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sábado, 29 de junio de 2024

"ROSA, NIÑA", de Juan Ramón Jiménez.


Todo el otoño, rosa,
es esa sola hoja tuya
que cae.
Niña, todo el dolor
es esa sola gota tuya
de sangre.



El Corán no hace referencia a la mutilación genital femenina, y según Mahoma, hay que cuidar a las niñas. Existen estados islámicos que respetan la ley islámica y no “cortan” a las niñas (por ejemplo, Arabia Saudí, Iraq, Irán, Siria, Marruecos, Libia…).

Es una práctica extendida entre musulmanes y cristianos egipcios. La extirpación parcial o total de los órganos genitales es una violación de los derechos humanos. Su práctica, a menudo en pésimas condiciones higiénicas, puede provocar hemorragias prolongadas, infecciones, infertilidad e incluso la muerte.

La mutilación genital femenina, también llamada ablación del clítoris, es la extirpación parcial o total de tejido de los órganos genitales femeninos, particularmente del clítoris (clitoridectomía), con objetivo de eliminar el placer sexual en las mujeres, considerando razones culturales, religiosas o cualquier otro motivo no médico.

Esta práctica se considera una violación de los derechos humanos, que Naciones Unidas abordó como una prioridad entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcándose como referencia el año 2030 para acabar con esta práctica.



A pesar de que mecanismos internacionales establecen una edad mínima los 18 años para las uniones matrimoniales y de que existen leyes y normas sociales que lo prohíben, el matrimonio infantil sigue siendo una realidad.

Una práctica nociva que afecta, según Unicef, a 12 millones de niñas que son casadas cada año en el mundo. Según Naciones Unidas, un matrimonio infantil es aquel en el que uno o ambos cónyuges son menores de 18 años.

Esta es la edad que se utiliza para determinar el paso a la edad adulta. Sin embargo, en algunos países esta mayoría de edad se alcanza antes de los 18. El término “matrimonio precoz” se define como “los matrimonios en los que uno de los cónyuges es menor de 18 años en países en los que la mayoría de edad se alcanza más temprano o tras el matrimonio”.

El término “matrimonio forzado” hace referencia a las uniones matrimoniales donde uno o ambos cónyuges no dan su pleno y libre consentimiento, independientemente de la edad. El "matrimonio infantil" suele ser considerado una forma de matrimonio forzado, ya que no se cuenta con el consentimiento libre e informado de una o ninguna de las partes involucradas.

El matrimonio infantil está prohibido por varios acuerdos internacionales que protegen los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La Convención de los Derechos del Niño  recomienda que todos los países firmantes tengan una ley que fije en 18 años la edad mínima para contraer matrimonio.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer recoge que no tendrá ningún efecto jurídico el matrimonio de niños y niñas, y que se adoptarán todas las medidas necesarias, incluso de carácter legislativo, para fijar una edad mínima para el matrimonio y hacer obligatoria la inscripción del matrimonio en un registro oficial. 

Para contraer matrimonio en España la edad mínima es de 16 años conforme a la reforma del Código Civil operada por la Ley de Jurisdicción Voluntaria.

Aunque la mayoría de los países legisla a favor de una edad legal mínima para el matrimonio, esta a menudo no se aplica. Además, existen legislaciones nacionales que permiten a los menores de 18 años contraer matrimonio. También hay países que permiten “excepciones” con el consentimiento de los progenitores o en virtud del derecho religioso.

Muchas familias en situación de pobreza económica creen que el matrimonio es la mejor o la única opción para dar un futuro a sus hijas. Cuando las adolescentes tienen otras opciones, contraen matrimonio más tarde. La tendencia es que los cónyuges con los que son casadas las niñas obligadas a casarse son mucho más mayores que ellas.

Otro de los aspectos a tener en cuenta es el pago de una dote. En los países en los que la familia de la novia paga una dote a la familia del novio, esa dote es menor en novias jóvenes, lo que hace que las familias casen a sus hijas a una edad temprana. Sin embargo, cuando es la familia del novio la que paga por la novia, los progenitores de las niñas con dificultades económicas ven en el matrimonio de sus hijas una fuente de ingresos.

Dicen que también es resultado de la desigualdad de género porque las discriminaciones que sufren las niñas impiden que decidan libremente en cuestiones que influyen en su salud y sus derechos sexuales y reproductivos. 

En otras ocasiones las adolescentes embarazadas se ven obligadas a casarse porque sus familias consideran que un embarazo fuera del matrimonio es algo vergonzoso y que de esta forma protegen el supuesto honor de la familia.

Las causas del matrimonio infantil también las encontramos en las crisis humanitarias, donde aumenta el riesgo de que las niñas y adolescentes sean víctimas de matrimonio infantil. En estas situaciones los progenitores ven en el matrimonio una forma de proteger a sus hijas de la violencia sexual.

Lejos de lo que podamos pensar, se produce en todos los lugares del mundo, incluido países de Occidente como Estados Unidos. En países en vías de desarrollo, la pobreza económica es una de las principales causas de los matrimonios infantiles.

Es por eso que las cifras son más altas en África subsahariana, donde aproximadamente 4 de cada 10 jóvenes se casan antes de los 18 años, y el sur de Asia, donde se da en 3 de cada 10. A estas dos zonas les siguen América Latina y Caribe, Oriente Medio y África del Norte, Europa oriental y Asia central.

Las edades más frecuentes están en la franja entre los 15 y 17 años. Los matrimonios antes de los 15 se consideran “matrimonios muy precoces”. En algunas comunidades es habitual el matrimonio entre niñas y niños de edades similares.

Las niñas tienen más posibilidades de sufrir abuso sexual, violencia sexual y física por parte de su pareja, así como enfermedades de transmisión sexual. Sin olvidar que es frecuente que al matrimonio le siga un embarazo cuando aún no están ni física ni emocionalmente preparadas para ello, algo que aumenta las posibilidades de muerte materna y neonatal.

Según Unicef, sus expectativas económicas y de salud son peores que las de las niñas que no se casan. Además, tiene más probabilidades de tener que abandonar la escuela cuando los matrimonios se producen con menos de 15 años para ocuparse de las tareas del hogar y de su nueva familia. Los matrimonios infantiles perpetúan el ciclo de la falta de educación y la pobreza.

“Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado” es una de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el año 2030.

miércoles, 1 de junio de 2022

"EXTENSIÓN Y FAMA DEL OFICIO DE PUTA", de TOMÁS DE IRIARTE.


No te quejes, ¡oh, Nise!, de tu estado
aunque te llamen puta a boca llena,
que puta ha sido mucha gente buena
y millones de putas han reinado.

Dido fue puta de un audaz soldado
y Cleopatra a ser puta se condena
y el nombre de Lucrecia, que resuena,
no es tan honesto como se ha pensado;

esa de Rusia emperatriz famosa
que fue de los virotes centinela,
entre más de dos mil murió orgullosa;

y, pues todas lo dan tan sin cautela,
haz tú lo mismo, Nise vergonzosa;
que aquesto de honra y virgo es bagatela.




Niñas de 12 y 13 años tuteladas por los servicios sociales de Mallorca, que las apartaron de sus madres y las internaron en un centro de acogida para velar por su "interés superior", han sido víctimas de violación, al menos presuntamente, pues el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), tutor legal, no ha facilitado ninguna información a las madres, que se tuvieron que enterar de que sus hijas habían sido agredidas sexualmente por terceras personas. 

“Se llevaron a una niña que iba a la escuela, que no decía una sola palabrota ni insultaba, y me van a devolver a una adolescente desgraciada de por vida, destrozada en el tema sexual. La semana pasada me pidió que si la podía bañar, y al lavarle sus partes íntimas me dijo que tuviera cuidado, que desde que le hicieron eso le duele un hueso. Es terrible”, cuenta una madre. Nadie en el IMAS ha sido capaz de darle detalles sobre este presunto delito.“Ella me lo cuenta todo. Me dijo que la llevaron a urgencias, le dieron la pastilla del día después y ahí quedó todo”.

En el barrio de Corea, uno de los más degradados de Palma, pasaban cosas extrañas con niñas menores de edad que no deberían estar ahí. No se equivocaba. Fue en un piso de ese barrio donde estalló el escándalo de explotación sexual de menores tuteladas por la administración balear. La prostitución de menores tuteladas está “totalmente extendida” en la isla, llegando a la “totalidad” de las niñas en algunos centros de acogida, según desveló 'Diario de Mallorca'. Ese mismo diario ha confirmado, a través de agentes de policía y educadores, que los episodios de prostitución infantil se siguen produciendo con pasmosa normalidad.

Por eso, la negativa del Consell de Mallorca, órgano de gobierno local de la isla, a crear una comisión de investigación para exigir responsabilidades y auditar a los servicios sociales, un rechazo que ha causado estupor e indignación entre las familias afectadas y varios profesionales. Nadie entiende que el tripartido formado por el Partido Socialista de las Islas Baleares (PSIB), Unidas Podemos y MES per Mallorca lleva demasiados años ocultando uno de los mayores horrores en materia social de la historia reciente de España.

El Consell sí ha aprobado la creación de una comisión de expertos para “evaluar” las actuaciones del IMAS. Esta actitud sigue la línea del gobierno de las Islas Baleares, que tras estallar el escándalo insistió en gestionar el asunto internamente, sin dimisiones políticas ni demasiada autocrítica. Por eso la decisión del Consell indigna pero no sorprende a los afectados.

“Al Consell no le interesa investigar al IMAS porque sería un escándalo al nivel de los niños robados” del franquismo, afirma Joana Molinas, que vivió en un centro de acogida en los años 90 y asegura que los episodios de abusos sexuales y descontrol de los servicios sociales en Mallorca se remontan a hace 30 años. “Yo me escapaba cuando quería y en una de las escapadas, después de tres días en la calle, acabararon violándome. Los niños tutelados no pasan hambre, ni les faltará una prenda, pero no tienen ningún tipo de control en sus salidas, mezclan abusadores con abusados, y si se escapan acaban en la calle semanas, incluso meses sin que se dé la voz de alarma”.

Molinas, hoy presidenta de la Agrupación Ciudadana contra la Expotación Sexual (Accesi), recuerda vivamente una de las experiencias más traumáticas de su vida, los abusos de uno de los educadores de su centro de acogida, de nombre Antonio. “Fue en 1993. Nos realizaba tocamientos. Yo le amenacé con matarlo si me volvía a poner la mano encima, pero de mi compañera abusó todo el tiempo que estuvo interna. Con ella mantenía relaciones sexuales completas”. Molinas subraya que los abusos y negligencias por parte del personal de los servicios sociales se ha mantenido en el tiempo. “Ha habido cinco despidos, cuatro mujeres y un hombre, educadores de centros tutelados, en los últimos cuatro años”. El IMAS no ofrece ningún tipo de información al respecto. 
 
Una educadora social con 15 años de experiencia en el IMAS y que ha estado a cargo de menores durante años explica cómo una niña (o un niño) pasa de ser un menor asustado y desorientado en los primeros días de internamiento a ser un delincuente, una víctima de abuso sexual, o ambas cosas a la vez. “Al principio, cuando escapan, lo primero que hacen es ir con la familia, por muy mala que esta sea. Y la familia, como sabe el riesgo que corren sus hijos en la calle y que los van a culpar a ellos si no avisan al centro, los devuelven a la institución. El niño, después de varias idas y venidas, deja de buscar a su familia cuando escapa y se queda en la calle. Está dolido porque se siente rechazado por su familia, está emocionalmente destrozado, y es ahí cuando se convierte en una presa fácil para depredadores”.

Esta educadora confirma el descontrol absoluto. “Los niños se escapan en cuanto la policía los deja en el centro, abren una ventana y están fuera antes de que la patrulla regrese a su base, no hay métodos para retenerlos”. Y explica: “Los menores no se prostituyen tal como lo entendemos, sino por un par de zapatos, o por un paquete de tabaco, hasta por una cocacola. Sienten que esas personas les está dando el afecto que ellos quieren. Les pagan por sexo, pero en su mentalidad y en su poca contención emocional, tener sexo es lo que ellas creen que deben hacer. Esa niña violada [en referencia a la víctima de 13 años que desencadenó el escándalo] fue primero rechazada por su familia biológica, luego adoptada y finalmente devuelta por su familia de adopción, como el que compra un perro en Navidad y lo abandona. Imagina cómo estará esa niña. Ahora la mandarán a la península desarraigándola de todo. Lo único que hacen los servicios sociales es tirar la pelota fuera de su tejado”.

Desde la asociación Infancias Robadas son bastante pesimistas respecto a la comisión de expertos aprobada por el tripartido del Consell de Mallorca. “Siguen con la misma opacidad a pesar de todo. Nadie sabe cuánto dinero gastan, cuántos niños hay en tutela, cuánto se invierte en ellos. La última memoria es del año 2015. Hemos solicitado al consell formar parte de la comisión como asociación externa, pero ni nos han respondido. Al final lo que harán es taparse unos a otros”. Fabiola Azagra, presidenta de la asociación Infancia y Derecho, confirma la sospecha: “No se investigará porque no les interesa que se investigue nada. El oscurantismo es total, y ahora no les ha quedado más remedio que nombrar esa comisión que no servirá para nada. Buscarán más dinero en el presupuesto para contratar a más personal y más medios para ellos, los funcionarios, no para los niños, y ahí quedará todo”. El Consell de Mallorca ha anunciado una inversión de 1,5 millones en la contratación de profesionales para retomar el control sobre los menores La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera (PSIB) anunció la inversión de 1,5 millones en la contratación de más educadores, psicólogos, monitorización de las menores en riesgo y la creación del centro especial para víctimas de explotación sexual. La oposición la acusó de querer “tapar las negligencias en el IMAS con humo”. "El problema del IMAS es que no hay reciclaje del personal de más edad. Se intenta cambiar algunas cosas desde la administración, pero las cabezas visibles son técnicos muy mayores con mentalidades arcaicas, que no se han reciclado jamás y no entienden cómo ha cambiado la sociedad", indica la educadora social consultada.

La presidenta de Infancia y Derecho acusa a los trabajadores sociales de manipular emocionalmente a los menores tutelados para desarraigarlos de sus familias, un factor añadido que ayuda a entender el por qué de esta red masiva de niñas prostituidas en las calles. “Se les dice a los niños que sus padres no les quieren y que por eso les han abandonado, que están solos, y estos niños buscan un apoyo en el que agarrarse. A esas edades no les interesa el dinero, sueñan con tener wifi, con ropa, teléfonos móviles, y como no tienen un proyecto vital, porque en los centros de acogida no les enseñan a amar una profesión o tener un proyecto de futuro para ser alguien por ellos mismos, cuando llegan a los 18 años están muertos de miedo y lo único que quieren es juntarse con alguien que les quiera. Conozco casos de niñas que no se han prostituido porque tenían firmes vínculos con sus familias. Se escapaban para ver a su familia y estaban con ellos pese al riesgo para los padres. Pero si te dicen que tus padres no te quieren, que no existes, ¿esos niños dónde se van a agarrar?. Si se venden por unos zapatos con 13 años, qué más prueba necesitan los políticos para ver qué existe un problema muy grave”.

Azagra conoce de primera mano esta realidad. El IMAS le retiró la tutela de sus dos hijos varios años atrás por mala conducta de los menores. Uno de ellos, cuando salió del centro, acumulaba un amplio historial delictivo y tuvo que ser atendido por Proyecto Hombre. Llegó a pasar seis meses tirado en la calle estando tutelado por la administración. “Una cosa es que se produzca un caso aislado, y otra es que haya toda una organización que favorece que los niños estén desarraigados y vivan en centros o en familias de acogida sin ningún control”, protesta Azagra. Se calcula que en España hay más de 50.000 niños tutelados por las distintas comunidades autónomas.

El Institut Mallorquí d’Afers Socials —IMAS o Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales— es una institución pública que «gestiona servicios sociales, protección a menores y recursos asistenciales», indican en su página web.

En relación a la protección de menores, el IMAS cuenta con 30 centros (6 públicos y 24 concertados) y tiene 359 menores tutelados. «De estos menores que permanecen en centros, 278 son adolescentes», señala el organismo.

El IMAS es el responsable de la menor que denunció una violación grupal en diciembre de 2019, ya que esta menor está tutelada en uno de los centros del IMAS.

Diario de Mallorca publicaba una noticia titulada: «La prostitución se extiende a la totalidad de las niñas acogidas en algunos centros». El artículo contaba, según se puede leer en la pieza, con el testimonio de educadores de estos centros que tutelan a menores:

Educadores de los centros de protección denuncian que la prostitución de las niñas acogidas en los centros de protección de menores de la isla está «totalmente extendida», y que en algunos casos llega a la práctica totalidad de las menores ingresadas.

El Parlamento balear y el Consell de Mallorca rechazan en dos ocasiones iniciativas para investigar la gestión de centros para menores tutelados por el Instituto Balear de Asuntos Sociales (IMAS), la institución que ha admitido que al menos 16 niñas han sido víctimas de abusos sexuales en el último año.

En 2018, la diputada del Grupo Mixto María Consuelo Huertas Calatayud (anteriormente de Podemos y expresidenta del Parlament) presentó en la Cámara balear una proposición no de Ley para, entre otras cosas, investigar los procedimientos de tutela y adopción de los servicios del Consell y depurar responsabilidades, según publica hoy El Mundo.

La propuesta de la exdiputada de Podemos, que contó con el apoyo del grupo Mixto y Ciudadanos, partía de denuncias de centenares de familias que acusaban al IMAS de retiradas de menores injustificadas. El diputado David Abril (Més) criticó que se pusiera en cuestión “un trabajo público” y el Parlament rechazó investigar.

El 12 de diciembre, Vox presentó una moción en la que se pedía una auditoría independiente al IMAS para detectar “necesidades y deficiencias” existentes. El presidente de esa institución, Javier de Juan, dijo que sería “una pérdida de tiempo”. Ciudadanos apoyó la iniciativa de Vox y el PP se abstuvo. El Consell de Mallorca, que preside la socialista Catalina Cladera Crespí, no investigó.

En Nochebuena, doce días después, una menor tutelada fue víctima de una violación por parte de un grupo de jóvenes, entre los que había algunos dependientes también del Consell de Mallorca.

Sólo la denuncia de la niña, y no actuaciones de las instituciones baleares, destapó el escándalo. Los abusos sexuales a menores tutelados se extendía en el tiempo. Según dijeron fuentes conocedoras a El Plural, hasta diez años atrás. El IMAS reconoció 16 casos y la Fiscalía, que ha anunciado finalmente una investigación, admitió que tenía conocimiento de hechos de ese tipo: "En los últimos años se han denunciado en Fiscalía diferentes casos concretos de conductas que afectan a menores de edad por hechos similares o parecidos" y que "como no puede ser de otra manera", siempre se han investigado como cualquier hecho que revista característica de delito", afirmó el Ministerio Público en su escrito.

Aún así, la Delegación del Gobierno y el Consell de Mallorca salieron a decir que se trataba de casos aislados. El Ayuntamiento, por su parte, primero anunció, en declaraciones a El Plural, que podría en marcha un plan urgente, pero dos días después, a preguntas de este diario, dijo que no tenía competencias en esta materia.

La Oficina del Defensor del Pueblo ha anunciado una investigación sobre la prostitución de menores tuteladas, mientras que el Defensor del Menor en Baleares ha iniciado un expediente informativo sobre el caso para hacer un seguimiento de la situación.

«El PSOE y los partidos de izquierdas que forman el Pacte en el Gobierno en Baleares votaron hasta en dos ocasiones en contra de llevar a cabo sendas auditorías que arrojaran luz respecto a la situación en el IMAS, entidad que debía tutelar a las menores que son prostituidas», explicaba la noticia.

María Consuelo Huertas, presidenta del Parlament balear (por Podemos) hasta enero de 2017, presentó en marzo de 2017 una Proposición No de Ley (PNL) —tras haber sido cesada de su cargo y sustituida por Baltasar Picornell, y ella haber pasado a formar parte del Grupo Mixto en el Parlament—.

En esta PNL, Huertas, según informaba la agencia Europa Press, solicitaba que «una comisión mixta con participación de expertos de fuera de la Comunidad investigase diez años de expedientes del Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) en lo relativo a adopción, tutela e intervención en el ámbito familiar».

Esta PNL fue rechazada por una amplia mayoría, entre la que se encontraban las formaciones PSOE, Podemos, Més per Mallorca y Partido Popular.

En diciembre de 2019, Vox presentó una moción, pero no en el Parlament balear, sino en el Consell de Mallorca, que es un órgano independiente del Gobierno balear. Esta moción pedía «auditar el desfase presupuestario» en la última legislatura y, añadía, una «evaluación del servicio», según consta en la página oficial de Vox Baleares.

Esta moción fue rechazada por PSOE, Més per Mallorca, Podemos, Partido Popular y El Pi-Proposta per les Illes.

PSIB-PSOE, Més per Mallorca y Podemos votaron en contra, en febrero, de la creación de una comisión de investigación solicitada por Ciudadanos y Vox, tal y como recogía la agencia EFE. En cambio, estos tres partidos sí aprobaron, gracias a su mayoría de votos en el Parlament, crear una comisión de expertos para analizar los casos de explotación sexual de menores tuteladas. Según recogía la agencia Europa Press, el portavoz del PSIB del Consell de Mallorca, Andreu Alcover, explicaba que querían «saber técnicamente» qué había pasado y por ello defendían la comisión de expertos como «la mejor manera para esclarecer los hechos». La portavoz de Ciudadanos en el Consell, Beatriz Camiña, señaló, sin embargo, que la Comisión de Investigación era «perfectamente compatible con la de expertos»: «No nos negamos, pero es una herramienta diferente y la de investigación es más adecuada para clarificar las posibles responsabilidades políticas», apuntaba Camiña.

PSOE, Podemos y los nacionalistas de Més han rechazado de nuevo la creación de una comisión no permanente de investigación sobre la explotación sexual de menores tutelados por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS). De este modo, el Ejecutivo de la socialista Francina Armengol y sus apoyos externos en el Parlament hacen oídos sordos a la petición del Parlamento Europeo, que el pasado mes pidió explicaciones al Ejecutivo autonómico y al Gobierno de Pedro Sánchez sobre «las medidas adoptadas y las soluciones dadas para la protección de los menores bajo su tutela».

No es la primera vez que el Ejecutivo de la socialista Francina Armengol evita investigar la red que explotaba sexualmente a niñas de entre 13 y 17 años a cambio de drogas, regalos o dinero, y ya votó en contra l 18 de febrero de 2020.

Como alternativa, se abrió una comisión política para enfriar la investigación y «evaluar las decisiones políticas en relación con la detección e intervención en los casos de explotación sexual a menores de edad» tutelados por el IMAS.

En la votación en el Parlament, el PSOE, Unidas Podemos, Més per Mallorca y el Grupo Mixto han sumado 30 votos para rechazar la moción presentada por el PP, que ha contado con los 25 apoyos de los populares, Ciudadanos, Vox y los regionalistas de El Pi.

Asimismo, en la votación de la moción, el pleno del Parlament también se ha opuesto a revisar y modificar el Protocolo de actuación en casos de abuso sexual infantil y explotación sexual infantil en las Islas; así como a instar al Consell de Mallorca y al IMAS a promover, con campañas, el conocimiento este protocolo.

Además, la Cámara ha rechazado pedir al Ejecutivo balear que desarrolle e implante itinerarios integrales de proyectos de recuperación psicológica y de inserción social para las víctimas de explotación sexual e instar a los consells y al Govern a impartir talleres de educación afectiva sexual.

Finalmente, los votos del tripartito balear evitarán que el Parlament pida al Govern que convoque, como mínimo cada tres meses, reuniones de coordinación con los consells, Fiscalía, policía y entidades implicadas, para examinar el cumplimiento del protocolo de actuación en casos de abuso sexual infantil.

Lo único que se ha aprobado respecto de la explotación de menores es pedir al Ejecutivo balear que se persone en los casos judiciales abiertos que impliquen explotación sexual de menores tutelados o en guarda y reforma y a que los consells y el Govern sigan con los cursos de formación específicos y actualizados sobre explotación sexual infantil y adolescente a todos los trabajadores del centros menores.

Durante su defensa en el debate de la moción, Durán ha afirmado que «hoy, un año y medio después, es más importante que nunca votar a favor de una comisión de investigación, no sólo para depurar responsabilidades, sino para buscar entre todos soluciones de futuro». En este sentido, ha añadido que una comisión es «la única herramienta de la que disponemos los parlamentarios para realizar nuestras aportaciones y, velando por el interés de los menores, es fundamental que este Parlament no mire hacia otro lado». Durán ha asegurado que esta legislatura será «la del abuso a menores« y quedará »manchada por ello«. »Hoy, una vez más, se producirá una infamia«, ha subrayado la diputada popular.

Por su parte, la diputada de Unidas Podemos, Cristina Mayor, acusó al PP de querer «politizar la explotación sexual infantil» para conseguir «un titular» y defendió que la Ley del «sólo sí es sí» es la solución a la explotación de menores.

La portavoz socialista, Bea Gamundí, ha preferido excusarse en que los hechos que se quieren investigar «sobrepasan» las «competencias» del Govern, y que «es un tema complejo» que «no se puede entender si se centra sólo en el contexto de estos centros».

Finalmente, el representante de Més per Mallorca, Miquel Ensenyat, insistió en que hay «otras instituciones que ya están estudiando el caso», aunque no hay ninguna comisión abierta ni en el Consell de Mallorca ni en el Congreso de los Diputados, y ha acusado al PP de querer «colgarse una medalla».

Según un informe policial cuenta con todo detalle, una de las menores que estaba tutelada por el gobierno balear y que estuvo fugada de su centro durante un año, fue convencida de que debía abortar bajo amenazas cuando estaba bajo la tutela del IMAS (Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales) e incluso fue a la clínica abortista acompañada una técnico de esta institución.

Siempre según ese informe policial, la menor fue amenazada con ser "trasladada a la península" y separada de su pareja, que también era el padre del niño que nunca llegó a nacer.

El informe policial recoge también la declaración del propio novio que aseguraba que la pareja quería "tener al bebé", pero fue amenazada por el personal del IMAS: "Le dijeron a María que si insistía en continuar con el embarazo sería trasladada a la península" y que "no podría hacerse cargo del cuidado del bebé". Según el joven, esa fue la razón por la decidieron abortar y "una técnico de menores nos acompañó hasta la clínica".

Otro aspecto importante es que el IMAS había localizado a la menor en 2020, pero siguió manteniendo la denuncia de su desaparición e incluso permitió que se publicase su fotografía en la web del Centro Nacional de Desaparecidos en lugar de pedir a la Policía que devolviese a la menor al centro.

La menor no sólo estuvo desaparecida sino que fue una de las que fue prostituida mientras estaba bajo la tutela de las instituciones públicas baleares, un escándalo que PSOE y Podemos se han negado a investigar en repetidas ocasiones.

Vox ampliará la denuncia que presentó el pasado 30 de septiembre en la Fiscalía de Baleares por el caso de una menor tutelada de Mallorca que estuvo un año desaparecida. Así lo ha anunciado el diputado portavoz del partido en el Parlamento autonómico, Jorge Campos, tras conocerse esta información. En la denuncia que ahora se amplía, el partido de Santiago Abascal solicitó la investigación de los hechos por presuntos delitos de dejación de las funciones de tutela y prostitución de menores.

Campos ha declarado que "ahora sabemos, según se indica en el atestado policial, que es un escándalo mucho mayor. ¿Qué más tiene que pasar para que dimitan el presidente del IMAS, el socialista Javier de Juan, y la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera? Francina Armengol, y los partidos de izquierda separatista que la sustentan, no pueden seguir negándose a investigar este escándalo. Y no pueden seguir un minuto más al frente de unos gobiernos, insular y autonómico, que tienen bajo su tutela a menores que acaban abusadas, prostituidas e, incluso, incitándolas a abortar a quienes están falsamente desaparecidas. Si lo hacen, confirmarán que están implicados en este escándalo".

Un grupo de eurodiputados se desplazará en 2022 a Mallorca para emitir un informe sobre el escándalo de prostitución de menores en los últimos años

Un grupo de investigación dependiente del Parlamento Europeo indagará en Baleares los abusos sexuales a menores tuteladas. Un escándalo que sacude al archipiélago desde finales de 2019, cuando trascendió que al menos una veintena de chicas tuteladas por la administración pública habían sufrido abusos sexuales a cambio de dinero, drogas y regalos por parte de adultos.

La Comisión de Peticiones de la Eurocámara, presidida por Dolores Monserrat (PP), ha tomado esta decisión después de que fuera el propio grupo popular el que lo propusiera en enero de este año tras recibir dos reclamaciones de ciudadanos residentes en las Islas, uno de Ibiza y otro de Mallorca. Los denunciantes pedían amparo a la institución comunitaria denunciando la parálisis del gobierno balear.

De hecho, la Comisión ya realizó una primera acción reclamando por carta explicaciones al Gobierno de España, pidiendo información a la Vicepresidencia que entonces ocupaba Pablo Iglesias, así como al Ministerio del Interior. El ministro Grande-Marlaska remitió una carta en la que explicaba que los cuerpos policiales actúan y que están a disposición de la Justicia y de lo que determine la Fiscalía.

Ya entonces se advertía de la posibilidad de enviar una misión para analizar 'in situ' este asunto y tratar de investigar y fiscalizar a las autoridades públicas españolas ante la gravedad de los hechos.

Fue la eurodiputada mallorquina Rosa Estarás (PP) la que lo reclamó. Y ahora su solicitud ha salido adelante, incluyendo la investigación de este asunto sobre el terreno como una de las misiones de la Eurocámara para el primer semestre del año que viene.

En la práctica esto supone que una delegación integrada por entre 6 y 8 eurodiputados se desplazará a las Islas con potestad para mantener reuniones y entrevistas con las autoridades, incluidas las fuerzas policiales, los responsables políticos y los técnicos responsables de la protección y tutela de menores.

La misión estará integrada por representantes de los diferentes grupos políticos representados en la Comisión. No podrán ser miembros vinculados a las Islas. Después emitirá un informe de conclusiones que será elevado al Parlamento Europeo.

La de Baleares es una de las tres misiones fijadas hoy para el año que viene, junto a otra misión para revisar la situación del Mar Menor y una tercera relacionada con la seguridad en territorio francés.

Según ha difundido el grupo popular europeo, la Comisión ha aprobado esta misión para el próximo año con el apoyo de los grupos en los que se integran C's y Vox. El PSOE, que gobierna en Baleares, ha realizado en cambio otras propuestas de misión sobre asuntos diferentes.

En declaraciones efectuadas tras esta decisión, Estarás ha valorado que resulta "muy positivo" que se investigue sobre el terreno y que el asunto trascienda a la esfera europea porque, "lamentablemente", ha agregado, los partidos que gobiernan Baleares han denegado la creación de una comisión de investigación en el Parlamento balear.


Un nuevo escándalo de abusos sexuales vuelve a salpicar a la Generalitat Valenciana del socialista Ximo Puig y la ultrafeminista Mónica Oltra. 175 menores del sistema de protección de la Generalitat denunciaron abusos sexuales entre junio de 2020 y junio de 2021.  El 72% de ellos se encontraba en acogimiento en residencias. Las grietas del sistema de protección de menores de Puig y Oltra quedan totalmente al descubierto.

Si la punta del iceberg fue el caso de la menor abusada por el ex marido de la propia Oltra, ahora una nueva revelación vuelve a poner los pelos de punta y a cuestionar las alertas y procedimientos del sistema. Más aún si tenemos en cuenta que el 72% de los abusados se encontraba en acogimiento residencial y el otro 28% en acogimiento familiar.

Los datos han sido aportados este lunes por la síndica popular en las Cortes Valencianas María José Catalá y constituyen tan sólo los más destacados que contiene la resolución hecha pública por el Defensor del Pueblo valenciano Ángel Luna a la queja de la diputada popular Elena Bastidas acerca del funcionamiento de los centros de menores en la Comunidad Valenciana el pasado verano. Al defensor no le fue sencillo obtener esos datos y hace unas semanas, tal como publicó OKDIARIO, llegó a acusar a Oltra de entorpecer su investigación.

La resolución del Defensor sostiene que 127 de esos 175 menores que denunciaron abusos sexuales entre junio de 2020 y junio de 2021 estaban en acogimiento residencial y 48 en acogimiento familiar. De esos 175 menores, 48 eran de sexo masculino y 127 de sexo femenino. Sin embargo, el dato más espeluznante es que 7 de los casos afectan a menores entre 0 y 3 años, 18 casos afectan a menores entre los 4 y 6 años, 45 casos entre los 7 y 12 años, y 105 casos entre los 13 y los 17 años.

Respecto a las medidas de protección por lugar de residencia, según los datos aportados por la Consejería al Defensor del Pueblo valenciano y que constan en la resolución, en Alicante 6 estaban en régimen de acogimiento familiar y 42 en acogimiento residencial. En Valencia, 66 casos estaban en acogimiento residencial y 34 en familiar. Y, en Castellón, había 18 casos en acogimiento residencial y 8 en familiar.

En referencia a los agresores, 48 eran menores de edad y 101 mayores de edad, en tanto que la edad de los otros 26 se desconoce.  La resolución matiza que ninguno de ellos era profesional del sistema de protección, en tanto que 1 era profesional del centro educativo, otro era profesional de actividades de ocio y deporte y en otros 2 casos se trata de profesionales relacionados. 145 eran ajenos al sistema de protección y en otros 26 casos se desconoce.

En cuanto al lugar en que sucedieron los hechos, se especifica en concreto, 74 casos en el domicilio familiar de la víctima, 17 casos en centros de acogida o socio educativos, 15 en el domicilio de la persona agresora y 15 más en plena calle. Las denuncias realizadas en ese periodo de tiempo (junio 2020-junio 2021) fueron 118, de las que 26 lo fueron en Alicante, 19 en Castellón y 73 en Valencia. En la resolución del Defensor se especifica que todos los casos fueron comunicados a Fiscalía, si bien la diferencia entre los 118 casos denunciados y los 175 totales estriba en cuestiones como conductas sexuales inadecuadas pero no delictivas y casos en que la persona agresora era menor de 14 años, entre otros.

La denuncia efectuada por inicialmente por Catalá apunta, directamente, a la línea de flotación de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas del Gobierno valenciano, que dirige la vicepresidenta primera de ese Ejecutivo Mónica Oltra. Y ello, porque los datos evidencian que el caso de la menor abusada por el ex marido de la propia Oltra ha sido tan solo la punta del iceberg.

De hecho, Catalá ha explicado en su exposición que no se trata sólo «del caso aislado del que todos hemos sabido por estar vinculado personalmente a la vicepresidenta» (en referencia a la menor abusada por el ex marido de Oltra) sino que también ha habido 175 menores en 12 meses, que están en el sistema de protección de menores, que han denunciado que han sufrido abusos sexuales.

Ante la gravedad de los hechos, la síndica popular ha exigido respuestas a Ximo Puig y le ha recordado que él es el responsable de que el sistema de protección de menores tutelados de la Generalitat Valenciana no esté funcionando y a quien ahora exigen responsabilidades.

Los representantes de Vox en Baleares han interpuesto una denuncia donde piden que se abra una investigación penal sobre los últimos acontecimientos conocidos en las últimas semanas.

Por un lado, la detención de 17 personas en Palma vinculadas a una trama de explotación y abuso sexual de una decena de niñas que estaban bajo tutela, desarrollada en 2018 y 2019.

Entre los detenidos hay adultos de entre 21 y 65 años de edad que contactaban con las chicas a través de anuncios insertados en una web de contactos sexuales. Había tres chicas que ejercían de intermediarias y ayudaban a captar a otras víctimas. Se investiga además si se distribuía material pornográfico de esas mismas menores.

Además, Vox ha puesto en manos de la Fiscalía la fuga de una menor que dependía de los centros de tutela y cuya presunta desaparición durante meses provocó una alerta de las autoridades policiales. El Govern ha admitido que la chica no estaba en el centro pero ha alegado que la adolescente, de 17 años, mantenía contacto con los tutores y estaba localizada mientras se "emancipaba".

Los denunciantes consideran que estos hechos podrían constituir delitos de prostitución de menores y de omisión del deber de perseguir delitos y dejación de funciones. Y por esa presunta dejación, piden en consecuencia que la responsabilidad se extienda a dos de los miembros del gobierno regional.

Lavarles el cerebro a los menores. PSOE y Unidas Podemos estrechan el cerco a la concertada: 'no' a la educación diferenciada de niños y niñas y actividades complementarias obligatorias. La concertada teme que esas actividades al final acaben siendo talleres de sexualidad e ideología. de género.

Las enmiendas presentadas por PSOE y Unidas Podemos pretenden que se supriman por ley los conciertos para los colegios que educan a niños y niñas en aulas separadas (educación diferenciada). Y si a los centros que reciben subvenciones del Estado, el Gobierno PSOE-Unidas Podemos le puede amenazar con quitarles las ayudas, a los privados, que no tienen esa presión, les puede imponer que impartan esas actividades complementarias por ley. Es decir, pueden incluir esas actividades, charlas sobre educación afectivo sexual, medio ambiente, talleres sobre sexo, etc como asignaturas obligatorias por parte del Estado.


En Podemos cambian de opinión cada día que pasa. Irene Montero dice que es "abolicionista", cuando en el tema de la prostitución su partido "no tenía una postura única al respecto" no hace ni un par de años. Ahora han aprobado una Ley que va en ese sentido, pero ni de lejos se cumplirá.

La titular de Igualdad Montero dejó claro que “Soy abolicionista y el ministerio lo tiene en su horizonte”, pero el acuerdo de Gobierno de coalición plantea una norma contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual que no incluye la abolición de la prostitución. 

Sobre actuar contra los explotadores y contra los usuarios, Irene Montero opina que "En nuestro país ya existe la posibilidad de multar a los clientes de la prostitución, eso lo introdujo el Partido Popular en la Ley de Seguridad Ciudadana, y no está sirviendo para que haya menos puteros."

Prostitutas y empresarios han dicho que esta Ley dejará sin recursos a varios cientos de miles. 109 colectivos feministas claman contra Montero por leyes que creen que estigmatizan a las personas trans y a las trabajadoras sexuales.

Laura Berja, la responsable de Igualdad en el PSOE, se muestra del lado de Montero y considera que “la prostitución es una forma de explotación sexual porque se aprovecha muchas veces de la situación de extrema pobreza”.

Las asociaciones y colectivos feministas que abogan por la abolición de la prostitución, la pornografía y los vientres de alquiler se han puesto en pie de guerra contra el departamento que dirige Irene Montero por celebrar un encuentro con el sindicato de prostitutas Otras, cuyos estatutos fueron validados en junio de 2021 por decisión del Tribunal Supremo tras una larga controversia. "Cada quien de lo que sabe y de lo que trata. Llegaron para apuntalar todos los cautiverios de las mujeres", ha criticado la filósofa Amelia Valcárcel en referencia al encuentro organizado por la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género que hoy pilota Ángela Rodríguez.

Desde el movimiento feminista abolicionista entienden que la prostitución supone una violencia contra los cuerpos de las mujeres. Es el caso de Movimiento Feminista de Madrid, cuyo lema de este año para la manifestación por el Día Internacional de las Mujeres será, precisamente, "El feminismo es abolicionista". La organización acaba de lanzar un decálogo en el que, en primer lugar, exigen la abolición de la prostitución y la pornografía, además de pedir "su consideración como formas de violencia machista incompatibles con el principio de igualdad entre los sexos".

"Consideramos que la reunión choca de lleno con nuestro lema y con lo que deberían ser los objetivos del Ministerio de Igualdad. Avalar a cualquier grupo que provee prácticas de explotación de un ser humano no debería ser la misión de ese ministerio", denuncian desde el Movimiento Feminista de Madrid.

La ex diputada socialista Ángeles Álvarez ha calificado la cita de "escándalo". "La verdad es que es un escándalo que la Secretaría de Estado, que debería estar dedicada a combatir la explotación sexual, use el cargo para su activismo pro legalización de una práctica que esclaviza a millones de mujeres en todo el mundo. Alguien, por coherencia, debería mostrarle la puerta", ha lanzado a través de sus redes sociales.

Álvarez es una de las integrantes de la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres (ACBM) que lleva tiempo luchando contra las principales medidas 'estrella' del Ministerio de Igualdad. Entre ellas, la llamada 'ley Trans'. Entre otros aspectos, denuncian que la sustitución de la categoría biológica 'sexo' por la de 'identidad de género' pone en peligro los derechos de las mujeres y las niñas basados en su sexo. Y, además, abogan por erradicar la prostitución.

"La reunión anunciada de la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, con quienes representan a la industria proxeneta es un gesto de apoyo a la explotación sexual de las mujeres. La prostitución es violencia contra las mujeres y esa reunión es un acto de blanqueo que vende la idea de que es legítimo prostituir a las mujeres y a las niñas", acusan desde la plataforma.

"El Gobierno no puede prometer la abolición de la prostitución y al tiempo reunirse con quienes quieren regular y legalizar esa forma de violencia contra las mujeres. Si la secretaria de Estado es partidaria de esa regularización que no use un despacho oficial para hacer propaganda. Por cierto, es el mismo despacho que siempre ha estado cerrado, como todos los del ministerio de Igualdad, para recibir a las organizaciones feministas", apuntan.

En medio de los preparativos del 8 de Marzo, advierten desde la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, tenemos que recordar que el feminismo es abolicionista y que el abolicionismo es incompatible con la defensa de la prostitución como "un trabajo". "En definitiva, es incompatible con lo que afirman los grupos con los que se va a reunir Ángela Rodríguez, secretaria de Estado en el Gobierno de Pedro Sánchez", apuntan.

La reunión que ha incendiado al feminismo se produjo en la tarde el miércoles. Además de Ángela Rodríguez, quien sustituyó en el cargo a Noelia Vera tras su salida de la política, asistieron representantes del sindicato Otras y los colectivos Afemtras, Aprosex, Nómadas, CATS Y Putxs en Lucha.

La organización sindical saltó a la palestra mediática el verano de 2018. El 4 de agosto de aquel año, el Boletín Oficial del Estado (BOE) insertaba la Resolución de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo anunciando la constitución de Otras.

La Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres y la Plataforma 8 de marzo de Sevilla interpusieron una demanda para impugnar los estatutos del sindicato. A esta demanda se adhirió el Ministerio Fiscal. Tres meses después, la Audiencia Nacional declaraba "la nulidad de los estatutos y del acta de constitución del denominado Sindicato Organización de Trabajadoras Sexuales" y, por ende, ordenaba "la disolución de la organización sindical ordenándose la baja de la misma en el registro correspondiente".

Desde Otras se interpuso un recurso de casación ante el Tribunal Supremo y el alto tribunal terminó reconociendo sus derechos como trabajadoras sexuales. Lo hizo en junio de 2021. Una decisión que fue celebrada por la organización porque defiende que "siempre fuimos legales" y acusa al abolicionismo de "esconder una moralina y odiar visceralmente a las trabajadoras sexuales". Las asociaciones feministas que luchan por la abolición de la prostitución cargaron entonces contra la jueza del Supremo que dio la razón a Otras y hoy estallan contra la Secretaría de Estado de Igualdad por contemplar reuniones con el sindicato de prostitutas en su agenda.

Las llamadas feministas abolicionistas y quienes defienden la prostitución como un trabajo sexual libraron otra batalla a principios de febrero. En esta ocasión, en el ámbito de la Universidad. La Universidad de Almería acogió un acto con el título 'Jornada sobre prostitución, derechos y crisis sanitaria' y diversas asociaciones feministas de Andalucía reprocharon al rector que acogiese las voces de quienes "normalizan" una práctica que, a su juicio, "es esclavitud sexual". Al igual que en la reunión con el departamento de Igualdad que dirige Montero, al acto también acudieron representantes de la Asociación Feminista de Trabajadoras Sexuales de Madrid (Afemtras) y la Secretaría de Identidades del Sindicato Otras.

El Partido Popular recalca que para los grandes debates y cuestiones a afrontar es conveniente un Pacto de Estado. El debate histórico sobre si abolir o regular la prostitución ya saltó de los colectivos feministas al Congreso de los Diputados, donde se vio, en muchos partidos, falta de consenso.

Marga Prohens, portavoz de Igualdad del Partido Popular, defiende que “Somos partidarios de luchar contra la prostitución, que está muy ligada a la trata con fines de explotación sexual”, señala la diputada que sostiene: “La mayoría de las mujeres que ejercen la prostitución no lo hacen de forma libre“.

Vox deja claro que respaldan la “prohibición de los vientres de alquiler y toda actividad que cosifique y utilice como producto de compra-venta a los seres humanos”. Su diputado al Congreso por Murcia, Joaquín Robles incide en que: «El tráfico de mujeres que van a parar a la prostitución está íntimamente ligado a la inmigración ilegal»

Antonia Morillas, nueva directora del Instituto de Mujeres, a elección de la ministra de Igualdad, pidió cuando era concejala de Málaga en 2014, un solar para que las prostitutas que se encontraban en el polígono de Guadalhorce pudieran realizar sus servicios "con seguridad e higiene" ya que "son víctimas y necesitan el apoyo del Consistorio".

La entonces edil insistió en que el debate de la prostitución no solo se debe abordar desde el ámbito de la seguridad y la convivencia ciudadana, sino también desde el laboral, el social y el sanitario. "Criminalizar, señalar y expulsar a las prostitutas no es la vía para atender este problema y eso es precisamente lo que se ha hecho con la Ordenanza de Convivencia, donde se sanciona a las prostitutas, incluso por la vía penal, cuando hoy por hoy no es una cuestión ilegal", manifestó en declaraciones recogidas por Europa Press.

Desde 2015 se aprobó un texto integral contra la trata de blancas, pero no impide que el Ministerio de Igualdad haya promovido otra sobre el mismo asunto y el de menores prostituídas, pasando por alto los casos de las internadas en los centros tutelados, que no se investiga aunque dé lugar a muchos abucheos parlamentarios.

Una ley absurda e inútil, porque el Código Penal siempre ha castigado estas conductas. Hoy, tras sucesivas reformas, en su CAPÍTULO V (De los delitos relativos a la prostitución y a la explotación sexual y corrupción de menores) se contempla que, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, determinar a una persona mayor de edad a ejercer o a mantenerse en la prostitución, aun con el consentimiento de la misma, será castigado con prisión de dos a cinco años y multa.

Al amparo del artículo 189 CP se impone prisión al que captare o utilizare a menores de edad o a personas con discapacidad necesitadas de especial protección con fines o en espectáculos exhibicionistas o pornográficos, tanto públicos como privados, o para elaborar cualquier clase de material pornográfico, cualquiera que sea su soporte, o financiare cualquiera de estas actividades o se lucrare con ellas. También al que produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere, ofreciere o facilitare la producción, venta, difusión o exhibición por cualquier medio de pornografía infantil o en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas con discapacidad necesitadas de especial protección, o lo poseyere para estos fines, aunque el material tuviere su origen en el extranjero o fuere desconocido.

La Sala de lo Social del Supremo ha establecido que las personas que desarrollan trabajos sexuales tienen derecho a sindicarse, pero precisa que ahí no tienen cabida las relaciones laborales que tengan por objeto la prostitución por cuenta ajena.

La Audiencia Nacional declaró la nulidad de los estatutos del sindicato OTRAS al considerar que el ámbito funcional de actuación de un sindicato no puede comprender actividades que no pueden ser objeto de un contrato de trabajo válido como es la prostitución.

Según la Audiencia, admitir los estatutos supondría asumir, de forma colectiva, que la organización demandada y los proxenetas y sus asociaciones puedan negociar las condiciones en las que debe ser desarrollada la actividad de las personas empleadas en la prostitución, disponiendo para ello de forma colectiva, de un derecho de naturaleza personalísima como es la libertad sexual.

OTRAS, en cambio, defendía que su ámbito funcional era el de "actividades relacionadas con el trabajo sexual en todas sus vertientes", además de la prostitución, lo que incluía actividades como las realizadas por los trabajadores de alterne, los bailarines eróticos, los actores porno y los centros de masaje, por lo que recurrió en casación ante el Supremo.

La sentencia estima que el ámbito funcional de los estatutos impugnados es conforme a Derecho y que las personas que desarrollan trabajos sexuales a las que se refiere el procedimiento gozan del derecho fundamental a la libertad sindical y tienen derecho a sindicarse.

Pero precisan que dentro del ámbito funcional de los Estatutos no tienen cabida las relaciones laborales que tengan por objeto la prostitución por cuenta ajena, hecho aceptado por el sindicato que reconoce que no existe relación laboral válida en tales casos. Es proxenetismo y lo dice claramente el Código Penal.

Ciudadanos es el único partido que defiende que la prostitución es un trabajo y promueve regular la forma en la que se lleva a cabo, “como se ha hecho ya en Alemania, Países Bajos, Austria o Suiza” ya que “protege a las trabajadoras y trabajadores sexuales, garantiza sus derechos y lucha de manera efectiva contra las mafias”, recalcan.

La prostitución dejó de ser ilegal en Alemania en 1927, y las personas prostituídas pagan impuestos derivados de dicha actividad desde 1964. Lo que hace la ley del 2002, por tanto, no es legalizar la prostitución, sino reconocer la prostitución como trabajo, incluyendo a las personas trabajadoras del sexo en el régimen de la seguridad social y legalizando el contrato verbal establecido entre éstas y sus clientes.

Lo cierto es que en esos países, legalizar la prostitución favorece la trata de mujeres con fines de explotación sexual. En Holanda y Alemania, la ley se aplica sólo a las personas trabajadoras del sexo nacionales, y por efecto del derecho europeo, de la Unión Europea. Las personas nacionales de terceros países no pueden ejercer la prostitución legalmente, con independencia de cual sea su estatus migratorio, pues quienes tienen derecho legal de residencia, pueden perderlo si ejercen la prostitución. Se crea así un mercado sexual legal para las personas trabajadoras del sexo europeas, y la ilegalización de la prostitución extranjera, y el aumento de la trata en Alemania como consecuencia.

El porno es prostitución filmada, sexo por dinero, el pacto no prohibido pero tampoco autorizado. Tras las cámaras, agentes y representantes negocian con cineastas lo que mujeres y hombres deben hacer y consentir. Prostitutas que ofrecen su cuerpo y también han renunciado a los derechos a su propia imagen y su intimidad a precio.

El consumo de contenido pornográfico, cada vez más violento por parte de los hombres, impregna la cultura contemporánea. La alta y la baja cultura: la publicidad, el cine, la literatura o la televisión acusan la influencia del imaginario pornográfico. Las mujeres hipersexualizadas de los relatos pornográficos se han convertido en imágenes que recibimos diariamente a través de diferentes medios de comunicación de masas.

El exdiputado de la CUP en el Parlament de Cataluña Antonio Baños, en un mensaje ya borrado, colgaba una captura de un reportaje que dejaba al descubierto las pestañas de navegación en internet que tenía abiertas, en las que se podían apreciar búsquedas como 'fantastic orgy' o 'japanese scat' junto a otras sobre el cambio climático.

Poco tardaron las redes en convertir en la primera tendencia en Twitter al propio Baños, y la expresión 'japenese scat' también se convirtió en el séptimo término más usado y las búsquedas en Google Trends se dispararon en apenas unas horas, sobre todo en Cataluña. Antonio Baños no se va de putas, porque prefiere verlas sometidas a prácticas escatológicas. Nada más humillante, casi misógino, pero al fin y al cabo un negocio legal en el que parte de los derechos laborales no existen.

sábado, 23 de abril de 2022

" La que comprende", de Alfonsina Storni.




Con la cabeza negra caída hacia adelante

Está la mujer bella, la de mediana edad,

Postrada de rodillas, y un Cristo agonizante

Desde su duro leño la mira con piedad.


En los ojos la carga de una enorme tristeza,

En el seno la carga del hijo por nacer,

Al pie del blanco Cristo que está sangrando reza:

-¡Señor, el hijo mío que no nazca mujer!



A un extremo, una poetisa de principios del siglo XX, y al otro las feminazis. La Real Academia Española (RAE) ha ofrecido una explicación del significado de la palabra 'feminazi'. "La voz «feminazi» (acrónimo de «feminista» + «nazi») se utiliza con intención despectiva, con el sentido de 'feminista radicalizada", escribió la institución en su cuenta de Twitter.

La publicación de la RAE causó una avalancha de críticas por parte de los internautas, que aseguran que se trata de una validación y legitimización del uso de una palabra claramente despectiva hacia las mujeres y el movimiento feminista.

El mismo organismo insistió, sin embargo, en que no pretende justificar el uso del vocablo, y precisó además: "Es muy frecuente que las palabras objeto de consulta no figuren en el diccionario académico y siempre damos sobre ellas la información que está a nuestro alcance".

Ante las críticas de que la RAE "está tomando partido en un debate", la institución reiteró que responde a consultas "sobre el uso de cualquier término que se nos plantee, con independencia de su significado". Algunos internautas concordaron con la RAE en que sus expertos solo comentan sobre palabras que se usan abiertamente, y no legitimizan nada.

En cambio, las aludidas legitiman que quien no esté a favor suyo, es su enemigo y aliado del "heteropatriarcado", concepto de obligado conocimiento y superior acatamiento que la Constitución. La disciplina de hierro de las nuevas leyes ideológicas nos obliga a creer en lo que ha sido decidido por los comités reguladores del pensamiento único.

No me corresponde opinar al respecto, dado que estoy excluído por mi condición masculina, sino sólo apuntar a que la historia nos ilustra sobre la alternativa opuesta, el "homomatriarcado".

La expedición de Francisco de Orellana por el río de las Amazonas reveló la existencia de una tribu real de mujeres guerreras, a las que poco más adelante tuvieron que enfrentarse en una dura batalla cuando estas acudieron en ayuda de sus pueblos sometidos. Eran pueblos grandes, con murallas y muy ricos, sobre los que dicen las crónicas:

"Han de saber que ellos son subjetos y tributarios a las amazonas, y sabida nuestra venida, vánles a pedir socorro y vinieron hasta diez o doce, que éstas vimos nosotros, que andaban peleando delante de todos los indios como capitanas, y peleaban ellas tan animosamente que los indios no osaron volver las espaldas, y al que las volvía delante de nosotros le mataban a palos y ésta es la cabsa por donde los indios se defiendan tanto. Estas mujeres son muy blancas y altas, y tienen muy largo el cabello y entrenzado y revuelto a la cabeza; y son muy membrudas y andan desnudas en cueros, tapadas sus vergüenzas con sus arcos y flechas en las manos, haciendo tanta guerra como diez indios; y en verdad que hubo mujer de estas que metió un palmo de flecha por uno de los bergantines, y otras que menos, que parecían nuestros bergantines puerco espín."

En la lucha contra las amazonas el Padre Carvajal perdió un ojo, pero consiguió salvar la vida y aportar una amplia descripción de sus costumbres, según lo que les relata el indio que acompañaba a la expedición:

"El Capitán le preguntó si estas mujeres eran casadas: el indio dijo que no. El Capitán le preguntó que de qué manera viven: el indio respondió que, como dicho tiene, estaban la tierra adentro, y que él había estado muchas veces allá y había visto su trato y vivienda, que como su vasallo iba a llevar el tributo cuando el señor lo enviaba. El Capitán preguntó si estas mujeres eran muchas: el indio dijo que sí, y que él sabía por nombre setenta pueblos, y contólos delante de los que allí estábamos, y que en algunos había estado. (…) El capitán le preguntó si estas mujeres parían: el indio dijo que sí. El capitán le dijo que cómo no siendo casadas, ni residía hombre entre ellas, se empreñaban: él dijo que estas indias participan con indios en tiempos y cuando les viene aquella gana juntan mucha copia de gente de guerra y van a dar guerra a un muy gran señor que reside y tiene su tierra junto a la destas mujeres y por fuerza los traen a sus tierras y tienen consigo aquel tiempo que se les antoja, y después que se hayan preñadas les tornan a enviar a su tierra sin les hacer otro mal: y después, cuando viene el tiempo que han de parir, que si paren hijo le matan y le envían a sus padres, y si hija, la crían con muy gran solemnidad y la imponen en las cosas de la guerra. Dijo más, que entre todas estas mujeres hay una señora que subjeta y tiene todas las demás debajo de su mano y jurisdicción, la cual señora se llama Coñorí (…)."

Por tanto, tomando el ejemplo de aquellas indias, hay mujeres que se bastan y se sobran para gobernarse sin intromisión masculina. Se oponen a ser consideradas el "sexo débil" en sus relaciones con los hombres, pero se siguen considerando con derecho a pedir un trato de favoritismo para ser compensadas por la desigualdad tradicional que les permitía hacer las labores del hogar y crianza de los niños mientras los hombres salían al campo, o a la guerra.


Pero ahora lo que impera, sobre todo en ciertas zonas de América Latina y otras sociedades rígidamnte machistas es el feminismo marxista, una corriente de la teoría feminista que defiende la abolición del capitalismo y la implantación del socialismo como forma de liberación de las mujeres, partiendo de que el sistema capitalista conlleva la opresión de las mujeres, materializada en desigualdad económica, confusión política, moral burguesa y relaciones sociales insalubres.

Desde la revolución de 1830 en Francia y Europa nacen las primeras organizaciones grupales de esposas de los revolucionarios, las cuales durante el siglo XIX fueron describiendo los problemas y crisis sociales del sistema en que habitaban las mujeres, explotación laboral, abusos sexual y físico en los hogares, falta de salud y protección estatal, delincuencia juvenil, malnutrición de la población, analfabetismo de la mujer, trabajo infantil que afectaría a millones de hijos y nietos de mujeres en las industrias, los primeros grupos feministas del mundo y Europa nacen bajo la revolución de 1847-1848, 1890 y luego 1917 y 1918 en la Revolución rusa.

El feminismo radical (no de violencia y agresividad), surgió tras la muerte de millones de mujeres en la II Guerra Mundial en Europa, y la entrada de mujeres en la industria durante el conflicto, para mantener la producción durante la falta de trabajadores varones con destino al frente.

La mujer sería pilar fundamental de la sociedad comunista; en cambio en la sociedad occidental la mujer tuvo un rol de mujer cónyuge controlada durante al menos dos décadas y media hasta los años sesenta y setenta donde comienza la revolución contracultural y la mujer moderna defiende que la sociedad es predominantemente de los hombres, y está imbuida de un carácter patriarcal.

Desde este punto de vista, la mejor manera de acabar con la opresión de la mujer sería reemplazar el patriarcado por una cultura basada en la igualdad de género y el socialismo de toda la población para tomar como referente el sistema de la mujer y la familia. Algunas feministas en este momento consideraron que esta crítica al patriarcado era insuficiente, y comenzaron a analizar la situación de las mujeres desde un punto de vista marxista.

La actual problemática del feminismo marxista es que la lucha de clases es trasladada a una lucha de géneros, en la que la mujer asume el rol de clase proletaria oprimida y el hombre el de patrón opresor. El feminismo marxista considera que la desigualdad de género está determinada en último término por el modo capitalista de producción en la división social en clases. La subordinación de la mujer es vista como una forma de opresión que es mantenida porque sirve a los intereses del capital y de la clase dominante.

El sexismo legal ha permitido la paradoja de que durante unos años estaba más castigado el maltrato familiar de niñas que el de niños, a la vez que las madres maltratadoras quedaban exentas de estas acusaciones.

Por contra, cualquier actitud o conducta de un varón puede ser predeterminada como machismo, aunque las parejas de gays y lesbianas pueden sufrir también el maltrato conyugal, sin que haya en eso ningún atisbo de lo que la Ley define como machismo.

Pese a ello, el Congreso ha aprobado una proposición no de ley que busca instar al Gobierno "para combatir el negacionismo de la violencia de género". La diputada de VOX Macarena Olona intervino para decir que "Como mujer, madre y política afirmo que la violencia no tiene género. No aceptamos sus leyes ideológicas y totalitarias." La ley de 2004 contra la violencia de género expresa un odio patológico hacia el varón, que está excluído de protección como argumentó Olona al preguntar: "¿Saben cuántos niños, abuelos, hermanos y parejas de homosexuales han sido asesinados desde 2003? Yo tampoco lo sé, porque no tenemos cifras".

El partido VOX pretende sustituir el concepto de "violencia de género" por el de "violencia intrafamiliar", que no dificulta la persecución de la violencia entre parejas del mismo sexo. El maltrato entre los homosexuales no está contemplado en las leyes de género que, lejos de apartarse de la dualidad de roles, catalogan como hombre o mujer no al antojo, sino en base a la presentación de genitales externos o internos.

Vox denuncia que "el movimiento feminista fue poco a poco alejándose de los nobles objetivos que impulsaron su nacimiento y fue convirtiéndose en arma arrojadiza e instrumento de división social".


El transfeminismo es una corriente del feminismo que amplía el concepto de mujeres a otras personas que no lo son, ya que para estas personas el propio concepto de género es resultado de un sistema de poder que produce, controla y limita los cuerpos.

El orden social establecido permite que haya hombres que se visten de mujer siendo capaces de preñar a una mujer de verdad, o agredirla. La realidad se impone sobre las catalogaciones sociales, de las que deberíamos huir sean nuevas o antiguas.

Un grupo de militantes y simpatizantes de IU ha rubricado un manifiesto crítico con la ley trans, que promueve el Ministerio de Igualdad que ostenta Unidas Podemos, y advierten sobre los efectos de la propuesta de autodeterminación de género planteada en el borrador de la normativa, que se sacó a consulta pública por parte del Ministerio de Igualdad "sin un debate profundo".

El documento, titulado 'Retomar el feminismo' y difundido en redes sociales, acumula más de 300 firmas y han mostrado su adhesión al texto diversos militantes, simpatizantes y votantes de la formación, la mayoría mujeres. El manifiesto realiza una reflexión crítica de la posición del partido y del borrador de la ley trans, que más bien perjudica a los transexuales y a las mujeres en general, alterando estadísticas, vaciándolas de contenido político y socavando derechos y libertades.

También señalan que la autodeterminación de género "afecta en diferentes niveles a personas transexuales y acentúa la homofobia, como vienen denunciando colectivos de mujeres reasignadas, de mujeres que han detransicionado, y, en general, de feministas LGTB en todo el mundo".

Unidas Podemos defiende que se pueda cambiar de sexo con la sola declaración del interesado y los socialistas exigen seguridad jurídica. La abstención del PSOE ha impedido que el Congreso de los Diputados tramite la proposición de 'ley trans' registrada por ERC, JxCat, Más País, Compromís, la CUP y Nueva Canaria, pero la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha prometido que la autodeterminación del género será ley en esta legislatura.

La proposición de ley trans regulaba la autodeterminación de género, el cambio de sexo registral sin necesidad de informe ni tratamiento médico, igual que el borrador diseñado por Igualdad y bloqueado por la Vicepresidencia Primera de Carmen Calvo.

Durante el debate, la diputada socialista Susana Ros ha justificado la abstención de su grupo recordando que el Gobierno prepara una ley, consensuada con los principales colectivos LGTBI, que está "muy cerca" de llegar a la mesa del Consejo de Ministros, pero ha reconocido también discrepancias "de fondo" con la proposición debatida. Ros ha admitido la necesidad urgente de despatologizar la transexualidad, pero a su juicio, la proposición presentaba "deficiencias" en distintos apartados, desde el sanitario al deportivo o el laboral, y ha asegurado que la vía de las enmiendas no es suficiente para subsanarlas.

Por su parte, Lourdes Méndez, de Vox, ha considerado inconstitucionales varios preceptos y ha rechazado que se pueda reconocer el derecho a la libre identidad de género sin ir "en contra de la biología" o hormonar a menores para condicionar su sexualidad. Méndez ha instado también al PP a derogar las legislaciones autonómicas que ya existen y que los populares apoyaron.

Desde el PP, Marga Prohens ha denunciado que el texto llegue a la Cámara Baja sin consenso social ni político y sin preguntarse qué pasa con las leyes que protegen a las mujeres.

La iniciativa sí ha concitado el apoyo de Ciudadanos, mientras otros años han sido excluídos e insultados por su asistencia a su fiesta del Orgullo.

Colectivos feministas han salido a la calle en Madrid y otras ciudades para mostrar su rechazo a la ley trans, que permitirá el cambio de sexo sin necesidad de informe médico a partir de los 14 años, el cambio de sexo sólo con un periodo de espera de tres meses desde la primera solicitud, sin necesidad de informes ni testigos. También los menores: Igualdad apostaba por los 12 años, pero la edad mínima queda fijada en los 14. Con gritos de "la infancia no se toca", han denunciado que asociaciones del movimiento "queer", a través de la educación afectivo sexual, "inducen" a los niños a pensar que hay chicos y chicas que han podido nacer en el cuerpo equivocado, "provocando dudas" y orientándolos hacia una transición al sexo contrario.

"¡Irene Montero, dimisión!" y "Mujeres del PSOE, romped la disciplina" han sido algunos de los eslóganes que se han escuchado este mediodía en la Puerta del Sol, donde varios centenares de mujeres han respondido al llamamiento de Confluencia Movimiento Feminista y 8M Movimiento Feminista de Madrid.

Estos colectivos acusan al Ministerio de Igualdad de "ignorar y despreciar" al movimiento feminista promoviendo leyes "contra las mujeres" que sustituyen el concepto de sexo por el de género y hacen peligrar sus derechos.

"Nos llamarán tránsfobas o brujas, pero el movimiento feminista siempre ha estado al lado de las minorías, no nos hemos vuelto locas", ha asegurado a Efe Laura de la Fuente, en nombre de las convocantes.

A su juicio, la ley, al impedir hacer un diagnóstico diferencia de la disforia de género, también perjudicará a las personas trans, ya que acabará con el desmantelamiento de las unidades integrales en las que ahora reciben tratamiento.

El proyecto ha dividido al movimiento feminista, con unos colectivos que defienden la normalización e integración de las mujeres trans y otros que sostienen que "ser mujer no es un sentimiento", sino "una realidad material".

Si se aprueba la ley trans, han advertido en pasquines repartidos en la plaza, un maltratador podría inscribirse como mujer, el deporte femenino se convertirá en un juego sucio, las estadísticas que se usan para combatir la desigualdad que sufren las mujeres dejarán de ser fiables y los considerados "espacios seguros" para las mujeres ya no lo serán.

Para evitar quedar fuera de las elecciones al no cumplir con el principio constitucional mexicano de “paridad de género”, 18 candidatos varones del partido Fuerza por México, en el estado de Tlaxcala, se presentaron como mujeres “trans”.

La decisión se enmarca en la reforma constitucional de 2019 que exige, entre otros puntos, que las listas de candidatos de los partidos políticos en todo México estén conformadas por 50% de mujeres y 50% de varones.

Ante las críticas, el presidente de Fuerza por México en Tlaxcala, Luis Vargas, dijo en un programa informativo de Televisa que sus candidatos “no son falsos” trans. “El tema trans son tres vertientes: es transgénero, transexual y travesti. Y es muy amplio el tema de la comunidad. Yo no puedo entrar en la privacidad de la gente y decirles tú sí y tú no”, señaló.

Actualmente el Tribunal Constitucional estudia los recursos de Vox presentados contra esta chifladura en Canarias. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado por unanimidad su informe preceptivo -pero no vinculante- muy crítico sobre el Anteproyecto de Ley para la Igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI" del Ministerio de Igualdad.

Por unanimidad, los vocales del órgano de gobierno de los jueces consideran que el anteproyecto puede generar discriminación en las mujeres no transexuales. El texto de los consejeros Ángeles Carmona, Clara Martínez de Careaga y Wenceslao Olea, califica como "loable" la finalidad del anteproyecto de garantizar la igualdad y evitar la discriminación pero enumera sus dudas respecto a que una ley de carácter "integral y transversal" sea la herramienta adecuada, necesaria y proporcionada para conseguir el objetivo de proteger a las personas trans y LGTBI.

El Consejo sostiene que el texto legal de Igualdad contiene disposiciones que contradicen el derecho fundamental a la igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución en la medida en que propician el "indeseado efecto de generar situaciones de discriminación positiva y, por tanto, de discriminación por lo general indirecta de aquellas personas no contempladas en su ámbito subjetivo de aplicación, especialmente significativa respecto de las mujeres no transexuales".

Por otro lado, respecto al principio de seguridad jurídica, el Poder Judicial recomienda una mayor concreción en aspectos de la norma tan esenciales como los referidos a las consecuencias en el matrimonio derivadas de la transexualidad, la fijeza del estado civil o la clarificación de derechos tras la reversión de la mención del sexo en el Registro Civil tras una modificación anterior.

El anteproyecto considera legitimadas para solicitar la rectificación registral del sexo a todas las personas mayores de 12 años y, a partir de esa edad, establece algunas condiciones específicas que varían en función del tramo de edad de que se trate. Así, la solicitud de cambio de sexo en el Registro Civil podrá realizarse sin limitación alguna por los mayores de 16 años; requerirá de la asistencia de sus representantes legales en el caso de los menores de entre 14 y 16 años de edad; y de aprobación judicial, previa tramitación de un expediente de jurisdicción voluntaria, en el caso de los menores de entre 12 y 14 años que muestren la madurez necesaria y la voluntad estable de proceder a la rectificación registral del sexo. Cuando se trate de menores de edad, deberá tenerse siempre en cuenta el interés superior de este colectivo.

Sobre este extremo, el CGPJ, por mayoría, se ha acordado proponer que se eleve a los 18 años el límite de edad para que una persona pueda solicitar por sí misma la rectificación de la mención registral relativa al sexo. De este modo, se extendería hasta la mayoría de edad el procedimiento previsto en el anteproyecto para los menores de entre 12 y 14 años, que requiere de aprobación judicial, previa tramitación de un expediente de jurisdicción voluntaria y la demostración de la madurez necesaria y de la voluntad estable de proceder a la rectificación registral del sexo.

El órgano de gobierno de los jueces recuerda que el Tribunal Constitucional ha establecido que en estos casos (ausencia de madurez suficiente o de estabilización de la transexualidad) la protección del superior interés del menor justifica la restricción de principios y derechos constitucionales.

Los vocales Juan Manuel Fernández, José Antonio Ballestero y José María Macías han anunciado además la formulación de un voto concurrente en relación con el ejercicio del derecho a la rectificación registral de la mención relativa al sexo, en el que señalan que la mera declaración de voluntad no puede ser por sí sola elemento suficiente para la efectividad del derecho a la rectificación registral, debiendo exigirse la acreditación -por los medios que el legislador estime proporcionados y oportunos- de la disconformidad con el sexo mencionado en la inscripción de nacimiento.

Por otra parte, los vocales Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, José María Macías y Nuria Díaz Abad han formulado otro voto concurrente en el que consideran que el anteproyecto afecta a derechos fundamentales como la libertad ideológica y religiosa, la libertad de expresión y el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral con sus propias convicciones.

La abogada feminista Cristina Almeida, tras leer el borrador de la primera y posteriormente aprobada Ley Trans, se mostró "sorprendida" por algunos términos. "Seré histórica, pero, por ejemplo, lo de los binarios o no binarios, tú se lo dices a la mitad de la sociedad y no saben qué es", ha indicado. No obstante, ha señalado que "cualquier ley es susceptible de mejora. El proyecto es una iniciativa hecha con lo más y puede salir con un poco menos". Además recordó que esta ley, como todas las demás, debe de ser debatida en el Parlamento, cosa que no ocurrió con un debate mínimamente profundo.