Con voz aguardentosa parla y grita
contra todo Gobierno, sea el que fuere.
Llama a todo acreedor que te pidiere,
servil, carlino, feota, jesuíta.
De un diputado furibundo imita
la frase y ademán. Y si se urdiere
algún motín, al punto en él te injiere,
y a incendiar y matar la turba incita.
Lleva bigote luengo, sucio y cano;
un sablecillo, una levita rota,
bien de realista, bien de miliciano.
De nada razonable entiendas jota,
vivas da ronco al pueblo soberano
y serás eminente patriota.
En "no te cases con tu voto, mira lo que dice el otro" ya comenté las ideas abstencionistas del difunto García-Trevijano. Ese quijotesco personaje de extravagantes delirios tuvo tiempo y lucidez para escribir unos libros de teoría política que sería lógico que sus seguidores intentaran poner en práctica. Pero ni el mismo Trevijano supo poner en marcha ningún proyecto, porque es más complicado que divagar sin llegar a ninguna parte.
Su idea de que la abstención puede deslegitimar el sistema es una pura utopía porque los elegidos para ejercer el poder, por muy minoritarios que sean pueden pactar para gobernar o convocar nuevas elecciones. El sistema no representativo de gobierno es respetado por la prensa que maneja la opinión y la información.
La corrupción tiene que ver con una concepción patrimonial del Estado, que los gobiernos y los reyes han administrado como si fuera una finca de su propiedad. Con el Gobierno en manos de políticos que forman parte de la oligarquía terrateniente y financiera, no hay un Estado de derecho y la corrupción escapa fácilmente a la acción judicial. La baldía cháchara de los políticos y comentaristas deja como única opción democrática el castigo electoral, que alimenta la alternancia del bipartidismo y la continuidad de la Prensa.
Cuando una organización política tiene imputados y, como mínimo a diferentes dirigentes regionales y estatales, no es lícito apelar a la "presunción de inocencia" mientras no haya sentencias firmes. Sin embargo, un mínimo de ética política exigiría apartar de sus cargos y de militancia a todos aquellos que están imputados o bajo sospecha al menos hasta que las sentencias no disipen todo atisbo de culpabilidad.
Es cierto que otros países democráticos tampoco escapan a la lacra de la corrupción asociada al poder político, pero en el caso de España los partidos que pretenden ser alternativa de Gobierno no muestran ejemplaridad y su dirección mira hacia otro lado y se escuda en las responsabilidades individuales para no asumir las que como organización le corresponden.
En suma, la ambición de poder se sobrepone al sentido de Estado, lo que redunda en detrimento de la credibilidad de las instituciones de la España que conocemos. Décadas de malos gobernantes, que actúan de la forma propia de un país que no es una democracia, sino un régimen de partidos, que alimenta inútiles chupasangres que encima nos dan clases de qué debemos pensar y cómo podemos expresarnos.
Actualmente la partitocracia y su periodismo servil dirigen el discurso único. La opinión pública hoy tiene mucho interés estratégico, y los esquemas de pensamiento que sirven de base a los juicios individuales convierten en ilusoria la democracia directa. Los conceptos de "libertad de opinión" y "soberanía popular" no existen, toda vez que los medios de comunicación, además de tomar postura, difunden las opiniones que desean.
La opinión pública debiera surgir de un debate público sobre las críticas y propuestas de diferentes personas, grupos y clases sociales. Para que la publicidad crítica no se convierta en manipulación, al servicio de intereses privados, aquellas opiniones sobre hechos controvertidos expresadas en público deben permitir que el individuo, sin temor a ser excluído, pueda exponer su propio juicio públicamente aunque no responda a la opinión o a los criterios sociales dominantes.
El término desinformación se ha convertido en habitual en el lenguaje político y periodístico, habiéndose vinculado a la manipulación de los medios, al control de la información en beneficio de intereses políticos o económicos y a las estrategias de gobiernos, partidos o grandes empresas para engañar a la opinión pública.
Desinformación es sinónimo de desconocimiento o ignorancia y también de manipulación o de confusión. El diccionario de la Real Academia Española no lo introdujo hasta 1992, definiéndolo como “dar información intencionadamente manipulada al servicio de ciertos fines” o “dar información insuficiente u omitirla”.
Se habla por ejemplo de desinformación mediática y también económica, empresarial o corporativa, en alusión a cómo las grandes compañías multinacionales controlan la difusión de noticias, ocultando a la ciudadanía aquellas que puedan resultar negativas para sus intereses y moviendo los hilos de la política y de la opinión
pública
Transmitir a alguien una información que no es verdadera es una situación que puede darse con asiduidad. Y muchas veces, como afirma Galdón, se produce de forma no intencionada, simplemente por un error. Sin embargo, se entiende que la desinformación es un fenómeno en el que el emisor tiene el firme propósito de ejercer algún tipo de influencia y control sobre sus receptores con abuso de poder. Y la realidad, por muy paradójica que pueda resultar, es que en una sociedad como la actual, con miles de fuentes de información y de vías de acceso a la misma, sobre todo tras la llegada de Internet, el desinterés ciudadano por la información, sobre todo por la información política, es muy alto entre buena parte de la población.
La intención de mentir es quizá el elemento más sustancial del fenómeno de la desinformación. Pero la mentira puede tener dos caras. Se puede mentir transmitiendo un hecho falso a sabiendas de que lo es y sin advertir de su falsedad, y también ocultando o silenciando datos relevantes sin los cuales es imposible el conocimiento completo de la verdad.
Y precisamente por esta característica de faltar a la verdad, algunos autores han preferido denominar a este fenómeno “intoxicación” en vez de desinformación, puesto que entienden que este término define con mayor exactitud la confusión buscada por el emisor.
La desinformación está íntimamente unida a los medios de comunicación, al intento por parte del emisor de valerse de ellos y de manipularlos para que el periodista o el medio sean transmisores voluntarios o involuntarios de la misma, puesto que la independencia de los medios está bajo un progresivo control político y económico y, en especial las grandes corporaciones, han abandonado su vertiente informativa y se han convertido en poderosos medios de influencia social en función de unos determinados intereses económicos o ideológicos.
Luis Rojas Marcos renombrado psiquiatra, presidente del Sistema de Hospitales Públicos de Nueva York, reflexiona en sus libros sobre la fascinación por las atrocidades representada paradigmáticamente por los antiguos romanos y el deleite actual servido por televisiones y cines, por lo vil, el culto a la crueldad y a lo degenerado, la ética de la frustración, el aburrimiento, la desmoralización.
Tras los atentados del 11 de Septiembre de 2.001, Rojas Marcos analizó sus efectos en la población, la conciencia de vulnerabilidad, el miedo a una amenaza que persiste, la exaltación del nacionalismo, la fobia a los extranjeros, la sed de venganza, el papel de la televisión, la manipulación de la realidad, la falta de influencia femenina, el resurgimiento de la espiritualidad y, por último, la conclusión de que la violencia vende en el negocio del periodismo y sobre todo de la Televisión.
Tras los atentados del 11 de Septiembre de 2.001, Rojas Marcos analizó sus efectos en la población, la conciencia de vulnerabilidad, el miedo a una amenaza que persiste, la exaltación del nacionalismo, la fobia a los extranjeros, la sed de venganza, el papel de la televisión, la manipulación de la realidad, la falta de influencia femenina, el resurgimiento de la espiritualidad y, por último, la conclusión de que la violencia vende en el negocio del periodismo y sobre todo de la Televisión.
Las cadenas de televisión construyen el relato informativo mediante un espectáculo con el objetivo de conseguir audiencias. Con conocimiento de que el terrorismo o la protesta violenta buscan espacio en los informativos televisivos, las cadenas españolas gestionan este tipo de noticias buscando el mayor grado de espectacularidad que ofrecer a la audiencia.
En esta relación entre desinformación y medios de comunicación, no puede obviarse que en los últimos años, con la irrupción de Internet, los ciudadanos tienen acceso a muchas más fuentes, pero los desinformadores tienen a su alcance otras herramientas de comunicación como las redes sociales para difundir sus mensajes.
En España, el control de la radiotelevisión pública se consolida con PSOE, Podemos, PP y PNV que, amañando un concurso público han designado su Consejo de Administración con parte del equipo directivo que ha recibido más denuncias por manipulación informativa.
Rosa María Mateo deja al frente de la corporación al "compañero" José Manuel Pérez Tornero, con un sueldo suponemos parecido y seis vocales remunerados con 900 euros brutos mensuales y sometidos a un fuerte régimen de incompatibilidades. Todos ellos ejercerán su puesto durante seis años.
El Congreso de los Diputados ha ratificado este jueves el acuerdo al que han llegado horas antes los grupos parlamentarios de PSOE y PP, además de los de Unidas Podemos y PNV, sobre el Consejo de Administración y la Presidencia de RTVE, y ha elegido a los seis vocales que le correspondía nombrar. Por el PSOE, entra también en el Consejo Elena Sánchez, secretaria general de RTVE, cuyo proyecto de gestión que presentó recibió el siguiente comentario por parte de los examinadores: "Es plagiado de la Wikipedia". El concurso público, un fraude.
José Manuel Martín Medem ha sido propuesto por Unidas Podemos y director de Mundo Obrero, el periódico del Partido Comunista de España y colaborador de La Última Hora, el libelo digital de Podemos, dirigido por Dina Bousselham. La formación morada también ha designado para el Consejo a Roberto Lakidain, vinculado a Comisiones Obreras en RTVE.
El Partido Popular ha optado por Carmen Sastre, jefa de Nacional durante el período en el que Alfredo Urdaci estuvo al frente de los Servicios Informativos, y Jenaro Castro, que obtuvo una puntuación de 0 en el proyecto de gestión del concurso.
El PNV ha optado por Juan José Baños, antiguo director del periódico Deia y de la sociedad pública Itelazpi desde 2013 hasta 2017, con Urkullu de lehendakari.
Con críticas de los demás partidos, el Congreso y el Senado han avalado la idoneidad de los cuatro candidatos al nuevo Consejo de RTVE que ya habían acordado los principales grupos parlamentarios, así como la de los más de sesenta aspirantes que han pasado por esta comisión.
Por si no fuera poco el control de los medios estatales, Pablo Iglesias reclama "elementos de control" sobre los medios de comunicación vertiendo sospechas sobre su función informativa, aduciendo que están al servicio de los intereses de los "millonarios", los "bancos" y los "fondos buitre". En relación a esto, ha asegurado que esos "dueños" millonarios tienen "más poder" real que él que es vicepresidente segundo del Gobierno, que "pinta mucho menos que los dueños de Atresmedia o Mediaset".
De Mediapro no dice nada, y la cadena de Roures mantiene conversaciones con la Sepi (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) para solicitar una ayuda que podría ascender a 300 millones de euros. La compañía, controlada por el grupo chino Orient Hontai Capital y participada también por WPP y por sus fundadores, Jaume Roures y Tatxo Benet, arrastra una deuda de unos 920 millones de euros.
El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado noviembre la Orden PCM/1030/2020, de 30 de octubre, mediante la cual la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática ordena a su vez la publicación del denominado Procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional en octubre de 2020.
La nueva orden del Gobierno contra la desinformación la describe la desinformación en los mismos términos que lo hace la Comisión Europea: «información verificablemente falsa o engañosa que se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población, y que puede causar un perjuicio público».
La posibilidad de ejercer una censura que, aunque no sea previa tal y como prohíbe el artículo 20 de la Constitución Española, se haría sin ningún tipo de control judicial. Al respecto, cabe señalar que para el secuestro de publicaciones, del apartado quinto de este mismo artículo, sí se exige una resolución judicial.
El Plan de Acción contra la Desinformación de 2018, aprobado por la Unión Europea, establece en su punto octavo que los Estados miembros deben apoyar la creación de equipos de verificadores de datos e investigadores independientes. Esa independencia es indispensable, puesto que esos verificadores deben actuar libremente, de tal forma que toda limitación del derecho en cuestión solo se lleve a cabo cuando sea absolutamente necesaria y atendiendo a estrictos criterios técnicos y no políticos.
Con todo, la orden teje una enmarañada red de órganos competentes que es necesario examinar para observar si se cumple esa independencia, «Acorde con los órganos y organismos que conforman el Sistema de Seguridad Nacional». De esta manera, se busca equiparar la lucha contra la desinformación con los asuntos de Seguridad Nacional, lo que puede servir para intentar justificar precisamente ciertas restricciones de derechos.
El Consejo de Seguridad Nacional es una comisión delegada del Gobierno, con el fin de asesorar al presidente sobre materias de Seguridad Nacional. Debe destacarse que el artículo siete de la Ley de Seguridad Nacional también dispone que las Cortes Generales son competentes en materia de Seguridad Nacional, pero no han sido tenidas en cuenta para la orden que nos ocupa.
El Comité de Situación es un órgano de apoyo del Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el Vicepresidente del Gobierno y vicepresidido por el Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno y Secretario del Consejo de Seguridad Nacional.
La Secretaría de Estado de Comunicación depende de Presidencia y la orden le sitúa como autoridad pública competente, junto a Presidencia, el CNI y los distintos gabinetes de comunicación de los Ministerios y otros órganos.
Comisión Permanente de Desinformación creada por la norma, actuará en conjunto con la Secretaría de Estado, correspondiéndole varias funciones importantes como la elaboración de informes agregados para apoyar la valoración de amenazas; elevar al Consejo de Seguridad Nacional recomendaciones y propuestas; y, quizá la más importante, la elaboración de la propuesta de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desinformación al Consejo de Seguridad Nacional.
Es criticable que no se prevea un foro donde la sociedad civil discuta estos temas con la clase política, ni tampoco se contemplen mecanismos de participación real. Eso sí, las autoridades competentes podrán solicitar la colaboración a organizaciones cuya contribución se considere oportuna y relevante, lo que probablemente lleven a cabo organizaciones afines al Gobierno de turno
En conclusión, que nuestra opinión no es nuestra, sino la que nos sugieren constantemente desde los periódicos y todo tipo de aparatos electrónicos que miden su audiencia para saber hasta cuándo nos pueden engañar.
