"A UN CORTESANO", de Dionisio de Solís.

Dicen que eres mudable, don Pepito,

que fuiste de Manolo cortesano,

soneteruelo del francés tirano

y de sus odres perennal mosquito;

que mudando de altar, de culto y rito

fuiste, tras esto, muratista insano

y, para postres, del Nerón hispano

semanalmente adorador contrito.

Pero no dicen bien; el pueblo miente,

ni menos hay razón por que afrentando

te esté, y traidor y apóstata te llame.

Antes en eso mismo que insolente

te echa Madrid en cara, estás mostrando

cuán firme has sido siempre en ser infame.

"Poema de la desposada", de José Ángel Buesa.

Buena suerte, muchacha. Lucirás muy bonita

con el velo de novia y el ramo de azahar,

pero sin el sonrojo de la primera cita,

sino pálida y seria delante del altar.

Pronto será la boda. Pero acaso un despecho,

amargará las noches de tu luna de miel,

si al abrir una puerta reconoces un lecho

o al cruzar un pasillo recuerdas otro hotel.

Sin embargo, muchacha, cuando termine el viaje,

ya serás la señora de no sé qué señor,

aunque tal vez descubras, al abrir tu equipaje,

que en la prisa, ¡qué pena!, se te olvidó el amor.

Un día 22 de mayo de 2004, el príncipe Felipe y Letizia Ortiz se casan en la catedral de la Almudena de Madrid. Diez años después, el príncipe Felipe es proclamado Rey de España ante las Cortes Generales y su esposa republicana ocultó su pasado.

Es sabido que Doña Letizia abortó un año antes de prometerse con Don Felipe, y que ambos lo ocultaron para que la Reina Sofía no impidiese la boda.

Para ocultarlo, ambos confiaron en un primo de la actual consorte Real, que no sólo lo publicó en un libro, sino que grabó la conversación en la que se hablaba de un aborto voluntario.

El aborto voluntario es la interrupción del período de gestación decidido por la mujer, que puede tomar esta decisión por diversas razones. Se desconoce el motivo que pudo tener Dª Letizia.

La interrupción voluntaria del embarazo, también llamada IVE, consiste en la extirpación del embrión o del feto, y en España se puede realizar durante las primeras 14 semanas sin necesidad de alegar un motivo.

En caso de que el embarazo suponga un riesgo para la vida o la salud física y/o mental de la mujer, se detecten anomalías o malformaciones en el feto u otras anomalías incompatibles con la vida, se podrá interrumpir hasta la semana 22.

Los tipos de aborto voluntario son el aborto quirúrgico, que requiere de una operación, y el aborto farmacológico, que requiere de la píldora abortiva RU486 que solo debe ser administrada durante los dos primeros meses. A partir de las etapas siguientes, se deberá recurrir al aborto quirúrgico.

Entre los diversos tipos de aborto quirúrgico se distinguen:

Vaciado: es el método más común y se lleva a cabo anestesia local. Dura sólo 5 minutos.

Histerosucción: se realiza sólo dentro de las primeras ocho semanas de embarazo, y consiste en la aspiración del embrión y del endometrio con una cánula insertada en el útero. Ni siquiera requiere la dilatación del cuello uterino.

Dilatación y revisión de la cavidad uterina: se suele realizar entre la octava y la duodécima semana de gestación con anestesia local o general. Consiste en la dilatación del cuello uterino para introducir una cánula de succión proporcional al tamaño de un feto en un estado de desarrollo más avanzado.

Dilatación y vaciado: se utiliza sólo para embarazos de más de doce semanas. Consiste en la dilatación mecánica del canal cervical para la extirpación del feto y la aspiración de líquido amniótico y la placenta. Es un tipo de aborto quirúrgico que se realiza sólo en caso de que el embarazo suponga un riesgo para la salud de la madre o en caso de que el feto sufra malformaciones.

En 2018, se envió un cuestionario a 117 profesionales médicos de cuidados intensivos neonatales en la región de Flandes de Bélgica con 92 respuestas. El estudio encontró que casi todos los profesionales médicos belgas que trabajan en una unidad de cuidados intensivos neonatales apoyen la eugenesia de los recién nacidos con discapacidades. Los encuestados también coincidieron en que la ley belga debería permitir la eutanasia de los recién nacidos cuando, de hecho, fue técnicamente legalizada en 2014. ¿Qué derecho a disponer de su propio cuerpo permite acabar con un recién nacido?

Catalina Devandas, que es la primera relatora especial sobre los derechos de las personas con discapacidad para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, afirma que: «Las personas tienen derecho a vivir y morir con dignidad, pero no podemos aceptar que las personas elijan terminar con sus vidas debido al estigma social, el aislamiento o la falta de acceso a asistencia personal o servicios relacionados con la discapacidad».

Los discapacitados se preguntan por qué hay gente que piensa que esas personas es mejor que no vivan.

El lobby de la eutanasia declara que apoya la eutanasia «voluntaria», pero cuando a un recién nacido se le inyecta letalmente, claramente se trata de un caso de eutanasia involuntaria. La eugenesia y la eutanasia van de la mano. La persona promedio que apoya la eutanasia no basa su apoyo en actitudes eugenésicas, pero el lobby de la eutanasia ha explotado el miedo al sufrimiento para ampliar el alcance de la matanza. A los fetos los rematan, esa es la realidad.

VOX quiere proteger tanto a la mujer gestante como los derechos del no nacido. El número de abortos que anualmente se practican en España en mujeres comprendidas en una edad que oscila entre los 15 y 45 años, en el año de 2018 fueron 95.917, lo que supone un incremento de 1,91 % respecto a 2017. Debemos advertir que los datos son incompletos, pues no se han tenido en cuenta las intervenciones practicadas en centros médicos de Comunidades Autónomas que no han notificado el número de mujeres que han interrumpido su embarazo, en especial el aborto químico, ni tampoco se han tenido en cuenta las mujeres que lo han hecho acudiendo a otras soluciones.

La práctica del aborto, en muchos casos, se considera como un medio anticonceptivo más. No es de extrañar que esto ocurra cuando la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo considera el aborto como un derecho de la mujer, desprotegiendo de forma total al nasciturus.

Ante esta dramática situación VOX propone que se tomen una serie de medidas para proteger a la mujer y al no nacido, dirigidas a garantizar y proteger los derechos de la mujer gestante ante su embarazo, proporcionando a la misma apoyo psicosocial y médico que garantice información y suficiente apoyo a la mujer embarazada, con medidas positivas de ayuda y asistencia, especialmente en favor de las madres gestantes en situación de vulnerabilidad o desempleo.

La delegación de VOX en el Parlamento Europeo ha votado en contra del polémico “informe Matic”, un controvertido proyecto de resolución que bajo el paraguas de la “salud sexual y reproductiva” (eufemismo con el que la izquierda suele referirse a la legalización de la práctica del aborto), aprueba la eliminación del niño en el vientre materno en un nuevo “derecho humano”.

El documento, redactado por el socialista radical checo Predrag Matic, ha sido aprobado por amplia mayoría en la denominada comisión FEMM, una de las más radicales del Parlamento Europeo y en la que el rodillo de la izquierda funciona como el que más. La polémica propuesta ha sido votada favorablemente por el Pleno del Parlamento. El informe Matic plantea considerar la objeción de conciencia de los profesionales de la salud que se nieguen a practicar un aborto como una "denegación a la atención médica".

El informe Matic retoma el camino emprendido por otra polémica iniciativa que causó gran revuelo en la Eurocámara en 2013: el fallido informe Estrela, rechazado en su día por su radicalidad y su pretensión de invadir competencias exclusivas de los Estados miembros como la sanidad y la educación. Esta versión no es más suave que la anterior, todo lo contrario, pero sí lo son las fuerzas que ayudaron a tumbarlo la vez anterior, en especial el grupo del Partido Popular Europeo, que en los últimos años ha ido dejando de lado su identidad ideológica en aras de la mera gestión.

VOX Europa ha añadido al texto aprobado una posición minoritaria recordando que este informe invade competencias exclusivas de los Estados miembros como la sanidad, la educación y el aborto y defendiendo una visión positiva de la mujer, la maternidad y la fertilidad frente a los prejuicios ideológicos y el oscurantismo alarmista de los diputados pro-aborto. Asimismo, recuerda que el informe contradice toda la jurisprudencia europea en materia de aborto.

En ese sentido, el Tribunal Constitucional dictó doctrina en su sentencia de 1985, conforme a la cual el legislador tiene el deber de proteger al nasciturus mediante el Código Penal.

La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la intervención voluntaria del embarazo, modificó la regulación penal del aborto consentido para establecer un sistema de plazos con asesoramiento previo. La nueva norma fue recurrida en aquel momento ante el Tribunal Constitucional por más de cincuenta diputados del Partido Popular.

Después de diez años, el Tribunal Constitucional aun no se ha pronunciado sobre esa impugnación, lo cual es particularmente inexplicable por dos motivos. Ante todo, este recurso afecta intensamente a derechos fundamentales y libertades públicas de la máxima relevancia. Cuando en 2010 acordó rechazar la solicitud de suspensión cautelar de los preceptos impugnados, el propio Tribunal anunció «dar carácter prioritario a la tramitación y resolución» del recurso.

No ha sido así, aunque, por ese motivo, el Tribunal Constitucional debía haber estado particularmente interesado en afrontar esas cuestiones. Ahora, la decisión europea se lo pone fácil, y la toma de control del TC por Pedro Sánchez lo garantiza.

Feijóo comunica a su Comité Ejecutivo que el PP no va a derogar la actual Ley del aborto ni la que promueve Irene Montero, con el argumento de que “esos debates engordan a Vox” y desplazan al partido del centro a donde lo quiere llevar para ganar las elecciones.

La verdad es que perseguir penalmente los infames abortorios donde a veces ejerce personal no cualificado está totalmente justificado desde el punto de vista penal y sanitario. Pero no es una solución para las embarazadas en situación económicamente precaria, en en el país europeo con el porcentaje más elevado de desempleo juvenil y con más población desempleada.

Dirán que no se puede obligar a una mujer a proseguir el embarazo hasta el parto, pero hay leyes en Europa que permiten abortar hasta el día anterior al nacimiento. No tiene ningún sentido moral ni médico: podría incluso adelantarse el parto sin arrepentirse de haber traído otro ser al mundo. Otros que puedan lo criarán, y haber matado a "algo" que realmente es "alguien" deja remordimientos en muchas, cuando pasa el tiempo. Si aún así la mujer piensa que "esto no es suyo", el médico puede llevarlo a la incubadora y los servicios sociales ya lo darán en adopción.

En tiempos que se consideran más atrasados, había tornos en conventos para dejar a los bebés al cuidado de la Iglesia, y algunas instituciones públicas se han encargado de su educación y sustento en diversos países. Actualmente la adopción es la mejor alternativa para los niños que por uno u otro motivo necesitan unos padres.

Mi opinión es que ayudar a las madres con una paga o pensión como las que se dan a las viudas y otros colectivos necesitados es una función del Estado que se les adeuda. Y, por conocimiento de casos de mujeres que han abortado pudiendo no hacerlo, y de hombres que no han asumido sus propios actos, puede ser un obsesivo cargo de conciencia y una oportunidad perdida, religión aparte. Una compañía para toda la vida, algo imposible de entender por el cartesianismo abreviado del pensamiento político Europeo.

"El Rey De Las Ruinas", de CARLOS EDMUNDO DE ORY.

Estoy en la miseria Dios mío qué te importa

Ya mi casa es un dulce terraplén de locura

Un vuelo de lechuzas un río con el fondo

lacrados en mi semblante… ¡Dios mío que te importa!

Mi casa es un relincho de muerto monocromo

cuna de remembranza gran rincón de dolor

Allí ya no se duerme si no es para gritar

con una boca hambrienta de espesas esperanzas

Flores ayer y hoy sus faldas son escombros

Mi rostro de color negro aguanta la puerta

y al fin no sé qué hacer con tanta fotocopia

¡Estoy en la miseria! Se dice la miseria

y nada es la miseria… ¡Dios mío qué miseria!

Por el resuelto abismo subo las escaleras

del torreón oculto para pedir limosna

Entro llamo ay ay ¡Señorito! ¡Ay! ¡Ay!

No puede ser así usted no se parece

¡Aparición! ¿Quién soy? Te pido yo una cama

para abrigar mis labios con un sueño anticuado

No te pongas así no te asustes de mí

¡Ayaymiseñoritoustedyanoeselmismo!

Parece usted de veras un cansado harapiento

Me da pena su ombligo lleno de soledad

Ropa y candela diome y cené con la vieja

con la comadre atónita que mientras como reza

Riendo yo le explico «Soy el rey de las ruinas»

Y ella plasma un quejido «¿Qué es eso señorito?» 

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha cambiado completamente de criterio y ha reflexionado sobre la ideoneidad de que el fondo de reconstrucción pase a ser un mecanismo a tener en cuenta en otras situaciones de crisis.

Los riesgos son que no sea selectivo, que se pierda "en los dédalos administrativos" o que no llegue a la economía real para darle una orientación más digital y más verde, en su opinión.

La Comisión Europea presentó su plan de reconstrucción para contrarrestar el impacto económico del coronavirus y salvar a Europa de su peor crisis en casi siete décadas de historia (incluído el desarrollismo franquista). Se trata de un fondo de 750.000 millones de euros de los que dos tercios serán desembolsados a los gobiernos en su mayor parte por transferencias a fondo perdido, tal como pedía España, y el resto a través de préstamos a devolver.

España podrá obtener hasta un máximo de 140.446 millones de euros del fondo, de los que algo más de la mitad llegarían a través de subvenciones y el resto como créditos.

En cuanto a las subvenciones, se determinará un importe máximo por Estado miembro teniendo en cuenta la población, el PIB per cápita y el desempleo. Los Estados miembros también pueden solicitar un préstamo para implementar sus reformas e inversiones públicas, que tendrán vencimientos largos y tipos de interés favorables.

El 75 % del plan, 560.000 millones, será transferido a los Estados miembros que lo soliciten, que deberán establecer un programa de reformas e inversiones. A este paquete hay que sumar complementos a los actuales programas de cohesión; dotaciones al Fondo de Transición Justa para ayudar a acelerar la transición hacia la neutralidad climática y al Fondo Europeo Agrícola para el Desarrollo Rural. Para movilizar las inversiones privadas, la Comisión Europea plantea desbloquear 300.000 millones de euros en apoyo a la solvencia de las empresas. 

Bruselas también propone la creación de un nuevo programa sanitario europeo, un refuerzo del Mecanismo Europeo de Protección Civil, y un presupuesto para financiar proyectos de investigación sanitaria, entre otros. Asimismo, la Comisión prevé fortalecer el apoyo de la UE al resto del mundo, por ejemplo, a través de ayuda humanitaria.

El Ejecutivo debe enviar a Bruselas un plan presupuestario y para obtener los millones de euros de ayudas, deberá garantizar que esos fondos se destinen a reformas estructurales que permitan a la economía recuperarse y volver a generar riqueza.

España ya ha entregado su plan de recuperación previo a recibir los 140.000 millones de euros, entre transferencias y préstamos, de aquí a 2026. El Gobierno ha trasladado a Bruselas su plan en el que solicita la mitad en subvenciones, sin pedir aún la parte del crédito, que en principio reserva para el periodo 2023-2026.

Sánchez ha mostrado confianza en que las reformas saldrán adelante durante su comparecencia conjunta con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que justo antes le había comunicado en persona el aprobado de Bruselas al plan español para acceder a los 69.500 millones de euros en transferencias que ha solicitado. En total, a España le corresponden 140.000 millones, pero como el resto es en créditos a devolver, lo ha dejado para más adelante. 

La Comisión necesita conseguir fondos para su distribución entre los distintos países, con emisión de deuda. "Es solo el principio y confiamos bastante en que despierte un interés enorme, todo está bien preparado", ha asegurado el comisario europeo de Presupuestos Johannes Hahn. Es la primera vez que la UE emite deuda conjunta, y se estrenará en los mercados de deuda con la emisión de un bono a diez años. El plan de Bruselas pasa por captar en 2021 unos 80.000 millones de euros en bonos a largo plazo y "decenas de miles de millones" en letras con un vencimiento menor.

Este plan hará que el 40% de los fondos se van a utilizar para la llamada "transición verde", y para la innovación tecnológica, el fomento del empleo juvenil. Yolanda Díaz, la desmasterizada ministra de Trabajo y Economía Social afirmaba que las medidas del Gobierno "tienen que tener la lógica de un Estado del Bienestar" aunque muchos ERTE (Expediente Temporal de Regulación de Empleo) se convertirán en ERES, en concursos (antes llamados quiebras), o simplemente los negocios que no sobrevivan no volverán a levantar las persianas. El Gobierno prorroga los contratos de trabajo de los que, de otro modo, tendrían que estar ya cobrando el paro.

El Gobierno ha escogido la sede de Red Eléctrica para que Sánchez y Von der Leyen hayan visitado el Centro de Control de Energías Renovables (CECRE), una referencia del tipo de proyectos que se pretenden impulsar con los fondos de recuperación. Ya vemos cómo se paga el "regalo" de Bruselas cada día que suben los precios de la electricidad y los carburantes.

Sánchez ha explicado que Red Eléctrica representa lo que va a significar el plan de ayudas. "Red Eléctrica será la columna vertebral de este plan", ha explicado Sánchez que ha agradecido a la exministra y ahora presidenta de la compañía Beatriz Corredor el trabajo realizado, que consiste en subirnos la tarifa eléctrica para pagar todo eso. Beatriz Corredor cobra un sueldo de 546.000€ al año sin contar extras.

La Comisión Europea (CE) ha dado luz verde al fondo de rescate y solvencia de empresas estratégicas diseñado por el Gobierno español, dotado inicialmente con 10.000 millones de euros para ayudar a las grandes compañías que el Gobierno considera más afectadas por el coronavirus. La institución sostiene que su aprobación se adscribe al marco temporal aprobado por la UE para flexibilizar las ayudas de Estado durante la pandemia.

La Comisión considera que el fondo “va en la línea” con las condiciones contempladas dentro del marco temporal de ayudas estatales, siendo un desembolso “necesario, apropiado y proporcionado” frente a las necesidades surgidas durante la crisis sanitaria. El mecanismo de financiación se llevará a cabo a través de instrumentos de recapitalización, préstamos participativos o deuda convertible, tal como anunció el Ejecutivo español el pasado mes de julio.

Para acogerse al plan, el Gobierno exigirá que las compañías, que deberán solicitar al menos 25 millones de euros, presenten planes de viabilidad con el calendario de devolución de las ayudas públicas. Y si antes de cinco años no han reembolsado al menos un 40 % tendrán una penalización del 10 %.

Además, las empresas solicitantes deberán tener la sede social y el grueso de la actividad en España; no estar en crisis antes del 31 de diciembre último; justificar que el cese forzoso tendría un impacto negativo en la actividad y el empleo a nivel nacional o regional, y mostrar su viabilidad a medio y largo plazo.

El consejo gestor que decidirá qué empresas se benefician del fondo dependerá de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y será el encargado de resolver las solicitudes y de elevarlas al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva.

El ex jefe de Gabinete del Presidente del Gobierno, Iván Redondo, acaba de regresar al primer plano de la actualidad. La Audiencia de Barcelona ha dado luz verde a la Fiscalía Europea para investigar si ha cometido un delito por reunirse con representantes de la patronal de Cataluña, Foment de Traball, con el objetivo de explicar a empresarios proindependentistas el manejo del reparto de los 144.000 millones de los Fondos Europeos.

 

Las alarmas han saltado en el marco investigativo del caso Volhov, que investiga la posible financiación irregular del procés independentista. La Guardia Civil escuchó a David Madí, empresario y ex cargo de CIU, anunciarle a un ejecutivo de una consultora que se había visto con el ex jefe de gabinete cuando el paquete de ayudas europeas todavía no había sido aprobado por el Gobierno. «Se ha de establecer un canal para entrar. Me vi con Foment. Formo parte de Foment. Tuvimos una reunión en pequeño comité con Iván Redondo. Esto será una merienda de negros… ¡Son 140.000 millones!», indicaba en una conversación David Madí a Joan Ferran Oliva, el apoderado de RSM Spain Consultores con el que Madí también mantiene vínculos familiares.

El juzgado de instrucción número 1 de Barcelona envió a la Fiscalía Europea la documentación con las conversaciones interceptadas por la Guardia Civil, y la Audiencia de Barcelona da luz verde a la Fiscalía Europea para que investigue a Iván Redondo.

También es el caso de Santiago Fernández Muñoz, quien ostenta desde el pasado enero el puesto de jefe de la Unidad de Seguimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, adscrito a la Secretaría General de Asuntos Económicos y G20 del Gabinete de la Presidencia del Gobierno; un cargo discreto aunque de máxima importancia, dado que fiscaliza los 144.000 millones de euros que España recibirá del fondo de reconstrucción. De ellos, 72.700 millones en ayudas directas. 

Antes, de 2011 a 2019, Santiago Fernández ejerció de concejal de Urbanismo y Medioambiente en el ayuntamiento de Torrelodones, Comunidad de Madrid, dentro de la formación Vecinos por Torrelodones (VxT), una agrupación local independiente. De 2015 a 2019, VxT, que ya venía de gobernar una legislatura con mayoría simple, logró la mayoría absoluta. La alcaldesa durante este periodo, Elena Biurrun Sainz de Rozas, además de miembro fundador de la formación, es la esposa de Fernández Muñoz.

Durante la etapa de mayoría absoluta, en el que Fernández era concejal de Urbanismo, ordenó la devolución de 100.000 euros de un aval que había entregado a una constructora, pese a que dicha constructora nunca llegó a ejecutar la obra. Es más, había dos sentencias que ordenaban no devolver el dinero. Aun así, poco antes de abandonar su cargo, el 19 de marzo de 2019, una de sus últimas decisiones fue la orden de entregar ese aval de 100.000 euros al proveedor, Destajos, S.A. El procedimiento de Fernández Muñoz para sortear las sentencias y ejecutar su decisión fue encargar un informe ad hoc a un técnico del ayuntamiento que, pese a reconocer que nunca se habían ejecutado las obras, recomienda en cualquier caso la devolución del aval.

La decisión, en cualquier caso, no ha supuesto un retroceso en la trayectoria política del ya exconcejal. Por el contrario, parece haberle impulsado dentro del PSOE. En 2019 le fichó el ahora ministro José Luis Escrivá, quien durante su periodo como director de AIREF, de 2014 a 2020, contrató a Fernández Muñoz nada más abandonar la concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente. Pese a su polémico paso por Torrelodones, Escrivá asignó a Fernández Muñoz, que es profesor titular de Geografía Humana en la Universidad Carlos III, funciones de análisis presupuestario en políticas públicas, infraestructuras y entidades locales. Primero detentó el rango de analista; luego, al cabo de cuatro meses, le otorgó el cargo de jefe de proyecto. 

El paso siguiente de Santiago Fernández Muñoz ha sido dentro de La Moncloa, en el ya citado cargo de Jefe de la Unidad de Seguimiento del Plan de Recuperación. Su jefe directo es Manuel de la Rocha, secretario general de Asuntos Económicos de la Presidencia y encargado de elaborar los planes de Reformas que abrirán la puerta a los 144.000 millones de euros de los Fondos Europeos. Por encima de De la Rocha solo está el presidente, Pedro Sánchez.

El matrimonio formado por Santiago Fernández Muñoz y Elena Biurrun, la ya mencionada exalcaldesa y esposa de Fernández , ha ejercido de jefa de Gabinete del ministro José Luis Escrivá, que también vive en el municipio madrileño de Torrelodones. De hecho, la primera decisión que tomó Escrivá como ministro consistió en nombrar a Biurrún jefa de su propio gabinete; un nombramiento que coincidió con la previa salida de la ya exalcaldesa de la política municipal. Biurrun acaba de dejar la dirección del gabinete para ser nombrada nueva directora general de Programas de Protección internacional y Atención Humanitaria, por lo que continúa dentro del ministerio de Escrivá.

Estos nombramientos han suscitado recelos en el área económica del Gobierno, especialmente en el ministerio de Economía y Hacienda. Fuentes próximas al mismo señalan para El Debate que este equipo, encargado de supervisar el reparto de 72.000 millones de euros, debería de tener mayor veteranía profesional y estar ajeno a cualquier presunta red de contactos e influencias políticas.

"parnaso español 32", de Francisco de Quevedo.

Tú, ya, ¡oh ministro!, afirma tu cuidado

en no injuriar al mísero y al fuerte;

cuando le quites oro y plata, advierte

que le dejas el hierro acicalado.

Dejas espada y lanza al desdichado,

y poder y razón para vencerte;

no sabe pueblo ayuno temer muerte;

armas quedan al pueblo despojado.

Quien ve su perdición cierta, aborrece,

más que su perdición, la causa de ella;

y ésta, no aquélla, es más quien le enfurece.

Arma su desnudez y su querella

con desesperación, cuando le ofrece

venganza del rigor quien le atropella.

Un Decreto de 2020 sitúa a la ganadería intensiva de nuestro país como la que más controles establece para las explotaciones ganaderas intensivas de gran tamaño. Las macrogranjas lastran a Unidas Podemos en el mundo rural ante las elecciones en Castilla y León gracias al Ministro de Consumo Alberto Garzón, quien asegura que habló peyorativamente sobre la calidad de la carne española.

El mensaje del ministro de Consumo en The Guardian -«existe un interés en Reino Unido por conocer nuestras líneas de trabajo», presume- amenaza con profundizar en la sangría de electores morados en Castilla y León, donde pasó de 10 procuradores a dos en los últimos comicios autonómicos.

Pero ni es sólo Garzón ni es sólo la carne ni es sólo Castilla y León. La desafección entre el electorado de la España interior y Unidas Podemos ha sido la prueba más sangrante de su repliegue desde que Pablo Iglesias y Alberto Garzón pactaron la coalición para los comicios de junio de 2016.

Ha pasado de ganar 10 diputados entre Castilla y León (3), Castilla-La Mancha (2), Extremadura (1), Cantabria (1), La Rioja (1) y Aragón (2) a conservar sólo uno, el de Zaragoza, donde el peso demográfico es diferencial, mientras cedía el de Huesca. Esa caída de 10 a 1, si se hubiese extendido al resto del país, tendría a Unidas Podemos con 7 diputados, y cuenta con cinco veces más (35), hasta el punto de ser Gobierno.

En esas seis comunidades donde el valor de la agricultura y la ganadería es notable, o donde la caza es un activo económico, ni el Partido Comunista ni Izquierda Unida, lograron diputados, en 1979 y 1996. Un declive acelerado que no le ha llevado a cambiar su discurso en tierras vaciadas. Al contario, Unidas Podemos intensifica su pulso con Luis Planas, ministro de Agricultura, a causa de la futura Ley de Bienestar Animal, que pone el foco en la situación de los perros de caza.

El también líder de Izquierda Unida achaca, precisamente, a las cercanas elecciones autonómicas en Castilla y León la polémica en torno a la ganadería intensiva. El resultado es el de una campaña electoral que llega incluso antes de la precampaña misma y con los principales partidos preocupados del 13F y no de vacas, cerdos, perros pastores y, menos aún, de los temporeros.

En el campo español las temporeras procedentes de la inmigración son explotadas laboralmente y en muchas ocasiones sexualmente. Por eso CCOO, en cuanto tuvo conocimiento de que cinco mujeres marroquíes necesitaban ayuda, interpuso denuncia que ha dado pie a la operación Yawari: la Guardia Civil detuvo en septiembre a un hombre acusado de acoso sexual y culminó con la detención de nueve personas como presuntas autoras de cerca de una treintena de delitos contra los derechos de las trabajadoras.

La situación de explotación laboral que estas trabajadoras del campo 

atemorizadas entre otras muchas mujeres que están sufriendo la misma situación pero callan por miedo a perder el trabajo y quien sabe si la vida es en sí misma un escándalo: “En el campo de Murcia una jornalera cobra por convenio alrededor de los 58 euros al día, mientras que estas mujeres trabajaban ocho horas por 13 euros. La empresa pagaba 20 euros por jornada de ocho horas a una figura que popularmente se conoce como “furgonetero”. El furgonetero es una especie de capataz que recluta a las trabajadoras y que en el caso que nos ocupa se quedaba con 7 euros en concepto de transporte. Además, este sujeto, exigía a las trabajadoras tener relaciones sexuales con él o que soportaran sus tocamientos, sus vídeos y sus comentarios soeces. La Guardia Civil empezó su investigación y recogió el testimonio de cuatro mujeres hasta dar con el agresor al que pusieron bajo vigilancia: la detención del supuesto capataz se precipitó porque estando bajo vigilancia pretendió abusar de una trabajadora.

Las mujeres llegan sin papeles, sin conocer el idioma y sin contactos. Alguien les da un teléfono para que llamen si quieren trabajar y este hombre las entrevista, las recoge con su furgoneta y las lleva a una finca. Nadie trabaja legalmente, ni el “furgonetero” ni las trabajadoras. Las empresas de trabajo temporal y las empresas agrícolas miran hacia otro lado. Cuando empiezan los abusos sexuales, las mujeres agredidas lo primero que piensan es en ocultar lo que está pasando para que no llegué la información a su familia, en sus países de origen, y encima las repudien.

Desde el principio, CCOO y la Guardia Civil sospecharon que el detenido debía de actuar en complicidad con alguien de las empresas de trabajo temporal. La Guardia Civil continuó su investigación y ayer detuvo a ocho personas más, nueve en total, a los que se les atribuyen una treintena de delitos contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras. A tres de los detenidos, un “furgonetero” y dos trabajadores de ETT, se les atribuye también la presunta autoría de 25 delitos de acoso, abuso y agresión sexual.

En el curso de la operación Yawari, los investigadores averiguaron que dos individuos, relacionados con dos empresas de trabajo temporal, podían haber mantenido el mismo tipo de relación con varias de las empleadas, aprovechando su situación de vulnerabilidad para conseguirles trabajo fuera de la legalidad. Los detalles sobre la forma de actuar de estos sospechosos, permitieron constatar que coincidían en el modus operandi empleado por el primer detenido, sometiendo a las víctimas a una situación de indefensión, llegando uno de ellos a agredir sexualmente a una de ellas; y el segundo a acosar sexualmente a otra de las mujeres.

La investigación continuó para desenmascarar la supuesta trama delictiva hasta identificar a seis capataces agrícolas que, al parecer, contactaron con estos primeros detenidos para solicitarles mano de obra barata.

La patronal es cómplice de estas prácticas: ¿por qué se quería contratar en origen si hay miles en paro en el sector agrícola?. La única explicación que encuentro es que la patronal sabe que las personas nada más llegar no disponen de recursos ni de contactos para negarse a las condiciones de explotación que alguien, en nombre de una empresa que no conocen, les va a ofrecer.

No existe el trabajo fijo y la máxima aspiración de la gente es ser fijo discontinuo en el campo que, junto con una cultura racista y machista es el caldo de cultivo de las agresiones sexuales.

Estamos ante un sector en el que las condiciones laborales son lesivas para la salud de las personas que vienen a esta tierra a encontrar un futuro y que además sostienen una actividad básica como es la agricultura.

El trabajo asalariado en el campo extremeño está plagado de irregularidades, fraudes de ley y aplicaciones torticeras de la legislación laboral que siempre favorecen a una clase empresarial agraria atrincherada en sus privilegios.

Un año más, las condiciones laborales en las que se realizarán las tareas agrarias son ignoradas por organizaciones patronales que gritan contra la aplicación del salario mínimo y contra toda mejora en las condiciones salariales de quienes trabajan y producen en el campo.

De este modo, los escasos salarios que se pagan en el campo, sobre todo a los jornaleros eventuales, no alcanzan ni mucho menos el umbral de la pobreza; de hecho, apenas permiten hacer frente a las necesidades mínimas de bienestar de una familia normal. Así, las condiciones laborales, salarios, horas, descansos y desplazamientos reflejan una acusada explotación laboral. 

Los emolumentos netos que se están cobrando en la actualidad suelen ir desde los 40 a unos 45 euros/día. En muy pocas empresas se pagan salarios que lleguen o superen los 50 euros. Además, suele ser frecuente que no se incrementen cuando se superan los horarios convencionales, ni se abonen los desplazamientos hasta el centro de trabajo, ni cualesquiera otras circunstancias especiales que suelen darse en la realización de las tareas agrícolas.

Las jornadas reales que el empresario comunica en un plazo que alcanza hasta los primeros seis días del mes siguiente al que hizo la contratación para comunicar las jornadas reales que ha realizado ese empleado favorecen la economía informal y multiplica el poder de contratación del patrón, dejando al asalariado resignarse ante el miedo a no ser contratado en un futuro inmediato.

De aquí se derivan realidades que posibilitan y favorecen muy significativamente la intensificación de la explotación laboral, eximen del pago de las cotizaciones sociales y posibilitan e impulsan una economía sumergida que, aunque parezca lo contrario, perjudica enormemente a la clase obrera.

Cuando las jornadas reales que realiza el trabajador o la trabajadora agrícola no son las que testifica el empresario agrícola a la seguridad social, declarando menos de las que se hacen, se produce un fraude a la seguridad social y un robo del salario indirecto.

Además, cada vez que no declara las jornadas realmente realizadas, también se queda con la cuota que como empresario debe cotizar a la seguridad social, un ataque contra las pensiones públicas.

También puede suceder que haya quienes, cobrando el subsidio o la renta agraria, estén trabajando simultáneamente para un patrón. De este modo, sus ingresos se ven favorecidos, ya que al salario que recibe del contratador se adiciona la ayuda del subsidio estatal. Cuando los trabajadores y trabajadoras agrícolas no reúnen el número mínimo de las jornadas reales que son necesarias (35 actualmente) para cobrar el subsidio agrario o la renta agraria, se ven obligados a comprarlas a los patronos. Como es de imaginar, este hecho da un poder social de carácter excepcional al patrón, demostrando que los residuos culturales de dominio de épocas pasadas están aún muy vivos en las sociedades rurales.

"A cierta isla", de Jorge Luis Borges.

¿Cómo invocarte, delicada Inglaterra?

Es evidente que no debo ensayar

la pompa y el estrépito de la oda,

ajena a tu pudor.

No hablaré de tus mares, que son el Mar,

ni del imperio que te impuso, isla íntima,

el desafío de los otros.

Mencionaré en voz baja unos símbolos:

Alicia, que fue un sueño del Rey Rojo,

que fue un sueño de Carroll, que soy un sueño,

el sabor del té y de los dulces,

un laberinto en el jardín,

un reloj de sol,

un hombre que extraña (y que a nadie dice que extraña)

el Oriente y las soledades glaciales

que Coleridge no vio

y que cifró en palabras precisas,

el ruido de la lluvia, que no cambia,

la nieve en la mejilla,

la sombra de la estatua de Samuel Johnson,

el eco de un laúd que perdura

aunque ya nadie pueda oírlo,

el cristal de un espejo que ha reflejado

la mirada ciega de Milton,

la constante vigilia de una brújula,

el Libro de los Mártires,

la crónica de oscuras generaciones

en las últimas páginas de una Biblia,

el polvo bajo el mármol,

el sigilo del alba.

Aquí estamos los dos, isla secreta.

Nadie nos oye.

Entre los dos crepúsculos

compartiremos en silencio cosas queridas.

Tras un referéndum celebrado en el Reino Unido en 2016 en el que el 51,9 por ciento de los votantes apoyó abandonar la Unión Europea, el Gobierno británico invocó en marzo de 2017 el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, iniciando un proceso de dos años que debía concluir con la salida del Reino Unido el 29 de marzo de 2019. Ese plazo fue prolongado en primer término hasta el 12 de abril de 2019. El plazo volvió a ser prolongado hasta el 31 de octubre de 2019.​ Por tercera y última vez, el plazo volvió a ser prorrogado hasta el 31 de enero de 2020. En virtud del Acuerdo de Retirada, hubo un periodo transitorio hasta el 31 de diciembre de 2020 en el que el Reino Unido se mantuvo en el mercado europeo y los ciudadanos y las empresas no notaron diferencias.

Reino Unido y la UE negociaron una nueva relación comercial durante dicho período transitorio, que firmaron la Nochevieja de 2020, y que entraba en vigor al día siguiente. Pero, durante once meses el país estuvo en un “período de transición” durante el cual siguió aplicando las reglas europeas mientras negociaba su futura relación con sus 27 ex socios.

La negociación, que en varias ocasiones pareció destinada al fracaso, acabó dando frutos el 24 de diciembre: Londres y Bruselas cerraron el tratado de libre comercio más completo y exhaustivo posible en el plazo récord de diez meses.

Con él, la UE ofrece un acceso inédito sin aranceles ni cuotas a su inmenso mercado de 450 millones de consumidores a cambio del compromiso británico de respetar normas que evolucionarán con el tiempo en materia de medioambiente, derechos laborales y fiscales, para evitar toda competencia desleal.

Para los pescadores de Inglaterra, el acuerdo comercial del Brexit firmado por el primer ministro británico, Boris Johnson, constituye una traición ya que mantiene el acceso de algunos barcos de la Unión Europea a las ricas aguas costeras del Reino Unido. Ya se han producido incidentes con los pescadores franceses.

El acuerdo entre Londres y Bruselas evitará la imposición de aranceles o cuotas pero las nuevas verificaciones, documentos administrativos y las exigencias a los negociantes se van a sumar a los costes y a la complejidad de los exportadores de alimentos y medicamentos, denuncian las asociaciones sectoriales, que temen retrasos en las entregas y subidas de precios.

En torno al 30% de los alimentos que se consumen en Reino Unido proceden de la Unión Europea. Asimismo, Gran Bretaña importa cerca de la mitad de las verduras y la mayoría de la fruta. El acuerdo implica un reconocimiento mutuo de las certificaciones o inspecciones de los productos bio o los medicamentos, especialmente preocupantes en la actual pandemia.

Nigel Farage critica las cesiones a la Unión Europea pese a esta rentable negociación, en la que España ha puesto todo tipo de facilidades para evitar problemas fronterizos en Gibraltar ("Con los ingleses, ni a partir nueces.") De reclamar la soberanía, Hacienda también reclamaría el mucho beneficio sin tributar que esconde allí nuestra clase política y empresarial.

En Europa, muchos piensan en hacer lo mismo que Gran Bretaña, si sale bien. El Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) es un grupo político del Parlamento Europeo salido de las elecciones europeas de 2009, de ideología conservadora, euroescéptica,​ y antifederalista. Tiene su base en el Movimiento para la Reforma Europea y está afiliado al europartido de la Alianza de Conservadores y Reformistas. En el Parlamento Europeo tiene una representación de 61 miembros, siendo el sexto grupo de la cámara en número de representantes.

La mayor parte del grupo está integrado por miembros de Polonia, República Checa, Alemania, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, España, Grecia, Holanda, Italia, Letonia, Lituania y Suecia. La mayoría de los partidos miembros integraron este grupo tras la disolución de los Demócratas Europeos, agrupación integrada en el PPE-DE, y la Unión por la Europa de las Naciones.

El Parlamento Europeo ha aprobado por abrumadora mayoría una dura resolución en la que “condena en los términos más enérgicos posibles” la ley aprobada en Hungría para prohibir cualquier representación de la homosexualidad en las escuelas y en los programas de televisión, publicidad o cualquier plataforma accesible a los menores de 18 años. Proclaman que supone “una violación manifiesta de los valores, principios y el derecho de la Unión”.

La resolución, pactada por cinco grupos de la Cámara (socialistas, populares, liberales, verdes e izquierda), reclama a la Comisión Europea que inicie un procedimiento acelerado de infracción contra Hungría, para bloquear las partidas del fondo de recuperación y que no apruebe el marco para el desembolso de los fondos estructurales previstos para el periodo 2021-2027.

Los grandes grupos han secundado la iniciativa, pero dentro del Partido Popular Europeo destaca la abstención de 12 de los 13 eurodiputados españoles del PP, incluida la jefa de la delegación, Dolors Montserrat. Entre los populares españoles, solo el valenciano Esteban González Pons, vicepresidente del grupo popular europeo, ha votado a favor.

La Comunidad Económica Europea creada por el Tratado de Roma de 1957, en 1993 se incorporó a la Unión Europea y pasó a llamarse Comunidad Europea hasta 2009. ECR debería promover retirarse del Tratado de Maastricht y el de Lisboa, de carácter político y mantener solo el económico. Volver a ser un Mercado Común y no una entidad burocrática sin representación democrática de sus ciudadanos.

Al fin y al cabo, Noruega participa del Mercado Común, pero mantiene su soberanía política. Y la UE tiene Tratados Comerciales con Albania, Argelia, Angola, Antigua y Barbuda, Argentina, Armenia, Comunidad Andina, Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN), Australia y Azerbaiyán.

Como publica "Política de garaje", la intriga franco-alemana supone un factor esencial en la explicación de que ocurre en España: la injerencia de las dos grandes potencias europeas, Francia y Alemania, en la política española para reforzar su posición dominante en Europa.

La figura del “eje franco-alemán” es una imagen habitualmente empleada para referirse a la acción conjunta de estos dos países como motores de la Unión Europea, valorada generalmente como positiva desde el punto de vista europeísta.

Fuera del ámbito de la integración europea apenas se suele considerar la existencia de un eje franco-alemán salvo, ocasionalmente, ante algunas coincidencias puntuales en las acciones de los gobiernos de Francia y Alemania y, algo menos, de la Unión Europea. Pero esta influencia es mucho mayor de lo que se suele considerar. Que, aunque no haya una unión explícita entre los gobiernos de Francia y Alemania, hay unos intereses comunes que alinean en la práctica sus actos, sus estrategias.

Por ejemplo, en 2000, el gobierno francés favoreció que se otorgase una mayor cuota de poder a España en el tratado de Niza (pasar del 80% al 93%), supuestamente, se decía, para contrapesar el poder de Alemania en la Unión Europea. Y posteriormente, en 2005, el mismo Chirac pidió a España que renunciase a las posiciones conseguidas en Niza. Es decir, entre los propios gobiernos de Francia y Alemania puede unas veces existir colaboración y otras veces no.

Apoyan a los nacionalismos en España: en este aspecto podría resaltar algunos hechos concretos como por ejemplo el largo santuario de ETA en Francia, la liberación de la etarra Natividad Jáuregui en Bélgica, el incumplimiento de las euroórdenes con Puigdemont, la declaración de 51 diputados franceses apoyando los nacionalismos españoles o la doble vara de medir de Macron recriminando a Cs por colaboración con Vox mientras aplaude al PSOE en su colaboración con Podemos y los secesionistas.

No se ve un apoyo claro europeo a la democracia española frente a unos nacionalismos incuestionablemente antidemocráticos. Con 858 asesinatos políticos, un golpe de estado en Cataluña, imposición lingüística de evidente intención política, constante incumplimiento de una exigible neutralidad política en el espacio público… Europa tan solo ha hecho algún pronunciamiento formal en favor de la democracia cuando se ha visto forzada a hacerlo, pero nada más. Y ese silencio retumba aun más que sus apoyos puntuales al nacionalismo.

Lo realmente incoherente es asumir la existencia del Santuario de ETA en Francia sin un motivo de peso que lo explique (las justificaciones habituales son inconsistentes a la hora de justificar tantos años de apoyo del gobierno francés a un grupo asesino). Pero es tremendamente desagradable plantearse que tu vecino, que seguirá siendo tu socio europeo y en cuyo país disfrutarás de amistades y turismo, puede tener un gobierno que hace eso.

Los primeros comandos anti-ETA que comenzaron a actuar en el sur de Francia desde 1975, al iniciarse la denominada guerra sucia, estaban compuestos fundamentalmente por antiguos miembros de la Organización del Ejército Secreto (OAS, grupo terrorista de apoyo a una Argelia francesa) y especialistas de los servicios paralelos españoles, según altas fuentes policiales españolas. Fuentes muy próximas a Marcel Cardona, miembro de la OAS que murió el 4 de junio de 1975 en una localidad del sur de Francia cuando manipulaba un explosivo, manifestaron al periódico EL PAÍS que varios miembros de esta organización terrorista facilitaban información a los servicios de seguridad españoles y formaron comandos activos para realizar atentados en esta zona.

Económicamente, las presiones a Rajoy para que España entrase en el programa de rescate global europeo, algo que luego se comprobó innecesario, han ido unidas con una irresponsable gestión económica de Zapatero y Sánchez.

Para ejercer esta influencia, los dirigentes de Francia y Alemania pueden aprovechar el enorme poder económico europeo para conseguir aliados, apoyar a quienes convenga y promover sus intereses a través de los medios de comunicación. No olvidemos que las sociedades democráticas eligen a sus líderes a partir de la opinión pública, sobre la que los medios de comunicación ejercen una influencia incontestable.

Además de todo esto, la ex-mandataria Merkel buscaba que Alemania asuma más responsabilidades globales frente a los bloques chino y estadounidense, así como en las relaciones transatlánticas.

El multiculturalismo colectiviza a la ciudadanía en grupos culturales y erosiona así los derechos individuales en beneficio de unos engañosos derechos colectivos absolutamente inaceptables desde el punto de vista democrático como son los nacionalismos, el islamismo o el bolivarianismo indigenista, que es útil si se quiere un enfrentamiento con España.

El eje franco-alemán estaría interesado en que el resto de países europeos tengan unas condiciones de vida razonables, pero no influencia política y económica, la cual quedaría concentrada en Francia y Alemania. Para ello, les interesa que los países de tamaño medio o grande se dividan en unidades más pequeñas, sin casi poder de influencia política, como ocurrió con Checoslovaquia o Yugoslavia y actualmente amenaza ocurrir en España. Que una potencia competidora grande como es el Reino Unido se fraccione o salga de la UE. O que las grandes empresas sean mayoritariamente francesas y alemanas, etc.

Lo cierto es que el Eje franco-alemán impone su poder en la Unión Europea, hasta el punto de liderar su llamada "refundación", un proyecto institucional creado por el Brexit y la dinámica iniciada tras la postura de relativa ruptura planteada por el gobierno estadounidense de Donald Trump respecto a la UE y los Estados miembros de la organización.

Un día después de posesionarse como presidente de Francia, Emmanuel Macron realizó su primera visita a Berlín donde se entrevistó con la canciller, Ángela Merkel, manifestando la meta de reforzar la UE a través del eje franco-alemán.​ Ambos mandatarios dejaron clara su voluntad de reformar los Tratados constitutivos de la Unión Europea de ser necesario.

“El Reino Unido sigue siendo nuestro vecino pero también nuestro amigo y aliado. Esta elección de abandonar Europa, este Brexit, fue fruto del malestar europeo y de muchas mentiras y falsas promesas”, dijo Macron en un discurso retransmitido en televisión, movido por la caída de sus exportaciones al Reino Unido.

Estancadas las negociaciones para lograr una relación comercial ventajosa entre el Reino Unidos y la UE después del final del periodo de transición que termsna a finales de este año, el riesgo de cerrar el diciembre sin acuerdo sería muy grave para la economía. Y además el gigante ruso Gazprom no suministrará gas a Europa en octubre, porque la demanda china beneficia a ambos sin perder ingresos.

Mejor ¿no?. Así no emitimos gases de efecto invernadero como la UE quiere.

"Al Estado neutral", de Miguel de Unamuno.

El obispo Torras y Bages dijo que: “Cataluña será cristiana o no será”. Hoy es la región más secularizada de España, y quizás sin curas catalanistas se vaciasen aún más las iglesias, por lo que gran parte del clero se ha unido a las aspiraciones independentistas, que al fin y al cabo son las de quienes ocupan el poder.

Al amparo de su libertad de interferir en la política general, el estamento clerical se divide con el Estado sus atribuciones, y en Cataluña quien ejerce las funciones públicas es, sobre todo, el poder autonómico.

Cerca de 300 sacerdotes de las diferentes diócesis catalanas han firmado una carta dirigida a los representantes de la Iglesia española para pedirles su implicación en el enfrentamiento político catalán. En este comunicado, los curas catalanes instan a los obispos españoles a hacer pedagogía del diálogo "para que se puedan buscar y aceptar soluciones justas que respeten los derechos de Catalunya". La carta también hace alusión a la situación de los líderes independentistas encarcelados y aseguran que la "gravedad" del caso urge un "sobreesfuerzo de equidad, justicia y humanidad".

Las abadías de Santa María de Montserrat y de Santa María de Poblet, dos de los monasterios más relevantes de Cataluña, suscribieron a través de su abad y su prior, una declaración conjunta, la primera que hacen ambos monasterios en sus más de 1.000 años de existencia.

En esa declaración, los rectores de sus comunidades religiosas apelaron al "diálogo, la paz, las libertades de expresión democrática, la convivencia social y el respeto a los derechos individuales y a los de nuestro pueblo".

Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, y su homólogo de Barcelona, Juan José Omella, se reunieron con Rajoy, tras lo cual, la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal emitió una discreta nota en favor de “los derechos de los diferentes pueblos que componen España”.

Omella, actualmente Presidente de la Conferencia Espiscopal y arzobispo de Barcelona, y el arzobispo de Tarragona, ya habían condenado la "violencia y los enfrentamientos" vividos en la jornada del fallido referéndum catalán. El arzobispo tarraconense abogó además por encontrar "una salida pacífica y democrática" a esta situación.

Se sabe ya que hubo curas entre los clandestinos organizadores de la logística del referéndum fraudulento del 1 de Octubre de 2.017. En días anteriores, 282 sacerdotes y 21 diáconos secesionistas lanzaron un comunicado para reclamar el derecho de autodeterminación y apelar a los catalanes a que se echasen a la calle el 1 de octubre.

"El derecho a decidir de los pueblos está por encima de la unidad de España", sostiene el obispo de Solsona, partidario de crear una "Conferencia Episcopal Catalana".

La hipotética independencia de Cataluña no supone quebrar los vínculos con la Santa Sede, pero amenaza la estructura de la Conferencia Episcopal Española. Esta no se pronuncia ni por este caso ni por los de Flandes, Padania o Escocia.

El cardenal Rouco Varela es uno de los jerarcas más conservadores de la Iglesia en España, y ha manifestado que "El independentismo no concilia con la conciencia católica", en desacuerdo con gran parte del clero catalán.

Los neoconservadores y Vox nacen de la fragmentación de la derecha contenida en el PP, partido con gran apoyo eclesiástico hasta que acabó abandonando las batallas contra la reforma de la ley del aborto del PSOE y su oposición al matrimonio homosexual, dejando elementos descontentos marginados dentro del partido.

El desembarco de Vox en la arena política española ha obligado a la Iglesia católica a tomar postura. El portavoz de la Conferencia Episcopal nanifestó: "Me preocupa el escenario con Vox y las reacciones ante Vox, porque se le acusa de anticonstitucionalismo, pero alguna de las protestas que se han presentado ante Vox, los comportamientos de la acción directa, las protestas callejeras con rasgos de violencia nos preocupan si cabe más. Gritar que unos son fascistas suponen comportamientos antidemocráticos para criticar a otros".

El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, dijo a su vez: "Estamos en una democracia y por tanto, todo partido que se forma tiene derecho a participar", señalando que Vox es una formación "totalmente constitucional". VOX se presenta como un defensor de la España católica, pero la puesta en práctica de la mayoría de sus propuestas sería hoy enérgicamente criticada por el Papa Francisco, quien se ha posicionado a favor de la inmigración, legal o ilegal.

El Papa Francisco es una referencia espiritual para los católicos cuando actúa como cabeza visible de la Iglesia Católica y Jorge Bergoglio es un ciudadano argentino con opiniones muy respetables cuando entra de lleno, como hace frecuentemente, en asuntos políticos opinables que no pertenecen a la fe y que afectan de manera clara a la convivencia y a la soberanía de las naciones, a las que la Iglesia Católica no puede decir cuántos inmigrantes pueden acoger.

Como lo advirtió la Virgen en la Salette, Roma se ha convertido en la sede del Anticristo. Bergoglio trabaja para George Soros y se ha puesto al servicio de ONU, respaldando así su objetivos abortistas y anti familia-LGBT. El Anticristo embosca sus doctrinas en el deseo sexual y la impureza y, abandonando la fe de Dios, proclamará que no hay ningún obstáculo en desobedecer sus preceptos.

Aunque la Iglesia elude contrariar al sistema de partidos que aísla a Vox, sus sectores más conservadores, junto a una decena de obispos, apuestan decididamente por el partido de Santiago Abascal. Los obispos han marcado como prioritarios aspectos relacionados con la que llaman "defensa de la vida", el no al aborto y la eutanasia, así como la defensa de la unidad de España, que tradicionalmente llevaban a los católicos a votar al PP, pero ahora se fijan en el elevado porcentaje de candidatos de Vox a las generales pertenecientes a grupos de la derecha católica.

La jerarquía, frente a la opción de Vox como alternativa al poderoso Partido Popular, quiere conservar una relación de privilegio con el Estado en materia educativa, sanitaria o de presencia en las instituciones públicas.

La fragmentación de la derecha hace pensar que apoyar a Vox da votos a la izquierda. Esta postura está siendo mayoritaria en el seno del Episcopado español, que ve cómo los socialistas adoptan políticas como el recorte de las subvenciones a los centros concertados, o sus socios de UP propongan la denuncia de los Acuerdos Iglesia-Estado.

Los obispos españoles "estamos dispuestos a ayudar" para resolver la polémica en torno a la resignificación del Valle de los Caídos. En una rueda de prensa tras el encuentro de la cúpula de Conferencia Episcopal española con el Papa Francisco –"que está enterado de todo"–, tanto su presidente, el cardenal Omella, como el vicepresidente, Carlos Osoro, se mostraron abiertos al diálogo para alcanzar un acuerdo con el Gobierno en lo tocante a la ley de Memoria Democrática.

En declaraciones a los medios a su salida de su reunión con Bergoglio, Omella y Osoro admitieron que "el tema del Valle de los Caídos "es un tema que concierne más a la Iglesia de Madrid", aunque "desde la conferencia episcopal estamos dispuestos a ayudar. Pedimos que haya un diálogo en la sociedad y con nosotros, la Iglesia". Por su parte, el cardenal de Madrid, Carlos Osoro, insistió en que "el Valle de los Caídos puede ser una gran esperanza. Es un momento para que este lugar sea un lugar donde volvamos a recuperar la fraternidad, la reconciliación, la paz... y que buscamos que sea un lugar para volver a lo fundamental". "Lo importante son los sustantivos: hijos de Dios y hermanos de todos los hombres. Es una oportunidad grande para todos", añadió.

En aplicación de los Acuerdos de Cooperación entre el Estado y la comunidad islámica firmados en 1992, así como del Estatuto de Autonomía, Cataluña ofrece clases optativas de religión islámica como doce de las comunidades autónomas que atienden las peticiones de la comunidad musulmana. Asturias, Cantabria, Galicia, Murcia y Navarra aún no ofrecen la asignatura en los colegios públicos.

Mientras las organizaciones laicas lamentan la inclusión en el aula de nuevas materias de carácter dogmático, la Unión de Comunidades Islámicas de España designa sólo cuatro profesores para ocho centros públicos, para más de 90.000 alumnos musulmanes a cargo de la Generalitat. La ley establece que los profesores serán designados por la Comisión Islámica de España conforme a criterios de capacitación académica y lingüística, exactamente igual que la Conferencia Episcopal elige a los docentes de religión católica, aunque sus nóminas sean sufragadas por el Estado.

La población escolar musulmana apenas dispone de 80 profesores para 326.000 estudiantes, según datos publicados por el Observatorio Andalusí en diciembre de 2019. Los colectivos laicistas llevan décadas batallando para sacar la asignatura de religión católica de las aulas y contemplan la inclusión de la islámica desde la misma óptica. España no es una nación laica, nuestra Constitución nos define como aconfesional.

El Partido Popular Europeo, instalado en el consenso socialdemócrata, ha expulsado a los doce eurodiputados del húngaro Fidesz, el partido del Primer Ministro Viktor Orbán, tras aprobar la suspensión de partidos miembro que se alejen de su “ideario”, hoy alejado de la defensa de la vida y de la familia, de las raíces cristianas de Europa y de la soberanía de las naciones que integran la Unión. El partido de Orbán fue suspendido dos años antes por su oposición a la defensa de la UE -y del PPE- de la ideología de género y de las políticas globalistas.

La suspensión en el partido europeo de los doce eurodiputados del partido de Orban puede empujarles a entrar en otros grupos ideológicamente cercanos, como el de Conservadores y Reformistas (ECR), en el que está Vox.

Santiago Abascal publicó un tweet que afirma que: "Viktor Orban es un ejemplo del rumbo que merece Europa: Defensa de soberanías y fronteras, politicas de familia, respeto a raíces culturales.

Es una buena noticia que Hungría mantenga su independencia frente a la presiones globalistas.

Entre todos construiremos una Europa mejor".

Orbán es uno de los adalides dentro de la Unión de la defensa de la soberanía de su país, unas fronteras seguras y una apuesta decidida por la familia y la natalidad. Así, su Gobierno ha logrado que la tasa de natalidad en el país sea un 24% superior en la última década (desde 2010) y que el número de matrimonios casi se haya duplicado en ese tiempo.

El Parlamento húngaro aprobó con los votos del partido gobernante de Orbán, una polémica normativa que, entre otros aspectos, prohíbe hablar sobre homosexualidad en los programas escolares dentro de un proyecto de ley, contra la pedofilia, en la que se prohíbe exponer a menores de 18 años a pornografía y a cualquier contenido que fomente el cambio de sexo y la homosexualidad.

El presunto ultraderechismo de Viktor Orbán lo resume él mismo: "En Hungría hemos creado un sistema económico que se aparta de la doctrina liberal que tantos defienden en Bruselas. Vemos la gestión de la crisis de manera distinta. La UE siempre propone austeridad. Que quitemos la jubilación, que reduzcamos los salarios y otras medidas dolorosas. La carga de la crisis no puede caer sobre las personas. Y es aquí donde estalló la tormenta con Bruselas. Nosotros ponemos impuestos a los bancos y a las grandes empresas. Determinamos el precio de la luz, el agua y el gas, y no permito que se aprovechen de la gente con precios excesivos."

Rusia ha votado en 2020 la aprobación de 206 enmiendas propuestas por Vladimir Putin a la Constitución del país, entre las que se encuentra la inclusión de una referencia a Dios en el preámbulo constitucional. En concreto, la modificación añade la siguiente declaración: "La Federación Rusa, unida por su historia milenaria y que conserva la memoria de sus antepasados, que nos transmitieron los ideales y la fe en Dios".

Estas enmiendas a la Constitución del Estado Laico, que no obstante reconoce como tradicionales cuatro religiones, han encontrado escasos detractores entre la población rusa. Entre las enmiendas también se encuentra la prohibición de ceder territorio nacional a otros países o el establecimiento del matrimonio únicamente como la unión entre hombre y mujer.

Rusia es un país multicultural, con un 61% de cristianos ortodoxos, un 12% de musulmanes, 1% de judíos y alrededor de 1% de católicos, que no son tan tomados en cuenta como los miembros de otras religiones.​

El problema radica en la presión que ejercen grupos nacionalistas y católicos ortodoxos sobre grupos religiosos sin reconocimiento legal, como los Testigos de Jehová o la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna. Se han dado casos de persecución e incluso asesinatos de musulmanes por parte de los cuerpos de seguridad rusos en el Cáucaso,​ aunque hay muchos musulmanes en altos cargos gubernamentales, empresariales y del Duma.

Se acredita a Hans Küng, profesor de Teología ecuménica y presidente de la Fundación por una Ética Global, la formulación de un pensamiento citado con frecuencia como lema del diálogo interreligioso: "No habrá paz entre las naciones sin paz entre las religiones. No habrá paz entre las religiones sin diálogo entre las religiones".

En todas partes la cooperación entre personas de diferentes tradiciones o creencias religiosas o espirituales, tanto a nivel individual como institucional, no debe pretender una fusión o asimilación incoherente de doctrinas distintas, sino más bien la promoción del entendimiento entre las diferentes religiones para aumentar la aceptación de los demás. Pero no todas las religiones tienen por natural tratar a los demás como como quisieran ser tratados.

Sucesor de Pilato, entregas Cristo

al sucesor de Anás, esto es al Papa,

porque: «La majestad civil no tapa

con su ley soñadores; no me invisto

—dices— de extraña autoridad so capa

de orden; allá la religión, malquisto

no me es el Hombre Dios pero resisto

que me conviertan la nación en Trapa.»