Un gallo muy maduro,
de edad provecta, duros espolones,
pacífico y seguro,
sobre un árbol oía las razones
de un zorro muy cortés y muy atento,
más elocuente cuanto más hambriento.
«Hermano», le decía,
«ya cesó entre nosotros una guerra
que cruel repartía
sangre y plumas al viento y a la tierra.
Baja; daré, para perpetuo sello,
mis amorosos brazos a tu cuello.»
«Amigo de mi alma»,
responde el gallo, «¡qué placer inmenso
en deliciosa calma
deja esta vez mi espíritu suspenso!
Allá bajo, allá voy tierno y ansioso
a gozar en tu seno mi reposo.
«Pero aguarda un instante,
porque vienen, ligeros como el viento,
y ya están adelante,
dos correos que llegan al momento,
de esta noticia portadores fieles,
y son, según la traza, dos lebreles.»
«Adiós, adiós, amigo,
dijo el zorro, «que estoy muy ocupado;
luego hablaré contigo
para finalizar este tratado.»
El gallo se quedó lleno de gloria,
cantando en esta letra su victoria:
Siempre trabaja en su daño
el astuto engañador;
a un engaño hay otro engaño,
a un pícaro otro mayor.
Ya puede presumir de Presidente el inepto de Pedro Sánchez pero los que mandan son sus socios de gobierno, que dirigen la reforma del Código Penal para "desjudicializar" la política.
El Tribunal Supremo decidió premiar la desobediencia de Quim Torra con su inhabilitación y favorecer a Pere Aragonés como Presidente en funciones desde 2020 y candidato electo de ERC a la Presidencia de la Generalitat.
El Supremo confirmaba el acuerdo de la Junta Electoral Central que retiró la credencial de diputado autonómico a Torra tras su condena por desobediencia, de lo que se le acusa en otra causa por no retirar de la fachada del Palau de la Generalitat en septiembre de 2019 una pancarta de apoyo a los condenados por el ‘procés’ y con el símbolo del lazo amarillo.
En contra de lo que alegó el gobierno catalán, el tribunal sostiene que Torra podía usar su derecho a la libertad de expresión «en todos los foros y formatos a su alcance», pero lo distingue de este caso, señalando que la fachada del Palau de la Generalitat es un bien público del que como presidente hizo un uso partidista.
La sentencia incluye el voto particular de uno de los magistrados, Eduardo Paricio Rallo, que manifiesta que cuando se presentó el recurso no había ningún proceso electoral en marcha. Este juez considera que colgar la pancarta «sí forma parte del contenido esencial el derecho a expresar el posicionamiento propio del representante político y el de sus representados, y a hacerlo desde el cargo público» que ostente. «Otra solución supondría relegar el ejercicio del cargo a una posición institucional neutra, políticamente aséptica, circunscrita a representar a la institución», señala el magistrado, que defiende que los cargos públicos puedan expresar la ideología por la que han sido elegidos.
Por eso, mantiene que «no se le puede impedir que el cargo público exprese sus creencias o anhelos, o su posición sobre aspectos que entienda trascendentes; expresión que no puede quedar limitada a su esfera privada, desvinculada del cargo público institucional que ocupa».
Los indultados Turull y Rull tienen el mismo abogado y ante el Supremo coincidieron en que: "No se utilizó ningún euro público para el referéndum. Ningún departamento del Govern se gastó un solo euro para su celebración", dijo el segundo.
Sin embargo el Tribunal de Cuentas embargará bienes de los exaltos cargos de la Generalitat a los que investiga por haber usado, supuestamente, fondos públicos para promocionar el procés en el extranjero si no pagan la fianza que les ha impuesto de 5,4 millones de euros en esta causa. Los embargos se ejecutarán pese a que la cantidad presuntamente desviada todavía no ha sido fijada definitivamente y tendrá que ser objeto de juicio.
El Tribunal de Cuentas reclama al expresident Artur Mas y a Andreu Mas-Colell, exconseller de Economía y Hacienda, unos 2,8 millones, y a Carles Puigdemont y a Oriol Junqueras, cerca de 1,9 millones. Las cantidades, que se dividen en bloques, afectan también a otros dos de los condenados por el 'procés' indultados: Jordi Turull y Raül Romeva. En el listado también figuran 'exconsellers' del peso de Francesc Homs o Neus Munté y toda una ristra de cargos intermedios como la interventora Rosa Vidal o los secretarios generales Amadeu Altafaj o Albert Carreras.
El proceso podría durar todavía años. Y es que se tendrá que celebrar un juicio ante el Tribunal de Cuentas. La sentencia podría acabar ante los tribunales ordinarios, que podrían revocarla.
En un comunicado, el organismo subraya que "los Consejeros y Consejeras de Cuentas de la Institución son elegidos por mayorías cualificadas de tres quintos de los plenos del Congreso de los Diputados y del Senado, y son independientes e inamovibles conforme a la Constitución".
También sostiene que "el personal está integrado por profesionales altamente cualificados que han accedido al Tribunal por los procedimientos de ingreso en la función pública previstos en las leyes", y subraya que "El Tribunal de Cuentas aclara que es un órgano constitucional (artículo 136 de la Constitución Española) que goza de plena independencia en el ejercicio de sus funciones, sometido tan solo al ordenamiento jurídico".
"El Tribunal de Cuentas ejerce una función jurisdiccional dirigida a enjuiciar responsabilidades contables para obtener la restitución de los fondos públicos ante usos indebidos de los mismos", agrega el comunicado.
Pero la decisión de la Sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas de admitir los avales de la Generalitat a favor de los cabecillas separatistas, para evitar que estos respondan con su patrimonio personal por el desvío de fondos públicos del ente autonómico a las embajadas catalanas- Diplocat- ha abierto una segunda derivada, más allá de la polémica inicial. El dinero malversado no se podrá recuperar porque aunque la Generalitat haya asumido las garantías del pago de las futuras y eventuales multas a 28 de los 34 altos cargos investigados por el órgano fiscalizador, en realidad, no está obligada a atenderlas.
Es decir, gracias al Tribunal de Cuentas, la Generalitat ha garantizado, con su respaldo presupuestario, una deuda de los cabecillas del 'procés' frente a sí mismo, y por añadidura frente al Estado español. Si el deudor principal -los políticos condenados por malversación ante el Supremo- no pagan su responsabilidad civil derivada del delito, queda obligado a hacerlo el avalista, que en este caso es la misma Generalitat. De tal manera que el ente autonómico, se convierte, simultáneamente, en deudor y acreedor, con lo que la deuda quedará extinguida de facto. Al quedar extinguida, el avalista -la Generalitat- ya no puede repetir contra el deudor, ni el acreedor principal -la misma Generalitat- porque «una deuda extinguida no se puede reclamar».
Además, se da la circunstancia de que, aún entendiendo que con los avales prestados por la Generalitat a favor de los líderes separatistas catalanes, sólo puedan cubrirse las cauciones provisionales, para frenar los embargos, y no las cantidades definitivas que se fijen, en un futuro, en el acta de liquidación final, como resultado del procedimiento que el Tribunal de Cuentas sigue contra ellos, ante una eventual condena en firme, se abre un segundo obstáculo para que la propia entidad autonómica –y por añadidura el Estado español, ya que ésta forma parte del mismo– pueda recuperar las cantidades sustraídas: que los causantes, responsables contables, del dinero público malversado, se declaren insolventes.
Ahora le toca el turno al President del Parlament, Roger Torrent, y otros tres miembros de la mesa de la cámara que deberán responder por desobediencia al Tribunal Constitucional por haber permitido la tramitación de dos resoluciones en las que se reivindicaba el derecho de autodeterminación de Cataluña y se reprobaba al Rey. Se trata de los exvicepresidentes de la cámara catalana Lluís María Corominas, Lluís Guinó y las exsecretarias primera y cuarta de la Mesa, Anna Simón y Ramona Barrufet.
El Alto Tribunal considera que estas resoluciones de la cámara catalana atentaban contra la sentencia del 2 de diciembre de 2015 que anulaba y dejaba sin efecto la declaración del 9 de noviembre anterior en la que la mayoría independentista del hemiciclo se conjuró para desobedecer las leyes y a las instituciones españolas, al desoír los mandatos del Tribunal Constitucional.
Tres años después del referéndum ilegal en Cataluña y de la posterior declaración de independencia del 27 de octubre, el TSJC condenó a 4 de los miembros que formaban parte de la Mesa del Parlamento en 2017 a 20 meses de inhabilitación especial para cargo público por un delito de desobediencia grave al no atender a los requerimientos del Tribunal Constitucional y paralizar la tramitación y posterior votación de las llamadas leyes de desconexión en las que se amparaba el 1-O. La Mesa del Parlamento en 2017 estaba presidida por la también condenada por el Tribunal Supremo, Carme Forcadell.
"L'actitud hostil d'Espanya ens ajudarà a tenir estat propi", dijo ya la provocadora Forcadell, indultada por su condena por sedición. La expresidenta del Parlament "alentó, organizó y protagonizó actuaciones multitudinarias que entorpecieron la labor judicial y que generaron importantes enfrentamientos entre los ciudadanos y los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado", según el Tribunal Supremo.
Su sucesor Roger Torrent escribe en las redes sociales que estamos ante "un nuevo ataque al parlamentarismo y a la libertad de expresión. Debatir, hablar y discutir libremente cualquier tema en sede parlamentaria no es un delito, es un derecho".
La comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo respalda la petición del Tribunal Supremo para levantar la inmunidad parlamentaria al expresident de Cataluña Carles Puigdemont y los otros dos eurodiputados y exconsellers de Junts per Catalunya, Toni Comín y Clara Ponsatí, que se fugaron con Puigdemont a Bélgica para evitar el juicio del 'procés'.
El informe aboga por retirarles la inmunidad ya que los hechos por los que Puigdemont, Comín y Ponsatí son procesados ocurrieron antes de que se convirtieran en eurodiputados y, por lo tanto, que no están vinculados a su ejercicio como miembros del Parlamento Europeo. Estos suplicatorios tienen origen en una decisión que tuvo lugar tres días después de que el expresidente de la Generalitat y el exconseller acudieran a la Eurocámara como eurodiputados.
Cuando el Parlamento Europeo retiraba la inmunidad a Carles Puigdemont y los ‘exconsellers’ Toni Comín y Clara Ponsatí, la ministra de Exteriores lo acogió con la frase “los problemas de Cataluña se resuelven en España, no en Europa”.
Unidas Podemos ha votado en contra en Estrasburgo en este asunto junto al Frente Nacional de Marine Le Pen, dato curioso porque los socialistas han juntado sus votos con el PP y Vox para retirar la inmunidad de Puigdemont.
Esquerra Republicana de Catalunya ha tenido que esperar 82 años para volver a tener un presidente de la Generalitat. Un largo período que incluye en el otro extremo del tablero, con un papel irrelevante aritméticamente, Vox, Ciutadans y el PP. No hubo referencias a Carles Puigdemont ni al Consell per la República, ni amenazas de ruptura ni de desbordar la legalidad, si bien Aragonès se propone "culminar" el camino hacia la independencia.
Pere Aragonès García es un político de Esquerra Republicana, partido al que se afilió a los 18 años, actual presidente en funciones de la Generalitat y anterior vicepresidente del Govern y diputado del Parlamento de Cataluña.
Su abuelo paterno, empresario hotelero y textil, amasó una gran fortuna durante la dictadura franquista, como con el «Taurus Park» de 1963, el hotel más grande de España en aquella época. Fue alcalde de Pineda de Mar por Alianza Popular, y uno de sus fundadores.
El padre de Aragonès y los tíos del político poseían una compañía radicada en las Antillas Holandesas y dedicada a la gestión de los hoteles que la familia posee en Cataluña. La entidad se llama Phedra Hotels Holding SL y fue inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona en junio de 2013 gracias a la amnistía fiscal del popular Mariano Rajoy.
La familia del aspirante a presidente de la Generalitat cuenta con una red hotelera compuesta por los siguientes establecimientos: el Bahía de Tossa y el Mar Menuda, en la Costa Brava; el Taurus Aquapark Resort, en la costa de Barcelona; más el Port Salou, el Donaire Beach, el Costa Salou y el Avenida Family Suites, en la Costa Dorada. En el años 2019 el grupo ingresó 36 millones y declaró un beneficio de 3,6 millones. Sus recursos propios se cifraron en 46 millones.
Pere Aragonès concede a Junts la coalición de Govern a cambio de liderar el 'procés' y un pacto por el que se reparten al 50% el Ejecutivo, relegan el Consell per la República y compartirán la gestión de los fondos tras 91 días de negociación que se podría resumir en: liderazgo por partidas presupuestarias.
Aragonès cede Economía, Exterior y Justicia a Junts en el nuevo Govern, pero ante votaciones de peso como la de los Presupuestos del Estado, cada partido seguirá teniendo libertad para decidir, y las estrategias de republicanos y las derechas catalanistas son diametralmente opuestas en Madrid.
El programa de gobierno, en un contexto de pandemia y crisis socioeconómica. Junts asume el preacuerdo de Esquerra con la CUP, que tiene un evidente tono de izquierdas. Junts se ha reunido con la CUP para limar diferencias, que son notables en asuntos como el estudio de una renta garantizada, la priorización del sector público o las políticas de seguridad o vivienda, entre otras. La CUP advierte que sus votos son necesarios para sostener la legislatura y teme que sus compromisos, pactados con Esquerra, pero no con Junts, que se queda con conselleries como Salut, Territori y Economia, y choquen con su plan de blindaje a los servicios públicos.
La CUP avisa de que retirará el apoyo si no se aprecian cambios inmediatos en vivienda y Mossos. En su doble intervención, Dolors Sabater y Carles Riera, de la CUP, lanzaron mensajes de advertencia respecto al acuerdo con ERC, que calificaron de "mínimos". "Si durante las próximas semanas no se detiene la represión contra el movimiento de defensa de la vivienda y no se retira a los antidisturbios en los desahucios, la CUP no podrá sostener esta mayoría parlamentaria", avisó Sabater. En su respuesta, Aragonès fue extremadamente conciliador con el discurso y el eje ideológico de la CUP, afirmando que aunque tengan, respecto a ERC, lenguajes diferentes, hablan ambos de "transformar el sistema económico que ha generado desigualdades".
El diputado de la CUP, Carles Riera, refuerza la crítica de su partido contra los Mossos d'Esquadra apuntando en una entrevista en TVE a su posible provocación de los actos vandálicos por las protestas contra el encarcelamiento de Pablo Hasél y también de los robos en comercios. De hecho, Riera reprocha que "en el origen, en el inicio de la violencia siempre hay una actuación policial en todos los casos". Y piden un cambio de acción de estos cuerpos: "Hacen falta medidas de distensión como eliminar el uso de proyectiles. Eliminamos las pelotas de goma, tendremos que eliminar las de foam".
Además, también hace un llamamiento a "diferenciar un cuerpo de policía y uno militarizado" y señala, especialmente, a la Brimo, que "se tiene que desmilitarizar como buena policía democrática".
Riera destaca la mayoría independentista del voto y "hacia las políticas de izquierda para hacer frente a la crisis" para configurar un nuevo Govern y un Parlament. En este sentido, reitera que eso no es nuevo: "Llevamos casi cuatro años ofreciéndonos y Junts y Esquerra no han querido escucharnos".
De Junts per Catalunya señala que "Dentro hay altos cargos, como el señor Tremosa o Damià Calvet, que son representantes de las políticas neoliberales más extremas". Haciendo balance inmediato califica de "legislatura fracasada" la vigente, pero "Cuando la CUP es fuerte, las cosas cambian, y ahora tendremos ocasión de verlo".
Ramon Tremosa i Balcells es un político y economista de ideología nacionalista catalana, exdiputado del Parlamento Europeo. Actualmente es consejero de Empresa y Conocimiento de la Generalitat de Cataluña y diputado del Parlament. Militó en las juventudes de CDC y posteriormente en el propio partido, que abandonó en desacuerdo con los acuerdos que habían alcanzado CiU y el Partido Popular. Trabajó en la Secretaría General en la Consejería de Bienestar Social en el periodo de gobierno de Jordi Pujol.
Tremosa es profesor titular de Teoría Económica de la Universidad de Barcelona, especialista en financiación autonómica y defensor de la aplicación de un modelo similar al concierto económico vasco para Cataluña.
Partidario del independentismo, se mostró públicamente contrario al nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006, adhiriéndose al manifiesto "Economistas por el no", al considerar que "no quedaba suficientemente garantizada la mejora en la financiación y la mejora de la inversión del Estado en infraestructuras".
Pero muchos en su partido creen que está en sus manos una Seguridad Social propia y mejor, con subida de las pensiones y todo. Al pueblo español, producto de la historia y la emigración interior y exterior, no se le ocurre que más fronteras y más burocracia le vaya a dar más libertad. Justo como los republicanos irlandeses que no quieren la partición de la isla al resurgir problemas fronterizos relacionados con el Brexit.
El Parlament se constituyó con la elección de la Mesa, con Laura Borràs como presidenta de la Cámara catalana, que ha admitido que su gran objetivo era presidir el Govern, ha señalado su "pleno compromiso" para que "la soberanía de este Parlament sea respetada y defendida ante cualquier injerencia". Y en esta línea, Borràs ha asegurado que su objetivo al frente del órgano rector de la Cámara catalana será "seguir el trabajo de la expresidenta Carme Forcadell donde lo dejó". "Ningún tribunal ni ninguna prisión nos harán renunciar a nuestras ideas", ha completado, sin mención alguna a su predecesor, el republicano Roger Torrent, contra quien la pasada legislatura JxCat fue muy crítica.
En 2018, la justicia inicia una investigación sobre Borràs, diputada y Consellera, en la que los Mossos d’Esquadra no detectaron indicios de delito ni de irregularidad alguna. La jueza encargó una nueva investigación a la Guardia Civil que concluyó haber hallado indicios de “prevaricación, fraude a la administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental”.
Cuando Laura Borràs fue elegida diputada al Congreso, la jueza López traspasó el caso al Tribunal Supremo que decidió pedir el suplicatorio al Congreso, que fue concedido.
Presuntamente Borràs habría adjudicado contratos ilícitos desde su posición de directora de la Institución de las Letras Catalanas, por lo que el Tribunal Supremo decidió imputarla por presuntos delitos de prevaricación, fraude a la administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental. En su informe de abril de 2020, la Sindicatura de Cuentas de Catalunya ha concluido "que se incumplió el artículo 86.2 del TRLCSP y el artículo 118 de la LCSP y que, en consecuencia, hubo un fraccionamiento de la contratación".
La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha destacado que romperá con ERC porque no se están cumpliendo los acuerdos del gobierno de coalición. Seguramente la reforma negociada del delito de malversación calmará las cosas y borrará sus antecedentes y los de Jonqueras y otros.
La sedición o rebelión puede considerarse ya inminente si no se quiere romper el bloque nacionalista catalán.
La candidata de Junts en las elecciones del 14-F, cuya imputación se ha mencionado en campaña por ERC y la CUP, sostiene que "La intransigencia del Estado no puede frenar el anhelo de libertad del pueblo de Catalunya. Si esta vía es intransitable, hay que seguir avanzando. Ante la intransigencia del Estado y con una mayoría sostenida en el tiempo, la unilateralidad es una opción legítima."
“El modelo Quebec-Canadá demuestra que otra alternativa es posible para un referéndum legal y pactado”, defiende Urkullu, que habla a las claras de que el ‘procés’ estaba claramente situado al margen de la legalidad, y añade que "Un referéndum hecho sin las suficientes garantías no puede ser la base legal y legítima para avanzar hacia la independencia, aunque sea la prohibición del Gobierno de España el motivo de la ausencia de garantías (Me parezca bien o mal la prohibición, ese referéndum no se puede tomar en serio como base legal y legítima para llevar a cabo la independencia)”.
Pese a estas consideraciones de todo punto lógicas del centroderecha nacionalista vasco, Junts pretende seguir adornarse de un discurso radical patriótico sin ideología clara, porque personas con formas de pensar muy distintas se agrupen en unas siglas sin nada más en común que el liderazgo de Puigdemont. En ese contexto, el partido le plantea a la militancia que pueden escoger entre cuatro opciones: liberal, socialdemócrata, izquierda o ninguna. Pese al disgusto de algunos grupos de militantes, la respuesta no es obligatoria y nadie está forzado a expresar cuál es su área ideológica de mayor afinidad.
La tradición política de Puigdemont entronca con el populismo de Pujol, aunque el profesor de la facultad de Economía y Comunicación de la UVIC, Josep Burgaya explicó que Puigdemont se puede comparar también con Donald Trump, Viktor Orbán o Silvio Berlusconi. “JxCat forma parte de esos fenómenos sociales, políticos y económicos que vienen de antes de la crisis, que cuestionan la democracia liberal. En algunos sitios como en Francia toman una línea de extrema derecha y en otros sitios se materializa con el Brexit. Representa a sectores a los que les cuesta aceptar dialécticas de las sociedades democráticas“, apostilló Burgaya.
Del Diccionario del Diablo, de Ambrose Bierce, extraigo la definición de "Indultar, v. t. Remitir una pena y devolver al acusado a una vida criminal. Agregar a la fascinación del crimen la tentación de la ingratitud."
Los indultos han sido recibidos con renovadas exigencias y amenazas de rebelión. Por todo eso el nuevo Govern exige cosas ilegales, como una amnistía general, el retorno de Puigdemont y los fugados sin juicio, y un referéndum de autodeterminación sólo para Cataluña, que irá seguido de nuevos conflictos de la misma índole en Valencia y Baleares. No saben o no quieren pactar, para mantener el cuento "sine die" mientras el Estado privilegia con cada vez mayores fondos a Cataluña.
El artículo 155 de la Constitución dejó de aplicarse sin que haya surtido efecto para que cumplan la Ley los que rechazan la Constitución excepto en la expresión nacionalidades históricas. La desobediencia institucionalizada tiene su respuesta en el artículo 116 de la Constitución, desarrollado por Ley Orgánica 4/1981, que regula los estados de alarma, excepción y sitio.
El Artículo 31 permite que: "Cuando la declaración del estado de excepción afecte exclusivamente a todo o parte del ámbito territorial de una Comunidad Autónoma, la Autoridad gubernativa podrá coordinar el ejercicio de sus competencias con el Gobierno de dicha Comunidad." Este artículo no está previsto para sofocar una insurrección generalizada, ya que a lo que nos enfrentamos es a un gobierno autonómico plantado contra los que quieren coordinarles. La sublevación de los parlamentarios y alcaldes ya es una realidad. Está por ver qué otras sorpresas nos dan el resto de Administraciones catalanas.
Si las circunstancias llegan a exigirlo, procede la declaración del estado de sitio para tener una administración militarizada. El estado de sitio (antes llamado estado de guerra) no está sujeto al plazo de un mes, aunque tampoco es una situación permanente, y procede "1. Cuando se produzca o amenace producirse una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional, que no pueda resolverse por otros medios, el Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 116 de la Constitución, podrá proponer al Congreso de los Diputados la declaración de estado de sitio."
Dicha declaración determinará el ámbito territorial, duración y condiciones del estado de sitio, las cuales podrán ser las previstas para los estados de alarma y excepción.
En virtud de la declaración del estado de sitio, el Gobierno, que dirige la política militar y de la defensa, designará la Autoridad militar que, bajo su dirección, haya de ejecutar las medidas que procedan en el territorio a que el estado de sitio se refiera. El Congreso de los Diputados podrá determinar los delitos sometidos a la Jurisdicción Militar.
Así, el Ministro de Defensa no sería quien tomara directamente el mando de la situación, sino que lo harían quienes designase el Gobierno, probablemente de acuerdo con el Jefe del Estado.
Así, el Ministro de Defensa no sería quien tomara directamente el mando de la situación, sino que lo harían quienes designase el Gobierno, probablemente de acuerdo con el Jefe del Estado.
La Autoridad militar procederá a publicar y difundir las condiciones de la declaración del estado de sitio. Las Autoridades civiles continuarán en el ejercicio de las facultades que no hayan sido conferidas a la Autoridad militar, a la que deberán dar las informaciones que ésta le solicite y cuantas noticias referentes al orden público lleguen a su conocimiento.
El Título preliminar de la Constitución española de 1978, en su artículo 8, deja claro cómo están las cosas: "Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional."
Con la autorización del Congreso, la "Autoridad gubernativa" podrá detener a cualquier persona si lo considera necesario para la conservación del orden, disponer inspecciones y registros domiciliarios, intervenir toda clase de comunicaciones, intervenir y controlar toda clase de transportes, y su carga, prohibir la circulación de personas y vehículos en las horas y lugares que se determine, y exigir a quienes se desplacen de un lugar a otro que acrediten su identidad, señalándoles el itinerario a seguir.
Siempre y cuando la autorización del Congreso lo permita, la Autoridad gubernativa podrá suspender todo tipo de publicaciones, emisiones de radio y televisión, proyecciones cinematográficas y representaciones teatrales, someter a autorización previa o prohibir la celebración de reuniones y manifestaciones, así como prohibir las huelgas y la adopción de medidas de conflicto colectivo.
Los extranjeros que se encuentren en España vendrán obligados a realizar las comparecencias que se acuerden, a cumplir las normas que se dicten sobre renovación o control de permisos de residencia y cédulas de inscripción consular y a observar las demás formalidades que se establezcan.
La Autoridad gubernativa podrá proceder a la incautación de toda clase de armas, municiones o sustancias explosivas, vigilar y proteger edificaciones, instalaciones, obras, servicios públicos e industrias o explotaciones, pudiendo emplazar puestos armados en los lugares más apropiados para asegurar la vigilancia.
El Artículo 29 previene que: "Si algún funcionario o personal al servicio de una Administración pública o entidad o instituto de carácter público u oficial favoreciese con su conducta la actuación de los elementos perturbadores del orden, la Autoridad gubernativa podrá suspenderlo en el ejercicio de su cargo, pasando el tanto de culpa al Juez competente y notificándolo al superior jerárquico a los efectos del oportuno expediente disciplinario." Durante la etapa de Rajoy, su gobierno utilizó esta prerrogativa amparándose en el artículo 155, que no autoriza a suspender del cargo a funcionario alguno.
El Artículo 29 previene que: "Si algún funcionario o personal al servicio de una Administración pública o entidad o instituto de carácter público u oficial favoreciese con su conducta la actuación de los elementos perturbadores del orden, la Autoridad gubernativa podrá suspenderlo en el ejercicio de su cargo, pasando el tanto de culpa al Juez competente y notificándolo al superior jerárquico a los efectos del oportuno expediente disciplinario." Durante la etapa de Rajoy, su gobierno utilizó esta prerrogativa amparándose en el artículo 155, que no autoriza a suspender del cargo a funcionario alguno.
En esta situación supuestamente el Gobierno y las Cortes cederían el control a las Fuerzas Armadas, que acturían contra cualquier desobediencia. El militar que no lo hiciese incurriría en delitos contra los deberes del servicio.
El Código Penal Militar, aprobado por Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, dedica el primero de sus capítulos al delito militar de cobardía (arts. 107 a 114). En este capítulo, la violación del deber militar de valor militar, según las reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas de 1978 (arts. 1, 27, 31, 122, 128 y 135) y las particulares de cada ejército, se concreta en castigo con las máximas sanciones de conductas tan graves como el abandono de puesto frente al enemigo, el abandono o incumplimiento de misión por cobardía, los actos demostrativos de cobardía susceptibles de infundir el pánico en la propia fuerza y la simulación o engaño para excusarse del combate.
Siguiendo la tradición del Derecho Militar español se tipifican las capitulaciones ilegales ante el enemigo como delito de cobardía y, finalmente, se establece el nuevo delito en que incurre el militar que, por temor a un riego personal, viole algún deber militar cuya naturaleza exija afrontar el peligro y superar el miedo. Las graves sanciones previstas para los delitos de cobardía pueden alcanzar la máxima pena privativa de libertad en los supuestos de abandono de puesto frente al enemigo (art.107), actos demostrativos de cobardía susceptibles de infundir el pánico o producir grave desorden entre la propia fuerza (art. 109) o capitulaciones por cobardía (art. 111). En todos los delitos de este capítulo se podrá imponer, además, la pena de pérdida de empleo. Pero en estado de guerra también puede decretarse la pena de muerte.
Siguiendo la tradición del Derecho Militar español se tipifican las capitulaciones ilegales ante el enemigo como delito de cobardía y, finalmente, se establece el nuevo delito en que incurre el militar que, por temor a un riego personal, viole algún deber militar cuya naturaleza exija afrontar el peligro y superar el miedo. Las graves sanciones previstas para los delitos de cobardía pueden alcanzar la máxima pena privativa de libertad en los supuestos de abandono de puesto frente al enemigo (art.107), actos demostrativos de cobardía susceptibles de infundir el pánico o producir grave desorden entre la propia fuerza (art. 109) o capitulaciones por cobardía (art. 111). En todos los delitos de este capítulo se podrá imponer, además, la pena de pérdida de empleo. Pero en estado de guerra también puede decretarse la pena de muerte.
