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lunes, 23 de septiembre de 2024

"Aquí, con gran placer de su heredero", de Lope de Vega, "Porque dejaste el mundo de dolores", de Manuel Acuña, y "Se Murió El Avaro", de Federico Bermúdez y Ortega.



Aquí, con gran placer de su heredero,
un avariento miserable yace;
requïescat in bello, que no in pace,
pues no supo gozar de su dinero.

Porque dejaste el mundo de dolores
buscando en otro cielo la alegría
que aquí, si nace, sólo dura un día
y eso entre sombras, dudas y temores.

Se murió el avaro, y en la estancia oscura
donde yace el cuerpo sobre el tosco alambre
de una cama pobre, alguien asegura
que el avaro triste ¡se murió de hambre...!

Nunca pensó llegar al fin postrero,
punto fatal del que a la vida nace;
mas ya las esperanzas satisface
que en largos años le negó primero.

Yo te vengo a decir mi enhorabuena
al mandarte la eterna despedida
si la vida a los goces es ajena
mejor es el sepulcro que la vida.

Una pobre vieja misericordiosa,
presa de congojas y crueles martirios,
a todos advierte, triste y pesarosa,
que hace falta incienso y hacen falta cirios.

Todos los curiosos se van alejando
de la pobre vieja, mientras va quedando
el avaro a oscuras y sin oración.

Cuando al otro día fueron a enterrarlo
cuatro pordioseros, todos al mirarlo
pasar, ¡sonreían de satisfacción...!

¡Oh juventud lozana!, desperdicia
la plata, el oro con la arena iguala,
y en sus doblones pálidos te envicia;

lascivo con tus damas te regala,
véngate liberal de su avaricia,
y más que él lo guardó, consume y tala.

miércoles, 14 de agosto de 2024

"A don Felipe de África, príncipe de Fez y Marruecos (Soneto 168)", de Lope de Vega.


   Alta sangre real, claro Felipe, 

a cuyo heroico y generoso pecho

el límite africano vino estrecho,

aunque en grandeza a Europa se anticipe,


   porque el cielo ordenó que participe

de otro imperio mayor vuestro derecho

y que se ocupen en tan alto hecho

los cisnes de las fuentes de Aganipe;


   tanto os estima a vos, Príncipe, solo,

que un día aventuró para ganaros

con cuatro reyes veinte mil personas,


   trocando el bajo por el alto polo,

a Fez en Fe, y a vuestros montes claros

por claros cielos y por mil coronas.


jueves, 4 de abril de 2024

"TENGO GANAS DE RISAS RAQUEL", de Humberto Megget.

Tengo ganas de risas raquel

ganas de ir al cine a ver aquella película

ganas de ver las rosas y no ver las rosas

tengo ganás de tomar el café con leche

y beber

beber

beber

beber aquello y esto

y lo que tú das

y lo que yo ofrezco

ganas de ir y no ver aquella película

tengo ganas de ti y de aquél

pero más que de ti y de aquél

tengo ganas de coca y de raquel




Para adaptarse a la normativa internacional, la LEGISLACIÓN ESPAÑOLA SOBRE DROGAS, se incorporó al Convenio de Viena, depositado ante el Secretario general de las Naciones Unidas y basado en las siguientes consideraciones:

"Las Partes, Preocupadas por la salud física y moral de la humanidad. Advirtiendo con inquietud los problemas sanitarios y sociales que origina el uso indebido de ciertas sustancias sicotrópicas. Decididas a prevenir y combatir el uso indebido de tales sustancias y el tráfico ilícito a que da lugar. Considerando que es necesario tomar medidas rigurosas para restringir el uso de tales sustancias a fines lícitos. Reconociendo que el uso de sustancias sicotrópicas para fines médicos y científicos es indispensable y que no debe restringirse, indebidamente su disponibilidad para tales fines. Estimando que para ser eficaces, las medidas contra el uso indebido de tales sustancias requieren una acción concertada y universal. Reconociendo la competencia de las Naciones Unidas en materia de fiscalización de sustancias sicotrópicas y deseosas de que los órganos internacionales interesados queden dentro del marco de dicha Organización." 

Si la Organización Mundial de la Salud comprueba que una sustancia puede producir dependencia y estimulación o depresion del sistema nervioso central, que tengan como resultado alucinaciones o trastornos de la función motora, o del juicio, o del comportamiento, o de la percepción, o del estado de ánimo, comunicará a la Comisión un dictamen sobre la sustancia, incluido el alcance o probabilidad del uso indebido y el grado de gravedad del problema. También si la OMS constata un uso indebido análogo y efectos nocivos parecidos a los de una sustancia de las Listas de estupefacientes elaboradas y que hay pruebas suficientes de que dicho uso indebido constituya un problema sanitario y social que justifique la fiscalización internacional de la sustancia.

La prohibición del uso de la hoja de coca, excepto con fines médicos o científicos, fue establecida por la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961. La hoja de coca aparece clasificada en la Lista I de dicha Convención junto con la cocaína y la heroína.

La inclusión de la hoja de coca en las listas de la Convención Única de 1961 se debe principalmente a un informe solicitado a las Naciones Unidas por el representante permanente del Perú, elaborado por una comisión que visitó brevemente Bolivia y el Perú en 1949, para “investigar los efectos del masticado de la hoja de coca y las posibilidades para limitar su producción y controlar su distribución”. 

El Informe de la Comisión de Estudio de las Hojas de Coca, publicado en 1950, llegaba a la conclusión de que los efectos del masticado de coca eran negativos, aunque la práctica se definía como un hábito y no como una adicción. El informe fue objeto de severas críticas por su explícita arbitrariedad, su imprecisión y la calificación profesional de los integrantes del equipo, la metodología aplicada, y la selección y uso incompletos de la literatura científica que existía en ese entonces en torno a la hoja de coca. Este hecho habría impedido hasta el momento sacar a la luz los aspectos positivos de la planta, sus potenciales beneficios para la salud física, mental y social de los pueblos que la consumen y cultivan.

Las hojas de las plantas de la coca se utilizan por sus propiedades estimulantes del sistema nervioso central, antivirales, cardiotónicas, anestésicas, analgésicas y para tratar el mal del altura, entre otras.

Se llama coca a cualquiera de las cuatro plantas cultivadas del género Erythroxylum, nativas del oeste de América del Sur. La coca huánuco o coca boliviana, de Bolivia y Perú, es además cultivada en Colombia para procesar cocaína. La variedad ipadu es la coca amazónica. La novogranatense es originaria de Colombia y Ecuador, y su variedad coca de Trujillo, de la vertiente oriental de la cordillera de los Andes y el Perú.

Todo Estado en cuyo territorio crezcan en forma silvestre plantas que contengan sustancias psicotrópicas de la lista I y que se hayan venido usando tradicionalmente por ciertos grupos reducidos, claramente determinados, en ceremonias mágico religiosas, podrá, en el momento de la firma, de la ratificación o de la adhesión, formular la reserva correspondiente, salvo en lo que respecta a las disposiciones relativas al comercio internacional.

Según el texto de la Convención: “Las Partes obligarán a arrancar de raíz todos los arbustos de coca que crezcan en estado silvestre y destruirán los que se cultiven ilícitamente” (artículo 26) y “la masticación de hoja de coca quedará prohibida dentro de los 25 años siguientes a la entrada en vigor de la presente Convención” (artículo 49, 2.e).

El uso de la hoja de coca ha sido tradicional entre muchos de los indígenas de Colombia desde tiempos inmemoriales, especialmente entre los de la Sierra Nevada de Santa Marta. Entre los indígenas colombianos, la hoja de coca está revestida de religiosidad y se considera un elemento sagrado, rodeado de respeto y admiración. Los indígenas no entienden por qué esta planta se persigue en sus territorios, ya que no fue por su cultura ni sus costumbres el que causa conflictos con el estado y rechazo por parte de la sociedad.
 
Hay diferentes maneras de manipular y consumir la planta entre las culturas de montaña, que prefieren mascar la hoja tostada, e irle mezclando cal y las culturas de las selvas amazónicas, que la tuestan y pulverizan, mezclándola con ceniza de plantas amazónicas cuyo resultado es un polvo verde que se llama mambe, ypadú o jíibie. El mambe se diferencia de la harina de coca en el proceso de tostado del primero.

El cultivo, la venta y la posesión de la hoja de coca sin procesar es, por lo general, una actividad legal en países como Bolivia y Perú, con un uso tradicional establecido, aunque el cultivo suele verse restringido para evitar la producción de cocaína.

En Colombia, su cultivo y procesamiento esta penalizado en todas sus formas, lo que ha traído conflictos entre el estado y la población indígena del país, que responsabiliza a los narcotraficantes y a la demanda de cocaína por parte de los países consumidores del estigma que tiene la planta en la sociedad colombiana. Pese a la prohibición e ilegalidad del cultivo, Colombia es el mayor productor de hoja de coca en el mundo para la fabricación ilegal de clorhidrato de cocaína, siendo Estados Unidos y Europa los destinos principales de esta droga ilícita.

A fines del siglo XIX, las potencias coloniales replantaron la coca fuera de su hábitat natural. Hubo un importante cultivo de coca en la isla de Java y Sri Lanka, así como en Formosa (actualmente Taiwán). En la década de 1920, Java era el principal productor de coca en el mundo.

En un intento por obtener reconocimiento jurídico para el uso tradicional de la coca, Perú y Bolivia negociaron el párrafo 2 del artículo 14 de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, en que se estipula que las medidas que se adopten para erradicar el cultivo ilícito y para eliminar la demanda ilícita, “tendrán debidamente en cuenta los usos tradicionales lícitos, donde al respecto exista la evidencia histórica”. Bolivia también realizó una reserva formal a la Convención de 1988, subrayando que “el ordenamiento jurídico de Bolivia reconoce la naturaleza ancestral del uso lícito de la hoja de coca que para una gran parte de la población de Bolivia se remonta a siglos atrás”.

Sin embargo, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) –el organismo independiente y cuasi judicial encargado de la aplicación de las convenciones sobre drogas de las Naciones Unidas– negó la validez del artículo 14 de la Convención de 1988 por encima de las obligaciones impuestas por la Convención de 1961, así como cualquier reserva realizada por las partes, dado que "no eximen a ninguna de las Partes de los derechos y obligaciones que les incumben en virtud de los demás tratados de fiscalización internacional de drogas".

En los últimos años, el régimen jurídico de la hoja de coca es cada vez más cuestionado. Incluso la JIFE afirmaba en su Informe anual correspondiente a 1994 que beber mate de coca "considerado inocuo y legal en diversos países de América del Sur, forma parte de una actividad ilegal según lo estipulado en la Convención de 1961 y en la Convención de 1988, aunque no era esa la intención de las conferencias plenipotenciarias en que se adoptaron dichas convenciones”.

Sin embargo, en su Informe anual correspondiente a 2007, la JIFE llamaba a los países a ‘abolir o prohibir el mascado de la hoja de coca y la fabricación del mate de coca’. El Gobierno boliviano respondió anunciando que solicitaría formalmente a las Naciones Unidas la desclasificación de la hoja de coca de la Lista I de la Convención Única de 1961. Evo Morales, el 11 de enero de 2013 firmó su re adhesión a la Convención con la siguiente reserva:

El Estado Plurinacional de Bolivia se reserva el derecho de permitir en su territorio la masticación tradicional de la hoja de coca; el consumo y uso de la hoja de coca en su estado natural; para fines culturales y medicinales.

La Constitución política de Bolivia protege el consumo tradicional de coca y la hoja misma en su Constitución, en el Capítulo Séptimo, referido a "Biodiversidad, coca, áreas protegidas y recursos forestales".

La Convención, según rige en los demás países, establece que esta sustancia sujeta a fiscalización requerirá licencias para la fabricación, el comercio y la distribución, así como recetas médicas para el suministro o despacho y cumplir las obligaciones relativas a la exportación e importación previstas.

Mientras está pendiente la revisión, permanecerá en vigor la decisión original de la Comisión, y las Partes harán todo lo posible para aplicar las medidas de supervisión que sean factibles a las sustancias no sujetas a las disposiciones de este Convenio, pero que puedan ser utilizadas para la fabricación ilícita de sustancias sicotrópicas. 

Todo preparado estará sujeto a las mismas medidas de fiscalización que la sustancia sicotrópica que contenga y, si contiene más de una de tales sustancias, a las medidas aplicables a la sustancia que sea objeto de la fiscalización más rigurosa.

Si un preparado que contenga una sustancia sicotrópica distinta de las de la Lista I tiene una composición tal que el riesgo de uso indebido es nulo o insignificante y la sustancia no puede recuperarse por medios fácilmente aplicables en una cantidad que se preste a uso indebido, de modo que tal preparado no da lugar a un problema sanitario y social, el preparado podrá quedar exento de algunas de las medidas de fiscalización previstas en el presente Convenio.

Si una Parte emite un dictamen en virtud del párrafo anterior acerca de un preparado, podrá decidir que tal preparado quede exento, en su país o en una de sus regiones, de todas o algunas de las medidas de fiscalización previstas en el Convenio, en lo que se refiere a la fabricación, en lo que se refiere a los preparados exentos, prohibición y restricciones a la exportación e importación, y la inspección, en lo que se refiere a la fabricación.

Dicha Parte notificará al Secretario general tal decisión, el nombre y la composición del preparado exento y las medidas de fiscalización de que haya que dado exento. El Secretario general transmitirá la notificación a las demás Partes, a la Organización Mundial de la Salud y a la Junta. Si alguna de las Partes o la Organización Mundial de la Salud tuvieran información acerca de un preparado exento que a su juicio exija que se ponga fin, total o parcialmente, a la exención, harán una notificación al Secretario general y le facilitarán información en apoyo de la misma.

El Secretario general transmitirá esa notificación y los datos que considere pertinentes a las Partes, a la Comisión y, cuando la notificación proceda de una de las Partes, a la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud comunicará a la Comisión un dictamen sobre el preparado, junto con una recomendación sobre las medidas de fiscalización, en su caso, de que deba dejar de estar exento el preparado.

La Comisión, tomando en consideración la comunicación de la Organización Mundial de la Salud, cuyo dictamen será determinante en cuestiones médicas y científicas, y teniendo en cuenta los factores económicos, sociales, jurídicos, administrativos y de otra índole que estime pertinentes, podrá decidir poner fin a la exención del preparado de una o de todas las medidas de fiscalización. Toda decisión que tome la Comisión de conformidad con este párrafo será comunica da por el Secretario general a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, a los Estados no miembros que sean Partes en el presente Convenio, a la Organización Mundial de la Salud y a la Junta. Todas las Partes dispondrán lo necesario para poner fin a la exención de la medida o medidas de fiscalización en cuestión, en un plazo de ciento ochenta días a partir de la fecha de la comunicación del Secretario general.

Una planta de procesamiento químico ubicada en Nueva Jersey (EEUU) ha conseguido una licencia para importar hojas de coca a Estados Unidos en nombre de The Coca-Cola Company. Así lo ha asegurado 'The Daily Mail', que ha añadido que el centro de procesamiento químico fabrica cocaína pura por valor de hasta dos mil millones de dólares al año. Según el medio, las hojas serían utilizadas por la empresa Coca-Cola para producir un ingrediente "descocainizado" para el refresco más famoso de la compañía. Este subproducto de la cocaína se está vendiendo al mayor fabricante de opioides del país norte americano, que también comercializa la substancia como agente anestésico para dentistas.

Hay que decir que, además de la cocaína, la hoja de coca contiene otros alcaloides, como cuscohigrina, cinamilcocaína (con sus isómeros trans cinamilcocaína y cis cinamilcocaína), tropacocaína, hydroxytropacocaina, etc.

La planta de procesamiento ha estado durante más de un siglo procesando hojas de coca para Coca-Cola y ahora está a cargo de Stepan Company. El centro cuenta con una licencia especial de la DEA (Administración de Control de Drogas) y es la única empresa estadounidense autorizada para importar cocaína y fabricarla. El acuerdo secreto se dio a conocer a finales de 1980, y 'The New York Times' destapaba que Stepan importaba entre 56 y 588 toneladas de coca desde Perú y Bolivia.

Y eso que los Convenios establcen que cada una de las Partes limitará el uso de las sustancias de la Lista I a fines médicos y científicos muy limitados que hagan personas debidamente autorizadas en establecimientos médicos o científicos que estén bajo la fiscalización directa de sus gobiernos o expresamente aprobados por ellos. Exigirán que la fabricación, el comercio, la distribución y la posesión estén sometidos a un régimen especial de licencias o autorización previa. Limitarán la cantidad suministrada a una persona debidamente autorizada a la cantidad necesaria para la finalidad a que se refiere la autorización. Exigirán que las personas que ejerzan funciones médicas o científicas lleven registros de la adquisición de las sustancias y de los detalles de su uso; esos registros deberán conservarse como mínimo durante dos años después del último uso anotado en ellos; y prohibirán la exportación e importación excepto cuando, tanto el exportador como el importador, sean autoridades competentes u organismos del país o región exportador e importador, respectivamente, u otras personas o empresas que estén expresamente autorizadas por las autoridades competentes de su país o región para este propósito.

Cada una de las Partes exigirá, teniendo en cuenta los reglamentos o recomendaciones pertinentes de la Organización Mundial de la Salud, que en las etiquetas, cuando sea posible, y siempre en la hoja o el folleto que acompañe los paquetes en que se pongan a la venta sustancias sicotrópicas, se den instrucciones para su uso, así como los avisos y advertencias que sean a su juicio necesarios para la seguridad del usuario.

Cada una de las Partes prohibirá la propaganda de las sustancias sicotrópicas dirigida al público en general, tomando debidamente en consideración sus disposiciones constitucionales.

Con respecto a las sustancias de la Lista I, las Partes exigirán que los fabricantes y todas las demás personas autorizadas para comerciar con estas sustancias y distribuirlas lleven registros, en la forma que determine cada Parte, en los que consten los pormenores de las cantidades fabricadas o almacenadas, y, para cada adquisición y entrega, los pormenores de la cantidad, fecha, proveedor y persona que las recibe. 

Toda Parte que permita la exportación o importación de sustancias de las Listas I o II exigirá que se obtenga una autorización separada de importación o exportación, en un formulario que establecerá la Comisión, para cada exportación o importación, ya se trate de una o más sustancias. En dicha autorización se indicará la denominación común internacional de la sustancia o, en su defecto, la designación de la sustancia en la Lista, la cantidad que ha de exportarse o importarse, la forma farmacéutica, el nombre y dirección del exportador y del importador y el período dentro del cual ha de efectuarse la exportación o importación. Si la sustancia se exporta o se importa en forma de preparado deberá indicarse, además, el nombre del preparado si existe. La autorización de exportación indicará, además, el número y la fecha de la autorización de importación y la autoridad que le ha expedido. Antes de conceder una autorización de exportación, las Partes exigirán que se presente una autorización de importación, expedida por las autoridades competentes del país o región de importación, que acredite que ha sido aprobada la importación de la sustancia o de las sustancias que se mencionan en ella, y tal autorización deberá ser presentada por la persona o el establecimiento que solicite la autorización de exportación. Cada expedición deberá ir acompañada de una copia de la autorización de exportación, de la que el Gobierno que la haya expedido enviará una copia al Gobierno del país o región de importación. Una vez efectuada la importación, el Gobierno del país o región de importación devolverá la autorización de exportación al Gobierno del país o región de exportación con una nota que acredite la cantidad efectivamente importada.

Respecto de las sustancias de las Listas I y II se aplicarán las siguientes disposiciones adicionales:
a) Las Partes ejercerán en los puertos francos y en las zonas francas la misma supervisión y fiscalización que en otras partes de su territorio, sin perjuicio de que puedan aplicar medidas más severas. b) Quedarán prohibidas las exportaciones dirigidas a un apartado postal o a un Banco a la cuenta de una persona distinta de la designada en la autorización de exportación.

Quedarán prohibidas las exportaciones de sustancias de la Lista I dirigidas a un almacén de aduanas.

Las Partes presentarán a la Junta informes estadísticos anuales, establecidos de conformidad con los formularios preparados por la Junta, respecto a cada una de las sustancias de las Listas I y II, sobre las cantidades fabricadas, exportadas e importadas por cada país o región y sobre las existencias en poder de los fabricantes.

Si como resultado del examen de la información presentada por los gobiernos a la Junta o de la información comunicada por los órganos de las Naciones Unidas, la Junta tiene razones para creer que el incumplimiento de las disposiciones de este Convenio por un país o region pone gravemente en peligro los objetivos del Convenio, la Junta tendrá derecho a pedir aclaraciones al gobierno del país o región interesado. Si la Junta comprueba que el gobierno interesado no ha dado aclaraciones satisfactorias después de haber sido invitado a hacerlo o no ha tomado las medidas correctivas que se le ha invitado a tomar, podrá señalar el asunto a la atención de las Partes, del Consejo y de la Comisión.

La Junta, al señalar un asunto a la atención de las Partes, del Consejo y de la Comisión, podrá, si lo estima necesario, recomendar a las Partes que suspendan la exportación, importación o ambas cosas de ciertas sustancias sicotrópicas desde el país o región interesado o hacia ese país o región, ya sea durante un período determinado o hasta que la Junta considere aceptable la situación en ese país o región. El Estado interesado podrá plantear la cuestión ante el Consejo. En todo caso, si una decisión de la Junta publicada de conformidad con este artículo no es unánime, se indicarán las opiniones de la minoría.

Las Partes adoptarán todas las medidas posibles para prevenir el uso indebido de sustancias sicotrópicas y asegurar la pronta identificación, tratamiento, educación, postratamiento, rehabilitación y readaptación social de las personas afectadas, y coordinarán sus esfuerzos en este sentido. Las Partes fomentarán en la medida de lo posible la formacion de personal para el tratamiento, postratamiento, rehabilitación y readaptación social de quienes hagan uso indebido de sustancias sicotrópicas. Las Partes prestarán asistencia a las personas cuyo trabajo así lo exija para que lleguen a conocer los problemas del uso indebido de sustancias sicotrópicas y de su prevención, y fomentarán asimismo ese conocimiento entre el público en general, si existe el peligro de que se difunda el uso indebido de tales sustancias.

Teniendo debidamente en cuenta sus sistemas constitucional, legal y administrativo, las Partes:
a) Asegurarán en el plano nacional la coordinación de la acción preventiva y represiva contra el tráfico ilícito; para ello podrán designar un servicio apropiado que se encargue de dicha coordinación.
b) Se ayudarán mutuamente en la lucha contra el tráfico ilícito de sustancias sicotrópicas, y en particular, transmitirán inmediatamente a las demás Partes directamente interesadas, por la vía diplomática o por conducto de las autoridades competentes designadas por las Partes para este fin, una copia de cualquier informe enviado al Secretario general después de descubrir un caso de tráfico ilícito o de efectuar un decomiso.
c) Cooperarán estrechamente entre sí y con las organizaciones internacionales competentes de que sean miembros para mantener una lucha coordinada contra el tráfico ilícito.
d) Velarán porque la cooperación internacional de los servicios adecuados se efectúe en forma expedita.
e) Cuidarán de que, cuando se transmitan de un país a otro los autos para el ejercicio de una acción judicial, la transmisión se efectúe en forma expedita a los órganos designados por las Partes; este requisito no prejuzga el derecho de una Parte a exigir que se le envíen los autos por la vía diplomática.

A reserva de lo dispuesto en su Constitución, cada una de las Partes considerará como delito, si se comete intencionalmente, todo acto contrario a cualquier Ley o Reglamento que se adopte en cumplimiento de las obligaciones impuestas por este Convenio y dispondrá lo necesario para que los delitos graves sean sancionados en forma adecuada, especialmente con penas de prisión u otras penas de privación de libertad.

No obstante, cuando las personas que hagan uso indebido de sustancias sicotrópicas hayan cometido esos delitos, las Partes podrán, en vez de declararlas culpables o de sancionarlas penalmente, o, además de sancionarlas, someterlas a medidas de tratamiento, educación, postratamiento, rehabilitación y readaptación social.

A reserva de las limitaciones que imponga la Constitución respectiva, el sistema jurídico y la legislación nacional de cada Parte: Si se ha cometido en diferentes países una serie de actos relacionados entre sí que constituyan delitos, cada uno de esos actos será considerado como un delito distinto.

La participación deliberada o la confabulación para cometer cualquiera de esos actos, así como la tentativa de cometerlos, los actos preparatorios y operaciones financieras relativos a los mismos se considerarán como delitos.

Las sentencias condenatorias pronunciadas en el extranjero por esos delitos serán computadas para determinar la reincidencia; y los referidos delitos graves cometidos tanto por nacionales como por extranjeros serán juzgados por la Parte en cuyo territorio se haya cometido el delito, o por la Parte en cuyo territorio se encuentre el delincuente, si no procede la extradición de conformidad con la ley de la Parte a la cual se la solicita, y si dicho delincuente no ha sido ya procesado y sentenciado.

Toda sustancia sicotrópica, toda otra sustancia y todo utensilio, empleados en la comisión de cualquiera de los delitos mencionados o destinados a tal fin, podrán ser objeto de aprehensión y decomiso. Pero el Convenio no ordena su destrucción.

Una Parte podrá adoptar medidas de fiscalización más estrictas o rigurosas que las previstas en este Convenio si, a su juicio, tales medidas son convenientes o necesarias para proteger la salud y el bienestar públicos.

Cualquiera de las Partes podrá notificar al Secretario general que, a los efectos del presente Convenio, su territorio está dividido en dos o más regiones, o que dos o más de éstas se consideran una sola región, a consecuencia del establecimiento de una unión aduanera entre ellas.

La ruta africana se impone como el canal principal de la cocaína y las fuerzas de seguridad españolas han incautado toneladas de droga en la región. Antonio Duarte, jefe de la Udyco Central, ya advirtió años atrás del desplazamiento de organizaciones gallegas hacia las costas occidentales de África en busca de una mayor impunidad para seguir con sus negocios ilícitos.

Sin embargo, en 2023 ya no son solo los gallegos los que operan en la región (que lo siguen haciendo, y con gran intensidad) sino otras redes delictivas de todo el mundo las que han apostado por la Ruta Atlántica como canal preferente de tráfico de cocaína.

La amplísima red mundial de informadores de la Drug Enforcement Administration (DEA) ha puesto en alerta a las autoridades europeas, que, a su vez, avanzan en sus propias investigaciones para dar con los encargados de introducir la mercancía ilícita en tierra. Ello hace que la Armada española se mantenga alerta ante las constantes peticiones de colaboración de los distintos cuerpos, en especial de la Policía Nacional, dado que tanto Vigilancia Aduanera como Guardia Civil disponen de su propia flota.

En un amplio espacio que abarca desde las Islas Canarias y las costas del Sáhara Occidental hasta el Golfo de Guinea, pasando por Cabo Verde una organización perteneciente a la Mafia Albanesa arraigada en Brasil, lleva los cargamentos al Oeste de África, para efectuar un transbordo en caso preciso, al Sur de Italia, donde se encuentra su socio preferente, la Ndrangheta, y Galicia, para las veloces introducciones de forma clandestina, bien en pesqueros, bien en planeadoras.

Las organizaciones criminales de todo el mundo trabajan en equipo para hacer llegar los alijos al gran mercado europeo y echan mano cuando lo creen conveniente de las organizaciones gallegas, con gran presencia y experiencia en esa parte de África y con toda una flota pesquera que faena en la región y sirve, llegado el momento, de tapadera.

Otro elemento que lleva a los narcotraficantes a optar por la ruta africana es la gran dificultad para perseguir los cargamentos una vez que ingresan en el continente. Ello hace que se hayan establecido canales de tráfico de cocaína a través del mismo por todas las vías, incluso la aérea.

Miguel Devesa saltó a la fama cuando fue capturado en relación con un avión que se estrelló en Mali con un descomunal cargamento de droga. El expolicía, que llegó a pertenecer a la Comisaría de Pontevedra un tiempo (pronto sería expulsado del cuerpo), fue cazado in fraganti junto a un venezolano y un portugués. Estaban descuartizando a un colombiano. Fueron detenidos por el alijo y el violento crimen, pero Devesa estuvo poco tiempo en prisión.

Miguel Ángel Devesa Mera, considerado el mayor capo de la cocaína de África, y toda su organización, cayó en el mes de abril de 2022. Expolicía vigués, fue detenido junto a su madre, su socio sudamericano y dos coruñeses de su plena confianza, todos ellos capturados en Costa de Marfil, país desde el que organizaban grandes descargas de polvo blanco.

"No me extrañaría que siga en África abriendo nuevas rutas", dijo en su momento Antonio Duarte, comisario central de Estupefacientes. Dicho y hecho. En 2018 era uno de los objetivos en el marco de la operación Mito, la que acabó con el sindicato del crimen de Sito Miñanco y compañía.

Pombar Caméan, que ya supera la edad de jubilación, estaba considerado policialmente como uno de los narcotraficantes más poderosos que trabajaban desde África hasta el momento de su detención. Por ese motivo, la agencia Interpol se puso manos a la obra para dar con su paradero, que se fijaba en el occidente del continente negro, desde donde, presuntamente, seguía organizando alijos de cocaína para distintas organizaciones del Viejo Continente. Fue capturado en Panamá a finales de 2018 y condenado por la Audiencia Nacional un año más tarde.

El capo de A Pobra do Caramiñal ya había sido investigado en los años 90. De hecho, la Brigada Central de Estupefacientes le vinculó con la operación Temple (que aún es el mayor alijo de la historia de Europa, con 15.000 kilos decomisados en dos incautaciones). En aquella ocasión consiguió quedarse fuera del proceso judicial.

Tras esa primera descarga, acercaban los cargamentos hasta un punto indeterminado próximo a la Península, donde acudían las lanchas rápidas para la entrada definitiva en Europa a través de las rías gallegas. Se trata del sistema empleado para la introducción en Europa de la droga que hace escala en África tras llegar por el Atlántico.

Como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores, existen sobrados indicios de que la ruta de Marruecos viene siendo utilizada desde hace meses para la introducción de cocaína en Europa (aunque sigue siendo utilizada la ruta inversa), como resultado de la equivalencia kilo-kilo en el trueque de ambas drogas, que habría suscitado el interés de los narcotraficantes marroquíes en el tráfico de cocaína.

La Asociación de Funcionarios de Vigilancia Aduanera (AFVA) ha informado, a través de sus redes sociales, del operativo realizado en noviembre por funcionarios de dicho servicio, que se ha saldado «con la incautación de numerosos fardos de droga y varios detenidos».

«Para sorpresa de los agentes, los fardos no eran de hachis sino de cocaína, algo extraño ya que fueron desembarcados en una de las playas de la bahía de Algeciras por una “narcolancha” de las comunmente utilizadas para el transporte de hachis de el continente africano hacia Europa», señala la AFVA.

A juicio de dicha asociación, «este hallazgo puede significar el uso de la ruta africana del hachis por parte de las mafias de la cocaina» y que «No nos cansaremos de pedir la zona de especial singularidad».

El Informe Navajas demostró (o estuvo a punto) la utilización policial de la droga tras la incautación de sendas grandes partidas de cocaína en Irun y de hachís en Hondarribia, y que gran parte de los cargamentos había «desaparecido» y retornado al mercado. Enrique Rodríguez Galindo, jefe de Intxaurrondo, no pudo silenciar la existencia de un informe del fiscal jefe de la Audiencia de Guipuzcoa y teniente fiscal del Tribunal Supremo hasta 2020, Luis Navajas, que elaboró en 1989 y fue abortado rápidamente cuando se trasladó a Madrid.

Fue el capitán de la Guardia Civil José Manuel Castañeda, adscrito a la Unidad de Servicios Especiales del Servicio Central de Información, junto a su subordinado, el guardia segundo Garcilaso Muñoz, se presentaron en el despacho del fiscal Navajas con una investigación propia (y paralela a los cauces oficiales) que habían realizado para demostrar lo que consideraban la “evidente implicación” de importantes miembros de la Benemérita que bajo la dirección del todopoderoso y polémico teniente coronel Enrique Rodríguez Galindo, que llegaría ser el general con más poder en la Guardia Civil, en una trama de narcotráfico en la que aparecían grupos vascos y clanes gallegos que, por aquellos tiempos, estaban dejando atrás el contrabando de tabaco y encaminando sus pasos al tráfico de hachís y cocaína.

El fiscal Navajas puso en marcha su maquinaria investigadora, tomó declaración a buena parte de las personas señaladas por los denunciantes y llegó a la conclusión de que había suficientes indicios para abrir un procedimiento contra Galindo, un capitán, un teniente, un sargento, dos guardias, varios civiles y un inspector de Policía.

Fue entonces cuando elaboró lo que se llamó informe Navajas, que forma parte de la historia judicial de este país a pesar de que la mayoría de las investigaciones acabaron archivándose y el documento desapareció de la circulación. Básicamente denunciaba que desde el cuartel de Intxaurrondo, en el que se centralizaba la lucha contra el terrorismo, estaban dando protección a cambio de una importante cantidad de dinero a tres grupos vascos dedicados al tráfico de drogas y de tabaco. Una acusación que formaba parte del argumentario del entorno terrorista y la izquierda abertzales.

Los grupos a los que aludían trabajaban directamente con cuatro de los, por entonces, principales contrabandistas de tabaco de Arousa, el ya fallecido Manuel Carballo (a cuyas órdenes empezó Sito Miñanco), Luis Falcón, alias Falconetti, (condenado por pretender introducir más de una tonelada de hachís en Euskadi en un juicio en el que la acusación la ejercía el propio fiscal Navajas), Marcial Dorado Baúlde (condenado por tráfico de drogas) y el que fuera alcalde de Ribadumia, José Ramón Barral.

Hubo filtraciones interesadas del contenido de ese documento del Ministerio Público que se convirtió en palabra de dios para las personas vinculadas con el terrorismo de ETA: la Guardia Civil permite el narcotráfico para adormecer a la juventud vasca y evitar que se sumen a la banda. Las amenazas del entorno etarra no tardaron en llegar a los capos gallegos y les obligó a tomar algunas precauciones máxime cuando miembros de ETA acabaron con la vida del supuesto socio en el País Vasco de uno de ellos, el industrial José Antonio Santamaría.

La Policía Nacional ha incautado toneladas de cocaína en dobles fondos de contenedores marítimos procedentes de Latinoamérica, en lo que supone un duro golpe a las organizaciones albanesas, las más "poderosas" actualmente en Europa. El tema constituye hoy, por tanto, todavía un expediente por abrir, máxime teniendo en cuenta la afinidad del Gobierno con los países del Grupo de Puebla, principales productores de esta droga que aquí no se masca, sino que se absorbe por las mucosas nasales, desde donde pasa al torrente sanguíneo. Si se toma por vía oral, la mayor parte se hidroliza en el estómago, por lo que, la hoja mascada, tiene un efecto muy diferente que no justifica su prohibición en los países andinos.

jueves, 25 de mayo de 2023

"EXCELSIOR", de Salvador Díaz Mirón.

 



Conservo

de la injuria,

no la ignominia; pero si la marca.

¡Sentíme sin honor, cegué de furia,

y recogilo de sangrienta charca!

y

hórrido amago suena...

Así la racha en el desierto zumba,

¡cuando en crecientes vórtices de arena

corre a ceñir al árabe la bumba!

¡infames!

os agravia

que un alma superior aliente y vibre;

y en vuestro miedo, trastocado en rabia,

vejáis cautivo al que adularais libre.

Cruel

fortuna dispensa

favor al odio de que hacéis alardes.

Estoy preso, caído, sin defensa...

Podéis herir y escarnecer, ¡cobardes!

al

mal dolos procuren

fuerza y laurel que la razón no alcanza.

¡Aún se cantar; y en versos que perduren

publicaré a los siglos mi venganza!

sobre

la impura huella

del fraude, la verdad austera y sola

brilla, como el silencio de una estrella

por encima del ruido de una ola.



Cárcel de Veracruz, julio de 1892.

martes, 28 de diciembre de 2021

"Descripción de Toledo", de Juan de Tassis y Peralta.



Loca justicia, muchos alguaciles,

cirineos de putas y ladrones

seis caballeros y seiscientos dones

argentería de linajes viles;

doncellas despuntadas por sutiles,

dueñas para hacer dueñas intenciones,

necios a pares y discretos nones,

galanes con adornos mujeriles;

maridos a corneta ejercitados,

madres que acedan hijas con el vino,

bravos de mancomún y común miedo;

jurados contra el pueblo conjurados,

amigos como el tiempo de camino,

las calles muladar: esto es toledo.


Se denomina Pacto de Toledo a la aprobación por el pleno del Congreso de los Diputados de España, durante la sesión del 6 de abril de 1995, del documento previamente aprobado por la Comisión de Presupuestos el 30 de marzo de 1995, referente al «análisis de los problemas estructurales del sistema de seguridad social y de las principales reformas que deberán acometerse».

Dicha aprobación tuvo su origen en una proposición no de ley de Convergència i Unió que propuso la inclusión de una ponencia (número 154/4) sobre la cuestión de la seguridad social en la Comisión de Presupuestos del Congreso.

Con el objetivo de excluir de la controversia parti­dista al sistema de protección social y encuadrarlo dentro de un debate político más sosegado y de amplio calado que permitiera alcanzar el máximo nivel de acuerdo como garantía de la eficacia y la perdurabilidad de las reformas, se creó en el año 1999, en el Congreso de los Diputados, una Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo, que se reúne cada cinco años y que como su nombre indica tiene por objeto el seguimiento del sistema de pensiones y la propuesta de recomendaciones para el mantenimiento y mejora del sistema

Tras cinco años desde que el Pacto de Toledo recibiese el mandato de realizar unas recomendaciones para la reforma del sistema público de pensiones, el Congreso aprobó el primer paquete de medidas que conformarán la reforma y que entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2022.

Entre las principales cuestiones sustanciadas en esta votación se encuentran: la vinculación de las pensiones con el IPC, la modificación de coeficientes para la jubilación anticipada y el alza de incentivos para la demorada, además de la separación de las fuentes de financiación del Sistema y la derogación del factor de sostenibilidad para su sustitución por el mecanismo de equidad intergeneracional.

Los últimos meses de negociación y cruce de propuestas del Gobierno para la reforma del sistema de pensiones en la mesa de diálogo social, impregnadas por la polémica, han terminado por hacer mella en el amplio consenso político alcanzado en octubre de 2020 en el seno del Pacto de Toledo, donde el acuerdo de recomendaciones recibió el apoyo de todas las fuerzas políticas a excepción de tres abstenciones, y sin ningún voto en contra, cuando se elevó su votación al Congreso.

El incremento del periodo de años cotizados para calcular la pensión firmado con Bruselas como parte de las medidas que se incluirán en la reforma de pensiones ha provocado el rechazo instantáneo tanto de los sindicatos como de los propios partidos políticos representados en la comisión del Pacto de Toledo: "Esa medida no está incluida en las recomendaciones. Los acuerdos del Pacto de Toledo no sostienen la propuesta del ministro José Luis Escrivá para incrementar el periodo de años cotizados para el cálculo de la pensión", señalan fuentes de la Comisión.

El Gobierno se muestra incapaz de defender la ampliación del periodo para calcular la cuantía de las pensiones que ha pactado con Bruselas.

El PSOE quiere poner ya en marcha el estudio para calcular cuántos gastos impropios ha asumido la Seguridad Social y qué, por tanto, han deteriorado la situación financiera y la valoración acerca de la viabilidad del sistema público de pensiones.

Lo que parecía un claro salvoconducto para el Gobierno que garantizaba el acceso a los fondos europeos para la reconstrucción económica se confirma: la reforma de pensiones es condición de Bruselas para la recepción de esta financiación para aplacar los efectos de la crisis económica provocada por la pandemia. Así lo reconoció el propio ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, durante su comparecencia este miércoles en la Comisión del Pacto de Toledo, donde aseguró que este acuerdo alcanzado con los agentes sociales da respuesta a 12 de las 22 recomendaciones que los partidos elevaron al Ejecutivo tras el acuerdo en el pasado mes de octubre.

Desde hace varios años, uno de los debates macroeconómicos más extendidos es el de la reforma del sistema público de pensiones. Cada vez se jubilan más personas que han cotizado en unos niveles altos, lo que les permite optar a pensiones más elevadas. En 2021, el Gobierno decidió incrementar la cuantía de las pensiones un 0,9%, mientras que, en el caso de las pensiones mínimas, la revalorización fue del 1,8%. Hoy, la pensión media de un jubilado en España es de 1.170,26 euros, es decir, 15 euros más que en 2020. Solo en la última década, la Seguridad Social acumula un déficit de 151.000 millones de euros, alrededor del 13% del producto interior bruto (PIB).

El Gobierno creó hace más de un año y medio la Oficina de Prospectiva, un grupo formado por alrededor de 100 expertos a las órdenes del exdirector del Gabinete de Presidencia, Iván Redondo, con la misión de asesorar sobre las grandes reformas que el país requiere.

La despenalización de las jubilaciones anticipadas para aquellos trabajadores con carreras laborales de 40 o más años cotizados vuelve a situarse como uno de los puntos cruciales de la reforma de pensiones. Por un lado, la asociación que abandera esta reivindicación hizo llegar sus propuestas a la presidenta del Pacto de Toledo, Magdalena Valerio, la pasada semana, al tiempo que desde Unidas Podemos y el resto de partidos de la Comisión preparan estos días las peticiones de comparecencia del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para dar cuenta de esta y el resto de medidas en las que trabaja el Ejecutivo con los agentes sociales para la reforma del Sistema.

El Gobierno seguirá dando aire a los autónomos más allá de los planes de ayudas específicos aprobados con motivo de la pandemia. Un nuevo sistema, el de cotización en base a los ingresos reales, que según fuentes cercanas a estas negociaciones entre el Gobierno y las asociaciones representantes de los trabajadores autónomos, prevén que eche a andar en 2022.

El Círculo de Empresarios y la Fundación Transforma España instaron hace un año al Gobierno y a las empresas a adoptar medidas basadas en incentivos para alargar las carreras laborales tras la edad de jubilación, desincentivar los sistemas de jubilación anticipada y alargar los años de cotización para el cálculo de las pensiones.

La propuesta que está barajando el Gobierno sobre el aumento de 25 a 35 los años cotizados para el cálculo de la pensión y la consecuencia de la medida, un recorte medio de las nuevas pagas del 5,5%, ya hacía prever la disconformidad con la misma de parte del Gobierno, tal y como ha confirmado en las últimas horas la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al asegurar que "es un recorte, sencillamente" y como a confirmado este mismo jueves una de las voces autorizadas de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Rafael Mayoral, asegurando que sui partido no va a callar si Escrivá impulsa la "incomprensible" reforma de pensiones, que "rescata" las tesis del PP.

El sistema de pensiones público se encuentra en tela de juicio de forma habitual. Las pensiones suponen un gasto que supera el 11% del producto interior bruto (PIB), pero lo más preocupante es la tendencia, que hace hoy de este un sistema insostenible.

De la reforma de pensiones propuesta por el Pacto de Toledo y ratificada por el Congreso se desprende una primera lectura: el gasto en pensiones mantendrá en los próximos años la senda ascendente impulsada por la revalorización de las prestaciones vinculada al IPC. Esto supondrá un traspaso de 14.000 millones de gastos impropios de la Seguridad Social al Estado y la necesidad de cubrirlo con impuestos obligará al Gobierno a elevar el tipo de IPRF en un 50% hasta 2050, cuando se espera el pico de gasto en pensiones por la jubilación de la generación baby boom.

Las ayudas del fondo de reconstrucción de Bruselas para afrontar los efectos de la pandemia no estarán exentas de contrapartidas, por lo que el Gobierno deberá abordar cambios estructurales en ciertos ámbitos, principalmente pensiones y mercado laboral, para acceder a los 140.000 millones de euros que corresponden a nuestro país de las ayudas aprobadas por el Covid.

Con las recomendaciones del Pacto de Toledo aprobadas, así como su convalidación en el Congreso, una primera aproximación a la pertinencia de las medidas propuestas sugiere que estas carecen de una lectura sobre el impacto económico de las mismas tanto en las finanzas de la Seguridad Social como en cuestiones que implican a la evolución del mercado de trabajo. Por ello, queda claro que nuevas actuaciones sobre los gastos y los ingresos serán necesarias ya que, lejos de reducir los esfuerzos financieros, la Seguridad Social afronta unos años donde la senda del gasto será ascendente, empezando por las futuras revalorizaciones previstas en base al IPC.


Una de las claves que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ya ha aclarado que abordará para el refuerzo del Sistema es aproximar la edad real de retiro del mercado laboral (62 años y 7 meses) a la edad legal de jubilación, actualmente en los 65 años y 10 meses. En este sentido, los economistas y expertos del think tank Civismo proponen que se establezca una jubilación flexible que vaya desde los 60 años hasta los 75 años, y donde el trabajador pueda escoger el momento de salida del mercado laboral.

Uno de los puntos de la reforma de pensiones es el de las pagas de muerte y supervivencia, principalmente las pensiones de viudedad, y su necesaria adaptación a la realidad social del momento, donde las necesidades para las que se concibió esta prestación han cambiado. En este sentido, el Pacto de Toledo aboga por una revisión "íntegra" de esta prestación para su adecuación, donde el principal cambio vendría en el método de cálculo de la pensión, que quedaría condicionado a la situación financiera de la unidad familiar en la que conviva el beneficiario de la paga. Además, se plantea que otros factores como la edad o las cargas familiares también se tengan en cuenta a la hora de calcular la cuantía de la prestación.

El Círculo de Empresarios y la Fundación Transforma España instan al Gobierno y a las empresas a adoptar medidas basadas en incentivos para alargar las carreras laborales tras la edad de jubilación, desincentivar los sistemas de jubilación anticipada y alargar los años de cotización para el cálculo de las pensiones.

El sistema de pensiones público se encuentra en tela de juicio de forma habitual. Las pensiones suponen un gasto que supera el 11% del producto interior bruto (PIB), pero lo más preocupante es la tendencia, que hace hoy de este un sistema insostenible. El Gobierno planea introducir algunos cambios para aliviarlo. La última propuesta pasa por aumentar los años de cotización para calcular las pensiones de 25 años a 35, lo que supondrá un 'recorte' a las nuevas pensiones en casi la totalidad de los casos.

De la reforma de pensiones propuesta por el Pacto de Toledo y ratificada por el Congreso se desprende una primera lectura: el gasto en pensiones mantendrá en los próximos años la senda ascendente impulsada por la revalorización de las prestaciones vinculada al IPC.

El Pacto de Toledo, en las postrimerías de la negociación para alumbrar las recomendaciones de la reforma del sistema público de pensiones, no solicitará al Gobierno una revisión de las cotizaciones para los trabajadores del régimen general de asalariados. Ello implica de facto que, en este momento no abogan por tocar las cotizaciones de estos asalariados, tanto de rentas altas como de rentas bajas y medias. Algo que sí ocurrirá para el régimen especial de trabajadores autónomos (Reta), donde sí que se solicitará dar un paso más hacia la convergencia de regímenes de la Seguridad Social, articulando un sistema de aportaciones en base a los ingresos reales. Esta decisión de salvar a los asalariados de una eventual subida de las cotizaciones tiene sentido en el actual contexto de crisis económica, donde puede ser contraproducente el aumento de los costes para la contratación, pero también tapona por el momento una de las vías para aumentar los ingresos, las cotizaciones sociales, que caerán.

El Pacto de Toledo rechaza la propuesta del Gobierno de incrementar las cotizaciones para los asalariados del régimen general, no así para los trabajadores autónomos. El Gobierno endurecerá la jubilación anticipada, que según el reglaje de porcentajes de penalización por cada año que se adelanta el retiro resulta en su cómputo final más ventajoso para las rentas altas y más gravoso para las más bajas. Ahora, la intención es la de establecer un marco que por un lado incentive la permanencia en el puesto de trabajo más allá de la edad legal al tiempo que haya desincentivos para adelantar ese retiro.

El Pacto de Toledo estudia la posibilidad de desviar hasta 12.000 millones de euros procedentes de las cotizaciones por desempleo que va a parar al Sepe a los fondos de la Seguridad Social para afrontar futuros gasto en pensiones. Concretamente, el documento sobre el que trabajan los partidos representados en la Comisión parlamentaria encargada de emitir las recomendaciones para la reforma del sistema público, recoge la posibilidad de derivar tres puntos porcentuales de la cotización que realizan los trabajadores al Sepe hacia contingencias comunes, que es la aportación que ingresa la Seguridad Social y con las que se sufragan las pensiones en nuestro país.

Una de las cuestiones que saldrá de las recomendaciones que los partidos presentes en la Comisión eleven al Ministerio de Seguridad Social es el mantenimiento de la jubilación a los 60 años para los funcionarios de clases pasivas (profesores, funcionarios de carrera de la Administración Central, militares de carrera, jueces, fiscales, guardias civiles, policías, etc.) una vez se apruebe la reforma, tal y como habrían acordado tanto PSOE como PP.

PSOE y PP acuerdan dejar fuera de la futura reforma del sistema de pensiones al Régimen Especial de Clases Pasivas, el sistema particular de protección con el que cuentan los funcionarios. No habrá así cambios para esta modalidad de jubilación pese a que lleva años planteando importantes problemas.

El Banco de España ve inviable subir pensiones con el IPC.




La sentencia del caso ERE en Andalucía llegó tras muchas presiones y retrasos en la instrucción. El escándalo de los ERE es una red de corrupción política vinculada al PSOE y la Junta de Andalucía, investigada a raíz de un caso de corrupción en la empresa Mercasevilla, en la que fueron detectadas prejubilaciones aparentemente fraudulentas.

En el año 2001, la Junta de Andalucía, presidida por Manuel Chaves, inició un procedimiento para respaldar económicamente a empresas con problemas, que se veían obligadas a presentar expedientes de regulación de empleo (ERE), para realizar prejubilaciones o despidos, y a los trabajadores afectados por estos ERE.​ Para lo que creó una partida presupuestaria dotada con 721 millones de euros hasta el año 2011 y, para su finalización, debería ampliarse hasta la cifra de 5.217 millones.

Pero las prejubilaciones eran fraudulentas, pagadas a personas que nunca habían trabajado en las empresas afectadas; se dieron subvenciones a empresas que no estaban presentando un ERE e, incluso, a personas que no llegaron a crear ninguna empresa, y se pagaron comisiones, muy por encima del valor de mercado, a intermediarios entre la Junta y los trabajadores: aseguradoras, consultoras, bufetes de abogados y sindicalistas. En total, un fraude total de más de 855 millones de euros.

En 2011 la Junta de Andalucía se personó como acusación particular en el caso, manifestando su intención de recuperar todo el dinero pagado en las prejubilaciones falsas o irregulares. En 2013, pocos días después de la dimisión de José Antonio Griñán como presidente de la Junta y su sustitución por Susana Díaz, comenzaron a ser imputados expresidentes y sus cómplices y subalternos.

Entonces Susana Díaz retiró la acusación en nombre de la Junta impidiendo recuperar el dinero. 
Díaz ya estaba en el PSOE cuando todo empezó, de la mano de los cabecillas de la trama, por quienes hizo todo lo posible para boicotear la investigación parlamentaria y proteger a los acusados, llegando a ocultarle a la Guardia Civil documentación sobre el gasto en burdeles de sus compañeros de partido.

La Junta de Andalucía que presidió Susana Díaz, tras el "absoluto descontrol" para repartir 680 millones en ayudas, no mostró prisa en intentar recuperarlos. Entre 2000 y 2009 ocurrieron los fraudes en Expedientes de Regulación de Empleo, pero la Junta sólo denunció 120 casos 15 días antes de la toma de posesión de Juan Manuel Moreno Bonilla como su Presidente.

La Fiscalía acusaba en el juicio a 21 máximos responsables de la Junta de Andalucía  de defraudar más de 855 millones de euros tras la supuesta creación de un sistema de ayudas públicas "totalmente opaco" al margen "de los ciudadanos" y de los controles establecidos por la Intervención General, un importe en principio destinado a la reactivación de empresas en crisis y a ayudar a los trabajadores.

La Audiencia Provincial de Sevilla condenó por delitos de prevaricación y malversación al expresidente Griñán, al también expresidente Chaves, y a 19 ex altos cargos del PSOE: el exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, el exconsejero de Innovación, Francisco Vallejo, la exconsejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, el exviceconsejero de Innovación, Jesús María Rodríguez Román, la exconsejera de Economía y Hacienda y exministra, Magdalena Álvarez, el exconsejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, el ex viceconsejero de Economía, José Salgueiro Carmona, el ex director general de Presupuestos, Antonio Vicente Lozano, el ex director general de Trabajo, Javier Guerrero y su sucesor en el cargo Juan Márquez Contreras, el exconsejero de Empleo, José Antonio Viera, el exviceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, el ex secretario general técnico de Empleo, Juan Francisco Sánchez García, el ex secretario general técnico, Javier Aguado Hinojal, la ex secretaria general técnica de Empleo Lourdes Medina Varo, el ex director general de Idea, Miguel Ángel Serrano Aguila, y el ex director general de IDEA, Jacinto Cañete. Los dos únicos absueltos de todos los cargos han sido el ex interventor de la Junta y el exjefe del gabinete jurídico de la Junta.

El gobierno del ‘cambio’ del popular Moreno Bonilla mantiene al frente de la Subdirección General de Fondos Europeos a Antonio Valverde Ramos, un antiguo alto cargo investigado en tres causas de corrupción relacionadas con la irregular gestión de dinero público durante la etapa del PSOE en la Junta. Está procesado en una de las piezas de los ERE fraudulentos. Además, los jueces investigan su gestión en el caso Isofotón, centrado en la fotovoltaica que echó el cierre en 2013 tras recibir de forma irregular más de 80 millones de euros, y en el préstamo a fondo perdido de 36,1 millones concedido por la Junta de Andalucía a la desaparecida fábrica de Santana Motor.


La primera sentencia por el fraude en las subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía durante los gobiernos socialistas para realizar cursos de formación y que se convirtió en otra macrocausa judicial que terminó afectando a los ejecutivos del PSOE en la comunidad ha recaído en la pieza de Formación Integral para el Empleo, sociedad que del empresario José Sivianes que llegó a recibir, entre 2010 y 2012, más de cinco millones de euros de fondos públicos para cursos que presentan numerosas irregularidades.

Los seis acusados, como las partes han llegado a conformidad, se han mostrado de acuerdo con esta condena, declarada firme, tras reconocer los hechos. Ninguno pisará la cárcel si no vuelven a delinquir y pagan la indemnización a la Administración autonómica.

Formación Integral para el Empleo se constituyó en octubre de 2001 con la «enseñanza en general» como objeto social. Esta empresa sevillana fue adquirida en 2005 por la esposa de Sivianes, que en 2012 pasa a ser administrador único de la misma. Éste, según el relato de los hechos de la Fiscalía admitido por los condenados, ya era de facto el que controlaba la empresa desde 2005.

Sivianes, «con ánimo de enriquecerse», entre los años 2011 y 2012 creó «una estructura organizativa» destinada a quedarse con dos tercios de los fondos públicos recibidos. Es decir, estos dos tercios del dinero no irían a los fines para los que fueron concedidos: la formación de desempleados.

La estructura fraudulenta tenía una doble vía. Por un lado, se incrementaban ficticiamente los gastos de los servicios de docencia mediante la subrogación para tales servicios de terceros, también acusados y condenados este viernes. Éstos nunca realizaban los cursos. Eran simples testaferros de Sivianes, que era quien hacía los cursos.

La segunda vía del fraude era aumentar también ficticiamente los gastos de los suministros de material didácticos. Estos empresarios emitían facturas y presupuestos falsos. Así, Sivianes se quedó con 1.120332 euros en 2012 del importe total de 1.743.742 euros de la subvención que ingresó Sivianes de la Junta un año antes. Este es el dinero que todos los condenados deberán devolver ahora a la Administración autonómica.

Los acusados y ahora condenados aprovecharon el sistema de justificación de las ayudas de la Junta para engañar a la propia administración. Sivianes recibió una subvención de 2.324.990 euros. Entre mayo y junio de 2011 recibió en distintos pagos el 75 por ciento de dicha ayuda: 1.743.742 euros. Una vez ingresadas tales cantidades, los acusados impartieron los cursos de formación, pero incrementaron ficticiamente los costes, ocultándolo a la Junta en la cuenta justificativa.

Para ello, inflaron los gastos de docencia, contando Sivianes en esta artimaña contable con los condenados J.C.P.N., A.M.R.C., N.H.S. y M.J.M.R., estos formadores, con ánimo de enriquecerse también, elaboraron facturas por trabajos de gestión de la docencia y organización de los cursos que impartía Sivianes que no correspondían con la realidad.

La juez que investigó los hechos señaló en el auto de apertura de juicio oral algunas de estas maniobras para facturar más: «si eran 20 euros, se facturaban 80» por hora de docencia; «el mismo concepto de factura por duplicado», y «se facturan productos inexistentes o no suministrados, por ejemplo, monitores de 17 pulgadas».

Para el sistema falseario de facturas en suministros de material, Sivianes contó con la ayuda de V.M.F.S., dueño de Vicafer Gestión y Bio Oil Doñana. Y ello pese a ser Vicafer una empresa dedicada al comercio de productos lácteos, huevos, aceites y grasas comestibles y Bio Oil Doñana al comercio al por mayor de alimentos. Este condenado emitió facturas por suministros de material didácticas falsos, pues no se dedicaban a este sector.

Después aparece la Copistería Ibercopy. Uno de los socios de esta mercantil, J.C.P.N., también ha sido condenado. Elaboraba presupuestos de material didáctica con precios inflados.

El juez de lo Penal número siete de Sevilla, cuando ha dictado su sentencia «in voce», ha fijado que la indemnización a la Junta de Andalucía que tendrán que hacer frente Sivianes y los otros cinco condenados por este fraude en los cursos es de 1.743.742 euros. El 75 por ciento de la subvención concedida en 2010 que ascendía a 2.324.990, que la Junta se indemnizará con parte de su propio dinero.


Pero esta es sólo una de las 187 piezas separadas de la macrocausa de los ERE. La Justicia tiene pendiente una pieza separada por presuntos delitos de prevaricación y malversación relacionados con las ayudas de más de 40 millones de euros concedidas por el Ministerio de Trabajo y la Junta de Andalucía a cinco minerías.

Entre los investigados están los ex secretarios generales de los sindicatos CCOO en Andalucía Francisco Carbonero y UGT en Andalucía Manuel Pastrana, y otros ocho sindicalistas de ambas centrales que malversaron los fondos abonados por el Fondo de Garantía Salarial que debían ir a la Junta y también desviaron parte de los fondos recibidos del Gobierno andaluz para el «pago de las ayudas sociolaborales». El juez acordó el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones respecto a Manuel Pastrana, por razones de salud.

El caso UGT implica al ex tesorero del sindicato Federico Fresneda, la secretaria de Gestión Económica María Charpín y empresarios y representantes de proveedores del sindicato que, presuntamente, falsearon facturas al dictado de UGT y también abonaron comisiones de hasta el 20% de lo facturado. 

El Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla ya abrió juicio contra el ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y catorce personas más, entre ellas otros cuatro responsables del sindicato, por un presunto fraude de 40,7 millones de euros destinados a cursos de formación. La Fiscalía Anticorrupción pide siete años de cárcel y 50 millones de euros cada uno de ellos, así como que indemnicen solidariamente a la Junta con 40.750.047,74 euros, además de cinco años de prisión para la responsable del departamento de Compras de UGT-A y tres años para los diez proveedores, a quienes considera cooperadores necesarios.

UGT-A debe responder como presunto responsable civil subsidiario, porque según el Juez entre 2009 y 2013 hubo "procedimientos concertados" entre UGT-A y algunos proveedores para que estos "facilitaran la infraestructura documental y contable que permitiera obtener fondos destinados a formación para poder desviarlos con el fin de sostener los gastos corrientes del sindicato". Los fondos, provenientes de subvenciones de la Consejería de Empleo, se dedicaron "a fines distintos del destino que deberían haber tenido", que era "la práctica de acciones formativas a personal ocupado y desocupado".

Una de las técnicas empleadas epor el sindicato era beneficiarse de "los descuentos que los proveedores le realizaban en las diferentes facturas, sin que dichos descuentos se declararan a la Administración". Otra eran las facturas simuladas que "no se correspondían con ningún servicio prestado" pero que "eran imputadas a programas subvencionados". La tercera vía de financiación fraudulenta era la cesión en usufructo de locales de su propiedad a la mercantil Soralpe, de la que UGT-A era socio único, con lo que se obtenían fondos con cargo a subvenciones gracias a "un sistema de alquileres por aulas empleadas para la formación que realmente no generaban un gasto".

Así se financian presuntamente los sindicatos, que ya cobran suficientes fondos públicos para sostenerse, además de sus afiliados, si es que alguno paga en vez de cobrar. Pero, a pesar de los numerosos casos de fraude o apropiación, los que deberían controlar el buen uso de fondos públicos permiten que la mafia sindical campe a sus anchas y le devuelva favores.

Y la Justicia se lo toma con calma para terminar el asunto, a pesar de las innumerables evidencias contra los acusados. Será por miedo a que les pase como a la Juez Alaya, o será porque están muy ocupados.



Dimite el líder de UGT Madrid tras denunciar corrupción en el sindicato por "responsabilidad política y dignidad personal" y explica que proseguirán "las investigaciones policiales para esclarecer los hechos".

El secretario general de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo, ha dimitido días después de denunciar a la Policía una trama de corrupción en el sindicato, según ha comunicado en un mensaje de Twitter a los afiliados.

López Reillo había denunciado ante la Policía Nacional un posible caso de corrupción en el sindicato, que podría haber desviado al menos un millón de euros del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).

López Reillo habría sido advertido por analistas económicos cercanos al sindicato que detectaron presuntas irregularidades en la gestión de estos fondos, por lo que él mismo llevó ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estos indicios.

Según informaciones periodísticas, en la trama corrupta estaría presuntamente implicada una administrativa del sindicato, hija de la parlamentaria del PSOE de la Asamblea de Madrid Carmen López, y entidades bancarias que gestionaban los fondos de dinero público destinados a empleados despedidos.

López Reillo, de 66 años, fue elegido secretario general de UGT Madrid el 6 de mayo de 2016 en el XIV congreso de UGT madrileño.  El hasta ahora secretario general se enfrentaba a su segundo mandato de cuatro años al frente del sindicato y había marcado como uno de sus ejes de su gestión conseguir acabar con la brecha salarial y que los planes de igualdad llegaran a todas las empresas. Junto a ello también había señalado el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la derogación de la reforma laboral y el aumento de las pensiones como objetivos de este nuevo periodo, ahora truncado.




El Expediente de Regulación de Empleo (abreviado como ERE), es un procedimiento mediante el cual una empresa en una mala situación económica busca obtener el permiso de la autoridad laboral para suspender o extinguir las relaciones laborales por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, por fuerza mayor o por extinción de la personalidad jurídica de la empresa.

No será necesario solicitar autorización administrativa para despedir colectivamente en los casos de concurso o cese de actividad de la empresa por decisión judicial.

Aparentemente, el control administrativo obedece a comprobar si la adopción de las medidas propuestas contribuye a superar una situación deficitaria de le empresa, o a garantizar la viabilidad futura de la empresa y del empleo en la misma a través de una mejor organización de los recursos.

Sin embargo, lo que suele suceder es que los funcionarios que deben dar su visto bueno y los abogados de los sindicatos aprietan al empresario hasta que abone el donativo o la minuta de honorarios, con IVA o en sobre.

Una vez obtenida la autorización administrativa, el empresario podrá comenzar a despedir
 a todo el que pueda. La selección de los trabajadores a despedir la hará el empresario, ateniéndose a lo que proyectó en la solicitud y respetando la prioridad de permanencia en la empresa de los representantes de los trabajadores.

El Fondo de Garantía Salarial abonará a los trabajadores el importe de los salarios pendientes de pago a causa de insolvencia o concurso del empresario. Así lo establece el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 33, que define al FOGASA como "Organismo autónomo dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales", el cual "se financiará con las aportaciones efectuadas por todos los empresarios, tanto si son públicos como privados".

Con eso se explica por qué al final los trabajadores se van a la puta calle mientras los representantes sindicales suelen quedarse con todo o parte de las indemnizaciones de los curritos.

Los problemas de los trabajadores no son el problema ni la prioridad de los sindicatos oficialistas
, Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras, que no representan a nadie más que a ellos mismos.

Aunque lo diga el artículo 7 de la Constitución, los sindicatos de trabajadores contribuyen escasamente a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su actividad no siempre respeta la ley, ni tampoco su estructura interna y funcionamiento son realmente democráticos.

Según el artículo 28 de la Constitución, todos tienen derecho a sindicarse libremente (salvo los sometidos a disciplina militar), y nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato. Pero los afiliados que no paguen la cuota siguen figurando en sus listas a la hora de que el sindicato perciba subvenciones y ayudas públicas por número de representados.

El Gobierno ha movilizado a todos los delegados sindicales del sector de Servicios Sociales por la crisis del coronavirus. Los liberados sindicales son trabajadores, ya sea del sector público o privado, que en teoría emplean todo su tiempo en defender los derechos de sus compañeros. Están liberados, por ley, de realizar el trabajo para el que fueron contratados, y en España hay en torno a 350.000 delegados sindicales, aunque solo una parte de ellos ejercerían como liberados. En 2010, la CEOE los cifró en torno a 4.200.

Los sindicatos mayoritarios llevan a los obreros como perros con correa, a los que sueltan los días de huelga insolidaria con los viajeros, los conductores, y en definitiva todos los ciudadanos dependientes de servicios públicos. Hacer que unos trabajadores jodan la vida de otros es todo cuanto saben hacer, además de robar.