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jueves, 30 de septiembre de 2021

"A cierta isla", de Jorge Luis Borges.




¿Cómo invocarte, delicada Inglaterra?
Es evidente que no debo ensayar
la pompa y el estrépito de la oda,
ajena a tu pudor.
No hablaré de tus mares, que son el Mar,
ni del imperio que te impuso, isla íntima,
el desafío de los otros.
Mencionaré en voz baja unos símbolos:
Alicia, que fue un sueño del Rey Rojo,
que fue un sueño de Carroll, que soy un sueño,
el sabor del té y de los dulces,
un laberinto en el jardín,
un reloj de sol,
un hombre que extraña (y que a nadie dice que extraña)
el Oriente y las soledades glaciales
que Coleridge no vio
y que cifró en palabras precisas,
el ruido de la lluvia, que no cambia,
la nieve en la mejilla,
la sombra de la estatua de Samuel Johnson,
el eco de un laúd que perdura
aunque ya nadie pueda oírlo,
el cristal de un espejo que ha reflejado
la mirada ciega de Milton,
la constante vigilia de una brújula,
el Libro de los Mártires,
la crónica de oscuras generaciones
en las últimas páginas de una Biblia,
el polvo bajo el mármol,
el sigilo del alba.
Aquí estamos los dos, isla secreta.
Nadie nos oye.
Entre los dos crepúsculos
compartiremos en silencio cosas queridas.



Tras un referéndum celebrado en el Reino Unido en 2016 en el que el 51,9 por ciento de los votantes apoyó abandonar la Unión Europea, el Gobierno británico invocó en marzo de 2017 el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, iniciando un proceso de dos años que debía concluir con la salida del Reino Unido el 29 de marzo de 2019. Ese plazo fue prolongado en primer término hasta el 12 de abril de 2019. El plazo volvió a ser prolongado hasta el 31 de octubre de 2019.​ Por tercera y última vez, el plazo volvió a ser prorrogado hasta el 31 de enero de 2020. En virtud del Acuerdo de Retirada, hubo un periodo transitorio hasta el 31 de diciembre de 2020 en el que el Reino Unido se mantuvo en el mercado europeo y los ciudadanos y las empresas no notaron diferencias.

Reino Unido y la UE negociaron una nueva relación comercial durante dicho período transitorio, que firmaron la Nochevieja de 2020, y que entraba en vigor al día siguiente. Pero, durante once meses el país estuvo en un “período de transición” durante el cual siguió aplicando las reglas europeas mientras negociaba su futura relación con sus 27 ex socios.

La negociación, que en varias ocasiones pareció destinada al fracaso, acabó dando frutos el 24 de diciembre: Londres y Bruselas cerraron el tratado de libre comercio más completo y exhaustivo posible en el plazo récord de diez meses.

Con él, la UE ofrece un acceso inédito sin aranceles ni cuotas a su inmenso mercado de 450 millones de consumidores a cambio del compromiso británico de respetar normas que evolucionarán con el tiempo en materia de medioambiente, derechos laborales y fiscales, para evitar toda competencia desleal.

Para los pescadores de Inglaterra, el acuerdo comercial del Brexit firmado por el primer ministro británico, Boris Johnson, constituye una traición ya que mantiene el acceso de algunos barcos de la Unión Europea a las ricas aguas costeras del Reino Unido. Ya se han producido incidentes con los pescadores franceses.

El acuerdo entre Londres y Bruselas evitará la imposición de aranceles o cuotas pero las nuevas verificaciones, documentos administrativos y las exigencias a los negociantes se van a sumar a los costes y a la complejidad de los exportadores de alimentos y medicamentos, denuncian las asociaciones sectoriales, que temen retrasos en las entregas y subidas de precios.

En torno al 30% de los alimentos que se consumen en Reino Unido proceden de la Unión Europea. Asimismo, Gran Bretaña importa cerca de la mitad de las verduras y la mayoría de la fruta. El acuerdo implica un reconocimiento mutuo de las certificaciones o inspecciones de los productos bio o los medicamentos, especialmente preocupantes en la actual pandemia.


Nigel Farage critica las cesiones a la Unión Europea pese a esta rentable negociación, en la que España ha puesto todo tipo de facilidades para evitar problemas fronterizos en Gibraltar ("Con los ingleses, ni a partir nueces.") De reclamar la soberanía, Hacienda también reclamaría el mucho beneficio sin tributar que esconde allí nuestra clase política y empresarial.

En Europa, muchos piensan en hacer lo mismo que Gran Bretaña, si sale bien. El Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) es un grupo político del Parlamento Europeo salido de las elecciones europeas de 2009, de ideología conservadora, euroescéptica,​ y antifederalista. Tiene su base en el Movimiento para la Reforma Europea y está afiliado al europartido de la Alianza de Conservadores y Reformistas. En el Parlamento Europeo tiene una representación de 61 miembros, siendo el sexto grupo de la cámara en número de representantes.

La mayor parte del grupo está integrado por miembros de Polonia, República Checa, Alemania, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, España, Grecia, Holanda, Italia, Letonia, Lituania y Suecia. La mayoría de los partidos miembros integraron este grupo tras la disolución de los Demócratas Europeos, agrupación integrada en el PPE-DE, y la Unión por la Europa de las Naciones.

El Parlamento Europeo ha aprobado por abrumadora mayoría una dura resolución en la que “condena en los términos más enérgicos posibles” la ley aprobada en Hungría para prohibir cualquier representación de la homosexualidad en las escuelas y en los programas de televisión, publicidad o cualquier plataforma accesible a los menores de 18 años. Proclaman que supone “una violación manifiesta de los valores, principios y el derecho de la Unión”.

La resolución, pactada por cinco grupos de la Cámara (socialistas, populares, liberales, verdes e izquierda), reclama a la Comisión Europea que inicie un procedimiento acelerado de infracción contra Hungría, para bloquear las partidas del fondo de recuperación y que no apruebe el marco para el desembolso de los fondos estructurales previstos para el periodo 2021-2027.

Los grandes grupos han secundado la iniciativa, pero dentro del Partido Popular Europeo destaca la abstención de 12 de los 13 eurodiputados españoles del PP, incluida la jefa de la delegación, Dolors Montserrat. Entre los populares españoles, solo el valenciano Esteban González Pons, vicepresidente del grupo popular europeo, ha votado a favor.


La Comunidad Económica Europea creada por el Tratado de Roma de 1957, en 1993 se incorporó a la Unión Europea y pasó a llamarse Comunidad Europea hasta 2009. ECR debería promover retirarse del Tratado de Maastricht y el de Lisboa, de carácter político y mantener solo el económico. Volver a ser un Mercado Común y no una entidad burocrática sin representación democrática de sus ciudadanos.

Al fin y al cabo, Noruega participa del Mercado Común, pero mantiene su soberanía política. Y la UE tiene Tratados Comerciales con Albania, Argelia, Angola, Antigua y Barbuda, Argentina, Armenia, Comunidad Andina, Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN), Australia y Azerbaiyán.

Como publica "Política de garaje", la intriga franco-alemana supone un factor esencial en la explicación de que ocurre en España: la injerencia de las dos grandes potencias europeas, Francia y Alemania, en la política española para reforzar su posición dominante en Europa.

La figura del “eje franco-alemán” es una imagen habitualmente empleada para referirse a la acción conjunta de estos dos países como motores de la Unión Europea, valorada generalmente como positiva desde el punto de vista europeísta.

Fuera del ámbito de la integración europea apenas se suele considerar la existencia de un eje franco-alemán salvo, ocasionalmente, ante algunas coincidencias puntuales en las acciones de los gobiernos de Francia y Alemania y, algo menos, de la Unión Europea. Pero esta influencia es mucho mayor de lo que se suele considerar. Que, aunque no haya una unión explícita entre los gobiernos de Francia y Alemania, hay unos intereses comunes que alinean en la práctica sus actos, sus estrategias.

Por ejemplo, en 2000, el gobierno francés favoreció que se otorgase una mayor cuota de poder a España en el tratado de Niza (pasar del 80% al 93%), supuestamente, se decía, para contrapesar el poder de Alemania en la Unión Europea. Y posteriormente, en 2005, el mismo Chirac pidió a España que renunciase a las posiciones conseguidas en Niza. Es decir, entre los propios gobiernos de Francia y Alemania puede unas veces existir colaboración y otras veces no.

Apoyan a los nacionalismos en España: en este aspecto podría resaltar algunos hechos concretos como por ejemplo el largo santuario de ETA en Francia, la liberación de la etarra Natividad Jáuregui en Bélgica, el incumplimiento de las euroórdenes con Puigdemont, la declaración de 51 diputados franceses apoyando los nacionalismos españoles o la doble vara de medir de Macron recriminando a Cs por colaboración con Vox mientras aplaude al PSOE en su colaboración con Podemos y los secesionistas.

No se ve un apoyo claro europeo a la democracia española frente a unos nacionalismos incuestionablemente antidemocráticos. Con 858 asesinatos políticos, un golpe de estado en Cataluña, imposición lingüística de evidente intención política, constante incumplimiento de una exigible neutralidad política en el espacio público… Europa tan solo ha hecho algún pronunciamiento formal en favor de la democracia cuando se ha visto forzada a hacerlo, pero nada más. Y ese silencio retumba aun más que sus apoyos puntuales al nacionalismo.

Lo realmente incoherente es asumir la existencia del Santuario de ETA en Francia sin un motivo de peso que lo explique (las justificaciones habituales son inconsistentes a la hora de justificar tantos años de apoyo del gobierno francés a un grupo asesino). Pero es tremendamente desagradable plantearse que tu vecino, que seguirá siendo tu socio europeo y en cuyo país disfrutarás de amistades y turismo, puede tener un gobierno que hace eso.

Los primeros comandos anti-ETA que comenzaron a actuar en el sur de Francia desde 1975, al iniciarse la denominada guerra sucia, estaban compuestos fundamentalmente por antiguos miembros de la Organización del Ejército Secreto (OAS, grupo terrorista de apoyo a una Argelia francesa) y especialistas de los servicios paralelos españoles, según altas fuentes policiales españolas. Fuentes muy próximas a Marcel Cardona, miembro de la OAS que murió el 4 de junio de 1975 en una localidad del sur de Francia cuando manipulaba un explosivo, manifestaron al periódico EL PAÍS que varios miembros de esta organización terrorista facilitaban información a los servicios de seguridad españoles y formaron comandos activos para realizar atentados en esta zona.

Económicamente, las presiones a Rajoy para que España entrase en el programa de rescate global europeo, algo que luego se comprobó innecesario, han ido unidas con una irresponsable gestión económica de Zapatero y Sánchez.

Para ejercer esta influencia, los dirigentes de Francia y Alemania pueden aprovechar el enorme poder económico europeo para conseguir aliados, apoyar a quienes convenga y promover sus intereses a través de los medios de comunicación. No olvidemos que las sociedades democráticas eligen a sus líderes a partir de la opinión pública, sobre la que los medios de comunicación ejercen una influencia incontestable.

Además de todo esto, la ex-mandataria Merkel buscaba que Alemania asuma más responsabilidades globales frente a los bloques chino y estadounidense, así como en las relaciones transatlánticas.

El multiculturalismo colectiviza a la ciudadanía en grupos culturales y erosiona así los derechos individuales en beneficio de unos engañosos derechos colectivos absolutamente inaceptables desde el punto de vista democrático como son los nacionalismos, el islamismo o el bolivarianismo indigenista, que es útil si se quiere un enfrentamiento con España.

El eje franco-alemán estaría interesado en que el resto de países europeos tengan unas condiciones de vida razonables, pero no influencia política y económica, la cual quedaría concentrada en Francia y Alemania. Para ello, les interesa que los países de tamaño medio o grande se dividan en unidades más pequeñas, sin casi poder de influencia política, como ocurrió con Checoslovaquia o Yugoslavia y actualmente amenaza ocurrir en España. Que una potencia competidora grande como es el Reino Unido se fraccione o salga de la UE. O que las grandes empresas sean mayoritariamente francesas y alemanas, etc.

Lo cierto es que el Eje franco-alemán impone su poder en la Unión Europea, hasta el punto de liderar su llamada "refundación", un proyecto institucional creado por el Brexit y la dinámica iniciada tras la postura de relativa ruptura planteada por el gobierno estadounidense de Donald Trump respecto a la UE y los Estados miembros de la organización.

Un día después de posesionarse como presidente de Francia, Emmanuel Macron realizó su primera visita a Berlín donde se entrevistó con la canciller, Ángela Merkel, manifestando la meta de reforzar la UE a través del eje franco-alemán.​ Ambos mandatarios dejaron clara su voluntad de reformar los Tratados constitutivos de la Unión Europea de ser necesario.

“El Reino Unido sigue siendo nuestro vecino pero también nuestro amigo y aliado. Esta elección de abandonar Europa, este Brexit, fue fruto del malestar europeo y de muchas mentiras y falsas promesas”, dijo Macron en un discurso retransmitido en televisión, movido por la caída de sus exportaciones al Reino Unido.

Estancadas las negociaciones para lograr una relación comercial ventajosa entre el Reino Unidos y la UE después del final del periodo de transición que termsna a finales de este año, el riesgo de cerrar el diciembre sin acuerdo sería muy grave para la economía. Y además el gigante ruso Gazprom no suministrará gas a Europa en octubre, porque la demanda china beneficia a ambos sin perder ingresos.

Mejor ¿no?. Así no emitimos gases de efecto invernadero como la UE quiere.

viernes, 18 de junio de 2021

"Al Estado neutral", de Miguel de Unamuno.


El obispo Torras y Bages dijo que: “Cataluña será cristiana o no será”. Hoy es la región más secularizada de España, y quizás sin curas catalanistas se vaciasen aún más las iglesias, por lo que gran parte del clero se ha unido a las aspiraciones independentistas, que al fin y al cabo son las de quienes ocupan el poder.

Al amparo de su libertad de interferir en la política general, el estamento clerical se divide con el Estado sus atribuciones, y en Cataluña quien ejerce las funciones públicas es, sobre todo, el poder autonómico.

Cerca de 300 sacerdotes de las diferentes diócesis catalanas han firmado una carta dirigida a los representantes de la Iglesia española para pedirles su implicación en el enfrentamiento político catalán. En este comunicado, los curas catalanes instan a los obispos españoles a hacer pedagogía del diálogo "para que se puedan buscar y aceptar soluciones justas que respeten los derechos de Catalunya". La carta también hace alusión a la situación de los líderes independentistas encarcelados y aseguran que la "gravedad" del caso urge un "sobreesfuerzo de equidad, justicia y humanidad".

Las abadías de Santa María de Montserrat y de Santa María de Poblet, dos de los monasterios más relevantes de Cataluña, suscribieron a través de su abad y su prior, una declaración conjunta, la primera que hacen ambos monasterios en sus más de 1.000 años de existencia.

En esa declaración, los rectores de sus comunidades religiosas apelaron al "diálogo, la paz, las libertades de expresión democrática, la convivencia social y el respeto a los derechos individuales y a los de nuestro pueblo".


Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, y su homólogo de Barcelona, Juan José Omella, se reunieron con Rajoy, tras lo cual, la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal emitió una discreta nota en favor de “los derechos de los diferentes pueblos que componen España”.

Omella, actualmente Presidente de la Conferencia Espiscopal y arzobispo de Barcelona, y el arzobispo de Tarragona, ya habían condenado la "violencia y los enfrentamientos" vividos en la jornada del fallido referéndum catalán. El arzobispo tarraconense abogó además por encontrar "una salida pacífica y democrática" a esta situación.

Se sabe ya que hubo curas entre los clandestinos organizadores de la logística del referéndum fraudulento del 1 de Octubre de 2.017. En días anteriores, 282 sacerdotes y 21 diáconos secesionistas lanzaron un comunicado para reclamar el derecho de autodeterminación y apelar a los catalanes a que se echasen a la calle el 1 de octubre.

"El derecho a decidir de los pueblos está por encima de la unidad de España", sostiene el obispo de Solsona, partidario de crear una "Conferencia Episcopal Catalana".

La hipotética independencia de Cataluña no supone quebrar los vínculos con la Santa Sede, pero amenaza la estructura de la Conferencia Episcopal Española. Esta no se pronuncia ni por este caso ni por los de Flandes, Padania o Escocia.

El cardenal Rouco Varela es uno de los jerarcas más conservadores de la Iglesia en España, y ha manifestado que "El independentismo no concilia con la conciencia católica", en desacuerdo con gran parte del clero catalán.


Los neoconservadores y Vox nacen de la fragmentación de la derecha contenida en el PP, partido con gran apoyo eclesiástico hasta que acabó abandonando las batallas contra la reforma de la ley del aborto del PSOE y su oposición al matrimonio homosexual, dejando elementos descontentos marginados dentro del partido.

El desembarco de Vox en la arena política española ha obligado a la Iglesia católica a tomar postura. El portavoz de la Conferencia Episcopal nanifestó: "Me preocupa el escenario con Vox y las reacciones ante Vox, porque se le acusa de anticonstitucionalismo, pero alguna de las protestas que se han presentado ante Vox, los comportamientos de la acción directa, las protestas callejeras con rasgos de violencia nos preocupan si cabe más. Gritar que unos son fascistas suponen comportamientos antidemocráticos para criticar a otros".

El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, dijo a su vez: "Estamos en una democracia y por tanto, todo partido que se forma tiene derecho a participar", señalando que Vox es una formación "totalmente constitucional". VOX se presenta como un defensor de la España católica, pero la puesta en práctica de la mayoría de sus propuestas sería hoy enérgicamente criticada por el Papa Francisco, quien se ha posicionado a favor de la inmigración, legal o ilegal.

El Papa Francisco es una referencia espiritual para los católicos cuando actúa como cabeza visible de la Iglesia Católica y Jorge Bergoglio es un ciudadano argentino con opiniones muy respetables cuando entra de lleno, como hace frecuentemente, en asuntos políticos opinables que no pertenecen a la fe y que afectan de manera clara a la convivencia y a la soberanía de las naciones, a las que la Iglesia Católica no puede decir cuántos inmigrantes pueden acoger.

Como lo advirtió la Virgen en la Salette, Roma se ha convertido en la sede del Anticristo. Bergoglio trabaja para George Soros y se ha puesto al servicio de ONU, respaldando así su objetivos abortistas y anti familia-LGBT. El Anticristo embosca sus doctrinas en el deseo sexual y la impureza y, abandonando la fe de Dios, proclamará que no hay ningún obstáculo en desobedecer sus preceptos.

Aunque la Iglesia elude contrariar al sistema de partidos que aísla a Vox, sus sectores más conservadores, junto a una decena de obispos, apuestan decididamente por el partido de Santiago Abascal. Los obispos han marcado como prioritarios aspectos relacionados con la que llaman "defensa de la vida", el no al aborto y la eutanasia, así como la defensa de la unidad de España, que tradicionalmente llevaban a los católicos a votar al PP, pero ahora se fijan en el elevado porcentaje de candidatos de Vox a las generales pertenecientes a grupos de la derecha católica.

La jerarquía, frente a la opción de Vox como alternativa al poderoso Partido Popular, quiere conservar una relación de privilegio con el Estado en materia educativa, sanitaria o de presencia en las instituciones públicas.

La fragmentación de la derecha hace pensar que apoyar a Vox da votos a la izquierda. Esta postura está siendo mayoritaria en el seno del Episcopado español, que ve cómo los socialistas adoptan políticas como el recorte de las subvenciones a los centros concertados, o sus socios de UP propongan la denuncia de los Acuerdos Iglesia-Estado.


Los obispos españoles "estamos dispuestos a ayudar" para resolver la polémica en torno a la resignificación del Valle de los Caídos. En una rueda de prensa tras el encuentro de la cúpula de Conferencia Episcopal española con el Papa Francisco –"que está enterado de todo"–, tanto su presidente, el cardenal Omella, como el vicepresidente, Carlos Osoro, se mostraron abiertos al diálogo para alcanzar un acuerdo con el Gobierno en lo tocante a la ley de Memoria Democrática.

En declaraciones a los medios a su salida de su reunión con Bergoglio, Omella y Osoro admitieron que "el tema del Valle de los Caídos "es un tema que concierne más a la Iglesia de Madrid", aunque "desde la conferencia episcopal estamos dispuestos a ayudar. Pedimos que haya un diálogo en la sociedad y con nosotros, la Iglesia"Por su parte, el cardenal de Madrid, Carlos Osoro, insistió en que "el Valle de los Caídos puede ser una gran esperanza. Es un momento para que este lugar sea un lugar donde volvamos a recuperar la fraternidad, la reconciliación, la paz... y que buscamos que sea un lugar para volver a lo fundamental". "Lo importante son los sustantivos: hijos de Dios y hermanos de todos los hombres. Es una oportunidad grande para todos", añadió.

En aplicación de los Acuerdos de Cooperación entre el Estado y la comunidad islámica firmados en 1992, así como del Estatuto de Autonomía, Cataluña ofrece clases optativas de religión islámica como doce de las comunidades autónomas que atienden las peticiones de la comunidad musulmanaAsturias, Cantabria, Galicia, Murcia y Navarra aún no ofrecen la asignatura en los colegios públicos.

Mientras las organizaciones laicas lamentan la inclusión en el aula de nuevas materias de carácter dogmático, la Unión de Comunidades Islámicas de España designa sólo cuatro profesores para ocho centros públicos, para más de 90.000 alumnos musulmanes a cargo de la Generalitat. La ley establece que los profesores serán designados por la Comisión Islámica de España conforme a criterios de capacitación académica y lingüística, exactamente igual que la Conferencia Episcopal elige a los docentes de religión católica, aunque sus nóminas sean sufragadas por el Estado.

La población escolar musulmana apenas dispone de 80 profesores para 326.000 estudiantes, según datos publicados por el Observatorio Andalusí en diciembre de 2019. Los colectivos laicistas llevan décadas batallando para sacar la asignatura de religión católica de las aulas y contemplan la inclusión de la islámica desde la misma óptica. España no es una nación laica, nuestra Constitución nos define como aconfesional.


El Partido Popular Europeo, instalado en el consenso socialdemócrata, ha expulsado a los doce eurodiputados del húngaro Fidesz, el partido del Primer Ministro Viktor Orbán, tras aprobar la suspensión de partidos miembro que se alejen de su “ideario”, hoy alejado de la defensa de la vida y de la familia, de las raíces cristianas de Europa y de la soberanía de las naciones que integran la Unión. El partido de Orbán fue suspendido dos años antes por su oposición a la defensa de la UE -y del PPE- de la ideología de género y de las políticas globalistas.

La suspensión en el partido europeo de los doce eurodiputados del partido de Orban puede empujarles a entrar en otros grupos ideológicamente cercanos, como el de Conservadores y Reformistas (ECR), en el que está Vox.

Santiago Abascal publicó un tweet que afirma que: "Viktor Orban es un ejemplo del rumbo que merece Europa: Defensa de soberanías y fronteras, politicas de familia, respeto a raíces culturales.

Es una buena noticia que Hungría mantenga su independencia frente a la presiones globalistas.

Entre todos construiremos una Europa mejor".

Orbán es uno de los adalides dentro de la Unión de la defensa de la soberanía de su país, unas fronteras seguras y una apuesta decidida por la familia y la natalidad. Así, su Gobierno ha logrado que la tasa de natalidad en el país sea un 24% superior en la última década (desde 2010) y que el número de matrimonios casi se haya duplicado en ese tiempo.

El Parlamento húngaro aprobó con los votos del partido gobernante de Orbán, una polémica normativa que, entre otros aspectos, prohíbe hablar sobre homosexualidad en los programas escolares dentro de un proyecto de ley, contra la pedofilia, en la que se prohíbe exponer a menores de 18 años a pornografía y a cualquier contenido que fomente el cambio de sexo y la homosexualidad.

El presunto ultraderechismo de Viktor Orbán lo resume él mismo: "En Hungría hemos creado un sistema económico que se aparta de la doctrina liberal que tantos defienden en Bruselas. Vemos la gestión de la crisis de manera distinta. La UE siempre propone austeridad. Que quitemos la jubilación, que reduzcamos los salarios y otras medidas dolorosas. La carga de la crisis no puede caer sobre las personas. Y es aquí donde estalló la tormenta con Bruselas. Nosotros ponemos impuestos a los bancos y a las grandes empresas. Determinamos el precio de la luz, el agua y el gas, y no permito que se aprovechen de la gente con precios excesivos."


Rusia ha votado en 2020 la aprobación de 206 enmiendas propuestas por Vladimir Putin a la Constitución del país, entre las que se encuentra la inclusión de una referencia a Dios en el preámbulo constitucional. En concreto, la modificación añade la siguiente declaración: "La Federación Rusa, unida por su historia milenaria y que conserva la memoria de sus antepasados, que nos transmitieron los ideales y la fe en Dios".

Estas enmiendas a la Constitución del Estado Laico, que no obstante reconoce como tradicionales cuatro religiones, han encontrado escasos detractores entre la población rusa. Entre las enmiendas también se encuentra la prohibición de ceder territorio nacional a otros países o el establecimiento del matrimonio únicamente como la unión entre hombre y mujer.

Rusia es un país multicultural, con un 61% de cristianos ortodoxos, un 12% de musulmanes, 1% de judíos y alrededor de 1% de católicos, que no son tan tomados en cuenta como los miembros de otras religiones.​

El problema radica en la presión que ejercen grupos nacionalistas y católicos ortodoxos sobre grupos religiosos sin reconocimiento legal, como los Testigos de Jehová o la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna. Se han dado casos de persecución e incluso asesinatos de musulmanes por parte de los cuerpos de seguridad rusos en el Cáucaso,​ aunque hay muchos musulmanes en altos cargos gubernamentales, empresariales y del Duma.

Se acredita a Hans Küng, profesor de Teología ecuménica y presidente de la Fundación por una Ética Global, la formulación de un pensamiento citado con frecuencia como lema del diálogo interreligioso: "No habrá paz entre las naciones sin paz entre las religiones. No habrá paz entre las religiones sin diálogo entre las religiones".

En todas partes la cooperación entre personas de diferentes tradiciones o creencias religiosas o espirituales, tanto a nivel individual como institucional, no debe pretender una fusión o asimilación incoherente de doctrinas distintas, sino más bien la promoción del entendimiento entre las diferentes religiones para aumentar la aceptación de los demás. Pero no todas las religiones tienen por natural tratar a los demás como como quisieran ser tratados.

Sucesor de Pilato, entregas Cristo
al sucesor de Anás, esto es al Papa,
porque: «La majestad civil no tapa
con su ley soñadores; no me invisto

—dices— de extraña autoridad so capa
de orden; allá la religión, malquisto
no me es el Hombre Dios pero resisto
que me conviertan la nación en Trapa.»

lunes, 19 de junio de 2017

"Cada cual en su madriguera sabe más que el que viene de fuera."

Los partidos políticos europeos están sumidos en la diatriba de qué hacer respecto a la inmigración así como la llegada de refugiados y de otros que no lo son. Los resultados están siendo muy variables en el aspecto electoral.

La verdad es que las leyes de extranjería suponen un sinfín de complicaciones para los que quieren establecerse legalmente en nuestro país y en general todos los de Europa. Y suponen también enormes complicaciones para echar fuera a los que no están residiendo legalmente, con lo cual toda esta legislación es ineficaz para resolver el problema de los residentes irregulares.

Bracero es el trabajador que emigra temporalmente a otro país. Actualmente la palabra ha perdido parte de su contenido, ya que los inmigración no es solamente temporal, sino que los que establecen su residencia en otro territorio se suelen quedar, así como sus hijos, que nacen con su nueva nacionalidad.

Dos de cada tres contratos de trabajo firmados el último año en España corresponden a ciudadanos extranjeros, y esto puede ser interpretado de muchas formas pero es pura aritmética: los extranjeros ocupan los puestos de trabajo que, en otro caso, corresponderían a españoles. Si me apuran, los extracomunitarios se hacen con los puestos de trabajo de los europeos.

No me sirve ese argumento de que los extranjeros hacen lo que los locales no quieren hacer. Es falaz porque muchos desempeñarían trabajos poco gratificantes si les pagaran lo suficiente, y lo cierto es que (con el beneplácito de los sindicatos) muchos extranjeros aceptan condiciones y salarios que normalmente los nacionales rechazan. Y hay que tener en cuenta que muchos extranjeros ya no lo son, por haber adquirido la nacionalidad española.

Hoy por hoy la única política migratoria más o menos eficaz consiste en impedir la entrada de extranjeros por los puestos fronterizos que aún quedan en las lindes de la Unión Europea. Pero a la vez es incoherente que las barcazas atiborradas que llegan por mar sean recibidas por los guardacostas para acoger a los que han escogido esa peligrosa travesía. 

Las alambradas de Ceuta y Melilla son escenario de situaciones desesperadas que muchas veces se traducen en que el que persigue cruzar la frontera lo logra y pasa a ser residente irregular. Ocurre también en toda Europa, que no se pone de acuerdo en cómo afrontar el problema.

El primer ministro de Hungría, cuya cara podéis ver abajo, ha propuesto volver al telón de acero, sólo que alrededor de cada país de la Unión Europea. Se ha ganado fama gracias a sus alambradas, pero de nada sirven si los que consiguen atravesarlas son expulsados a los países vecinos en lugar de a sus territorios de origen. En algunos casos, como el de los sirios, es impensable la devolución a un país en guerra, así que todo se soluciona concediéndoles el status de refugiados.



Sobre los resultados de las murallas metálicas que no detienen a los temerarios sin nada que perder y todo que ganar si logran atravesarlas, poco más que decir que son una medida ineficaz por sí sola. Por eso desde 2015 es delito en Hungría el cruce ilegal de sus fronteras. Un inmigrante podría ir tres años a la cárcel, o cinco, si al pasar daña la valla alambrada que levantaron las autoridades húngaras en la frontera.

Regular la inmigración mediante leyes penales se antoja indignante para los defensores de la inmigración a ultranza, pero es muy interesante desde el punto de vista de un abogado. La cuestión es cuál es el castigo que se reserva a los infractores. La condena de un Juez no tiene por qué ser de prisión, sino la misma sanción que aplica la Administración: la expulsión del territorio nacional por determinado tiempo. Igual que está previsto en la legislación de extranjería puede estarlo en un Código Penal.

Las leyes administrativas de inmigración carecen casi por completo de las garantías de derechos propias del proceso penal de los países desarrollados. La Administración Pública puede expulsar a un extranjero sin más que una orden de la burocracia, y en cambio un Juez debe garantizar una serie de derechos que no son protegidos en el ámbito administrativo: no declarar, no ser detenido de forma arbitraria, etc. Y sobre todo, poder alegar circunstancias atenuantes o eximentes como el estado de necesidad. Por economía de medios los procesos de expulsión administrativos carecen de todas estas garantías.

El "efecto llamada" de una Europa que da la bienvenida a unos pocos provoca que los demás extranjeros reclamen también su derecho a emigrar. Maxime cuando la acogida incluye una paga y un techo, como ocurre con los refugiados políticos.

La mayor parte de los inmigrantes (hasta ahora) entraban legalmente con algún tipo de visado o triquiñuela, sin arriesgar la vida. Venían en avión y una vez aquí regularizaban su situación de la forma que las legislaciones les brindaban.

La respuesta legal ha sido más o menos tolerante, exigente sólo sobre el papel, y ha permitido la regularización de los "ilegales" a la larga. Bien es cierto que en países de baja natalidad como el nuestro, la llegada de mano de obra extranjera compensa el desequilibrio demográfico. Además los extranjeros consumen, cotizan, pagan impuestos y algunos emprenden negocios, lo que es un estímulo para la economía.

Son los que nos tienen que pagar la jubilación, y sus críos son compatriotas, así que mejor sería tratarlos amablemente, no sea que se vuelvan a sus países con el dinero ganado o la pensión.

Al revés que yo, la mayoría no ven con tanto optimismo el creciente aumento de la llegada de inmigrantes, ya que, como he dicho antes, hay diversos motivos para la preocupación.

En toda Europa están surgiendo partidos políticos motivados por la alarma ante la situación descrita. La crisis de los llamados refugiados sirios y libios es actualmente el desencadenante de una gran tensión social en los países de la Unión más expuestos.

Nuestros vecinos franceses, por ejemplo, tienen a Marine Le Pen comandando el Frente Nacional, partido decididamente contrario a toda inmigración, y más si es ilegal. La Eurocámara le retiró la inmunidad parlamentaria para ser investigada en Francia por «incitación al odio racial». Los eurodiputados han querido distanciarse de la extrema derecha, incluido (y especialmente) el Partido Popular Europeo, que teme que les quiten votos.

En las elecciones presidenciales el FN quedó en segundo puesto, vencido por un acuerdo entre las fuerzas políticas tradicionales y el partido de Macron que aglutina a muchos votantes defraudados. Las últimas elecciones legislativas han acabado de arrinconar a un partido considerado antisistema.

El Frente Nacional, al igual que otros países de la Unión Europea, propone que sean los gobiernos nacionales los que controlen sus fronteras. Esto implica salir del Tratado de Schengen, que es el que suprimió los controles fronterizos dentro del territorio formado por la mayoría de países de la Unión.

Le Pen ha propuesto una "ciudadanía por puntos" similar al carné de conducir, para retirársela a los inmigrantes que cometan delitos. Después hablaré sobre inmigración y delincuencia, pero hasta aquí no hay una gran diferencia con las leyes de extranjeria que exigen un comportamiento honrado a la hora de conceder o renovar el permiso de residencia.



La frase laissez faire, laissez passer, le monde va de lui même es una expresión francesa que significa «dejen hacer, dejen pasar, el mundo va solo», refiriéndose a una completa libertad en la economía: libre mercado, bajos impuestos y mínima intervención de los gobiernos.

Con esta frase se quiere limitar la intervención del Estado, para asegurar la libertad económica, política y social. La idea de evitar injerencias de los estados en favor de los egoísmos individuales no sólo repercutiría en beneficio de la economía sino de toda la sociedad. Las reglamentciones sociales, desde este punto de vista, resultan indeseables porque todo estaría autorregulado en manos privadas.

La libertad de emigrar es un derecho individual que solamente niegan ciertos regímenes autoritarios. En cambio, es potestad del Estado receptor el limitar la entrada de nuevos habitantes para que no saturen la propia capacidad de las infraestructuras y de los servicios públicos.

Actualmente los liberales no tienen una única postura ante la inmigración, y los hay que piensan que hay que restringirla mientras que otros son partidarios de abrir las fronteras.

La gran mayoría de los libertarios son de esta última opinión. No les preocupa la inmigración masiva porque implicaría una gran carga para los contribuyentes y el colapso de los servicios sociales, todo lo cual contribuiría al desmantelamiento del intrusivo Estado del Bienestar.

Los partidarios de limitar la inmigración valoran también la potestad de los habitantes de un territorio a la hora de admitir o rechazar la entrada de extranjeros mediante algún mecanismo de selección. Como son contrarios al exceso de atribuciones del Estado y de la misma existencia de propiedades públicas, piensan que que si toda la propiedad fuera privada los individuos no podrían entrar en suelo ajeno sin el consentimiento del propietario.

El argumento de que los inmigrantes traen crimen y violencia debe ser rechazado, puesto que no hay motivos para presuponer culpabilidad en quien solicita residir en otro país, y a su vez no se puede presuponer que alguien sin antecedentes nunca cometerá alguna infracción o delito. La única manera de impedir la criminalidad es la vigilancia y, si esto falla, el castigo de los infractores.

La mayoría de los libertarios opina que la libre inmigración aporta a una sociedad más gente para comerciar y para trabajar. No creen que los inmigrantes quiten trabajo y, en cuanto a los subsidios estatales, el problema entonces no es de la inmigración, sino de que existan estos subsidios.

Por tanto, hay muchos que por una razón u otra, critican la legislación vigente y el régimen de extranjería. Por ejemplo, no tiene razón de ser que a los refugiados políticos se les otorgue permiso para residir y no para trabajar, y que para subsistir se les conceda una paga que a los de aquí también nos vendría bien.

La inmigración no debe suponer ni discriminación ni privilegios. El "laissez faire" es una norma de pasividad contraria a la injerencia del Estado, y es la única manera de que exista libertad e igualdad para todos a la hora de afrontar la convivencia.

El país de inmigrantes que fue la nación norteamericana se creó gracias, entre otras causas, a la libertad de dejar su tierra del liberalismo europeo, que creció y se hizo fuerte en los U.S.A. Uno de los que emigró fue el abuelo de Donald Trump.




Una de las promesas de Donald Trump es expulsar, o deportar, a los extranjeros con antecedentes penales. Se calcula que hay un par de millones de extranjeros en esa situación, que es más o menos el mismo número de los expulsados durante el gobierno de Obama.

Trump, además, propone mayores restricciones a la admisión de inmigrantes, dependiendo del país del que procedan. Los medios y sus detractores le han llegado a tildar de racista y antisemita, y eso que una hija suya se convirtió al judaísmo y se casó con un judío sin impedimentos de su padre. Otra cosa sería que se hubiese convertido al Islam.

Nadie duda de que no nos beneficia acoger delincuentes, y teniendo en cuenta que hoy se criminaliza también el islamismo, dado el gran temor despertado por el terrorismo. No se trata de una fobia irracional, sino la constatación de que los ciudadanos procedentes de países de mayoría musulmana tienen a veces tradiciones incompatibles con nuestras normas de convivencia.

Muchas veces no sabemos quiénes son nuestros vecinos, o lo que sabemos nos disgusta.


Se considera inmigración irregular al movimiento migratorio de personas a través de las fronteras sin atender los requerimientos legales del país de destino. Se trata de extranjeros indocumentados, en muchos casos, cuya verdadera identidad es imposible de conocer, así como si se trata de personas con antecedentes penales o que ya hayan sido expulsadas previamente.

Es imposible saber quiénes son realmente, y mucho mas difícil saber como piensan, así que muchos piensan que es mejor curarse en salud y vetar la llegada de musulmanes por lo que pueda pasar. Y no sólo de musulmanes, sino de cualquier país potencialmente hostil. No importa que los que salen de allí lo hagan por rechazo a sus gobiernos y su simpatía por nuestra sociedad.


Geert Wilders está en la misma línea de Trump y de muchos líderes de toda Europa. Este político holandés de ideología conservadora-liberal, es líder del Partido por la Libertad. Entre sus ideas están la de prohibir el Corán, deportar a los fundamentalistas islámicos, prohibir el uso del burka y cerrar las escuelas islámicas. Quedaron segundos en las últimas elecciones, derrotados por una alianza contra ellos, como en Francia.

Recientemente, el político holandés ha sido declarado culpable de incitar a la discriminación, pero la misma sentencia le absolvió del cargo de incitación al odio. La justicia neerlandesa dictó una resolución ridícula e inútil, en la que Wilders no fue condenado a pagar la multa de 5.000 euros solicitada por la acusación sino sólo al antedicho reproche verbal.



Antes que nada, estos enemigos de la libre inmigración valoran y presuponen que nuestra sociedad desea ser culturalmente homogénea. No es totalmente cierto, ya que por mucho que haya una mayoría hegemónica, en Europa las minorías son toleradas, y no como en lugares donde las creencias están generalmente impuestas.

En España la contradictoria política de negar los papeles pero sin expulsión del inmigrante irregular se ha traducido en una inevitable convivencia con personas que no siempre pueden o quieren integrarse. Preguntemos eso en Ceuta o Melilla, invadidas periódicamente por los ilegales que entran por la fuerza.


Las posiciones sobre cómo afrontar el asunto difieren según cada Ayuntamiento y cada grupo político. El partido VOX se ha apuntado al descontento por la mala política de inmigración, tomando un giro "identitario" ya que abandonó las posiciones liberales que nos prometían recién fundados.

La izquierda es por lo general partidaria del "papeles para todos" y del "wellcome refugees", por lo cual el país de acogida casi no pone cortapisas a la llegada de nuevos candidatos a ciudadano. El incompetente Rajoy no parece colaborar gustoso con la política comunitaria de acogida obligatoria de refugiados, pero da lo mismo porque aquí si alguien se cuela lo acaban regularizando. Muchos acaban mendigando o recogiendo chatarra y papel por las calles.

Lo único que desincentivará la llegada de más y más inmigrantes es que reviente el sistema por saturación: el mercado de trabajo, la seguridad social, y la seguridad ciudadana. Cuando estemos igualados con el Tercer Mundo venir aquí ya no tendrá razón de ser.


Como respuesta a nuestra legislación, muchos países en vías de desarrollo están creando su propia política antimigratoria para el caso de que los extranjeros quieran instalarse allí. La reciprocidad es lo que manda en las relaciones internacionales, así que tal y como nuestros gobiernos traten a los extranjeros, seremos tratados por ellos si hay que emigrar.

Las alambradas que se instalan en esta Europa caótica ni impiden el paso a quien se atreva a cortarlas o deslizarse entre ellas, y podría ser que dentro de poco nos impidan salir de este continente porque ningún otro país nos acepte.