de los candidatos en aquellas primeras elecciones catalanas tras el fin de la dictadura.

“Le he dejado para el final a quien según dicen todos va a ganar si usted no se presenta, me refiero al señor Pujol ¿qué opina usted de don Jordi?”, le preguntó Merino. A lo que Tarradellas, tras ponerse de pie y con las manos en la mesa, soltó: “Señor Merino, yo de enanos y corruptos no hablo”.

Cuando el periodista quiso profundizar más al respecto, Tarradellas le habló del caso Banca Catalana y sacó una carpeta verde de su mesa: “Esto no son rumores, esto son hechos... Esa banca será la tumba política del señor Pujol... Y puede que algo más el día que las cosas lleguen a mano de los jueces. 20.000 millones desaparecidos son muchos millones y los primeros responsables son la familia Pujol. Este asunto traerá cola, mucha cola, porque además ya está en ello la Fiscalía anticorrupción”.

Tarradellas incluso se atrevió a vaticinar lo que pasaría cuando a Pujol se le acusase de corrupción: “Conociendo al personaje, yo lo tengo claro. Luchará y pactará hasta con el diablo para ser president, porque ahí espera tener su mejor escudo. Mire, amigo mío, este hombre en cuanto estalle el escándalo de su banco se liará la estelada a su cuerpo y se hará víctima del centralismo de Madrid... Ya lo estoy viendo: ‘Catalans, España nos roba... No nos dan ni la mitad de lo que nosotros les damos y además pisotean nuestra lengua... Catalans, ¡Visca Catalunya!’. Sí, esa será su política en cuanto llegue a la Presidencia, el victimismo y el nacionalismo a ultranza”.

El expresidente de la Generalitat no pudo por más que recordar el incidente con Jordi Pujol cuando volvió del exilio y desde el balcón de la sede de la Generalitat dijo su mítica frase de “Ja sóc aquí”. “Pero antes dije ‘ciutadans de Catalunya’, lo que ese señor del que hemos hablado me criticó, porque, según él, tenía que haber dicho ‘catalans’ y no ‘ciutadans’. Y eso porque yo entendía que el president tenía que serlo de todos, los de dentro y fuese cuál fue su ideología, y los de fuera, viniesen de donde viniesen”.

De hecho, como contó EL PLURAL, Tarradellas, ya demostró sus dotes adivinatorias en 1981, con un incidente similar a este descrito. Se lo contó en una carta privada al director de La Vanguardia que no se publicó hasta pasadas varias semanas del 23-F.

Tarradellas empezaba su carta recordando el momento en que el Gobierno le encargó dar traslado del cargo de president de la Generalitat a Pujol, cuando propuso despedirse con un discurso en el que acabara diciendo Viva España, Visça Catalunya, “pero con gran sorpresa por mi parte no fue aceptada”, porque Pujol “solamente quería tener presente a Cataluña, pero para mí esto era inaceptable: eran ambos pueblos los que debía ir unidos en sus anhelos comunes”.

“Manifesté que se había roto una etapa que había comenzado con esplendor, confianza e ilusión el 24 de octubre de 1977, y que tenía el presentimiento de que iba a iniciarse otra que nos conduciría a la ruptura de los vínculos de comprensión, buen entendimiento y acuerdos constantes que durante el mandato habían existido entre Cataluña y el Gobierno de España", premonizaba Tarradellas.

“Hemos visto como Jordi Pujol y los suyos se han forrado a costa de Cataluña para reclamar a continuación la independencia y lanzar exabruptos contra el resto del país que hacen suyos el actual Govern compuesto por partidos que aportan discrepancia y tensión”.

Tarradellas señalaba que “todo lo que ahora nos separa, porque nuestro país es demasiado pequeño para que desprecie a ninguno de sus hijos y lo bastante grande para que quepamos todos”. Y deseaba que “ojalá sus palabras lleguen a los oídos interesados en resolver las diferencias y se extienda como el aceite la sensatez y la solidaridad”.

Lamentablemente, en eso Tarradellas se equivocó, porque el Caso Banca Catalana se cerró por falta de pruebas, aunque formaba parte de una extensa red de bancos y empresas que, tarde o temprano, suspendían pagos, quebraban o eran vendidas.

Como explicaban los periodistas FRANCESC BAIGES, ENRIC GONZÁLEZ y JAUME REIXACH, en su libro "BANCA CATALANA. Más que un banco. Más que una crisis" (Plaza & Janés editores, S.A., 1985":

«Cuando repaso las cosas que he hecho bien y mal, desde hace veinte años, me encuentro siempre con una que ha sido uno de mis grandes orgullos, y a la vez una herida abierta en la que muchos se han dedicado a echar vinagre. Me encuentro con el hecho de haber contribuido un poco -de hecho, sólo un poco- a recrear la fuerza económica de nuestro país (...) No aspiro a hacerme entender, o a hacerme perdonar el éxito, por parte de quienes siempre me atacarán porque por razones políticas, o por lo que sea, aspiran a erosionar mi imagen." Jordi Pujol escribió estas líneas en mayo de 1978, dentro de un texto destinado a prologar una edición de sus antiguos escritos de prisión. Pujol siempre se sintió perseguido por determinados adversarios. El 19 de mayo de 1984 creyó ver confirmadas, una vez más, sus sospechas. Ese día el periódico madrileño El País anunciaba en portada una "INMINENTE QUERELLA DEL FISCAL DEL ESTADO CONTRA JORDI PUJOL Y OTROS RESPONSABLES DE BANCA CATALANA".

Pujol leyó la noticia mientras viajaba en el coche oficial que, en la parte delantera, exhibía el banderín cuatribarrado de la Presidencia de la Gmeralitat. Resultó sorprendido, pero no extrañado.

Desde el clamoroso triunfo que había obtenido en las elecciones del último domingo de ab;ril, desconfiaba profundamente de las investigaciones que realizaban dos fiscales de la Audiencia barcelonesa. José María Mena Alvarez y Carlos Jiménez Villarejo.

Tras el desastre de Banca Catalana, las autoridades monetarias habían señalado que remitirían la documentación necesaria a la Fiscalía General del Estado, por si se detectaban indicios de delito en el asunto. Pero eso era algo que venía haciéndose con todas las crisis bancarias, sin ninguna consecuencia salvo en casos muy flagrantes. Más tarde empezaron a circular rumores acerca de una hipotética querella contra ex administradores de Catalana, pero los nombres barajados como posibles querellados habían sido siempre los de los ex presidentes Jaume Camer y Raimon Carrasco, el eterno secretario Francesc Cabana y el último director general del grupo, Esteve Renom. En realidad, y hasta ese momento, las alusiones a este asunto se hicieron siempre de forma genérica. Bien cuando los accionistas votaron en contra de la petición de responsabilidades, bien cuando los abogados Piqué Vidal y Rodríguez Vives de la Hinojosa intentaban que los antiguos administradores fueran exonerados de toda culpa.

El anuncio de la querella, efectuado a través de un periódico, El Paìs, identificado desde algunos sectores como un portavoz oficioso del Gobierno, no provino esta vez de una oportuna filtración desde altos niveles políticos. En realidad, fueron los propios fiscales barceloneses quienes, involuntariamente, facilitaron a un redactor de El Pais la información que puso en en estado de alerta a la nación. Tras su última reunión con el fiscal general del Estado y varios magistrados del Tribunal Supremo para perfilar la querella, Mena y Jiménez Villarejo se dirigieron junto a otros compañeros de carrera y de promoción a un bar llamado «El Timón» muy cercano a la fiscalía madrileña. Allí comentaron, en grupo, las incidencias de la reunión. Entre el bastante numeroso grupo estaba casualmente un periodista que inmediatamente llevó a su rotativo la valiosa información.

La información de El Pais desvaneció las dudas de algunos políticos de la izquierda, como Rafael Ribó. Ribó, comunista catalán y hermano del Xavier Ribó del BIM, había expresado su temor de que la venta al «pool» significara «que no se exigirá responsabilidades por la gestión del grupo bancario, por lo que objetivamente coinciden los planteamientos del Gobierno con los del nacionalismo conservador de Pujol». Nada más lejos de la realidad esto último: Convergencia y PSOE no coincidieron jamás en sus planteamientos sobre Banca Catalana.

El debate que siguió a la intervención del ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, en la Comisión de Economía del Congreso, el diputado aliancista José Ramón Lasuén tildó de «improvisación, imprudencia e incapacidad» las características del antiguo equipo de Banca Catalana. Y cónsideró imprescindible que el Gobierno y el Banco de. España explicaran las razones por las que se había llegado al desastre, que situó en marzo .de 1982. En su respuesta a Lasuéri, Boyer explicó que «en la carta del 19 de mayo, por la cual comuniqué al gobernador del Banco de España la decisión del Gobierno el día anterior, le pedí que me transmitiera .los antecedentes que. pudiera reunir el Banco de España sobre la evolución del Banco, y que estos antecedentes, naturalmente, como dije antes, fueran .puestos a disposición de los fiscales. Y, por otra parte, el Banco instruirá un expediente por las responsabilidades administrativas. Es la misma actuación que hemos seguido en otros casos: el Gobierno tiene indicios de irregularidad.es de todo orden en este grupo bancario, y naturalmente no es misión del Gobierno depurar esas responsabilidades, sino que es la de comunicar todos los antecedentes que le transmita el Banco de España cuando éste haya completado los expedientes sobre la materia». A principios de noviembre, Miguel Boyer volvió a señalar: «El Gobierno tiene que cumplir con la legislación vigente; por ello, hemos enviado a los fiscales todos los expedientes de los Bancos donde encontramos presuntos delitos. Se ha hecho con los Bancos de Descuento y Levante, se hará con Banca Catalana y, naturalmente, con "Rumasa".

A finales de noviembre los servicios jurídicos del Banco de España remitieron un primer informe. En él se hablaba de falsedad documental y de maquinación .para alterar el precio de las acciones de las compañías afectadas por los balances. En el anexo, los técnicos del Banco de España echaban en falta la vigencia del aún en proyecto delito de administración fraudulenta, ya que según se indicaba, "podría constituir el modelo más idóneo para encuadrar el conjunto de comportamientos que han determinado la grave crisis económica y jurídica tanto del Grupo Banca Catalana como de las empresas afectadas al mismo".

Pese a que en las relaciones de consejeros.adjuntas al documento figuraba el nombre de Jordi Pujol, éste quedaba al margen de cualquier acción penal, ya. que los delitos señalados prescribían a los cinco años y Pujol había causado baja en el consejo de administración de Banca Catalana con fecha de marzo de 1977, aunque conservara poderes consignados en el Registro Mercantil de Barcelona junto a Antoni Rosell (* posteriormente el mecenas de Omnium Cultural), Josep Andreu y Jaume Carner, hasta febrero de 1979.

El Gobierno, en esos momentos, titubeaba. Había posiciones no enfrentadas pero sí divergentes en el Consejo de Ministros sobre la solución de aquel espinoso asunto. Se pretendió que fuera el propio Banco de España quien asumiera la responsabilidad de remitir directamente los informes a la Fiscalía General del Estado, para que ésta asumiera una decisión sin que el Gobierno interviniera en el proceso. Pero el Ministerio de Justicia no podía soslayar una cuestión de tal envergadura. Los técnicos ministeriales estudiaron a fondo el material suministrado por el Banco de España y llegaron a la conclusión de que lo más acertado sería abrir una investigación y convocar a los afectados. Con ello se evitatja el «shock» político que había de suponer la presencia de Jordi Pujol al frente de una lista de querellados. Pero las cosas tomaron otro rumbo.

El primer día de marzo de 1984 toda la documentación estaba ya en manos de Luis Antonio Burón Barba, fiscal general del Estado. Dos días más tarde, Burón declaró: «Con toda probabilidad, antiguos consejeros de Banca Catalana serán acusados por el Ministerio Fiscal, al menos, por delito de falsedad en documento público. Esta actuación fiscal podrá tramitarse bien con unas primeras diligencias, bien directamente mediante una querella..» Burón no descartaba tampoco la posible comisión de apropiaciones indebidas. Existía, según el fiscal general, una doble contabilidad o Caja B. «Esto es lo más claro -afirmaba-y así lo ha apreciado el propio Banco. De ahí pueden deducirse estafas o fraudes; puede que las falsedades encubran apropiaciones indebidas, pero no podemos determinarlo todavía, y eso será objeto de investigación. En principio, iniciaremos las acciones por falsedad, pero si surgieran otros aspectos se ampliaría la acusación.»

Paralelamente, seguía en marcha el expediente disciplinario que seguia el Banco de España, con las acusaciones de «doble contabilidad»,  «pago  de .extratipos»  «falta  de  veracidad  en  los balances, «tenencia de acciones sin autorización». Ese expediente, sin embargo, sólo alcanzaba a la posible exclusión de los expedientes del Registro Oficial de Altos Cargos de la Banca.

Alejandro Sanvicente, fiscal jefe de la Audiencia de Barcelona, fue el encargado de designar los fiscales que llevarían adelante las investigaciones.  Sanvicente obró, como quiso resaltar en una nota, «siempre según las instrucciones del fiscal general del Estado», al que debía obedecer por la disciplina interna del Ministerio  Fiscal. El fiscal jefe no tenía muchas alternativas a la hora de nombrar a los encargados del asunto  Catalana. Estaba decidido a que fueran dos personas, y no una sola, dado el volumen de trabajo que generaría la investigación. Y quería que se tratara de fiscales con experiencia suficiente, por lo complejo e intrincado de la tarea.  En la lista de fiscales adscritos a la Audiencia barcelonesa, ordenada según la antigüedad, figuraba en primer 1ugar un fiscal que sufría una grave enfermedad. Le seguía Alejandro del Toro. Tampoco pareció conveniente que se encargara del caso. En tercer y cuarto lugar estaban Jiménez Villarejo y Mena. El quinto fiscal estaba totalmente absorbido por su investigación en torno al fraude a la Seguridad Social descubierto en Barcelona. Los siguientes fiscales eran ya mucho más jovenes que los cinco primeros. Sanvicente optó por José María Mena y Carlos Jiménez Villarejo, dos hombres muy progresistas que habían estado vinculados al PSUC y a los movimientos cristianos marxistas durante el franquismo. Ambos estaban plenamente enraizados en Catalunya, hasta el punto de no haber aceptado traslados que les hubieran supuesto ascensos, y habían  formado parte de la lucha en favor de las libertades catalanas. Estaban considerados también, especialmente Mena,  dos fiscales «duros».

Ante el asombro de los assores del Ministerio de Justicia, los fiscales se enzarzaron en una intensa labor de recopilación de datos y documentos, en colaboración con dos técnicos solicitados al Banco de España, lo que desvirtuó la posibilidad de tramitar unas primeras diligencias. Para ello habrían bastado un par de folios, pero Mena y Jiménez Villarejo prefirieron presentar una querella terminada y cerrada de quince folios, acpmpañada de un anexo documental que alcanzaba los 8.000 folios. Otra fiscal de la Audiencia, Carmen Tagle (* posteriormente asesinada por ETA), colaboró con ellos en el exhaustivo repaso de jurisprudencia. Conforme adelantaba el trabajo y aparecían nuevas pistas, otros fiscales aportaron también su ayuda.

Cinco días antes de que se celebraran las elecciones autonómicas  catalanas,  los  fiscales  tenían  ya  un  borrador  de  la  querella.

A falta de algunos documentos y de algunos detalles, ya existía una lista de veinticinco querellados. Era la siguiente:

Jaume Camer Suñol, Francesc Cabana Vancells, Raimon Carrasco Azemar, Jordi Pujol Soley, Joan Martí Mercadal, Andreu Ribera Rovira, Martí Rosell Barbé, Olegari Soldevila Godó, Josep Lluís Vilaseca Guasch, Manuel Ingla Torra, Delfí Mateu Sayas, Francesc Constans Ros, Esteve Renom Pulit, Joan Casablancas Bertrán, Salvador Casanovas Martí, Joan Baptista Cendrós Carbonell, Joan Millet Tusell, Ramón Miquel Ballart, Lluís Montserrat Navarro, Antoni Moragas Gallisa, Víctor Sagi Casamitjana, Ferran Aleu Pascual, Antoni Armengol Arna, Pere Messeguer Miranda y Ramón Monforte Navalón.

Se acusaba a todos ellos de apropiación indebida en los distintos grados de autor material, colaborador necesario o cómplice, por s actuación en el consejo de administración de Banca Catalana entre 1974 y 1977. Fuera del reducido mundo de la Fiscalía no se conocía, sin embargo, aquella bomba. La campaña electoral se cerró por parte socialista con una intervención del vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, quien afirmó con su habitual virulencia que Jordi Pujol había escapado «por los pelos» de la querella, ya que sus presuntos delitos habían prescrito. Pero Pujol desconfiaba, y se puso en contacto con Antoni Gutiérrez, secretario general de los comunistas catalanes. Gutiérrez, pese a su amistad y su proximidad ideológica con los fiscales, no sabía gran cosa. Sólo pudo garantizar a Jordi Pujol que los comunistas no utilizarían el «affaire» para atacarle en sus mítines.

La brillante victoria electoral de Jordi Pujol resultó empañada pór la espada de Damocles que suponía la querella. Sólo el propio Pujol, sin embargo, debía tener presente el problema aquella noche. Militantes y simpatizantes de Convergencia i Unió, la candidatura triunfante, se lanzaron a una celebración callejera exultante durante la cual Marta Ferrusola, la esposa de Pujol, llegó a ser vitoreada oon gritos de «eso es una mujer». Jordi Pujol recordó en esos instantes, probablemente, el informe del Banco de España de noviembre de 1983 que Felipe González le hizo llevar personal mente por un funcionario de la Moncloa, Angel Platón, dos días después de la entrevista que ambos mantuvieron en Madrid. En ese informe, tal como le había adelantado el presidente del Gobierno, Pujol era exculpado.

Pero los fiscales trabajaban a ritmo acelerado. El 19 de mayo, cuando El Pals informó del contenido de la querella, la tenían prácticamente lista. El fiscal general del Estado había dado su visto bueno y los pequeños detalles pendientes se resolvieron en los días siguientes. El texto definitivo de la querella fue fechado el día 22 de mayo de 1984. El día siguiente, 23 de mayo, amaneció soleado en toda Catalunya pero con enorme tensión ambiental en todos los medios políticos y económicos. Los dos hombres de confianza de Jordi Pujol en el asunto de la querella, su secretario Lluís Prenafeta y su abogado Joan Piqué Vidal, tenían ya diseñada la que había de ser postura oficial de la Generalitat , de Convergencia y del propio Pujol ante la presentación de aquélla en los juzgados. El resto de los afectados por la querella se mostraban confiados. De hecho, la presencia de Pujol entre los querellados confería al asunto un inevitable cariz político, del que hubiera carecido si sólo se hubiera inculpado al grupito de ex consejeros inicialmente rumoreado. En todos los partidos políticos, centrales sindicales e instituciones estaban a punto las notas que debían emitirse por la tarde. La inmensa mayoría de ellas reiteraban el respeto hacia Pujol como presidente de la Generalitat de Catalunya, al margen de las consecuencias del proceso judicial que aquel día había de iniciarse.

Unos minutos después del mediodía, los fiscales abandonaron su oficina, contigua al inmenso salón "de los pasos perdidos" del Palacio de la Audiencia, cruzaron varios corredores y salones de altísimos techos, flanqueados por los andamios de los restauradores del edificio, y depositaron el texto de la querella en el registro de la Audiencia Provincial de Barcelona.

Banca Catalana dejó de ser, en ese momento, alo más que un Banco o la historia de una crisis financiera. Banca Catalana se convirtió con la querella en mucho, muchísimo más que un proceso judicial."

Tal y como ya dije en el blog, Pujol ha tenido siempre muy buenos contactos que le han dado una impunidad indiscutible.

El Pacto del Majestic fue un pacto firmado tras las elecciones generales de 1996 entre el Partido Popular y Convergència i Unió según el cual el partido de Jordi Pujol daba apoyo a la investidura de José María Aznar como presidente del Gobierno a cambio de darle más competencias a Cataluña y del apoyo del PP a CiU en Cataluña. La legislatura duraría los 4 años legalmente establecidos hasta el año 2000.

El pacto era el resultado de dos meses de negociaciones donde tuvo un papel clave una cena el 28 de abril de 1996 en el Hotel Majestic del paseo de Gracia de Barcelona. Como resultado de este pacto, CiU tomaba el compromiso de apoyar la investidura de Aznar como presidente y se acordaba el desarrollo de la financiación autonómica, ya iniciado en la etapa socialista, además del traspaso de nuevas competencias a Cataluña en materia de policía de tráfico.

Como resultado de este pacto, el 4 de mayo de 1996 Aznar fue investido presidente del Gobierno por mayoría absoluta en la primera votación gracias a los votos de CiU, el Partido Nacionalista Vasco y Coalición Canaria.

Cuando Aznar necesitó apoyarse en los votos de CIU de Pujol quién intermedió fue el Rey que antes había puesto las condiciones a Aznar de su gobierno y ministros para controlarlos. Juan Carlos no solo nombraba ministros, también colocaba y ordenaba en grandes empresas quienes dirigían, como Monzón en Indra o Prisa, y quiénes y cómo repartían.

En el grupo Prisa, de Polanco a Cebrian, las grandes decisiones se han tomado en Zarzuela. El Confidencial se atrevió a escribir que el rey tenía acciones hasta que desapareció esa información.

Roures es quien es gracias a Juan Carlos y amigos qataries dueños de AlJazeera. Jaume Roures ha repetido en un par de ocasiones que "ganamos la licencia en un concurso". Esto no es del todo así: es cierto en caso del canal digital, pero Roures no dice que el analógico se les concedió a dedo.

Cuando se implantó el TDT en España, era secretario de Comunicación Miguel Barroso, amigo personal de ZP, que ejerció el cargo desde abril de 2004 a septiembre de 2005 y era amigo de algunos promotores de La Sexta, como Contreras o Roures. La Sexta, canal patrocinado por Zapatero, tenía como socio principal a Juan Abelló, el financiero e íntimo de Juan Carlos.

El financiero Juan Abelló siempre ha sido considerado uno de los más próximos al Rey emérito y al Partido Popular. Así que, aunque ya había firmado el acuerdo por el que entraba en el capital de Imagina (Globomedia y Mediapro, José Miguel Contreras y Jaume Roures: La Sexta) decidió hablar con José María Aznar, quien le dijo: "Es tu decisión Juan, yo en eso no debo entrometerme".

Juan Abelló es el principal exportador español de cannabis, con fines "médicos y recreativos", después de vender su parte en uno de los mayores productores de morfina.

Abelló fue socio de Mario Conde cuando vendieron Antibióticos a Montedison, y compraron, con permiso, Banesto. Mario Conde se convirtió en banquero de Juan Carlos I y pagaba a CIU siguiendo instrucciones de Roca Junyent, quien más tarde y casualmente fue abogado de la infanta Cristina en el caso Noos.



Los servicios jurídicos del Estado, en un primer escrito, pidieron una pena de 25 años de cárcel para Jordi Pujol Ferrusola, así como de 17 años y medio para su ex mujer y 4 para Josep, por delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, falsificación en documento mercantil y frustración a la ejecución, exonerando al resto de la familia.

Anticorrupción pedía nueve años de cárcel para Jordi Pujol y 29 para su primogénito por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil, contra la Hacienda pública e incluso de frustración de la ejecución.

Marta Ferrusola, no llegará a juicio después de que la Audiencia Nacional haya acordado el sobreseimiento por motivos de salud, y respecto a Pujol Soley, tampoco hay imputación, sin duda por lo ya dicho, pese que el Juez dijo que la familia constituía organización criminal.

"Jordi Pujol Soley acordó con su cónyuge, Marta Ferrusola, que los fondos procedentes de la actividad ilícita ejecutada durante los años anteriores se distribuyesen en cuentas abiertas a nombre de esta y de sus hijos", sostiene Anticorrupción. "El acusado Jordi Pujol Soley aprovechó su posición política para tejer una red de clientelismo conforme a la cual el propio Pujol Soley y determinados empresarios afines al partido que este lideraba, Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), se repartían los cuantiosos beneficios procedentes de concursos públicos cuya resolución dependía de las diferentes administraciones catalanas bajo el control de CDC". A esto se añade que "el patrimonio ilícitamente obtenido fue ocultado a la Hacienda Pública y aflorado después mediante sistemáticas operaciones de blanqueo", labores en las que intervinieron otros miembros de la familia "de manera coordinada a lo largo de muchos años". Según explica Anticorrupción, los padres dirigían las operaciones; el primogénito, su mujer y su hermano Josep gestionaban la actividad, y el resto se beneficiaba "directa y conscientemente del producto de las conductas anteriores, coadyuvando a su ocultación". Todo ello mediante "paraísos fiscales, cuentas abiertas a nombre de terceras personas y múltiples transferencias e ingresos en efectivo".

En cuanto los diez empresarios implicados en la trama delictiva, Anticorrupción les acusa de cooperación necesaria en el blanqueo de capitales mediante la comisión de falsedades en documentos mercantil, con lo que pide cinco años de cárcel para ellos y multas que en el caso más alto roza los 50 millones de euros.

Parte de los hechos investigados coincidieron con la etapa de Pujol como presidente catalán entre 1980 y 2003, tiempo en el que dirigió las actividades de la familia junto a su mujer, la “madre superiora de la congregación”. Pese a ello, el auto de procesamiento ya apuntaba a su hijo Jordi Pujol Ferrusola, "el capellán de la parroquia", como el supuesto responsable de la dirección del clan y era el encargado de dar instrucciones a los gestores bancarios sobre las cuentas de cada hermano: Josep, Pere, Oleguer, Oriol, Marta y Mireia.

Salvo en el caso de Josep, para el que pidió 14 años de cárcel, Anticorrupción pidió ocho años de cárcel para todos ellos. Pero de entonces a ahora, toda la familia se salva de la acusación, menos Jordi Pujol Ferrusola y su mujer, Mercé Gironés, para la que la Fiscalía solicita 17 años de cárcel.


Quitar codicia, no añadir dinero,
hace ricos los hombres, casimiro:
puedes arder en púrpura de tiro
y no alcanzar descanso verdadero.
Señor te llamas; yo te considero,
cuando el hombre interior que vives miro,
esclavo de las ansias y el suspiro,
y de tus propias culpas prisionero.
Al asiento del alma suba el oro;
no al sepulcro del oro l'alme baje,
ni le compita a dios su precio al lodo.
Descifra las mentiras del tesoro;
pues falta (y es del cielo este lenguaje)
al pobre, mucho; y al avaro, todo.