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martes, 1 de febrero de 2022

"El Rey De Las Ruinas", de CARLOS EDMUNDO DE ORY.





Estoy en la miseria Dios mío qué te importa


Ya mi casa es un dulce terraplén de locura


Un vuelo de lechuzas un río con el fondo


lacrados en mi semblante… ¡Dios mío que te importa!


Mi casa es un relincho de muerto monocromo


cuna de remembranza gran rincón de dolor


Allí ya no se duerme si no es para gritar


con una boca hambrienta de espesas esperanzas


Flores ayer y hoy sus faldas son escombros


Mi rostro de color negro aguanta la puerta


y al fin no sé qué hacer con tanta fotocopia


¡Estoy en la miseria! Se dice la miseria


y nada es la miseria… ¡Dios mío qué miseria!


Por el resuelto abismo subo las escaleras


del torreón oculto para pedir limosna


Entro llamo ay ay ¡Señorito! ¡Ay! ¡Ay!


No puede ser así usted no se parece


¡Aparición! ¿Quién soy? Te pido yo una cama


para abrigar mis labios con un sueño anticuado


No te pongas así no te asustes de mí


¡Ayaymiseñoritoustedyanoeselmismo!


Parece usted de veras un cansado harapiento


Me da pena su ombligo lleno de soledad


Ropa y candela diome y cené con la vieja


con la comadre atónita que mientras como reza


Riendo yo le explico «Soy el rey de las ruinas»


Y ella plasma un quejido «¿Qué es eso señorito?» 





La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha cambiado completamente de criterio y ha reflexionado sobre la ideoneidad de que el fondo de reconstrucción pase a ser un mecanismo a tener en cuenta en otras situaciones de crisis.

Los riesgos son que no sea selectivo, que se pierda "en los dédalos administrativos" o que no llegue a la economía real para darle una orientación más digital y más verde, en su opinión.

La Comisión Europea presentó su plan de reconstrucción para contrarrestar el impacto económico del coronavirus y salvar a Europa de su peor crisis en casi siete décadas de historia (incluído el desarrollismo franquista). Se trata de un fondo de 750.000 millones de euros de los que dos tercios serán desembolsados a los gobiernos en su mayor parte por transferencias a fondo perdido, tal como pedía España, y el resto a través de préstamos a devolver.

España podrá obtener hasta un máximo de 140.446 millones de euros del fondo, de los que algo más de la mitad llegarían a través de subvenciones y el resto como créditos.

En cuanto a las subvenciones, se determinará un importe máximo por Estado miembro teniendo en cuenta la población, el PIB per cápita y el desempleo. Los Estados miembros también pueden solicitar un préstamo para implementar sus reformas e inversiones públicas, que tendrán vencimientos largos y tipos de interés favorables.

El 75 % del plan, 560.000 millones, será transferido a los Estados miembros que lo soliciten, que deberán establecer un programa de reformas e inversiones. A este paquete hay que sumar complementos a los actuales programas de cohesión; dotaciones al Fondo de Transición Justa para ayudar a acelerar la transición hacia la neutralidad climática y al Fondo Europeo Agrícola para el Desarrollo Rural. Para movilizar las inversiones privadas, la Comisión Europea plantea desbloquear 300.000 millones de euros en apoyo a la solvencia de las empresas. 

Bruselas también propone la creación de un nuevo programa sanitario europeo, un refuerzo del Mecanismo Europeo de Protección Civil, y un presupuesto para financiar proyectos de investigación sanitaria, entre otros. Asimismo, la Comisión prevé fortalecer el apoyo de la UE al resto del mundo, por ejemplo, a través de ayuda humanitaria.

El Ejecutivo debe enviar a Bruselas un plan presupuestario y para obtener los millones de euros de ayudas, deberá garantizar que esos fondos se destinen a reformas estructurales que permitan a la economía recuperarse y volver a generar riqueza.


España ya ha entregado su plan de recuperación previo a recibir los 140.000 millones de euros, entre transferencias y préstamos, de aquí a 2026. El Gobierno ha trasladado a Bruselas su plan en el que solicita la mitad en subvenciones, sin pedir aún la parte del crédito, que en principio reserva para el periodo 2023-2026.

Sánchez ha mostrado confianza en que las reformas saldrán adelante durante su comparecencia conjunta con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que justo antes le había comunicado en persona el aprobado de Bruselas al plan español para acceder a los 69.500 millones de euros en transferencias que ha solicitado. En total, a España le corresponden 140.000 millones, pero como el resto es en créditos a devolver, lo ha dejado para más adelante. 

La Comisión necesita conseguir fondos para su distribución entre los distintos países, con emisión de deuda. "Es solo el principio y confiamos bastante en que despierte un interés enorme, todo está bien preparado", ha asegurado el comisario europeo de Presupuestos Johannes Hahn. Es la primera vez que la UE emite deuda conjunta, y se estrenará en los mercados de deuda con la emisión de un bono a diez años. El plan de Bruselas pasa por captar en 2021 unos 80.000 millones de euros en bonos a largo plazo y "decenas de miles de millones" en letras con un vencimiento menor.

Este plan hará que el 40% de los fondos se van a utilizar para la llamada "transición verde", y para la innovación tecnológica, el fomento del empleo juvenil. Yolanda Díaz, la desmasterizada ministra de Trabajo y Economía Social afirmaba que las medidas del Gobierno "tienen que tener la lógica de un Estado del Bienestar" aunque muchos ERTE (Expediente Temporal de Regulación de Empleo) se convertirán en ERES, en concursos (antes llamados quiebras), o simplemente los negocios que no sobrevivan no volverán a levantar las persianas. El Gobierno prorroga los contratos de trabajo de los que, de otro modo, tendrían que estar ya cobrando el paro.

El Gobierno ha escogido la sede de Red Eléctrica para que Sánchez y Von der Leyen hayan visitado el Centro de Control de Energías Renovables (CECRE), una referencia del tipo de proyectos que se pretenden impulsar con los fondos de recuperación. Ya vemos cómo se paga el "regalo" de Bruselas cada día que suben los precios de la electricidad y los carburantes.

Sánchez ha explicado que Red Eléctrica representa lo que va a significar el plan de ayudas. "Red Eléctrica será la columna vertebral de este plan", ha explicado Sánchez que ha agradecido a la exministra y ahora presidenta de la compañía Beatriz Corredor el trabajo realizado, que consiste en subirnos la tarifa eléctrica para pagar todo eso. Beatriz Corredor cobra un sueldo de 546.000€ al año sin contar extras.


La Comisión Europea (CE) ha dado luz verde al fondo de rescate y solvencia de empresas estratégicas diseñado por el Gobierno español, dotado inicialmente con 10.000 millones de euros para ayudar a las grandes compañías que el Gobierno considera más afectadas por el coronavirus. La institución sostiene que su aprobación se adscribe al marco temporal aprobado por la UE para flexibilizar las ayudas de Estado durante la pandemia.

La Comisión considera que el fondo “va en la línea” con las condiciones contempladas dentro del marco temporal de ayudas estatales, siendo un desembolso “necesario, apropiado y proporcionado” frente a las necesidades surgidas durante la crisis sanitaria. El mecanismo de financiación se llevará a cabo a través de instrumentos de recapitalización, préstamos participativos o deuda convertible, tal como anunció el Ejecutivo español el pasado mes de julio.

Para acogerse al plan, el Gobierno exigirá que las compañías, que deberán solicitar al menos 25 millones de euros, presenten planes de viabilidad con el calendario de devolución de las ayudas públicas. Y si antes de cinco años no han reembolsado al menos un 40 % tendrán una penalización del 10 %.

Además, las empresas solicitantes deberán tener la sede social y el grueso de la actividad en España; no estar en crisis antes del 31 de diciembre último; justificar que el cese forzoso tendría un impacto negativo en la actividad y el empleo a nivel nacional o regional, y mostrar su viabilidad a medio y largo plazo.

El consejo gestor que decidirá qué empresas se benefician del fondo dependerá de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y será el encargado de resolver las solicitudes y de elevarlas al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva.




El ex jefe de Gabinete del Presidente del Gobierno, Iván Redondo, acaba de regresar al primer plano de la actualidad. La Audiencia de Barcelona ha dado luz verde a la Fiscalía Europea para investigar si ha cometido un delito por reunirse con representantes de la patronal de Cataluña, Foment de Traball, con el objetivo de explicar a empresarios proindependentistas el manejo del reparto de los 144.000 millones de los Fondos Europeos.
 
Las alarmas han saltado en el marco investigativo del caso Volhov, que investiga la posible financiación irregular del procés independentista. La Guardia Civil escuchó a David Madí, empresario y ex cargo de CIU, anunciarle a un ejecutivo de una consultora que se había visto con el ex jefe de gabinete cuando el paquete de ayudas europeas todavía no había sido aprobado por el Gobierno. «Se ha de establecer un canal para entrar. Me vi con Foment. Formo parte de Foment. Tuvimos una reunión en pequeño comité con Iván Redondo. Esto será una merienda de negros… ¡Son 140.000 millones!», indicaba en una conversación David Madí a Joan Ferran Oliva, el apoderado de RSM Spain Consultores con el que Madí también mantiene vínculos familiares.

El juzgado de instrucción número 1 de Barcelona envió a la Fiscalía Europea la documentación con las conversaciones interceptadas por la Guardia Civil, y la Audiencia de Barcelona da luz verde a la Fiscalía Europea para que investigue a Iván Redondo.

También es el caso de Santiago Fernández Muñoz, quien ostenta desde el pasado enero el puesto de jefe de la Unidad de Seguimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, adscrito a la Secretaría General de Asuntos Económicos y G20 del Gabinete de la Presidencia del Gobierno; un cargo discreto aunque de máxima importancia, dado que fiscaliza los 144.000 millones de euros que España recibirá del fondo de reconstrucción. De ellos, 72.700 millones en ayudas directas. 

Antes, de 2011 a 2019, Santiago Fernández ejerció de concejal de Urbanismo y Medioambiente en el ayuntamiento de Torrelodones, Comunidad de Madrid, dentro de la formación Vecinos por Torrelodones (VxT), una agrupación local independiente. De 2015 a 2019, VxT, que ya venía de gobernar una legislatura con mayoría simple, logró la mayoría absoluta. La alcaldesa durante este periodo, Elena Biurrun Sainz de Rozas, además de miembro fundador de la formación, es la esposa de Fernández Muñoz.

Durante la etapa de mayoría absoluta, en el que Fernández era concejal de Urbanismo, ordenó la devolución de 100.000 euros de un aval que había entregado a una constructora, pese a que dicha constructora nunca llegó a ejecutar la obra. Es más, había dos sentencias que ordenaban no devolver el dinero. Aun así, poco antes de abandonar su cargo, el 19 de marzo de 2019, una de sus últimas decisiones fue la orden de entregar ese aval de 100.000 euros al proveedor, Destajos, S.A. El procedimiento de Fernández Muñoz para sortear las sentencias y ejecutar su decisión fue encargar un informe ad hoc a un técnico del ayuntamiento que, pese a reconocer que nunca se habían ejecutado las obras, recomienda en cualquier caso la devolución del aval.

La decisión, en cualquier caso, no ha supuesto un retroceso en la trayectoria política del ya exconcejal. Por el contrario, parece haberle impulsado dentro del PSOE. En 2019 le fichó el ahora ministro José Luis Escrivá, quien durante su periodo como director de AIREF, de 2014 a 2020, contrató a Fernández Muñoz nada más abandonar la concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente. Pese a su polémico paso por Torrelodones, Escrivá asignó a Fernández Muñoz, que es profesor titular de Geografía Humana en la Universidad Carlos III, funciones de análisis presupuestario en políticas públicas, infraestructuras y entidades locales. Primero detentó el rango de analista; luego, al cabo de cuatro meses, le otorgó el cargo de jefe de proyecto. 

El paso siguiente de Santiago Fernández Muñoz ha sido dentro de La Moncloa, en el ya citado cargo de Jefe de la Unidad de Seguimiento del Plan de Recuperación. Su jefe directo es Manuel de la Rocha, secretario general de Asuntos Económicos de la Presidencia y encargado de elaborar los planes de Reformas que abrirán la puerta a los 144.000 millones de euros de los Fondos Europeos. Por encima de De la Rocha solo está el presidente, Pedro Sánchez.

El matrimonio formado por Santiago Fernández Muñoz y Elena Biurrun, la ya mencionada exalcaldesa y esposa de Fernández , ha ejercido de jefa de Gabinete del ministro José Luis Escrivá, que también vive en el municipio madrileño de Torrelodones. De hecho, la primera decisión que tomó Escrivá como ministro consistió en nombrar a Biurrún jefa de su propio gabinete; un nombramiento que coincidió con la previa salida de la ya exalcaldesa de la política municipal. Biurrun acaba de dejar la dirección del gabinete para ser nombrada nueva directora general de Programas de Protección internacional y Atención Humanitaria, por lo que continúa dentro del ministerio de Escrivá.

Estos nombramientos han suscitado recelos en el área económica del Gobierno, especialmente en el ministerio de Economía y Hacienda. Fuentes próximas al mismo señalan para El Debate que este equipo, encargado de supervisar el reparto de 72.000 millones de euros, debería de tener mayor veteranía profesional y estar ajeno a cualquier presunta red de contactos e influencias políticas.



martes, 2 de noviembre de 2021

"A TU CASA VENDRÁN Y DE ELLA TE ECHARÁN"

La Banca es propietaria, en teoría, de la mayoría de pisos vacíos en España. Digo, en teoría, porque muchos de ellos han sido vendidos a fondos de inversión. Muchos desahucios son instados por Bancos, como titulares de pisos que ya no son suyos, sin declararse la necesaria subrogación de acciones a favor del verdadero titular, un fraude procesal por falta de legitimación activa que la mayoría de los jueces desconoce.

Muchos de esos inmuebles permanecen vacíos, en muchas ocasiones sin pagar gastos de Comunidad, y en otras asaltados por okupas que no pagan consumos sino que se conectan ilegalmente a la red, y ocasionando problemas de convivencia que debe afrontar el orden jurisdiccional penal y el orden civil.

Es más, los cultivos de marihuana "de interior" suelen estar en naves ocupadas y con toma de corriente ilegal, para alimentar las costosas luminarias y ventiladores necesarios para la plantación. La toma de agua, lo mismo.

La denominada ocupación ilegal encuentra su respuesta penal en nuestro Código Penal actual en el Capítulo dedicado a “delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico“, y en concreto en el Capítulo V, titulado “De la Usurpación“.

El artículo 245 del Código Penal, dispone que "Al que con violencia o intimidación en las personas ocupare una cosa inmueble o usurpare un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena, se le impondrá, además de las penas en que incurriere por las violencias ejercidas, la pena de prisión de uno a dos años, que se fijará teniendo en cuenta la utilidad obtenida y el daño causado.

El que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses." 

La Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 12 de noviembre de 2014, señala que sólo es delito la ocupación, sin violencia o intimidación, de un inmueble, vivienda o edificio que en ese momento no constituya morada de alguna persona, realizada con cierta vocación de permanencia, por lo que las ocupaciones ocasionales o esporádicas, son ajenas al ámbito de aplicación del párrafo segundo del artículo 245, por lo que su autor no tendrá que pagar la ridícula multa establecido por la Ley.

El tipo penal aplicable para el caso de la ocupación ilegítima de inmuebles no sirve para garantizar la tutela judicial efectiva del propietario habida cuenta que existen numerosas sentencias que han aplicado la eximente de situación de necesidad o han absuelto al ocupante porque se ha acreditado que habían pagado a un tercero para vivir en la misma o incluso se ha apreciado por los tribunales que no se había acreditado la existencia de voluntad de permanencia.

Como se ha señalado con anterioridad, la aplicación por los tribunales de justicia del citado artículo ha ofrecido soluciones muy diferentes a casos idénticos, con sentencias que tras confirmar que la posesión es el bien jurídico protegido por la norma penal, culmina su razonamiento del modo siguiente:

«Como reconoce la propia titular (…) el inmueble llevaba varios meses desocupado y sin reunir mínimas condiciones para ser habitado, por lo que la perturbación posesoria clandestina que pueda derivarse de la conducta del acusado carece de las condiciones de antijuricidad reclamadas por el tipo penal. Mediante la ocupación del inmueble no se lesionó de forma inmediata, directa y grave el derecho a poseer, a seguir poseyendo de forma real y efectiva a como venía haciéndose antes del acto perturbatorio sino el derecho de poseer. Y esta lesión del genérico contenido del derecho de propiedad por actos posesorios clandestinos, carentes de título, no constituye el resultado prohibido que pueda justificar el reproche penal por aplicación del tipo del Frente a esta conducta perturbadora existen contundentes y eficaces mecanismos de protección civil que la parte perjudicada puede, sin duda, utilizar».

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Almería, Sección 3ª, Sentencia 455/2016 de 5 Sep. 2016, que conocía del recurso presentado por Banco Santander por sentencia absolutoria dictada por el Juzgado de Instrucción número uno de Almería, razona así:

"Señala la sentencia de instancia que los denunciados entraron a vivir en el domicilio en cuestión, » propiedad de Banco Santander, S.A., y siguen viviendo en la misma junto con sus tres hijos menores de edad, sin autorización del Banco». Considera la Magistrada de instancia, que tal actuar es lícito, pues considera que no se ha probado que "tengan una voluntad de usurpar la titularidad del inmueble, tan solo de tener un lugar donde residir". Admite la sentencia que los denunciados saben que la vivienda es de un tercero, que no les deja vivir allí, pero considera que de la prueba practicada no se desprende que tengan intención de privar al banco de la titularidad de la vivienda".

Ante esta incertidumbre jurídica, es el propietario quién tiene que demostrar que no toleró la ocupación, que la misma no tiene finalidad permanente, y aún así están libres de castigo los que no tienen medios económicos, así que quienes lo pagan son los que ven cómo su casa es invadida impunemente.

La mayor parte de las ocupaciones las llevan a cabo delincuentes que sólo aspiran a vivir "por la cara" en una casa que no es suya. Otros son inquilinos que dejan de pagar el alquiler porque sí o porque no pueden. En estos casos no hay acción penal, sino acciones civiles de desahucio.

El Artículo 47 de la Constitución establece que "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos."

Así que vayamos por partes: vivienda digna y adecuada no incluye los cuchitriles y miniapartamentos que muchos sólo tienen alcance para alquilar. Algunos no tienen ni cédula de habitabilidad.

Los poderes públicos no han establecido norma alguna para hacer efectivo este derecho desde que la Constitución se promulgó, ni han regulado la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

Al contrario, muchos Ayuntamientos recalifican terrenos previo soborno, sin tener en cuenta la necesidad de vivienda de la localidad, la supervivencia de tierras de cultivo, bosques o zonas verdes, la accesibilidad de los medios de transporte o cualquier norma urbanística exigible. Todo eso lo deciden los Plenos Municipales a dedo o a barullo, limitados a veces por otras normas, como la Ley de Costas y alguna más.

Tampoco han regulado la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación, como se deduce de lo anterior. El anterior régimen franquista sí promovió la construcción de viviendas baratas, pero las puso en venta con ciertas limitaciones a su reventa para evitar la especulación, que al final se produjo inevitablemente.

La última parte del art. 47 dice que "la comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos." Si ha habido algún caso, lo desconozco.

En democracia se han hecho planes de construcción de viviendas, entre escándalos de favoritismo hacia amigos de la política a la hora de adjudicarlos.

Un ejemplo de la política de promoción de viviendas fue la cooperativa PSV,  que recibió fondos públicos y privados, así como inmuebles, que se esfumaron. El caso hubiera merecido la condena de muchos dirigentes sindicales y la ilegalización de UGT, pero, como tantas otras veces, la Justicia no fue tal.

La única manera de promover un parque de viviendas públicas es en régimen de alquiler, subvencionado en casos de necesidad. Pero no es necesario construir ninguna, con todos los pisos que hay vacíos. Lo que se debe hacer es alquilar esos pisos a precio de mercado, con un seguro de daños, y realquilarlos a cada solicitante al precio proporcional a sus ingresos. La beneficencia es problema del Estado, no de los propietarios, que en muchos casos están pagando hipoteca.

Pero ni siquiera haría falta eso, porque según el artículos 956 del Código Civil: "A falta de personas que tengan derecho a heredar conforme a lo dispuesto en las precedentes Secciones, heredará el Estado quien, realizada la liquidación del caudal hereditario, ingresará la cantidad resultante en el Tesoro Público, salvo que, por la naturaleza de los bienes heredados, el Consejo de Ministros acuerde darles, total o parcialmente, otra aplicación. Dos terceras partes del valor de ese caudal relicto será destinado a fines de interés social, añadiéndose a la asignación tributaria que para estos fines se realice en los Presupuestos Generales del Estado".

Al amparo del artículo 958 CC: "Para que el Estado pueda tomar posesión de los bienes y derechos hereditarios habrá de preceder declaración administrativa de heredero, adjudicándose los bienes por falta de herederos legítimos".

Si el Estado se quedara con los inmuebles, en vez de subastarlos o dejar que se arruínen, tendríamos viviendas en todas partes, sobre todo en la España despoblada. Y más con los impuestos autonómicos, que hacen que muchas familias tengan que renunciar a la herencia por no poder asumir los gastos.

No sé si se molesta algún funcionario en inscribir fincas a nombre del Estado, salvo que sean muy valiosas. El interés recaudatorio es contrario al interés social. El Estado es propietario de muchos inmuebles, por otro lado, lo que le permitiría fomentar la construcción de viviendas protegidas. Pero no lo hace ya que ello abarataría los alquileres y porque también actúa como especulador.

jueves, 26 de agosto de 2021

"A un rico", de José María Gabriel y Galán.



¿Quién te ha dado tu hacienda o tu dinero?
O son fruto del trabajo honrado,
o el haber que tu padre te ha legado,
o el botín de un ladrón o un usurero.

Si el dinero que das al pordiosero
te lo dio tu sudor, te has sublimado;
si es herencia, ¡cuán bien lo has empleado!;
si es un robo, ¿qué das, mal caballero?

Yo he visto a un lobo que, de carne ahíto,
dejó comer los restos de un cabrito
a un perro ruin que presenció su robo.

Deja, ¡oh rico!, comer lo que te sobre,
porque algo más que un perro será un pobre,
y tú no querrás ser menos que un lobo.




Los mayores contribuyentes del país lo son porque no tienen su dinero invertido en empresas radicadas en el extranjero, que son uno de los grandes quebraderos de cabeza para los inspectores de Hacienda españoles. Las razones son que no se pagan impuestos por los beneficios obtenidos fuera del país y la opacidad de sus propietarios, muchas veces en países de baja tributación.

Operar desde los Países Bajos se ha convertido en una de las opciones favoritas para muchas empresas, entre ellas las tecnológicas, que prestan servicios a toda Europa, por lo que no puede afirmarse que su actividad radique en un sólo país y eligen el que más les favorezca. Eso anima a otras empresas de dudoso objeto a hacer lo mismo. Un ejemplo es la agencia de representación de futbolistas Media Base Sports, creada por el empresario Jaume Roures, Pere Guardiola (el hermano del entrenador) y el grupo chino DDMC, que tiene oficinas y filial en España, pero es en Holanda donde está su matriz, a pesar de que allí no consta ninguna oficina de la compañía.

Media Base Sports tiene una amplia experiencia con la ingeniería societaria. En su momento Fabricio González, asesor legal de Guardiola, comentó el porqué de este esquema fiscal. "Debido al componente fuertemente internacional de sus negocios, participa en sociedades con sedes o centros de trabajo en aquellos lugares en los que tiene intereses económicos o estratégicos amén de garantizarle estabilidad y seguridad jurídica".

El comisario europeo Pierre Moscovici, ya advirtió de que estas prácticas tienen “potencial para socavar la equidad del mercado interior europeo”. Llama la atención que en la Unión defiendan dicha interpretación de la equidad mientras que aquí l
as enormes diferencias y bonificaciones existentes en la actualidad entre Comunidades Autónomas rompan el principio de igualdad tributaria de todos los españoles.

El comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, es el miembro de la Comisión Europea encargado de la cartera que coordina toda el área económica del Ejecutivo de la Unión, así como los aspectos de su política con incidencia sobre la moneda única.

En cuanto a la equidad tributaria, hay diferentes criterios para ponderar la distribución de las cargas y de los beneficios o la imposición de gravámenes entre los contribuyentes para evitar que haya cargas excesivas o beneficios exagerados. Las cargas excesivas rompen el principio de equidad, pero nadie tiene derecho a decirle a un empresario que tiene beneficios exagerados, porque ese es un juicio de valor carente de la lógica de la libertad de empresa.

Establecer la carga tributaria teniendo en cuenta la capacidad de pago de los individuos guarda relación con el principio de progresividad. Sin embargo, éste debe ser conciliado con el principio de igualdad y es progresivo que quien gana más, pague más en la misma proporción que los demás. El artículo 31.1 de la Constitución española establece que: «Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio».

Más de la mitad de las crecientes fortunas de los ricos españoles están libres de impuestos. A los edificios, acciones de empresas y derechos económicos valorados en casi 300.000 millones de euros que están exentos de tributar en Patrimonio se les suman otros por más de 100.000 a los que el boyante Gobierno de Madrid exime de tributar bonificando el 100% de la cuota.

La presión fiscal que soportan las fortunas de los más ricos de España, los que poseen patrimonios de más de 700.000 euros (400.000 en Aragón) en edificios, tierras, acciones, rentas, concesiones, joyas, coches y barcos de lujo y obras de arte, resulta más bien liviana: más de la mitad de esa riqueza está libre de impuestos mientras pagan por el resto apenas un 0,38% anual, según indica la última Estadística de los Declarantes del Impuesto de Patrimonio de la Agencia Tributaria.

La suma de esas cifras sitúa por encima de los 400.000 millones de euros la valoración de las fortunas libres de impuestos en España, según los últimos datos disponibles. La presión impositiva sobre el conjunto de esas fortunas se sitúa en el 0,16%, un tipo efectivo 95 veces inferior a la media del país (15,2%), en el que el IVA arroja uno del 15,3%, el IRPF otro del 12,8% y Sociedades uno del 9,2%.

El tratamiento fiscal de este patrimonio, cuya valoración equivale a más de la mitad del PIB español, parece abocado a cambios tras el desplome de la recaudación debido a la pandemia. Pero lo más grave es que demuestra que nunca se ha cumplido el principio de progresividad.

La OCDE y el Fondo Monetario Internacional llevan años insistiendo en la necesidad de reformar la fiscalidad para ir aumentando la aportación tributaria de los grandes patrimonios, que no debería ser excesiva para que no provoque una expulsión del capital que buscaría otros países con menos presión tributaria.

El camino elegido por el Ejecutivo parece claro: subir los impuestos como la famosa Tasa Tobin española o la Tasa Google. Otros son la subida de IRPF para las rentas más altas.

CREO, SINCERAMENTE, COMO TÚ, QUE LOS SISTEMAS BANCARIOS SON MÁS PELIGROSOS QUE LOS EJÉRCITOS.

(THOMAS JEFFERSON)

Como publica CINCO DIAS, la banca tributa a un tipo real 10 puntos inferior a su nominal en Sociedades. Abona un 19,8% frente al 30% que le correspondería mientras que la empresa media tributa 3,4 puntos por debajo del tipo general del 25%.

La Agencia Tributaria publicó el 12 de Noviembre de 2.019 datos que ayudan a aclarar cuántos impuestos pagan realmente las empresas. La conclusión es que si bien la compañía media paga cerca del tipo nominal de partida que fija Sociedades, los grandes grupos y la banca acaban haciéndolo muy por debajo.

Los datos de la Agencia Tributaria también revelan que Hacienda solo acaba ingresando el equivalente al 6,25% del beneficio total de los grandes grupos empresariales, cifra que baja al 2,68% en el caso de los bancarios.

Es decir, que la empresa media paga 3,4 puntos por debajo del tipo nominal general; los grandes grupos, 5,4 puntos menos; y los bancarios abonan 10,24 puntos por debajo del umbral de gravamen de partida que les correspondería. Todos ellos acaban rebajando el punto de partida gracias a los diversos beneficios fiscales que contempla la ley.

El dato varía con fuerza, además, si se tiene en cuenta el tamaño de las compañías. Así, las microempresas abonan un tipo efectivo del 22,99% mientras que las compañías de más de 5.000 empleados pagan el 16,43%.

Por volumen de negocio, a su vez, aquellas firmas que facturan menos de 50.000 euros pagan un tipo efectivo medio por sociedades del 22,88% sobre su base imponible, mientras que las de más de 1.000 millones acaban abonando un 19,89%.

La estadística, que despejó una duda que llevaba años enfrentando a los ministros de Hacienda con el empresariado, llegó en un momento en el que el PSOE abogaba por establecer un tipo mínimo de Sociedades para evitar que las grandes compañías acaben pagando menos del 15% de su base imponible en impuestos gracias a los beneficios fiscales existentes, o un 18% en el caso de banca y petroleras. Aunque las cifras indican que la media de empresas se sitúa por encima de dichos umbrales, la medida busca que todas lo estén, lo que acabaría elevando el tipo efectivo medio.

No es ese sólo el problema de la escasa contribución de las grandes compañías que cuentan con asesores que prestan servicios de ingeniería financiera y tienen acceso directo a la Dirección de Grandes Empresas de la Agencia Tributaria. En la rigurosidad de la gestión e inspección tributarias es donde se encuentra la solución a los problemas financieros del resto de la Administración Pública.




El 3 de febrero de 2012 el Ministro de Economía Luis de Guindos declara que España necesita cincuenta mil millones de Euros. ​El 24 de abril de 2012, el FMI pide a Bankia que mejore el balance y la gestión. El sábado 9 de junio de 2012 el ministro de Economía Luis de Guindos anunció que España había solicitado y obtenido de la Unión Europea un rescate bancario de hasta cien mil millones de euros que el Estado utilizó para sanear el sistema financiero español a través del FROB.

A pesar de que el último garante del dinero concedido es el Estado y no los bancos, "España garantizará el préstamo y tendrá que devolverlo"),​ por lo que la Banca no sólo paga menos, sino que les pagamos entre todos sin que los beneficiarios lo devuelvan. Aunque sea con deuda pública, que reducirá nuestra prima de riesgo.

Bankia, el principal beneficiado con el rescate, se ha fusionado con CaixaBank, que pese a que calcula un notable aumento de beneficios, ha aprobado el mayor Expediente de Regulación de Empleo de la historia del sector financiero, con el aplauso de los sindicatos, y que tendrá un coste de 1.900 millones.

El ERE de CaixaBank se ha pactado con la salida de 6.452 empleados del grupo, el 14,5% de la plantilla. El 75,9% de las salidas, un total de 4.902, corresponderán a la red comercial y, el resto (1.550), a servicios centrales y estructuras intermedias.

La reducción en el número de afectados se debe, en parte, a la recolocación de 708 trabajadores en empresas filiales del grupo CaixaBank. Las personas que se recoloquen lo harán mediante la fórmula de excedencia especial de grupo y tendrán opción de volver al banco, si así lo desean, transcurrido un plazo de cinco años.

Todas las salidas serán 100% voluntarias, como exigían los representantes laborales. CaixaBank promete un plan de recolocación para que la gente que abandone la entidad encuentre un nuevo empleo en el periodo más corto posible. Por otro lado, se ha pactado un acuerdo laboral de integración para la plantilla procedente de Bankia que entrará en vigor el 1 de septiembre, garantiza la retribución actual anual de Bankia y establece una progresiva homologación a las condiciones vigentes en CaixaBank.

También establece la homologación salarial de los empleados de Bankia cuando se produzcan mejoras, de forma progresiva en un plazo de cinco años desde la fecha efectiva de la integración. La armonización de las aportaciones a los planes de pensiones de empleados a las condiciones de CaixaBank también se homologará de forma progresiva.

El resto de beneficios sociales de CaixaBank se aplicará de forma inmediata, una vez salvados los periodos de moratoria para respetar algunos beneficios previos. En relación a la póliza sanitaria, se garantiza la cobertura para todos los empleados.

El ajuste de empleo irá acompañado de la integración de 1.534 oficinas (el 27% de la red actual) y el acuerdo incluye una serie de medidas que permitirán impulsar el desarrollo de la red comercial y de los modelos de oficinas Store, oficinas de nuevo modelo de CaixaBank están centradas en el asesoramiento a los clientes, con un nuevo diseño, más personal, más servicios y mejor adaptación a los nuevos hábitos de los consumidores.

Además, se amplía a 2.900 el número de empleados que pueden estar destinados a los centros inTouch, el modelo de atención digital que ofrece atención personalizada a los clientes a través de los canales tecnológicos remotos.

Para mejorar la atención en el ámbito rural, se amplían los cupos de oficinas singulares y oficinas ventanilla y se mantiene el servicio de ofimóvil. La entidad ha asegurado que mantendrá sus servicios en todas las plazas donde es el único operador.

El presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri tiene una remuneración de hasta 2,1 millones de euros, es decir, más del doble de lo que venía percibiendo en Bankia. Goirigolzarri ha defendido este viernes que su sueldo y el del consejero delegado, Gonzalo Gortázar, son inferiores a las referencias de entidades comparables del sector.

Asimismo, CaixaBank ha establecido un bonus de 200.000 euros vinculado al plan de objetivos para Goirigolzarri, además de un plan de incentivos en acciones de 2021 que cobraría a partir de 2025 en función del cumplimiento de determinados resultados prefijados. Este plan detalla que el presidente tiene derecho a algo más de 105.000 acciones que, a precios actuales de mercado, tiene un valor de 270.000 euros.

De estos incentivos también se beneficiarán una parte de los altos directivos que provienen de Bankia. CaixaBank ha elevado de 90 a 130 los ejecutivos que podrán recibir acciones dentro de cuatro años.

Según CaixaBank, el consejo de administración ha considerado en todos los emolumentos para el nuevo presidente la dimensión del banco, primer grupo financiero en España y décima compañía del Ibex por capitalización bursátil, además de funciones ejecutivas. Y resalta que se alinean con las pautas del regulador.


sábado, 28 de noviembre de 2020

"La ilusión", de Manuel de Zequeira y Arango.


 Soñé que la fortuna, en lo eminente   
 del más brillante trono, me ofrecía   
 el imperio del orbe, y que ceñía   
 con diadema inmortal mi augusta frente.   

 Soñé que hasta el ocaso, desde Oriente,  
 mi formidable nombre discurría,   
 y que del Septentrión al Mediodía   
 mi poder se adoraba humildemente.

De triunfantes despojos revestido,   
 soñé que de mi carro rubicundo  
 tiraba Cesar con Pompeyo uncido.   

 Me despertó el estruendo furibundo,   
 solté la risa y dije en mi sentido:   
 «¡Así pasan las glorias de este mundo!» 

martes, 18 de agosto de 2020

"Ladrones de corte", de Diego de Torres Villarroel.



Por muchos siervos que lo justifiquen, el impresentable Juan Carlos de Borbón abandonó su residencia del Palacio de La Zarzuela comunicándolo después a su hijo Felipe VI sin dar datos sobre su destino y paradero. En ese breve folio no dijo que se fuera de vacaciones, sino que había decidido trasladarse fuera dejar España.

Ayer comunicó que se encuentra en Emiratos Árabes Unidos, estado que desde el 2.009 tiene tres acuerdos ratificados en 2.010 en materia de extradición, de asistencia judicial en materia penal y de traslado de personas condenadas. El artículo 4 del Instrumento de Ratificación del Convenio de extradición entre el Reino de España y los Emiratos Árabes Unidos, hecho en Madrid el 24 de noviembre de 2009 establece que no se concederá la extradición si el delito por el que se solicita la extradición es considerado delito político por la Parte requerida, en este caso un Estado feudal donde sus señores son impunes. Tampoco si la extradición puede tener consecuencias graves para la persona reclamada, por razón de su edad o estado de salud. Tampoco si el delito se cometió fuera del territorio de la Parte requirente y la legislación de esa Parte excluye la jurisdicción sobre ese delito en circunstancias análogas, lo que podría excluir los actos del ex-Rey en Suiza o paraísos fiscales.

Se podrá conceder la extradición de una persona reclamada, siempre que manifieste su consentimiento por escrito ante una autoridad judicial, después de haber sido informada del contenido de la solicitud de extradición y de sus derechos en virtud de un procedimiento formal de extradición. Los abogados del Borbón han prometido que seguirá a disposición de la Fiscalía del Tribunal Supremo, así que si llega el caso, mentirían todos ellos si no lo hace.

Como hizo Puigdemont, ante la inminente acusación, el Borbón se fuga en toda regla a refugio seguro para no afrontar la investigación judicial ni compartir la suerte de Iñaki Urdangarin. Juan Carlos no reconoce ningún acto delictivo sino que define como "ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada" los hechos que la Fiscalía y el Tribunal Supremo están investigando pese a haber encubierto y dejado prescribir muchos otros y no digamos los que perpetró mientras fue inviolable.

No se puede esperar que el cabeza de la familia de bribones asuma las consecuencias de sus actos después de reincidir tras haber dicho aquello de "no volverá a ocurrir". La desvergüenza amparada por la impunidad es de toda la corrupta familia porque incluso Felipe VI miente cuando dice renunciar a la herencia de alguien que no ha fallecido, lo que prohíbe el artículo 991 del Código Civil en los siguientes términos: "Nadie podrá aceptar ni repudiar sin estar cierto de la muerte de la persona a quien haya de heredar y de su derecho a la herencia".

Del mismo modo el art 816 del Código Civil en relación con la legítima dispone que "Toda renuncia o transacción sobre la legítima futura entre el que la debe y sus herederos forzosos es nula, y éstos podrán reclamarla cuando muera aquél; pero deberán traer a colación lo que hubiesen recibido por la renuncia o transacción". No sabemos si el actual Rey y su familia ya han recibido toda o parte de la fortuna del bribón, cuando es evidente que ocultaron la fuga y el escondrijo de Juan Carlos que el Gobierno sabía aunque afirman que no les corresponde a ellos decirlo, sino a la Casa Real.

La Casa Real tardó un año en retirar a Juan Carlos la asignación tras conocer la estructura financiera ilegal que se había montado en Suiza y que tenía a Felipe VI como beneficiario. Pero la falta de presentación de la Declaración sobre bienes y derechos situados en el extranjero ha permitido a los técnicos del Ministerio de Hacienda detectar un posible delito de fraude fiscal agravado y un presunto delito de blanqueo de capitales, pese a los esfuerzos de la Fiscalía, el Poder Judicial y los letrados del Congreso en extender la inviolabilidad del abdicado a sus actos posteriores y a sus cómplices. La Justicia debe declarar los hechos mediante sentencia que exprese quiénes cometieron tales y cuales delitos, de los que sería absuelto el viejo Rey por ser inviolable o condenado si ya no lo era.

Hablar de presunción de inocencia a estas alturas es ridículo, porque todo el mundo sabe que sean "regalos" o comisiones lo que recibió JC1, tributan igual que los premios de la Lotería. La obligación de contribuir al erario público está relacionada con la procedencia de todos sus fondos ocultos, que supondría la imputación de terceras personas no protegidas por inmunidad o inviolabilidad y que por tanto también deberían ser investigadas en la misma causa. Lo que no pueden tener el Rey ni sus amistades peligrosas es absoluta impunidad, como ya dije en mi entrada "a muchos debe temer aquél a quien muchos temen".

La inviolabilidad es un privilegio en virtud del cual ciertas personas no están sujetas a responsabilidad penal por los actos que llevan a cabo en el ejercicio de su función. Este privilegio no puede extenderse a las actividades privadas del monarca, porque la ocultación de su patrimonio y la forma de cómo ha podido obtenerlo no son función pública del Rey.

La inviolabilidad, como todo privilegio, debería restringirse a la responsabilidad penal durante el tiempo de ejercicio de un cargo público. El Rey, mientras lo sea, no tiene responsabilidad jurídica aunque ello atente y sea incompatible con el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley.

Pero este argumento no cuenta para la Sala segunda del Tribunal Supremo, cuya Sentencia de 21 de Diciembre de 2.004 declara que: "la inviolabilidad no es sólo una prescripción que exime de responsabilidad, sino incluso un privilegio frente a la mera incoación de todo procedimiento (incluso civil), un verdadero límite a la jurisdicción que tiene carácter absoluto".

Hay que resaltar que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo es la única competente para la tramitación y enjuiciamiento de las acciones penales dirigidas contra la Reina consorte o el consorte de la Reina, la Princesa o Príncipe de Asturias y su consorte, así como contra el Rey o Reina que hubiere abdicado y su consorte (artículo 55 bis LOPJ).

Un rey que ocultó sus enormes ganancias de dudoso origen mientras cobraba una cuantiosa asignación de los Presupuestos del Estado por desempeñar sus funciones y además se llevó los fondos a paraísos fiscales en lugar de invertirlos en su país, demostró así su poca confianza en el futuro de la institución garantizándose así un cómodo retiro si la Corona caía. Desde Carlos IV todos los reyes borbones han tenido que exiliarse: Fernando VII, Isabel II, Alfonso XII, y Alfonso XIII.

VOX exclama VERDE (Viva El Rey De España) por un patriotismo mal entendido en un momento en que hay que elegir entre la suerte de España y la del ex-inviolable. Que no se olviden de que otros pueden ocupar su lugar. Aún así, los verdaderamente falsos son PSOE, PP y Ciudadanos que se han hecho totalmente cómplices del expolio convertido en profesión y un privilegio hereditario. Unidas Podemos y los independentistas se callan mucho de lo que saben para alardear de republicanismo sin pretender de verdad derribar la monarquía. Ellos también están en la tarea de defenderse de la Justicia a cambio de compartir su impunidad.




Oigo decir a muchos cortesanos
tal oficina tiene tres mil reales
pero vale diez mil y muy cavales
¡válgame dios y azotan a gitanos!
aquestos son rateros chabacanos
que pillan una capa, unos pañales,
un borrico, una mula y sus caudales,
no llegan a seis cuartos segovianos.
Reconoces los montes es quimera
que no son hermitaños los ladrones
ni en los jarales buscan su carrera.
Haga aquí la justicia inquisiciones
y verá que la corte es madriguera
donde están anidados a montones.


jueves, 8 de noviembre de 2018

"No hay cosa más pesada que una deuda recordada."




La Comisión Europea es el órgano ejecutivo de la Unión Europea y vela por su interés general. Desde 2014, los países de la UE tuvieron que tener en cuenta los resultados de las elecciones al proponer un candidato para la Presidencia de la Comisión Europea, a fin de que sea más democrática y más cercana a sus ciudadanos.

La Comisión intenta mantener una mejor relación con el Parlamento Europeo, pero también con los parlamentos nacionales de cada país. Su forma de actuación se asemeja a la de la extinta Unión Soviética, con sus planes quinquenales.

Junto con Estados Unidos y China, la Unión Europea es uno de los tres mayores actores mundiales del comercio internacional. El valor total de todos los bienes y servicios producidos (PIB), es mayor que la economía estadounidense. Casi dos tercios del comercio total de los países de la UE se efectúa entre los países miembros, lo que hace que los beneficios comerciales sean acaparados por las potencias fabricantes de productos finales. La UE alberga solamente al 6,9% de la población mundial, pero su comercio con el resto del mundo representa aproximadamente un 15,6% de las importaciones y exportaciones mundiales.

Al ser un mercado único de 28 países, la UE sería el ámbito idóneo para que los países miembros, con independencia de su tamaño, se beneficiasen de las economías de escala. En realidad, los países grandes siguen reteniendo mejor capacidad de sujetar mercados y la competencia es desigual.

La política económica de la UE lleva un curso intervencionista, que probablemente se incrementará debido a los populismos de izquierda y derecha que prosperan en el continente. Las potencias principales se revuelven contra las injerencias de Bruselas en defensa de sus intereses particulares, mientras los socios menos favorecidos reclaman ser ellos los que dirijan la intervención políticoeconómica en cada país.

No tienen en cuenta aquella frase de Abraham Lincoln que dice: "No podéis otorgar la fuerza al débil debilitando al fuerte; no podéis ayudar al pobre arruinando al rico." Pero también Bruselas ignora esta filosofía atenazando a países y a ciudadanos.


Los impuestos que recaudan los países miembros van en gran parte a sostener la burocracia europea y a devolver los créditos del Banco Central Europeo. Casi el 22% de la deuda pública española ya está en manos del BCE. La autoridad monetaria ha acumulado bonos españoles desde el rescate de la deuda europea con un programa de compra de activos del sector público que ha permitido mantener bajo control la prima de riesgo de la mayor parte de los países europeos.

En concreto, la deuda española es la cuarta con mayor presencia en la cartera del banco central, solo por detrás de los bonos alemanes, franceses e italianos.

Italia presenta una deuda pública enorme con una economía que produce y vende bienes y servicios insuficientes para pagar sus deudas sin incurrir en más deuda. Dado que su PIB es uno de los más importantes de la zona euro, también lo es el volumen de deudas y por tanto el país paga unos intereses muy relevantes, que consumen una gran parte del gasto público. Estos últimos tiempos el país ha estado en situación de riesgo muy destacada por la prensa económica, y no se sabe cómo evolucionará.

La deuda pública en España ha crecido y está cerca del cien por cien del PIB. Nuestro país está entre los países con más deuda del mundo y nos puede pasar como a Italia si los políticos siguen incrementando el gasto público a base de más deuda.

Para seguir con este gasto público primero hay que lograr que crezca el Producto Interior Bruto. Para eso necesitamos más personas que estén trabajando, o bien introducir mejoras en la productividad, por ejemplo con cambios tecnológicos.

Si crece el PIB puede aumentar el empleo, pero si decrece es muy difícil. Una recesión genera paro, y a la vez hace que disminuya nuestro poder adquisitivo. En principio para producir más debe haber una mayor cantidad de ahorro disponible, y condiciones más favorables para la inversión de ese ahorro. De ese modo, será mayor la productividad del trabajo y por tanto existirá margen para salarios más altos al mismo tiempo que se abriría la posibilidad de producir a precios más baratos.

En teoría, mientras más capital tenga un país, mayores serían los salarios reales de toda la población, lo que contribuiría a un círculo virtuoso: a mayor salario real, mayor capacidad de ahorro, mayor capital, mayor inversión, mayor demanda de trabajo y mayor productividad, y así mayores salarios reales, etc.

Pero la teoría choca con la realidad de que los impuestos reducen el ahorro, la productividad no mejora ni tampoco el PIB, y pese a ello se sigue alimentando el gasto público desbordado desde las instituciones que nos gobiernan. Los gobiernos que hemos tenido no han hecho nada para cambiar el capitalismo de amiguetes que hasta ahora rige en nuestro país, ni Bruselas parece que vaya a solucionarnos la papeleta.