"El que es buen juez, por su casa empieza".

Empecé este blog comentando lo poco bueno que es esperar justicia de los Tribunales y cómo la Ley acaba siendo objeto de tergiversaciones y manejos en manos de funcionarios de tan alta categoría jerárquica como baja catadura personal. 

Nada en este tiempo me ha hecho cambiar de opinión, pese a las zalameras comparecencias públicas de estos servidores que pretenden convencer con palabras huecas de lo que no convence de sus sentencias y demás resoluciones.

Tan huecas las palabras de los políticos como las argumentaciones del Poder Judicial, compradas e insostenibles bajo cualquier criterio de equidad o de predecibilidad. Por supuesto que hay funcionarios honrados, pero también demasiados vividores del cargo de Juez o de Magistrado, que no saben de leyes cuando fingen impartir Justicia y en cambio se las saben todas cuando se trata de favorecer a una parte pretendiendo ignorar que perjudican a la otra.

Perjudican a la propia esencia de la Justicia, que no existe entre tanta excepción a la norma y tanta interpretación manoseada cuyo único ingrediente jurídico es la mera apariencia formal.

Si algún día se hace verdadera Justicia, nadie va a mover un dedo por tanto mercenario de la doblez.

El daño que ha hecho el sistema Judicial español es para que vengan verificadores internacionales y emitan un informe. Las deudas legítimas, sin cobrarse, pero las añagazas de cualquier sinvergüenza sirven para elaborar doctrina jurisprudencial.

Los mayores logros doctrinarios de los ideólogos del encubrimiento judicial son hacer inaccesible la justicia material agarrándose a objeciones procedimentales que ellos mismos inventan. Impiden que el Estado sea alguna vez condenado por el mal funcionamiento de los servicios públicos de cuya eficacia deberían velar. En definitiva, han convertido la Justicia en un servicio público cuya función es no hacer nada útil por mucho tiempo que inviertan y que les paga el contribuyente.

Algún Juez que pueda leerme dirá que él pasa mucho tiempo escribiendo, y haría bien en considerar si lo que hace en esos ratos es estudio y análisis de la Ley o redacción libre de sus opiniones. Habría que recordarle el artículo 1 del Código Civil donde se establecen las fuentes de derecho a las que está obligado a circunscribirse: "Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho".

Carecen de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior, y por eso ninguna Ley o Reglamento puede ir contra, por ejemplo, la norma suprema que debería ser la Constitución. Sin embargo, cuando se quiere, la Constitución es ambigua, igual que cualquier otra Ley, que no significa siempre lo mismo sino lo que convenga.

Los principios generales del derecho son ignorados de forma generalizada por la magistratura, por lo que difícilmente pueden inspirar el ordenamiento jurídico. Lo mismo puede decirse de los tratados internacionales que nuestros gobiernos firman pero no se aplican en España porque contradicen nuestro rancio ordenamiento jurídico. En lugar de juristas capaces de compaginar el progreso jurídico con los arcaicos textos vigentes, todo se queda en simple apariencia para no tener que cambiar sus rutinas seculares.

"La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho". Eso no es lo que hace el Alto Tribunal que desde hace mucho no resuelve la duda jurídica mediante la jurisprudencia, porque elude los recursos que no se basen en precedentes ya existentes y omite crear precedentes sobre las nuevas leyes que cagan nuestros parlamentarios. Así no se nota cuando tuercen la interpretación de las normas como buenos "mandaos".

Por mucho que mande la Ley que "Los Jueces y Tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido", la fuente de derecho que prima en la judicatura es lo que le salga de la punta del nabo a los oficiantes de la pantomima. Escurren el bulto en cuanto les sea posible, evitando pronunciarse en justicia sobre cualquier reclamación problemática porque consideran que no es asunto suyo.

Para la aplicación de las normas jurídicas además está esa gran desconocida en los Juzgados y Tribunales que es la equidad. Es obligatorio que deba ponderarse en la aplicación de las normas, aunque sólo si la ley no estableciese expresamente otra consecuencia. Añado que eso ocurriría en el supuesto de que los Jueces conocieran todas las normas, cosa de natural imposible porque son miles, y menos las conocen aún los que aprobaron una oposición y no han vuelto a abrir un libro desde entonces.

Por último voy a citar el Artículo 4 del Código Civil en estos momentos en que el Gobierno busca cambiar la legislación para ajustarla a casos y personas concretas, y si es posible de forma retroactiva con la colaboración de "su" judicatura. Dicho precepto dice que "Las leyes penales, las excepcionales y las de ámbito temporal no se aplicarán a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas".

Ya veréis como el Código Penal que están perpetrando por trámite de urgencia va a aplicarse a todos los casos que llevan años retrasando para que al final no haya delito ni culpables.

Porque aquí como en vez de Ley hay Rey, hay que suponer que todos hacen lo que les ha tocado hacer.

Ahora ha tomado posesión de la Fiscalía General del Estado una nueva titular de esa perrera desde donde se supervisa y bendice la corrupción en este latifundio que el populacho sigue llamando su país, como si hubiera algo realmente suyo.

La jefa de Horrach y compañía tutelará la encomiable labor de los defensores del interés público en favor, empero, de los acusados por corrupción.

Los funcionarios corruptos son los que llegan lejos, por lo que si esa señora ha conseguido trepar hasta ahí, no digo que lo sea pero es mala señal. Nadie puede confiar en unos procedimientos en los que el secreto sumarial sólo sirve para esconder las torpezas y en demasiadas ocasiones marranadas de jueces y fiscales de las que los secretarios judiciales dan fe de no haberse enterado.

Me vienen a la cabeza las palabras griegas tragedia y parodia porque son las dos caras de un sistema judicial que emula de forma burlesca la Justicia pero en busca de su finalidad contraria.

El cohecho bajo el Rajoyato ha dejado de ser delito, porque el que una autoridad o funcionario público cumpla a destiempo u omita los deberes inherentes a su cargo es uno de los pilares de su política, si no el principal. Los ascensos y recomendaciones no se consideran dádivas, por lo que son la forma usual de pago y la más disimulada.

En un país que confía la tutela de los intereses de la administración pública a gente que porfía para conseguir los puestos; donde los imputados y peor aún los desimputados reciben cada cual el premio a su parcialidad y donde promueven manejos o intrigas los mismos encargados de evitarlas, ¿de quiénes es realmente el dinero público?.

Fiscal, juez o funcionario de cualquier nivel del escalafón ya no son autoridad, cuando es cosa sabida que, sea por dinero o por otra cosa, aquí se escabullen como sea de tener que cumplir siempre con todo el deber natural a su cargo porque esto les enemistaría con el resto de sus compañeros. Los de come y calla.

Omito opinar sobre la cortesía de los jueces y la sabiduría y prudencia que me inspiran muchas de sus resoluciones. Pero deberían ser imparciales, eso es algo de cultura general.

Se habla mucho de la politización de la Justicia como si la marabunta de chupatintas que presiden muchos Tribunales se moviera por motivaciones ideológicas. Lo que cuenta para ellos es servir al poder y no a las ideas. 

No digo que no tengan principios, pero no serán tan importantes para ellos cuando tan fácilmente olvidan para qué se supone que están en sus cargos.

Ahí tenemos por ejemplo a Baltasar Garzón, "asesor" de la presidenta de Argentina en la labor de repartir los fondos de la corrupción que él organizó en España. El que fue expulsado de la carrera judicial por los compadres que le libraron de la cárcel, ahora hace carrera como experto en derechos humanos. No me extrañaría que volviera a desaparecer gente en ese país con ese mal bicho de por medio.

Este experto en el encubrimiento y aprendiz de economista va cobrando sus comisiones a modo de propuestas de paz. Casualidad o no, el fiscal argentino Alberto Nisman murió de un tiro en la cabeza antes que pudiera comparecer en el Parlamento argentino para explicar sus acusaciones contra Cristina Fernández de Kirchner. "Yo puedo salir muerto de esto", había dicho. 

Menos mal que aquí hay orden, pensarán algunos. Pero el Gobierno dice que ha hecho todo para impedir la corrupción, así que en España todo y nada es lo mismo.