"Confiesa el delito el que huye del juicio."

Pedro Sánchez comienza su andadura como Presidente del Gobierno para ignorar la  inhabilitación de Quim Torra reuniéndose con él en la misma Generalitat. Nada amenaza su impunidad teniendo a su anterior Ministra de Justicia como nueva Fiscal General del Estado.

Dolores Delgado es la manceba del prevaricador Baltasar Garzón, quien asegura haberse reunido con la trama de Villarejo para "preparar lo de la Gürtel". No sólo tenían tratos inconfesables, sino que Garzón es el abogado defensor de Enrique García Castaño, conocido como el Gordo, el comisario también imputado en la trama de Villarejo como presunto corresponsable de la organización criminal.

La Audiencia Nacional investiga al exjuez Baltasar Garzón por cobrar de Villarejo para frustrar la extradicion del sobrino-nieto de Emilio Botín, acusado por Guatemala de soborno. Suponemos que con la nueva Fiscal General todas las dudas se disiparán pronto.

Villarejo identifica a Garzón en muchos de sus apuntes con el nombre en clave de "el Mago". Dolores Delgado, que también figura en los papeles de Villarejo como "Dos", pudo como fiscal acceder al informador y sus grabaciones comprometedoras. Hoy es la primera Fiscal del Estado, bajo control directo del Gobierno. para llenar el hueco dejado por Rubalcaba.

La jerarquía del gobierno central sobre la Justicia tiene aquí su homólogo personificado en Roger Torrent, presidente del Parlamento de Cataluña, desde donde se replantean y se dejan sin efecto las resoluciones de la Administración Central del Estado.

El Gobierno Central reacciona con sumisión y planea reducir las condenas de los reos del "procés" con el subterfugio de modificar el delito de sedición en el Código Penal. Los acuerdos de investidura se van cumpliendo y pagando poco a poco para asegurar el apoyo a los Presupuestos.

Ya sólo queda poner en libertad a los presos y garantizar un acuerdo de la Fiscalía con Puigdemont y los demás fugados para que no tengan que pisar la cárcel. Huir del juicio a la espera de que cambien la Ley a su beneficio no es mala estrategia.

El inhabilitado Torra y su alabardero Torrent exhiben su desacato con el respaldo de su Parlament y la misma prepotencia que los anteriores actos de desobediencia a la Justicia perpetrados desde el Parlament ante un Gobierno que no se les opone.

Torra ya decía que él sería sólo la mano que dirige Puigdemont mientras como "President" legítimo está en el exilio, concepto que generosamente incluye el hecho de encontrarse voluntariamente expatriado, por motivos no sólo políticos, para no exponerse a la cárcel por unos hechos sobradamente demostrados. El exilio de los encausados del "procés" puede ser una salida autoimpuesta como protesta por la persecución legal y como plataforma para su proyecto nacionalista.

El gobierno en el exilio describe un gobierno de un país que se ha visto obligado a trasladarse y defender su legitimidad desde fuera de ese país. No estamos como la Generalitat durante el franquismo, sino que Puigdemont fue sustituído por un catalibán de probada obediencia a la causa, para seguir reclutando y manipulando votantes y manifestantes.

Carles Puigdemont puso su pica en Flandes y allí se quedará lo que haga falta hasta que pueda volver libre de cargos. El ex-president prometió regresar a Cataluña gozando de inmunidad como eurodiputado, pero no tiene intención de desafiar la orden de detención que pesa sobre él. Para aceptar el cargo debe presentarse en la Junta Electoral Central de Madrid y jurar la Constitución. La Ley también exige jurar o prometer acatar la Constitución para ser President de la Generalitat, pero ni Puigdemont ni Torra lo han hecho y nada les impidió acceder al cargo. Confiado en seguir burlando los impedimentos con el asesoramiento de sus leguleyos, Puigdemont debe conformarse con hacer el papel de perseguido político que desde el exilio defiende su causa contra las instituciones españolas.

Cada uno de los que no tuvieron la ocasión de irse con él querría también un eurosueldo y poder conciliar sus responsabilidades políticas con las judiciales. Así que los encausados del "procés", abandonados a su suerte por Puigdemont y sus compinches, se conforman con estar de nuevo en la calle aunque estarán inhabilitados muchos años por no ser más que caciques y peones que han desobedecido la Ley.

Jonqueras no fue avisado a tiempo o no quiso irse, o lo dejaron tirado, cuando las filtraciones de la casa de putas que es la Audiencia Nacional llegaron a oídos de los políticos catalanes que inmediatamente optaron por la fuga a refugio extranjero. Josep Rull fue el único conseller que fue a su despacho a seguir trabajando una vez aplicado el artículo 155, norma que fue forzado a acatar ante el juez para librarse de la prisión preventiva. Los que al menos se mantuvieron en sus posiciones, se les considere o no presos políticos, miran cómo disfrutan de inmunidad los que dieron las órdenes y escaparon.

EL GENERALÍSIMO DE LA GENERALITAT.

El President Torra y su tropa independentista han ejercido toda la presión posible para que el Gobierno central interceda en su favor en la causa judicial sobre el "procés". Las acusaciones iniciales, adoptadas en la etapa de Rajoy, se van diluyendo y todo hace pensar que finalmente no se va a condenar a nadie por delito de rebelión.

Torra ha dicho públicamente que no aceptará ninguna sentencia que no sea absolutoria, dejando claro cuál es su idea de la relación entre la clase política y la judicatura. No es que ninguno sepamos que la independencia judicial es sólo aparente, pero para el President el sometimiento de los jueces al Poder Ejecutivo es una exigencia. Con estas ideas autocráticas quieren fundar su república.

El gobierno Sánchez ha movido los hilos para que la Abogacía del Estado, sometido jerárquicamente al Ministerio de Justicia, presentase su escrito de acusación únicamente por delitos de desobediencia y malversación. La Fiscalía General del Estado, por el contrario, mantiene la acusación por rebelión, además de los dos anteriores. si bien hay que tener en cuenta que la Ley ordena que, en la duda, debe aplicarse el criterio más favorable al reo.

A su vez, la acusación popular que ejerce el partido VOX acusa por rebelión, organización criminal, sedición, desobediencia y malversación de caudales públicos, pero tiene menos fuerza que las representaciones del Estado.

Así las cosas, habrá que conformarse con que la proclamación de la República Catalana, el referéndum fraudulento que dió lugar a la misma y todo el asunto del "procés" no pueden constituir delito de rebelión por no haberse producido un levantamiento con pública violencia. Eso es lo que exige el Código Penal.

Poco a poco se va haciendo evidente que en la instrucción del Juez Llarena se mezclaron distintos hechos relacionados con el "procés" y la tensión que viene produciendo en Cataluña, como si se trataran de un plan de los acusados para derribar por la fuerza el orden público y no simplemente de saltarse la legalidad apoyándose en las multitudes, como realmente ocurrió.

Lo lastimoso es que Pedro Sánchez se desdiga de anteriores declaraciones en las que consideraba la existencia de rebelión y haya cambiado de criterio dejándose llevar por las pautas marcadas por los indepes. La Justicia española está muy politizada, como han remarcado los tribunales extranjeros que han intervenido en los procesos de extradición, y eso ha hecho que todo el juicio por la proclamación infructuosa de la República Catalana aparezca ante la opinión pública internacional como un montaje.

Sea como sea, las condenas que piden las acusaciones sumarían muchos años de prisión para los insurrectos. Torra se ha apresurado a insistir en que "es intolerable" y anuncia grandes movilizaciones. Si los indepes logran generar suficiente presión, en su día veremos negociar los probables indultos.

A todo ésto, solamente podrán ser juzgados aquellos acusados que se encuentren a disposición de la Justicia española. Los huídos van a ver desde sus refugios europeos cómo les van las cosas antes de plantearse el regreso.

En las entradas de 6 de abril de 2018 (EL SÍNDROME DE PUIGDEMONT) y de 28 de julio de 2018 (HOMBRES DE PAJA) comenté las acusaciones de sedición contra los responsables del "procés" y la estrategia del juez Llarena de renunciar a la extradición de Puigdemont en los términos concedidos por la Justicia alemana.

Desobediencia la hubo, y también malversación de fondos públicos aunque el Supremo renunciase a ejecutar la extradición concedida por Alemania por ese motivo. El Alto Tribunal se ha complicado en maniobras procesales discutibles porque ningún juez puede dejar de cumplir la órden de detener a alguien cuando la Ley le manda hacerlo. Ahora Puigdemont ya no está en Alemania y el proceso de extradición no ha servido para nada.

Caso aparte es la sedición propiciada por las organizaciones independentistas ANC y Omnium Cultural, que también comenté el 17 de octubre de 2017 (PALABRAS MAYORES). Por muchos lazos amarillos que pongan por todas partes, es incuestionable que hubo casos en que la multitud obstruyó a funcionarios públicos en el ejercicio de sus obligaciones.

Los lazos amarillos originalmente se colgaban para pedir la libertad de los acusados por los delitos mencionados, pero ahora ya se identifican con la reclamación de la autodeterminación. Ocupan todos los lugares públicos por mucho que algunos retiren las cintas amarillas para contrarrestar la omnipresente campaña.

Mal que me pese reconocerlo, los indepes van demostrando tener mejor estrategia que los pretendidos defensores de la legalidad. Pueden decir que ellos son pacíficos a la vez que se imponen sobre los demás cuando tienen la sartén por el mango. A esa dictadura de una relativa mayoría lo llaman democracia, y eso es lo que al parecer nos espera a los catalanes por muchos años.

"Una onza de vanidad deteriora un quintal de mérito."

El orgullo patrio siempre me ha parecido un refugio ridículo de los que reniegan de la individualidad. Ser español no otorga ningún mérito ni al país ni a la persona, al igual que los estereotipos no desmerecen a nadie por ser catalán, andaluz o murciano.

Cada día el discurso nacionalista catalán está más encendido, pero la cosa viene de lejos. No es nada nuevo oír decir que Cataluña siempre ha estado más avanzada que el resto de España y que el atraso que todavía existe en muchos ámbitos se arrastra por pertenecer a España.

El "procés" y la propaganda que lo sustenta no han hecho más que exacerbar el viejo discurso. Pese al rancio burguesismo de las argumentaciones, los "progresistas" de dentro y fuera de Cataluña las aceptan positivamente como sinónimo de democracia y libertad de expresión. Nadie cae en que las verdades del nacionalismo ni son tales ni identifican otra corriente de pensamiento que la propia de la derecha conservadora, que es la que gobierna Cataluña.

El nacionalismo repite y repite el mensaje patriótico y sin contenido social de los que se contentan mirándose el ombligo. A falta de autocrítica, los soberanistas inventan toda clase de razones para echar flores sobre Cataluña y sus gentes mientras llueven los denuestos sobre la despreciable España y sus imposiciones.

Torra y los suyos parecen olvidar que Hitler también supo encender el ánimo de sus conciudadanos apelando a los agravios históricos que, según él, siempre había sufrido el pueblo alemán.

A su vez, los nazis encandilaron a la gente convenciéndola de su superioridad sobre las demás naciones. Hasta el último pringao de Alemania estaba convencido de ser aventajado por razón de nacimiento, del mismo modo que cualquier tonto se cree mejor por el hecho de ser catalán.

Hoy, todos esos desfilarán en la Diada uniformados con ropa amarilla para demostrar su adhesión al oficialismo autonómico. Otros, liderados este año por Ciudadanos, tendrán que participar de forma separada, y serán por ello señalados como ultraderechistas aunque representan al partido político más votado en las últimas elecciones. No creo que la mayoría de los votantes sea de extrema derecha, lo que pasa es que están hasta las narices del mensaje nacionalista que se repite desde el Parlament, los Ayuntamientos, internet, la prensa, la radio y la televisión.

Según muchos, las familias procedentes de fuera de Cataluña debemos un favor a los catalanes de toda la vida por haber sido acogidos en esta generosa tierra. Por lo visto, ahora nos corresponde devolver el favor colaborando en romper todo vínculo con nuestras raíces y asimilándonos a la corriente nacionalista que representa nuestro futuro inexorable.

Los que emigraron desde toda España no fueron recibidos ni mejor ni peor que los que venían desde la Cataluña rural, que no sabemos si también deberían estar agradecidos, y a quién. En realidad, los que venían sin saber hablar catalán ni conocer las costumbres tampoco recibían un trato tan caluroso como se nos quiere hacer creer hoy. Hubo campañas del catalanismo en contra de la inmigración por estos motivos, que ahora reviven en cierto modo. Como eran antifranquistas, a los opositores a la inmigración se les justifica por parte del catalanismo, que simplemente no quiere hablar de esta parte de la historia.

Contrariamente a las consideraciones que se tienen con algunos de los inmigrantes que recibimos ahora, a los que llegaron en la época del desarrollo no les regalaron nada. Trabajadores y funcionarios se ganaron la vida sin ninguna facilidad, que tampoco daba la cosa para más. Los emprendedores tuvieron que competir con la oligarquía catalana, que los marginaba con desprecio.

Hoy, la tendencia de la mayoría de catalanes, independientemente de su origen, es la de sumarse a la corriente y asimilarse a la gran mayoría. Pero a veces esta actitud no es suficiente para ser considerados del todo iguales, por mucho que alguien se llame Jordi o Josep y hable catalán asiduamente. Por la calle no le dirán nada, pero si un López, Rodríguez o Carrasco quiere casarse con una catalana de las de ocho apellidos, puede que no haya mucho feeling entre los consuegros. A eso, que no es nuevo, lo llaman ahora fractura social porque cada día empeora sin que sepamos cómo va a acabar.

Hoy por hoy, nada que celebrar.

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