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miércoles, 31 de julio de 2024

"AL SALIR DE LA PRISIÓN", de Fray Luis de León.



De nuevo, ¡oh Salamanca!

estoy aquí , de la prisión salido.

La frente toda blanca,

el cuerpo envejecido.

¡Si las canas me hiciese más temido!

Sosegado ya un tanto

vuelvo a emprender la vía abandonada

sin rencor ni quebranto.

¿Fe y vida está salvada?

¡Pues todo no ha quedado en la estacada!

Mañana hacia la ciencia

seguiré sin sentir recelo alguno

ni cargo de conciencia.

¡Dulce oficio oportuno

que enseñar y aprender es todo uno!

Pero es camino largo

que hay que seguir tenaz con firme anhelo.

A veces, cierto, amargo

hasta romper el hielo;

más grato cuanto más lejos del suelo.

¡Dulce camino loco!

¡Empresa más feliz cuanto más nueva!

Que si es cierto que el poco

saber nos pone a prueba,

el mucho, si se alcanza, a Dios nos lleva.


Entre julio y agosto de 2001 mi difunto padre, Terenciano Álvarez Pérez, Magistrado jubilado y Abogado, escribió desde la óptica del derecho penal las siguientes:

Notas de urgencia sobre un indulto famoso.


Sumario 1. Introducción 2. Competencias del Gobierno 3. Competencias del Tribunal Supremo


Últimamente se ha hablado, incluso demasiado, en los medios de comunicación sobre la concesión de un indulto a un magistrado con el consiguiente reintegro del mismo a sus funciones y de todas las reacciones que ha suscitado esta decisión en muy diversos órganos. En esta ocasión el autor reflexiona sobre una figura del indulto y su regulación legal para dotarnos de mayores y rigurosas bases de reflexión sobre el asunto. 

1. Introducción Los periódicos han divulgado ampliamente las circunstancias de un indulto concedido a un magistrado con el subsiguiente reintegro del mismo a sus funciones. Tanto los comentaristas como los expertos en derecho han aportado opiniones y razonamientos acerca de la corrección o incorrección de la citada gracia, así como del alcance y motivaciones jurídicas y políticas de la misma. Muchas de ellas han entrado en el trasfondo que, al parecer, tiene el asunto, defendiendo determinadas posturas del indultado o de otras personas o grupos enfrentados a aquel. Quizá estas motivaciones han desviado la atención sobre un punto a mi parecer fundamental. Me refiero al ejercicio del derecho de gracia. No es, pues, a las particularidades e incidencias de este indulto en concreto a lo que voy a referirme, sino que, con absoluto respeto a las mencionadas opiniones y a los intereses de las personas implicadas en el aludido episodio, es el problema del indulto y sus implicaciones legales y constitucionales el que pretendo plantear, haciendo algunas precisiones sobre las bases del mismo. Alcanzan las mismas a las relaciones entre los distintos poderes del Estado y por ello podrían propiciar un indeseado precedente en algo que afecta a las bases mismas de la democracia y del estado de derecho.

Y sin más preámbulos, éstas son las puntualizaciones.

2.Competencias del gobierno El Gobierno ha dado un decreto de indulto. Y el Gobierno (ésto no ha sido puesto en duda) es la institución competente para dar decretos de indulto. En principio, pues, dicho disposición debe entenderse obligatoria para todos, tanto los particulares como las autoridades titulares de cualquier poder del Estado. En eso consiste el Estado de Derecho. Pero es posible en hipótesis que esa disposición administrativa fuese incorrecta. Cabe, en efecto, que el Poder Ejecutivo haya incurrido en extralimitación o desviación de poder, o en cualquier otra irregularidad. En tal caso sólo existe una vía democrática para denunciarlo, y en su caso para anular esa disposición irregular o injusta: el recurso. Nos proporciona ese medio el Derecho Procesal. El Derecho Procesal es herramienta fundamental en el Estado de Derecho porque regula las vías, modos y forma de defensa de los derechos. Las leyes procesales establecen igualmente los sistemas de impugnación de decisiones o actuaciones de los poderes públicos que nos parezcan desacertados o injustos, y regulan asimismo cuáles son los requisitos y trámites de los recursos, así como sus límites. Los actos administrativos son, en cualquier estado democrático de derecho, recurribles. El acto del Gobierno decretando un indulto es, como tal acto administrativo, recurrible. Si se interpone el recurso por las personas legitimadas para hacerlo y por los cauces establecidos en la Ley, es posible deshacer abusos o ilegalidades. Pero si un acto administrativo recurrible no es recurrido dentro del plazo legal, la decisión deviene firme y debe ser acatada por todos. Los actos de la Administración Central son recurribles ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, órgano jurisdiccional que tiene precisamente esa función, con el rigor que corresponde al Derecho Procesal, como Derecho Público que es. El control de legalidad de los derecho penal actos administrativos corresponde en democracia a los Tribunales de Justicia. Y dentro de ellos, a los que sean competentes para cada tipo de resolución, dentro de un sistema de recursos previsto de un modo claro y terminante por la Ley. No cabe inventarse un sistema de impugnación de actos para cada caso, por muy arbitrarios que nos parezcan. La máxima arbitrariedad en este ámbito es el confusionismo. 3. Competencias del Tribunal Supremo Se ha dicho también que el Tribunal Supremo se ha pronunciado en contra del indulto concedido por el Gobierno. Esta afirmación me parece una simplificación no muy rigurosa del acuerdo de la Sala Segunda de dicho Tribunal. Procede señalar que el Tribunal Supremo sólo decide o se pronuncia cuando llega a su jurisdicción un recurso atribuido al mismo o un proceso que por alguna razón especial ha de ser fallado precisamente por dicho tribunal por venir establecida previamente y por leyes procesales claras dicha competencia (derecho al juez natural). Pues bien, en el presente caso no ha llegado al Tribunal Supremo ningún proceso ni recurso de su competencia para que lo resuelva. Al menos no se ha señalado en ninguna de tales noticias qué clase de juicio, incidente o contienda jurisdiccional ha determinado esa decisión. Tampoco sabemos quiénes eran las partes legitimadas para ese trámite ni algo tan significativo como la intervención del Ministerio Fiscal en el procedimiento, a pesar de su indudable interés público. Es importante señalar, en este punto, que si una Sala del Tribunal Supremo, en una decisión jurisdiccional “ad hoc” anula o desvirtúa en parte una decisión administrativa, estamos en presencia de un caso de enorme trascendencia. Conviene añadir otro ingrediente a la cuestión, la prevención legal contenida en el artículo 31 de la vigente Ley de Indulto. Se dispone en ella que la aplicación de la gracia ha de encomendarse indispensablemente al tribunal sentenciador. Esa intervención del tribunal sentenciador completando de modo “indispensable” la función de otorgar la gracia podría interpretarse de ECONOMIST&JURIST #52 julio-agosto 2001 59 derecho penal El Tribunal de conflictos jurisdiccionales resuelve a favor del Gobierno El Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales resolvió el pasado día 12 de junio en el caso Liaño a favor del Gobierno, por lo que el ex juez de la Audiencia Nacional podrá reincorporarse a la carrera judicial, de acuerdo con lo que el Ejecutivo estableció en el decreto por el que fue indultado. El TCJ de forma unánime entiende que el retorno a la carrera judicial lo decidirá el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): “Que la competencia para la determinación del alcance del indulto en cuanto a la pena ejecutada corresponde al Gobierno, y que las cuestiones relativas al reintegro de Javier Gómez de Liaño en la carrera judicial competen al CGPJ Algunos magistrados de la Sala Penal del TS mostraron su disposición a formular cuestión de inconstitucionalidad contra la ley que rige los conflictos jurisdiccionales, de acuerdo con el art. 123 CE, según el cual el Supremo es “el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes”, salvo en el que compete al Tribunal Constitucional, y por tanto sus decisiones sólo pueden ser revocadas por el TC. La opinión generalizada en el CGPJ es  la de que Liaño no podrá volver a ser juez hasta que sus antecedentes penales se cancelen, cuando transcurran cinco años desde la liquidación de la pena por el indulto: en diciembre del 2005. distintos modos. Pero, sin entrar en otras precisiones, aclaremos la que hace al caso: si en esa intervención complementaria del tribunal sentenciador entra la facultad de vetar o modificar el indulto en los términos en que se ha dado. El referido asunto ha llegado a dicha sala, pues, en su condición de sala sentenciadora, por virtud de un trámite establecido por el referido artículo 31 de la Ley de Indulto. Eso quiere decir que si la sala sentenciadora hubiese sido cualquier audiencia provincial o cualquier Juzgado, tal audiencia o juzgado hubiesen cumplimentado idéntico trámite. Y con los mismos poderes y prerrogativas, como sala sentenciadora, que la referida Sala Segunda. Es así porque ni la Ley del Indulto ni ninguna otra han otorgado facultad o privilegio alguno a aquella alta Sala que no tenga cualquier otro órgano jurisdiccional en funciones de Notas de urgencia sobre un indulto famoso sentenciador. Y dudo mucho de que, si hubiese sido un juez de pueblo el que se hubiese negado a dar curso a un decreto de indulto, los comentarios hubiesen sido los que se han publicado estos días. No puede ignorarse la fuerza moral que debe atribuirse a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que ningún gobierno ni institución puede menospreciar, pero su fuerza jurídica, que en un estado de derecho es crucial, reside igualmente en el más pequeño juzgado de España. Los modos de aclarar el contenido, carácter y alcance de ese pronunciamiento están, o bien la interpretación que haya dado la propia sala sentenciadora en el caso presente o bien la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la cuestión. Debemos analizar, pues, qué indicios u orientaciones nos da el Tribunal Sentenciador en el presente caso. Se ha publicado la noticia de que al comienzo de aquella primera reunión de los magistrados de la Sala Segunda (la que tomó el acuerdo referido), alguno de ellos aludió a las posibles causas de abstención o recusación que podrían darse en alguno de los intervinientes. Y el presidente indicó que en este tipo de trámites no cabían tales causas de incompatibilidad por lo que todos habrían de votar y así lo hicieron. Debemos entender que la decisión del Presidente fue acertada y que no fue cuestionada entonces ni lo ha sido después. Pues bien, en todos los procedimientos jurisdiccionales cabe la recusación o la abstención, sin excepción alguna, de tal modo que no puede ser juez en ninguna clase de resolución jurisdiccional nadie en quien concurra alguna de esas causas objetivas de posible parcialidad. La transgresión de ese deber es muy grave para el juez concernido y para quien preside la sala. En consecuencia debe entenderse, al menos dudoso, que se tratase de un acto jurisdiccional con el efecto típico de ser vinculante para todos los poderes del Estado. En cuanto a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, debemos asegurar que no existe jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo en el sentido de que un tribunal sentenciador pueda vetar o dejar sin efecto, en todo o en parte, las medidas de gracia acordadas por la autoridad competente para darlas. Reitero que la jurisprudencia se contiene, lógicamente, en las sentencias o decisiones jurisdiccionales del Tribunal Supremo. Con ello volvemos al punto de partida. Es en principio dudoso que las decisiones no dictadas en el curso de un proceso o recurso del Alto Tribunal sino por una sala sentenciadora en el trámite del referido artículo 31 de la Ley de Indulto puedan constituir jurisprudencia. Pero, aún en tales resoluciones, nunca se ha atribuido esa facultad en relación con sentencias firmes de condena, como es el caso presente. Un informe o acuerdo, ya que también los tribunales a veces emiten tales pronunciamientos vicarios, útiles para el funcionamiento de la Administración de Justicia, no tiene fuerza para anular y desvirtuar las decisiones de otros poderes públicos tomadas form almente en el uso de sus competencias. Los actos gubernativos de los órganos de justicia, cuyos perfiles no están muy bien definidos por las leyes, no pueden tener los efectos propios de un pronunciamiento efectuado por el Poder Judicial derecho penal Finalmente se habla de un posible conflicto jurisdiccional. Sin embargo, los conflictos jurisdiccionales, como todos los procedimientos excepcionales y extraordinarios, sólo deben entenderse viables si se han agotado los procedimientos previstos en la Ley con carácter general para la solución de los cuestiones concretas. Y la Ley tiene previsto, como se ha expuesto, un recurso específico y ordinario para denunciar y corregir en su caso las posibles extralimitaciones jurídicas del Poder Ejecutivo: el recurso contencioso-administrativo. Debe suponerse que no se han dado al público todos los datos del problema. Muchas otras cosas podrían apuntarse sobre la cuestión o cuestiones aludidas, entre ellas las razones del indulto (o sus sinrazones en su caso) pero he creído dar estas notas de urgencia sobre esos puntos básicos. Y reitero que las presentes consideraciones, están hechas en base exclusivamente a los datos conocidos por todos y con el fin de reflexionar sobre un problema importante: las relaciones entre los distintos poderes del Estado.

Con la duda de publicar un artículo inconcluso, me despido con una frase del sindicalista Unai Sordo sobre la reciente renovación del CGPJ. Hoy es la fiesta de la demagogia.

jueves, 11 de mayo de 2023

"AHÍ VA LA LOCA SOÑANDO", de ROSALÍA DE CASTRO


 

Dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros,

ni el onda con sus rumores, ni con su brillo los astros,

lo dicen, pero no es cierto, pues siempre cuando yo paso

de mí murmuran y exclaman:

Ahí va la loca soñando

con la eterna primavera de la vida y de los campos,

y ya bien pronto, bien pronto, tendrá los cabellos canos,

y ve temblando, aterida, que cubre la escarcha el prado.


-Hay canas en mi cabeza, hay en los prados escarcha,

mas yo prosigo soñando, pobre, incurable sonámbula,

con la eterna primavera de mi vida que se apaga

y la perenne frescura de los campos y las almas,

aunque los unos se agostan y aunque las otras se abrasan.


Astros y fuentes y flores, no murmuréis de mis sueños,

sin ellos, ¿cómo admiraros ni cómo vivir sin ellos?


sábado, 26 de noviembre de 2022

"El gallo y el zorro", de Félix María Samaniego.



Un gallo muy maduro,
de edad provecta, duros espolones,
pacífico y seguro,
sobre un árbol oía las razones
de un zorro muy cortés y muy atento,
más elocuente cuanto más hambriento.

«Hermano», le decía,
«ya cesó entre nosotros una guerra
que cruel repartía
sangre y plumas al viento y a la tierra.
Baja; daré, para perpetuo sello,
mis amorosos brazos a tu cuello.»

«Amigo de mi alma»,
responde el gallo, «¡qué placer inmenso
en deliciosa calma
deja esta vez mi espíritu suspenso!
Allá bajo, allá voy tierno y ansioso
a gozar en tu seno mi reposo.

«Pero aguarda un instante,
porque vienen, ligeros como el viento,
y ya están adelante,
dos correos que llegan al momento,
de esta noticia portadores fieles,
y son, según la traza, dos lebreles.»


«Adiós, adiós, amigo,
dijo el zorro, «que estoy muy ocupado;
luego hablaré contigo
para finalizar este tratado.»
El gallo se quedó lleno de gloria,
cantando en esta letra su victoria:

Siempre trabaja en su daño
el astuto engañador;
a un engaño hay otro engaño,
a un pícaro otro mayor.

Ya puede presumir de Presidente el inepto de Pedro Sánchez pero los que mandan son sus socios de gobierno, que dirigen la reforma del Código Penal para "desjudicializar" la política.

El Tribunal Supremo decidió premiar la desobediencia de Quim Torra con su inhabilitación y favorecer a Pere Aragonés como Presidente en funciones desde 2020 y candidato electo de ERC a la Presidencia de la Generalitat.

El Supremo confirmaba el acuerdo de la Junta Electoral Central que retiró la credencial de diputado autonómico a Torra tras su condena por desobediencia, de lo que se le acusa en otra causa por no retirar de la fachada del Palau de la Generalitat en septiembre de 2019 una pancarta de apoyo a los condenados por el ‘procés’ y con el símbolo del lazo amarillo.

En contra de lo que alegó el gobierno catalán, el tribunal sostiene que Torra podía usar su derecho a la libertad de expresión «en todos los foros y formatos a su alcance», pero lo distingue de este caso, señalando que la fachada del Palau de la Generalitat es un bien público del que como presidente hizo un uso partidista.

La sentencia incluye el voto particular de uno de los magistrados, Eduardo Paricio Rallo, que manifiesta que cuando se presentó el recurso no había ningún proceso electoral en marcha. Este juez considera que colgar la pancarta «sí forma parte del contenido esencial el derecho a expresar el posicionamiento propio del representante político y el de sus representados, y a hacerlo desde el cargo público» que ostente. «Otra solución supondría relegar el ejercicio del cargo a una posición institucional neutra, políticamente aséptica, circunscrita a representar a la institución», señala el magistrado, que defiende que los cargos públicos puedan expresar la ideología por la que han sido elegidos.

Por eso, mantiene que «no se le puede impedir que el cargo público exprese sus creencias o anhelos, o su posición sobre aspectos que entienda trascendentes; expresión que no puede quedar limitada a su esfera privada, desvinculada del cargo público institucional que ocupa».

Los indultados Turull y Rull tienen el mismo abogado y ante el Supremo coincidieron en que: "No se utilizó ningún euro público para el referéndum. Ningún departamento del Govern se gastó un solo euro para su celebración", dijo el segundo.

Sin embargo el Tribunal de Cuentas embargará bienes de los exaltos cargos de la Generalitat a los que investiga por haber usado, supuestamente, fondos públicos para promocionar el procés en el extranjero si no pagan la fianza que les ha impuesto de 5,4 millones de euros en esta causa. Los embargos se ejecutarán pese a que la cantidad presuntamente desviada todavía no ha sido fijada definitivamente y tendrá que ser objeto de juicio.

El Tribunal de Cuentas reclama al expresident Artur Mas y a Andreu Mas-Colell, exconseller de Economía y Hacienda, unos 2,8 millones, y a Carles Puigdemont y a Oriol Junqueras, cerca de 1,9 millones. Las cantidades, que se dividen en bloques, afectan también a otros dos de los condenados por el 'procés' indultados: Jordi Turull y Raül Romeva. En el listado también figuran 'exconsellers' del peso de Francesc Homs o Neus Munté y toda una ristra de cargos intermedios como la interventora Rosa Vidal o los secretarios generales Amadeu Altafaj o Albert Carreras.

El proceso podría durar todavía años. Y es que se tendrá que celebrar un juicio ante el Tribunal de Cuentas. La sentencia podría acabar ante los tribunales ordinarios, que podrían revocarla.

En un comunicado, el organismo subraya que "los Consejeros y Consejeras de Cuentas de la Institución son elegidos por mayorías cualificadas de tres quintos de los plenos del Congreso de los Diputados y del Senado, y son independientes e inamovibles conforme a la Constitución". 

También sostiene que "el personal está integrado por profesionales altamente cualificados que han accedido al Tribunal por los procedimientos de ingreso en la función pública previstos en las leyes", y subraya que "El Tribunal de Cuentas aclara que es un órgano constitucional (artículo 136 de la Constitución Española) que goza de plena independencia en el ejercicio de sus funciones, sometido tan solo al ordenamiento jurídico".

"El Tribunal de Cuentas ejerce una función jurisdiccional dirigida a enjuiciar responsabilidades contables para obtener la restitución de los fondos públicos ante usos indebidos de los mismos", agrega el comunicado.

Pero la decisión de la Sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas de admitir los avales de la Generalitat a favor de los cabecillas separatistas, para evitar que estos respondan con su patrimonio personal por el desvío de fondos públicos del ente autonómico a las embajadas catalanas- Diplocat- ha abierto una segunda derivada, más allá de la polémica inicial. El dinero malversado no se podrá recuperar porque aunque la Generalitat haya asumido las garantías del pago de las futuras y eventuales multas a 28 de los 34 altos cargos investigados por el órgano fiscalizador, en realidad, no está obligada a atenderlas.

Es decir, gracias al Tribunal de Cuentas, la Generalitat ha garantizado, con su respaldo presupuestario, una deuda de los cabecillas del 'procés' frente a sí mismo, y por añadidura frente al Estado español. Si el deudor principal -los políticos condenados por malversación ante el Supremo- no pagan su responsabilidad civil derivada del delito, queda obligado a hacerlo el avalista, que en este caso es la misma Generalitat. De tal manera que el ente autonómico, se convierte, simultáneamente, en deudor y acreedor, con lo que la deuda quedará extinguida de facto. Al quedar extinguida, el avalista -la Generalitat- ya no puede repetir contra el deudor, ni el acreedor principal -la misma Generalitat- porque «una deuda extinguida no se puede reclamar». 

Además, se da la circunstancia de que, aún entendiendo que con los avales prestados por la Generalitat a favor de los líderes separatistas catalanes, sólo puedan cubrirse las cauciones provisionales, para frenar los embargos, y no las cantidades definitivas que se fijen, en un futuro, en el acta de liquidación final, como resultado del procedimiento que el Tribunal de Cuentas sigue contra ellos, ante una eventual condena en firme, se abre un segundo obstáculo para que la propia entidad autonómica –y por añadidura el Estado español, ya que ésta forma parte del mismo– pueda recuperar las cantidades sustraídas: que los causantes, responsables contables, del dinero público malversado, se declaren insolventes.


Ahora le toca el turno al President del Parlament, Roger Torrent, y otros tres miembros de la mesa de la cámara que deberán responder por desobediencia al Tribunal Constitucional por haber permitido la tramitación de dos resoluciones en las que se reivindicaba el derecho de autodeterminación de Cataluña y se reprobaba al Rey. Se trata de los exvicepresidentes de la cámara catalana Lluís María Corominas, Lluís Guinó y las exsecretarias primera y cuarta de la Mesa, Anna Simón y Ramona Barrufet.

El Alto Tribunal considera que estas resoluciones de la cámara catalana atentaban contra la sentencia del 2 de diciembre de 2015 que anulaba y dejaba sin efecto la declaración del 9 de noviembre anterior en la que la mayoría independentista del hemiciclo se conjuró para desobedecer las leyes y a las instituciones españolas, al desoír los mandatos del Tribunal Constitucional.

Tres años después del referéndum ilegal en Cataluña y de la posterior declaración de independencia del 27 de octubre, el TSJC condenó a 4 de los miembros que formaban parte de la Mesa del Parlamento en 2017 a 20 meses de inhabilitación especial para cargo público por un delito de desobediencia grave al no atender a los requerimientos del Tribunal Constitucional y paralizar la tramitación y posterior votación de las llamadas leyes de desconexión en las que se amparaba el 1-O. La Mesa del Parlamento en 2017 estaba presidida por la también condenada por el Tribunal Supremo, Carme Forcadell.

"L'actitud hostil d'Espanya ens ajudarà a tenir estat propi", dijo ya la provocadora Forcadell, indultada por su condena por sedición. La expresidenta del Parlament "alentó, organizó y protagonizó actuaciones multitudinarias que entorpecieron la labor judicial y que generaron importantes enfrentamientos entre los ciudadanos y los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado", según el Tribunal Supremo.

Su sucesor Roger Torrent escribe en las redes sociales que estamos ante "un nuevo ataque al parlamentarismo y a la libertad de expresión. Debatir, hablar y discutir libremente cualquier tema en sede parlamentaria no es un delito, es un derecho".

La comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo respalda la petición del Tribunal Supremo para levantar la inmunidad parlamentaria al expresident de Cataluña Carles Puigdemont y los otros dos eurodiputados y exconsellers de Junts per Catalunya, Toni Comín y Clara Ponsatí, que se fugaron con Puigdemont a Bélgica para evitar el juicio del 'procés'.

El informe aboga por retirarles la inmunidad ya que los hechos por los que Puigdemont, Comín y Ponsatí son procesados ocurrieron antes de que se convirtieran en eurodiputados y, por lo tanto, que no están vinculados a su ejercicio como miembros del Parlamento Europeo. Estos suplicatorios tienen origen en una decisión que tuvo lugar tres días después de que el expresidente de la Generalitat y el exconseller acudieran a la Eurocámara como eurodiputados.

Cuando el Parlamento Europeo retiraba la inmunidad a Carles Puigdemont y los ‘exconsellers’ Toni Comín y Clara Ponsatí, la ministra de Exteriores lo acogió con la frase “los problemas de Cataluña se resuelven en España, no en Europa”.

Unidas Podemos ha votado en contra en Estrasburgo en este asunto junto al Frente Nacional de Marine Le Pen, dato curioso porque los socialistas han juntado sus votos con el PP y Vox para retirar la inmunidad de Puigdemont.


Esquerra Republicana de Catalunya ha tenido que esperar 82 años para volver a tener un presidente de la Generalitat. Un largo período que incluye en el otro extremo del tablero, con un papel irrelevante aritméticamente, Vox, Ciutadans y el PP. No hubo referencias a Carles Puigdemont ni al Consell per la República, ni amenazas de ruptura ni de desbordar la legalidad, si bien Aragonès se propone "culminar" el camino hacia la independencia.

Pere Aragonès García es un político de Esquerra Republicana, partido al que se afilió a los 18 años, actual presidente en funciones de la Generalitat y anterior vicepresidente del Govern y diputado del Parlamento de Cataluña.

Su abuelo paterno, empresario hotelero y textil, amasó una gran fortuna durante la dictadura franquista, como con el «Taurus Park» de 1963, el hotel más grande de España en aquella época. Fue alcalde de Pineda de Mar por Alianza Popular, y uno de sus fundadores.

El padre de Aragonès y los tíos del político poseían una compañía radicada en las Antillas Holandesas y dedicada a la gestión de los hoteles que la familia posee en Cataluña. La entidad se llama Phedra Hotels Holding SL y fue inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona en junio de 2013 gracias a la amnistía fiscal del popular Mariano Rajoy.

La familia del aspirante a presidente de la Generalitat cuenta con una red hotelera compuesta por los siguientes establecimientos: el Bahía de Tossa y el Mar Menuda, en la Costa Brava; el Taurus Aquapark Resort, en la costa de Barcelona; más el Port Salou, el Donaire Beach, el Costa Salou y el Avenida Family Suites, en la Costa Dorada. En el años 2019 el grupo ingresó 36 millones y declaró un beneficio de 3,6 millones. Sus recursos propios se cifraron en 46 millones.

Pere Aragonès concede a Junts la coalición de Govern a cambio de liderar el 'procés' y un pacto por el que se reparten al 50% el Ejecutivo, relegan el Consell per la República y compartirán la gestión de los fondos tras 91 días de negociación que se podría resumir en: liderazgo por partidas presupuestarias.

Aragonès cede Economía, Exterior y Justicia a Junts en el nuevo Govern, pero ante votaciones de peso como la de los Presupuestos del Estado, cada partido seguirá teniendo libertad para decidir, y las estrategias de republicanos y las derechas catalanistas son diametralmente opuestas en Madrid.




El programa de gobierno, en un contexto de pandemia y crisis socioeconómica. Junts asume el preacuerdo de Esquerra con la CUP, que tiene un evidente tono de izquierdas. Junts se ha reunido con la CUP para limar diferencias, que son notables en asuntos como el estudio de una renta garantizada, la priorización del sector público o las políticas de seguridad o vivienda, entre otras. La CUP advierte que sus votos son necesarios para sostener la legislatura y teme que sus compromisos, pactados con Esquerra, pero no con Junts, que se queda con conselleries como Salut, Territori y Economia, y choquen con su plan de blindaje a los servicios públicos.

La CUP avisa de que retirará el apoyo si no se aprecian cambios inmediatos en vivienda y Mossos. En su doble intervención, Dolors Sabater y Carles Riera, de la CUP, lanzaron mensajes de advertencia respecto al acuerdo con ERC, que calificaron de "mínimos". "Si durante las próximas semanas no se detiene la represión contra el movimiento de defensa de la vivienda y no se retira a los antidisturbios en los desahucios, la CUP no podrá sostener esta mayoría parlamentaria", avisó Sabater. En su respuesta, Aragonès fue extremadamente conciliador con el discurso y el eje ideológico de la CUP, afirmando que aunque tengan, respecto a ERC, lenguajes diferentes, hablan ambos de "transformar el sistema económico que ha generado desigualdades".

El diputado de la CUP, Carles Riera, refuerza la crítica de su partido contra los Mossos d'Esquadra apuntando en una entrevista en TVE a su posible provocación de los actos vandálicos por las protestas contra el encarcelamiento de Pablo Hasél y también de los robos en comercios. De hecho, Riera reprocha que "en el origen, en el inicio de la violencia siempre hay una actuación policial en todos los casos". Y piden un cambio de acción de estos cuerpos: "Hacen falta medidas de distensión como eliminar el uso de proyectiles. Eliminamos las pelotas de goma, tendremos que eliminar las de foam".

Además, también hace un llamamiento a "diferenciar un cuerpo de policía y uno militarizado" y señala, especialmente, a la Brimo, que "se tiene que desmilitarizar como buena policía democrática". 

Riera destaca la mayoría independentista del voto y "hacia las políticas de izquierda para hacer frente a la crisis" para configurar un nuevo Govern y un Parlament. En este sentido, reitera que eso no es nuevo: "Llevamos casi cuatro años ofreciéndonos y Junts y Esquerra no han querido escucharnos".


De Junts per Catalunya señala que "Dentro hay altos cargos, como el señor Tremosa o Damià Calvet, que son representantes de las políticas neoliberales más extremas". Haciendo balance inmediato califica de "legislatura fracasada" la vigente, pero "Cuando la CUP es fuerte, las cosas cambian, y ahora tendremos ocasión de verlo".

Ramon Tremosa i Balcells es un político y economista de ideología nacionalista catalana, exdiputado del Parlamento Europeo. Actualmente es consejero de Empresa y Conocimiento de la Generalitat de Cataluña y diputado del Parlament. Militó en las juventudes de CDC y posteriormente en el propio partido, que abandonó en desacuerdo con los acuerdos que habían alcanzado CiU y el Partido Popular. Trabajó en la Secretaría General en la Consejería de Bienestar Social en el periodo de gobierno de Jordi Pujol.

Tremosa es profesor titular de Teoría Económica de la Universidad de Barcelona, especialista en financiación autonómica y defensor de la aplicación de un modelo similar al concierto económico vasco para Cataluña.

Partidario del independentismo, se mostró públicamente contrario al nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña  de 2006, adhiriéndose al manifiesto "Economistas por el no", al considerar que "no quedaba suficientemente garantizada la mejora en la financiación y la mejora de la inversión del Estado en infraestructuras".

Pero muchos en su partido creen que está en sus manos una Seguridad Social propia y mejor, con subida de las pensiones y todo. Al pueblo español, producto de la historia y la emigración interior y exterior, no se le ocurre que más fronteras y más burocracia le vaya a dar más libertad. Justo como los republicanos irlandeses que no quieren la partición de la isla al resurgir problemas fronterizos relacionados con el Brexit.


El Parlament se constituyó con la elección de la Mesa, con Laura Borràs como presidenta de la Cámara catalana, que ha admitido que su gran objetivo era presidir el Govern, ha señalado su "pleno compromiso" para que "la soberanía de este Parlament sea respetada y defendida ante cualquier injerencia". Y en esta línea, Borràs ha asegurado que su objetivo al frente del órgano rector de la Cámara catalana será "seguir el trabajo de la expresidenta Carme Forcadell donde lo dejó". "Ningún tribunal ni ninguna prisión nos harán renunciar a nuestras ideas", ha completado, sin mención alguna a su predecesor, el republicano Roger Torrent, contra quien la pasada legislatura JxCat fue muy crítica. 

En 2018, la justicia inicia una investigación sobre Borràs, diputada y Consellera, en la que los Mossos d’Esquadra no detectaron indicios de delito ni de irregularidad alguna. La jueza encargó una nueva investigación a la Guardia Civil que concluyó haber hallado indicios de “prevaricación, fraude a la administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental”.

Cuando Laura Borràs fue elegida diputada al Congreso, la jueza López traspasó el caso al Tribunal Supremo que decidió pedir el suplicatorio al Congreso, que fue concedido.

Presuntamente Borràs habría adjudicado contratos ilícitos desde su posición de directora de la Institución de las Letras Catalanas, por lo que el Tribunal Supremo decidió imputarla por presuntos delitos de prevaricación, fraude a la administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental.​ En su informe de abril de 2020, la Sindicatura de Cuentas de Catalunya ha concluido "que se incumplió el artículo 86.2 del TRLCSP y el artículo 118 de la LCSP y que, en consecuencia, hubo un fraccionamiento de la contratación"​.

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha destacado que romperá con ERC porque no se están cumpliendo los acuerdos del gobierno de coalición. Seguramente la reforma negociada del delito de malversación calmará las cosas y borrará sus antecedentes y los de Jonqueras y otros.


La sedición o rebelión puede considerarse ya inminente si no se quiere romper el bloque nacionalista catalán.

La candidata de Junts en las elecciones del 14-F, cuya imputación se ha mencionado en campaña por ERC y la CUP, sostiene que "La intransigencia del Estado no puede frenar el anhelo de libertad del pueblo de Catalunya. Si esta vía es intransitable, hay que seguir avanzando. Ante la intransigencia del Estado y con una mayoría sostenida en el tiempo, la unilateralidad es una opción legítima."

“El modelo Quebec-Canadá demuestra que otra alternativa es posible para un referéndum legal y pactado”, defiende Urkullu, que habla a las claras de que el ‘procés’ estaba claramente situado al margen de la legalidad, y añade que "Un referéndum hecho sin las suficientes garantías no puede ser la base legal y legítima para avanzar hacia la independencia, aunque sea la prohibición del Gobierno de España el motivo de la ausencia de garantías (Me parezca bien o mal la prohibición, ese referéndum no se puede tomar en serio como base legal y legítima para llevar a cabo la independencia)”.


Pese a estas consideraciones de todo punto lógicas del centroderecha nacionalista vasco, Junts pretende seguir adornarse de un discurso radical patriótico sin ideología clara, porque personas con formas de pensar muy distintas se agrupen en unas siglas sin nada más en común que el liderazgo de Puigdemont. En ese contexto, el partido le plantea a la militancia que pueden escoger entre cuatro opciones: liberal, socialdemócrata, izquierda o ninguna. Pese al disgusto de algunos grupos de militantes, la respuesta no es obligatoria y nadie está forzado a expresar cuál es su área ideológica de mayor afinidad.

La tradición política de Puigdemont entronca con el populismo de Pujol, aunque el profesor de la facultad de Economía y Comunicación de la UVIC, Josep Burgaya explicó que Puigdemont se puede comparar también con Donald Trump, Viktor Orbán o  Silvio Berlusconi. “JxCat forma parte de esos fenómenos sociales, políticos y económicos que vienen de antes de la crisis, que cuestionan la democracia liberal. En algunos sitios como en Francia toman una línea de extrema derecha y en otros sitios se materializa con el Brexit. Representa a sectores a los que les cuesta aceptar dialécticas de las sociedades democráticas“, apostilló Burgaya.

Del Diccionario del Diablo, de Ambrose Bierce, extraigo la definición de "Indultar, v. t. Remitir una pena y devolver al acusado a una vida criminal. Agregar a la fascinación del crimen la tentación de la ingratitud."

Los indultos han sido recibidos con renovadas exigencias y amenazas de rebelión. Por todo eso el nuevo Govern exige cosas ilegales, como una amnistía general, el retorno de Puigdemont y los fugados sin juicio, y un referéndum de autodeterminación sólo para Cataluña, que irá seguido de nuevos conflictos de la misma índole en Valencia y Baleares. No saben o no quieren pactar, para mantener el cuento "sine die" mientras el Estado privilegia con cada vez mayores fondos a Cataluña.

El artículo 155 de la Constitución dejó de aplicarse sin que haya surtido efecto para que cumplan la Ley los que rechazan la Constitución excepto en la expresión nacionalidades históricas. La desobediencia institucionalizada tiene su respuesta en el artículo 116 de la Constitución, desarrollado por Ley Orgánica 4/1981, que regula los estados de alarma, excepción y sitio.

El Artículo 31 permite que: "Cuando la declaración del estado de excepción afecte exclusivamente a todo o parte del ámbito territorial de una Comunidad Autónoma, la Autoridad gubernativa podrá coordinar el ejercicio de sus competencias con el Gobierno de dicha Comunidad." Este artículo no está previsto para sofocar una insurrección generalizada, ya que a lo que nos enfrentamos es a un gobierno autonómico plantado contra los que quieren coordinarles. La sublevación de los parlamentarios y alcaldes ya es una realidad. Está por ver qué otras sorpresas nos dan el resto de Administraciones catalanas.

Si las circunstancias llegan a exigirlo, procede la declaración del estado de sitio para tener una administración militarizada. El estado de sitio (antes llamado estado de guerra) no está sujeto al plazo de un mes, aunque tampoco es una situación permanente, y procede "1. Cuando se produzca o amenace producirse una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional, que no pueda resolverse por otros medios, el Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 116 de la Constitución, podrá proponer al Congreso de los Diputados la declaración de estado de sitio."

Dicha declaración determinará el ámbito territorial, duración y condiciones del estado de sitio, las cuales podrán ser las previstas para los estados de alarma y excepción.

En virtud de la declaración del estado de sitio, el Gobierno, que dirige la política militar y de la defensa, designará la Autoridad militar que, bajo su dirección, haya de ejecutar las medidas que procedan en el territorio a que el estado de sitio se refiera. El Congreso de los Diputados podrá determinar los delitos sometidos a la Jurisdicción Militar.

Así, el Ministro de Defensa no sería quien tomara directamente el mando de la situación, sino que lo harían quienes designase el Gobierno, probablemente de acuerdo con el Jefe del Estado.

La Autoridad militar procederá a publicar y difundir las condiciones de la declaración del estado de sitio. Las Autoridades civiles continuarán en el ejercicio de las facultades que no hayan sido conferidas a la Autoridad militar, a la que deberán dar las informaciones que ésta le solicite y cuantas noticias referentes al orden público lleguen a su conocimiento.

El Título preliminar de la Constitución española de 1978, en su artículo 8, deja claro cómo están las cosas: "Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional."



Con la autorización del Congreso, la "Autoridad gubernativa" podrá detener a cualquier persona si lo considera necesario para la conservación del orden, disponer inspecciones y registros domiciliarios, intervenir toda clase de comunicaciones, intervenir y controlar toda clase de transportes, y su carga, prohibir la circulación de personas y vehículos en las horas y lugares que se determine, y exigir a quienes se desplacen de un lugar a otro que acrediten su identidad, señalándoles el itinerario a seguir.

Siempre y cuando la autorización del Congreso lo permita, la Autoridad gubernativa podrá suspender todo tipo de publicaciones, emisiones de radio y televisión, proyecciones cinematográficas y representaciones teatrales, someter a autorización previa o prohibir la celebración de reuniones y manifestaciones, así como prohibir las huelgas y la adopción de medidas de conflicto colectivo.

Los extranjeros que se encuentren en España vendrán obligados a realizar las comparecencias que se acuerden, a cumplir las normas que se dicten sobre renovación o control de permisos de residencia y cédulas de inscripción consular y a observar las demás formalidades que se establezcan.

La Autoridad gubernativa podrá proceder a la incautación de toda clase de armas, municiones o sustancias explosivas, vigilar y proteger edificaciones, instalaciones, obras, servicios públicos e industrias o explotaciones, pudiendo emplazar puestos armados en los lugares más apropiados para asegurar la vigilancia.

El Artículo 29 previene que: "Si algún funcionario o personal al servicio de una Administración pública o entidad o instituto de carácter público u oficial favoreciese con su conducta la actuación de los elementos perturbadores del orden, la Autoridad gubernativa podrá suspenderlo en el ejercicio de su cargo, pasando el tanto de culpa al Juez competente y notificándolo al superior jerárquico a los efectos del oportuno expediente disciplinario." Durante la etapa de Rajoy, su gobierno utilizó esta prerrogativa amparándose en el artículo 155, que no autoriza a suspender del cargo a funcionario alguno.

En esta situación supuestamente el Gobierno y las Cortes cederían el control a las Fuerzas Armadas, que acturían contra cualquier desobediencia. El militar que no lo hiciese incurriría en delitos contra los deberes del servicio.

El Código Penal Militar, aprobado por Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, dedica el primero de sus capítulos al delito militar de cobardía (arts. 107 a 114). En este capítulo, la violación del deber militar de valor militar, según las reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas de 1978 (arts. 1, 27, 31, 122, 128 y 135) y las particulares de cada ejército, se concreta en castigo con las máximas sanciones de conductas tan graves como el abandono de puesto frente al enemigo, el abandono o incumplimiento de misión por cobardía, los actos demostrativos de cobardía susceptibles de infundir el pánico en la propia fuerza y la simulación o engaño para excusarse del combate.

Siguiendo la tradición del Derecho Militar español se tipifican las capitulaciones ilegales ante el enemigo como delito de cobardía y, finalmente, se establece el nuevo delito en que incurre el militar que, por temor a un riego personal, viole algún deber militar cuya naturaleza exija afrontar el peligro y superar el miedo. Las graves sanciones previstas para los delitos de cobardía pueden alcanzar la máxima pena privativa de libertad en los supuestos de abandono de puesto frente al enemigo (art.107), actos demostrativos de cobardía susceptibles de infundir el pánico o producir grave desorden entre la propia fuerza (art. 109) o capitulaciones por cobardía (art. 111). En todos los delitos de este capítulo se podrá imponer, además, la pena de pérdida de empleo. Pero en estado de guerra también puede decretarse la pena de muerte.


viernes, 28 de octubre de 2022

"A UN USURERO", de Manuel del Palacio y Simó.




No me escribas ya más, porque es en vano; 
Ni soy cual dices tu apreciable amigo 
Ni tengo nada de común contigo. 
Bárbaro azote del linaje humano. 

Yo podré ser gentil, mas no pagano, 
Y pongo al Padre eterno por testigo 
De que prefiero el cobre del mendigo 
Al oro recibido de tu mano. 

Si alguna vez mis yerros juveniles 
Me llevaron á tí con harta pena 
Desconociendo tus instintos viles: 

Hoy, si el destino á verte me condena, 
Iré, pero escoltado por civiles 
Como quien va á cruzar Sierra-Morena.




El exvicepresidente y director del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, condenado a cuatro años de cárcel por el caso de las llamadas tarjetas black de Caja Madrid, está en libertad de forma regular antes de haber cumplido la mitad de su condena. Rato había accedido al tercer grado tras su absolución en el caso Bankia, en el que ninguno de los acusados resultó condenado. El Supremo confirma la absolución.

El Juzgado de Instrucción Número 31 de Madrid instruyó el presunto origen ilícito del patrimonio del ex ministro de Economía Rodrigo Rato, al que atribuye presuntos delitos de corrupción en los negocios, blanqueo de capitales y fiscales. El titular del Juzgado embargó bienes a Rodrigo Rato por no abonar la fianza de 65,1 millones fijada en el auto de procesamiento en el que se le envía al banquillo por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios, en el marco de la causa sobre el presunto origen ilícito de su patrimonio.

El juez ya había fijado un embargo de bienes a Rato en 2015 a raíz de una denuncia que presentó la Agencia Estatal de Administración Tributaria. En aquel momento la suma embargada llegó a los 18 millones de euros e incluía hasta la pensión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que percibe en su calidad de ex director de la institución.

El Ministerio Público ha acusado a Rato de once delitos contra la Hacienda Pública, pidiendo penas de entre cuatro y seis años de cárcel por cada uno; uno de blanqueo de capitales, por el que reclama seis años; de corrupción en los negocios, con otros cuatro años; otro de insolvencia punible, por el que pide cuatro años; y de un delito de falsedad documental, con tres años. Por los dos últimos delitos no será finalmente juzgado, según apunta el juez en su auto de apertura de juicio, por lo que Anticorrupción deberá ajustar su petición al final de la vista oral. La Fiscalía Anticorrupción pide inicialmente 70 años de cárcel para el ex ministro de Economía por defraudar más de 8,5 millones de euros.



Panama Papers​ es la expresión dada por los medios de comunicación a una filtración informativa de documentos confidenciales de la desaparecida firma de abogados panameña Mossack Fonseca, servicios consistentes en fundar y establecer compañías inscritas en un paraíso fiscal de tal modo que «oculten la identidad de los propietarios».

Los primeros resultados de la investigación periodística fueron presentados simultáneamente el 3 de abril de 2016 por 109 medios de comunicación (periódicos, canales de televisión y plataformas digitales) en 76 países.

La persona que realizó la filtración no pidió nada a cambio, salvo que se tomaran ciertas medidas para garantizar su anonimato y seguridad, como por ejemplo, que no existieran encuentros personales ni ningún mensaje abierto, sino que la comunicación se realizaría de manera encriptada.

Consultada la fuente sobre su motivación, habría respondido que su único interés es «hacer públicos estos delitos» y que entregaría el volumen completo (2,6 terabytes); la selección de lo que se publicaría quedaba en manos de los periodistas.

Mossack Fonseca fue descrita por The Economist como un «hermético líder en la industria de las finanzas offshore».​ Los principales servicios de la firma incluían la fundación de sociedades offshore y su administración a cambio de una cuota anual, así como la prestación de servicios de gestión patrimonial. La compañía fue la cuarta mayor proveedora de servicios de este tipo en el mundo y ha actuado en nombre de más de 300 mil empresas, la mayoría en paraísos fiscales bajo administración británica como las Islas Caimán o la Isla de Man. En conjunto, las Islas Vírgenes Británicas han dado registro a cerca de 100 000 de estas empresas, siendo el destino favorito de los negocios offshore. El segundo lugar lo ocupa el propio Panamá, seguido de Bahamas y las Seychelles, estas dos últimas casi con igual número de registros de empresas fantasma.

No toda empresa fantasma es ilegal. Puede utilizarse en forma perfectamente legal en, por ejemplo, una situación en la que alguien quiera comprarse una gran casa de veraneo en una isla X y desea mantener la transacción en secreto, por privacidad; puede, en principio, hacer esa adquisición no a su nombre, sino al de su «empresa fantasma» y —mientras declare impuestos en el país donde principalmente reside y cumpla con las disposiciones legales de la isla X— no hay ningún problema. El caso inverso, la evasión de impuestos, o cualquier otro sorteo de la ley tributaria, obviamente es un delito.

Para muchos asociados a las empresas fantasma, el secreto sirve a otros fines completamente diferentes, que incluyen el encubrimiento de acciones delictuales y la protección de criminales. Según muestra el análisis, se han utilizado sistemas de empresas offshore también para el financiamiento de grupos terroristas, o han permitido, por ejemplo, al régimen sirio sortear las sanciones internacionales y continuar su guerra interna. Con motivaciones que no son de tipo privado, miembros del gobierno chino también han fundado gran cantidad de empresas a través de los abogados de Panamá, ocultando allí sumas millonarias. El problema de los negocios offshore, el impacto social y político con todas sus implicaciones, requeriría de medidas coordinadas de la comunidad internacional.

De acuerdo con el análisis del ICIJ, más de 500 bancos y sus filiales han registrado «empresas fantasma» a través de Mossack Fonseca. Solo el banco británico HSBC y las empresas asociadas a él han registrado 2300.

El gobierno Panameño rechazó de manera categórica, que el país sea considerado como un paraíso fiscal y sentenció que no permitiría que sea utilizado como un «chivo expiatorio», reaccionando así a las filtraciones y la posterior reinscripción por parte de Francia en la lista de paraísos fiscales y criticando las duras acusaciones de la OCDE.

El presidente Juan Carlos Varela señaló en una Cadena nacional el 6 de abril sobre el escándalo y tras una reunión con el cuerpo diplomático acreditado en el istmo recalcó que «Panamá se encuentra comprometido con la transparencia, la rendición de cuentas y la democracia». Varela expresó que este escándalo por la filtración de los documentos de la firma panameña de abogados Mossack Fonseca empaña la imagen del país.

En una maratónica acción judicial, la Fiscalía Segunda Contra el Crimen Organizado del Ministerio Público de Panamá en conjunto con unidades especiales de inteligencia y de investigación judicial de la Policía Nacional de Panamá, realizó un allanamiento en la firma de abogados Mossack Fonseca ubicada en Calle 50, en Ciudad de Panamá. La diligencia, que se prolongó por muchas horas continuas, forma parte de la investigación de oficio que realiza la instancia por el escándalo internacional sobre sociedades anónimas. Esta acción fue criticada por a su retraso, puesto que ya se habían hecho allanamientos en El Salvador, Perú y Ecuador.

La repercusión más significativa del escándalo de los papeles de Panamá en España fue la dimisión de José Manuel Soria ministro de Industria, Energía y Turismo en funciones, Diputado en Las Cortes Generales por Las Palmas y Presidente del Partido Popular de Canarias, que mantuvo, junto con otros miembros de su familia, una red de sociedades en paraísos fiscales.​ En septiembre de 2016, el ex-ministro Soria fue propuesto por el Ministerio de Economía español para un puesto en el Banco Mundial pero, ante el malestar que causó la noticia en la opinión pública, Soria retiró en el último momento su candidatura.

También figuraban como propietarios de sociedades en paraísos fiscales los bisnietos de Francisco Franco, Juan José y Francisco Franco Suelves, la Casa Real, estrellas del cine y la televisión, grandes banqueros y empresarios y políticos a nivel autonómico y estatal, entre los que se encontraban Rodrigo Rato, Carles Vilarrubí, Bertín Osborne, Josep Lluis Nuñez y la Infanta Pilar de Borbón.

Micaela Domecq Solís-Beaumont, esposa del Comisario europeo Miguel Arias Cañete, figuraba en los papeles como apoderada de una empresa. Arias Cañete afirmó que la empresa estaba inactiva desde mucho tiempo antes de que él asumiese el cargo de comisario.

Siendo su marido ministro, se acogió a la amnistía fiscal aprobada por el gobierno de Aznar para regularizar la actividad de una empresa offshore registrada en un paraíso fiscal a través del despacho Mossack Fonseca.​ Arias Cañete había participado en la reunión del Consejo de Ministros que aprobó dicha amnistía fiscal a pesar de la obligación de inhibirse por tener intereses familiares.

Miguel Arias Cañete es un Abogado del Estado y político español miembro del Partido Popular​ que fue hasta 2019 Comisario europeo de Acción por el Clima y Energía. Fue nombrado ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del gobierno de España desde el 22 de diciembre de 2011. El 9 de abril de 2014 fue seleccionado por su partido para encabezar la lista electoral al Parlamento europeo y cesó de su cargo como ministro el 28 de abril de ese mismo año.



Xavier García Albiol (Badalona, 8 de diciembre de 1967) es un político español perteneciente al Partido Popular, alcalde de Badalona y presidente del Partido Popular de Badalona desde 1990 y también ha sido diputado​ del Parlamento de Cataluña.

Xavier García Albiol, no estuvo solo en la sociedad del paraíso fiscal de Belice Luverne International Inc que tramitó a través de un despacho de Andorra. El regidor se vinculó a esta compañía instrumental junto a su número dos en el partido, Ramón Riera,  concejal de Sanidad de Badalona. Los dos dirigentes recibieron en abril de 2005 un poder general y abierto de la mercantil belicense que, entre otras cosas, otorgaba la capacidad de recurrir a la sociedad para comprar propiedades, abrir cuentas en el extranjero o gestionar fondos “en bóvedas de bancos”. En ese momento, Albiol era concejal del Ayuntamiento y secretario de política municipal del PP y Riera, portavoz de la formación en el Consejo Comarcal del Barcelonés.

García Albiol y Riera recibieron el poder de Luverne International Inc el 7 de abril de 2005, cuando el primero era secretario de política municipal de la formación conservadora en Cataluña y el segundo, portavoz del PP en el organismo público Consejo Comarcal del Barcelonès. Ninguno comunicó su conexión con la mercantil en sus declaraciones de bienes en instituciones públicas como el Ayuntamiento de Badalona o la Diputación de Barcelona.

El poder confirió a estos populares la capacidad para usar “conjuntamente” la empresa para comprar y vender propiedades, bonos, empresas y valores, además de abrir y cerrar cuentas en bancos nacionales y extranjeros. También les habilitó para constituir y disolver empresas, optar a licitaciones públicas o privadas, permutar bienes, acciones y valores e, incluso, la potestad para gestionar depósitos y cajas de seguridad en “bóvedas de bancos”. El texto legal incluía los DNI, nombres y apellidos de estos dirigentes que desembarcaron en las filas conservadoras hace tres décadas.

García Albiol y Riera tramitaron Luverne International Inc a través de Afsi, una minúscula agencia de Andorra creada en 1997 por Andbank, segundo banco del país pirenaico por activos, que tuvo en su cartera de clientes al entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, y a miembros de la red de blanqueo de Gao Ping y de la trama brasileña de sobornos Lava Jato.

El concejal de Sanidad de Badalona admite que el poder con la firma de Belice se concibió para desarrollar “temas inmobiliarios y de construcción”. Y resume así su conexión con Luverne International Inc. “Fue un error, una equivocación”. El edil asegura no tener dinero fuera de España.

Como en el caso de García Albiol, el patrimonio oficial de Riera, que encadena tres décadas de cargos públicos, no arroja grandes cifras. El concejal de Sanidad de Badalona comunicó en su última declaración de bienes municipal de 2019 ser propietario de dos pisos, dos vehículos (un Audi H5 y un Smart), tener cuentas con 30.000 euros, 122.000 euros en acciones y una embarcación Astinor 38. Un patrimonio inferior al de García Albiol, que detalló en su último registro de bienes municipal, de 2019, controlar tres pisos (uno de ellos al 50%), dos vehículos —un Audi Q5 y un BMW GT650—, cuentas bancarias con 121.000 euros, y 56.000 euros en acciones.

El alcalde de Badalona indicó que la sociedad del paraíso fiscal permaneció inactiva durante su existencia (2005-2015). Sin embargo, el análisis de los documentos revela que Luverne International Inc. se usó también el 20 de abril de 2005, trece días después de asociarse con los populares, para otorgar otro poder a la abogada de Sant Cugat del Vallès Arantza Casaubón Martínez. El objetivo: adquirir 589 acciones de Basenia S. L., una firma de Sant Cugat de reparación y mantenimiento naval, que no tiene propiedades a su nombre y donde Casaubón Martínez figura como administradora única desde marzo de 2006. Luverne International Inc. dio otro poder el 18 de diciembre de 2008 a esta letrada para vender sus participaciones de la citada compañía náutica.

Riera admite que conocía que la firma de Belice otorgó un poder a Basenia SL para comprar acciones. “Sabíamos que habían hecho una compra de acciones, pero nosotros no nos metimos en ese tema”. García Albiol dijo el martes desconocer qué era Basenia SL.

El expresidente del PP enmarcó su relación con Luverne International Inc. en una frustrada aventura empresarial que emprendió en 2005, cuando era concejal en la oposición de Badalona, para explorar negocios en Salvador, Honduras y Guatemala. “Me dieron la opción de entrar como apoderado, pero no ejercí”, explicó el regidor para precisar después que no obtuvo beneficios de esta mercantil belicense. Una firma tramitada desde Andorra, pero gestionada por Alcogal, un bufete panameño especializado en la planificación societaria en paraísos fiscales.

Y es que, a través de esta telarañas mercantiles opacas, complejos mecanismos que extienden sus redes países como Islas Vírgenes Británicas o Belice, se desvía el 10% del PIB comunitario en la UE, según la Comisión Europea, que cifra en 46.000 millones de euros los impuestos que las arcas públicas dejan de ingresar cada año a consecuencia de los laberintos offshore.

El alcalde de Badalona y su mano derecha han desarrollado carreras políticas paralelas. Riera, un maestro industrial de formación, ha compatibilizado sin la exposición de su compañero de filas, cargos públicos —diputado y concejal de Badalona— con puestos en el esquema orgánico conservador. En el PP fue secretario general de Badalona (1991-1993), vicesecretario de Barcelona (1993-1999) y secretario electoral en Cataluña (1999-2004). Una trayectoria no exenta de charcos. En 2016, durante su etapa como portavoz en la Diputación de Barcelona, espetó a la CUP: “En tiempos de Franco, estarían muertos o detenidos”. Fue en un debate sobre una moción de los anticapitalistas.

Xavier García Albiol, tras verse salpicado por una polémica que le conecta con una misteriosa firma del paraíso fiscal de Belice a través de Andorra, indicaba que se asoció a ella para desarrollar proyectos empresariales en Centroamérica que no fraguaron. García Albiol gozó de un poder “conjunto” de esta firma opaca con su número dos, Ramón Riera, concejal de Sanidad de Badalona y portavoz hasta 2019 del PP en la Diputación de Barcelona. 

García Albiol no comunicóesta relación en sus declaraciones oficiales de bienes que entregó al desembarcar en instituciones como la Diputación de Barcelona o la alcaldía de Badalona. 

Inactiva... pero 13 días después de otorgar el poder a García Albiol y a Riera, Luverne International Inc. dio otro aval a la abogada de Sant Cugat del Vallès Arantza Casaubón Martínez para adquirir 589 acciones de la empresa náutica española Basenia S. L.
La conexión de estos dos dirigentes populares con la sociedad opaca del país centroamericano aparece en los Papeles de Pandora, un conjunto de 11,9 millones de documentos filtrados, los cuales el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) ha coordinado con periodistas de investigación de distintos países para analizar y publicar historias que sean de interés público. Se anunció su salida el 2 de octubre de 2021 y se inició la publicación de notas vinculadas a partir del día 3 de octubre. La organización describió la filtración de documentos como su filtración más grande de secretos financieros hasta la fecha. En los Pandora Papers, el ICIJ trabajó con 11,9 millones de documentos (2,94 terabytes), lo que hace que esta sea la mayor filtración de datos de sociedades offshore, superando a los Panama Papers, los cuales fueron una filtración de 11,5 millones de documentos confidenciales (2,6 terabytes).

La información está relacionada con diversas cuentas offshore de personalidades, políticos y personas con gran cantidad de dinero. Algunas de las personas nombradas enfrentan acusaciones de corrupción, lavado de dinero o evasión fiscal.

Según se describe en los primeros medios que expusieron la investigación de «secretos financieros de 35 líderes mundiales, de más de 330 funcionarios públicos de unos 90 países, de empresarios que figuran en los rankings de Forbes, y una larga lista de evasores que operaron en las sombras».​ Según se expresó, no necesariamente es ilegal la tenencia de una empresa offshore, pero sí puede servir de pantalla para diversos delitos, como el lavado de activos o el terrorismo.

Los distintos periodistas que participaron en el análisis de la información, lograron determinar que existen vínculos entra las empresas offshore y líderes políticos, empresarios, personas vinculadas a las finanzas así como también artistas. Se determinó que «35 líderes mundiales escondieron su fortuna en paraísos fiscales».6​ Entre estos se encuentra el rey Abdalá II de Jordania, el primer ministro de la República Checa Andrej Babis, y los presidentes de Chile y Ecuador, Sebastián Piñera y Guillermo Lasso, respectivamente. Entre los famosos vinculados a esta filtración se encuentran Shakira, Pep Guardiola, ​Julio Iglesias, Chayanne,​ Claudia Schiffer, Ringo Starr, Elton John o el escritor Mario Vargas Llosa.



El economista italiano Mario Draghi fue presidente del Banco Central Europeo desde 2011 hasta 2019. Antes fue director ejecutivo del Banco Mundial, y vicepresidente, por Europa, de Goldman Sachs, cuarto banco de inversión del mundo, además de gobernador del Banco de Italia.

Nacido en 1947 en el seno de una acomodada familia romana, su padre era gerente del Banco de Italia, Draghi quedó huérfano de ambos progenitores con tan sólo 15 años. El ex gobernador del BCE, reconocido por su carácter austero y determinado, es el italiano con más proyección internacional.

Mientras Draghi era vicepresidente de Goldman Sachs International, uno de los máximos responsables de la compañía en Europa, la compañía asesoró al Primer Ministro griego sobre cómo ocultar la verdadera magnitud del déficit.​ Esta ocultación del fraude condujo a la crisis de la deuda soberana en Grecia.

Draghi fue interrogado en 2.011 por el Comité Económico del Parlamento Europeo por la falsificación de los datos macroeconómicos de la contabilidad nacional en Grecia, lo que no le impidió, ese mismo año, ocupar la presidencia del Banco Central Europeo. Durante su mandato, en plena crisis económica de la eurozona, puso en marcha un plan de rescate para corregir sus propios desaguisados.

El artículo 283, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea dispone que los nombramientos para el Comité Ejecutivo del BCE los realice «el Consejo Europeo, por mayoría cualificada, de entre personas de reconocido prestigio y experiencia profesional en asuntos monetarios o bancarios, sobre la base de una recomendación del Consejo y previa consulta al Parlamento Europeo y al Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo».



Jean-Claude Juncker es un político luxemburgués miembro del Partido Popular Social Cristiano (PCS o CSV).1​ Fue presidente de la Comisión Europea desde el 1 de noviembre de 2014 hasta el 30 de noviembre de 2019. Ocupó en varias ocasiones el cargo de primer ministro y desempeñó otras funciones ministeriales en Luxemburgo.

En el ámbito de la Unión Europea ha ejercido como presidente de turno del Consejo Europeo en la segunda mitad de 1997 y en la primera mitad de 2005, y hasta el 21 de enero de 2013 ejerció como presidente del Eurogrupo.

Después de haber sido gobernador del Banco Mundial entre 1989 y 1995, Juncker fue nominado gobernador del Fondo Monetario Internacional y del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (EBRD) en 1995.

A principios de noviembre del 2014, pocos días después de encabezar la comisión europea, Juncker se vio afectado por unas revelaciones en la prensa derivadas de documentos filtrados conocidos como LuxLeaks, según los cuales Luxemburgo bajo su mandato se había convertido en un centro europeo de evasión fiscal corporativa. Con la ayuda del gobierno luxemburgués, las empresas transferían garantías fiscales por valor de muchos billones de euros a Luxemburgo, donde el ingreso se fiscalizaba a una fracción del 1%. Su discurso en Bruselas en julio de 2014 en el que prometía "intentar poner cierta moralidad y ética en el panorama fiscal Europeo", fue duramente criticado según la filtración.

Como consecuencia, Juncker recibió una moción de censura en el parlamento europeo sobre su papel en los esquemas de evasión de impuestos. La moción fue derrotada por una gran mayoría.

Luxemburgo Leaks, LuxLeaks, Lux Leaks, Filtraciones de Luxemburgo o los Papeles de Luxemburgo es un escándalo financiero que reveló en noviembre de 2014 los detalles de las operaciones secretas de 343 grandes empresas transnacionales para evitar el pago de impuestos. En las operaciones se utilizan maniobras legales llevadas a cabo por expertos fiscales y conocidos como la evasión fiscal y la planificación fiscal. El escándalo fue revelado por 80 periodistas de 36 países que analizaron los documentos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que muestra que las empresas han ahorrado miles de millones de dólares que se pagarían en impuestos.

Las operaciones tuvieron el apoyo del Autoridades gubernamentales de Luxemburgo lo que causó gran indignación en Europa, ya que se habrían producido grandes pérdidas económicas a los demás miembros de la Unión Europea en favor de las empresas transnacionales en un momento de la Crisis económica de 2008-2015.

Los acuerdos secretos entre las empresas y las autoridades del Ducado de Luxemburgo fueron intermediados por las grandes firmas de contabilidad conocida con las "Big 4" o "los 4 grandes" internacionales. PricewaterhouseCoopers, KPMG, Ernst & Young y Deloitte son los principales promotores de un gran sistema que oculta el desvío de fondos que utilizan los paraísos fiscales como Luxemburgo.

Las filtraciones permitieron, en noviembre de 2014, poner a disposición del público los nombres de más de trescientas empresas multinacionales involucradas en estas decisiones fiscales, tales como Ikea, Fiat, Pepsi, Cargill, Citigroup, GlaxoSmithKline, Volkswagen, McGraw Hill, British American Tobacco, Reckitt Benckiser, Timberland, General Electric, Credit Suisse, Accenture, Burberry, Procter & Gamble, Heinz, JP Morgan, FedEx, Abbott Laboratories, Amazon, Deutsche Bank, Apple, Verizon, Vodafone, Gazprom, HSBC, Bradesco, Banco Itaú, Intelsat y Macquarie Bank.

Las revelaciones atrajeron atención y debate internacional sobre la delincuencia financiera y las prácticas de evasión fiscal en Luxemburgo y en el centro del escándalo se encuentra Jean-Claude Juncker, entonces Primer ministro y ministro de Finanzas de Luxemburgo.

En 2015 los estados de la Unión Europea han dicho no a los tax rulings, acuerdos entre estados y empresas multinacionales que permiten a las grandes corporaciones ahorrarse millones de euros en impuestos. Los ministros de Economía y Finanzas, reunidos en Luxemburgo, no han apostado por reducir el alcance de estos acuerdos, pero sí han consensuado que cada seis meses haya un intercambio de información sobre los que han sido firmados, en una apuesta por la transparencia ante la opacidad fiscal.

El 29 de junio de 2016 los informantes, dos exempleados de PWC, fueron condenados por la justicia luxemburguesa a 9 y 12 meses de prisión y 2500€ de multa en total, por revelación de secretos empresariales y violación de confidencialidad.

La lista Falciani es una relación que contiene los nombres de unos 130 000 potenciales evasores fiscales con cuentas no declaradas en la sucursal en Ginebra (Suiza) del banco británico HSBC. Recibe el nombre de «Falciani» por Hervé Falciani, un ingeniero informático, extrabajador del banco, que copió presuntamente datos de su empresa, que contenían los nombres de clientes defraudadores de varios países de la Unión Europea e intentó informar a las autoridades suizas según su versión. Al no tener éxito huyó a Francia con esa información.

En enero de 2009, las autoridades francesas, después de detener a Falciani ya que Suiza había emitido una orden de arresto internacional, la policía hizo una redada en la casa de Falciani en Francia y encontró archivos informáticos con 130 000 potenciales evasores fiscales (de los cuales, 24 000 eran de toda Europa) y se comenzó una investigación.​ El gobierno francés luego transfirió la información a algunos gobiernos de Europa, como el Reino Unido y España, para ayudarles a afrontar y tomar medidas en la evasión fiscal de sus países.

Posteriormente Falciani se trasladó a España, donde de nuevo fue arrestado por la orden de arresto internacional emitida por el gobierno suizo. La Audiencia Nacional decidió no extraditarlo y lo dejó en libertad. Falciani colaboró entretanto con la justicia española.

En febrero de 2015, el contenido íntegro de la lista Falciani salió a la luz gracias a una investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario Le Monde, conocida como «SwissLeaks». La lista contiene miles de nombres de personas físicas y jurídicas, entre ellas personalidades destacadas del mundo empresarial, de la nobleza y del espectáculo, residentes en más de doscientos países. En total acumulaban algo más de 102 000 millones de dólares en la entidad suiza y alrededor de 30 000 cuentas bancarias.

La lista sirvió en el año 2010 para identificar a 659 presuntos evasores fiscales en España. La Agencia Tributaria española, en una decisión muy criticada como "trato de favor", notificó a 558 de ellos para que regularizaran su situación. De estos, 306 se acogieron a esa segunda oportunidad y presentaron declaraciones complementarias a las que se les impuso el recargo correspondiente a tributaciones fuera de plazo.

Si bien el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro no publicó nunca la lista íntegra, sí que han trascendido algunos nombres como el de Emilio Botín (presidente del Banco Santander), que pagó 200 millones de euros para regularizar su situación con Hacienda.

Según una investigación de El País (basada en los denunciados por cometer delito fiscal una vez conocida la lista), entre los defraudadores también se encontrarían directivos de empresas conocidas como Cirsa o Pepe Jeans y otro largo listado de empresas dedicadas al mercado inmobiliario, ventas de obras de arte y servicios de exportación.

En el caso de los medios españoles, fue el diario El Confidencial el primero en desvelar la lista Falciani. El 8 de febrero de 2015 anunció que iría descubriendo los nombres y a partir del 9 de febrero amplió los datos progresivamente. Más adelante, se sumaron a la publicación de investigaciones medios como La Sexta o El Mundo.

Las investigaciones publicadas de la Lista Falciani destacan, según Gaibar (2015), por varios motivos: por un lado, destapan del sistema de fraude en el uso de los paraísos fiscales para evadir impuestos y, por el otro lado, colaboran con la figura del “whistleblower”, es decir, el que filtra la información aún con riesgo de exponerse y perder su puesto de trabajo y situación personal con el fin de contribuir con sus datos a la mejora de la sociedad.

Relacionada con esta lista está la Lista Lagarde, un subconjunto de 2000 nombres pertenecientes a la Lista Falciani. Recibe el nombre de Lagarde por la ministra de economía francesa Christine Lagarde, quien en octubre de 2010 la envió (unos 2000 nombres) a funcionarios griegos para ayudarles a tomar medidas con la evasión fiscal. Sin embargo, pasaron dos años más hasta que la lista Lagarde fue conocida públicamente, cuando el periodista griego Kostas Vaxevanis la publicó en su revista Hot Doc,​ protestando así contra el fracaso del gobierno griego para comenzar una investigación.

Y Luis de Guindos Jurado, vicepresidente del Banco Central Europeo, ministro de Economía, Industria y Competitividad del Gobierno de España entre 2016 y 2018 y desde 2016 máximo cargo del Ministerio de Industria, Energía y Turismo tras la renuncia de su predecesor,​ José Manuel Soria, trabajaba en compañías de servicios financieros siendo miembro del consejo asesor de Lehman Brothers a nivel europeo y director en España y Portugal hasta su quiebra en 2008. Fue director del Instituto de Empresa desde 20102​ y perteneció al Consejo de Administración de Endesa con carácter de externo independiente. Estos son los currículos de los banqueros y gestores de la Unión.