GUZMAN1

Mostrando entradas con la etiqueta bandera falsa. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta bandera falsa. Mostrar todas las entradas

viernes, 5 de julio de 2024

"SATÁN", de Miguel de Unamuno.



Pobre Satán! botado del escaño

del trono del Señor de las mercedes

tú que ablandar con lágrimas no puedes

el temple diamantino de tu daño.



Que no puedes llorar. Satán huraño,

preso del miedo único en las redes,

del miedo á la verdad, á que no cedes

pobre Satán, padre del desengaño!





Juan Carlos I se aupó y se sostuvo gracias a su colaboración con USA y cayó cuando se pusieron de manifiesto sus traiciones.

Así relata el coronel Juan Alberto Perote su paso por Italia para participar en un programa especial de adiestramiento castrense dirigido por la CIA: la red «Gladio: «En febrero de 1969 me incorporé a la Scuola d'Infanteria de Cesano, cerca de Roma, para realizar su famoso curso de «ardimento». La palabra ardito significa atrevido, y en aquel contexto definía al militar dispuesto a todo. Me convertí en el primer militar español admitido en tan selecto club y en el único alumno que no pertenecía a la OTAN. La CIA me consideraba miembro durmiente de la red stay behind (permanecer detrás), una estructura armada y secreta de la Alianza destinada a organizar actos partisanos y a la captación de nuevos adeptos en el caso de que Europa Occidental fuera ocupada por el Pacto de Varsovia. Desde entonces, lucí en mi guerrera el distintivo de aquel curso y, ahora que lo pienso, es una espada de gladiador: un gladio.» 

Esta organización clandestina, íntimamente conectada con la OTAN, tiene en España, a través del SECED, y más tarde del CESID, una significativa actividad, especialmente durante la Transición. La ultraderecha italiana, controlada por sus servicios secretos y la CIA, actúa intensamente durante los años setenta y ochenta en nuestro país. Los crímenes del Batallón Vasco Español y después de los GAL, la matanza de Atocha y el golpe de Estado del 23-F, entre otros acontecimientos, tienen algún tipo de relación con «Gladio».

Las investigaciones del juez italiano Felice Casson sobre el atentado de Peteano de Sagredo, cometido en el norte de Italia el 31 de mayo de 1972, en el que mueren tres carabineros, conducen al descubrimiento de un «ejército duplicado» y clandestino, una especie de OTAN paralela, creado a mediados de los cincuenta, con una estructura controlada por los servicios de inteligencia norteamericanos. «Gladio», el nombre con el que se conoce la rama italiana de esta red secreta, se acaba empleando para denominar a toda la organización.

Pero en Bélgica, originariamente, adopta el nombre de «Red Retaguardia», y en Grecia, el de «Vellón», o «Piel de oveja». Durante la dictadura franquista, en España la red «Gladio» está coordinada desde el SECED.

En diciembre de 1969 explota una bomba en el Banco de Agricultura de piazza Fontana, en Milán, que causa 17 muertos y 90 heridos. La policía detiene a un anarquista, Pinelli, al que se quiere responsabilizar del atentado, y que cae desde un piso de la comisaría durante el tercer día de los interrogatorios. Diez años más tarde son condenados por los hechos dos fascistas y un miembro de los servicios secretos italianos.

En diciembre de 1970 hay un intento de golpe de Estado, encabezado por Valerio Borghese, que se refugia en España tras el fracaso de su plan. Tres años después se descubre un nuevo proyecto fascista de golpe de Estado, y en mayo de 1974 explota una bomba en Brescia, durante una manifestación sindical, que causa 8 muertos y un centenar de heridos. Tres meses más tarde, el 4 de agosto, explota una bomba en el tren Italicus, que causa 12 muertos y 45 heridos. La estrategia de la tensión auspiciada por la CIA continúa y en agosto de 1980 explota una nueva bomba en la sala de espera de segunda clase de la estación ferroviaria de Bolonia, que provoca 85 muertos y centenares de heridos.

En diciembre de 1984, otro artefacto, colocado en el tren 904 Nápoles-Milán, explota cuando el convoy atraviesa el túnel de los Apeninos y provoca 16 muertos y un centenar de heridos. 

El 7 de noviembre de 1988, el escurridizo y turbio político italiano Giulio Andreotti admite ante el pleno del Legislativo italiano que «Gladio» siempre tuvo el apoyo financiero y político de los gobiernos norteamericano, italiano, español, británico y francés. La conmoción provocada por el descubrimiento de la red aumenta tras las declaraciones del entonces ministro de Defensa belga, Guy Coeme, como: «Gladio es una organización secreta, enraizada en los servicios de información militares, que ha actuado coordinadamente en toda Europa».

Las declaraciones de André Moyen, funcionario de los servicios secretos belgas, a los medios de comunicación vienen a confirmar que, a partir de la década de los sesenta: «Los servicios españoles han jugado un papel de faro en el reclutamiento de agentes y en el suministro de información y material para la acción de los servicios paralelos».

En un informe titulado «La CIA conspira en España», de enero de 1984, del que se publican algunos extractos en la prensa española6 , se da a conocerla información descubierta en Atenas por un colectivo del PASOK (Movimiento Socialista Panhelénico) griego sobre los «Planes opcionales para España» y sobre la Operación Transición. En el informe se señala que la mayoría de las actuaciones de los servicios de información norteamericanos en los países del Mediterráneo están coordinadas desde la estación de la CIA en Italia y una de sus principales bases es la embajada estadounidense de Madrid.

Según el ex coronel italiano Alberto Bolo, durante los años setenta, la red «Gladio» dispone de un campo de entrenamiento militar en Maspalomas, a 70 kilómetros de Las Palmas de Gran Canaria. Bolo, que forma parte de la red controlada por la CIA hasta 1976, declara al programa de TVE Informe Semanal, en noviembre de 1990, que cuando él se dirigía a Maspalomas, hacía escala en Barcelona, donde le recogían militares españoles en un vehículo del Ejército. También afirma que asistían a los cursos de instrucción de la base situada en Canarias alrededor de quinientos individuos, algunos españoles y casi todos los demás europeos. En el programa televisivo explica, además, que los «gladios» no estaban seleccionados por su capacidad física o sus conocimientos militares. Eran personas que sabían varios idiomas y su labor debía ser más informativa que operativa. A raíz de estas declaraciones de Bolo, el secretario general de la OTAN, Manfred Woerner, declara en Budapest que «Gladio» es un «secreto oficial». Al mismo tiempo, el Gobierno de Bélgica ordena disolver la red y estudiar sus implicaciones en atentados de la extrema derecha cometidos durante la década de los ochenta.

Durante los últimos años de la dictadura y a lo largo de toda la Transición, España se convierte en refugio de ultraderechistas italianos, que aquí disfrutan de protección policial y capacidad operativa para organizar con tranquilidad sus atentados. Cómodamente asentados en Madrid, trabajan para la Policía española y no cesan de cometer acciones criminales en su país de origen. Tras fugarse de su país, los neofascistas italianos llegan primero a Barcelona y después a Madrid. Los primeros que les apoyan son los falangistas Alberto Royuela y Luis Antonio García Rodríguez, y otros miembros de la Guardia de Franco. La colaboración del principal cabecilla del grupo, Stefano della Chiae, con los servicios de información dirigidos por el teniente coronel San Martín y con el comisario general de Información Roberto Conesa queda acreditada por numerosas informaciones judiciales.

Las investigaciones del juez italiano Pier LuigiVigna desvelan el poder de la trama italiana ultra en la España de los años setenta: «Los servicios secretos españoles utilizaron a exponentes radicales y violentos de los grupos italianos en las provocaciones ultras de los primeros años de la Transición. Policías de la entonces Brigada Político-Social de Madrid frecuentaban la pizzería El Appuntamento, donde se reunían los italianos, buscando mercenarios para llevar a cabo provocaciones y atentados ultras».

Mario Pvicci, Pier Luigi Concutelli, Mario Tuti, Elio Massagrande, Cario Cicuttini y muchos otros se convierten en confidentes y colaboradores de los servicios de seguridad españoles. Comienzan a intensificar sus acciones en los tiempos en que Manuel Fraga es ministro de la Gobernación.

Su intervención en la guerra sucia contra ETA es muy importante y la colaboración de algunos de ellos con la Policía española se prolonga hasta mediados de los ochenta, en la época de los atentados de los GAL. Lo mismo que la de antiguos miembros de la OAS, como Jean-Pierre Cherid, que muere el 19 de marzo de 1984, en Biarritz, al explotarle el artefacto que manipula para atentar contra un etarra. La familia del mercenario llega a reclamar una pensión al Ministerio del Interior, y la solicitud se hace por medio de un conocido policía en excedencia: José Antonio González Pacheco, «Billy El Niño».

Otro capítulo especialmente turbio de la Transición española es la matanza de los abogados laboralistas de la calle de Atocha. En esa ocasión, como en tantas otras, se da carpetazo al asunto sin descubrir quién hay detrás de los autores materiales del atentado, con capacidad real para auspiciar tan terrible atentado. También queda sin aclarar cuál es el origen de las armas empleadas y si algún ultra italiano participa en los hechos. Los abogados supervivientes sólo recuerdan haber visto a dos asesinos, los españoles García Julia y Fernández Cerra, y se acredita que en el descansillo les esperaba Fernando Lerdo de Tejada, pero es posible que fuera del despacho hubiera alguien más.

Declaraciones del ultraderechista italiano arrepentido Calore llevan, en 1982, a la detención del militante de Avanguardia Nacionale (el cabecilla era Della Chiae, que estuvo en Montejurra y en numerosos episodios de la Transición), cuyas confesiones arrojan luz sobre la implicación de los italianos en las tramas negras de la Transición española. Uno 8 El domingo 9 de mayo de 1976, grupos ultraderechistas irrumpen en la concentración carlista de Montejurra (Navarra) y asesinan a Aniano Jiménez Santos y Ricardo García Pellejera. Entre los agresores hay fascistas italianos refugiados en España, como Augusto Cauchi o Stefano della Chiae. 53 de los elementos clave es Cario Cicuttini Filiputti, peligroso ultraderechista que continúa viviendo en España y estuvo casado con la hija del general Fontanals Armengol, un militar vinculado durante años a los servicios de información. Las pruebas periciales de balística, realizadas por expertos policiales, no son concluyentes para determinar el origen de los proyectiles utilizados en la matanza de Atocha. Los abogados supervivientes hablan de que Fernández Cerra llevaba un «pistolón», que disparaba con gran rapidez, lo que encaja con la teoría de que el arma utilizada era un subfusil Ingram Marietta que había pertenecido a la Policía española y que formaba parte de un lote que fue desviado por los servicios de información de Carrero hacia la ultraderecha italiana. Con una de las mariettas de esa partida asesinó el ultra Pier Luigi Concutelli al juez italiano Vittorio Occorsio el 10 de julio de 1976. El inspector de policía Juan José Medina sostiene que «las pruebas periciales que practicó la policía científica sobre las armas de Atocha se hizo sólo con las municiones, con las balas obtenidas, nunca con las armas, pero en cierto momento el informe dice que la cadencia de disparo no puede pertenecer a una pistola normal, sino que debía ser un arma ametralladora y de las características de la Ingram Marietta, puesto que la munición era también de 9 milímetros Parabellum». Continúa el inspector Medina: Tuvimos poca colaboración y nos resultó muy difícil hilvanar la investigación, pero los ultras italianos de la época aparecieron en todos los hechos de aquellas mismas características que se produjeron en España. Además, nosotros tuvimos constatación oficial, por un funcionario de policía, de su conexión con lo de Atocha. Pero la verdad es que no lo sabremos con exactitud, al menos yo. Nosotros fuimos apartados de una forma brusca y violenta, no sólo de esa investigación concreta sino también de algunas otras. Casi todas ellas relacionadas con el mismo entorno. De pronto parece ser que en el Ministerio del Interior se despertó una especie de conciencia de no acosar a nadie. Se nos debería haber avisado antes de hasta dónde se querían llevar las investigaciones. Yo ya tenía previsto un viaje a Italia para entrevistarme con el juez Vigna, que llevaba la investigación de la muerte del juez Occorsio. Aquellos eran unos años muy difíciles de la lucha contra ETA y el gobierno socialista trataba de no hacer lo mismo que había hecho el gobierno anterior, pero quizá se veía obligado por el mismo sistema a continuar determinadas acciones y lo que menos le interesaba en ese momento, posiblemente, era destapar una trama más amplia en la cual hubiera implicado algún otro funcionario o alguna otra instancia.

Es el año 1983, con el PSOE ya en el poder y José Barrionuevo y Rafael Vera en el Ministerio del Interior. Bajo las órdenes del subcomisario Mariano Baniandrés, jefe de la entonces llamada Brigada Antigolpe, el inspector Medina sigue la «pista de las mariettas». Ambos son cesados antes de que puedan concluir su investigación, pero llegan a reconstruir el itinerario de las tres mariettas. Eran subfusiles Ingram, modelo M-19, de 9 milímetros Parabellum, pertenecientes al Servicio Central de Documentación de la Presidencia del Gobierno, entonces dirigido por el coronel Andrés Cassinello Pérez. Las mariettas han sido compradas por la Policía española a la fábrica Military Armament Corporation, de Atlanta (Estados Unidos). El inspector Medina es destituido justo cuando va a viajar a Roma para mostrarle a Concutelli fotos de varios miembros del SECED, con la intención de que el ultraderechista reconozca a la persona que le ha dado el arma. Los jueces Pier Luigi Vigna, de Florencia, y Alberto Macchia, de Roma, dedicados durante años a investigar la subversión fascista italiana y sus conexiones con el extranjero, declararon al diario Il Messaggero que, a partir de las declaraciones de un terrorista italiano arrepentido, que está colaborando con la justicia, han llegado a la conclusión de que un neofascista italiano ha participado en el ametrallamiento al grupo de abogados de la calle de Atocha el 24 de enero de 1977. Y recuerdan que las autoridades españolas nunca han respondido a los magistrados italianos cuando éstos han preguntado «cómo se explica que el jefe militar de Ordine Nuovo, Pier Luigi Concutelli, tuviera en su poder, al ser detenido en Roma, la metralleta Ingram M-10, conocida como marietta, el mismo tipo de arma que sirvió para asesinar a los abogados españoles».

El 10 de octubre de 1991, el Tribunal Civil y Penal de Venecia hace pública la sentencia del procedimiento penal 1/89 contra los jefes de los servicios secretos italianos Fulvio Martini y Paolo Incerilli. En la sentencia del magistrado Felice Casson se señala: «La organización Gladio tuvo su origen en 1956 en un acuerdo entre el servicio secreto militar italiano (SIFAR) y el estadounidense (CIA)». Efectivamente, a partir de ese momento los servicios de inteligencia de ambos países se coordinan para emprender operaciones subversivas a fin de que el proyecto comunista italiano jamás llegue a ganar unas elecciones generales.

La «guerra sucia» y la tensión terrorista, reconocidos ante los medios de comunicación por el entonces presidente de la República italiana, Francesco Cossiga y por la sentencia, que dice más adelante: «No hay duda de que la creación y la actividad de Gladio tuvieron relevancia política y comportaron "cargas financieras" para el Estado italiano, además de "modificaciones", por no decir violaciones de las leyes ordinarias, como aquellas en materia de introducción y transporte de armas y explosivos». Es consciente de todo esto el abogado del Estado que, en fecha 7 de enero de 1991, requiere la opinión del presidente del Consejo de Ministros sobre el complejo clandestino denominado «Stay Behind» (restare indietro, «quedar detrás»). La sentencia concluye que: «El acuerdo del 28 de noviembre de 1956, alcanzado entre los servicios de información italianos y estadounidenses para la creación de la organización clandestina, no es un tratado internacional sino que forma parte de la ejecución y actuación del tratado OTAN aprobado por la ley n.° 465/49».

En el proceso de «estrategia de la tensión» desarrollado en Italia durante varias décadas aparece implicada una larga lista de militares y altos miembros de los servicios secretos. Varios de ellos llegan a ser procesados por actividades terroristas, como los generales De Lorenzo y Miceli.

Una bomba de aire-combustible consiste en un contenedor de un líquido volátil o gas a alta presión que revienta y produce la dispersión del combustible en una nube que se mezcla con el oxígeno de la atmósfera. Entonces detona la carga que propagará la explosión por toda la nube de combustible. 

Ya usados en la Segunda Guerra Mundial, se habrían desarrollado en la década de 1960 para ser empleados por los Estados Unidos durante la guerra de Vietnam, para destruir la red de túneles del Viet Cong, "despejar" zonas de jungla para el aterrizaje de helicópteros y "limpiar" campos minados. Las bombas aire-combustible ciertamente existen en la literatura publicada en inglés, ya a mediados de la década de 1970.

Pueden provocar daños internos y asfixia en las personas que hayan quedado fuera de la zona de mayor efecto de la explosión; por ejemplo, en galerías o túneles profundos, a consecuencia de la onda explosiva, el calor y la subsiguiente extracción del aire debida al vacío. Algunos de los combustibles empleados, tales como el óxido de etileno y el óxido de propileno, son altamente tóxicos, por lo que son letales aunque falle su ignición.

El 11 de julio de 1978, un camión cisterna sobrecargado de propileno explotó frente al camping de Los Alfaques situado en el municipio de Alcanar, comarca del Montsiá en la provincia de Tarragona desatando una devastadora deflagración cuyo resultado fue de 243 fallecidos y más de 300 heridos graves. La cisterna tenía una capacidad aproximada de 45 metros cúbicos y una capacidad legal máxima de 19,35 toneladas de carga de 8 bar (unas 8 atmósferas). Sin embargo, la cisterna de acero no disponía de ningún sistema de alivio de presión y su capacidad fue sobrepasada con creces.

Una explosión cuyo empuje partió al camión en dos, proyectando sus mitades en direcciones opuestas a lo largo de cientos de metros hizo que una bola de fuego cubriese en un instante la mayor parte del cámping de los Alfaques, afectando a muchos de los veraneantes que estaban allí. Además, las altas temperaturas de más de 2000 °C hicieron que la gran cantidad de bombonas de gas que había en el propio campamento se inflamaran, sumándose al incendio de la explosión. Según los testigos presenciales, la temperatura en la zona fue tan alta que hizo hervir el agua de la orilla del mar hacia donde huían las víctimas.

Fallecieron 158 personas en el acto, incluido el conductor del camión. Los periódicos divulgaron que la tragedia duró aproximadamente 45 minutos, desde la explosión a la llegada de las ambulancias y otras unidades de emergencia. Mientras tanto los veraneantes y una gran cantidad de residentes locales, ya trasladaban los afectados a centros médicos en sus propios coches o autocaravanas. La Guardia Civil y el ejército recorrieron el campamento arrasado buscando supervivientes.

En 1982 se determinó la responsabilidad de las empresas "Cisternas Reunidas" y "Enpetrol", acusadas de imprudencia temeraria y sentenciadas al encarcelamiento por un año de sus directivos. En subsecuente acción civil, se las obligó a pagar compensaciones por un total de 2.200 millones de pesetas.

Puede ocurrir una explosión aire-combustible accidentalmente a consecuencia de una Explosión de Vapor en Expansión por Líquido en Ebullición (BLEVE), como determinaron los Tribunales en aquel caso. Pero pudo ser uno de los "experimentos" que Juan Carlos autorizó en sus pactos con los norteamericanos, lo que explica que España fué pionera de este tipo de armas, junto con USA, de las que resultan las bombas termobáricas, las cuales son tan potentes y la temperatura que desarrollan tan elevada, que han sido prohibidas por la Convención de Ginebra.

En 1981 hubo otro affaire del Borbón, el del 23-F.

No se habla de ello porque el sumario del juicio militar del 23-F nunca ha sido público. No se pueden leer ni los testimonios de los cientos de militares que declararon ni las conclusiones de los fiscales militares. No fue solo un golpe militar de Tejero, Armada, Milans del Bosch, Cortina, etc. "detenidos" por el rey Juan Carlos I, los generales Gabeiras, Quintana Lacaci, etc.

Pero nunca aparecen Villar Mir, Luis María Anson o López Rodó. Empresarios, periodistas y exministros, no militares. Tampoco los intentos golpistas posteriores enterrados por la democracia: como el de Ynestrillas en 1982 o el De Meer en el 85.

Lo organiza la Transición Paralela que es un grupo de empresarios, políticos y militares conservadores que se confabulan a partir de 1977 para deponer a Adolfo Suárez y especialmente para modificar el proceso de democratización.

Se ponen en marcha varios planes para deponer a Suárez: Plan A, Gregorio López Bravo, que fracasa; en 1978-79 que López Bravo fuera elegido vicepresidente y que desde ahí pudiera sustituir a Suárez. Pero el mismo 23-F se elegía a su vicepresidente Calvo Sotelo, y en esa fecha se decide que se revierta en parte el proceso con un Gobierno encabezado por un militar y la figura elegida es Armada.

El sumario secreto contiene la declaración de Milans del Bosch: El teniente general explica que tras una llamada de Armada se pone en contacto con todos las capitanías que salvo la de Canarias le dan el visto bueno. Lo menos conocido es que el teniente general Jaime Milans del Bosch, capitán general de Valencia y el único que sacó esa noche los tanques a la calle, no estaba tan solo; que el jefe del ejército, el teniente general Gabeiras pintaba poco, y que el mayor conspirador de todos, el general de división Alfonso Armada, sí que habría contado con el apoyo de La Zarzuela.

Anson y López Rodó pondrían en marcha la Solución Armada que era el verdadero golpe Así comenzó todo: primero hubo varias intentonas de golpe de Estado, como la operación Galaxia, esa primera conspiración del propio Tejero.

Solo la operación golpe de Timón se puso en marcha con la denominada Solución Armada, que tenía un amigo íntimo, hasta el punto de ser su confidente en La Zarzuela, correligionario, ambos del Opus Dei, que no era otro que López Ródó.

Si se quería parecer a algo en un comienzo era como planteó el periodista Anson en 1979: "Una situacion de excepción que pareciese un golpe de Estado. Igual que De Gaulle lo logró en 1958 en Francia". Es decir, un cambio constitucional con un presidente del Gobierno de concentración y militar que pudiera revertir, por ejemplo, las autonomías que era una de las cuestiones por las que el mismo Milans del Bosch se habría sumado a los conspiradores. Al mismo tiempo se plantea una variante pseudoconstitucional que consistía en llevar a Armada a la presidencia del Gobierno a través de un golpe de Estado.

La primera variante se trunca cuando Suárez dimite, lo que imposibilita una moción de censura. Se forman una serie de contactos para ver si el Rey propone a Armada como presidente del Gobierno, pero también fracasan y es entonces cuando empieza a cristalizar la variante golpista. Un golpe que Armada reconduzca para proponerse a los diputados como presidente del Gobierno.

Vamos, una conspiración de altas esferas en las que La Zarzuela al menos habría tenido conocimiento. Lo que ocurrió es que fue la última variante de la Solución Armada, la golpista, y no otra, la que salió adelante. Es en la que siempre declaró haber participado Jaime Milans del Bosch, el militar de mayor prestigio de todo el ejército en ese momento. El entorno familiar del militar es muy claro con El Confidencial: “Jaime actuaba pensando siempre que el rey estaba detrás y de hecho se decía en las reuniones familiares que habló con él por teléfono esa noche y que tenía las grabaciones. Lo que era absolutamente inverosímil es que actuara nunca a espaldas del rey Juan Carlos porque le apoyaba sin fisuras y el honor era lo más importante para él". Lo mismo ocurre con el del general Armada, aunque este “protegiera al Rey una vez que todo fracasó”.

Armada y Milans pertenecen no solo a lo más alto del estamento militar, sino que además son ricos y de la nobleza. La suegra de Milans por ejemplo es la dueña de La Moraleja, habían sido monárquicos 'donjuanistas', pero esa trama no pinta nada ya en el 23-F. Es decir, estamos ante lo más respetado del ejército. Milans incluso tiene medallas por acción en combate.

Anson es un personaje difuso, muy amigo de Armada, de hecho este último mete a a Anson en la revista 'Reconquista' y a partir de ese momento aprovechan una nueva conspiración en marcha que es la de Tejero que está obsesionado con tomar el Congreso de los Diputados deciden intervenirlo y ahí es donde interviene el famoso comandante Cortina del CESID, que desde 1977 están en contacto con esos miembros de la Transición Paralela.

El coronel Monzón Altolaguirre, uno de los hombres del coronel San Martín en el Seced, y otros del servicio le están enviando informes a Gutiérrez Mellado y le dice que van por mal camino y especialmente desde la legalización del PCE. Es decir, que aprovechan la conspiración de Tejero para llevar a Armada al Gobierno y ahí colabora Milans del Bosch porque este último había hablado previamente con él. La labor de Milans era crucial porque una vez que se tomase el Congreso, si el teniente general sacaba los tanques a la calle, tenía que convencer al resto de que hicieran lo mismo y, una vez que estuvieran en la cúspide, la JUJEM como cabeza del ejército permitiría a Armada que se propusiera como presidente del Gobierno.

El Jefe del ejército de tierra, Gabeiras sabe desde el día 16 de febrero, cuando se reúne en casa de Armada con Mondéjar, lo que pretende Tejero, excepto que haría una cosa que le han dicho que no haga: que sus Guardias Civiles disparen aunque sea al techo. El resto de las capitanías generales no golpistas están plenamente al tanto de la Solución Armada y la apoyan en tanto y cuanto Zarzuela diera su visto bueno que, tal y como declararían Milans y otros, lo hace.

Una vez que los guardias civiles de Tejero disparan, el plan tal y como se había propuesto queda congelado entre las seis de la tarde más o menos y las 11 de la noche. Tras hablar Armada con Zarzuela, se le autoriza a ir al Congreso a proponerse como presidente del Gobierno. Es cuando el Rey y Sabino Fernández Campo hablan con Gabeiras y con Armada, y dan el visto bueno.

Tejero es quien no acepta que Armada hable con los diputados cuando este le enseña la lista con el Gobierno de concentración. En ese momento, Tejero que se da cuenta que le han engañado, porque él pensaba en una junta militar se cierra en banda. Por otra parte la JUJEM con Gabeiras al frente, no van a permitir otra solución que no sea la de Armada y es en ese momento cuando el Rey habla por televisión, a la 01:00 de la madrugada. Quintana Lacaci obedece las órdenes del Rey y aquieta a la acorazada Brunete paralizando todo en Madrid. El golpe fracasa por la obstinación de Tejero, que se rinde la mañana siguiente.

Tres meses más tarde se manifiesta la intoxicación alimentaria más devastadora en la historia europea moderna: el caso del "aceite de colza", que causó más de 1.000 muertos y más de 25.000 heridos graves, muchos de los cuales quedaron permanentemente discapacitados. Fue la primera vez que intereses multinacionales lograron lograr un encubrimiento importante en la ciencia internacional.

Se considera oficialmente que la epidemia comenzó el 1 de mayo de 1981, cuando un niño de ocho años, Jaime Vaquero García, enfermó repentinamente y murió en brazos de su madre camino al hospital infantil La Paz en Madrid. Al enterarse de que sus cinco hermanos y hermanas también estaban enfermos, los médicos los llevaron a todos y pusieron a una de las niñas en cuidados intensivos. Los otros cuatro niños fueron trasladados al Hospital del Rey, la prestigiosa clínica de enfermedades infecciosas de Madrid, donde los médicos comenzaron a tratarlos por una "neumonía atípica".

Cuando el director, el doctor Antonio Muro y Fernández-Cavada, llegó al trabajo a la mañana siguiente, se alarmó cuando le dijeron que estos nuevos pacientes estaban siendo tratados por neumonía. Dio una reprimenda a su personal; Desde el punto de vista médico, era imposible que seis miembros de una familia sufrieran los mismos síntomas de neumonía al mismo tiempo.

La familia Vaquero resultó ser simplemente la primera de muchas. Los afectados parecían ser principalmente mujeres y niños. Los síntomas iniciales eran parecidos a los de la gripe: fiebre y dificultad para respirar, vómitos y náuseas, aunque los pacientes pronto desarrollaron un edema pulmonar (acumulación de líquido en los pulmones), erupciones cutáneas y dolores musculares.

La epidemia fue noticia nacional. Al cabo de unos días, Muro declaró a los medios que creía que se debía a una intoxicación alimentaria y reunió a familiares de los afectados por la misteriosa enfermedad para que averiguaran exactamente qué pudieron haber comido las víctimas y qué es posible que ellos, los miembros de la familia no afectados, no hayan comido. En media hora tuvieron la respuesta: ensaladas.

El 12 de mayo, el doctor Ángel Peralta, jefe del servicio de endocrinología del hospital de La Paz, señaló en un artículo periodístico que los síntomas de la enfermedad se explicaban mejor por "una intoxicación por organofosforados". Al día siguiente, recibió una llamada telefónica del Ministerio de Sanidad, ordenándole que no dijera nada sobre la epidemia y, menos aún, sobre el envenenamiento por organofosforados.

Ese mismo día, Muro invitó a funcionarios del Ministerio de Sanidad al Hospital del Rey. El día 13 de mayo de 1981, dado que había seguido la pista de la enfermedad y había logrado dar con la red de distribución del producto venenoso, notificó a los doctores Munuera y Cañada -subdirector general de programas de Sanidad- dónde exactamente iban a aparecer nuevos casos de afectados al día siguiente, con especificación de poblaciones y de calles. Muro dedujo que los alimentos contaminados se vendían en los mercadillos semanales locales que se instalaban en diferentes ciudades en diferentes días.

Al día siguiente, 14 de mayo, aparecieron efectiva y puntualmente estos nuevos afectados en las poblaciones y en las calles indicadas por el Dr. Muro. Pero en vez de que ello sirviera para que el Ministerio de Sanidad se decidiera por hacerle caso, sirvió para todo lo contrario: al día siguiente, 15 de mayo, un telegrama del Ministerio de repente le informaba que había sido relevado de sus funciones como director del hospital, con efecto inmediato.

Su despido le permitió al menos realizar sus propias investigaciones de los mercadillos y notó la popularidad y el bajo costo de los recipientes de plástico grandes y sin etiqueta con aceite de cocina. Inmediatamente, él y sus compañeros, uno de los cuales era el doctor Vicente Granero More, se dirigieron a las casas de las familias afectadas y retiraron los envases de aceite que habían estado utilizando cuando enfermaron. Los etiquetaron cuidadosamente, enviaron muestras de cada uno al laboratorio principal del gobierno en Majadahonda, en las afueras de Madrid, y esperaron los resultados.

Finalmente el Dr. Juan Tabuenca Oliver, director del Hospital Infantil de Niño Jesús, dijo al gobierno que había encontrado la causa de la epidemia, preguntando a 210 de los niños bajo su cuidado si todos consumieron aceite de colza. Después de algunas vacilaciones iniciales, el gobierno aceptó su teoría. El 10 de junio, se hizo un anuncio oficial en la televisión nocturna, informando al público que la epidemia fue causada por aceite de colza contaminado. Casi de inmediato el pánico disminuyó. Los hospitales siguieron llenos de víctimas, pero los nuevos ingresos disminuyeron drásticamente. La situación parecía, al menos, bajo control.

Sin embargo, Muro y sus colegas observaron el anuncio del gobierno con incredulidad. El día anterior, el 9 de junio, habían obtenido los resultados de las pruebas con sus propias muestras de aceite, precisas. Estos demostraron que, aunque ninguno era el aceite de oliva puro que el vendedor había afirmado que era, casi todos los aceites tenían componentes diferentes. Obviamente, tal variedad de aceites no podría explicar una enfermedad específica.

Para proteger el sector del aceite de oliva, el gobierno español sólo autorizaba importar el aceite de colza, mucho más barato, para uso industrial. Para que no fuese comestible los exportadores añadían anilina y la enfermedad se atribuyó a una intoxicación por este colorante.

Tres semanas después del anuncio televisivo, el Ministerio de Sanidad permitió a las familias entregar su aceite supuestamente contaminado y lo reemplazó por aceite de oliva puro. La mayor parte del aceite que supuestamente causó la epidemia nunca estuvo disponible para análisis científicos posteriores. La reacción instintiva de la mayoría de las familias, al enterarse de que era el culpable de la enfermedad, había sido simplemente tirarlo a la basura.

Sin embargo, en 1983 se convocó una conferencia internacional en Madrid bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Salud (OMS). A pesar de las reservas de muchos científicos presentes, la epidemia se denominó oficialmente síndrome del aceite tóxico.

El proceso contra los comercializadores comenzó en marzo de 1987. En 1989, al final del juicio que duró dos años, los propios jueces subrayaron que la toxina contenida en el aceite era "todavía desconocida". Esta dificultad un tanto fundamental no les impidió imponer largas penas de prisión a los comerciantes de aceite desnaturalizado, que fueron condenados por causar la epidemia.

Después de años de informes mediáticos unilaterales, la noción de la epidemia del "aceite de colza" quedó firmemente arraigada en la conciencia pública. Nadie dudaba de las conclusiones científicas oficiales, sobre todo porque fueron aceptadas por la OMS.

Después de la conferencia de Madrid de 1983, el gobierno español reclutó a algunos de los principales epidemiólogos del país para encabezar una nueva comisión de investigación. Entre los elegidos se encontraban el Dr. Javier Martínez Ruiz y la Dra. María Clavera Ortiz, un equipo formado por marido y mujer de Barcelona. 

Martínez observó el patrón de admisiones a los hospitales y se dio cuenta de que la epidemia había alcanzado su punto máximo a finales de mayo. La curva de incidencia bajó al menos 10 días antes de la emisión del gobierno del 10 de junio y aproximadamente un mes antes de la retirada del aceite. Mientras tanto, su esposa se dio cuenta de que se vendían grandes cantidades de aceite en regiones (especialmente en Cataluña) donde no había habido ni un solo caso de enfermedad.

Y posteriormente se enteraron de que el gobierno ya era plenamente consciente de ello. En el momento de la epidemia, el gobierno había creado un nuevo puesto de secretario de Estado para Asuntos del Consumidor a nivel ministerial. Para este nombramiento fue elegido un abogado y economista en ascenso, Enrique Martínez de Genique.

Genique había elaborado mapas de la distribución del aceite y del patrón de enfermedades, y constató que no había correlación entre ambos y, por tanto, que el aceite no era la causa de la epidemia. Después de presentar sus hallazgos al Ministerio de Salud, fue despedido de su puesto en el gobierno y pronto Martínez y Clavera también fueron despedidos. Como esto no evitó la posibilidad de que la comisión llegara a conclusiones inconvenientes, pronto se cerró por completo.

Las estadísticas de la epidemia coincidían en que los que habían utilizado el aceite, se añadían a la lista oficial; si no, sus nombres eran excluidos. Sin embargo, el Ministerio de Salud había hecho saber que sólo aquellos cuyos nombres aparecieran en la lista oficial calificarían para recibir una compensación del gobierno, por lo que había un claro incentivo para que los afectados dijeran que habían usado el aceite. Acontecimientos como este reforzaron artificialmente la posición del gobierno e hicieron casi imposible producir una evaluación precisa de la epidemia.

El FIS, la agencia gubernamental responsable del síndrome del aceite tóxico, se negó a revelar detalles del trabajo de campo realizado o cualquier información adicional. No hubo un solo caso en el que los antecedentes familiares se correspondieran con lo escrito en los informes epidemiológicos. A veces las diferencias eran leves; a veces los informes no tenían relación con lo que realmente había sucedido. Si bien algunas familias recordaron haber sido entrevistadas por funcionarios en ese momento, otras insistieron en que nunca fueron interrogadas

En los años transcurridos desde el brote de 1981, los aceites sospechosos han sido analizados en laboratorios líderes de todo el mundo. Nunca se ha encontrado ninguna sustancia química o contaminante que pueda explicar los síntomas observados en los afectados. La anilina, a la que se atribuye la epidemia, es venenosa sólo en cantidades mucho mayores que las presentes en el aceite y, en cualquier caso, los síntomas de la intoxicación por anilina son bastante diferentes a los de los afectados. Las pruebas de laboratorio demostraron que el aceite no era perjudicial para los animales.

El Dr. Gaston Vettorazzi era toxicólogo jefe de la OMS en el momento del brote, pero ya se había jubilado. No creía que esto se hubiera producido por una serie de errores administrativos; creía que la verdad había sido ocultada deliberadamente por los funcionarios españoles. Según dijo, la explicación colza de la enfermedad estaba "predeterminada. Ésa era la línea oficial de la llamada ciencia española. No se puede obligar a un investigador a seguir una línea. Si se hace esto, la ciencia está muerta".

La administración española dependía de que se viera que el gobierno era capaz de hacer frente a esta tragedia nacional. Las consecuencias del encubrimiento fueron muertes innecesarias y que miles más, entre ellos niños, tuvieran que soportar toda una vida de dolor y deterioro físico que quizás podrían haberse evitado si hubieran recibido la atención y el tratamiento que necesitaban lo antes posible.

La ocultación de la verdadera causa del Síndrome Tóxico impidió la curación de miles de españoles, mientras otros investigadores han ido siguiendo una pista distinta, que conduce a un combinado nematicida organotiofosforado que envenenó tomates de una determinada partida tratada con el aludido insecticida.

La gravedad del problema se acentúa por la circunstancia de que por lo menos desde finales de julio de 1981 el Gobierno estaba suficientemente bien informado de que no era posible que el aceite fuera el causante de la epidemia. Desde aquel momento cuando el Ministerio de Sanidad queda ampliamente informado de la posibilidad de que determinado insecticida organotiofosforado podría haber desencadenado la nueva enfermedad.

Un médico militar, el teniente coronel Luis Sánchez-Monge Montero, envía al Gobierno, al Dr. Luis Valenciano, a la sazón Director General de la Salud Pública, un informe en el que afirmaba que el origen de la grave enfermedad radicaba en un veneno que bloqueaba la colinesterasa, y en el que explicaba cómo había que curar a los enfermos. Más adelante definiría este veneno como un compuesto organofosforado.

No se trataba de una aventurada teoría: el Dr. Sánchez-Monge ya había curado para entonces particularmente a unos cuantos afectados. Lo cual quiere decir que tal vez no todas, pero decididamente muchas de las 60.000 víctimas podrían estar curadas desde 1982. Pero nadie reacciona en el INSALUD ni en el Ministerio de Sanidad, se acercó al único médico español que había logrado salvar vidas y aliviar a enfermos de la masiva intoxicación.

De lo que se trataba precisamente era de no curar a los enfermos, para evitar así el que se descubriera el verdadero origen del envenenamiento. El cese fulminante de los doctores Muro, Martínez y Clavera, y del secretario de Estado Martínez de Genique, así como la renuncia a acelerar la curación efectiva de los enfermos debía necesariamente de obedecer a muy poderosas razones que nada tienen que ver con la Sanidad. En el Acta de la sesión del 17 de noviembre de 1983 del Pleno de la Subcomisión de Investigación Clínica de la Comisión Unificada de Investigación, integrada en el Plan Nacional para el Síndrome Tóxico dependiente de la Presidencia del Gobierno, puede leerse: 'Hace un año el SAT (síndrome del aceite tóxico) era un tema prioritario para los dos países, pero en el momento actual no lo es para España aunque los americanos siguen muy interesados.'

Como diría en su momento el entonces subsecretario de Sanidad del Ministerio socialista de Ernest Lluch, Dr. Sabando, lo del síndrome tóxico no es un problema del Ministerio de Sanidad, ni de ningún otro Ministerio; es un problema de Guerra, Felipe González, CESID, y luego, por decir algo que lo englobe todo alrededor, digamos KGB-CIA: este es el único problema, y de ahí no lo podemos sacar.

El Dr. Angel Peralta Serrano, jefe del departamento de Endocrinología del Hospital Infantil de la Ciudad Sanitaria de La Paz, de Madrid, en artículo publicado en el diario 'Ya' de fecha 12 de mayo de 1981, afirmaba, refiriéndose al síndrome tóxico, que en su opinión los cuadros clínicos que se habían presentado en aquellos primeros días, mejor se explicaban por una intoxicación por insecticidas organofosforados, que no por una simple infección viral (neumonía atípica). El artículo en cuestión fue replicado al día siguiente por el entonces Secretario de Estado para la Sanidad, Luis Sánchez-Harguindey Pimentel, en carta abierta publicada en el mismo rotativo.

Porque el mismo día 12 en que aparece el artículo del Dr. Peralta hablando por primera vez de organofosforados, una llamada telefónica desde Madrid, del Dr. Gallardo del Centro Nacional de Virología y Ecología Sanitaria, a Atlanta, en el estado norteamericano de Georgia, pide ayuda al Epidemiology Program Office del Center for Disease Control, que envía a Madrid al epidemiólogo William B. Baine.

Tal y como manifestaría más tarde la eurodiputada Dorothee Piermont, investigadores y víctimas implicadas son de la opinión de que datos, historiales clínicos y documentos establecidos con ocasión de la visita del epidemiólogo norteamericano, fueron transferidos íntegramente al CDC estadounidense, no siendo por tanto accesibles ya a los investigadores españoles que consideran falsa la hipótesis del aceite.

La Dra. Renate Kimbrough, del CDC de Atlanta, USA, el 10 de febrero de 1985 a la televisión alemana: 'No hallamos ningún indicio que señalara que el aceite fuera el causante del síndrome tóxico. Además, muchos otros laboratorios en Europa han intentado hallar alguna sustancia tóxica en estos aceites, y tampoco tuvieron éxito alguno.'

De acuerdo con las averiguaciones del Dr. Muro, el desencadenante del envenenamiento fue una partida de tomates, cultivados en Roquetas de Mar (Almería), y previamente tratados con un compuesto organotiofosforado, el fenamiphos (comercializado con el nombre de Nemacur), combinado con isofenphos (comercializado con el nombre de Oftanol). Cabe remarcar que el isofenphos es el producto que habría causado la característica neuropatía retardada acusada por los afectados. Así lo dejaría escrito el Dr. Muro: 'El nematicida fitosistémico Nemacur-10, prohibido en varios países por su alta peligrosidad, e introducido en España por primera vez pocos meses antes de la epidemia del síndrome tóxico, es un organotiofosforado del grupo fenamiphos (4-[metiltio]-m-toliletil-isopropilamidofosfato) que, de no respetarse sus muy dilatados intervalos de seguridad (mínimo de tres meses), se convierte dentro del fruto en un fitometabolito derivado extraordinariamente agresivo -su toxicidad se potencia unas 700 veces- y cuya composición exacta parece ser alto secreto militar. Las partes fundamentales de su molécula y su acción bloqueante irreversible de la acetilcolinesterasa, explica extraordinariamente bien, pese a los desmentidos globales de la OMS, la patogenia y cuadro clínico observados en el síndrome tóxico. Los tomates contaminados son semiselectos de la variedad 'lucy', razón por la cual su consumo no ha afectado a clases o zonas urbanas adineradas.'

Los organofosforados se hallan en la base del moderno armamento químico. La industria química privada multinacional ofrece la única posibilidad de ensayo impune en el supuesto de un acuerdo internacional de suspensión de la experimentación y almacenamiento de armamento químico. Nemacur y Oftanol son productos de la multinacional Bayer. La creación del arma química binaria hace imposible cualquier tipo de control internacional, debido a que su producción puede ser organizada secretamente en cualquier empresa química privada. 

La experimentación con nuevos tipos de agentes químicos en la industria de herbicidas, entre otras, evita las inspecciones en las sociedades privadas o multinacionales y explica por qué se estaba demorando el acuerdo de desarme químico entre los Estados Unidos y la Unión Soviética: ésto lo sabía perfectamente Juan José Rosón, al igual que cabe suponer lo saben perfectamente el teniente general Emilio Alonso Manglano, el coronel Catalá y el general Cassinello, por citar solamente a algunos conocedores del tema.

En la primavera de 1981 fueron envenenados más de 60.000 españoles. Desde entonces y hasta hoy, los gobiernos han centrado sus esfuerzos en impedir que el auténtico criminal salga a la luz pública. Había que borrar por todos los medios las huellas que conducían al foco de la intoxicación. Se llegó así a un oscuro montaje de los distintos sectores del Poder y de los servicios de inteligencia, para evitar que se supiera que aquí se aplicó a seres humanos una nueva combinación química, aplicable en el futuro a una posible guerra química.

Años más tarde, en 1989, se diagnosticó una enfermedad misteriosa similar en Nuevo México. Las víctimas, 29 de las cuales murieron, enfermaron con síntomas similares a los de la neumonía. En total, hubo alrededor de 1.500 casos en todo Estados Unidos. Los síntomas parecían idénticos a los que padecían los afectados en España; sin embargo, nadie en Estados Unidos había tenido acceso a aceite de colza contaminado.


Uno de los hombres de los servicios de inteligencia españoles más vinculados a la CIA y también más implicados en, la lucha contra ETA, en todas sus vertientes, es el teniente general Andrés Cassinello Pérez. Cerebro del llamado «GAL verde», llega a ser procesado por algunas acciones criminales de este grupo parapolicial, como los asesinatos de Ramón «Kattu» Oñaederra, Vicente «Perú» Perurena, Ángel «Stein» Gurmindo y Christian Olazcoaga, y por el asesinato frustrado de Claude Olazcoaga. Su nombre aparece, además, relacionado con escuchas a políticos y con temas tan oscuros como el mencionado Síndrome del Aceite Tóxico.

Sucesivamente ocupa los puestos de director del SECED, subdelegado de la Lucha Contraterrorista en el País Vasco y jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil. Cassinello constituye un ejemplo diáfano de oficial español de inteligencia formado en Estados Unidos. Su inicial carrera en los servicios secretos del franquismo arranca en el Centro de Guerra Especial de Fort Bragg, en Carolina del Norte. Esta academia forma parte de la Escuela de Ayuda Militar John E Kennedy y es uno de los lugares clásicos de formación de militares latinoamericanos implicados en golpes de Estado. Según se define en sus estatutos, el centro está dedicado a la enseñanza de la «doctrina de guerra psicológica y no convencional». Cassinello se diploma en los cursos de Counterinsurgency and Specíal Warfare Staff Officery Counterinsurgency Operations. Alumno aplicado, allí toma contacto con oficiales de países de la OTAN y de ejércitos sudamericanos y asiáticos.

Cuando regresa a España, Cassinello publica las enseñanzas recibidas en Estados Unidos. En ocasiones, párrafos enteros calcados de los manuales que le han suministrado. Con todo ello elabora el libro titulado Operaciones de guerrillas y contraguerrillas,10 una obra que no tiene desperdicio, en la que se habla de «los rojos españoles» Y se dedican capítulos íntegros a la «Sintomatología de la subversión comunista». El programa de actuación que propone está dividido en varias fases e incluye las «acciones a desarrollar por los órganos de investigación e información y por el propio gobierno en cada una de las fases». Este recetario de la represión lo publica, en 1966, la empresa editora Compañía Bibliográfica Española S.A., cuyo consejo de administración preside entonces el general de división José Lacalle Larraga.

Andrés Cassinello es una pieza clave en la estructura de los servicios de información españoles a partir de los años setenta. Desde su fundación, en marzo de 1972, se integra en el servicio de información de Luis Carrero Blanco. Antes había formado parte de su organismo precursor, la OCN (Organización Contrasubversiva Nacional). Abandona momentáneamente el SECED por discrepancias con su jefe, el teniente coronel San Martín, y después regresa bajo el mando del comandante Juan Valverde.

Con Adolfo Suárez como presidente del Gobierno llega a ser el último director de este servicio, desde 1976 hasta noviembre de 1977, cuando se reestructuran los servicios de información españoles y se crea el CESID. A lo largo de toda esa etapa, no exenta de altibajos, Cassinello tiene aún la oportunidad de exponer en otro libro las doctrinas norteamericanas sobre contrainsurgencia, "Subversión y reversión en la España actual", que Cassinello firma tras el seudónimo de Carlos I Yuste.

De todos los militares formados en Estados Unidos, Andrés Cassinello resulta, por la importancia de los puestos que llega a ocupar, uno de los alumnos de los que más orgullosos se pueden sentir sus maestros de Fort Bragg, el centro que el ex agente de la CIA Víctor Marchetti define, en su obra La CIA y el culto al espionaje, como el lugar donde se realiza «la enseñanza de técnicas paramilitares a nivel de perfeccionamiento». Antes de llegar a la jefatura del Estado Mayor de la Guardia Civil, Cassinello es el director del servicio de información de este cuerpo policial militarizado.

El propio Cassinello es quien dibuja los bocetos del sello distintivo de los GAL y uno de los principales impulsores de la «guerra sucia» contra ETA en el País Vasco y el sur de Francia. Sin embargo, se acobarda y no está dispuesto a asumir la responsabilidad que le corresponde cuando su fiel subordinado Rodríguez Galindo es condenado por los secuestros, torturas y asesinatos de Lasa y Zabala. 

En 1986 Cassinello es nombrado comandante general de Ceuta. Y culmina su carrera llegando hasta el punto más alto del escalafón: el Gobierno de Felipe González le asciende a teniente general y le nombra capitán general de la Región Pirenaica Occidental, que incluye parte de Castilla y León, Navarra y... el País Vasco.

A raíz de las investigaciones de Baltasar Garzón, cuando era juez de la Audiencia Nacional, sobre una trama de evasión fiscal que afloró en 2002, se descubrieron operaciones de defraudación a Hacienda por parte del empresario hispano-libanés Abdul Rahman El Assir, identificado como principal socio del rey emérito en los negocios de venta de armas con los que fraguó su fortuna.

La amistad entre Juan Carlos I y el comerciante de armas se remonta a la década del 80 del siglo pasado, cuando El Assir se convirtió en el principal intermediario entre las empresas armamentísticas españolas y distintos países en sustitución de Adnan Kashogui, otro multimillonario dedicado al comercio de material militar, que fue cuñado del ahora amigo del rey emérito.

Licenciado en Ciencias Económicas por la American University de Beirut, el comerciante comenzó a trabajar para Kashogui después de casarse con la hermana de éste, en 1976. Cuatro años más tarde, en 1980, el magnate de las armas nombró a su cuñado El Assir director general de la filial de su empresa (Triad International) en España.

Desde ese puesto, El Assir consiguió acceso a parte de la jet set de la época. Fue entonces cuando conoció a Juan Carlos I y cuando empezó a entablar relaciones con Manuel Prado y Colón de Carvajal, administrador privado del rey emérito. Casado en segundas nupcias con María Fernández-Longoria, hija del que fue embajador de España en Egipto, Carlos Fernández-Longoria Pavía, y excuñado de Adrián de la Joya y Ruiz de Velasco, amigo íntimo y padrino económico de Villarejo.

Las crónicas de la época señalan cómo El Assir mantenía excelentes relaciones con el entonces Gobierno socialista de Felipe González, con quien después entabló amistad, y cómo se encargaba de la venta de armamento militar a países como Marruecos o Somalia. Se trata de unas operaciones que se prolongaron después, durante el mandato de José María Aznar, del que también es amigo, y por las que El Assir recibió comisiones millonarias.

Fiscalía considera que este amigo de Juan Carlos I, también conocido como ABBDOUDI KAMEL ABDER RAHMAN EL ASSIR y/o ABDERRAMÁN EL ASSIR, ocultó de manera consciente ganancias de más de 31 millones de euros entre 2002 y 2003. El Assir también está perseguido por la Justicia francesa y en Suiza debe 2,2 millones de euros en impuestos, según cuenta el medio Bergen Zeitung.

Presionado por la causa judicial, El Assir contactó en 2013 con los servicios secretos españoles para asegurarse su silencio sobre los negocios de armas que había compartido con Juan Carlos I. 

Y eso llevó al CNI a recurrir, de forma extraordinaria, al comisario José Manuel Villarejo por su amistad personal con el empresario Adrián de la Joya, quien se había instalado en Suiza. Unas gestiones que, en 2014, un agente secreto que firma "Aquiles" envía a Villarejo con el visto bueno del director del CNI, general Sanz Roldán, para “operar” y añade "no toques a nadie de tu casa", refiriéndose al entonces Director Adjunto Operativo Eugenio Pino, máximo responsable operativo de la Policía Nacional durante el Gobierno de Mariano Rajoy y condenado a un año de cárcel por montar el grupo de agentes que actuó contra los rivales políticos del PP en la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior.

En parte de la documentación aparecen operaciones de comercio de armas en numerosos lugares, pudiendo tomar nota de firmas como THALES, DEFENSE & SECURITY, EINSA, LTD, BUMAR LTD, ALKANTARA IBERIAN EXPORTS, INTERNATIONAL TRIAD LTD, HISDESAT M&E, MASKPOL PROTECTION, TEDAE, TREBOL LTD, PROYTESCA GTD, EVERIS AEROSPACE, SDLE LTD, NIGHTVISION LASER SPAIN CORPORATION LTD, ANORTEC, COBRA, ROSOMAK, INDRA, NAVANTIA y POLKI HOLDING OBRONNY, así como un sinfín más que, utilizando cuentas desde la isla de JERSEY, LIECHTENSTEIN, PANAMA, SUIZA y ANTILLAS HOLANDESAS, para dotar del máximo de opacidad posible a las transferencias que lleva a cabo, desde BBVA PRIVANZA al VP BANK, que intermedia sus fondos en cuentas a nombre de TINRE E. LTD, sociedad de la familia BOTIN, administrada por H. BATLINER, el más importante despacho de VADUZ, para terminar en dos fideicomisos, con cuentas en la misma isla de JERSEY, cuya titularidad la ostentaría un conocido fiduciario de Juan Carlos I, MANUEL PRADO, quien al ser condenado y fallecer después puso a D. Joaquín Romero Maura, de nacionalidad española, y con activos en entidades financieras de Jersey y Guernsey".

O que a uno de los dos trusts constituidos en Jersey entre 1995 y 1997 por el administrador de la fortuna del rey, Manuel Prado, "en 1999 se transfirieron casi 9.000.000 de dólares, también por razones desconocidas, a Tartessos Trust por orden de D. Simeón Sajonia-Coburg-Ghota, uno de los primos del rey emérito que "Juan Carlos adopta y pone a trabajar en la compra-venta de armas de Alkantara".

Del referido despacho BATLINER vinculado al BSCH se ha venido informando desde los 90, ya que es un despacho clave en la creación de estructuras fiduciarias vinculadas a la economía española, usado por MARIO CONDE, ALBERTO ALCOCER, MANUEL y BORJA PRADO, E SARASOLA, así como despachos panameños como GLEZ. RUIZ & ALEMÁN y MOSSACK FONSECA entre otros.

El Centro Nacional de Inteligencia obtuvo los originales de los documentos societarios de sus negocios con el rey Juan Carlos I, y dio por zanjado el acuerdo con El Assir que consistía en rebajar los 14,8 millones de euros de la deuda fiscal que el traficante de armas tenía con la Agencia Tributaria a sólo 4,5 millones a pagar en varios plazos, a cambio de que mantuviera su silencio.

Y para ejecutar ese acuerdo se efectuaron numerosas gestiones judiciales. Sin embargo, el acuerdo con el CNI no llegó a materializarse, por lo que al final Hacienda no perdonó a El Assir gran parte de su deuda y al año siguiente, la causa contra él volvió a reactivarse en el Juzgado Nº52 de Madrid y el traficante de armas amenazó de nuevo con desvelar sus relaciones empresariales con el rey de España.

Pero el intermediario en operaciones de venta de armas en países, como, MARRUECOS, EGIPTO, PAKISTAN, FRANCIA y ESPAÑA entre otros mantiene una muy estrecha amistad y relación personal, tanto con el Rey de ESPAÑA, como con el de MARRUECOS, aunque España ha solicitado su extradición y le pide ocho años de cárcel y 44 millones de euros, entre lo defraudado y la multa.

El excomisario de la Policía Nacional José Manuel Villarejo declaraba al final de su segundo juicio por el caso Tándem que "Yo el único pecado que cometí es enfrentarme a determinados sistemas e ilegalidades y denunciar que parte del dinero de los fondos reservados para pagar secuestros luego se perdían en el camino, y sobre todo que la institución fundamental para la democracia que es la Corona hay que protegerla corrigiendo sus errores, no encubriéndolos, y a partir de ahí todo el mundo se me vino encima".

La última fechoría del viejo Rey sigue sin destaparse por la Prensa que sabe y calla. Él y los socialistas sabían de antemano del 11-M. 

“¡Antes de votar, queremos la verdad!”. Esta exigencia al Ejecutivo se instaló en una opinión pública conmocionada por el brutal atentado. “España se merece un Gobierno que no le mienta”, sentenció el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba cuando miles de personas se concentraban ante las sedes del PP al grito de “asesinos”. En primera fila, el podemita Juan Carlos Monedero.

En las primeras horas fue determinante una información de la Cadena SER que dio cuenta del hallazgo de un terrorista suicida inmolado en los trenes. La revelación azuzó los ánimos contra el Gobierno, pero resultó ser falsa. “Siempre que lo ofrecimos, lo hicimos con una aportación final: ‘Nos hemos puesto en contacto con el Ministerio del Interior, que desmiente absolutamente esta hipótesis”, se justifica Antonio García Ferreras, entonces jefe de Informativos de la emisora.




jueves, 11 de abril de 2024

"TRES POESÍAS", de Nicanor Parra.

1

ya no me queda nada por decir

todo lo que tenía que decir

ha sido dicho no sé cuántas veces.

2

He preguntado no sé cuántas veces

pero nadie contesta mis preguntas.

Es absolutamente necesario

que el abismo responda de una vez

porque ya va quedando poco tiempo.

3

Sólo una cosa es clara:

que la carne se llena de gusanos.




La prueba preconstituida es una prueba documental, que puede practicar el juez de instrucción y su personal colaborador (policía judicial y Ministerio Fiscal) sobre hechos irrepetibles, que no pueden, a través de los medios de prueba ordinarios, ser trasladados al momento de realización de juicio oral.

Una prueba preconstituida es aquella que existe antes de que se dé inicio a un juicio y está allí disponible para ser revisada en cualquier momento. En un proceso penal se considera que las pruebas auténticas y válidas son las que se exponen durante el juicio oral, que se llevan bajo los principios de oralidad, inmediación y contradicción.

Son excepcionales las denominadas pruebas preconstituidas y las pruebas anticipadas, aunque deberán ser tomados en cuenta también por el juez a la hora de sentenciar.

Los trenes que sufrieron las explosiones del 11 de Marzo de 2004 fueron retirados de esos lugares durante los días 12 y 13 de marzo. Antes de retirarlos fueron despojados de muchas toneladas de material procedentes de los focos, cuyo destino quedó en el misterio. 

Tan sólo se conservaron 23 bolsitas de muestras en los almacenes de la unidad Tedax, y lo anterior hizo imposible buscar nuevas muestras para repetir los análisis, y al laboratorio de la Policía Científica, mucho mejor dotado y normalmente encargado de estos trabajos, sólo se le remitió una bolsita con polvo de extintor recogido en El Pozo.

A las 10:57, los Tedax, bajo las órdenes de Manzano y Cuadro, ceban y hacen explosionar otra bolsa. La mejor demostración de que no intentan desactivarla es que a la G.C. no se le permite colaborar en ninguna tarea «... Pues porque el que tendria que decidirlo no lo decidió» (General García Varela, Jefe de Información de la G.C.).

Los vagones fueron inmediatamente convertidos en chatarra, salvo un coche del tren de Santa Eugenia, así que cuando los peritos Tedax realizaron el 11 de junio de 2004 un informe pericial sobre la ubicación de los artefactos ya no podían inspeccionar los trenes, y tan sólo tenían aún visible el tren de Santa Eugenia, pero en su informe no citan tal circunstancia e incluso se equivocan en la ubicación de las bombas de ese y los demás trenes.

Y cuando ya el 24 de junio de 2005 se realizó un informe conjunto Policía - Guardia Civil sobre las explosiones en los trenes, como ya no existían, hubieron de recurrir para realizar su estudio a fotografías tomadas por policías municipales, ferroviarios y bomberos, lo que pone de manifiesto que la apresurada destrucción se llevó a cabo sin que al parecer se contara siquiera con un reportaje fotográfico científico adecuado para realizar las posteriores periciales.

En cuanto a la posible autorización judicial para destruir los trenes, hay una asombrosa y evidente carencia de datos tanto en el sumario como en las declaraciones del juicio oral. Sí ha habido un par de referencias al asunto en las declaraciones prestadas ante la juez Coro Cillán en la instrucción de la querella presentada contra el entonces jefe de los TEDAX, Sánchez Manzano, por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M.

Díaz Pintado, nº 2 de la Policía el 11-M y jefe de Sánchez Manzano, afirmó que Renfe había preguntado qué hacer con los trenes, porque ocupan mucho sitio, tienen problemas de seguridad, para que nadie entre a robar en los trenes, etc. y que si se pueden desguazar. Díaz Pintado dijo: es una prueba, no se puede destruir, pregúntenle al juez, y que lo decida el juez. Díaz Pintado no dijo que él directamente le pidiera autorización al juez, sino que su contestación fue que se le consulte y que se le pregunte al juez del Olmo, y que la decisión sea del juez.

Díaz Pintado ya no dio más datos, no dijo si al final hubo autorización, si luego ya escapó a su dominio, porque a los pocos días dejó de ser subdirector general operativo y parece que no hay datos de esa solicitud de Renfe, ni de la respuesta del juez.

La segunda referencia nos la dio Fernando Íñiguez, a la sazón director de Emfesa, filial de Renfe dedicada a la “enajenación de materiales”, que en la misma querella declaró lo siguiente en relación con el fraccionamiento de los coches de Téllez y su retirada de la vía en camiones: Que el 11M sobre las 11 de la mañana D. Ángel Olaiz Hoyuela, que era director general de mantenimiento integral de Renfe, le dijo al declarante que habían inspeccionado los focos de las explosiones, que ellos se iban a encargar de la retirada de los vehículos de Atocha y El Pozo pero en Téllez no podían hacerse cargo, el declarante, con su gente hizo una inspección, vieron que podían hacerla y sobre las 2 de la tarde comunicaron su aceptación del trabajo, le dijeron que lo prioritario era la celeridad, había que despejar las vías, que esperara a la autorización cuando se la diera el Juez, que estaba en permanente contacto con el Representante Legal D. José Luis Marroquín. Que Emfesa comenzó los alquileres de maquinaria, grúas, tráiler, etc. y esperando la autorización el Sr. Olaiz le llamó a las 4 y le dijo que ya había autorización.

La Policía Judicial les retuvo hasta las seis, el desguace y retirada empezó a las 18'00 horas del día 12 En esta declaración hay un evidente error en la fecha. Según el acta de inspección ocular, el levantamiento de cadáveres en Téllez terminó a las 17:00 del día 11, por lo que no es posible que a las 11 de la mañana de ese mismo día los técnicos de Renfe hubiesen ya inspeccionado los focos. La petición a Emfesa se produjo seguramente a las 11:00 del día 12 y no del día 11.  En todo caso, Fernando Íñiguez añadió en su declaración en relación con la retirada del tren de Téllez: Se interrumpieron los trabajos el día 13 a eso de media mañana, llegaron agentes de policía judicial, interrumpieron el desguace, subieron a los trenes, los registraron durante dos horas, se llevaron alguna caja, dijeron "continúen ustedes, por favor". Que aparecieron algunos objetos personales como teléfonos, libros, que se entregaban a la policía judicial. No hubo autorización judicial para que las ropas de los vagones fueran llevadas al vertedero de Valdemingómez para su incineración, según declararon tres policías ante la juez Coro Cillán, que obedecieron órdenes de un mando policial al que no identificaron.

Miguel Corsini,  como presidente de RENFE declaró ante la juez Coro Cillán que la compañía no recibió en ningún momento una orden judicial que autorizara la destrucción y el desguace de los trenes que fueron objeto de los atentados del 11 de marzo de 2004.

Corsini, casado con María Cotoner Martos, hija del que fue jefe de la Casa del Rey; primo de Francisco Javier Corsini Freese,  casado con María Teresa Prado y Eulate, hija de Manuel Prado y Colón de Carvajal, quien fuera tesorero del rey Juan Carlos; amigo del presidente Aznar y del vicepresidente Rodrigo Rato, durante su declaración como testigo ante la titular del juzgado Número 43, en la causa donde fue imputado el exjefe de los Tedax, Juan Jesús Sánchez Manzano, por su actuación en el 11-M, añadió que tampoco tiene ninguna información de que "la policía ordenara a Renfe la destrucción de los trenes".

La Audiencia Nacional carece de información sobre la destrucción de los trenes, ni en el Sumario del 11-M, ni en la vista oral, ni en la sentencia, obraba algún dato sobre la decisión, la autorización o la orden de destruir los trenes. El director de Seguridad de Renfe, el comisario Manuel Rodríguez Simons, afirmó que recibió una llamada la tarde del 11-M de un alto mando policial que trabajaba en la investigación desde la central de Canillas autorizando a la compañía a despejar las vías y a disponer de los trenes. 

En 2007, la defensa de Rafa Zouhier solicitó que se hiciera un reconocimiento de los vagones, petición que fue admitida mediante auto de 23 de enero de 2007, es decir, poco antes de que el 15 de febrero, se abriera el juicio oral. La petición fue reiterada el 29 de mayo de 2007, con el juicio ya muy avanzado. Seguramente había una total ignorancia en el Tribunal sobre el asunto, pues para contestar esa solicitud, tras esperar casi 5 meses desde la primera petición, tuvieron finalmente que coger el teléfono el 12 de junio de 2007 y llamar a Renfe para preguntar sobre la posibilidad de esa inspección ocular solicitada. La respuesta del anónimo interlocutor de Renfe quedó recogida en la providencia del Tribunal con la que se contestaba que “por RENFE se ha manifestado que el desguace se efectuó entre los días 13 y 14 de marzo de 2004”. Y se trata de datos dados por teléfono por alguien de Renfe cuyo nombre y cargo quedan en el anonimato, pese a lo cual la Audiencia Nacional no tuvo reparo alguno en responder con esos datos a la parte solicitante de la inspección de los trenes.

El 15 de marzo Renfe se dirigió a la empresa Alstom pidiendo informe de los daños y presupuesto de reparación del tren de El Pozo. El 17 de marzo Alstom respondió a Renfe aconsejando desguazar los coches 4 y 5 de El Pozo. El 24 de marzo Alstom informó a Cercanías de que el coche 5 de El Pozo había sido desguazado y que el coche 4 de El Pozo estaba siendo desguazado. El 31 de mayo Cercanías pidió a la empresa Remimfer presupuesto de reparación del coche 4 de Santa Eugenia. El 29 de julio, Remimfer envió el presupuesto de reparación del coche 4 de Santa Eugenia “Me parece que se estuvieron recogiendo y seleccionando hasta el día 17 ó 18 de marzo, creo que está en los últimos escritos referencia con restos, porque se siguió haciendo inspecciones en los trenes… hasta finales de marzo”. Y también con las declaraciones de varios agentes policiales que investigaron los trenes desde el día 13 de marzo hasta al menos el 18, peregrinando pacientemente tras ellos, contemplando cómo eran destruidos, recogiendo material del que nunca más se supo. 

Pues bien, el Tribunal, puesto a elegir entre ambas contradictorias informaciones, la de Renfe y las de los policías, se inclinó por la de Renfe, y estableció que los desguaces se llevaron a cabo los días 13 y 14 de marzo. Y en la sentencia se recogió finalmente las fechas telefónicas y anónimas de la providencia de 12 de junio de 2007. No había escrito alguno de Renfe ni de nadie en el que se dieran esas fechas, y entonces surgió el requerimiento a Renfe para que las diera por escrito. Renfe contestó al citado escrito el mismo día que lo recibió por fax, el 30 de julio de 2007, adjuntando un cuadro anónimo que carece de firma y de sello, en el que figura la que se supone es la fecha de su elaboración: 9-9-2004.

Todos los desguaces están situados en los días 13 y 14 de marzo de 2004, salvo uno, el del coche R241, que era el 4º coche del tren de El Pozo. De ese coche se dice que fue desguazado, pero sin decir qué día. Y es sumamente curioso que en el cuadro no figure la fecha de uno de los desguaces porque ese coche R241, de dos pisos, tras el atentado fue trasladado a Villaverde, y que la empresa Alstom, que tenía contratada con Cercanías la reparación de los coches de dos pisos, escribía el 24 de marzo de 2004 a Cercanías que …El R241 está siendo desguazado en el TCR de Villaverde.

El caso más extraordinario es el del tren de Santa Eugenia, que no fue desguazado ni el 13 de marzo, ni el 14, ni nunca. Y esa falsa fecha sirvió de argumento nada menos que para rechazar una petición de nulidad. Así quedó introducida en la sentencia esa evidente falsedad en un asunto tan crucial como era la destrucción de los trenes. El 13 de marzo no se desguazó ni uno solo de los coches afectados por el atentado. ¿Por qué ese interés en los desguaces? ¿Acaso había dos tipos diferentes de bombas en los trenes?.

Resulta realmente asombroso que ni en la instrucción, ni en la vista oral, nadie se interesase por algo tan crucial en este caso como fue la precipitada destrucción de los trenes, de los escenarios del crimen, dejando en el aire, sin posibilidad de ser investigados, cuestiones tan importantes como eran las características de los artefactos explosivos empleados en el atentado.

Sánchez Manzano ordenó llevar los restos de los trenes a la Unidad Central de Tedax, en contra del cauce usual, que era que se llevaran a la Brigada Provincial de Desactivación de Explosivos. El laboratorio de los Tedax, a diferencia del de la Policía Científica, no contaba con el equipamiento necesario para los análisis detallados que había que realizar a las muestras, a pesar de lo cual no se enviaron a la Policía Científica esos vestigios que nos habrían permitido conocer qué explosivo estalló en los trenes.

Las muestras de los focos de explosión tienen que llevarse a la sede provincial de los Tedax, pero se llevan a la sede nacional (la de Sánchez Manzano) y la Policía Científica tiene legalmente encomendado los análisis químicos, pero las muestras de los trenes jamás llegarán a la Policía Científica, sólo las muestras de fuera de los trenes.

El Policía Municipal Jacobo Barrero contó que entró él y unos compañeros en la estación de El Pozo e inspeccionaron vagones en busca de heridos. Relató que entró en un vagón al lado de otro de los que explotaron y vio una mochila "que me llamó la atención". Estaba en la mitad del vagón bajo el asiento pegado a una de las ventanas en la fila de la izquierda. "Saqué la mochila de debajo del asiento, la abrí, la puse encima del asiento para revisarla", contó. En ella encontró un "teléfono móvil, cables rojo y negro y debajo un recipiente de plástico, o plastificado, no sé, de color anaranjado, pero tampoco me fijé mucho en lo que había debajo de los cables. porque fue todo segundos estaba, no había mucha luz...”. La mochila era de color negro. "Saqué la mochila y la dejé en un sitio seguro. En el andén. Al lado de la pared". En el juicio, pese a que la fiscal intentó que dijera que el cable negro era azul, como el encontrado en la mochila de Vallecas, Barredo dijo claramente: "Yo lo vi negro".

También declaró un agente de Policía que llegó a la estación de El Pozo y afirmó que vio dos mochilas cerca del andén. El agente policial subrayó que la primera mochila estaba situada cerca de la entrada por la que accedió y que al estar cerrada no pudo hacer un examen visual de su interior. Poco después vio en el andén cerca del muro otra bolsa, que presentaba una apertura. "Se veía una bolsa de basura azul cielo y encima un teléfono, Trium de estos, aplatanado". Ante esto, el testigo desalojó la zona y avisó a las personas que se encontraban en el lugar de la presencia de un posible artefacto explosivo. El policía explicó que después avisó a los agentes de los TEDAX y que incluso se puso en contacto con un subinspector de este cuerpo, quien le comunicó que enviaría un equipo al foco de la explosión.
 
Especificó, además, que no habló con ningún agente de la policía municipal ni nadie le comunicó antes de ver la mochila que se había encontrado un artefacto sin explosionar en este tren, si bien no negó la posibilidad de que su compañero recibiera alguna comunicación al respecto. A preguntas de la fiscal Olga Sánchez, el testigo relató que tras estas iniciativas no "volvió a entrar" en el andén porque procedió a acordonar la zona para establecer las pertinentes medidas de seguridad, por lo que "no hubo opción de mirar" más enseres y vestigios de la explosión.
 
El testigo, miembro de la unidad motorizada vinculado al departamento de Seguridad Ciudadana de la Policía, explicó que antes de desplazarse con su compañero a la estación de El Pozo, estuvo presente en la estación de Atocha tras la explosión de las bombas.

08:30 Los Tedax localizan un artefacto sin explotar en la estación de Atocha ”sustancia parecida a la plastilina que, inicialmente, les pareció de color naranja”. A las 09:59 se produce la explosión controlada del artefacto aparecido en el tren de Atocha.
 
Contó el policía municipal que se lo comunicó a un policía nacional que se hallaba en el andén para que llamara a los Tedax y aproximadamente una hora después se oyó una explosión. Según declaró, la policía municipal no se dedicó a recoger objetos de los trenes porque "la prioridad era sacar heridos". Barrero ratificó en varias ocasiones que los colores de los cables eran rojo y negro y lo que había dentro no era una bolsa de plástico y que tenía forma "redondeada".
 
El policía 54.868, el Tedax que desactivó la bomba de El Pozo, supuestamente la que encontró el policía municipal, declaró que cuando llegó hacia las nueve menos cuarto a la estación de el Pozo se encontró en el andén un montón de objetos, bolsas, mochilas, carteras y que le llamó la atención un mochila frente al vagón 3 pegada contra la pared y con la solapa abierta hacia atrás. Según explicó, le sorprendió porque era la única bolsa sin daños y fue a revisarla. "La boca de la mochila estaba cerrada con un mosquetón, por lo que metí la mano para abrir la boca y dejar el interior al descubierto". El Tedax observó en la mochila un "teléfono móvil, cables de detonador y una bolsa de plástico azul traslúcido con una masa de color blanquecino en el interior". Presumiendo que se trataba de un artefacto se lo comunicó a su compañero, el Tedax 65255, y procedieron a desalojar la zona de bomberos y equipos sanitarios.
 
El agente explicó que intentó neutralizar el artefacto sin conseguirlo por lo que explosionó. "No fue posible rescatar nada tras la explosión. No se encontró nada. La explosión fue completa y no quedaron restos", afirmó. Aseguró tras la explosión se abrieron una a una todas las bolsas que había en el andén para revisarlas y se sacaron todos los objetos de los trenes. Tras revisar todos los bultos se dirigieron al foco de explosión de la mochila en el interior de los trenes para recoger restos. Este Tedax declaró que desconoce cómo llegó esa mochila al andén.
 
Preguntado por el tipo de explosivo declaró que en ese momento no supo cuál era y aseguró que "nunca había hecho prácticas con Goma 2 ECO ni ninguna actuación con este explosivo". Se trata del tercer testimonio que contradice al jefe de los TEDAX, Sánchez Manzano, que durante su declaración afirmó se hacían prácticas con Goma 2ECO habitualmente.
 
Afirmó también el agente que el sistema que utilizó para neutralizar la bomba fue el usado para cualquier tipo de explosivo "excepto los muy sensibles, como la cloratita". No dijo el TEDAX de que explosivo se trataba "Nosotros nunca podemos decir qué tipo de explosivo es. Son los servicios de análisis los que determinan qué explosivo se ha usado".

Aparece una mochila-bomba en la comisaría de Puente de Vallecas (con 10,125 kg de Goma-2-eco y un teléfono móvil con tarjeta Amena), que según el Inspector jefe J.L.M.V.: no sabían su procedencia, aunque se imputa al tren de El Pozo. Los primeros informes policiales afirman que la mochila de Vallecas se encontró en IFEMA; un cargo muy importante del PP, Agustín Díaz de Mera, director general de la Policía, dijo que estaban buscando una mochila por Ifema. Cuando la mochila apareció en la comisaría de Puente de Vallecas dijo que “ya estamos tranquilos”.

La radiografía realizada a la mochila de Vallecas muestra que el detonador está desconectado. No se permite a la Policía Científica fotografiar el artefacto, ni antes ni después de la desactivación. Las fotografías del artefacto realizadas por los Tedax desaparecen.

La Brigada Provincial de Tedax remitió a la Unidad Central dirigida por Sánchez Manzano una nota informativa indicando que la mochila de Vallecas no estalló porque tenía dos cables sueltos, a pesar de lo cual el comisario Sánchez Manzano no comunicó ese extremo al juez Del Olmo en el informe sobre explosivos de 26 de abril de 2004, en el que se afirmaba que se desconocían las causas por las que la mochila no había estallado.

Lo primero que se hizo con el teléfono encontrado en la mochila de Vallecas, en la madrugada del 12 de marzo, fue desarmarlo para efectuar el análisis de huellas dactilares y que eso implica, necesariamente, que se perdió cualquier información de programación que el teléfono tuviera. A pesar de lo cual, Sánchez Manzano le dijo al juez Del Olmo que el teléfono estaba programado en modo alarma, con las 7:40 como hora de activación.

Torres Dulce solicitó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que localizase en el sumario de los atentados y le envíe toda la información sobre el itinerario de los trenes, como es su recogida, la cadena de custodia que se siguió con cada uno de  los trenes en los que hubo explosiones y su posterior desguace. El fiscal jefe de la Audiencia nacional, Javier Zaragoza, recibe la petición de redactar un informe que contenga todos los documentos del Juzgado de Instrucción Número 6. No han trascendido noticias sobre la redacción de ese informe encargado al Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, pero si en el sumario no existe ningún documento que acredite los datos pedidos por Torres Dulce, con posterioridad al sumario sólo existe un cuadro que da fechas falsas para los desguaces.

El 11 de septiembre de 2004, el tren de Santa Eugenia se traslada desde Vicálvaro al taller de Tafesa en Villaverde para su reparación y reaparece en un cobertizo de los talleres de Tafesa, en los que se reparó el tren el 20 de marzo de 2012. El 28 de febrero fue hallado por la prensa uno de los vagones donde estalló una bomba el 11M y el caso pasa al Juzgado de Dª Coro Cillán. El 26 de Abril el fiscal del TSJM presenta querella criminal contra la juez.

Desde el 4 al 10 de marzo de 2004 se organizaron «ejercicios anuales de gestión de crisis» («annual crisis management exercise«, CMX 2004) de la OTAN, bajo el mando del Comandante supremo desde 2003 a 2006, James Logan Jones (quien rechazó dos veces el puesto de secretario de Estado en la administración Bush, y después nombrado consejero de seguridad nacional de la administración Obama), que fingían un atentado yihadista, con aproximadamente 200 víctimas. Con Peter Ricketts (ex presidente del Comité Conjunto de Inteligencia, después nombrado secretario general del Foreign Office) pudieron haber decidido el ataque contra Madrid a espaldas del gobierno español, aunque posiblemente de acuerdo con elementos del CNI en la realización de la operación.

Hay quien sostiene que la última noche de dichas maniobras, con la excusa posible de que ello formaba parte de las mismas, "alguien" pudo colocar cargas en los vagones que la cloaca judicial y policial española, hizo desaparecer. Sin embargo, ese alguien no podía saber qué vagones harían esa ruta al día siguiente.

El 11M, a las 08.10 horas aproximadamente, la policía asume el Centro de Control y Seguridad de Renfe, desalojando a todo el personal excepto al encargado del control de trafico. Se ignora el paradero de las filmaciones que las cámaras de seguridad de los vagones han realizado. 

Renfe/Adif, como tantas corporaciones empresariales españolas, en asuntos de seguridad delegó en Verint Systems Inc. y sus cámaras de vigilancia que dejaron de funcionar en las cocheras de los trenes la noche antes.

Verint Systems es una empresa de análisis con sede en Melville, Nueva York, fundada en 2002. La empresa vende productos de software y hardware para la gestión de la participación del cliente, la seguridad, la vigilancia y la inteligencia empresarial. La compañía era anteriormente una subsidiaria de propiedad mayoritaria de Comverse Technology,​ y antes se conocía como Comverse Infosys. 

En 1999, Comverse Infosys se combinó con otra división de Comverse centrada en la seguridad y el mercado de interceptación de comunicaciones. En 2001, Verint se expandió a la seguridad de video al combinarse con Loronix Information Systems, Inc., que había sido previamente adquirida por Comverse.

En 2002, Comverse Infosys cambió su nombre a Verint Systems Inc. y se convirtió en una empresa pública, aunque todavía era propiedad mayoritaria de Comverse Technology. Desde 2006, Verint ha adquirido varias otras empresas, como MultiVision Intelligent Surveillance Limited, una empresa de seguridad por vídeo en red; CM Insight Limited, una empresa de gestión de clientes con sede en el Reino Unido; Mercom Systems Inc, una empresa de evaluación del desempeño y registro de interacciones; ViewLinks Euclipse Ltd.,​ un proveedor de software de análisis de enlaces y minería de datos; y Witness Systems, Inc., una empresa de optimización de la fuerza laboral.

Los productos de Verint incluyen software de análisis de voz (utilizado para analizar grabaciones de centros de llamadas) y cámaras de vigilancia IP y software de análisis de videovigilancia "inteligente".

El software RELIANT de Verint brinda a las agencias de aplicación de la ley la capacidad de monitorear y analizar voz, video y datos para una "gran cantidad de objetivos" en todo tipo de redes de computadoras grandes y complejas, con el fin de recopilar evidencia para escuchas telefónicas CALEA. Varios gobiernos nacionales, incluidos los de EE. UU., el Reino Unido y varias naciones de Europa, Asia y el Pacífico, han comprado millones de dólares en software y equipos de vigilancia Verint.

Verint también ha recibido millones de dólares en contratos gubernamentales para equipar aeropuertos, puertos de envío e instalaciones gubernamentales con sistemas de videovigilancia inteligente con funciones de seguimiento, biometría y análisis de video. Por ejemplo, Unisys eligió a Verint como subcontratista en su contrato con la Administración de Seguridad en el Transporte, para instalar dispositivos de videovigilancia en áreas seguras de los aeropuertos de los USA.

El 2 de febrero de 2021, Amnistía Internacional informó que una subsidiaria israelí de Verint "proporcionó a las autoridades de Sudán del Sur, incluido el NSS [Servicios de Seguridad Nacional], equipo de interceptación de comunicaciones y servicios de apoyo anuales". El NSS tiene un historial de "acosar, intimidar, amenazar, detener arbitrariamente y, en algunos casos, desaparecer por la fuerza y matar extrajudicialmente" a críticos del gobierno.

Aproximadamente la mitad de los empleados de Verint se encuentran en Israel. Verint es una fachada tecnológica que actúa para el Mossad, y también se hizo cargo de la seguridad del Metro de Valencia un año antes de ocurrir el accidente que ocasionó la muerte de 43 personas en 2006).

Una presunta invitación de autoridades y forenses españoles a unos forenses israelíes (Ricardo Nahman, Zipora Kahane. Arian Davidson) procedentes del prestigioso Instituto Greenberg. que estuvieron a punto de participar en las autopsias del 11-M, fue rechazada por Aznar.

El 2 de Abril de 2004, sobre las 11.00, un operario de Renfe encuentra en las vías del AVE Madrid-Sevilla, entre los municipios toledanos de Mocejón y Villaseca de la Sagra, una bolsa de plástico con 12 kilos de Goma 2 tipo ECO y 136 metros de cable eléctrico, conectado a un detonador. La bomba, que carecía de iniciador, por lo que no podía ser explosionada, es similar a la de la mochila que no explotó.

Al día siguiente, la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía localizan, en el número 40 de la calle Carmen Martín Gaite del barrio Norte de Leganés (Madrid), un piso en el que suponían se escondían los presuntos autores de los atentados del 11-M en la capital.

Acebes indicó que la policía estaba tras la pista de los terroristas desde hace días. Los investigadores del Cuerpo Nacional de Policía consiguieron llegar al piso a través del seguimiento de las tarjetas prepago de los móviles utilizados por los terroristas.

La explosión se produjo sobre las 20.57 horas. Acebes declaró durante su comparecencia que al menos tres terroristas suicidas se inmolaron en el piso. Poco después, efectivos de la Policía Científica junto a los Bomberos procedieron al vaciado de la piscina comunitaria del edificio, donde a las 3.30 horas de la madrugada apareció el cádaver de uno de los terroristas con un cinturón cargado de explosivos sin detonar. Seguramente era para el confidente Cartagena, al que a las 12:15 la UCIE pidió que acuda al piso de Leganés.

Sobre las 12:30 la UCIE pide a Sánchez Manzano que tenga un grupo de Tedax preparado par intervenir en un piso de Leganés. Según el instructor Del Olmo, el piso de Leganés se detecta a las 15:30 horas. A las 17:00 horas se avisa a GEOS libres de servicio.

Teresa Palacios de guardia, y no ordena autopsias ni hay análisis de explosivos. A 3 terroristas les faltan todos los dedos de las manos, que jamás fueron encontrados.

En los propios restos del piso (cocina, baños) no se hayan huellas dactilares ni ADN de los terroristas.

La Policía halló, en el piso destrozado de Leganés, 200 detonadores sin utilizar; cables, componentes electrónicos y otros elementos para fabricar artefactos; armas cortas y largas, de éstas, dos metralletas modelo «sterling»; dos bolsas con 10 kilos de dinamita Goma 2 ECO cada una, listas para convertirse en nuevas mochilas bomba, a las que sólo les faltaban los detonadores; un cinturón bomba cargado con kilos del mismo material; y además, encontraron cinco teléfonos móviles, de la partida comprada por Jamal Zougam, encarcelado por el 11-M; y gran cantidad de dinero, en contreto, 48.000 euros en billetes de 50.

Algunos testigos aseguraron que otros cuatro terroristas podrían haber escapado en un coche. El único terrorista que consta que estuvo en el piso consiguió traspasar el cerco policial, y uno de los inspectores que lo siguieron en la huida, vio como 2 hombres (que él tomo por policías) le introducían en un vehículo para ayudarle a escapar.

El día 4 de abril fue encontrado un coche BMW en el garaje del bloque que sufrió la deflagración, pero los TEDAX descartaron la presencia de explosivos. No sabemos qué otras pruebas buscó la policía en el vehículo, ni su destino.

Sobre la entrada en el piso franco, dice la sentencia: "Ante ello, para obligarles a salir, los GEO lanzaron gas lacrimógeno al interior de la vivienda y segundos después se produjo una gran explosión al detonar los ocupantes unos 20 kilogramos de dinamita de la marca GOMA 2 ECO." Posteriormente, agentes del Geo han negado el uso de gas lacrimógeno, que hubiera sido lo más adecuado.

Todas las grabaciones del centro de control de la policía no se conservan. La grabación efectuada por los GEO no se conoce.

Dicho piso era una gazapera de las FyCSE, anteriormente utilizado en operaciones de neutralización de grupos delictivos. El vecino colindante es un policía especialista en escuchas y seguimientos. La sentencia prosigue: "Entre la documentación recogida se encontró una carpeta en cuyo interior había documentos a nombre de un funcionario de policía con número profesional 73.158, vecino del inmueble, relativa a trabajos desarrollados por él hasta julio de 2003 en el área especial de seguimientos de la Comisaría General de Información y que, tras ser reconocidos, le fue devuelta después de que se hubiera hecho una relación somera de los mismos." 

"Esparcidos por el lugar se encontraron varios libros de contenido religioso, distintos manuscritos en español y árabe, croquis, dibujos, direcciones sobre lugares de culto judío en España, borradores de los comunicados y reivindicaciones de los atentados del 11 de Marzo, un escrito anunciando nuevos atentados así como otro sobre la colocación del artefacto explosivo en las vías del AVE Madrid-Sevilla, una carta de despedida de uno de los suicidas y un juego de fotografías del procesado Mohamed BOUHARRAT".

Brandon Mayfield es un abogado y musulmán converso cuyas huellas dactilares aparecieron en una bolsa que contenía dispositivos detonantes.en el condado de Washington , Oregón , que fue detenido injustamente en relación con los atentados con bombas en los trenes de Madrid de 2004 basándose en una coincidencia defectuosa de las huellas dactilares.

El 6 de mayo de 2004, el FBI arrestó a Mayfield como testigo material en relación con los ataques de Madrid y lo retuvo durante dos semanas, después de que la Policía Nacional española compartiera las huellas dactilares con el FBI a través de Interpol . En la base de datos del FBI se encontraron veinte posibles coincidencias para una de las huellas dactilares y una de las posibles coincidencias era Brandon Mayfield.

Su familia descubrió el alcance de las acusaciones al ver las noticias y enterarse de que alguien había filtrado la investigación del FBI a Associated Press, y la prensa en España publica que el FBI vigila a Brandon Mayfield, por lo que el organismo se ve obligado a detenerlo prematuramente. Sus huellas estaban en la base de datos del FBI ya que fueron tomadas como parte del procedimiento estándar cuando se unió al ejército, donde formó parte de grupos especiales. Se convirtió en el principal sospechoso debido a su conversión al Islam y el 8 de Abril el FBI asegura que las huellas dactilares corresponden 100% a Brandon Mayfield. La Policía española expresa su total “cautela” ante la noticia.

El FBI finalmente envió las huellas dactilares de Mayfield a las autoridades españolas el 2 de abril, pero en una carta fechada el 13 de abril de 2004, las autoridades españolas que revisaron la huella digital en la bolsa no coincidía con la huella digital de Mayfield, aunque esta carta no fue comunicada a los abogados de Mayfield.

El 14 de Mayo de 2004, la Policía entrega a la juez Teresa Palacios efectos de Ouhnane recogidos en el piso explosionado de Leganés, que no figuran en el acta judicial de desescombro, ni en el acta de entrega de efectos de los Tedax. Al día siguiente, la Policía española logra identificar las huellas que el FBI asegura pertenecen a Brandon Mayfield, como pertenecientes a Daoud Ouhnane, un ciudadano argelino, quien desde el día 12 aparece por primera vez relacionado con el 11M. 

Al final, el 20.05 04,  USA pone en libertad a Brandon Mayfield.

Un mes después, Ouhnane es grabado en vídeo por la Policía, pero no se le detiene pues “no se le reconoció”. Por la misma casa en que Ouhnane es grabado en vídeo por la Policía, anteriormente también han pasado en su huida Mohamed Afalah y Said Berraj.

La UCTE solicita el cese de la intervención del teléfono de Ouhnane. Turquía detiene a Mohamed Afalah, que lo comunica ese mismo día a España, que jamás reclama a Afalah, que acaba huyendo de la prisión turca en marzo de 2005.

No hay ni puede haber pruebas directas de la autoría extranjera ni nacional mientras no se desclasifiquen documentos de alto secreto de las agencias de “inteligencia” o alguno de sus operativos confesara motu proprio; pero sí hay comparativamente sobre la misma más indicios fácticos y racionales que Jamal Zougam fue condenado a 42.000 años de prisión víctima de un dudosísimo proceso judicial.

Tres versiones oficiales, con sus respectivas destrucción y creación de pistas: rauda volatilización de los trenes, delirantes reivindicaciones, furgoneta de Alcalá, fabricación policial de la mochila de Vallecas, locutorio de Tribulete 17,  el AVE de Mocejón, falso suicidio de los supuestos “terroristas” en Leganés, el automóvil Skoda Fabia, ETA y servicios secretos franceses y marroquíes.

Cualquier cortina de humo, para no apuntar a la Gladio «islámica», en donde la difusa zona gris entre terroristas, confites, soplones, colaboradores y agentes/ejecutores de las cloacas del Estado deviene asombrosamente semejante al GAL y los terroristas que apuntalaron red terrorista OTAN Stay Behind desde el inicio de la Guerra Fría.

Casimiro García-Abadillo “Los que siempre hemos defendido es que el 11-M no podía explicarse sólo por la concurrencia criminal de unos delincuentes de poca monta con unos fundamentalistas de medio pelo sin conexiones con ninguna red criminal del tipo Al Qaeda, tenemos razones para seguir investigando lo que ocurrió aquel día terrible que cambió nuestra historia”... (El Mundo, 1 de noviembre de 2007).

Aznar convoca, para las 11:00 horas del 11M, un gabinete de crisis ad hoc, sólo con políticos de su estricta confianza, donde excluye al jefe del CNI, al ministro de Defensa y a la ministra de Exteriores.

Aznar no convoca la Comisión Delegada del Gobierno para Situaciones de Crisis, ni convoca el Pacto Antiterrorista.

A las 12:00 se reúnen durante una hora en el Ministerio del Interior la cúpula de la Policía y Guardia Civil, presidida por el Secretario de Estado de Seguridad Astarloa, sin presencia del CNI.

Por la mañana Rafael Vera solicita al presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, medios seguros para realizar gestiones; Ibarra le proporciona, en las cercanías de Mérida, un despacho y teléfono seguros como centro de operaciones. Rafael Vera informa telefónicamente a la dirección del PSOE que, al día siguiente, se van a producir detenciones de islamistas en relación a la masacre del 11M; a Vera le informa la juez antiterrorista francesa Laurence Levert, la cual ha sido informada por los servicios secretos españoles.

Los exministros de Interior Barrionuevo y Corcuera acuden a la prisión de Ocaña II (Toledo) para conversar con el ex-general Enrique Rodríguez Galindo durante 3 horas.

La "versión oficial", montada por medios de comunicación y periodistas siguiendo consignas e indicaciones del propio Aznar, le encubre y tiene esa única finalidad: blindar su impunidad y la del PSOE, o los que habían estado negociando un proceso con la banda terrorista ETA. La información que obtuvo el periodista Fernando Múgica Fuentes, por la que fue amenazado con ser asesinado para que no la difundiera, en sintesis, es que el Partido Popular preparó un inocuo falso atentado etarra el 11M, con la finalidad de obtener réditos electorales y el PSOE, conocía lo que pretendía el PP y, a su vez, tenía preparada su respuesta electoral que pulverizaría al PP.

Las mochilas-bomba elaboradas al estilo de ETA podrían haber estallado con los trenes evacuados, o no haber estallado por carecer de iniciador operativo, como las cuatro que se encontraron en extrañas circunstancias. Al día siguiente, el gran operativo en Francia contra lo que quedaba de ETA hubiera sido el triunfo del PP.

El PP y el PSOE, para ocultar sus propias responsabilidades, destruyeron las pruebas de los asesinatos y las sustituyeron con pruebas falsas.

Por encima de ambos partidos corrompidos sobrevolaba la inteligencia norteamericana, que solapó, al falso atentado inocuo del PP, un atentado brutal para consumo interno de la política norteamericana, que criticaba la intervención militar en Irak.

José Alcaraz “ETA podria tener en su poder información comprometida sobre la actitud de determinados miembros del PSOE en los atentados del 11-M”. (Extraído del libro Una rebelión cívica, La Esfera de los Libros, 2007).

Según fuentes de la G.C. hubo declaraciones de testigos que vieron a una etarra en Madrid el 11M, en un tren de cercanías, en Nuevos Ministerios, "que no entendemos como no ha sido investigado pertinentemente cuando Teresa Palacios así lo pedía". El pleno de la sala penal de la AN quitaría Leganés a Teresa Palacios, y se lo da a Del Olmo. 

A las 20:30 se emite un mensaje televisado del Rey, en el que en ningún momento cita a ETA. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI), anteriormente llamado CESID, aunque depende de la Moncloa, mantiene desde sus comienzos una fluida relación con la Casa Real, que también se ha servido de los servicios secretos: todos, ya sean reyes, príncipes o presidentes del Gobierno, han sido investigados, incluso Sabino Fernández Campo, secretario de la Casa del Rey entre 1977 y 1990, y el Cesid grabó y archivó conversaciones del Rey con amigos como el príncipe Tchokotua, el embajador Prado y Colón de Carvajal y el argentino Carlos Perdomo. Aquello terminó con la dimisión del director del CESID, Emilio Alonso Manglano, el ministro de Defensa, Julián García Vargas, y el vicepresidente del gobierno, Narcís Serra.

En 2001, el servil atlantista Aznar firmó con USA un pacto que autorizaba a unidades estadounidenses de operaciones encubiertas actuar en España sin control judicial (hasta entonces ya podía hacerlo la CIA, también «gracias» al Rey).

Inmediatamente después del trauma del 11-S, el Secretario de Defensa Donald H. Rumsfeld predice que habría mas ataques terroristas contra el pueblo americano y su civilización en general. 

En 2002 el gobierno estadounidense autorizó la creación de la unidad P2OG, cuya finalidad expresa y abiertamente reconocida era la perpetración de atentados de falsa bandera, incentivados por el wahabismo saudí o por infiltración de agentes provocadores. Según el analista militar de Los Angeles Times, William Arkin, en su artículo del 27 de octubre de 2002, Rumsfeld dispuso la creación de un ejército secreto, una red "de actividades de apoyo de máxima Inteligencia", que "conjuntaría la información militar y de la CIA, informaciones de guerra, inteligencia, operaciones encubiertas y montajes" para agitar una espiral de violencia.

El P2OG, una organización de supuesto "contra-terrorismo" compuesta por alrededor de cien efectivos y con un presupuesto anual de cien millones de dólares, podría tener como objetivos a "líderes terroristas", pero según los documentos relativos al P2OG aportados por Arkin, en realidad se estaría dedicando a realizar misiones para "estimular reacciones" entre los "grupos terroristas", ejecutar operaciones secretas (asesinatos, sabotajes, "montajes") que desembocarían en ataques terroristas sobre personas inocentes, incluyendo norteamericanos; esencialmente, la Operación Gladio actualizada.

Recordemos el debate de la Junta Ejecutiva de EEUU (US Joint Chiefs) acerca de la "Operación Northwoods", en 1962; un plan para atacar "activos" estadounidenses, incluyendo ciudadanos, para justificar con ello la invasión de Cuba.

Más tarde, el Manual de Campo 30-31 B del Ejército de EEUU, llamado "Operaciones de Inteligencia para la Estabilidad ­ Escenarios Especiales", datado en el 18 de marzo de 1970 y firmado por el general William C. Westmoreland, promovía ataques terroristas (y el planteamiento de falsas evidencias) en lugares públicos que más tarde serían atribuídos a los "comunistas" y "socialistas". Hacía una llamada para la ejecución de este tipo de ataques en toda Europa occidental, desarrollados por una red de cuerpos secretos de EEUU y la OTAN, para convencer a los gobiernos europeos de la "amenaza comunista". De acuerdo con el 30-31B:

"puede haber momentos en el que el país anfitrión muestre pasividad o indecisión frente a la subversión comunista y, de acuerdo con la interpretacón de los servicios secretos de EEUU, no reaccione con suficiente efectividad. Estas situaciones ocurren sobre todo cuando los revolucionarios renuncian temporalmente al uso de la fuerza, esperando ganar ventaja, haciendo que los líderes del país anfitrión consideren erróneamente que la situación es segura. La inteligencia del ejército de EEUU debe contar con los medios para lanzar operaciones especiales que habrán de convencer al gobierno y a la opinión pública del país anfitrión de la realidad del peligro insurgente"

El periodista Allan Francovich en su trabajo documental para la BBC sobre el terrorismo de las "operaciones especiales" de Gladio y los EEUU/OTAN, preguntaba a Ray Cline, director adjunto de la CIA entre 1962 y 1966, si pensaba que el manual 30-31 B era auténtico, y éste replicó: "Bien, creo que es un documento auténtico. No tengo ninguna duda. Nunca lo he visto, pero es del tipo de operaciones militares de las fuerzas especiales que son descritas como susceptibles de ser aplicadas a petición del presidente y del Departamento de Defensa cuando "la ocasión sea apropiada".

Los mismos que planificaron el autoatentado del 11-S (y en el metro londinense, en 2005, el 7-J) e inventaron las armas de destrucción masiva de Sadam Hussein a fin de legitimar la invasión y destrucción de Iraq en beneficio del Estado de Israel son quienes también organizaron entre otros muchos atentados, la masacre de Atocha, que culmina un proceso anti-español de renuncia a la soberanía nacional.

De acuerdo con una encuesta del Pew Research Center, no resulta exagerado afirmar que buena parte de la opinión musulmana mundial tiene una visión conspirativa de los atentados del 11-S.

En Estados Unidos las dudas de los ciudadanos se han centrado en la cuestión de si el gobierno había tenido información previa sobre el proyecto terrorista. Una sorprendente encuesta de Zogby International en agosto de 2004 mostró que casi la mitad de los residentes en Nueva York creían que el gobierno la tenía.

Casimiro García-Abadillo “La última versión de la Fiscalía recuerda demasiado a la teoría de la bala zigzagueante elaborada por la Comisión Warren para sostener que a Kennedy lo mató un solo hombre, Lee Harvey Oswald. Cuarenta años después, el 70% de los norteamericanos sigue sin creerse esa historia”. (El Mundo, 4 de junio de 2007).

Aún incrédulos, no parecen haberse parado a pensar que un maquiavélico poder oculto habría planeado esos atentados para convertir a sus sometidos en sus iracundos defensores. Así, sometidos los hombres al yugo de la mentira y acallados los disidentes, el mundo se convierte en una penosa realidad virtual. La mentira se mueve de boca en boca y penetra a través de nuestros ojos proyectada por partidistas medios de difusión de infundios, intoxicaciones y de los bulos más descarados.

Igual que el 11M fué atribuído a grupos de Al Qaeda, ahora propalan que la reciente masacre terrorista en Moscú ha sido perpetrada por el ISIS, como si ambas organizaciones hubieran crecido espontáneamente de la fe musulmana y no de las argucias de la CIA.


En fin, a los que más tenía que importarles no les importa ya.

Comunicado: Cese de actividad definitiva Asociación Víctimas del 11M
 

Estimados amigos,

La Asociación de Víctimas del 11M, lamenta comunicar su cierre definitivo que será efectivo el próximo 15 de marzo de 2024.

Tras muchos años prestando apoyo a las víctimas y luchando por su memoria, la falta de medios económicos así como de personas que quieran continuar como Junta Directiva, nos lleva a esta disolución.

No podemos dejar de dar las gracias a toda la sociedad y nuestros donantes, por haber caminado de nuestra mano estos 20 años, sin ese sostén, jamás habríamos llegado tan lejos ni ayudado a tantas personas.

Así mismo, queremos agradecer al Ministerio del Interior, la Comunidad de Madrid, la Fundación de Víctimas del Terrorismo, el Ayuntamiento de Madrid y la Junta de Distrito de San Blas, sus aportaciones en forma de subvenciones y el empuje en los proyectos que hemos realizado durante estas dos décadas.

A todas las asociaciones y fundaciones que seguís luchando, os mandamos todo nuestro cariño y nuestra fuerza, esperando que podáis seguir mucho tiempo más al lado de las víctimas y sensibilizando a la sociedad.

Os queremos informar además, que nuestro Centro Documental así como parte de la Exposición “Los rostros del 11M”, han sido donados a la Fundación Centro Memorial tal como se decidió en la asamblea celebrada el pasado 14 de febrero.

Una vez más y por última vez, lanzamos una petición de donativo para poder cerrar la asociación de la manera más limpia posible y dejándola con todas sus obligaciones cumplidas.

Gracias, de corazón.

En el concepto, por favor indicar vuestro nombre, DNI, y código postal.

IBAN CaixaBank: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Titular de la Cuenta: ASOCIACION DE VICTIMAS DEL 11-M