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lunes, 23 de agosto de 2021

"DOS LADRONES TIENES EN CASA TÚ, EL TELÉFONO Y LA LUZ"



OKDIARIO publica que el Gobierno de Pedro Sánchez sigue buscando culpables por el desorbitado precio de la electricidad desde que entró en vigor la nueva tarifa por tramos. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha admitido que no hay ningún plan específico desde el Gobierno para frenar la escalada del precio de la luz más allá de las medidas fiscales que ya están en marcha.

Ribera, en declaraciones a la cadena SER recogidas por Europa Press, ha afirmado que el Gobierno «está haciendo y busca cómo seguir haciendo» para rebajar la factura de la luz, pero ha insistido en que hay factores que no dependen de el Ejecutivo, como los precios del CO2 y del gas. Preguntada por si tiene previsto adoptar medidas inmediatas para reducir el precio de la luz, la vicepresidenta ha incidido que ya se han tomado medidas para reducir los impuestos de la factura y que en eso es en lo que sigue centrado el Gobierno en el corto plazo.

El subidón de la luz da la puntilla a los autónomos: «Llevará al cierre a los que no pueden más».

Teresa Ribera ha achacado la subida en la factura de la luz en España a la escalada de los precios es resultado de la actuación de los mercados internacionales. Vaya descubrimiento, el de la dependencia energética del extranjero. Y vaya jeta, con lo que explico siguientemente.



Dos tardes, es lo que duró el socialista Jordi Sevilla al frente de Red Eléctrica de España (REE). Su marcha de la presidencia del operador del sistema eléctrico fue causada por sus permanentes maniobras para ganar cuota de poder en la sociedad y sus constantes desafíos a la vicepresidenta.

Sevilla llegó a decir que la intromisión de la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, le instó a no pleitear contra la decisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMC) sobre los ajustes en la retribución de REE porque su marido, Mariano Bacigalupo, había tomado la decisión.

Mariano Bacigalupo Saggese, actual miembro del consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), es el marido de Teresa Ribera, y forma parte del consejo de la CNMC desde julio de 2017 a propuesta del PSOE. Está especializado en la regulación del sector energético, ya que ha ejercido como vicesecretario general y secretario general de la Comisión Nacional de la Energía entre 2006 y 2012.

Bacigalupo aspiraba a presidente de la CNMC, con el consiguiente conflicto de intereses, ya que el organismo regulador de los mercados debe ser independiente del Gobierno. Y la regulación y el arbitraje del sector energético es una de las tareas fundamentales de la CNMC, mientras que su cónyuge, la vicepresidenta, estaría regulando también el mismo sector desde el Ejecutivo. También es discutible "la injerencia constante" de Ribera, para "intenta controlar Red Eléctrica como si fuera un departamento de su Ministerio", según Sevilla.

Jordi Sevilla recibió información de que su relevo al frente de la compañía se iba a producir de manera inminente. La elegida en principio era Natalia Fabra, hija de Jorge Fabra, ex presidente de REE y amiga de Ribera.

Sevilla, conocedor de los movimientos que se estaban produciendo a sus espaldas, dijo a varios de sus allegados: "Antes de que me echen, me voy yo". Sevilla había llegado al puesto en julio de 2018, poco después de que se produjera la moción de censura contra Rajoy. En privado, presumía de que era uno de los que hablaba a diario con Sánchez para asesorarle en asuntos económicos. En declaraciones a elEconomista, reconocía poco después de llegar: "yo de esto sé poco, tengo que aprender".

Es decir, que es uno de tantos directivos puestos a dedo por los políticos, sin méritos propios para el cargo, que acabamos pagando entre todos los platos rotos de su gestión.

Se empeñó en adquirir Hispasat, pese a que nadie acaba de ver las sinergias con el grupo energético público, lo que le valió una rebaja por parte de varias agencias de rating ante el incremento de la deuda.

Después se embarcó en un plan de inversiones de 7.000 millones, prácticamente las duplicó, que suponía un incremento de la tarifa en torno del 1 por ciento, lo que le enfrentó a la ministra.

El 29 de septiembre, Tenerife sufrió un apagón de nueve horas por culpa de REE, sin que jamás llegara a asumirlo en público ni pidiera perdón a los afectados.

Pero la gota que colmó el vaso fue el intento, de traspasar los activos de REE al holding del grupo, con un incremento de los márgenes de alrededor del 30 por ciento, lo que de nuevo repercutiría sobre un incremento de la tarifa eléctrica.

Ribera había impedido ya a finales del año pasado la maniobra de Sevilla de inflar los activos del grupo a costa del erario público, por lo que su defensa de la economía de mercado es de pacotilla. En vez de financiar los recortes de retribución y su decisión megalomaniaca de adquirir Hispasat con mejoras de eficiencia, intentó a toda costa traspasar la factura a los consumidores. Una práctica común entre los economistas de la llamada izquierda caviar, como él.

El presidente de REE intentó ante la prensa culpar de sus diferencias con Ribera a la rebaja de la retribución ordenada por la CNMC con el concurso de su marido, pero como se ve es todo una gran mentira.

Sánchez le ofreció, tras la moción de censura, el puesto de Nadia Calviño, pero Sevilla rehusó. "Con el sueldo de ministro no se puede vivir, no compensa los disgustos", manifestó, mientras que la presidencia de REE escondía uno de los sueldos públicos mejor retribuidos. En 20l9 ingresó un total de 529.912 euros. En otras dos ocasiones seguidas intentó subirse el sueldo a cambio de asumir plenos poderes ejecutivos. Una práctica contraria a las normas de buen gobierno, que había obligado a su antecesor, José Folgado, a traspasar los poderes ejecutivos a un consejero delegado.

El diario El Mundo aseguró que la vicepresidenta telefoneó en persona a Sevilla para alterar el orden del día de la reunión de la cúpula de REE, ya que el Estado es el accionista mayoritario con alrededor del 20 por ciento del capital. REE depende del Ministerio de Hacienda a través de la SEPI, pero en la práctica es el de Transición Ecológica el que pone y quita presidentes, así como el que está más al tanto de su día a día.

El bloqueo político ha provocado que se dilate la presencia de cinco consejeros de la CNMC que tenían ya su mandato vencido hacía meses: el presidente del organismo y presidente de la sala de Competencia, José María Marín Quemada; la vicepresidenta y presidenta de la sala de Supervisión Regulatoria, María Fernández; y los consejeros Benigno Valdés (supervisión regulatoria ); Clotilde de la Higuera (Competencia) y Josep María Guinart (Competencia). Todos ellos cumplieron 6 años en el cargo el pasado 9 de septiembre de 2019, el plazo máximo de permanencia contemplado en la regulación.

El nombramiento de los nuevos consejeros, incluido presidente y vicepresidente, corresponde al Gobierno, aunque tradicionalmente, en la mayoría de los casos, se ha pactado con los principales partidos de la oposición. Además, necesita también que los candidatos a los puestos reciban la aprobación por parte del Parlamento y que no se produzca una mayoría de votos contrarios a los candidatos en la Comisión de Economía del Congreso, que aún no está constituida.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, responsabilizó este martes al PP «de lo que está pasando hoy» en relación a la tarifa eléctrica actual y ha afirmado que «el paso del señor Rajoy y del señor Aznar por La Moncloa fue nefasto para la política energética» porque «se cargaron el impulso de las energías alternativas».

¿Por qué ahora Ribera, ministra de Transición ecológica, asume competencias de Energía? La vicepresidenta segunda Yolanda Díaz propone una regulación de precios, y Vox ya había propuesto en Junio un IVA superreducido para evitar todos los impuestos que cargan las indescifrables facturas del suministro eléctrico.

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo de España fue un departamento ministerial con competencias en industria, energía, turismo y telecomunicaciones. Existió con esta denominación desde 2011 hasta 2016, en el primer Gobierno de Rajoy. Durante la siguiente legislatura sus competencias fueron repartidas en los nuevos ministerios de Economía, Industria y Competitividad y el de Energía, Turismo y Agenda Digital.

El Ministro de Industria, Energía y Turismo hasta 2018 fue Álvaro María Nadal Belda y la Secretaría de Estado de Energía, fué un puesto ocupado por su hermano Alberto Nadal Belda.

Álvaro Nadal sucedió a José Manuel Soria, quien, estando en funciones, renuncia el 15 de abril de 2016 por su implicación en los Papeles de Panamá, quedando vacante el Ministerio y siendo sus funciones asumidas al día siguiente por el Ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, aunque no fue nombrado Ministro de Industria, ya que en funciones, el Presidente tampoco podía nombrar nuevos Ministros.

Parece que las competencias sobre Energía son muy disputadas, por los beneficios que comportan y que salen de nuestros bolsillos.

viernes, 10 de julio de 2020

"Si no te gusta el clima, espera un momento, ya cambiará."



Los gobernantes, ansiosos de demostrar que son más ecologistas que nadie, han puesto sus ojos en los vehículos diésel, pese a la importancia que el gasóleo presenta en el transporte.

El sector del transporte sigue siendo enormemente dependiente de los productos petrolíferos (en un 98 por ciento). En el caso del transporte por carretera, este representa más de la cuarta parte de las emisiones totales de CO2 en España, correspondiéndole del orden del 80 por ciento del consumo energético del sector transporte y el 90 por ciento de sus emisiones de CO2.

La ministra Teresa Ribera dijo que la industria del automóvil está en proceso de transformación en todo el mundo y "la industria europea no debe perder ese tren". De momento las fábricas de vehículos a motor cierran o se trasladan a países con regulaciones menos restrictivas.

El coche eléctrico fue anterior a los motores de combustión interna. En la década de 1830 aparecieron los primeros modelos, cuya fabricación decayó con el sistema de arranque eléctrico en 1913, junto con el sistema de producción en cadenas de montaje de forma masiva y más barata implantado por Ford desde 1908.

La caída del vehículo eléctrico a finales de 1930 ha remontado en el presente siglo, aunque tiene menor autonomía que un coche convencional dado que necesita recargas frecuentes. Como la carga de las baterías es lenta y su precio muy costoso, si la Unión Europea no quiere quedarse atrás y sin alternativas, tendrá que poner en marcha una red de recarga y sustitución de baterías antes de prohibir los vehículos de combustión interna.

Desde la perspectiva medioambiental, no cabe duda de la eficacia del vehículo eléctrico en la transformación de la energía eléctrica de la batería en la energía mecánica con la que se moverá el vehículo (60-85%), frente al rendimiento de la transformación de la energía del depósito de gasolina en la energía mecánica que mueve un vehículo de gasolina (15-20%).

La recarga masiva de vehículos eléctricos generará una demanda importante sobre la red. Estos vehículos serán más o menos contaminante en función de su fuente última de energía, sea térmica, nuclear o renovable.

Aunque el mantenimiento y costo energético es mucho menor, la electricidad necesaria para recargar las baterías se produce mediante combustión de materias primas contaminantes como el carbón.  En el caso de vehículos que utilizan hidrógeno, su grado de contaminación dependerá de cómo se haya obtenido, porque en estado natural solo se encuentra combinado con otros elementos, y para aislarlo hay que invertir mucha energía.



“Nada destruye más el respeto por el Gobierno y por la ley de un país que la aprobación de leyes que no pueden ponerse en ejecución", dijo Albert Einstein.

A propósito de ello, la vicepresidenta Teresa Ribera ha sacado adelante su Ley de Cambio Climático con el que se pretende alcanzar la neutralidad de emisiones en el 2050. No entiendo que para la llamada emergencia climática se plantee una solución a treinta años vista. Muchos gobiernos van a pasar hasta entonces, así que esta ley me parece una engañifa para distraer al votante y posponer el problema "sine die".

El verdadero fin de esta legislación es favorecer el deficitario sector de las energías renovables, y el de los fabricantes de vehículos. La "crisis climática" es sólo una excusa para solapar ayudas multimillonarias a las grandes industrias, que devuelven los favores financiando a los partidos.

Las empresas con intereses en las "energías verdes" han alterado los mercados mundiales, destinando cosechas a la producción de biocombustibles igualmente contaminantes y recibiendo financiación para energías renovables que no son competitivas.

La ministra Ribera participa del consenso que atribuye el calentamiento global a las actividades humanas, una actitud ideológica puesta en duda porque está demostrado que los cambios cíclicos del Sol y de la Tierra han sucedido muchas veces antes de haberse iniciado la era industrial o incluso mucho antes del propio ser humano.

Normalmente se atribuye la negación del cambio climático al producto de intereses comerciales por parte de corporaciones que distribuyen productos que afectan el medio ambiente, como por ejemplo, las petroleras. Pero aunque los sindicatos se oponen puntualmente al cierre de minas de carbón o centrales térmicas por la pérdida de puestos de trabajo, el consenso español avala esta política. Mientras tanto, a primeros de mes Alemania aprobaba la ley para prorrogar el abandono progresivo del uso del carbón como fuente de energía hasta 2038, así como ayudas por 40.000 millones de euros para las regiones y empresas afectadas en el periodo de transición.


El reciclaje de residuos proporciona igualmente biomasa, plásticos y otros combustibles para las centrales termoeléctricas, que se mantienen bajo la excusa de la defensa del medio ambiente. No obstante, se cierran minas carboneras y centrales térmicas, mientras España compra gas a Argelia, energía nuclear a Francia y térmica de carbón a Marruecos.

La política de «transición energética» está provocando que España sea incapaz de provocar su propia energía y que los españoles tengamos una de las facturas más caras de la Unión Europea. Una de dos, o estamos en manos de idiotas o algunos se están llevando un pico por todas estas importaciones energéticas que ni son "verdes" ni rentables para España.