Los caballos negros son.
Las herraduras son negras.
Sobre las capas relucen
manchas de tinta y de cera.
Tienen, por eso no lloran,
de plomo las calaveras.
Con el alma de charol
vienen por la carretera.
Jorobados y nocturnos,
por donde animan ordenan
silencios de goma oscura
y miedos de fina arena.
Pasan, si quieren pasar,
y ocultan en la cabeza
una vaga astronomía
de pistolas inconcretas.
¡Oh ciudad de los gitanos!
En las esquinas banderas.
La luna y la calabaza
con las guindas en conserva.
¡Oh ciudad de los gitanos!
¿Quién te vió y no te recuerda?
Ciudad de dolor y almizcle,
con las torres de canela.
Cuando llegaba la noche,
noche que noche nochera,
los gitanos en sus fraguas
forjaban soles y flechas.
Un caballo malherido,
llamaba a todas las puertas.
Gallos de vidrio cantaban
por Jerez de la Frontera.
El viento, vuelve desnudo
la esquina de la sorpresa,
en la noche platinoche
noche, que noche nochera.
La Virgen y San José
perdieron sus castañuelas,
y buscan a los gitanos
para ver si las encuentran.
La Virgen viene vestida
con un traje de alcaldesa,
de papel de chocolate
con los collares de almendras.
San José mueve los brazos
bajo una capa de seda.
Detrás va Pedro Domecq
con tres sultanes de Persia.
La media luna, soñaba
un éxtasis de cigüeña.
Estandartes y faroles
invaden las azoteas.
Por los espejos sollozan
bailarinas sin caderas.
Agua y sombra, sombra y agua
por Jerez de la Frontera.
¡Oh ciudad de los gitanos!
En las esquinas banderas.
Apaga tus verdes luces
que viene la benemérita.
¡Oh ciudad de los gitanos!
¿Quién te vio y no te recuerda?
Dejadla lejos del mar,
sin peines para sus crenchas.
Avanzan de dos en fondo
a la ciudad de la fiesta.
Un rumor de siemprevivas
invade las cartucheras.
Avanzan de dos en fondo.
Doble nocturno de tela.
El cielo, se les antoja,
una vitrina de espuelas.
La ciudad libre de miedo,
multiplicaba sus puertas.
Cuarenta guardias civiles
entran a saco por ellas.
Los relojes se pararon,
y el coñac de las botellas
se disfrazó de noviembre
para no infundir sospechas.
Un vuelo de gritos largos
se levantó en las veletas.
Los sables cortan las brisas
que los cascos atropellan.
Por las calles de penumbra
huyen las gitanas viejas
con los caballos dormidos
y las orzas de monedas.
Por las calles empinadas
suben las capas siniestras,
dejando detrás fugaces
remolinos de tijeras.
En el portal de Belén
los gitanos se congregan.
San José, lleno de heridas,
amortaja a una doncella.
Tercos fusiles agudos
por toda la noche suenan.
La Virgen cura a los niños
con salivilla de estrella.
Pero la Guardia Civil
avanza sembrando hogueras,
donde joven y desnuda
la imaginación se quema.
Rosa la de los Camborios,
gime sentada en su puerta
con sus dos pechos cortados
puestos en una bandeja.
Y otras muchachas corrían
perseguidas por sus trenzas,
en un aire donde estallan
rosas de pólvora negra.
Cuando todos los tejados
eran surcos en la tierra,
el alba meció sus hombros
en largo perfil de piedra.
¡Oh, ciudad de los gitanos!
La Guardia Civil se aleja
por un túnel de silencio
mientras las llamas te cercan.
¡Oh, ciudad de los gitanos!
¿Quién te vio y no te recuerda?
Que te busquen en mi frente.
juego de luna y arena.
El Consejo de Ministros marcado por el sonado indulto a los líderes independentistas al procés, también incluyó ascensos en el seno de la Guardia Civil y de las Fuerzas Armadas.
La Guardia Civil es un Cuerpo de Seguridad Pública de naturaleza militar y ámbito nacional con más de 2000 instalaciones y un número de efectivos que supera los 80.000, que forma parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Depende del Ministerio del Interior en cuanto a servicios, retribuciones, destinos y medios, y del Ministerio de Defensa en cuanto a ascensos y misiones de carácter militar.
José Manuel Santiago Marín asciende a general de división, hasta ahora general de brigada, nombrado jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, poco después del 19 de abril de 2020, cuando aseveró que el Instituto Armado trabajaba por un lado, para “evitar el estrés social que producen” los bulos en contexto de pandemia; y, por otro, “minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno”. Unas declaraciones que desataron un airado debate político, en el que la oposición criticó la utilización de la Guardia Civil por parte del Gobierno para fines partidarios.
Es el Ministerio de Defensa el que también ha aprobado la promoción de Manuel Llamas Fernández a teniente general. El puesto de Mando de Personal del cuerpo lo ocupaba el teniente general Francisco Díaz Alcantud, cesado para desempeñarse como director ejecutivo del Centro Universitario de la Guardia Civil, tras la reciente jubilación del teniente general Fernando Santafé, uno de los pocos altos mandos que se mantuvo en el cuerpo tras el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos.
El Consejo de Ministros también ha ascendido a Tomás García Gazapo y Luis Antonio del Castillo Ruano a generales de brigada de la Guardia Civil.
Eduardo Cano, secretario valenciano de la Agrupación Unificada de la Guardia Civil, ha considerado que "es una auténtica vergüenza que desde las instituciones y en este caso desde la Guardia Civil desprestigien tanto las medallas al mérito". "Llevamos años viendo como les otorgan medallas a políticos, amigos, jefazos y asesores", denuncia en declaraciones a Vozpópuli. "En cambio, hay guardias civiles que llevan muchos años a pie de calle y nunca les han propuesto para una condecoración. Al final todo es un trueque. Los generales son miembros elegidos por el Gobierno de turno y aprobado en el congreso de los diputados. Por lo que al final todo queda en casa", critican desde AUGC.
María de las Mercedes González Fernández (Madrid, 1975) se licenció en Periodismo por la Universidad CEU San Pablo, cursando másteres en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad George Washington. Trabajó para el Ayuntamiento de Madrid, para la Federación Española de Municipios y Provincias, para la Asamblea de Madrid y para el Ministerio de Política Territorial.
Secretaria general de la Agrupación Socialista en el distrito madrileño de Barajas, fue incluida en la lista del PSOE para las elecciones municipales de 2015 en Madrid y resultó elegida concejal. Durante la corporación 2015-2019 ejerció de portavoz del Grupo Municipal Socialista en la comisión del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible.
En marzo de 2021 fue nombrada delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, y dos años después la Dirección General de la Guardia Civil tras la dimisión de María Gámez Gámez.
Una periodista con experiencia como directora general de la Guardia Civil entre marzo y junio de 2023, repite ahora por decisión del ministre del Interior, que necesita recomponer a este organismo.
La política socialista de Defensa Margarita Robles aprobó en 2020 licitaciones de emergencia por un total de 25.872.043 euros en contrataciones para material médico por parte de su Ministerio.
De entre las empresas que resultaron adjudicatarias de la oferta del Ministerio de Defensa se encuentra Gamma Solutions SLU, una empresa eléctrica sin perfil sanitario alguno, que ya había sido incluida en una denuncia por el caso 'PCR Canarias', por haber conseguido también importantes licitaciones del Gobierno canario durante el mandato del entonces presidente Ángel Víctor Torres. La empresa mayor adjudicataria de Defensa en estas licitaciones fue Atos It Solutions And Services Iberia SL, con 2.058.665 euros. De igual forma, la mercantil Abbot Rapid Diagnostics Healthcare SLU obtuvo 670.420 euros y Gamma Solutions SLU, una empresa mercantil eléctrica, logró contratos por valor de 1.932.494 euros.
Hay que recordar que este pasado mes de septiembre varios testigos pusieron en conocimiento de la Fiscalía Europea que "el hoy ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, siendo entonces presidente del Gobierno de Canarias acudió durante la época de las contrataciones sanitarias por la pandemia a una mansión del barrio residencial de La Piovera, en Madrid, para mantener una reunión con Noel Jammal, el administrador único de las empresas Damco Trading Services SA y Tanoja Services SL, entidades fuera del sector sanitario, que fueron adjudicatarias de licitaciones millonarias por parte del Servicio Canario de Salud (SCS)". Estas mismas fuentes revelan en exclusiva ante elcierredigital.com que "a esta lujosa residencia de Jammal también accedían otras personalidades del mundo empresarial y político, como la ministra de Defensa Margarita Robles, quien participó, supuestamente, en algunas cenas con este empresario de origen libanés en la citada vivienda".
Las cosas se tuercen para Robles. denunciada por fraude fiscal ante la Audiencia Nacional por sacar de España entre los años 2001 y 2002, una suma de más de seis millones de euros destinados a cuentas situadas en bancos ubicado en lugares como Caracas, Lisboa, México, o Suiza, a través de testaferros.
La denuncia fue extraviada por la Audiencia Nacional, que la habría admitido a trámite en secreto, para ocultarlos de la opinión pública. Y es que, cuando iba a celebrarse el juicio la Audiencia Nacional explicó que había perdido toda la documentos relativa a estos hechos e informaciones. Sin embargo, parece que finalmente ha conseguido encontrar todos los archivos sobre esta causa.
Robles ya había sido investigada por la Agencia Tributaria por evasión fiscal, que no quería que los hechos cayeran en saco rato y tramitó una nueva denuncia. Ahora, la ministra ya no tiene escapatoria, y tendrá que argumentar donde está ese dinero y si ha evadido impuestos o no, así como de donde procede, dado que procedían, supuestamente, de sobornos pagados por el fiscal José María Mena, cuando Margarita Robles era secretaria de Estado del Ministerio del Interior y número dos del titular de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, durante la última legislatura de Felipe González.
Koldo García, quien fuera chófer de José Luis Ábalos, ingresó en la Orden del Mérito de la Guardia Civil días antes de que el Partido Popular perdiera el Gobierno en 2018. El polémico chófer de Ábalos fue premiado con la Cruz con distintivo Blanco para personal no perteneciente al Cuerpo, la medalla de la Comunidad Foral de Navarra y el reconocimiento de la Ertzaintza y de la Policía de Pamplona, por "luchar por la paz en el País Vasco".
Seis años después, los agentes de la Benemérita han sido los encargados de detenerle por el presunto cobro de comisiones millonarias con contratos de mascarillas en la pandemia. El magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno lo dejó en libertad con medidas cautelares de prohibición de salir de España, retirada de pasaporte y obligación de comparecer quincenalmente en el Juzgado, y a otras tres personas detenidas en la causa. Todos ellos se han acogido a su derecho a no declarar al encontrarse la causa bajo secreto de sumario.
La Guardia Civil explotó una operación que se venía investigando en la Fiscalía Anticorrupción desde mayo de 2022. El Partido Popular denunció la concesión de contratos a Soluciones de Gestión, empresa zaragozana que suscribió con el Ministerio de Transportes y con el Ministerio del Interior el suministro de mascarillas FPP2.
Koldo no salió de las administraciones con el cese de su jefe José Luis Ábalos. El investigado por la trama mantuvo meses antes de su detención varios encuentros en las sedes de la Administración con altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez, según un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que alertaba que Koldo se reunía con personal de Puertos del Estado, que "formaba parte de los órganos adjudicadores de los contratos investigados".
Los agentes sospechan que el alto cargo del Ministerio de Transportes de Óscar Puente con el que quedó Koldo era el Secretario General de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, quien firmó uno de los documentos con las adjudicaciones de Puertos del Estado a Soluciones de Gestión.
El 2 de diciembre de 2023, Juan Carlos Cueto, considerado el cerebro de la trama, consiguió contactar con Koldo, el cual le informa que había quedado con Miguel Tellado del Partido Popular y "Alberto" al día siguiente.
El actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, pagó, cuando era el máximo responsable del Gobierno de Canarias, más de 15 millones de euros a Soluciones Gestión y Apoyo a las Empresas, el proveedor de mascarillas, financiados por fondos europeos. Esta sociedad consiguió entrar en la administración gracias a Víctor de Aldama, conocido de José Luis Ábalos, y quien hizo las gestiones para introducir a la compañía en las adjudicaciones a dedo, hasta el punto de que las mismas se fraguaron antes incluso de que se publicitaran oficialmente.
De Aldama actuó como “comisionista” mientras que el exchófer de Ábalos, Koldo García, fue el que facilitó a Soluciones de Gestión la información sobre estas adjudicaciones de emergencia que se iban a abrir en el Ministerio “de forma inmediata”.
Koldo, el que fuera hombre de confianza de Ábalos, adquirió tres pisos en Benidorm (uno de los cuales puso a nombre de su hija menor de edad) valorados en 1,5 millones de euros. También efectuó importantes ingresos en efectivo y guardó parte del dinero en una caja fuerte de cuya existencia estaba al tanto también su mujer. Se trata de Patricia Uriz, también investigada en la causa y que, al igual que Koldo, consiguió un puesto en Transportes durante la etapa de Ábalos. De Aldama, por su parte, se embolsó 5,5 millones de euros con la operación mientras que Juan Carlos Cueto ingresó hasta 9,6 millones de euros.
Estos contratos del caso Koldo han auspiciado que el Partido Popular y Coalición Canaria hayan anunciado una Comisión de Investigación. Vox también se ha adherido al escrito.
José Luis Ábalos controlaba hasta el más mínimo detalle de su ministerio. Al frente de la seguridad del Ministerio de Transportes se encontraba el coronel de la Guardia Civil Ignacio Alcázar que ocupaba el cargo de director de la Unidad de Emergencias y Coordinación y Gestión de Crisis. La experiencia de este coronel era tal que impartía hasta seminarios de seguridad aeroportuaria debido a su experiencia en el Servicio de Costas y Fronteras de la Dirección General de la Guardia Civil.
Sin embargo, poco después de que la vicepresidenta de Maduro se encontrase en Barajas con el ministro Ábalos, el llamado caso Delcygate, el ministro decidió relevarle de su puesto y designar en el cargo al inspector de la Policía Nacional Rubén Eladio, que formaba parte del círculo de confianza de Koldo García.
Eladio fue el encargado de dar la orden de que los guardias civiles no entraran con sus armas en la sede del ministerio en Nuevos Ministerios. Los diputados del PP José Ignacio Echániz y Ana Belén Vázquez presentaron en el Congreso una batería de preguntas al Gobierno para que explicara por escrito "los criterios" para su nombramiento. "¿Podría tratarse, como señala la prensa, de un intento de silenciar cualquier fuga de información respecto al caso Delcygate?", preguntaron los diputados al Gobierno de Pedro Sánchez.
Eladio sufrió un grave accidente surfeando en la playa de San Lorenzo, en pleno centro de Gijón y sufrió un duro golpe en la columna vertebral. Afirmó no sentir las piernas y fue trasladado con pronóstico muy grave hasta un centro sanitario. Después de meses de ese suceso, se encontraba ingresado en el Hospital de Parapléjicos de Toledo.
Nadie como él conocía los entresijos del ministerio donde presuntamente se desarrollaron las acciones delictivas. Es más, el Ministerio de Transportes delegó por escrito la tramitación de estos contratos en Puertos del Estado y en Adif, pese a que la Fiscalía Anticorrupción sostiene que el departamento que entonces dirigía Ábalos fue la puerta de entrada de Soluciones de Gestión a través de la cual logró hasta nueve contratos con el Ejecutivo (dos con Transportes, uno con Interior, cuatro con Canarias, uno con Baleares y otro con Sanidad).
La UTE formada por la multinacional española Ferrovial y la empresa Soluciones de gestión y apoyo a empresas, engrosó la lista de proveedores del 'megacontrato' de Salvador Illa, ofreció una rebaja al precio de sus mascarillas en abril de 2021. Las mascarillas FFP2 de la UTE pasaron de costar 1,13 euros la unidad a 90 céntimos. Un precio que seguía dejando las mascarillas de la UTE del caso Koldo nueve veces más caras que las da la competencia en el mismo período de tiempo.
Esta rebaja, sin embargo, desluce en comparación con lo que el mercado ofrecía en el mismo período de tiempo. Basta acudir a otro de los contratos que recoge el sumario, el de Gamma Solutions. Esta compañía ofrecía de entrada precios más baratos que la UTE de la trama Koldo: entre 44 y 73 céntimos por mascarilla FFP2 en noviembre de 2020. Con la rebaja que plantearon a Sanidad, cada mascarilla FFP2 de Gamma Solutions pasó a costar 12 céntimos. Es decir, las mascarillas de esta otra compañía salían casi 8 veces más baratas que las de Soluciones de gestión y Ferrovial.
Los proveedores del Ministerio de Sanidad en el megacontrato de Illa también figuran en el sumario del caso Koldo puesto que la empresa principal de la trama, Soluciones de Gestión, que realmente pertenece a Juan Carlos Cueto, permanece en el foco de los investigadores por este contrato y otros ocho más que se adjudicó en el peor momento de la pandemia por más de 54 millones de euros.
Además del Ministerio de Illa, Soluciones de Gestión se adjudicó contratos con Puertos del Estado y Adif (entes dependientes del Ministerio de Transportes), el Ministerio del Interior y también de las comunidades de Canarias y Baleares, presididas en el momento de los hechos por el actual ministro de Política Territorial, Víctor Ángel Torres, y por Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados.
La Fiscalía Anticorrupción interpuso querella en septiembre contra un total de siete personas por el pelotazo con estos contratos que les reportaron beneficios de hasta 17 millones de euros. De hecho, según la Fiscalía, solo el 13% de los 54 millones de euros públicos percibidos fueron a parar a la compra de material y a su traslado a España.
Los agentes destacan una serie de presuntas irregularidades con estas concesiones que se tramitaron de emergencia, por ejemplo, la falta de documentación en Transportes, Canarias y Baleares en relación a los contactos con Soluciones de Gestión que darían pie a los contratos.
Cuatro ministerios sabían ya en 2022 que la UCO investigaba la trama de las mascarillas. Ya ese año, la UCO requirió documentación a distintos departamentos del Ejecutivo de Pedro Sánchez al advertir la posibilidad de que, tras los contratos para la compra de mascarillas concedidos durante la pandemia, existiese una trama corrupta.
El Ministerio de Transportes, que a través de Puertos del Estado concedió el mayor contrato a la trama ya fue requerido por la UCO en mayo de 2022 para aportar toda la documentación disponible. La documentación reveló, por ejemplo, que Soluciones de Gestión había prefabricado la factura un día antes de resultar adjudicataria del contrato de 20 millones.
También en mayo de 2022, el Ministerio del Interior fue requerido por la UCO para informar sobre el contrato de mascarillas con Soluciones, en este caso de 3,5 millones. Desde el departamento de Grande-Markaska, subrayan los investigadores, se llegó a suministrar material «en un formato ilegible», que no pudo ser «analizado».
También a Interior se había dirigido Hacienda en enero, para preguntar sobre su conocimiento acerca de los líderes de la trama. La respuesta de Interior fue totalmente hueca: «No se tiene constancia». El ministerio que dirige Grande-Marlaska reconoció que, en ese momento, «tenía problemas para la compra de mascarillas» y que «contactó con el Ministerio de Fomento para abastecerse de material sanitario, ya que eran conocedores de que éstos habían logrado acceder a una línea de compra».
Por su parte, el Ministerio de Sanidad respondió en julio de 2022 a un requerimiento de la UCO, que fue atendido por la directora del Instituto de Gestión Sanitaria. Este organismo incluyó a Soluciones de Gestión como adjudicatario de su megacontrato de 2.500 millones para dotar a las comunidades autónomas de material sanitario.
El Gobierno era conocedor de la trama investigada, pues los contratos de Puertos del Estado y Adif fueron validados en el Consejo de Ministros. De hecho, en junio de 2023 la UCO entregó a la Fiscalía Anticorrupción el informe clave sobre el caso, en el que se vinculaba al empresario Juan Carlos Cueto con Koldo García.
Ese mismo mes, junio de 2023, Anticorrupción elevó a la Fiscalía Europea documentación sobre los contratos suscritos con la trama Koldo por los gobiernos socialistas de Canarias y Baleares. Se lo notificó por «afectar a fondos de la Unión Europea». Tanto el actual ministro Ángel Víctor Torres como la ahora presidenta del Congreso, Francina Armengol, modificaron los contratos para endosar a la UE el pago de mascarillas defectuosas.
El director de Inspección y la delegada Especial de la AEAT en Aragón fueron cesados tres días después de que el polémico informe entrara en el Juzgado. En el sumario puede verse que los informes previos del Fisco eran estrictamente tributarios.
Los ceses de directivos de la AEAT se acompañan en el BOE del 5 de febrero de sus respectivos nombramientos. El secretario de Estado de Hacienda y presidente de la AEAT ha recuperado a Carlos Cervantes, director de Inspección entre 2004 y 2010, y le ha nombrado delegado Central de Grandes Contribuyentes, la unidad de élite que se encarga de vigilar al Ibex y a las grandes multinacionales.
A Cervantes, próximo a Luis Pedroche, director de la AEAT entre 2004 y 2010, se le hizo responsable de la polémica gestión de la lista Falciani, en la que la Hacienda de Zapatero trató de exonerar a 659 españoles que ocultaban hasta 6.000 millones en cuentas opacas en la sede de HSBC en Suiza, entre ellos, la familia Botín.
El envío de la lista Falciani desde la Hacienda francesa a la española en diciembre de 2009, provocó en 2010 uno de los mayores escándalos que se han vivido en la AEAT. La Agencia de Pedroche, dependiente de Elena Salgado y del secretario de Estado, Carlos Ocaña, envió requerimientos para que los defraudadores regularizaran de forma voluntaria, en una decisión que inspectores y técnicos consideraron una "amnistía" que les ahorró cuantías millonarias e incluso, prisión. El escándalo acabó costando el cargo a Cervantes.
El ahora flamante delegado Central de Grandes Contribuyentes vivió un viacrucis con su imputación en una querella criminal del sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) por prevaricación y "trato de favor" entre febrero de 2013 y noviembre de 2017, que fue finalmente archivada. Cervantes defendió ante el juez su paternidad de la idea de no abrir inspecciones fiscales.
El delegado de Grandes Contribuyentes hasta la fecha, Manuel Trillo, asciende ahora a director de Inspección, puesto que implica ser el número dos de la Agencia y el que tenía Cervantes cuando fue cesado en 2010.
Los perfiles de Trillo y Cervantes son considerados afines, "con carnet del PSOE", y su promoción, entendida como una "jugada de ajedrez ultradefensiva" de la Hacienda de Pedro Sánchez por fuentes conocedoras.
La Guardia Civil ha detenido a un comandante del cuerpo acusado de haber suministrado información a Koldo García en el marco de la investigación contra la trama que se habría lucrado con la venta de mascarillas en la peor época de la pandemia. Se trata del comandante R. V. C, actualmente destinado en la Agregaduría de Interior de la Embajada de España en Venezuela, si bien en el momento del arresto, el pasado lunes, se encontraba en Córdoba. El mando ha pasado a disposición judicial y el juez lo ha dejado en libertad con medidas cautelares.
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno acordó esta pieza secreta para investigar varias cuentas bancarias y practicar un nuevo registro. Tras levantar este miércoles el secreto de estas pesquisas, el comandante de la Guardia Civil ha comparecido ante el magistrado como investigado por delitos de pertenencia a organización criminal y cohecho. Al finalizar, el magistrado ha acordado su libertad provisional con las medidas cautelares de prohibición de abandonar el territorio nacional y retirada de pasaporte.
El mando investigado había sido destinado a la delegación diplomática en Caracas en el mes de febrero. Hasta entonces, estaba destinado en el Servicio de Información de la Guardia Civil, la unidad antiterrorista del cuerpo.
Según se ha podido acreditar en distintos informes policiales del denominado ‘caso koldo’, varios de los implicados sabían que había una investigación en curso desde al menos tres meses antes de su detención. El propio Koldo recibió el pasado 3 de febrero una advertencia de otro de los implicados en la trama, Rogelio Pujalte, titular de un depósito judicial en Murcia y dueño de una mercantil al que la trama transfirió presuntamente 100.000 euros procedentes de los contratos adjudicados. El empresario avisó al antiguo asesor de Ábalos de que no utilizase la aplicación de mensajería instantánea Telegram y este le respondió diciendo que nunca lo había hecho y «que no se preocupe, lo sé todo», otro indicio que levantó las sospechas del juez instructor.
En esa misma conversación, Koldo sostenía que la investigación es «por culpa del perro», en referencia al empresario Víctor de Aldama, otro investigado al que la UCO coloca en la cúspide de la trama. El presidente del Zamora CF, considerado el comisionista de la red, se habría beneficiado de hasta 6,5 millones de euros.
Aldama tuvo que declarar ante la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) después de que esta detectara que Soluciones de Gestión había cometido un presunto fraude de 200.000 euros en el Impuesto de Sociedades. La empresa está investigada tras la adjudicación de nueve contratos con diferentes administraciones gobernadas por los socialistas, dos de ellos con organismos vinculados al Ministerio de Transportes durante la etapa de Ábalos. Una situación de la que también hablaron hace un año Koldo y Juan Carlos Cueto durante una reunión en el local La Chalana intervenida por la Guardia Civil.
Las conversaciones intervenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la investigación que se sigue en la Audiencia Nacional por el caso de las mascarillas han arrojado nuevos datos sobre la relación que presuntamente tenían Koldo García Izaguirre, y el director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, el teniente general Manuel Llamas.
Es lo que se extrae de una conversación de nueve minutos mantenida ese día en el restaurante La Chalana por el propio Koldo con José Luis Rodríguez García, el subteniente de la Guardia Civil, destinado en el complejo de Nuevos Ministerios, que también se habría beneficiado de las comisiones por la adjudicación de los contratos.
Comercializadora Pizarras Santa Bárbara SL ha cobrado especial relevancia en el caso que investiga el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. La empresa, constituida por los dos cerebros de la trama, Juan Carlos Cueto y Víctor de Aldama, y que estos últimos habrían dejado en manos del subteniente de la Guardia Civil Rodríguez García, habría sido utilizada por la organización para desviar parte de las comisiones ilegales obtenidas con los contratos adjudicados Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa SL, el proveedor favorito de material sanitario del exministro José Luis Ábalos durante la pandemia.
