La inteligencia española está formada por topos, unos al servicio del Rey, otros al de los partidos políticos, y otros al servicio de la inteligencia extranjera. Los traidores mandan y dirigen. De todas las filtraciones se hace eco la Prensa, así son aquí los secretos.
En el año 2001 el Gobierno del Partido Popular recabó el consenso con otros grupos políticos representados en el Congreso de los Diputados, en particular con el Partido Socialista Obrero Español, para elaborar las leyes que debían regular los servicios de inteligencia en España. Con ello se pretendía alcanzar el mayor acuerdo posible sobre la existencia, organización y funcionamiento de algunos de los organismos básicos destinados a proporcionar seguridad al Estado democrático, sustrayéndolos, en todo lo posible, a la acción de la alternancia política. De poco sirvió para cambiar las cosas.
En 2011, tras una reforma ministerial emprendida por Mariano Rajoy, el CNI pasó a estar adscrito al Ministerio de la Presidencia pero, tras el cambio de Gobierno de 2018, Pedro Sánchez ha vuelto a adscribir de nuevo el CNI a Defensa.
El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) es el servicio de inteligencia de España, creado en 2002 como sucesor del antiguo Centro Superior de Información de la Defensa (CESID). Este servicio se integra dentro de la estructura general del Ministerio de Defensa, como un organismo público con autonomía funcional y personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar. Tiene entre otras la función de «máximo asesor» del Poder Ejecutivo en cuestiones de seguridad e inteligencia.
Las funciones del CNI son, según su propia página web, proporcionar información, estudios y análisis al Gobierno y a su presidente que permitan prevenir y evitar peligros, amenazas o agresiones contra la independencia y la integridad de España.
En marzo de 2004, se publicó el real decreto que regula el Centro Criptológico Nacional (CCN), organismo adscrito al CNI para la seguridad de las tecnologías de la información. El CCN es un organismo del Estado español adscrito al Centro Nacional de Inteligencia que se dedica a criptoanalizar y descifrar por procedimientros manuales, medios electrónicos y criptofonía, así como realizar investigaciones tecnológico-criptográficas y formar al personal especializado en criptología. El CCN quedó legalmente regulado por el Real Decreto 421/2004 el 12 de marzo.
El CCN no es una agencia independiente del CNI, sino que, siguiendo el modelo de Alemania o Francia, está integrado en el servicio de inteligencia español, siendo parte y responsabilidad de éste.
Dentro del CCN se encuentran dos partes integradas:
El Organismo de Certificación (OC) del Esquema Nacional de Evaluación y Certificación de la Seguridad de las Tecnologías de Información (ENECSTI).
El Centro Criptológico Nacional Computer Emergency Response Team, también conocido por su sigla CCN–CERT, es el organismo español, creado en 2006, encargado de contribuir a la ciberseguridad de la administración pública, los organismos públicos y empresas estratégicas del país.
El director y máximo responsable del CCN es a su vez el director del CNI. Sin embargo, la competencia de la dirección del centro la tiene un funcionario con rango de subdirector apoyado por un subdirector adjunto. Al director del CCN le corresponden las siguientes funciones:
Asegurar el cumplimiento de las funciones encomendadas al CCN.
Certificar la seguridad de las tecnologías de la información y de la criptología.
Velar por la protección de la información clasificada relativa a los sistemas de información y telecomunicaciones.
El CCN se encarga de garantizar la seguridad de los sistemas de información y comunicaciones de las Administraciones Públicas y aquellos que procesan, almacenan o transmiten información clasificada, para lo cual deben:
Elaborar y difundir normas, instrucciones, guías y recomendaciones para garantizar la seguridad de los sistemas de las tecnologías de la información y las comunicaciones de la administración del estado.
Formar al personal de la administración especialista en el campo de la seguridad de los sistemas de las tecnologías de la información y las comunicaciones a través del CCN-CERT.
Constituir el Organismo de Certificación del Esquema Nacional de Evaluación y Certificación de la Seguridad de las Tecnologías de Información.
Valorar y acreditar la capacidad de los productos de cifra y de los sistemas de las tecnologías de la información para procesar, almacenar o transmitir información de forma segura.
Coordinar la obtención y desarrollo de la tecnología de seguridad.
Proteger la información clasificada.
Establecer relaciones con órganos similares de otros países.
A pesar de que el CCN cuenta con su propio personal, éste está sometido al estatuto del personal del CNI, por lo que comparte con éste medios, procedimientos, normativa y recursos.
Completa el marco legal del CNI la disposición relativa al régimen estatutario de su personal. La normativa de personal del anterior organismo era de 1995. La Ley 11/2002 contempla el desarrollo de un nuevo estatuto para el personal del Centro. La normativa de 1995 fue modificada en 2004. En 2013, se aprobó una nueva normativa para el personal.
En 2013, gracias a las filtraciones sobre vigilancia mundial de Edward Snowden, se conoció que el CNI ha estado colaborando con la NSA estadounidense en el espionaje masivo a millones de españoles, interceptando directamente o ayudando a interceptar millones de metadatos de registros de llamadas, mensajes de texto y correos electrónicos.
La Autoridad Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia es el órgano de dirección del CNI. Informa al Presidente del Gobierno y está adscrito al Ministerio de Defensa. Su titular es el Secretario de Estado Director (SED) y es nombrado por Real Decreto.
La Secretaría General depende directamente de la Dirección. Hay tres direcciones técnicas dependientes de la Secretaría General: la Dirección de Recursos, Dirección de Inteligencia y Dirección de Apoyo a la Inteligencia.
La Oficina Nacional de Seguridad (ONS) se encarga del cumplimiento de la normativa de protección de información clasificada, ya sea del propio CNI como aquella que se entregue a la Administración o a empresas. Depende directamente del Secretario de Estado Director. El Secretario de Estado Director cuenta con varios órganos de apoyo:
Gabinete del Secretario de Estado Director
Gabinete Técnico del Secretario de Estado Director
Asesoría Jurídica
Oficina de Control Judicial Previo
Organismos del despliegue territorial. La estructura de despliegue territorial del CNI en España y otros países está clasificada con grado de secreto.
El Servicio de inteligencia, está compuesto por la CGI de la policía y el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.
La Comisaría General de Información (CGI), coloquialmente conocida como la policía secreta, es un organismo de la Dirección Adjunta Operativa (DAO), al igual que todas las Comisarías Generales, dentro del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y se encarga de la captación, recepción, tratamiento y desarrollo de la información de interés para el orden y la seguridad pública, así como su explotación o aprovechamiento operativo, especialmente en materia antiterrorista, tanto en el ámbito nacional como en el internacional recogida por el CNP. Su actividad es fundamental para la seguridad del Estado, ya que se centra, principalmente, en la lucha antiterrorista. De la CGI depende la unidad de desactivación de explosivos (TEDAX-NRBQ).
Su máximo responsable es el Comisario General de Información. En el Congreso, la Diputación Permanente rechazó por 25 en contra sobre 15 a favor que el Gobierno aclarase las falsedades del jefe de los Tedax. "Lo que se consigue callando ante tal aluvión de evidencias es que ese silencio pueda interpretarse como sospechoso y cómplice", afirmó Eduardo Zaplana.
No es casual que el CNI haya callado sobre la manipulación y encubrimiento de los análisis de los explosivos y la destrucción, porque esa labor descansa sobre su estructura policial. En la furgoneta Kangoo hallada vacía "se encontraron" después detonadores y Goma 2 Eco, además de metenamina, que no es un componente de dicho explosivo, sino de ciertos explosivos militares, como el RDX, componente a su vez de la mayor parte de los explosivos plásticos desarrollados en los años 1960.
El RDX (también conocido como ciclonita, hexógeno o T4), compone el C-4, con aproximadamente un 91% de RDX en peso y velocidad de detonación cercana a 8.000 m/s y también el Semtex al unir RDX con PETN y añadir unificadores y estabilizadores.
Semtex, fabricado originalmente por la compañía checoslovaca Semtin Glassworks (actualmente Explosia), se usa en voladuras comerciales, demoliciones y algunas aplicaciones militares, siendo famoso gracias a su popularidad entre los grupos terroristas debido a que hasta muy recientemente era extremadamente difícil de detectar y fácil de obtener. Una de las razones de la OTAN para atacar Yugoslavia fue que fabricaban SEMTEX sin polvo de aluminio (que disminuye su potencia, pero permite burlar un detector de metales).
ETA lo ha usado ampliamente en bombas-lapa gracias a su relación de bajo peso y alta potencia, y explicaría por qué se encontraron focos de explosión en los vagones del 11M en lugares donde sería difícil esconder una voluminosa mochila con kilos de Goma 2 y metralla. El hallazgo de un zulo de ETA un mes después del 11M con 100 kg. de SEMTEX no ha conducido a ninguna investigación porque las pruebas principales (vagones y pertenencias de los viajeros) habían sido destruídas con o sin el visto bueno del juez instructor. Sin cadena de custodia, tampoco es posible explicar la presencia de metenamina, que el Jefe de los Tedax atribuye a "una contaminación posterior". ¿Dónde se contaminó, en Ifema, con los objetos procedentes de El Pozo, o en la Comisaría de Vallecas?
Otra prueba principal es la misteriosa mochila de El Pozo, descrita como una Tartera redonda, roja y negra, los mimos colores de los cables del detonador. Tras ciertos cambios de versión, fue descrita como una bolsa azul, con cables rojo y azul, y además clavos y tornillos. Igual que la mochila de Vallecas.
Una nota informativa remitida en julio de 2004 por el entonces jefe de los servicios secretos, Alberto Saiz, al ministro de Defensa, José Bono, pone de manifiesto sus problemas de coordinación con el Ministerio del Interior en las investigaciones relacionadas con los atentados del 11-M. Como ejemplo, el entonces director de los servicios secretos españoles, Alberto Saiz Cortés, remitió un informe al ministro de Defensa, José Bono, en el que lamentaba que su departamento se hubiera enterado “a través de los medios de comunicación” y con un mes de retraso del hallazgo de un vehículo en la localidad madrileña de Alcalá de Henares vinculado con los episodios terroristas. Un desentendido que -advierte la nota informativa- podría poner en riesgo la seguridad de un colaborador infiltrado.
El documento forma parte del archivo donado por José Bono a la Fundación Pablo Iglesias, recopilado durante décadas por quien fuera presidente de Castilla-La Mancha, ministro de Defensa y presidente del Congreso de los Diputados. La nota informativa con las consideraciones del CNI son un adjunto a una carta remitida por Alberto Saiz -recién asumido el cargo en sustitución de Jorge Dezcallar- a Bono, atendiendo a la dependencia orgánica de los servicios secretos respecto a la cartera de Defensa.
Pero la comunicación entre los diferentes organismos implicados no siempre fue fluida. Al menos eso trasluce de la nota informativa que Alberto Saiz remite a José Bono: “No pretendo con este informe denunciar actuaciones irregulares o negligencias de nadie, sino destacar debilidades de nuestro sistema de coordinación en la lucha contraterrorista”, apuntaba el jefe de los servicios secretos en su misiva.
De acuerdo a las conclusiones alcanzadas por el CNI, la aparición de un vehículo en Alcalá de Henares relacionado con los atentados del 11-M supuso el hallazgo de “nuevas pruebas” sobre la implicación de uno de los entonces investigados, Allekema Lamari, con los golpes terroristas. Por entonces ya se tenía constancia de la localización de una furgoneta Renault Kangoo en la misma localidad madrileña, pero la nota informativa se refiere a un Skoda Fabia, robado en Alicante, que permanecía estacionado junto a la citada Renault Kangoo pero que no había sido vinculada con el 11-M hasta semanas más tarde.
“De la aparición de este vehículo y las pruebas subsiguientes, el CNI ha tenido conocimiento un mes después y a través de los medios de comunicación”, lamentan los servicios secretos en su informe. “Esta situación de información insuficiente podría tener consecuencias negativas para la seguridad de la fuente 'C'”, incide el CNI, en referencia a un colaborador infiltrado. Y añade: “Por otra parte, la desconsideración del Ministerio del Interior hacia las investigaciones del Centro Nacional de Inteligencia va mas allá de un mero problema de coordinación. A mi juicio, esta situación es totalmente inaceptable y no debería continuar así”.
"Es preciso subrayar la necesidad de que el Ministerio del Interior considere la potencialidad del papel del CNI en la lucha contra el terrorismo islamista y que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado compartan con el Centro la información de interés común, lo que facilitará la coordinación y el trabajo mas eficaz del conjunto", detalla el documento.
En el caso concreto del argelino Allekema Lamari, el CNI ya había informado al Ministerio del Interior cuatro meses antes de los atentados del 11-M de la amenaza que representaba para la Seguridad Nacional: "El Centro ha tratado, sin éxito, de localizarlo por sus propios medios, habiendo podido confirmar, sin embargo, algunas de sus actividades y presencia, principalmente en Madrid. Ante ello, se ha sugerido al Cuerpo Nacional de Policía su búsqueda policial [...], actuaciones que no se han realizado".
También se cita a un colaborador protegido, denominado bajo la sigla 'C', que en Valencia formaba parte del entorno de Lamari, y que después colaboró en la identificación de la célula terrorista de Lavapiés. En un momento dado se procedió a la detención de 'C' para "limpiar" cualquier tipo de sospecha de su entorno sobre su condición de colaborador, aunque fue puesto en libertad a los pocos días. El seguimiento de 'C' permitió dar nuevos pasos en la investigación, aunque la localización del vehículo Skoda fue un elemento que se les escapó a los servicios secretos. Un detalle relevante, debido al riesgo que asumía el colaborador.
Tampoco fue de mucha ayuda el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas de España (CIFAS), un órgano del Estado Mayor de la Defensa responsable de asesorar al jefe de Estado Mayor de la Defensa y a los jefes de Estado Mayor de los Ejércitos en materia de contrainteligencia militar y seguridad en el ámbito de las Fuerzas Armadas y contribuye a su asesoramiento en el nivel estratégico de las operaciones militares. A su cargo se encuentra un Jefe con rango de General.
Así mismo, el CIFAS es un órgano único y conjunto de las Fuerzas Armadas de España en materia de inteligencia militar, dirige los sistemas de inteligencia y guerra electrónica, manteniendo los centros de inteligencia del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, dependencia funcional respecto al CIFAS. Fundado en 2004, sustituye a la antigua división de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa así como a todos los servicios de inteligencia de cada una de las ramas militares.
Entre sus obligaciones se encuentran:
1. Dirigir y coordinar la explotación de los sistemas conjuntos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento y coordinar la explotación de los sistemas específicos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento.
2. Proporcionar a los jefes de Estado Mayor de los Ejércitos la inteligencia necesaria para el desarrollo de las actividades de preparación de la Fuerza.
3. Planificar, dirigir y, en su caso, ejecutar las actuaciones en materia de cartografía en el ámbito de la defensa. A estos efectos los órganos correspondientes de los Ejércitos mantienen una dependencia funcional con el CIFAS.
El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, también conocido por su acrónimo CITCO, es la organización de inteligencia dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad del ministerio de Defensa para optimizar los esfuerzos y aprovechar los recursos económicos frente a las crecientes amenazas y la vinculación cada vez más estrecha que se establece entre las organizaciones extremistas de naturaleza violenta, el terrorismo y la criminalidad organizada.
Este nuevo órgano con nivel orgánico de subdirección general, directamente dependiente del Secretario de Estado de Seguridad, ha asumido en exclusiva las funciones que han venido ejerciendo el CNCA y el CITCO. Está formado por miembros del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), de la Guardia Civil, del Servicio de Vigilancia Aduanera, funcionarios de Instituciones Penitenciarias, miembros de las Fuerzas Armadas así como por personal del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Su finalidad consiste en impulsar y coordinar la integración y valoración de cuantas informaciones y análisis operativos dispongan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de terrorismo, crimen organizado y radicalismo violento, para la elaboración de inteligencia criminal estratégica, el establecimiento de criterios de actuación y coordinación operativa entre organismos concurrentes junto al diseño de estrategias globales de lucha contra estos fenómenos.
Al CITCO corresponde la recepción, integración y análisis de la información estratégica disponible en la lucha contra todo tipo de delincuencia organizada, terrorismo y radicalismo violento, el diseño de estrategias específicas contra estas amenazas, así como, en su caso, el establecimiento de criterios de actuación y coordinación operativa de los organismos actuantes en los supuestos de coincidencia o concurrencia en las investigaciones, y en particular:
· 1.º Recibir, integrar y analizar informaciones y análisis operativos relacionados con la delincuencia organizada o especialmente grave, el terrorismo y el Radicalismo violento que sean relevantes o necesarios para la elaboración de la inteligencia criminal estratégica y de prospectiva en relación con estos fenómenos, tanto en su proyección nacional como internacional, integrando y canalizando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado toda la información operativa que reciba o capte.
· 2.º Dictar, determinar y establecer, en los supuestos de intervención conjunta o concurrente, los criterios de coordinación y de actuación de las unidades Operativas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y la de éstos con otros organismos intervinientes, en función de sus competencias propias o de apoyo a la intervención.
· 3.º Elaborar informes anuales sobre la situación de la criminalidad organizada, el terrorismo y el radicalismo violento en España, así como una evaluación periódica de la amenaza en estos campos.
· 4.º Elaborar y difundir las informaciones estadísticas relacionadas con estas materias.
· 5.º Proponer las estrategias nacionales contra el crimen organizado, el terrorismo y el radicalismo violento y actualizarlas de forma permanente, coordinando y verificando su desarrollo y ejecución.
· 6.º Desarrollar las competencias específicas que las diferentes disposiciones y acuerdos, tanto nacionales como internacionales, encomiendan al Ministerio del Interior en materia de lucha antiterrorista y contra el crimen organizado.
El Departamento de Seguridad Nacional (DSN) de España es el órgano de asesoramiento al Presidente del Gobierno en materia de Seguridad Nacional desde 2012. Se encarga del mantenimiento y adecuado funcionamiento del Centro de Situación del Departamento de Seguridad Nacional para el ejercicio de las funciones de seguimiento y gestión de crisis, y es responsable de impulsar el desarrollo e integración del Sistema de Seguridad Nacional. Asimismo, gestiona y asegura las comunicaciones especiales de la Presidencia del Gobierno.
En diciembre de 2009, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero encargó a Javier Solana (antiguo Secretario General de la OTAN y máximo responsable de la política exterior y de seguridad de la Unión Europea) la elaboración de la primera Estrategia Española de Seguridad.
El documento oficial fue dirigido por Javier Solana y elaborado por una Comisión y un grupo de trabajo con representación de los diferentes Ministerios. Dicho documento contenía las líneas maestras de la Estrategia Española de Seguridad, que entre ellas, proponía la creación de un Consejo Español de Seguridad, que estaría dotado de capacidad ejecutiva, asesoramiento, decisión, propuesta, seguimiento y control, para poder coordinar las labores de Seguridad Nacional. Dicho Consejo Español de Seguridad estaría asistido por una Unidad de Apoyo que actuaría como órgano instrumental para la coordinación, gestión de crisis, liderazgo y seguimiento de la Estrategia Española de Seguridad. La Unidad de Apoyo se encuadraría dentro del Gabinete del Ministerio de la Presidencia y estaría compuesta por un equipo multidisciplinar compuesto por Funcionarios Civiles del Estado, Personal Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Personal de las Fuerzas Armadas. La Unidad de Apoyo heredaría al personal del Departamento de Infraestructura y Seguimiento de Situaciones de Crisis (DISSC), el cual se reformaría para adaptarse a las nuevas necesidades definidas en la Estrategia Española de Seguridad.
El viernes 24 de junio de 2011 es aprobada la primera Estrategia Española de Seguridad por parte del Consejo de Ministros de José Luis Rodríguez Zapatero.
Meses después de la aprobación de la Estrategia Española de Seguridad, el 21 de diciembre de 2011, Mariano Rajoy se convirtió en presidente del Gobierno y crea la Unidad de Apoyo recogida en la Estrategia Española de Seguridad, la cual finalmente pasaría a denominarse Departamento de Seguridad Nacional (DSN) y tendría su sede física en el búnker construido en el subsuelo del complejo del Palacio de la Moncloa.
Tras la creación del DSN, el gobierno le ordena continuar y revisar la Estrategia Española de Seguridad de 2011, para adaptar y actualizar su contenido a los cambios del escenario estratégico. El 31 de mayo de 2013, el Consejo de Ministros aprobó la nueva Estrategia de Seguridad Nacional. Un proyecto compartido, configurando un nuevo Sistema de Seguridad Nacional e implicando a la sociedad civil en los ámbitos de interés prioritario de la Seguridad Nacional.
El 28 de septiembre de 2015 el Congreso de los Diputados aprueba la Ley de Seguridad Nacional gracias a los votos del Partido Popular, Partido Socialista y UPyD. El Título II de la Ley crea y desarrolla el Sistema de Seguridad Nacional, sus funciones y organización, designando en su artículo 20 al Departamento de Seguridad Nacional como el órgano de trabajo permanente del Consejo de Seguridad Nacional y de sus órganos de apoyo, ejerciendo las funciones de Secretaría Técnica, así como las demás funciones previstas en la normativa.
El 20 de enero de 2017 el Consejo de Seguridad Nacional aprobó el procedimiento para la elaboración de la Estrategia de Seguridad Nacional 2017 encargando al Departamento de Seguridad Nacional su desarrollo. El JEMAD desde ese año y hasta 2020 fue Fernando Alejandre Martínez.
El 23 de julio de 2020, el Departamento de Seguridad Nacional acogió en su sede una reunión conjunta con los diputados y senadores de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional para ofrecerles que participasen en el proceso de elaboración de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional y en el desarrollo del Plan Integral de Cultura de Seguridad Nacional.
Partiendo del artículo 3 de la Ley de Seguridad Nacional (Ley 36/2015) que entiende por Seguridad Nacional "la acción del Estado dirigida a proteger la libertad, los derechos y bienestar de los ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos asumidos."
Y según el Real Decreto 1119/2012, de 20 de julio, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno, el DSN tiene dos funciones principales:
· Como Órgano de asesoramiento al Presidente del Gobierno en materia de Seguridad Nacional:
1. Elaborar estudios e informes sobre la Política de Seguridad Nacional, sin perjuicio de las funciones que correspondan a otros órganos.
2. Asistir al Presidente del Gobierno en el ejercicio de la presidencia del Consejo de Seguridad Nacional, así como al Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno en su condición de Secretario de dicho órgano colegiado del Gobierno.
3. Elaborar la planificación del desarrollo estratégico de la Seguridad Nacional.
4. Contribuir a la elaboración de propuestas normativas sobre Seguridad Nacional.
5. Impulsar el desarrollo legal y reglamentario de la Ley de Seguridad Nacional en coordinación con los órganos y autoridades competentes.
6. Analizar la evolución de los riesgos y amenazas y de sus potenciadores.
· En Gestión de situaciones de crisis:
1. Realizar la alerta temprana y el seguimiento de los riesgos, amenazas y situaciones de crisis en coordinación con los órganos y autoridades competentes.
2. Proporcionar el apoyo y la coordinación adecuada en la gestión de situaciones de crisis, mediante la utilización de los mecanismos de enlace, coordinación e información con las distintas autoridades competentes de las Administraciones Públicas.
3. Mantener y asegurar el adecuado funcionamiento del Centro de Situación del Departamento de Seguridad Nacional y las comunicaciones especiales de la Presidencia del Gobierno, así como proteger su documentación.
4. Dirigir y coordinar la realización de los ejercicios de gestión de crisis planificados por el Departamento, así como aquellos cuya dirección le sea requerida.
5. Contribuir a la elaboración, el mantenimiento y la actualización de los planes de contingencia y de los planes de recursos humanos y materiales necesarios y analizar los escenarios de crisis en coordinación con los órganos competentes.
6. Apoyar en materia de gestión de crisis el adecuado desempeño de las funciones del Comité Especializado de Situación de carácter único para el conjunto del Sistema de Seguridad Nacional de acuerdo con las previsiones de la Ley de Seguridad Nacional.
7. Realizar aquellas actividades que sean necesarias para asegurar la colaboración, cooperación y coordinación de los órganos competentes de la Seguridad Nacional conforme a las disposiciones legales y reglamentarias que sean de aplicación.
8. En el ámbito de la cultura de Seguridad Nacional, realizará estudios y propuestas para fomentar la colaboración privada y la participación ciudadana en los asuntos de la Seguridad Nacional.
Según el Real Decreto 136/202016 de 27 de enero, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno, en su artículo 3 punto 7:
· El Departamento de Seguridad Nacional es el órgano de asesoramiento al Presidente del Gobierno en materia de Seguridad Nacional.
· Mantendrá y asegurará el adecuado funcionamiento del Centro de Situación del Departamento de Seguridad Nacional para el ejercicio de las funciones de seguimiento y gestión de crisis
· impulsará el desarrollo e integración del Sistema de Seguridad Nacional.
· Gestionará y asegurará las comunicaciones especiales de la Presidencia del Gobierno.
Dependiendo directamente del Secretario de Estado jefe de Gabinete de la Presidencia del Gobierno.
El Centro de Situación del Departamento de Seguridad Nacional (también conocido como el Búnker de la Moncloa) está protegido con el nivel de clasificación de secreto, de conformidad con su regulación específica.
Entre 2012 y 2018, el director del DSN era, a la vez, Director Adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Desde 2018, el director del DSN ostenta el rango de director general y es el principal asesor en materia de Seguridad Nacional del Presidente del Gobierno. El director operativo del DSN posee rango de subdirector general.
Pero el CNI no defiende España, sino los intereses de unos pocos, sobre todo la clase política y dos grandes representantes de la Casa Real: el almirante Juan Ruiz Casas, jefe del Cuarto Militar, quien desde 2014 trabaja para la Casa Real; y el secretario general y número dos de la Casa Real, Domingo Martínez Palomo, General de la guardia civil.

La Dirección General de la Policía elaboró un "protocolo de actuación" para la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC), unidad de inteligencia creada en 2015 bajo la "dirección, coordinación y supervisión" del comisario Pino. Las actuaciones de la BARC no podrán ser objeto de revisión por otras unidades y el seguimiento y control de los resultados" de su actividad era competencia exclusiva del comisario Eugenio Pino.
El 27.01.2017, Eugenio Pino, ex director adjunto operativo subraya que ha advertido a un coronel del Centro Nacional de Inteligencia que si le vuelven a llamar como investigado va a contar lo que no le dijo al magistrado cuando debía. Los más altos mandos policiales del círculo íntimo del ex ministro Jorge Fernández Díaz estaban chantajeando con desvelar interioridades inconfesables.
Enrique García Castaño fue destituido de su cargo de jefe de la UCAO..."Es muy relevante porque llevaba al frente la parte de escuchas y seguimientos de la Comisaría General de Información varios lustros, sin que ningún responsable político se atreviera a relevarle del cargo".
El ex jefe operativo de la Policía desvela que ordenó volver a investigar en secreto los atentados de Atocha, el crimen de Marta del Castillo y el caso Faisán, hasta que el 09 02 17 fue disuelta la BARC, el servicio literalmente privado de información de Eugenio Pino.
El jefe de la brigada política recibe la medalla más cara de la Policía de manos de Cosidó, quien nombró instructor y secretario del expediente meritorio, estos dieron acuse de recibo y resolvieron que el comisario Eugenio Pino era merecedor del reconocimiento. Consta por escrito que la orden partió de Fernández Díaz.
La investigación de Kitchen aflora el mercadeo de medallas en la Policía y el desprecio por la legalidad con la que trabajaron un grupo de políticos y mandos policiales en el Ministerio del Interior durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. A ello se añade una patrimonialización de los recursos públicos y una perversión de los procedimientos administrativos que cristalizan en el mercadeo de las condecoraciones policiales, tal y como acredita el expediente de la concesión de la más importante que se puede entregar en vida, la Medalla de Plata al Mérito, que recibió el artífice de la brigada política, el comisario Eugenio Pino, con motivo de su jubilación, y que lleva aparejada una pensión vitalicia del 15% de su salario.
El expediente de la concesión de la medalla a Pino ha sido remitido a la comisión del Congreso que investiga el espionaje parapolicial a Luis Bárcenas con cargo a los fondos reservados. De su lectura quedan patentes varios aspectos: el primero, que el procedimiento fue un formalismo sin ninguna profundidad que escondía la única voluntad de ejecutar una orden. El segundo, que esa orden partió en exclusiva del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por mucho que en las declaraciones de los investigados en el Congreso y ante el juez estos apelen siempre a un reglado proceso administrativo y a decisiones colegiadas, tanto en la concesión de medallas como de destinos privilegiados en embajadas.
Y en tercer lugar, el procedimiento utilizado sirve para constatar el papel del entonces director de la Policía, Ignacio Cosidó, en esfuerzo permanente por aferrarse al cargo sin verse envuelto en irregularidades, pese a que a la concesión de la medalla y otros asuntos que actualmente son objeto de investigación judicial llevan necesariamente su firma. Hasta ahora, Cosidó ha logrado ser el único miembro de la escala de mando en la cúpula policial y del Ministerio de aquella época que ha escapado de la imputación.
Eugenio Pino está en la actualidad procesado en la pieza 7 del caso Villarejo como uno de los responsables de la operación para reventar el caso de la caja B del PP desde las mismas entrañas del Ministerio del Interior.
El ex director adjunto de la Policía de Rajoy, Eugenio Pino, declaró en la Audiencia Nacional que avisó personalmente a la Casa Real de que el polémico comisario, José Villarejo, había grabado a Corinna Larsen hablando del rey emérito. Son las grabaciones en las que la examante de Juan Carlos I desvelaba sus cuentas en Suiza.
Según explicó Pino, la Casa Real le agradeció el aviso e informó de ello al director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, quien asumió el blindaje del monarca. “Quien ofende a la casa, no tiene perdón”, le dijo el jefe de los servicios secretos.
“Se pasa de una serie de personas en Casa Real a que el CNI lo protege a todos los efectos, de prensa, etc. Se le dice a cierta persona que se vaya de España y es el general Sanz Roldán", dijo Pino en referencia a Corinna Larsen. Según el mando policial, Sanz Roldán fue la persona que en ese momento "toma el mando del blindaje del rey".
Pino fue la persona a la que Mariano Rajoy encomendó liderar la Policía cuando ganó las elecciones en 2012. Su cargo era el de director adjunto, es decir, el máximo mando uniformado del Cuerpo. Investigado en varias causas judiciales, bajo sus pies anidó una camarilla policial que protagoniza desde hace tiempo las crónicas de tribunales.
Entre sus comisarios de confianza estaba el polémico José Villarejo, quien en 2015 se fue a Londres con su grabadora a reunirse con Corinna Larsen, que quería protección ante las amenazas que decía haber sufrido del jefe del CNI. Él se ofreció a ayudar a la amiga del rey y al mismo tiempo buscaba munición en la guerra personal que ya entonces le enfrentaba con Sanz Roldán. Pino tomó partido en esa guerra que tuvo lugar en el seno de la seguridad española y que esos contactos tenían más bien un carácter de amenaza.
Siempre según su versión, Sanz Roldán le contestó que “el que ofende a la casa no tiene perdón”. También le admitió tener “dos facciones” dentro del CNI. Pino quiso poner de relieve en ese momento ante la Audiencia Nacional que Villarejo llegó a trabajar para el CNI.
En el marco de esa guerra ubica Pino la investigación urdida por el CNI a través de una denuncia anónima que dio origen al arresto de Villarejo en noviembre de 2017 a partir de una persona que “debía dinero y se prestó a colaborar”. Se refiere a Francisco Menéndez, un empresario ahora procesado por participar junto al excomisario de Barajas Carlos Salamanca en una trama que daba trato de favor a ciudadanos guineanos en la frontera a cambio de sobornos.
‘No tengo nada que temer’, me dijo Sanz Roldán. Las grabaciones vieron la luz nueve meses después del arresto de Villarejo porque fueron publicadas en El Español y en Ok Diario. Su contenido ha derivado en la apertura de diversas investigaciones tanto en España como en Suiza que afectan al rey emérito, Corinna Larsen y los arquitectos financieros Dante Canonica y Arturo Fasana.
Pocos meses antes de entrar en prisión, Villarejo contó en un programa de televisión las presuntas amenazas a Corinna Larsen por parte de Sanz Roldán, que tuvieron lugar pocos días después del accidente del Emérito en Botsuana en 2012.
A Villarejo, sus acusaciones le costaron acabar en el banquillo de los acusados el pasado febrero tras ser denunciado por el director del CNI. La examante del rey declaró como testigo para corroborar que las amenazas fueron reales y el polémico excomisario acabó absuelto. El jefe de la Inteligencia admitió su reunión con Larsen, pero evitó dar detalles del encuentro apelando a razones de seguridad.
Las sospechosas circunstancias en torno a la manera como se desarrollaron las investigaciones hacen pensar a algunos periodistas que el más alto personaje del Estado se encuentra detrás de ese crimen. ¿Dónde figura escrito que el servicio secreto tenga que obedecer órdenes secretas del Rey de España? ¿Por qué la mayoría de los directores del espionaje han protegido al monarca con esmero y dedicación en cualquier situación? ¿Conocían su implicación en comportamientos irregulares y no elaboraron un dossier, como hizo Villarejo? ¿Ha informado La Casa a todos y cada uno de los presidentes del Gobierno de la democracia sobre las actividades reservadas de la familia real?
Por supuesto que no, porque la Casa (el CNI) y la Casa Real son una misma, y los agentes al servicio de su Majestad tienen licencia para guardar y traficar con información comprometedora que les garantiza su futuro y el de sus familias. Lo contrario que les ocurriría si informasen a la Fiscalía de actividades "irregulares", como poco.
Fernando Rueda, el máximo especialista español en cuestiones de espionaje, publica de la mano de La Esfera el libro Al servicio de Su Majestad, un trabajo de investigación para sacar a la luz la desconocida relación que los miembros de la Casa Real -Juan Carlos I, Felipe VI, Iñaki Urdangarín...- han mantenido en los últimos 50 años con la principal agencia de inteligencia española, llamada sucesivamente OCN-SECED-CESID-CNI.
Al servicio de Su Majestad es la historia de España como nunca antes se había contado: desde el ángulo de las relaciones entre la Familia Real y el servicio secreto. Las dos instituciones que se han mantenido y apoyado para dirigir desde las bambalinas, desde las sombras, el devenir de los acontecimientos a su antojo, sin que los ciudadanos se dieran cuenta.
«Fue la soledad de Juan Carlos I en la España franquista la que le empujó a darse cuenta de la necesidad de controlar a las Fuerzas Armadas y, también, la de buscar el escudo protector de los servicios de inteligencia, esos que espiaban intensamente a su padre, Don Juan, y también a él. Por eso, una vez en la jefatura del Estado, siempre luchó para conseguir que el director del espionaje fuera un hombre de su máxima confianza. Daba igual la peripecia por la que pasara el rey, allí estaban ellos para sacarle del atolladero: conspiraciones para quitarle el trono, operaciones sucias contra políticos, teléfonos pinchados por la CIA, espiar y apartar de su lado a potentados amigos corruptos, hacer frente a las maniobras en su contra de algunas amantes, proteger a miembros de su familia y, por supuesto, cubrirse mutuamente las espaldas por los crímenes atribuídos a "la razón de Estado".