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jueves, 28 de abril de 2022

"Romance de la luna", de Federico García Lorca.


La luna vino a la fragua

con su polisón de nardos.

El niño la mira mira.

El niño la está mirando.


En el aire conmovido

mueve la luna sus brazos

y enseña, lúbrica y pura,

sus senos de duro estaño.


Huye luna, luna, luna.

Si vinieran los gitanos,

harían con tu corazón

collares y anillos blancos.


Niño déjame que baile.

Cuando vengan los gitanos,

te encontrarán sobre el yunque

con los ojillos cerrados.


Huye luna, luna, luna,

que ya siento sus caballos.

Niño déjame, no pises,

mi blancor almidonado.


El jinete se acercaba

tocando el tambor del llano.

Dentro de la fragua el niño,

tiene los ojos cerrados.


Por el olivar venían,

bronce y sueño, los gitanos.

Las cabezas levantadas

y los ojos entornados.


¡Cómo canta la zumaya,

ay como canta en el árbol!

Por el cielo va la luna

con el niño de la mano.


Dentro de la fragua lloran,

dando gritos, los gitanos.

El aire la vela, vela.

El aire la está velando.


La historia de los borbones en nuestro país es turbulenta, con la inestabilidad como responsabilidad directa de la Corona.

Tras la muerte sin descendencia del último Austria, las dos grandes dinastías europeas utilizaron España como campo de batalla de una guerra internacional. La Guerra de Sucesión Española fue mucho más que una Guerra Civil, y desde luego no fue una guerra «entre España y Cataluña» como la que dibuja el relato histórico de parte del nacionalismo catalán. Pero sí es cierto que Felipe V, contra quien lucharon parte de los catalanes, fue un rey centralista que dictó los decretos de Nueva Planta que acabaron con las leyes propias de los reinos de Valencia, Aragón y Mallorca y con las del principado de Cataluña.

También es suyo el inicio del proceso de afrancesamiento, pese a que durante la Guerra se prometió que Francia y España mantendrían su independencia pese a la coincidencia de la familia real. A imitación de las instituciones galas, Felipe V creó la Real Academia Española de la Lengua, también la de Historia y la de Medicina. A imitación de Versalles ordenó construir el Palacio de La Granja de San Ildefonso, desde donde vigiló a su hijo Luis I durante su efímero reinado.

Tras la sorprendente abdicación de su padre Felipe V, Luis I accedió al trono en enero de 1724. Fue el primer rey borbón nacido en España y asumió el trono con apenas 16 años. No estaba preparado. Murió en agosto a consecuencia de una viruela, propiciando el regreso al trono de su progenitor.

Fernando VI, el borbón con la intención de frenar la política exterior española, que en ese momento se encontraba empantanada en guerras externas, ganó por ello el apodo de ‘El Prudente’. Pero dentro de España no lo fue tanto.

De hecho, fue el responsable de la Gran Redada contra los gitanos de 1749, que sistemáticamente persiguió a los miembros de esta etnia, separando a los hombres de sus mujeres e hijos y destinando a unos al trabajo forzado y a otros a la prisión. La Gran Redada también conocida como Prisión general de gitanos, constó de dos operaciones de aprisionamiento: una entre la noche del 30 de julio de 1749 y la madrugada del día siguiente y otra a partir de la tercera semana de agosto (Cataluña y algunas localidades a donde no llegó la orden inicial de prisión, especialmente Málaga, Cádiz y Almería).​ Fue una disposición autorizada por el rey Fernando VI y organizada en secreto por el marqués de la Ensenada.

El acontecimiento, hoy casi olvidado y escasamente estudiado por los historiadores, resulta relativamente insólito, aun teniendo en cuenta que las tensas relaciones de la Corona, y del poder en general, con la comunidad gitana ya habían generado anteriormente dos redadas importantes y otros episodios de discriminación o persecución.

La primera gran redada se produjo durante el reinado de Felipe II, cuando una vez instaurada en 1539 la pena de galeras para los gitanos, se decidió reponer los remeros perdidos tras la batalla de Lepanto (7 de octubre de 1571), a través de una leva general, en la que se hizo especial incidencia en la captura de todos los gitanos varones que fueran aptos para empuñar un remo. Desarrollada la redada en el invierno de 1571/1572, se ordenó sirvieran como forzados sin sueldo los que no estaban avecindados, y como buenas boyas (remero libre asalariado) con un pequeño sueldo los que lo estaban. La cantidad total de gitanos debió alcanzar las trescientas personas, si bien sólo algo menos de cien fueron a parar a galeras ante las dudas de muchas autoridades municipales y de las numerosas súplicas de los mismos condenados.

Posteriormente, en 1637, los bancos de galeras requerirían de más remeros ante las nuevas necesidades bélicas que acuciaban a la nación, por lo que de nuevo se acordó llevar a cabo una redada a gran escala para capturar al mayor número posible de varones gitanos. Señalado el 19 de diciembre de 1639, al menos medio millar de ellos fueron presos, y enviados a galeras unos doscientos.

El hecho de que el nuncio Enrique Enríquez permitiera, mediante decreto, que fueran los obispos de cada diócesis los que decidieran en casos de asilo eclesiástico —y no él mismo, tal y como le había delegado el propio papa—, permitió un control más directo sobre la población por parte del Estado absoluto. Al mismo tiempo, la reciente Guerra de Sucesión había provocado que los campos se llenaran de delincuentes, que se sumaron a la llegada y permanencia de tropas mercenarias que veían mermada su movilidad por causa de la inseguridad ciudadana, que se atribuyó a los gitanos.

En 1717, una pragmática de Felipe V, había fijado la residencia forzosa de los gitanos en un total de 41 ciudades, con objeto de sedentarizarlos y asimilarlos. Fernando VI, en 1746 amplió la lista en 34 ciudades.​ Por esto, en el momento de la organización y ejecución del plan, la capital, Madrid, estaba llena de gitanos en espera de reasentamiento, pues los procesos burocráticos eran lentos, lo que provocó las quejas del propio monarca, que ordenó apurar los trámites para expedir cuanto antes a los gitanos ambulantes a su destino y asegurar así su localización posterior. Eso permitió conocer con exactitud el paradero de 881 familias gitanas, incrementando la eficacia de la operación.

Los planes fueron iniciados por el obispo de Oviedo, Vázquez Tablada y continuados y ejecutados por el marqués de la Ensenada cuando aquel cayó en desgracia, si bien ideas parecidas habían sido ya sugeridas en décadas anteriores, sin llegar a materializarse.

La organización se llevó a cabo en secreto, dentro del ámbito del Despacho de Guerra. Esta institución del Estado absolutista preparó instrucciones minuciosas para cada ciudad, que debían ser entregadas al corregidor por un oficial del ejército enviado al efecto. La orden era abrir esas instrucciones en un día determinado, estando presente el corregidor y el oficial, para lograr la simultaneidad de la operación. También se prepararon instrucciones específicas para cada oficial, que se haría cargo de las tropas que debían llevar a cabo el arresto. Ni el oficial, ni las tropas conocían hasta el último momento el objetivo de su misión. Ambas órdenes iban introducidas en un sobre, al que se añadió una copia del decreto del nuncio, antes mencionado, e instrucciones para los obispos de cada diócesis. Esos sobres se remitieron a los capitanes generales, previamente informados, que escogieron a las tropas en función de la ciudad a la que debían dirigirse.

Las instrucciones estipulaban que, tras abrir los sobres, se mantendría una breve reunión de coordinación del ejército y las fuerzas de orden público locales (alguaciles, etc.). Se sabe que en Carmona, por ejemplo, se estudió la operación sobre el plano de la ciudad, cortando las calles para evitar una posible huida. Tras los arrestos, se cruzaron los datos de los detenidos con los del censo de la ciudad y se interrogó a los detenidos sobre el paradero de los ausentes, que fueron arrestados mediante requisitoria a los pocos días.

Tras el arresto, los gitanos deberían ser separados en dos grupos: todos los hombres mayores de siete años en uno, y las mujeres y los menores de siete años en otro. A continuación, y según el plan, los primeros serían enviados a trabajos forzados en los arsenales de la Marina, y las segundas ingresadas en cárceles o fábricas. Los arsenales elegidos fueron los de Cartagena, Cádiz y Ferrol, y más tarde las minas de Almadén, Cádiz y Alicante entre otras, así como también algunas penitenciarías del norte de África.

Para las mujeres y los niños se escogieron las ciudades de Málaga, Valencia y Zaragoza. Las mujeres tejerían y los niños trabajarían en las fábricas, mientras los hombres se emplearían en los arsenales, necesitados de una intensa reforma para posibilitar la modernización de la Armada Española, toda vez que las galeras habían sido abolidas en 1748. La separación de las familias tenía el objetivo de impedir nuevos nacimientos, y por tanto tuvo rasgos de genocidio.

El traslado sería inmediato, y no se detendría hasta llegar al destino, quedando todo enfermo bajo vigilancia militar mientras se recuperaba, para así no retrasar al grupo. La operación se financiaría con los bienes de los detenidos, que serían inmediatamente confiscados y subastados para pagar la manutención durante el traslado, el alquiler de carretas y barcos para el viaje y cualquier otro gasto que se produjera. Las instrucciones, muy puntillosas en ese sentido, establecían que —de no bastar ese dinero— el propio rey correría con los gastos.

Diversas cifras se han barajado para computar el efecto de la medida adoptada en 1749. El análisis de los documentos existentes hasta el 4 de octubre de ese año arroja la cifra de 7760 gitanos capturados, a los que se deben añadir todas las personas que fallecieron, lograron huir y las que quedaron libres antes de ser computadas, como también todos aquellos que se capturaron en localidades que no fueron incluidas en primera instancia —algo más de mil gitanos—, por lo que estimamos una cifra aproximada a las 9000 personas, cantidad que coincide con la que Campomanes dio en su día, seguramente por haber manejado esta misma documentación. Si bien, hay algunos autores que elevan esta cantidad hasta 12000 personas implicadas, multitud que causó problemas de ubicación, que fueron solventados sobre la marcha.

En cada lugar los hechos se desarrollaron de manera particular. En Sevilla, uno de los lugares más densamente poblados de gitanos de toda España (130 familias), se creó un cierto estado de alarma cuando se ordenó cerrar las puertas de la ciudad y los habitantes se enteraron de que el ejército rodeaba la población. La recogida de los gitanos dio lugar a disturbios que se saldaron con al menos tres fugitivos muertos. En otros lugares, los propios gitanos se presentaron voluntariamente ante los corregidores, creyendo tal vez que acudían a resolver algún asunto relacionado con su reciente reasentamiento.

La meticulosa organización de los arrestos contrasta con la imprevisión y el caos en que se convirtió el traslado y el alojamiento, sobre todo en las etapas intermedias de los viajes. Se reunió a los gitanos en castillos y alcazabas, e incluso se vaciaron y cercaron barrios de algunas ciudades para alojar a los deportados (por ejemplo, en Málaga). Ya en su destino, las condiciones de hacinamiento resultaron ser especialmente terribles, pues por lo general incluían el uso de grilletes.

La envergadura del proyecto se mostró muy por encima de los medios disponibles en aquella época, ya que se carecía de los necesarios recursos económicos y humanos para completarlo. Además, muchas partidas se formaron improvisadamente, y no tuvieron bien definido cuál era el objetivo, aun cuando los padrones de gitanos se hallaban incompletos, hecho que hizo surgir numerosas dudas desde un primer momento, por no saber si había de procederse contra todos los gitanos en general, o bien había que hacer excepciones con aquellos que poseían estatutos de cristianos viejos o formaban matrimonios mixtos.

El Consejo de Castilla, desbordado por el aluvión de interrogantes que desde todos los rincones de la península fueron llegando, tuvo que dilucidar sobre todo esto y sobre lo que había de practicarse con aquellos que se hallaban en otros destinos penitenciarios, dilema que se resolvió al ordenar mantenerlos presos tras haber cumplido su condena. Además, las protestas de los gitanos que poseían un estatuto de castellanía o de una vecindad consolidada de muchos años atrás, consiguieron que se dispusiera la libertad de los “que antes de recogerlos hubieren tenido ejecutorias del Consejo u otros formales declaraciones para no ser considerados como tales”, medida que acabó haciéndose extensible al resto de las familias de los implicados, rompiendo el carácter universal de la redada y abriendo un nuevo proceso que se centró en un replanteamiento dirigido hacia presupuestos muy diferentes del proyecto original.

Según la documentación conservada, la actitud de los no gitanos fue variable. Desde la colaboración y la denuncia hasta la petición de misericordia al Rey por parte de ciudadanos «respetables» (en el caso de Sevilla), lo que es una muestra del variado grado de integración que tenía la población gitana de entonces. Fueron las mujeres gitanas las que mostraron una mayor rebeldía, especialmente en la Casa de Misericordia de Zaragoza, donde se produjeron grandes y repetidas evasiones, muchas veces con éxito. Además, para hacer más gravosa su estancia rompieron sus vestidos hasta quedarse desnudas, y con la ropa, taponar los pozos negros de la Casa. Mobiliario, cubiertos, porcelana, etc., no se libraron de su furia.

En las instrucciones enviadas no se mencionaba a los «gitanos»; la palabra estaba prohibida por pragmáticas anteriores, en virtud de los ideales unificadores de la Ilustración. La pragmática básicamente describía sus actividades. Eso permitiría a algunos corregidores ordenar que no se molestara a determinada familia por estar arraigados en el vecindario y tener oficio conocido. Asimismo, no se detuvo a las mujeres gitanas casadas con un no gitano (si bien hubo excepciones), apelándose al fuero del marido, lo que implicaba que los gitanos casados con no gitanas sí serían deportados junto con sus mujeres e hijos. Se dispuso la horca para los fugados, si bien parece que las autoridades locales se negaron a cumplir esa orden, en parte por las decisiones de revisión de casos que veremos a continuación, en parte por considerarla injustificada.

El 7 de septiembre de 1749, ya muy avanzada la operación, tiene lugar una reunión de la Junta de Gitanos, donde el marqués de la Ensenada declara: "Falta lo principal, que es darles destino con que se impidan tantos daños y extinga si es posible esta generación."
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En la reunión se baraja la deportación final a América, su dispersión por los presidios o su empleo en las obras públicas. Sin embargo, ante las quejas desde diferentes estamentos y las constantes solicitudes de libertad, se terminó concediendo por real orden de 28 de octubre un indulto parcial, en el que se beneficiaron aquellos que pudieron demostrar una forma de vida conforme a las pragmáticas reales. En cuanto a los destinos, los varones mayores de 7 años se enviaron a los arsenales, y las mujeres y niños menores de esa edad a Casas de Misericordia. Al no producirse un indulto total, los recursos y los pleitos se mantuvieron hasta el final.

Como se ha dicho, no existía una noción clara y determinante de quién era gitano y quién no, de manera que muchos gitanos asentados desde hacía generaciones vieron revisados sus casos, en ocasiones por iniciativa propia, otras veces al ser defendidos por sus vecinos, y en la mayoría mediante procedimientos secretos, caso por caso, con el fin de comprobar su grado de integración.

Según Teresa San Román, en realidad lo que ocurrió fue que los consejeros del Rey descubrieron que los gitanos arrestados (los sedentarizados) eran los más valiosos para las economías locales, mientras que los más peligrosos, a sus ojos, continuaban sueltos. En octubre el gobierno presenta una nueva orden con más especificaciones, tratando de hacer entender que estaba deteniéndose a los gitanos equivocados. Eso explicaría que todavía en 1751 y 1755 hubiera partidas de detenidos enviados a las cárceles y al mismo tiempo se liberaban otros. En general, la confusión posterior fue total, pues se detiene a los gitanos en un sitio y se les suelta en otros (por petición de los vecinos y procedimientos secretos). Esta situación habría provocado, según la autora, la ruptura traumática de los vínculos entre "castellanos" y gitanos, especialmente desde la perspectiva de estos últimos, que vieron traicionados sus esfuerzos de integración.

El personal militar encargado de custodiar a los arrestados apremió tales procedimientos, pues en realidad los gitanos detenidos creaban quebraderos de cabeza a sus carceleros y apenas servían para los trabajos de los arsenales. Esto permitió la paulatina liberación de muchos presos, si bien en un ambiente de caos (donde la similitud de apellidos y nombres dio lugar a diversas confusiones). A eso se sumó el hecho de que los liberados debían recuperar sus bienes ahora subastados, lo que convirtió el proceso en un problema jurídico para muchas localidades. Por otro lado, la liberación de parte del contingente dividió a los gitanos en dos grupos: los «buenos» y los «malos». Se desconoce la proporción existente entre uno y otro tipo.

Aquellos que quedaban presos se resignaron o se resistieron, y hubo intentos de evasión. A los cuatro años de internamiento, muchos gitanos volvieron a reclamar libertad, amparándose en que esa era la pena para los vagabundos, normalmente sin obtener por ello la libertad. Se sabe13​ que en 1754, cinco años después de la redada, había 470 mujeres en Valencia y 281 hombres en Cartagena. Entre tanto, las liberaciones se acompañaban de nuevas detenciones.

Básicamente, el asunto se fue dilatando en Madrid, pese a las protestas de los militares que se quejaban del coste económico que suponía tener a su cargo a los prisioneros, o de los vecinos y corregidores. Desde la Corte se dieron instrucciones tajantes para que no se admitieran más recursos ni liberaciones. Pese a todo, algunos arsenales, por su cuenta, e irregularmente, pusieron en libertad a varios contingentes en 1762 y 1763. Estos sucesos, y el revuelo que causaría entre los mandos del ejército, provocaron el indulto final.

El reinado de Fernando VI termina oficialmente con su muerte en 1759, pero en la práctica lo hace un año antes cuando fallece su mujer Bárbara de Braganza, a quien permanecía muy unido. Desde ese momento, Fernando VI se recluye, corta todo contacto con el exterior y comienza a adoptar actitudes excéntricas que la psiquiatría ha valorado como trastornos a posteriori.

En 1763 se notificó a los gitanos, por orden del rey (en este caso, Carlos III), que iban a ser puestos en libertad. Pero la compleja administración absolutista debía primero resolver el problema de su reubicación. Además, los consejeros del rey decidieron que, junto al indulto, debería reformarse de nuevo toda la legislación sobre los gitanos. Esto supuso un atasco burocrático de dos años más, para desesperación de los gitanos presos, que no cesaron de reclamar la libertad, e inquietud de los militares, hasta tal punto que el rey ordenó acelerar los trámites y dio órdenes de finalizar el asunto. El 6 de julio de 1765, dieciséis años después de la redada, la secretaría de Marina emite orden de liberar a todos los presos, orden que hacia mediados de mes ya se habría cumplido en todo el reino. En el arsenal de Cartagena, un total de 75 gitanos fueron puestos en libertad, 12 de ellos con destino a Alcira. Sin embargo, éstos no fueron los últimos, pues el 16 de marzo de 1767 los dos gitanos que hasta entonces se hallaban como capataces en los trabajos del camino de Guadarrama fueron puestos en libertad.

Cuando en 1772 se sometió a deliberación una nueva legislación sobre gitanos, en el preámbulo se menciona la redada de 1749. Carlos III solicitará que sea retirada esa mención, pues «hace poco honor a la memoria de mi hermano» (refiriéndose a Fernando VI).

A diferencia de la gran mayoría de monarcas, Carlos III llegó a España con experiencia de gobierno tras reinar en las Dos Sicilias. Y fue, con diferencia, el menos excéntrico de los primeros borbones. Llevaba una vida rutinaria, casi monótona, mientras intentaba poner en marcha las grandes reformas bajo el paraguas del ‘despotismo ilustrado’. No todas funcionaron.

El motín de Esquilache, por ejemplo, acabó en revuelta popular y en el destierro del encargado de ordenar que los madrileños dejasen el sombrero de tres picos y la capa larga, para mayor seguridad pública. Pero la muchedumbre le odiaba por más cosas: por ser italiano, por la carestía del pan, por el alto precio de los productos básicos…

Carlos III, sin embargo, sí avanzó en bastantes sentidos. Dio un impulso definitivo a la ciudad de Madrid con ensanches, avenidas, plazas, monumentos como la Cibeles y emblemas como el Museo del Prado, el Jardín Botánico o la Puerta de Alcalá. La convirtió, en definitiva, en una capital digna para el Reino, hacia la que dirigió carreteras e infraestructuras desde el resto de la Nación. También puede reclamar la paternidad de sus actuales símbolos: tanto el himno como la bandera de España datan de su reinado.

Carlos IV llegó al trono con 40 años pero algo despreocupado de sus obligaciones como monarca. El peso político del reinado recayó mayoritariamente en su valido, Manuel Godoy, y se dividió muy claramente en dos partes. Que acabaron igual de mal. En la primera, España se unió a las fuerzas que trataban de contener la revolución francesa. Pero fracasó, y el ejército revolucionario terminó devolviendo los golpes y haciéndose con ciudades de la importancia de Bilbao, San Sebastián, Vitoria, Figueras o Miranda de Ebro. Godoy acabó firmando la paz y aliándose con Francia, pero tuvo que dejar el gobierno tras una traumática derrota en Puerto Rico.

La llegada de Napoleón al poder en Francia, no obstante, conlleva como primera exigencia que Godoy vuelva a tener responsabilidades en el gobierno español. Y Carlos IV obedece. Godoy, ya como aliado francófilo, es el principal responsable de que las tropas francesas se asienten en España en su presunto camino hacia Portugal, circunstancia que va generando un creciente hartazgo tanto en la población como en algunas élites comandadas por su hijo.

El motín de Aranjuez, que termina con Godoy apresado, provoca la abdicación de Carlos IV y el ascenso efímero de Fernando VII. Napoleón convoca a ambos en Bayona y consigue que finalmente Fernando renuncie al trono y lo mantenga en manos de su padre. Fernando lo hace, sin saber que el día anterior su padre ha traicionado a la dinastía borbónica española y prometido a Napoleón concederle los derechos de sucesión de la corona, que más tarde transferirá a su hermano José Bonaparte, nunca reconocido por las Cortes españolas que, durante la ocupación, aprobaron la Constitución de 1812 en el bastión de Cádiz.

El enfrentamiento previo a la Guerra de Independencia con su traidor padre convirtió a Fernando VII, preso en Francia durante la contienda, en el rey más deseado. Se anhelaba su vuelta con tanta fuerza como con la que se le repudió después. Es el rey peor recordado por la historiografía y fue incapaz de lidiar con la macabra situación económica en la que España había quedado tras la guerra. Protagonizó, entre 1814 y 1820, una deriva absolutista que le granjeó enemistades en todas partes. Su primera medida fue derogar la Pepa.

Al borbón le pararon los pies en 1820 con un pronunciamiento militar que abrió camino al trienio liberal, finiquitado en 1823 tras la intervención de los Cien Mil Hijos de San Luis. Fernando VII protagonizó entonces la bautizada como Década Ominosa, caracterizada principalmente por la gran represión sobre los exaltados protagonistas de los pronunciamientos anteriores.

Al mismo tiempo, los últimos años de vida de Fernando VII fueron una búsqueda frenética de descendencia, tras tres matrimonios fallidos en ese sentido. Finalmente, cuatro años antes de morir acabó por casarse con su sobrina María Cristina de las Dos Sicilias, hija de su hermana pequeña María Isabel, con quien tuvo dos hijas: Isabel y Luisa Fernanda, que ocuparon la línea de sucesión en perjuicio de su hermano Carlos María Isidro, sembrando el germen de las posteriores guerras carlistas.

Mientras Europa avanzaba social, económica e incluso democráticamente, España continuaba inmersa en guerras internas por la cuestión sucesoria. A las primeras no les hizo frente Isabel II, que heredó la corona a los tres años, sino su madre María Cristina, regente con canción popular propia. Tras la segunda regencia, en manos de Baldomero Espartero, las Cortes acabaron por nombrar mayor de edad a Isabel II con 13 años, con 193 votos a favor y 16 en contra.

España no se modernizó apenas nada. El desarrollo del ferrocarril fue lento y desigual, los dispersos focos de industrialización apenas estaban conectados entre sí y los gobiernos seguían cambiando a golpe de pronunciamiento militar. El principal perfeccionamiento de la época fue el del pucherazo: las elecciones las solía ganar quien las organizaba. Se hizo cotidiana la figura del cacique rural y se generó el caldo de cultivo para la revolución de 1868, que derrocó a la reina y dio paso al Sexenio Democrático, la primera apuesta fallida del país tanto por la monarquía parlamentaria de Amadeo de Saboya como por la República (1873-1874).

Pese a los experimentos del Sexenio Democrático, los actores clave de la vida política española nunca se olvidaron de los borbones. No lo hizo Cánovas del Castillo, que durante todo ese tiempo fue la principal voz defensora en Cortes de la opción de Alfonso XII, el primer príncipe de Asturias de la dinastía que recibió educación internacional fuera de España.

El monarca llegó a España en diciembre de 1874 con fama de preparado y tras el pronunciamiento en Valencia del general Martínez Campos. Y se le conoció, claro, como ‘el pacificador’. Fue un período sin sobresaltos, marcado por el tradicional turnismo gubernamental entre Cánovas y Sagasta, y que dejó como legado la Constitución de 1876, vigente durante 47 años y todavía la más longeva de la historia de España.

Alfonso XII murió en 1885 de manera inesperada, y con su mujer, María Cristina de Habsburgo, embarazada. Ante el miedo a otro conflicto sucesorio como el que protagonizaron carlistas e isabelinos, Sagasta paralizó el proceso de sucesión hasta comprobar qué salía del vientre de la reina. Fue un hecho insólito: Alfonso XIII nació siendo monarca de España, aunque fue su madre la que tuvo que lidiar durante el proceso de regencia con el desastre del 98, la pérdida de las últimas posesiones de ultramar y el trauma nacional.

La gestión del rey, ya mayor de edad, no fue mucho mejor. España se enfangó en el Rif y la campaña militar llevó al país a otro descalabro que hizo mella en la opinión pública, ya radicalizada durante los años previos a la instauración de la dictadura de Miguel Primo de Rivera.

El monarca consintió esta deriva autoritaria, lo cual supuso su sentencia: mientras los políticos de todo el espectro se sentían desamparados por el rey, crecía el republicanismo que supondría su punto final. Tras las elecciones municipales de 1931, entendidas en clave plebiscitaria en las grandes ciudades, el abuelo de Juan Carlos I se exilió en Roma.

Juan de Borbón y Battenberg (Real Sitio de San Ildefonso, 20 de junio de 1913-Pamplona, 1 de abril de 1993) fue jefe de la casa real española entre 1941 y 1977 y, como tal, pretendiente legítimo a la Corona de España. Referido habitualmente como Juan de Borbón o como el conde de Barcelona (por su título de señalamiento), de haber reinado lo habría hecho como «Juan III».2​ A pesar de no haber sido rey efectivo, su sepulcro se encuentra en el Panteón de Reyes del Monasterio de El Escorial e incluye la siguiente inscripción latina: Ioannes III, comes Barcinonae («Juan III, conde de Barcelona»).​

Tercer hijo varón de Alfonso XIII y de Victoria Eugenia de Battenberg, en 1933 asumió los derechos dinásticos como heredero de su padre —en el exilio desde 1931— tras las renuncias de sus hermanos mayores, el príncipe titular Alfonso, que incurrió en matrimonio morganático, y el infante Jaime, afectado de sordera. Así, al renunciar su padre a la jefatura de la casa real en 1941, poco antes de su muerte, Juan de Borbón se convirtió en legítimo heredero del trono de España.

Como órgano consultivo contó desde 1946 hasta su disolución en 1969 con un Consejo Privado, al que se añadió un secretariado político con funciones ejecutivas, también disuelto en 1969.

La designación en julio de 1969 por parte de Francisco Franco de Juan Carlos —varón primogénito de Juan de Borbón— como sucesor en la jefatura del Estado, alteró notablemente las relaciones hasta entonces mantenidas entre Juan de Borbón y el dictador, así como realineó las relaciones entre padre e hijo, que pasaron a mantener posiciones políticas no coincidentes y a veces contrarias.

En un discurso pronunciado en el Palacio de la Zarzuela el 14 de mayo de 1977,5​ hizo renuncia de sus derechos dinásticos en favor de su hijo Juan Carlos, que ya había sido proclamado rey por las Cortes franquistas el 22 de noviembre de 1975, manteniendo para sí mismo la denominación de conde de Barcelona, intitulación de soberanía reservada a los monarcas españoles.

Juan Carlos I nació en 1938 en Roma, donde se exilió su abuelo Alfonso XIII tras la instauración de la II República. Nacido en plena Guerra Civil, el principal cometido de su reinado fue cicatrizar la herida del conflicto, tras 40 años de dictadura franquista. Hasta su abdicación en 2014, sostuvo uno de los reinados más largos de la dinastía borbónica en España, que la prensa tilda de "ejemplar", queriendo que todos besemos como ellos el culo real.

Tan ejemplar ha sido que se refugió en un país donde no puedan extraditarle y su sucesor está preparándose para hacer lo mismo.

sábado, 24 de julio de 2021

"Odio", de Alfonsina Storni.



Oh, primavera de las amapolas,
Tú que floreces para bien mi casa,
Luego que enjoyes las corolas,
Pasa.

Beso, la forma más voraz del fuego,
Clava sin miedo tu endiablada espuela,
Quema mi alma, pero luego,
Vuela.

Risa de oro que movible y loca
Sueltas el alma, de las sombras, presa,
En cuanto asomes a la boca,
Cesa.

Lástima blanda del error amante
Que a cada paso el corazón diluye,
Vuelca tus mieles y al instante,
Huye.

Odio tremendo, como nada fosco,
Odio que truecas en puñal la seda,
Odio que apenas te conozco,
Queda.



La aplicación práctica de la Ley de Memoria Histórica (y ahora, la de Memoria Democrática) apunta en un solo sentido, el ensalzamiento de unas víctimas en demérito de otras, tolerada por unos funcionarios que nunca han reconocido la discriminación aún teniéndola delante. Para poner un ejemplo del ambivalente trato dado a víctimas y verdugos republicanos está el artículo 2 de la LMH: "Como expresión del derecho de todos los ciudadanos a la reparación moral y a la recuperación de su memoria personal y familiar, se reconoce y declara el carácter radicalmente injusto de todas las condenas, sanciones y cualesquiera formas de violencia personal producidas por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil, así como las sufridas por las mismas causas durante la Dictadura".

"Las razones a que se refiere el apartado anterior incluyen la pertenencia, colaboración o relación con partidos políticos, sindicatos, organizaciones religiosas o militares, minorías étnicas, sociedades secretas, logias masónicas y grupos de resistencia, así como el ejercicio de conductas vinculadas con opciones culturales, lingüísticas o de orientación sexual". No es una relación exhaustiva, sino una lista de situaciones a modo de recordatorio, tras lo cual "se reconoce y declara la injusticia que supuso el exilio de muchos españoles durante la Guerra Civil y la Dictadura".


En plano de igualdad, se condenan las persecuciones y los procesos judiciales del gobierno de Franco, pero también las del bando republicano, ya que la Ley habla de "todas", refiriéndose a las políticas, ideológicas o de creencia religiosa. Muchos de los crímenes de la Segunda República ya fueron juzgados durante la Guerra Civil y la posguerra, unos acabaron en condenas (generalmente de muerte), y otras fueron "conmutadas" o amnistiadas años después de la guerra.

Se omite en especial la persecución religiosa mediante la violación o asesinato de monjas y sacerdotes, llevada a cabo sistemáticamente por milicianos y sindicalistas. Eso tampoco parece recordarlo el cardenal Osoro, que pactó con Sánchez la expulsión de los benedictinos, a cambio de no desacralizar la Basílica.

En el olvido queda el caso del juicio de Companys anterior a la Guerra Civil por la proclamación del 6 de octubre de 1934, por la que fue detenido junto con el gobierno catalán en pleno y encarcelado en el buque Uruguay, fondeado en el puerto de Barcelona, que fue requisado para ser utilizado como prisión. Companys y sus consejeros permanecieron recluidos en el Uruguay hasta el 7 de enero de 1935, cuando fueron trasladados a la cárcel Modelo de Madrid para ser juzgados por el Tribunal de Garantías Constitucionales.

Las consecuencias para la autonomía catalana fueron desastrosas. El 7 de octubre, con el país aún bajo el estado de guerra, el general Batet designó al coronel de Intendencia Francisco Jiménez Arenas presidente accidental de la Generalidad.​ El 2 de enero, las Cortes aprobaban una ley por la que se suspendía el estatuto de autonomía, nombrándose a un gobernador general de Cataluña que asumía las funciones del presidente de la Generalidad y de su consejo ejecutivo.​ En noviembre, Amadeu Hurtado, presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Cataluña había tratado de buscar una solución que salvase el autogobierno catalán del procesamiento de sus dirigentes, proponiendo que la presidencia de la Generalidad, en ausencia de su presidente, y del presidente del parlamento, fuese ocupada por el vicepresidente, Antonio Martínez Domingo, de la Lliga. Sin embargo, Companys desautorizó cualquier posible arreglo, impidiendo cualquier colaboración por parte de Esquerra Republicana.

Companys y sus consejeros fueron juzgados por rebelión por el Tribunal de Garantías Constitucionales de la II República. El 6 de junio de 1935 por diez votos a favor y ocho en contra, Companys y los miembros de su gobierno fueron condenados a treinta años de reclusión mayor e inhabilitación absoluta. Posteriormente Companys y los consejeros Comorera y Lluhí fueron trasladado al penal de El Puerto de Santa María (Cádiz), en tanto que el resto de consejeros eran internados en la cárcel de Cartagena.


El general Domingo Batet redujo la sublevación en 1934 del Estado Catalán por Luis Companys con un mínimo derramamiento de sangre. Su nieta, Meritxell Batet, es presidente del Congreso de los Diputados, siendo así la segunda autoridad del Estado por detrás del Rey Felipe VI.

Al ser proclamada en 1931 la II República, se encontraba destinado en Mallorca y sustituyó al destituido general López Ochoa como Capitán General de Cataluña. Domingo Batet se distinguió por el acatamiento a la autoridad civil, por el respeto al régimen autonómico catalán y por la prudencia con que actuó en las tensiones entre algunos sectores militares y la nueva administración de la Generalitat catalana. Su papel fue fundamental durante los sucesos del 6 de octubre de 1934, cuando el presidente autonómico, Lluis Company, declaró el Estado Catalán. Batet se puso en contacto con el entonces presidente del gobierno republicano español, Alejandro Lerroux, que le exigió que declarase el Estado de Guerra en Cataluña.

Tras diferentes disturbios con el resultado de tres muertos, el ejército comandado por el general Batet tomó la Plaza de Santiago. El comandante mantuvo un encuentro con Enrique Pérez Farras, el Jefe de los Mossos de Escuadra, para que abandonen las armas. Estos no cedieron y empezaron a disparar sobre el ejército español produciendo varias muertes y heridos. Fue entonces cuando Batet ordenó que los cañones del ejército dispararon contra el Palau de la Generalitat. Tras cinco intensas horas de asedio, los insurrectos mandados por el coronel Frederic Escofet se rindieron y fueron detenidos.

Fue en marzo de 1935 cuando Batet fue nombrado Jefe de la Casa Militar del presidente de la República Niceto Alcalá-Zamora. En junio de 1936 ya fue designado Jefe de la Sexta División Militar, con sede en Burgos. Durante los intentos de levantamiento de algunos sectores militares, él tomó una postura de fidelidad a la República.

En la madrugada del 13 de julio de 1936, el jefe de la oposición al Frente Popular Calvo Sotelo fue detenido irregularmente en su casa por La Motorizada, una especie de milicia de los socialistas madrileños y durante el traslado fue asesinado mediante un tiro a la cabeza por el pistolero socialista Luis Cuenca, guardaespaldas del entonces líder del partido socialista Indalecio Prieto. El suceso tuvo un hondo impacto entre la clase media española de la época y polarizó aún más el ya tenso ambiente político que reinaba entonces. Este suceso fue el que provocó que el general Francisco Franco decidiese unirse al alzamiento que desde hacía tiempo se preparaba contra la República.

Aún así, el 16 de julio de 1936 Batet se entrevistó en el monasterio de Irache, en Navarra, con su subordinado el general Emilio Mola, comandante militar de Pamplona. Su intención era frenar los intentos de sublevación y calmar los ánimos de los más exaltados. Aunque Mola le prometió que no se sumaría a ninguna conspiración, dos días más tarde se producía el levantamiento y Burgos pronto se convertiría en una plaza de los sublevados.

El coronel Marcelino Gavilán arrestó a Batet acusado de mantenerse fiel a la legalidad vigente. Su amigo, el General Mola, exigió un trato de respeto para Batet y que se le reconociera sus dignidades militares.

El 1 de septiembre de 1936 fue acusado formalmente de Rebelión Militar. Durante los meses del proceso Francisco Franco tomó la decisión de retirarle la pensión que iba unida a la tenencia de la Laureada de San Fernando, que había conseguido tras frenar la sublevación independentista del Estado Catalán.

El 8 de enero de 1937 fue definitivamente condenado a la pena de muerte, en un Consejo de Guerra que se le abrió por "Auxilio a la Rebelión". A pesar de que incluso Queipo de Llano llegó a pedir un indulto para él, Franco no detuvo su fusilamiento. Las últimas palabras de Domingo Batet fueron las siguientes: “Soldados, cumplid un deber sin que ello origine vuestro remordimiento en el mañana. Como acto de disciplina debéis disparar obedeciendo la voz de mando. Hacedlo al corazón; os lo pide vuestro general, que no necesita perdonaros, porque no comete falta alguna el que obra cumpliendo órdenes de sus superiores”.

También hay que recordar la insurrección obrera ocurrida en Asturias en el mes de octubre de 1934 que formaba parte de la huelga general revolucionaria organizada por los socialistas en toda España conocida con el nombre de Revolución de octubre de 1934 y que solo arraigó completamente en Asturias, debido fundamentalmente a que allí la anarquista CNT sí se integró en la Alianza Obrera propuesta por los socialistas de la UGT y el PSOE, a diferencia de lo sucedido en el resto de España. El día 5 de octubre, la UGT declaró la huelga general y Lerroux reaccionó proclamando el estado de guerra.

Así pues, el día 5 comenzó el movimiento huelguístico e insurreccional decretado por el Comité Revolucionario socialista presidido por Francisco Largo Caballero, aunque en la mayor parte del país fracasó.

Un elemento clave en la preparación de la insurrección eran las armas y parte de ellas los obreros las consiguieron robándolas pacientemente una a una de las fábricas de armas de Oviedo y de Trubia. Otras las compraron a contrabandistas o las trajeron desde Éibar a través de una red creada por las Juventudes Socialistas y el sindicato del Transporte de la UGT de Oviedo. La dinamita la obtuvieron de las minas.

Otro elemento clave en la insurrección fue la organización de las fuerzas paramilitares que encabezaran el movimiento. Así miembros de las Juventudes Socialistas y de las Juventudes Libertarias fueron entrenados por exsargentos con la cobertura de grupos de excursionismo, clubes culturales, meriendas campestres o incluso romerías, por lo que en octubre de 1934 los socialistas contaban con unos 2500 combatientes, los cenetistas con cerca de un millar y los comunistas con unos cientos, lo que supone que los revolucionarios asturianos contaban con una fuerza organizada de más de 3000 hombres cuando iniciaron la insurrección.

Ante la petición de Gil-Robles comunicando a Lerroux que no se fía del jefe de Estado Mayor, general Masquelet, los generales Goded y Franco (que tenían experiencia al haber participado en la represión de la huelga general de 1917 en Asturias) son llamados para que dirijan la represión de la rebelión desde el Estado Mayor en Madrid. Estos recomiendan que se traigan tropas de la Legión y de Regulares desde Marruecos. Y la rebelión fracasó.

Debe de decirse que la Ley de Memoria Histórica y ahora el anteproyecto de Memoria Democrática recoge y hace suya la condena del franquismo contenida en el Informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa firmado en París el 17 de marzo de 2006 en el que se consideró que hubo graves violaciones de Derechos Humanos cometidas en España entre los años 1939 y 1975. ¿Y antes no, en los años del pistolerismo entre patronal y sindicatos?


Siguiendo sus conclusiones, se declara "la ilegitimidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que, durante la Guerra Civil, se hubieran constituido para imponer, por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa, condenas o sanciones de carácter personal, así como la de sus resoluciones."

"Por ser contrarios a Derecho y vulnerar las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo, se declara en todo caso la ilegitimidad del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Público, así como los Tribunales de Responsabilidades Políticas y Consejos de Guerra constituidos por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la presente Ley".


Coherente con las anterior declaraciones, lo que se declara ilegítimo fueron los Tribunales Especiales y sus sentencias. No obstante, a renglón seguido reitera la Ley, que "se declaran ilegítimas, por vicios de forma y fondo, las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia por cualesquiera tribunales u órganos penales o administrativos durante la Dictadura contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución.

Sólo que ninguno de los dos bandos luchó por la democracia.



En pocas palabras, aquí lo que se declara es la consideración póstuma de la Segunda República como régimen legítimo, pese a que las democracias occidentales permanecieron neutrales ante el conflicto, y años después otorgaron al franquismo reconocimiento internacional.

Esta es una de las características de estas Leyes de Memoria Histórica, o Democrática, que en su aspecto jurídico son una verdadera basura, una serie de decretos administrativos que no aclaran cuestiones básicas de competencias, procedimientos a seguir, ni reglamentos de aplicación. Por eso la Ley también ordena al Gobierno dictar Real Decreto que determine las condiciones y el procedimiento para la concesión de indemnización, que es una decisión "graciable", no un derecho reglado. O sea, que el Ministerio puede concederlo o denegarlo sin más explicaciones. Así funciona el organicismo burocrático que sostiene tanto la izquierda como la derecha aunque teóricamente esta forma de funcionar terminase con la dictadura.


Siguiendo con la Ley de Memoria Histórica, su artículo
19 se hace una declaración de reconocimiento a las asociaciones de víctimas "de la violencia política a la que se refiere esta Ley". Nuevamente se refiere solamente a la represión franquista y no a la perpetrada por las izquierdas, aunque lo haga de forma disimulada.

Al amparo del artículo 20, se constituye el Centro Documental de la Memoria Histórica, con sede en la ciudad de Salamanca. En realidad, la documentación que allí ha habido desde 1.936 se hallaba allí almacenada y cerrada al público, motivando la promulgación del Real Decreto 426/1999, para darle alguna finalidad al archivo que allí envejecía.


Aunque se remite al "procedimiento que reglamentariamente se determine" (y no se ha elaborado ninguno), "se integrarán en este Archivo todos los documentos originales o copias fidedignas de los mismos referidos a la Guerra Civil de 1936-1939 y la represión política subsiguiente sitos en museos, bibliotecas o archivos de titularidad estatal, en los cuales, quedará una copia digitalizada de los mencionados documentos. Asimismo, la Administración General del Estado procederá a la recopilación de los testimonios orales relevantes vinculados al indicado período histórico para su remisión e integración en el Archivo General."


La LMH, en su Disposición adicional segunda preceptúa que: "Las previsiones contenidas en la presente Ley son compatibles con el ejercicio de las acciones y el acceso a los procedimientos judiciales ordinarios y extraordinarios establecidos en las leyes o en los tratados y convenios internacionales suscritos por España."


Procedimientos penales, por ejemplo, como el que inició el prevaricador Garzón, inhabilitado pero no encarcelado por sus iguales, para acaparar atención con su parodia de la "Causa General", que fue el nombre que los franquistas dieron a los juicios de los represaliados.


Aunque la Constitución ya dejó sin efecto muchas leyes de la época franquista, otras se han mantenido vigentes, como la Ley Hipotecaria. Pero la Ley de la Memoria Histórica superpone una Disposición Derogatoria presuntamente "En congruencia con lo establecido en el punto 3 de la Disposición Derogatoria de la Constitución". En virtud de esta soflama legislativa, aprobada por las Cortes, "se declaran expresamente derogados el Bando de Guerra de 28 de julio de 1936 y el Bando de 31 de agosto de 1936", como si con eso se anulara la guerra y posterior derrota sobre el papel del BOE.

También se deroga la Ley 15/1963, creadora del Tribunal de Orden Público, que por si alguien no lo sabe, es el anterior nombre de la Audiencia Nacional. Todas estas leyes ya no tenían ninguna efectividad, así que su derogación es puramente declarativa.

Dada la improvisación de todo el texto jurídico de la LMH, salva los vacíos legales su disposición final primera, que "habilita al Gobierno y a sus miembros, en el ámbito de sus respectivas competencias, para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de lo establecido en esta Ley."


En pocas palabras, una Ley banal e incompleta, que ha necesitado otras leyes para su desarrollo posterior y necesitará más. Queda a opinión de cada uno decir si es justa o injusta, pero lo cierto es que a estas alturas sólo servirá para reparar el daño causado de muy pocos. Por contra, su aplicación arbitraria genera nuevos perjuicios por su carácter vejatorio hacia las víctimas de los bandos republicanos.


La Ley de Memoria Histórica no es un instrumento jurídico al servicio del ciudadano, sino de un Estado que quiere borrar e
l otro lado de la guerra civil, como las detenciones arbitrarias, las torturas en las checas y los campos de trabajo republicanos

“Incluso antes de esto, yo ya sabía que en estos campos es costumbre disparar a los compañeros del que ha escapado bajo el pretexto de hacerlos colectivamente responsables de la huida”. La carta firmada en mayo de 1938 por el anarquista asturiano Segundo Blanco, ministro de Educación bajo el gobierno de Juan Negrín, mostraba que las autoridades republicanas estaban muy al tanto de la existencia de campos de trabajo forzado en los que a menudo se traspasaban los límites. Con “esto”, Segundo Blanco se refería al fusilamiento de trece prisioneros tras la huida de otros dos del campo de concentración nº 3 de Omells de Na Gaia, en Lleida. El problema para los responsables, en este caso, es que seis de ellos eran miembros de la CNT.

No existen demasiadas revisiones históricas sobre los campos de trabajo del bando republicano, pero existieron y por ellos pasaron miles de personas durante los años de la Guerra Civil, hasta su cierre tras la victoria del bando nacional.

Los programas de trabajo forzado de ambos bandos: disponer de mayor mano de obra y ofrecer posibilidad de redención a los presos. Los enemigos consideraban que los trabajos transformarían al enemigo en un miembro valioso de la nueva España  “Ambos lados utilizaban los trabajos forzados con objetivos militares, y consideraban que los prisioneros políticos proporcionaban la mano de obra barata para hacer que los proyectos de reconstrucción fuesen económicamente viables”, recuerda el autor de 'El terror rojo', Héctor G. Barnés, que retrata la represión republicana durante la Guerra Civil española.

Entre 1937 y 1942 alrededor de 500.000 soldados republicanos cayeron en manos franquistas en 190 campos de trabajo diferentes. 

La cantidad en el bando adversario fue mucho más reducida, pero existió. La autoridad de estos campos se dividió entre la Dirección General de Prisiones (DGP) y el Servicio de Investigación Militar (SIM), que abrió seis campos en Cataluña durante la primavera de 1938. Son estos últimos los que peores condiciones ofrecían a los cautivos, ya que solían “castigar soldados indisciplinados, desertores, insumisos y reclutas demasiado peligrosos políticamente para servir en unidades regulares”. Una dureza que ha hecho que Francesc Badia los haya comparado con los gulags soviéticos. Sin embargo, Julius Ruiz, de la Universidad de Edimburgo, recuerda que hay una radical diferencia entre los campos de trabajo españoles (sean franquistas o republicanos) y los nazis o rusos: su voluntad de redimir a los presos políticos a través del trabajo.

Fue el 1 de enero de 1937 cuando el anarquista Juan García Oliver, ministro de Justicia en el gobierno de Largo Caballero, pronunció las siguientes palabras: “Resolveremos el gran problema de la delincuencia politicofascista con campos de trabajo. No hay razón humana por la que soldados, sacerdotes e hijos de millonarios no trabajen como el resto”. La labor de esa “cohorte de fascistas”, en sus palabras, transformaría España en “un vergel frondoso”. Dicho y hecho… unos cuantos meses más tarde, el 24 de abril, el primer campo en Totana (Murcia) abrió sus puertas, sobre las cuales un cartel rezaba “trabaja y no pierdas la esperanza”. Bajo la autoridad del DGP, a lo largo de la guerra alrededor de 1.799 prisioneros pasarían por él.

Ese mismo año, otros campos similares comenzarían a brotar por el territorio aún bajo el poder republicano, sobre todo en el Levante. El de Albatera (Alicante), que abrió sus puertas en octubre de 1937, era aún mayor que el de Totana, con una capacidad para 2.000 trabajadores. El resto eran de menor tamaño: se trata de los Orihuela, San Juan y Calpe (Alicante), Valmuel (Teruel), Venta de Araoz (Almería) y Rosas (Girona). Este último, por ejemplo, apenas albergaba a 70 trabajadores. Un porcentaje de los presos fue empleado en la construcción del ferrocarril entre Torrejón de Ardoz (Madrid) y Tarancón (Cuenca). Como explica Ruiz, “la idea de que el trabajo rehabilitaría (o redimiría) a los políticos prisioneros encontró apoyos en todo el Frente Popular”. De ahí que siguiesen abriendo sus puertas incluso cuando no quedaba ningún ministro anarquista.

Al fin y al cabo, la Ley de Vagos y Maleantes promulgada en agosto de 1933 había sido idea del gobierno de Manuel Azaña, y se puede ver el sistema de campos de trabajo como una prolongación de aquella, como una forma de reaprovechar a esos potenciales enemigos internos para los que el sistema de cárceles tradicional se estaba quedando corto. “Como consecuencia lógica de una cruel guerra civil, hay en las prisiones un gran número de prisioneros”, recordaba García Oliver en su decreto para la creación de los campos.

La mayoría de los trabajos llevados a cabo por estos prisioneros tenían que ver con las infraestructuras agrícolas. La localidad de Albatera, por ejemplo, fue elegido ya que fueron trabajadores forzados quienes en el siglo XVII drenaron los marjales, lo que contribuyó a la prosperidad de la región. Algo que también ocurrió con Totana, donde en 1936 se reinició el proyecto del valle del Guadalentín. Según un memorando de diciembre de 1937, los prisioneros empleados en Almería habían permitido ahorrar más de cuatro millones de pesetas. De ahí que, como recuerda Ruiz, “es importante señalar que el propósito de estos campos, como el de los franquistas, era el castigo y la redención, no la exterminación a través del trabajo”.

Los datos hablan. En Totana murieron apenas 12 personas. En Albatera, cinco. En general, las condiciones no eran particularmente peligrosas para la vida de los prisioneros, aunque sí para su salud. En Albatera los prisioneros sufrían cierto hacinamiento (783 habitantes para una capacidad de 600) y el fatigoso ritmo de trabajo provocó que en 1937, alrededor de un 11% de los trabajadores dejasen la labor por su mal estado de salud. En Totana sufrieron problemas de higiene, como sugiere Ruiz, probablemente por “la incompetencia e inexperiencia de las autoridades del campo”. En otros centros abundaba la malnutrición, un problema que previsiblemente se agravó a medida que avanzaba la guerra.

Hay tres rasgos que caracterizaban a estos campos, y que en un alto grado eran herencia de los construidos por la Federación Anarquista Ibérica (FAI) antes de la guerra. En primer lugar, y como había ocurrido en Valmuel (Teruel), los presos construían ellos mismos el campo. En segundo, su labor solía estar relacionada con las infraestructuras agrícolas. En tercero, se colaboraba estrechamente con las autoridades locales, que contribuían con sus propios prisioneros. La voluntad era la de devolver al rebaño a las ovejas descarriadas. Como explica Ruiz, “el uso de la fuerza de trabajo 'fascista' era más que simple autodefensa; el trabajo tenía una capacidad redentora que transformaría a esos 'fascistas'”.

El SIM (Servicio de Información Militar) fue una agencia de inteligencia idea del Ministro de Defensa socialista Indalecio Prieto que, en su labor de lucha contra quintacoluminstas, potenciales desestabilizadores y anarquistas, llegó a emplear a miles de personas que se dedicaron, por ejemplo, a la construcción de fortificaciones militares, cumpliendo un significativo rol militar. Entre los seis campos de Cataluña se encontraban el del Pueblo Español en Montjuic (Barcelona), Hospital de l'Infant (Tarragona), Omells de Na Gaia, Concabella y Ogern (Lleida) y Falset (Tarragona). En total, por ellos pasaron entre 7.000 y 8.000 personas, algunas de las cuales eran desertores que los agentes del SIM habían localizado por la calle.

La disciplina era extrema y y el castigo, ejemplar. En Concabella, por ejemplo, un prisionero fue ejecutado por robar un pollo. Las condiciones eran peores que en los campos bajo la autoridad de la DGP, principalmente por la violencia con la que solían librarse de los desertores y por sus represalias hacia el resto. Cuando un preso intentaba escapar, se le disparaba. En uno de los batallones, ocho personas, incluido un sacerdote, fueron eliminados por ese procedimiento. Se intentó que los campos, administrados por el comunista madrileño Manuel Astorga, no fuesen conocidos por la opinión pública, prohibiendo expresamente a los presos que contactasen con sus familias o con los habitantes locales. En Omells de Na Gaia, 21 fueron asesinados por negarse a trabajar aduciendo que estaban enfermos o hambrientos. 

Sin embargo, el fusilamiento de seis anarquistas de la CNT no pasó desaprecibido, y así llegó a los oídos del indignado ministro Segundo Blanco, que encargó una investigación sobre esta “monstruosidad”. Es, no obstante, también una muestra de que los políticos republicanos no eran completamente inocentes en su conocimiento de esta realidad alternativa y en espejo a la de los campos del bando rebelde, probablemente más brutales. No obstante, ambos tenían mucho más que ver de lo que cabría esperar. García Oliver sugería que estos prisioneros debían llevar a cabo “trabajos de utilidad pública que los orienten en los hábitos laborales y los pongan en armonía con los principios que guían a todos nuestros ciudadanos”.

Una retórica no tan lejana a la que impondría poco después el franquismo.


Mención aparte merecen los campos de internamiento en Francia establecidos por sus autoridades para encerrar a cerca de 550.000 españoles que huyeron de la represión franquista hacia Francia tras la Guerra Civil Española.

La mayoría se construyeron a toda prisa cerca de la frontera, en forma de barracones o de zonas vigiladas bajo la intemperie, y no disponían de agua potable ni de las mínimas condiciones higiénicas. A los prisioneros apenas se les daba comida, y nunca se les ofreció agua potable ni ropa de abrigo o para refugiarse del viento. Muchos murieron de desnutrición, enfermedades diversas, durante torturas o asesinados.

Los principales campos de internamiento fueron el de Gurs, el de Argelès-sur-Mer, los de Saint-Cyprien y Barcarès, el de Septfonds, el de Rivesaltes,  el de Vernet d'Ariège y el campo de concentración de Beyris, que todos han silenciado, donde cientos de españoles se hacinaron antes de volver a ser deportados, en su mayoría, a nuestro país.

Según Héctor G. Barnés, Polo Beyris, una pequeña urbanización situada a las afueras de Bayona se encuentra construida en lo que antiguamente había sido un campo de polo,  encima del lugar donde entre 1939 y 1947 se encontraba uno de los campos de internamiento y concentración más peculiares de Francia, el único situado en el País Vasco-francés. Un campo por el que pasaron, sucesivamente, refugiados de la Guerra Civil española, soldados franceses y prisioneros de guerra alemanes. La historia del asentamiento, en el que llegaron a juntarse 8.600 personas, resume bien los cambios que experimentó Europa entre el principio y el final de la Segunda Guerra Mundial. Sobre todo, el interminable ciclo de agresión y venganza que enfrentó a unos con otros.

La historia de este lugar ha sido glosada en un reciente trabajo del historiador John C. Guse publicado en el 'Journal of Contemporary History', centrándose en el pacto de silencio que unos y otros (franceses, alemanes, españoles) han mantenido sobre este oscuro episodio de la historia europea.

La información de la que se dispone es escasa, y de ahí que hace unos años se fundase el Colectivo por la Memoria del Campo de Beyris con el objetivo de recoger toda la documentación posible sobre aquel campo transitado, sobre todo, por mujeres y niños. Como recuerda Guse en la nueva investigación, es sorprendente que un campo que se sitúa en pleno centro urbano haya caído en el olvido. Muy probablemente, las autoridades franceses y alemanas prefirieron dejar atrás los años oscuros de la ocupación y hacer borrón y cuenta nueva. “Por muchas razones, ni los refugiados españoles ni los soldados coloniales ni los prisioneros de guerra alemanes tenían muchas ganas de publicar testimonios de su cautiverio”, recuerda.

Los españoles fueron los primeros habitantes de Polo Beyris. En concreto, los refugiados que huían de la guerra al otro lado de los Pirineos. Uno de ellos fue el dramaturgo Álvaro de Orriols, el célebre por obras de corte político como 'Rosas de sangre', 'España en pie' o 'Retaguardia', que recogió en 'Hogueras del pertus. Diario de la evacuación de Cataluña' su paso por Beyris. “El hambre de libertad, de trabajo, de lucha, los sueños de gloria, ¡las quimeras poéticas! Todas ellas se chocaron con la dura realidad del refugio en Beyris”, escribía. La mayoría de refugiados provenían del País Vasco español, Asturias y Cataluña.

Hasta 1939, Beyris había sido, paradójicamente, un campo de polo situado en la elegante costa vasca. Por él pasearon su 'glamour' figuras como Coco Chanel. Sin embargo, la guerra civil hizo que cayese en el ostracismo. El 6 de febrero de 1939, el alcalde de Bayona abrió el campo para dar cabida a parte del medio millón de refugiados españoles que provenían de Francia. Llegó a haber 598 españoles en el campo: 43 ancianos, 240 mujeres, 278 niños y 37 soldados republicanos heridos. Llegaron exhaustos al otro lado de la frontera, y tuvieron que enfrentarse a unas condiciones precarias. Se trataba de apenas “cinco hilas de edificios sin calefacción, rodeados por vallas o alambres de espino, custodiados por gendarmes franceses”. “Los refugiados se mantenían en condiciones excesivamente primitivas, la mayoría en establos”, recuerda el historiador. No había muebles y dormían en el suelo, con el único apoyo de una sábana. Durante la estancia española en el campo, 21 personas murieron, 19 de ellos, niños.

La llegada de “rojos” nunca fue vista con buenos ojos por Jean Yvarnégaray, representante de la región en la Asamblea Nacional, furibundo anticomunista. Tanto era así que la mayoría de refugiados en Francia terminaron en el campo de Gurs, al sureste, en la región de Béarn. Sin embargo, el estallido de la Segunda Guerra Mundial hizo que el campo se vaciase rápidamente. Pablo Biel Maro tenía 12 años por aquel entonces, y recuerda “niños llorando, madres gritando a las que tiraban del pelo cuando las metían en los vagones hacia la frontera”.

La mayoría fueron repatriados a España, pero muchos hombres fueron captados para trabajar en el campo. Eran una mano de obra necesaria cuando los varones franceses partiesen al frente.

El 27 de junio de 1940, las tropas alemanas entraron en Bayona y se hicieron con Beyris, al que dieron el nombre de “Frontstalag 222” (un nombre que en 1944 se cambiaría por “Dulag 222”). Como la mayoría de campos abiertos en la Francia ocupada, servía como prisión a las tropas coloniales francesas (la mayoría de ellos, africanos), que no querían retener en Alemania por la racista pero previsible idea de que eran un peligroso foco de infecciones. Fue el momento en el que el campo vivió su gran crecimiento, con una capacidad de casi 6.000 hombres. Muchos de ellos eran desviados rápidamente a otros campos satélite situados en los alrededores de Bayona. Llegaron antiguos miembros de las SS. Se les trató particularmente mal en Polo Beyris: se les separó del resto, se les alimentó mal y se les quitó la ropa.
 
Aunque llegó a haber 6.804 hombres, Beyris nunca fue utilizado como campo de exterminio, aunque la escasez de comida y las condiciones rudimentarias lo convertía en uno de los peores de Francia. Durante esta etapa llegaron a morir 150 personas, la mayoría de ellos de tuberculosis. Su margen de libertad era amplio; muchos de ellos llegaron a mantener relaciones sentimentales con los vecinos (o vecinas) de la zona. Fue finalmente liberado en agosto de 1944, pero apenas un mes después de reconvertiría en un campo de detención para colaboracionistas y enemigos de guerra alemanes. Iba a ser, llamativamente, una de las épocas más duras para los residentes en el campo.

En los días posteriores al fin de la guerra, el caos reinó hasta el punto de que muchos de los presos no conocían la razón exacta por la que habían sido detenidos. Muchos de ellos fueron apresados de forma ilegal, y los prisioneros llegaron a amenazar con hacer huelga de hambre. Fue entonces, ya bajo la administración militar francesa, cuando llegaron los presos alemanes, entre los que se encontraban antiguos miembros de las SS.

Cuando 468 soldados heridos llegaron a la estación de Bayona, muchos se acercaron a insultarles. Una instantánea muestra a dos prisioneros alemanes completamente desnutridos en uno de los campos satélites, el de Buglose. La mentalidad francesa era que los alemanes y colaboracionistas debían reconstruir aquello que habían destruido. Una vez más, el mayor problema en el campo de concentración era la escasez de comida y ropa, que fue denunciada por la Cruz Roja.

Las enfermedades comenzaron a proliferar: a finales de octubre de 1945 había 679 presos enfermos, casi la quinta parte del total. La mayoría padecían edemas y enteritis a causa del hambre. A finales de 1947, el campo cerraría sus puertas para siempre y Bayona comenzó a negociar con el Estado la rehabilitación de los barracones.

Guse recuerda que el hecho de que no hubiese judíos prisioneros en el campo, que no formase parte del circuito del Holocausto o que Hannah Arendt no pasase por él (como sí ocurrió en Gurs) fueron factores decisivos para que la derrotada y vengativa Francia dejase en el olvido unos hechos que nunca se juzgaron.