La aplicación práctica de la Ley de Memoria Histórica (y ahora, la de Memoria Democrática) apunta en un solo sentido, el ensalzamiento de unas víctimas en demérito de otras, tolerada por unos funcionarios que nunca han reconocido la discriminación aún teniéndola delante. Para poner un ejemplo del ambivalente trato dado a víctimas y verdugos republicanos está el artículo 2 de la LMH: "Como expresión del derecho de todos los ciudadanos a la reparación moral y a la recuperación de su memoria personal y familiar, se reconoce y declara el carácter radicalmente injusto de todas las condenas, sanciones y cualesquiera formas de violencia personal producidas por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil, así como las sufridas por las mismas causas durante la Dictadura".
"Las razones a que se refiere el apartado anterior incluyen la pertenencia, colaboración o relación con partidos políticos, sindicatos, organizaciones religiosas o militares, minorías étnicas, sociedades secretas, logias masónicas y grupos de resistencia, así como el ejercicio de conductas vinculadas con opciones culturales, lingüísticas o de orientación sexual". No es una relación exhaustiva, sino una lista de situaciones a modo de recordatorio, tras lo cual "se reconoce y declara la injusticia que supuso el exilio de muchos españoles durante la Guerra Civil y la Dictadura".
En plano de igualdad, se condenan las persecuciones y los procesos judiciales del gobierno de Franco, pero también las del bando republicano, ya que la Ley habla de "todas", refiriéndose a las políticas, ideológicas o de creencia religiosa. Muchos de los crímenes de la Segunda República ya fueron juzgados durante la Guerra Civil y la posguerra, unos acabaron en condenas (generalmente de muerte), y otras fueron "conmutadas" o amnistiadas años después de la guerra.
Se omite en especial la persecución religiosa mediante la violación o asesinato de monjas y sacerdotes, llevada a cabo sistemáticamente por milicianos y sindicalistas. Eso tampoco parece recordarlo el cardenal Osoro, que pactó con Sánchez la expulsión de los benedictinos, a cambio de no desacralizar la Basílica.
En el olvido queda el caso del juicio de Companys anterior a la Guerra Civil por la proclamación del 6 de octubre de 1934, por la que fue detenido junto con el gobierno catalán en pleno y encarcelado en el buque Uruguay, fondeado en el puerto de Barcelona, que fue requisado para ser utilizado como prisión. Companys y sus consejeros permanecieron recluidos en el Uruguay hasta el 7 de enero de 1935, cuando fueron trasladados a la cárcel Modelo de Madrid para ser juzgados por el Tribunal de Garantías Constitucionales.
Las consecuencias para la autonomía catalana fueron desastrosas. El 7 de octubre, con el país aún bajo el estado de guerra, el general Batet designó al coronel de Intendencia Francisco Jiménez Arenas presidente accidental de la Generalidad. El 2 de enero, las Cortes aprobaban una ley por la que se suspendía el estatuto de autonomía, nombrándose a un gobernador general de Cataluña que asumía las funciones del presidente de la Generalidad y de su consejo ejecutivo. En noviembre, Amadeu Hurtado, presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Cataluña había tratado de buscar una solución que salvase el autogobierno catalán del procesamiento de sus dirigentes, proponiendo que la presidencia de la Generalidad, en ausencia de su presidente, y del presidente del parlamento, fuese ocupada por el vicepresidente, Antonio Martínez Domingo, de la Lliga. Sin embargo, Companys desautorizó cualquier posible arreglo, impidiendo cualquier colaboración por parte de Esquerra Republicana.
Companys y sus consejeros fueron juzgados por rebelión por el Tribunal de Garantías Constitucionales de la II República. El 6 de junio de 1935 por diez votos a favor y ocho en contra, Companys y los miembros de su gobierno fueron condenados a treinta años de reclusión mayor e inhabilitación absoluta. Posteriormente Companys y los consejeros Comorera y Lluhí fueron trasladado al penal de El Puerto de Santa María (Cádiz), en tanto que el resto de consejeros eran internados en la cárcel de Cartagena.
El general Domingo Batet redujo la sublevación en 1934 del Estado Catalán por Luis Companys con un mínimo derramamiento de sangre. Su nieta, Meritxell Batet, es presidente del Congreso de los Diputados, siendo así la segunda autoridad del Estado por detrás del Rey Felipe VI.
Al ser proclamada en 1931 la II República, se encontraba destinado en Mallorca y sustituyó al destituido general López Ochoa como Capitán General de Cataluña. Domingo Batet se distinguió por el acatamiento a la autoridad civil, por el respeto al régimen autonómico catalán y por la prudencia con que actuó en las tensiones entre algunos sectores militares y la nueva administración de la Generalitat catalana. Su papel fue fundamental durante los sucesos del 6 de octubre de 1934, cuando el presidente autonómico, Lluis Company, declaró el Estado Catalán. Batet se puso en contacto con el entonces presidente del gobierno republicano español, Alejandro Lerroux, que le exigió que declarase el Estado de Guerra en Cataluña.
Tras diferentes disturbios con el resultado de tres muertos, el ejército comandado por el general Batet tomó la Plaza de Santiago. El comandante mantuvo un encuentro con Enrique Pérez Farras, el Jefe de los Mossos de Escuadra, para que abandonen las armas. Estos no cedieron y empezaron a disparar sobre el ejército español produciendo varias muertes y heridos. Fue entonces cuando Batet ordenó que los cañones del ejército dispararon contra el Palau de la Generalitat. Tras cinco intensas horas de asedio, los insurrectos mandados por el coronel Frederic Escofet se rindieron y fueron detenidos.
Fue en marzo de 1935 cuando Batet fue nombrado Jefe de la Casa Militar del presidente de la República Niceto Alcalá-Zamora. En junio de 1936 ya fue designado Jefe de la Sexta División Militar, con sede en Burgos. Durante los intentos de levantamiento de algunos sectores militares, él tomó una postura de fidelidad a la República.
En la madrugada del 13 de julio de 1936, el jefe de la oposición al Frente Popular Calvo Sotelo fue detenido irregularmente en su casa por La Motorizada, una especie de milicia de los socialistas madrileños y durante el traslado fue asesinado mediante un tiro a la cabeza por el pistolero socialista Luis Cuenca, guardaespaldas del entonces líder del partido socialista Indalecio Prieto. El suceso tuvo un hondo impacto entre la clase media española de la época y polarizó aún más el ya tenso ambiente político que reinaba entonces. Este suceso fue el que provocó que el general Francisco Franco decidiese unirse al alzamiento que desde hacía tiempo se preparaba contra la República.
Aún así, el 16 de julio de 1936 Batet se entrevistó en el monasterio de Irache, en Navarra, con su subordinado el general Emilio Mola, comandante militar de Pamplona. Su intención era frenar los intentos de sublevación y calmar los ánimos de los más exaltados. Aunque Mola le prometió que no se sumaría a ninguna conspiración, dos días más tarde se producía el levantamiento y Burgos pronto se convertiría en una plaza de los sublevados.
El coronel Marcelino Gavilán arrestó a Batet acusado de mantenerse fiel a la legalidad vigente. Su amigo, el General Mola, exigió un trato de respeto para Batet y que se le reconociera sus dignidades militares.
El 1 de septiembre de 1936 fue acusado formalmente de Rebelión Militar. Durante los meses del proceso Francisco Franco tomó la decisión de retirarle la pensión que iba unida a la tenencia de la Laureada de San Fernando, que había conseguido tras frenar la sublevación independentista del Estado Catalán.
El 8 de enero de 1937 fue definitivamente condenado a la pena de muerte, en un Consejo de Guerra que se le abrió por "Auxilio a la Rebelión". A pesar de que incluso Queipo de Llano llegó a pedir un indulto para él, Franco no detuvo su fusilamiento. Las últimas palabras de Domingo Batet fueron las siguientes: “Soldados, cumplid un deber sin que ello origine vuestro remordimiento en el mañana. Como acto de disciplina debéis disparar obedeciendo la voz de mando. Hacedlo al corazón; os lo pide vuestro general, que no necesita perdonaros, porque no comete falta alguna el que obra cumpliendo órdenes de sus superiores”.
También hay que recordar la insurrección obrera ocurrida en Asturias en el mes de octubre de 1934 que formaba parte de la huelga general revolucionaria organizada por los socialistas en toda España conocida con el nombre de Revolución de octubre de 1934 y que solo arraigó completamente en Asturias, debido fundamentalmente a que allí la anarquista CNT sí se integró en la Alianza Obrera propuesta por los socialistas de la UGT y el PSOE, a diferencia de lo sucedido en el resto de España. El día 5 de octubre, la UGT declaró la huelga general y Lerroux reaccionó proclamando el estado de guerra.
Así pues, el día 5 comenzó el movimiento huelguístico e insurreccional decretado por el Comité Revolucionario socialista presidido por Francisco Largo Caballero, aunque en la mayor parte del país fracasó.
Un elemento clave en la preparación de la insurrección eran las armas y parte de ellas los obreros las consiguieron robándolas pacientemente una a una de las fábricas de armas de Oviedo y de Trubia. Otras las compraron a contrabandistas o las trajeron desde Éibar a través de una red creada por las Juventudes Socialistas y el sindicato del Transporte de la UGT de Oviedo. La dinamita la obtuvieron de las minas.
Otro elemento clave en la insurrección fue la organización de las fuerzas paramilitares que encabezaran el movimiento. Así miembros de las Juventudes Socialistas y de las Juventudes Libertarias fueron entrenados por exsargentos con la cobertura de grupos de excursionismo, clubes culturales, meriendas campestres o incluso romerías, por lo que en octubre de 1934 los socialistas contaban con unos 2500 combatientes, los cenetistas con cerca de un millar y los comunistas con unos cientos, lo que supone que los revolucionarios asturianos contaban con una fuerza organizada de más de 3000 hombres cuando iniciaron la insurrección.
Ante la petición de Gil-Robles comunicando a Lerroux que no se fía del jefe de Estado Mayor, general Masquelet, los generales Goded y Franco (que tenían experiencia al haber participado en la represión de la huelga general de 1917 en Asturias) son llamados para que dirijan la represión de la rebelión desde el Estado Mayor en Madrid. Estos recomiendan que se traigan tropas de la Legión y de Regulares desde Marruecos. Y la rebelión fracasó.
Debe de decirse que la Ley de Memoria Histórica y ahora el anteproyecto de Memoria Democrática recoge y hace suya la condena del franquismo contenida en el Informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa firmado en París el 17 de marzo de 2006 en el que se consideró que hubo graves violaciones de Derechos Humanos cometidas en España entre los años 1939 y 1975. ¿Y antes no, en los años del pistolerismo entre patronal y sindicatos?
Siguiendo sus conclusiones, se declara "la ilegitimidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que, durante la Guerra Civil, se hubieran constituido para imponer, por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa, condenas o sanciones de carácter personal, así como la de sus resoluciones."
"Por ser contrarios a Derecho y vulnerar las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo, se declara en todo caso la ilegitimidad del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Público, así como los Tribunales de Responsabilidades Políticas y Consejos de Guerra constituidos por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la presente Ley".
Coherente con las anterior declaraciones, lo que se declara ilegítimo fueron los Tribunales Especiales y sus sentencias. No obstante, a renglón seguido reitera la Ley, que "se declaran ilegítimas, por vicios de forma y fondo, las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia por cualesquiera tribunales u órganos penales o administrativos durante la Dictadura contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución.
Sólo que ninguno de los dos bandos luchó por la democracia.
En pocas palabras, aquí lo que se declara es la consideración póstuma de la Segunda República como régimen legítimo, pese a que las democracias occidentales permanecieron neutrales ante el conflicto, y años después otorgaron al franquismo reconocimiento internacional.
Esta es una de las características de estas Leyes de Memoria Histórica, o Democrática, que en su aspecto jurídico son una verdadera basura, una serie de decretos administrativos que no aclaran cuestiones básicas de competencias, procedimientos a seguir, ni reglamentos de aplicación. Por eso la Ley también ordena al Gobierno dictar Real Decreto que determine las condiciones y el procedimiento para la concesión de indemnización, que es una decisión "graciable", no un derecho reglado. O sea, que el Ministerio puede concederlo o denegarlo sin más explicaciones. Así funciona el organicismo burocrático que sostiene tanto la izquierda como la derecha aunque teóricamente esta forma de funcionar terminase con la dictadura.
Siguiendo con la Ley de Memoria Histórica, su artículo 19 se hace una declaración de reconocimiento a las asociaciones de víctimas "de la violencia política a la que se refiere esta Ley". Nuevamente se refiere solamente a la represión franquista y no a la perpetrada por las izquierdas, aunque lo haga de forma disimulada.
Al amparo del artículo 20, se constituye el Centro Documental de la Memoria Histórica, con sede en la ciudad de Salamanca. En realidad, la documentación que allí ha habido desde 1.936 se hallaba allí almacenada y cerrada al público, motivando la promulgación del Real Decreto 426/1999, para darle alguna finalidad al archivo que allí envejecía.
Aunque se remite al "procedimiento que reglamentariamente se determine" (y no se ha elaborado ninguno), "se integrarán en este Archivo todos los documentos originales o copias fidedignas de los mismos referidos a la Guerra Civil de 1936-1939 y la represión política subsiguiente sitos en museos, bibliotecas o archivos de titularidad estatal, en los cuales, quedará una copia digitalizada de los mencionados documentos. Asimismo, la Administración General del Estado procederá a la recopilación de los testimonios orales relevantes vinculados al indicado período histórico para su remisión e integración en el Archivo General."
La LMH, en su Disposición adicional segunda preceptúa que: "Las previsiones contenidas en la presente Ley son compatibles con el ejercicio de las acciones y el acceso a los procedimientos judiciales ordinarios y extraordinarios establecidos en las leyes o en los tratados y convenios internacionales suscritos por España."
Procedimientos penales, por ejemplo, como el que inició el prevaricador Garzón, inhabilitado pero no encarcelado por sus iguales, para acaparar atención con su parodia de la "Causa General", que fue el nombre que los franquistas dieron a los juicios de los represaliados.
Aunque la Constitución ya dejó sin efecto muchas leyes de la época franquista, otras se han mantenido vigentes, como la Ley Hipotecaria. Pero la Ley de la Memoria Histórica superpone una Disposición Derogatoria presuntamente "En congruencia con lo establecido en el punto 3 de la Disposición Derogatoria de la Constitución". En virtud de esta soflama legislativa, aprobada por las Cortes, "se declaran expresamente derogados el Bando de Guerra de 28 de julio de 1936 y el Bando de 31 de agosto de 1936", como si con eso se anulara la guerra y posterior derrota sobre el papel del BOE.
También se deroga la Ley 15/1963, creadora del Tribunal de Orden Público, que por si alguien no lo sabe, es el anterior nombre de la Audiencia Nacional. Todas estas leyes ya no tenían ninguna efectividad, así que su derogación es puramente declarativa.
Dada la improvisación de todo el texto jurídico de la LMH, salva los vacíos legales su disposición final primera, que "habilita al Gobierno y a sus miembros, en el ámbito de sus respectivas competencias, para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de lo establecido en esta Ley."
En pocas palabras, una Ley banal e incompleta, que ha necesitado otras leyes para su desarrollo posterior y necesitará más. Queda a opinión de cada uno decir si es justa o injusta, pero lo cierto es que a estas alturas sólo servirá para reparar el daño causado de muy pocos. Por contra, su aplicación arbitraria genera nuevos perjuicios por su carácter vejatorio hacia las víctimas de los bandos republicanos.
La Ley de Memoria Histórica no es un instrumento jurídico al servicio del ciudadano, sino de un Estado que quiere borrar el otro lado de la guerra civil, como las detenciones arbitrarias, las torturas en las checas y los campos de trabajo republicanos
“Incluso antes de esto, yo ya sabía que en estos campos es costumbre disparar a los compañeros del que ha escapado bajo el pretexto de hacerlos colectivamente responsables de la huida”. La carta firmada en mayo de 1938 por el anarquista asturiano Segundo Blanco, ministro de Educación bajo el gobierno de Juan Negrín, mostraba que las autoridades republicanas estaban muy al tanto de la existencia de campos de trabajo forzado en los que a menudo se traspasaban los límites. Con “esto”, Segundo Blanco se refería al fusilamiento de trece prisioneros tras la huida de otros dos del campo de concentración nº 3 de Omells de Na Gaia, en Lleida. El problema para los responsables, en este caso, es que seis de ellos eran miembros de la CNT.
No existen demasiadas revisiones históricas sobre los campos de trabajo del bando republicano, pero existieron y por ellos pasaron miles de personas durante los años de la Guerra Civil, hasta su cierre tras la victoria del bando nacional.
Los programas de trabajo forzado de ambos bandos: disponer de mayor mano de obra y ofrecer posibilidad de redención a los presos. Los enemigos consideraban que los trabajos transformarían al enemigo en un miembro valioso de la nueva España “Ambos lados utilizaban los trabajos forzados con objetivos militares, y consideraban que los prisioneros políticos proporcionaban la mano de obra barata para hacer que los proyectos de reconstrucción fuesen económicamente viables”, recuerda el autor de 'El terror rojo', Héctor G. Barnés, que retrata la represión republicana durante la Guerra Civil española.
Entre 1937 y 1942 alrededor de 500.000 soldados republicanos cayeron en manos franquistas en 190 campos de trabajo diferentes.
La cantidad en el bando adversario fue mucho más reducida, pero existió. La autoridad de estos campos se dividió entre la Dirección General de Prisiones (DGP) y el Servicio de Investigación Militar (SIM), que abrió seis campos en Cataluña durante la primavera de 1938. Son estos últimos los que peores condiciones ofrecían a los cautivos, ya que solían “castigar soldados indisciplinados, desertores, insumisos y reclutas demasiado peligrosos políticamente para servir en unidades regulares”. Una dureza que ha hecho que Francesc Badia los haya comparado con los gulags soviéticos. Sin embargo, Julius Ruiz, de la Universidad de Edimburgo, recuerda que hay una radical diferencia entre los campos de trabajo españoles (sean franquistas o republicanos) y los nazis o rusos: su voluntad de redimir a los presos políticos a través del trabajo.
Fue el 1 de enero de 1937 cuando el anarquista Juan García Oliver, ministro de Justicia en el gobierno de Largo Caballero, pronunció las siguientes palabras: “Resolveremos el gran problema de la delincuencia politicofascista con campos de trabajo. No hay razón humana por la que soldados, sacerdotes e hijos de millonarios no trabajen como el resto”. La labor de esa “cohorte de fascistas”, en sus palabras, transformaría España en “un vergel frondoso”. Dicho y hecho… unos cuantos meses más tarde, el 24 de abril, el primer campo en Totana (Murcia) abrió sus puertas, sobre las cuales un cartel rezaba “trabaja y no pierdas la esperanza”. Bajo la autoridad del DGP, a lo largo de la guerra alrededor de 1.799 prisioneros pasarían por él.
Ese mismo año, otros campos similares comenzarían a brotar por el territorio aún bajo el poder republicano, sobre todo en el Levante. El de Albatera (Alicante), que abrió sus puertas en octubre de 1937, era aún mayor que el de Totana, con una capacidad para 2.000 trabajadores. El resto eran de menor tamaño: se trata de los Orihuela, San Juan y Calpe (Alicante), Valmuel (Teruel), Venta de Araoz (Almería) y Rosas (Girona). Este último, por ejemplo, apenas albergaba a 70 trabajadores. Un porcentaje de los presos fue empleado en la construcción del ferrocarril entre Torrejón de Ardoz (Madrid) y Tarancón (Cuenca). Como explica Ruiz, “la idea de que el trabajo rehabilitaría (o redimiría) a los políticos prisioneros encontró apoyos en todo el Frente Popular”. De ahí que siguiesen abriendo sus puertas incluso cuando no quedaba ningún ministro anarquista.
Al fin y al cabo, la Ley de Vagos y Maleantes promulgada en agosto de 1933 había sido idea del gobierno de Manuel Azaña, y se puede ver el sistema de campos de trabajo como una prolongación de aquella, como una forma de reaprovechar a esos potenciales enemigos internos para los que el sistema de cárceles tradicional se estaba quedando corto. “Como consecuencia lógica de una cruel guerra civil, hay en las prisiones un gran número de prisioneros”, recordaba García Oliver en su decreto para la creación de los campos.
La mayoría de los trabajos llevados a cabo por estos prisioneros tenían que ver con las infraestructuras agrícolas. La localidad de Albatera, por ejemplo, fue elegido ya que fueron trabajadores forzados quienes en el siglo XVII drenaron los marjales, lo que contribuyó a la prosperidad de la región. Algo que también ocurrió con Totana, donde en 1936 se reinició el proyecto del valle del Guadalentín. Según un memorando de diciembre de 1937, los prisioneros empleados en Almería habían permitido ahorrar más de cuatro millones de pesetas. De ahí que, como recuerda Ruiz, “es importante señalar que el propósito de estos campos, como el de los franquistas, era el castigo y la redención, no la exterminación a través del trabajo”.
Los datos hablan. En Totana murieron apenas 12 personas. En Albatera, cinco. En general, las condiciones no eran particularmente peligrosas para la vida de los prisioneros, aunque sí para su salud. En Albatera los prisioneros sufrían cierto hacinamiento (783 habitantes para una capacidad de 600) y el fatigoso ritmo de trabajo provocó que en 1937, alrededor de un 11% de los trabajadores dejasen la labor por su mal estado de salud. En Totana sufrieron problemas de higiene, como sugiere Ruiz, probablemente por “la incompetencia e inexperiencia de las autoridades del campo”. En otros centros abundaba la malnutrición, un problema que previsiblemente se agravó a medida que avanzaba la guerra.
Hay tres rasgos que caracterizaban a estos campos, y que en un alto grado eran herencia de los construidos por la Federación Anarquista Ibérica (FAI) antes de la guerra. En primer lugar, y como había ocurrido en Valmuel (Teruel), los presos construían ellos mismos el campo. En segundo, su labor solía estar relacionada con las infraestructuras agrícolas. En tercero, se colaboraba estrechamente con las autoridades locales, que contribuían con sus propios prisioneros. La voluntad era la de devolver al rebaño a las ovejas descarriadas. Como explica Ruiz, “el uso de la fuerza de trabajo 'fascista' era más que simple autodefensa; el trabajo tenía una capacidad redentora que transformaría a esos 'fascistas'”.
El SIM (Servicio de Información Militar) fue una agencia de inteligencia idea del Ministro de Defensa socialista Indalecio Prieto que, en su labor de lucha contra quintacoluminstas, potenciales desestabilizadores y anarquistas, llegó a emplear a miles de personas que se dedicaron, por ejemplo, a la construcción de fortificaciones militares, cumpliendo un significativo rol militar. Entre los seis campos de Cataluña se encontraban el del Pueblo Español en Montjuic (Barcelona), Hospital de l'Infant (Tarragona), Omells de Na Gaia, Concabella y Ogern (Lleida) y Falset (Tarragona). En total, por ellos pasaron entre 7.000 y 8.000 personas, algunas de las cuales eran desertores que los agentes del SIM habían localizado por la calle.
La disciplina era extrema y y el castigo, ejemplar. En Concabella, por ejemplo, un prisionero fue ejecutado por robar un pollo. Las condiciones eran peores que en los campos bajo la autoridad de la DGP, principalmente por la violencia con la que solían librarse de los desertores y por sus represalias hacia el resto. Cuando un preso intentaba escapar, se le disparaba. En uno de los batallones, ocho personas, incluido un sacerdote, fueron eliminados por ese procedimiento. Se intentó que los campos, administrados por el comunista madrileño Manuel Astorga, no fuesen conocidos por la opinión pública, prohibiendo expresamente a los presos que contactasen con sus familias o con los habitantes locales. En Omells de Na Gaia, 21 fueron asesinados por negarse a trabajar aduciendo que estaban enfermos o hambrientos.
Sin embargo, el fusilamiento de seis anarquistas de la CNT no pasó desaprecibido, y así llegó a los oídos del indignado ministro Segundo Blanco, que encargó una investigación sobre esta “monstruosidad”. Es, no obstante, también una muestra de que los políticos republicanos no eran completamente inocentes en su conocimiento de esta realidad alternativa y en espejo a la de los campos del bando rebelde, probablemente más brutales. No obstante, ambos tenían mucho más que ver de lo que cabría esperar. García Oliver sugería que estos prisioneros debían llevar a cabo “trabajos de utilidad pública que los orienten en los hábitos laborales y los pongan en armonía con los principios que guían a todos nuestros ciudadanos”.
Una retórica no tan lejana a la que impondría poco después el franquismo.
Mención aparte merecen los campos de internamiento en Francia establecidos por sus autoridades para encerrar a cerca de 550.000 españoles que huyeron de la represión franquista hacia Francia tras la Guerra Civil Española.
La mayoría se construyeron a toda prisa cerca de la frontera, en forma de barracones o de zonas vigiladas bajo la intemperie, y no disponían de agua potable ni de las mínimas condiciones higiénicas. A los prisioneros apenas se les daba comida, y nunca se les ofreció agua potable ni ropa de abrigo o para refugiarse del viento. Muchos murieron de desnutrición, enfermedades diversas, durante torturas o asesinados.
Los principales campos de internamiento fueron el de Gurs, el de Argelès-sur-Mer, los de Saint-Cyprien y Barcarès, el de Septfonds, el de Rivesaltes, el de Vernet d'Ariège y el campo de concentración de Beyris, que todos han silenciado, donde cientos de españoles se hacinaron antes de volver a ser deportados, en su mayoría, a nuestro país.
Según Héctor G. Barnés, Polo Beyris, una pequeña urbanización situada a las afueras de Bayona se encuentra construida en lo que antiguamente había sido un campo de polo, encima del lugar donde entre 1939 y 1947 se encontraba uno de los campos de internamiento y concentración más peculiares de Francia, el único situado en el País Vasco-francés. Un campo por el que pasaron, sucesivamente, refugiados de la Guerra Civil española, soldados franceses y prisioneros de guerra alemanes. La historia del asentamiento, en el que llegaron a juntarse 8.600 personas, resume bien los cambios que experimentó Europa entre el principio y el final de la Segunda Guerra Mundial. Sobre todo, el interminable ciclo de agresión y venganza que enfrentó a unos con otros.
La historia de este lugar ha sido glosada en un reciente trabajo del historiador John C. Guse publicado en el 'Journal of Contemporary History', centrándose en el pacto de silencio que unos y otros (franceses, alemanes, españoles) han mantenido sobre este oscuro episodio de la historia europea.
La información de la que se dispone es escasa, y de ahí que hace unos años se fundase el Colectivo por la Memoria del Campo de Beyris con el objetivo de recoger toda la documentación posible sobre aquel campo transitado, sobre todo, por mujeres y niños. Como recuerda Guse en la nueva investigación, es sorprendente que un campo que se sitúa en pleno centro urbano haya caído en el olvido. Muy probablemente, las autoridades franceses y alemanas prefirieron dejar atrás los años oscuros de la ocupación y hacer borrón y cuenta nueva. “Por muchas razones, ni los refugiados españoles ni los soldados coloniales ni los prisioneros de guerra alemanes tenían muchas ganas de publicar testimonios de su cautiverio”, recuerda.
Los españoles fueron los primeros habitantes de Polo Beyris. En concreto, los refugiados que huían de la guerra al otro lado de los Pirineos. Uno de ellos fue el dramaturgo Álvaro de Orriols, el célebre por obras de corte político como 'Rosas de sangre', 'España en pie' o 'Retaguardia', que recogió en 'Hogueras del pertus. Diario de la evacuación de Cataluña' su paso por Beyris. “El hambre de libertad, de trabajo, de lucha, los sueños de gloria, ¡las quimeras poéticas! Todas ellas se chocaron con la dura realidad del refugio en Beyris”, escribía. La mayoría de refugiados provenían del País Vasco español, Asturias y Cataluña.
Hasta 1939, Beyris había sido, paradójicamente, un campo de polo situado en la elegante costa vasca. Por él pasearon su 'glamour' figuras como Coco Chanel. Sin embargo, la guerra civil hizo que cayese en el ostracismo. El 6 de febrero de 1939, el alcalde de Bayona abrió el campo para dar cabida a parte del medio millón de refugiados españoles que provenían de Francia. Llegó a haber 598 españoles en el campo: 43 ancianos, 240 mujeres, 278 niños y 37 soldados republicanos heridos. Llegaron exhaustos al otro lado de la frontera, y tuvieron que enfrentarse a unas condiciones precarias. Se trataba de apenas “cinco hilas de edificios sin calefacción, rodeados por vallas o alambres de espino, custodiados por gendarmes franceses”. “Los refugiados se mantenían en condiciones excesivamente primitivas, la mayoría en establos”, recuerda el historiador. No había muebles y dormían en el suelo, con el único apoyo de una sábana. Durante la estancia española en el campo, 21 personas murieron, 19 de ellos, niños.
La llegada de “rojos” nunca fue vista con buenos ojos por Jean Yvarnégaray, representante de la región en la Asamblea Nacional, furibundo anticomunista. Tanto era así que la mayoría de refugiados en Francia terminaron en el campo de Gurs, al sureste, en la región de Béarn. Sin embargo, el estallido de la Segunda Guerra Mundial hizo que el campo se vaciase rápidamente. Pablo Biel Maro tenía 12 años por aquel entonces, y recuerda “niños llorando, madres gritando a las que tiraban del pelo cuando las metían en los vagones hacia la frontera”.
La mayoría fueron repatriados a España, pero muchos hombres fueron captados para trabajar en el campo. Eran una mano de obra necesaria cuando los varones franceses partiesen al frente.
El 27 de junio de 1940, las tropas alemanas entraron en Bayona y se hicieron con Beyris, al que dieron el nombre de “Frontstalag 222” (un nombre que en 1944 se cambiaría por “Dulag 222”). Como la mayoría de campos abiertos en la Francia ocupada, servía como prisión a las tropas coloniales francesas (la mayoría de ellos, africanos), que no querían retener en Alemania por la racista pero previsible idea de que eran un peligroso foco de infecciones. Fue el momento en el que el campo vivió su gran crecimiento, con una capacidad de casi 6.000 hombres. Muchos de ellos eran desviados rápidamente a otros campos satélite situados en los alrededores de Bayona. Llegaron antiguos miembros de las SS. Se les trató particularmente mal en Polo Beyris: se les separó del resto, se les alimentó mal y se les quitó la ropa.
Aunque llegó a haber 6.804 hombres, Beyris nunca fue utilizado como campo de exterminio, aunque la escasez de comida y las condiciones rudimentarias lo convertía en uno de los peores de Francia. Durante esta etapa llegaron a morir 150 personas, la mayoría de ellos de tuberculosis. Su margen de libertad era amplio; muchos de ellos llegaron a mantener relaciones sentimentales con los vecinos (o vecinas) de la zona. Fue finalmente liberado en agosto de 1944, pero apenas un mes después de reconvertiría en un campo de detención para colaboracionistas y enemigos de guerra alemanes. Iba a ser, llamativamente, una de las épocas más duras para los residentes en el campo.
En los días posteriores al fin de la guerra, el caos reinó hasta el punto de que muchos de los presos no conocían la razón exacta por la que habían sido detenidos. Muchos de ellos fueron apresados de forma ilegal, y los prisioneros llegaron a amenazar con hacer huelga de hambre. Fue entonces, ya bajo la administración militar francesa, cuando llegaron los presos alemanes, entre los que se encontraban antiguos miembros de las SS.
Cuando 468 soldados heridos llegaron a la estación de Bayona, muchos se acercaron a insultarles. Una instantánea muestra a dos prisioneros alemanes completamente desnutridos en uno de los campos satélites, el de Buglose. La mentalidad francesa era que los alemanes y colaboracionistas debían reconstruir aquello que habían destruido. Una vez más, el mayor problema en el campo de concentración era la escasez de comida y ropa, que fue denunciada por la Cruz Roja.
Las enfermedades comenzaron a proliferar: a finales de octubre de 1945 había 679 presos enfermos, casi la quinta parte del total. La mayoría padecían edemas y enteritis a causa del hambre. A finales de 1947, el campo cerraría sus puertas para siempre y Bayona comenzó a negociar con el Estado la rehabilitación de los barracones.
Guse recuerda que el hecho de que no hubiese judíos prisioneros en el campo, que no formase parte del circuito del Holocausto o que Hannah Arendt no pasase por él (como sí ocurrió en Gurs) fueron factores decisivos para que la derrotada y vengativa Francia dejase en el olvido unos hechos que nunca se juzgaron.
