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martes, 11 de mayo de 2021

"LAS MASACRES", de PABLO NERUDA.




Pero entonces la sangre fue escondida
detrás de las raíces, fue lavada
y negada
(fue tan lejos), la lluvia del Sur la borró
de la tierra
(tan lejos fue), el salitre la devoró en la
pampa:
y la muerte del pueblo fue como siempre
ha sido:
como si no muriera nadie, nada,
como si fueran piedras las que caen
sobre la tierra, o agua sobre el agua.

De Norte a Sur, adonde trituraron
o quemaron los muertos,
fueron en las tinieblas sepultados,
o en la noche quemados en silencio,
acumulados en un pique
o escupidos al mar sus huesos:
nadie sabe dónde están ahora,
no tienen tumba, están dispersos
en las raíces de la patria
sus martirizados dedos:
sus fusilados corazones:
la sonrisa de los chilenos:
los valerosos de la pampa:
los capitanes del silencio.

Nadie sabe dónde enterraron
los asesinos estos cuerpos,
pero ellos saldrán de la tierra
a cobrar la sangre caída
en la resurrección del pueblo.

En medio de la Plaza fue este crimen.

No escondió el matorral la sangre
pura
del pueblo, ni la tragó la arena de la
pampa.

Nadie escondió este crimen.

Este crimen fue en medio de la Patria.




Eloy Velasco Núñez, director de Justicia con Eduardo Zaplana, llegó proveniente del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid a la Audiencia Nacional, sustituyendo en el Juzgado Central de Instrucción número 6 al hasta entonces titular, Juan del Olmo, el hombre que instruyó la causa por la masacre de Madrid del 11-M. 

Al instruir las piezas desgajadas del sumario del 11-M, Velasco abrió un nuevo sumario desglosado de la pieza principal de la investigación, contra siete acusados de colaborar y ayudar a huir a varios de los autores de la masacre. En el mismo auto, Velasco decreta el levantamiento del secreto de sumario de la pieza principal "dado el tiempo transcurrido y que la práctica de las esenciales diligencias de investigación contra los implicados que actúan en grupo organizado ya no pueden influirse o destruirse".

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) solicitaba una reapertura de la investigación de los atentados de Madrid y remitirla al Juzgado número 43 de Madrid, donde la exjuez Coro Cillán, instruía la denuncia de la de las víctimas del 11-M contra el comisario Juan Jesús Sánchez Manzano. Velasco lo rechazó.

El 11-M fue un acto de terrorismo de Estado, por ser esa la única explicación a la destrucción de pruebas materiales por motivos políticos y lucrativos, ya que entre las múltiples piezas del sumario, había una en la que la Justicia retenía fondos por cerca de medio billón de euros pretendidamente obtenidas por medios legales, y que al final fueron a parar al BCE, que no lo vió así. Se inició entonces una guerra de chantajes por difundir y callar una verdad que circulaba hasta entonces en ámbitos muy reducidos.

«Las víctimas merecen saber toda la verdad» decían los populares en la primera legislatura de Rodríguez Zapatero, pero su sucesor Rajoy no aclaró nada, y sin embargo Pablo Casado en 2.019 pidió que «se desclasifique cualquier información y que se llegue a la verdad si hay alguien que la oculta».

Unas palabras tras las del líder de Vox, Santiago Abascal: «Quince años después, todavía queremos seguir sabiendo toda la verdad», cuando también las víctimas se negaron a dar por zanjada la masacre. La presidenta de la AVT, Maite Araluce, dijo que el 11M «es un caso abierto», tras las filtraciones vinculadas al excomisario Villarejo.

Grande-Marlaska subrayó que con la investigación policial «se llegó al fondo», igual que los procesos judiciales fueron «perfectos y fiables», culpando de los ataques a la guerra contra Irak y a José María Aznar. Un ex-juez de la Audiencia nacional es lógico que cubra las espaldas de sus ex-colegas, y como ministro del Interior es lógico que haga lo mismo con sus subordinados, pero las contradicciones saltan a la vista para un profesional de la Justicia.

El expresidente del Congreso y exministro de Defensa, José Bono revela que el CNI alertó al Gobierno de un atentado islamista tres días antes del 11-M, durante la presentación en Madrid de su libro "Diario de un ministro. De la Tragedia del 11M al desafío independentista catalán." Bono aporta documentos en los que el Centro Nacional de Inteligencia alerta al Ministerio del Interior, tres días antes de aquella trágica fecha, de la posibilidad de que se produjera un gran atentado en Madrid.

Unos días antes, en el Ministerio de Defensa, se adoptaban precauciones y medidas de seguridad sobre algo que se preparaba y en concreto en el transporte público.

El Centro Nacional de Inteligencia es un Organismo público responsable de facilitar al Presidente del Gobierno y al Gobierno de la Nación las informaciones, análisis, estudios o propuestas que permitan prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones. (Art. 1 Ley 11/2002).

El CNI funciona bajo el principio de coordinación con otros servicios de información del Estado. Esta coordinación se lleva a cabo en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia presidida por la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, e integrada por los Ministros de Asuntos Exteriores y Cooperación, de Defensa, del Interior, de Economía y Competitividad, el Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, el Secretario de Estado de Seguridad y el Secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia, que actuará como secretario de la misma.

Pedro Sánchez ha colocado a la nueva vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, en la comisión que supervisa el Centro Nacional de Inteligencia y el Consejo de Seguridad Nacional, lo que le permitirá estar presente en la comisión delegada de Asuntos de Inteligencia, que es el órgano dependiente de Presidencia que coordina todos los servicios de información del Estado. 

Esta comisión no se ha reunido en el año y medio que Iglesias ha estado en el cargo. El mismo Iglesias que quería el Ministerio del Interior para destapar las cloacas del Estado, ya no es vicepresidente del gobierno y ha dejado de pertenecer a la Comisión Delegada de Asuntos de Inteligencia. El Tribunal Constitucional, parece que va a atreverse a reconocer la ilegalidad de su nombramiento, por el decreto ley para combatir los efectos del coronavirus, que permite al presidente del Gobierno elegir qué vicepresidentes participan. Lo mismo puede ocurrirle a Yolanda Díaz.



Los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) fueron agrupaciones parapoliciales que practicaron terrorismo de Estado o «guerra sucia» contra la organización terrorista ETA y su estructura de apoyo en Francia, a la que acusaban de “acoger y permitir actuar a los terroristas en su territorio impunemente”.

La investigación periodística consiguió, por un lado, tener un enorme impacto sobre la sociedad, que hasta entonces desconocía la existencia de una organización estructurada, financiada y dirigida por el ejecutivo de Felipe González que cometió asesinatos, secuestros, torturas y malversación de dinero público, de todo lo cual los jueces acusaron a miembros del Ministerio del Interior.

En 1988 la Audiencia Nacional encontró indicios delictivos en la actuación del subcomisario José Amedo, quien había sido implicado en los asesinatos del GAL en un juicio celebrado en Lisboa por unos mercenarios portugueses que aseguraban haber sido contratados por el subcomisario para atentar contra etarras en el sur de Francia. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se hizo cargo de las investigaciones, descubriendo según un informe del Ministerio de Interior que los viajes de Amedo a Portugal en 1986 fueron de carácter oficial y pagados con fondos reservados del Estado. En julio del mismo año Garzón dictó prisión incondicional para Amedo y el inspector Michel Domínguez como presuntos organizadores de los GAL, quienes fueron procesados en junio de 1989 por la Audiencia Nacional y condenados por cada uno de los seis asesinatos frustrados en los que participaron como autores por inducción, asociación ilícita y de falsedad de documentos de identidad. El tribunal prefirió la tipificación del delito de asociación ilícita al de integración en la banda terrorista, lo que coincidía con la tesis del Ministerio del Interior que contemplaba los GAL como "grupos de delincuentes inconexos entre sí" y no como terroristas. El fallo indicaba que no fue posible determinar la estructura interna, la escala jerárquica ni las fuentes de financiación de los GAL, con lo que quedaba en suspenso la identidad de los jefes superiores de los dos agentes en esta trama, y con ello la posibilidad de considerarlo terrorismo del Estado.

El juez Baltasar Garzón indagaba en el desvío de fondos reservados, que había sido impedida desde la etapa de José Barrionuevo como Ministro de Interior. Pero Garzón obtuvo el apoyo que solicitó del Consejo General del Poder Judicial y fue encarcelado Julián Sancristóbal, gobernador civil de Vizcaya, el exjefe del Gabinete de Operaciones Especiales del Ministerio del Interior Francisco Álvarez, el exjefe superior de Policía de Bilbao Miguel Planchuelo, y Julio Hierro, jefes directos de Amedo y Domínguez durante la época de los atentados de los GAL, y Francisco Saiz Oceja, jefe de la Brigada de la Policía Judicial de Bilbao.

El exministro de Interior José Barrionuevo expresó un rotundo apoyo a los detenidos: «Todas estas personas, mientras yo fui ministro del Interior, tuvieron un comportamiento excelente, leal y meritorio para este país, y yo estoy con ellos y seguiré estando». El juez Garzón decretó prisión incondicional comunicada y sin fianza para Rafael Vera, número dos de Interior y responsable de la lucha antiterrorista durante nueve años con los ministros José Barrionuevo y José Luis Corcuera, inculpado por malversación y evasión de capitales, por la presunta entrega de 200 millones de pesetas a las mujeres de Amedo y Domínguez y por el encubrimiento y financiación (con un millón de francos franceses, obtenidos de los fondos reservados) del secuestro de Segundo Marey en 1983.

También ingresó en prisión Ricardo García Damborenea, exsecretario regional de los socialistas vizcaínos, acusado de detención ilegal y tentativa de asesinato del ciudadano francés Segundo Marey, al que llegó a amenazar con asesinar si las autoridades francesas no ponían en libertad a cuatro policías españoles detenidos cuando intentaban secuestrar a un miembro de ETA. Se autoinculpó en el secuestro de Marey, implicando a Felipe González y otros altos dirigentes socialistas, a quienes acusaba de tener pleno conocimiento de las acciones de los GAL. Según García Damborenea, él mismo había hablado en varias ocasiones con González sobre la guerra sucia contra ETA.


Garzón remitió a la Sala Segunda del Tribunal Supremo el sumario de los GAL, diciendo haber encontrado indicios delictivos en las actuaciones del presidente del Gobierno, Felipe González; los exministros Narcís Serra y José Barrionuevo, y el diputado socialista Txiki Benegas, basándose en el testimonio de García Damborenea.

En 1995 el Tribunal Supremo no solicitó un suplicatorio contra González, pero sí contra Barrionuevo. El Congreso aprobó la autorización para que el Supremo pudiera imputarle en el caso GAL, por el que fue condenado.

El coronel Martínez Inglés afirma que el rey Juan Carlos fue el primero que tuvo en sus manos, antes incluso que Felipe González, la famosísima Acta Fundacional de los GAL, documento que, tras el visto bueno de las altas instituciones de la nación, pondría en marcha 28 asesinatos de Estado. De la misma manera que tenía acceso a los documentos del CESID y de las tres armas del Ejército, es imposible que el Rey no estuviera al corriente.

En agosto de 1996 el gobierno de José María Aznar negó a los jueces los papeles del Cesid que reclamaban para continuar la investigación de los distintos casos vinculados a los GAL argumentando que afectaban a la seguridad del Estado (al contrario de lo que defendía desde la oposición).

El senado constituyó una comisión de investigación que no llegó a aprobar un informe final de conclusiones,​ pero aclaró la participación de fondos y cargos públicos que después establecieron los jueces.

Durante el gobierno de José María Aznar, los antiguos cargos socialistas encabezados por Felipe González reclamaron la liberación de Rafael Vera y de José Barrionuevo, a quienes Aznar concedió el indulto parcial el año 1998.

Tras la investidura del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004, fue puesto en libertad el último preso importante ligado a estos grupos, el general Enrique Rodríguez Galindo aduciendo enfermedad.

En 1995, el teniente general José Antonio Sáenz de Santa María (que posteriormente estaría imputado por uno de los atentados del GAL​ aunque fue exculpado) hizo unas declaraciones ambiguas al periódico El País en relación con la "guerra sucia" en la que, entre otras cosas dijo: «Le responderé con una máxima: En la lucha contraterrorista, hay cosas que no se deben hacer. Si se hacen, no se deben decir. Si se dicen, hay que negarlas. Creo que he contestado.» 

Rafael Luis del Río Sendino, vinculado al Opus Dei, presidente de Cáritas España, con un hermano sacerdote vinculado a la Secretaría de Estado de la Santa Sede y otro hermano obispo en Bolivia, fue nombrado director general de la Policía por José Barrionuevo, en plena actividad de los GAL. Tuvo que declarar como testigo en varias de las causas judiciales anteriores, pero afirmó no saber nada a pesar de su cargo.



La estructura de mando de los GAL y la de la lucha antiterrorista estaba relacionada: el GAL de la Guardia Civil; el de la Policía; el del Cesid y el GAL francés. También existían grupos que integraban a algunos miembros del aparato de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que coordinaban las acciones y aleccionaban en las tácticas y el manejo de armas, funcionando como auténticos comandos antiterroristas de gran movilidad con colaboración de grupos armados internacionales. Tras cuatro años de acciones armadas, el alarmado Sur de Francia dejó de ser refugio de etarras.

Los poderes públicos cometen y encubren prácticas y métodos terroristas, directa y aleatoriomente contra la ciudadanía, para generar impacto mediático que dure mucho tiempo y para intimidar a la población. Del mismo país o de otro.

“La forma más fácil de ejecutar un ataque bajo bandera falsa es hacerlo bajo la cobertura de un ejercicio militar simultáneo que simule la realización del mismo ataque que se quiere llevar a cabo verdaderamente” (Capitán Eric H May, ex oficial de inteligencia del ejército de los Estados Unidos).

“Una terrible coincidencia”. Con estas cínicas palabras calificó el ex Secretario General de la OTAN, el holandés, Jaap de Hoop Scheffer, el hecho de que los ejercicios antiterroristas (CMX-04), puestos en práctica el 4 de marzo de 2004 tenían como escenario una capital europea y como autor a la mediática organización Al-Qaeda, creada y financiada por la CIA en los años 80, con el objetivo de combatir al ejército soviético en Afganistán. 

Casualmente, un año más tarde se produciría un cúmulo de coincidencias similares en los atentados del 7 de Julio, en Londres, llevados a cabo, supuestamente y siempre según la versión oficial, por Al-Qaeda. Las autoridades dijeron también que se trataba de una coincidencia.

Curiosamente, estos atentados se produjeron el mismo día, a la misma hora y en los mismos sitios en los que se estaba llevando a cabo otro ejercicio antiterrorista que preveía los mismos objetivos que serían atacados por los terroristas. Un hecho que sería confirmado, a las pocas horas, por las autoridades policiales británicas.

Las posibilidades de que un atentado terrorista se produzca a las pocas horas de que finalicen unos ejercicios antiterroristas, como en Madrid, o el mismo día que éstos se están desarrollando, como pasó en Londres (o en Nueva York en el 2001), es de una entre millones. Por lo que no es nada descabellado pensar que estos operativos antiterroristas sirviesen de pantalla a quienes realmente llevaron a cabo los atentados, y que con posteridad serían atribuidos falsamente al integrismo islámico.

La Red Stay Behind, que traducido al español es estar oculto, estar detrás, es una organización o red de agentes y organizaciones secretas en un país, listas para actuar en caso de que un enemigo atacara su territorio. En este caso, los operarios pasarían a formar la base de un movimiento de resistencia o a actuar como espías detrás de las líneas enemigas.

Durante la Guerra Fría, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos patrocinaron numerosas Redes Stay Behind en muchos países europeos con la intención de activarlos contra avances comunistas. A lo largo de los años se encontraron muchos escondites de armas ocultas en Italia, Austria, Alemania, Holanda y otros países, a disposición de estos ejércitos secretos.

En algunos casos, estos operativos se desvían de su propósito declarado y actúan contra adversarios en sus propios países. Esto causó que la penetración de agentes comunistas en los años 70 convirtiera grupos nacionalistas en revolucionarios dentro de las redes ocultas. Cuando incluso las instituciones estatales están involucradas en acontecimientos ilegales, detrás del “top secret” a menudo se ocultan cosas contrarias a los principios más elementales de la democracia parlamentaria. Que la justicia sometida no haga nada para descubrirlo es comprensible, y los periodistas de los grandes medios están igual.

Estos agentes actúan solos o en coordinación, dependiendo de la misión a realizar, también pueden actuar en redes involucrando diferentes organizaciones, por ejemplo un acto terrorista realizado por ellos, necesita de portadas en diarios, programas de televisión, y campañas informativas que, en realidad son desinformación.

La Red Stay-Behind fue mencionada en 1976 en el informe de la comisión de investigación parlamentaria de EE.UU. sobre la CIA presidido por el senador Frank Church. Informaciones más precisas fueron dadas para conocimiento público en 1978 por el antiguo jefe del stay-behind y exdirector de la CIA, Wiliam Colby, en su autobiografía. Documentos del Departamento de Estado de EE. UU. desclasificados y publicados han dado a conocer la existencia de un dispositivo global de injerencia en la vida democrática de los países aliados.

La más famosa de estas operaciones de la OTAN fue la Operación Gladio, cuya existencia fue reconocida por el Primer Ministro italiano Giulio Andreotti el 24 de octubre de 1990, y también fueron oficialmente reconocidas en Alemania,​ Austria, en Bélgica, en Dinamarca, en España, en Francia, en Grecia,​ en Luxemburgo, en Noruega, en Holanda, en Portugal,​ en el Reino Unido, en Suecia, en Suiza y en Turquía.

Ninguna investigación fue llevada a cabo dentro de las instituciones de la Unión Europea, a pesar de la gran cantidad de información y de los numerosos índices que dejaban pensar que los stay-behind controlaban los engranajes esenciales. Gladio era una operación italiana de la CIA desde el comienzo y fue disuelta oficialmente o, como es probable, la operación asumió otro nombre.

Se menciona a Al Qaeda como su sucesora. La CIA y el pentágono en el pasado adiestraron y formaron a algunos grupos en medio oriente para hacerlos actuar y mantener el estado de tensión. Para poder hablar de Al Qaeda debemos remontarnos al año 1979, cuando la Unión Soviética invadió Afganistán. Los muyahidines combatían contra el enemigo soviético armados y entrenados por los Estados Unidos, entendiéndolo como una obligación el luchar contra enemigos del Islam. Esta guerra duró unos 10 años, una guerra en la que musulmanes de todas partes del mundo decidieron ir a Afganistán, entre los que se encontraba un millonario (por herencia) Saudí: Osama Bin Laden, quien decidió unirse a la lucha ya que creyó que era su deber religioso.

En cada operación militar para acabar con el terrorismo, los que terminan ganando son las corporaciones armamentistas, las petroleras, las tecnológicas y las de servicio del estado, tales como: prensa, radio, televisión, policía, fuerzas armadas, aparatos de seguridad, partidos políticos, etc, que disponen de unidades de información, inteligencia y de combate secretas capaces de organizar la resistencia interna e infiltrar agentes en esferas políticas.

Joseph Goebbels, el líder nazi, decía "... puede uno rehacer una nación por medio de una revolución espiritual, con lo cual al adversario no se aniquila, sino que se le domina", y no por los servicios de seguridad, las policías y las fuerzas armadas, sino por especialistas en "emergencias, economía, sanidad, educación, derecho y orden publico, instituciones democráticas y sistemas fiscales. Expertos que puedan resolver situaciones de crisis", esto es las empresas privadas, las transnacionales, las ONGs y especialistas en manipulación de masas.

Como dijo Ernst Jünger, el miedo es la fuerza más poderosa que mueve a una sociedad. Este notable escritor dijo también que "el auténtico problema es que una mayoría no quiere la libertad y aun le tiene miedo". Ser verdaderamente libre es para Jünger lo único que vence al miedo, y oponerse a lo intolerable, la crueldad o la violencia injusta implica resistirse al gregarismo y a la propaganda, aliados necesarios de la autoridad coactiva.



jueves, 11 de febrero de 2021

"España", de Clemente Althaus.






Juntó la Muerte ante su trono un día

a los ministros do su furia aciaga,

por dar la palma al que, de todos, haga

mas fiero el cargo que a su saña fía.


Fue la sangrienta Guerra a la porfía,

el Terremoto que ciudades traga,

Incendio y Hambre y Peste, y cuanta plaga

sirve del mundo a la señora impía.


El premio horrendo cada cual espera,

indecisa la negra Soberana 

sus méritos iguales considera; 


mas viene España, y los laureles gana, 

que es ella de las plagas la más fiera 

y el gran azote de la estirpe humana.




Los atentados del 11 de marzo de 2004 pusieron en cuestión el trabajo de la Justicia, la Fiscalía y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la lucha contraterrorista. Aunque formalmente los promotores de los atentados eran islamistas incontrolados, lo cierto es que la autoría de las inteligencias española, francesa y marroquí, así como la intervención de ETA, flota sobre los atentados.

La plataforma más representativa de escépticos a la versión oficial, se denomina Peones Negros, muchos de los cuales se manifestaban los días 11 de cada mes por toda España con el fin de "homenajear a las víctimas y exigir la verdad", tras la gran cantidad de contradicciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en los meses previos y posteriores a los atentados.

La existencia de una trama policial que colaboró en los atentados y saboteó la instrucción del sumario la corroboran los informes contradictorios, declaraciones manipuladas y documentos falsos obrantes en el sumario.

Italia reconoció que los atentados contra la estación de tren de Bolonia, que causaron decenas de muertos, fueron obra de sus servicios secretos. Hay gobiernos que asesinan a sus ciudadanos con el fin de conmocionar a la  población, y España no desvela unos cuantos secretos oficiales como el 11M porque dicen que el país no está preparado para conocer la verdad.

El Chino, aparentemente el jefe de la célula de Leganés, fue narcotraficante en el País Vasco y le comentó a Trashorras, según consta en un informe policial, que conocía a los etarras de la caravana de Cuenca. Yusuf Galán, implicado en la trama española del 11-S, fue interventor electoral de Herri Batasuna. Abdelkrim Beresmail, preso en la cárcel, poseía la dirección de la prisión donde cumplían condena dos terroristas etarras, Harriet Iragui y Henri Parot y el nombre de este último. En los diarios de visitas de la cárcel de Villabona, consta que Fernando Huarte, militante del PSOE asturiano, y miembro encubierto de los servicios de inteligencia españoles, se entrevistó con Benesmail antes y después del atentado. La ruta seguida por los que transportaron el explosivo desde Asturias también ha sido alegada como sospechosa, ya que buscaron pasar por Burgos en lugar de seguir una ruta más directa, y fueron detenidos por la Guardia Civil de tráfico, que les permitió reanudar su marcha.

Según los datos proporcionados por el sumario al menos 5 de los 29 confidentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado (Policía, Guardia Civil, servicios de inteligencia) procesados habrían avisado con tiempo de los atentados (Lavandera, Joe, Cartagena, etc) o formarían parte de la trama asturiana de explosivos (Antonio Toro, Carmen Toro, Suárez Trashorras, Rafa Zouhier).

Los diferentes grupos que organizaron el 11-M estarían controlados de un modo u otro por las Fuerzas de Seguridad del Estado: La trama asturiana, a través de las informaciones que Zouhier proporcionaba a la Unidad Central Operativa (dependiente de la Guardia Civil) y las que Lavandera proporcionó a la Guardia Civil asturiana; el grupo de Lamari, controlado a través del agente del Centro Nacional de Inteligencia "El Pollero", y él, así como el grupo de El Chino, controlado a través del topo "Cartagena".

En el año 2002 el jefe del aparato electrónico de ETA, Elgorriaga Kunze, lograra diseñar, tras dos años de trabajo, un sistema de detonación de bombas mediante teléfonos móviles que fue empleado fallidamente en el cementerio de Zarauz durante un homenaje al concejal asesinado por ETA Ignacio Iruretagoyena. Esta teoría se sustenta en que el auto del juez no ha conseguido aclarar ni quién adquirió los móviles ni quién montó las bombas, pues, según los defensores de las teorías de la conspiración, ninguno de los fallecidos en Leganés disponía de los conocimientos técnicos necesarios para ello. Añaden que los indios dueños de la tienda donde se compraron los móviles afirmaron que éstos fueron adquiridos por personas de raza española, con acento español, y que hablaban entre ellos en una lengua extraña. El diputado del PP Jaime Ignacio del Burgo, preguntó ante la Comisión de Investigación de los Atentados del 11-M, si ese idioma hubiera podido ser el euskera.


La mochila de Vallecas, que fue vital para detener a Jamal Zougam antes de las elecciones, no fue detectada en los trenes ni por los Tedax ni por los perros que olisquearon palmo a palmo cada uno de los vagones llenos de cadáveres y restos humanos. El inspector Álvarez, que estuvo presente en el Pozo del Tío Raimundo la mañana del 11 de marzo, afirmó ante el juez Del Olmo que la citada mochila no se encontraba entre los objetos hallados en los trenes.

Según la declaración del inspector jefe que era responsable de dicha custodia, Miguel Ángel Álvarez-Sánchez, ante el juez Del Olmo, no se siguieron sus órdenes y no podía hacerse responsable del tiempo que los bultos pasaron el pabellón 6 del Ifema sin su consentimiento. Esta declaración del inspector Álvarez anulaba el sumario, pero el jefe de la comisaría de Puente de Vallecas donde apareció la mochila, fue encontrado culpable de manipular las pruebas, tras lo cual fue absuelto por el Tribunal Supremo, hecho irrelevante para las conclusiones de la fiscal. 

El automóvil Škoda Fabia, donde se hallaron los rastros de ADN que permitieron vincular al 11-M con Lamari y otros 6 miembros de su trama, no fue descubierto en Alcalá de Henares hasta junio de 2004, según se desprende del propio informe de la policía, 3 meses después de los antentados y 2 meses y medio después de que explotara el piso de Leganés donde estaban los terroristas.

Luis del Pino afirma que se ocultan las grabaciones de los terroristas en las estaciones, lo que parece indicar que los suicidas de Leganés no fueron los organizadores ni se habrían suicidado, sino que serían unos mercenarios a los que se les habría pagado 3.000 euros por colocar las mochilas-bomba del 11-M. Afirma que, tanto la mochila que no estalló, como la camioneta y un coche usados por los terroristas para llegar a la estación de Alcalá de Henares, son pruebas falsas.

Luis del Pino afirmó que las autopsias archivadas en el sumario revelaban que los cuerpos no tenían metralla, a diferencia de lo que sucedía en el explosivo de la citada mochila de Vallecas, que sí la tenía. Carmen Baladía (Directora del Instituto Anatómico Forense durante el 11-M) en una entrevista concedida a Luis del Pino en la que detallaba como coordinó y supervisó las labores de identficación y las autopsias de las víctimas, contestaba de esta manera a una de las preguntas sobre la metralla: Luis del Pino: "¿En los cuerpos de las víctimas del 11-M había metralla, clavos, tornillos?"Carmen Baladía: "Nada, nada en absoluto. De los 191 cuerpos solamente creo que en uno se encontró un fragmento metálico, que debía ser, lógicamente, de los trenes. Pero ni clavos, ni tuercas, ni tornillos. No había metralla entre nuestros 191 muertos.​"

En 2012 el fiscal del Estado Eduardo Torres-Dulce ordenó abrir una investigación al juez instructor Juan del Olmo por ocultar en el lugar donde trabajó la empresa que se encargó de la reparación o el desguace de los trenes restos de uno de ellos sobre los que, según la noticia, no se hizo "ningún estudio" o "en caso de que se hiciera se ha mantenido oculto". Tres meses después el caso era archivado porque los fiscales no apreciaron "ninguna actuación de ocultación o manipulación de los referidos restos" para hacer desaparecer pruebas. Los fiscales afirmaban que "todo se llevó a cabo con pleno conocimiento de los órganos judiciales de la instrucción de la causa y del enjuiciamiento, que fueron informados en su momento".

La destrucción intencionada de las pruebas tiene como único objeto impedir la reapertura del caso, pero si todas estas obstrucciones a la investigación provienen del propio aparato del Estado, es a éste a quien señalan como responsable.



Aznar, Mayor Oreja y Maroto, entre otros, han presumido de su capacidad de negociación con etarras y batasunos, negociaciones que culpan las que también realizó el PSOE. El PP tiene en su haber más de 127 acuerdos en el Parlamento Vasco con Bildu, ha negociado con ETA el acercamiento de los presos etarras a las cárceles vascas cuando aún la banda no había dejado de matar y ahora quiere hacer olvidar todo eso a la opinión pública con la ayuda de buena parte de la prensa publicada.

Los mismos populares que ocultan negociaciones con Bildu y con ETA aprovechan para señalar a un Gobierno que hace lo mismo. Sánchez fue nombrado por una coalición de bolivarianos e independentistas, no por las urnas.

Si bien el art. 62 de la Constitución prohíbe las amnistías, cuando otorga la facultad al Rey de “ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley que no podrá autorizar indultos generales”, lo cierto es que un gran número de presos de ETA se ha beneficiado de ellas.

Con una falta absoluta de sinceridad, los presos etarras se pusieron de acuerdo para enviar cartas en las que pedían perdón (a su manera) a sus víctimas y familiares, "lamentando pero no condenando" el daño causado. El Gobierno socialista y después el popular hicieron como que se lo creían y los fueron poniendo en libertad poco a poco, para que no se dijese que se trataba de una amnistía encubierta.

El indulto no puede causar perjuicio a tercera persona ni lastimar sus derechos. Con carácter previo debe ser oída la parte ofendida, cuando el delito por el que hubiese sido condenado el reo fuere de los que solamente se persiguen a instancia de parte. Si se trata de un delito perseguible de oficio, la opinión de víctimas o perjudicados no impide la impunidad.

El pseudoindulto que se viene aplicando para la liberación de terroristas se confunde con la derogación de la llamada "doctrina Parot" con el que se conoce la jurisprudencia establecida a partir de la sentencia del Tribunal Supremo del 28 de febrero de 2006 por la cual la reducción de penas por beneficios penitenciarios (trabajo, estudios, etc) se aplica respecto a la pena total y no respecto al máximo legal permitido de permanencia en prisión que, según el ya derogado Código Penal de 1973, es de 30 años.

Aunque el Tribunal Constitucional de España mantuvo un tiempo que la Justicia podía aplicar un doble cómputo de las penas para los etarras, en 2013 la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió definitivamente que la aplicación de la doctrina Parot con carácter retroactivo vulneraba el Convenio Europeo de Derechos Humanos,​ por lo que las reducciones de condena comenzaron a ser aplicadas sobre el máximo tiempo de permanencia en prisión legal permitido.

Dictada la sentencia del TEDH, el Gobierno de Rajoy procedió a la puesta en libertad inmediata de delincuentes con penas que superaban ampliamente los 30 años.

El propio Ministro del Interior y antes Juez de la Audiencia Nacional es uno de quienes olvidan a las víctimas de ETA, como le recordó certeramente la Abogada del Estado Macarena Olona, Diputada de VOX en el Congreso. El entonces Juez en Bilbao Grande-Marlaska acusó a un agente de la policía autónoma vasca que disparó al aire para evitar ser agredido por manifestantes de la organización ilegalizada Herri Batasuna.

Tanto cinismo asquea casi tanto como recordar las falaces palabras de quienes han enterrado a compañeros de partido y ahora se olvidan de lo que dijeron, como Patxi López.



Desde el primer momento del atentado de Las Ramblas el magistrado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, permitió una doble investigación sobre el atentado: una, en manos de los Mossos quienes, a pie de calle iniciaron las diligencias, y otra, en manos de la Unidad de Información de la Guardia Civil.

El presidente de la  Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas, José Vargas, ha explicado que “quizá es hora de exigir responsabilidades penales a Colau por no haber adoptado esta medida de protección, que podría haber salvado muchas vidas”, refiriéndose a la negativa de Ada Colau a instalar bolardos en La Rambla de Barcelona, tal como había aconsejado el Ministerio de Interior después de que las autoridades españolas y los Mossos d’Esquadra recibieran una alerta de que existía un serio riesgo de atentado yihadista, concretamente en Las Ramblas de Barcelona. Pese a ello, la alcaldesa se negó afirmando que Barcelona es una ciudad segura.

Pese a ello, la alcaldesa Ada Colau ejerce la acusación contra los tres únicos procesados por los atentados del 17A, no descarta recuperar la acusación de asesinato durante el juicio, y junto a la Generalitat, respalda la petición de penas del fiscal, de hasta 44 años de prisión, y no acusa de delitos de asesinato a los tres procesados porque no participaron materialmente en los ataques que los otros miembros de la banda terrorista perpetraron en la Rambla de Barcelona y en Cambrils (Tarragona).

En la misma contraposición de intereses, la Generalitat pasa de largo por el hecho de que titular del Juzgado al que pertenece Alcanar consideró que existía la posibilidad de un atentado yihadista cuando observó que en la vivienda usada como centro de operaciones de los terroristas de Barcelona y Cambrils habían decenas de bombonas de butano. y apuntó en la inspección ocular tras la explosión en la casa de Alcanar que las bombonas “podían estar preparadas para un atentado”.

Los agentes de los Mossos d´Esquadra que se encontraban presentes en la vista de la jueza le contestaron: “Señoría, no exagere”, según las mismas fuentes. Los Mossos rechazaron la colaboración de la Guardia Civil, y en las tareas de desescombro se produjo una segunda explosión.

La jueza contó a sus superiores lo vivido tras los atentados. Los datos fueron analizados en una reunión a la que asistieron varios magistrados destinados en Cataluña. A la jueza Sonia Nuez Rivera “no le cuadraba” por el tipo de materiales encontrados en la vivienda que se tratara de un laboratorio de fabricación de drogas, como estimaron los Mossos.

La actuación de los Mossos en Alcanar ha provocado contundentes críticas por parte de guardias civiles y agentes de la Policía Nacional. En un comunicado, asociaciones de estos Cuerpos denunciaron que la Policía autonómica rechazó que los Tedax de la Guardia Civil entraran en la vivienda para investigar.

La asociación de víctimas de Pilar Manjón también está personada en la causa y pide la responsabilidad del Estado pero no la de Colau ni la del Ayuntamiento de Barcelona.

Colau ha defendido que se constituya una comisión de investigación en el Congreso para aclarar todas las dudas sobre el atentado: "Tenemos que saber toda la verdad sobre el 17-A. Lo merecemos como sociedad democrática y, en particular, las víctimas. Deben saber todos los detalles". Nos los dará el Juez Andreu, animado de sus simpatías.



Documentos recién desclasificados de la CIA fechados en 1984, indican que “Felipe González ha acordado la formación de un grupo de mercenarios, controlado por el Ejército, para combatir fuera de la ley a los terroristas”. También se señala que esta operación podría cuestionar la Transición y “las credenciales democráticas del Gobierno español”.

La formación soberanista vasca, EHBildu, solicitó la comparecencia ante el Congreso del expresidente Felipe González para dar explicaciones sobre su relación con los GAL. Los letrados del Congreso se opusieron, ya que González no es actualmente diputado ni miembro del Gobierno, pero dejan abierta la puerta a una Comisión de Investigación sobre los GAL. No voy a repetirme sobre lo que ya he opinado en contra de toda manifestación del terrorismo en "Secreto bien guardado, el que a nadie se ha contado."

El citado caso del GAL es una hipócrita cortina de humo cuya finalidad no es esclarecer algo que todo el mundo sabe, sino obtener rédito mediático.

El terrorismo está orientado a generar un impacto mediático generalizado que se basa en el miedo, y las acciones que los gobiernos emprenden contra esa clase de terrorismo con métodos prohibidos por el derecho internacional, son terrorismo de Estado.

El terrorismo puede perseguirse en España por aplicación del Código Penal vigente en el momento de la comisión de los hechos, al ser norma más favorable al reo que el actual, pero también puede perseguirse en el extranjero al ser delito internacional. Si la Justicia española no lleva a cabo un juicio con las más mínimas garantías, habrá que acudir a otro Tribunal.

La Corte Penal Internacional (llamada también Tribunal Penal Internacional) es un tribunal de justicia internacional permanente con sede en la ciudad de La Haya, como la Corte Internacional de Justicia, órgano judicial de Naciones Unidas.

Su misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, de guerra, de agresión y de lesa humanidad, éste último discutiblemente comprensivo de las acciones de los GAL, aunque sí podría abarcar matanzas indiscriminadas de civiles en actos de terrorismo de Estado.

El funcionamiento de la Corte se rige por una serie de normas y principios que lo transforman en un tribunal especial, con principios aplicables como son: el de complementariedad, por el que la Corte funciona solo cuando un país no juzga o no puede juzgar los hechos de competencia del tribunal; el de imprescriptibilidad de éstos y el de que el cumplimiento del cargo no es eximente de responsabilidad penal.

Pero la investigación de los hechos que fueran constitutivos de delitos se puede iniciar por remisión de un Estado Parte a la Corte de una situación particular; por solicitud del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o de oficio por el Fiscal de la Corte.

En este caso es improbable que España pida juzgar a Felipe González y tampoco el Consejo de Seguridad de la ONU, en el que Estados Unidos tiene derecho de veto y se ha afirmado claramente en contra de esta jurisdicción. Por tanto, la única posibilidad sería que el Fiscal maneje los antecedentes que le faciliten y presente una acusación que sería revisada por la Cámara de Asuntos Preliminares. Si es procedente se acoge la acusación que pasa a ser conocida por la Cámara de Primera Instancia, donde se realiza el juicio. Una vez absuelto o condenado, tanto el Fiscal como el condenado en su caso, pueden apelar o casar ante la Cámara de Apelaciones.

Las penas que puede establecer la sentencia puede ser de prisión por un plazo no mayor de 30 años, o cadena perpetua, además de penas accesorias. Su cumplimiento se puede llevar a cabo en el país sede de la Corte (Holanda), o en otro, de acuerdo con los convenios que se puedan establecer entre la Corte y otros países.