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sábado, 18 de septiembre de 2021

"LA SANGRE SIN FUEGO HIERVE"

EUROPA PRESS publicó ayer la desconfianza de las víctimas del terrorismo al hecho de que a última hora se haya desconvocado la marcha prevista para este sábado en Mondragón para pedir la excarcelación de presos de ETA como Henri Parot, que cumple condena por 39 asesinatos, aunque en su lugar Sare ha propuesto diferentes concentraciones contra la "cadena perpetua", que es como llama al cumplimiento de las sentencias por los asesinatos terroristas.

 Confilegal publicó el 07/08/2021 que: "El delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, ha remitido al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, la petición que había registrado la Fundación Villacisneros ante esta institución para que se prohíba la «marcha solidaria» en favor del miembro de ETA Henri Parot.

Dicha marcha ha sido convocada por la red ciudadana Sare y el colectivo Elkartasun Eguna en Arrasate (Guipuzcoa), ambos de la órbita separatista vasca, para el 18 de septiembre.

En un comunicado la Fundación dio a conocer ayer la respuesta que recibió por parte de la Delegación del Gobierno en Euskadi acerca de su petición.

Además de al delegado del Gobierno, también envió sendas cartas, en el mismo sentido, a la alcaldesa de Mondragón, María Ubarrechena, y al consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, para que, «en uso de las facultades que les confieren las leyes de víctimas, impidan esta nueva humillación a las víctimas del terrorismo».

El etarra francés, Henri Parot, formó parte del comando terrorista Argala. Cometió su primer asesinato el 2 de noviembre de 1978 en Irún, cuando él y Jean-Pierre Erremundeguy dispararon a bocajarro sobre el industrial José Legasa, que se había negado a pagar el impuesto revolucionario.

Este comando perpetró veintidós atentados en los que murieron asesinadas 38 personas y resultaron heridas más de doscientas, sobre todo militares y guardias civiles.

Incluyendo atentados como el asesinato del general Guillermo Quintana Lacaci; Parot fue el asesino material. Le acompañó  el también terrorista Lasa Mitxelena, quien condujo el Renault 18 de color blanco en el que perpetraron dicho asesinato.

O la voladura de la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza el 11 de diciembre de 1987, Henri Parot asesinó a 11 personas (entre ellos cinco niñas).

El 2 de abril de 1990 fue detenido en Sevilla cuando conducía un coche cargado de explosivos con el que pretendía volar la Jefatura de Policía. Ocurrió cuando intentó sobrepasar un control rutinario de la Guardia Civil con cuyos agentes sostuvo un tiroteo en el que hirió a dos de ellos.

A Parot le imputaron 82 asesinatos. Le supusieron 26 sentencias condenatorias con las que sumó casi 4800 años de prisión.

Según la Fundación Villacisneros en la marcha convocada para el 18 de septiembre, de 31 kilómetros, se denunciará «los 31 años que el terrorista lleva en prisión». Y los participantes «se irán pasando un testigo para mostrar su apoyo a Parot y denunciar la política penitenciaria».

A su entender, «resulta indignante que con absoluta normalidad la sociedad vasca asuma indiferente un acto tan vergonzoso y humillante como este«. «Un acto que no solo ofende la memoria de las víctimas del terrorismo, sino que debiera indignar a cualquier persona con un mínimo de dignidad», ha incidido.
 
A juicio de esta Fundación, es «inconcebible que, en una democracia como la española» las instituciones «asistan impasibles a una marcha de solidaridad con un asesino sanguinario que ha acabado con la vida de 39 personas».

«Si las autoridades no toman la iniciativa para atajar estos actos humillantes, debe ser la sociedad civil quien reclame su actuación». En todo caso, ha asegurado que lo hará «siempre en defensa de las leyes que amparan la dignidad y el respeto a las víctimas del terrorismo».

Para la Fundación, «el hecho de que estos actos, que dejan de ser genéricos a favor de los presos, para mostrarse solidarios con el mayor asesino de la banda terrorista, lleva a pensar que algo se está haciendo muy mal por parte de las instituciones vascas».

«No solo porque no los atajen como es su obligación legal, sino por el hecho de que la sociedad los acepte como si no pasara nada», ha añadido.

Para la Fundación, «está fallando el sistema educativo, pero también la pedagogía que un gobierno democrático debe hacer para, además de evitar su celebración, conseguir que la sociedad los repudie».

OK Diario publica, a su vez, que: "El secretario de organización del sindicato de la Policía Nacional Jupol, mayoritario en el Consejo de la Policía, Aarón Rivero, y Ernesto Vilariño, secretario general de la Asociación Profesional de la Guardia Civil, Jucil afirman que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no ha querido recibirles, impidiéndoles de esta forma trasladar «tanto el malestar de las víctimas del terrorismo como de los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado» por el homenaje al sanguinario Henri Parot, un hecho que, «más allá de la libertad de expresión, cuando menos roza el enaltecimiento del terrorismo».

Jucil y Jupol sí se han reunido este lunes con el delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, para trasladarle su crítica a la celebración de un homenaje al sanguinario etarra Henri Parot, asesino de 39 personas y autor del atentado contra la casa cuartel de Zaragoza. Los agentes han pedido «que ponga todo su empeño y medie para que no se realice este homenaje con el que se pretende reconocer y ensalzar la capacidad de odio de un asesino que ha dejado un reguero de sangre y terror», ha dicho Rivero.

Itxaso, no obstante, ha rechazado tomar medidas contra este acto, alegando que el Gobierno no tiene competencias."


Según La Gaceta "La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha rechazado este jueves suspender el homenaje del próximo sábado al sanguinario etarra Henri Parot, responsable de 39 asesinatos, al no ver «acreditada la humillación a las víctimas» de la organización terrorista.

En este sentido, explica que el acto de Mondragón «está concebido como un acto organizado con fines estrictamente políticos» y no considera que la manifestación tenga la intención de «un acto que humille a alguna de las víctimas».

La Asociación Dignidad y Justicia había pedido al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón que suspendiera el homenaje por considerarla un «acto de enaltecimiento a un preso de la organización terrorista ETA» por parte de personas que, señalaban, justifican «sus asesinatos» y «entienden que no debe seguir en prisión y cumplir su condena».

Este miércoles, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) dictó un auto en el que aclaraba que manifestaciones como la convocada este sábado en Arrasate (Guipúzcoa) en favor de Parot no están sujetas al régimen de autorización sino al de comunicación. Así, consideraba que no cabía recurso ni suspender «un acto inexistente», tal y como habían solicitado la Asociación profesional de la Guardia Civil Justicia Guardia Civil (Jucil) y del sindicato de la Policía Nacional Justicia Policial (Jupol)."

VOZPOPULI publica estos últimos días que "el Ministerio del Interior asegura que está esperando un informe de la Unión Europea para mejorar la reforma de la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo. Una mejora a la que Fernando Grande-Marlaska se comprometió hace tres años y que contemplará, entre otras medidas, sanciones administrativas a quienes organicen homenajes a etarras como Henri Parot."

Qué diferente es Marlaska como ministro que cuando Parot quiso volar la Audiencia Nacional siendo aquél Juez allí. Libertad Digital publicó que Henri Parot "suma años de prisión", por decisión del juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlaska al imputarle que en una carta escrita en 2002 se extraña de que no se haya volado la Audiencia Nacional y sugiere la adquisición de "explosivos rompedores (militares)".

Peones Negros Libres dice en su diario lo siguiente: El 'Comando Itinerante de ETA' o ‘Comando Francés’ fue uno de los grandes desconocidos para los demás comandos etarras. Un comando que nunca reivindicó sus atentados y solo daba cuentas al Jefe de ETA. Fue creado por Txomin en 1.978, y estaba formado por ciudadanos franceses, siendo desconocido por el resto de los comandos activos y dependía directamente del número uno de turno en la cúpula etarra. Solo recibía órdenes ejecutivas del máximo dirigente. Nunca revindicó sus acciones, que a su vez eran atribuidas –solo a veces, ya que no siempre se reinvidicaban sus acciones- al resto de comandos para ocultar su presencia, lo que contribuyó a su éxito durante años y al total despiste de las policías gala y española.

Estaba formado por Henry Parot, Jean Parot y Jacques Esnal. Fue descubierto y desarticulado en 1.990 (con doce años de existencia), tras la detención de su jefe Henry Parot en Sevilla, siendo en aquel entonces máximo dirigente Mujika Garmendia. Durante la época de Txomin el comando realizó sobre todo atentados del tipo "tiro en la nuca", pasando a los de "coche bomba" durante la etapa de Mujika. Entre otros se le atribuyen los atentados de la Casa Cuartel de Zaragoza y un total de 26 muertos.

Durante 1.992 la cúpula etarra utilizó al comando Itinerante junto a otro falso comando itinerante, para atacar la Expo de Sevilla, las Olimpiadas de Barcelona y el Levante español, éste último estaba formado por Jose Luis Urrusolo Sistiaga, Idoia Lopez Riaño y Fernando Diaz Torres.

Tras la detención del ‘Comando Itinerante o Francés’ han surgido varios comandos itinerantes, formados por etarras ‘legales’, no fichados por la policía, pero ni se conocen todos públicamente, ni se conoce el destino de los desaparecidos etarras con experiencia en el anonimato y la no reivindicación, ni son conocidas sus acciones ni su existencia ni siquiera por el resto de comandos etarras."

jueves, 4 de junio de 2020

"El decir discreto, y el hacer secreto"


Rubalcaba se echa de menos en el PSOE y por eso José Luis Ábalos está asumiendo las labores de fontanería de Moncloa. Para eso cuenta con el aparato del Estado que, siguiendo la costumbre, se pone al servicio de las actividades reservadas del Gobierno mientras finge cumplir el servicio público.

El Partido Popular exige a Ábalos que explique en el Congreso cómo adjudicó la compra de mascarillas en su Ministerio durante la crisis del coronavirus. Estos contratos se adjudicaron a una empresa que "ha pasado de facturar 100.000 euros en un año a 40 millones por haber recibido tres contratos millonarios del Gobierno", dos por parte del departamento de Ábalos y un tercero para Interior por recomendación suya.

El ministro del Interior cumple con su cometido de esbirro, cuidando de la opacidad de toda la actividad sumergida del Gobierno y garantizando la pasividad de sus subordinados en investigar las irregularidades.

En lo que va de legislatura, el PSOE y Unidas Podemos vetan las solicitudes de comisiones de investigación, como las propuestas por el PP y Ciudadanos sobre la escala ilegal de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez y las cuarenta maletas que confió al ministro Ábalos en el aeropuerto de Barajas, o la referida a los abusos de menores bajo tutela de centros públicos de Baleares y otras comunidades.

Es más, el portavoz de Podemos, Pablo Echenique, rechazó la comisión de investigación sobre el Rey Juan Carlos I alegando que "ahora no toca", ya que la prioridad debe ser la crisis del Covid-19. Es chocante ya que el PP ha reclamado la creación de una comisión de investigación sobre la gestión de la pandemia del coronavirus, pero tampoco ha llegado a aprobarse.

La nueva política sigue, como la de siempre, al acecho de chanchullos propios y ajenos sin hacer nada para cambiarlo, no sea que perjudique la imagen y la financiación de los capitostes socialistas y podemitas.

El Portal de Transparencia ha estado bloqueado desde que empezó el Estado de Alarma hasta Junio, el general de la Guardia Civil Santiago reprimió la crítica al Gobierno y el ministro de Justicia dispone de todo el poder de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado para impedir que prospere cualquier acción legal por mal funcionamiento de los servicios públicos. El Gobierno se blinda frente a sus ciudadanos y monopoliza el poder desde arriba hasta sus escalafones más bajos. Por si alguien suponía que algo iba a cambiar.


Ahora queda pendiente el ajuste de cuentas con José Manuel Villarejo, empresario y excomisario del Cuerpo Nacional de Policía retirado, con un patrimonio de más de 20 millones de euros en España. En excedencia desde 1983 hasta 1993, durante estos años manejó hasta 46 empresas diferentes con un capital social de más de 16 millones de euros. En 1993 se reincorporó como agente operativo, o agente encubierto, para la Secretaría de Estado de Interior.

Durante los periodos de excedencia y tras su retiro en la policía, Villarejo ha realizado investigaciones encargadas por organismos públicos, entidades privadas y particulares. A mediados de la década de los 1990, participó en la elaboración del Informe Véritas, encargado por el Ministerio del Interior del socialista Corcuera, en el que se recogían datos sobre la vida privada de jueces como Baltasar Garzón, políticos, periodistas y empresarios como Javier de la Rosa.

Villarejo está imputado en un juzgado de Madrid acusado de los delitos de revelación de secretos y pertenencia a organización criminal dentro del proceso de investigación de una pieza separada del caso Nicolás, por la supuesta grabación ilegal, manipulación y difusión de una conversación entre policías y miembros del Centro Nacional de Inteligencia. En 2017, para evitar su procesamiento en el caso, Villarejo filtró a la prensa información sobre el rey Juan Carlos y el CNI. También amenazó con filtrar más información si no le retiraban las acusaciones.

El excomisario está investigado en el Juzgado de Instrucción 39 de Madrid después de que la dermatóloga Elisa Pinto lo reconociera como el autor de una agresión que había denunciado. Presuntamente, el comisario apuñaló en su coche a la doctora cuando estaba con su hijo, por encargo de Javier López Madrid, consejero delegado del Grupo Villar Mir, miembro del consejo de administración de Fertiberia, consejero de Inmobiliaria Espacio, vicepresidente y consejero delegado de Grupo Ferroatlántica, presidente de Tressis, fundador y presidente del holding inversor Siacapital, miembro del World Economic Forum y miembro del patronato de la Fundación Princesa de Asturias hasta 2016. Este empresario fue condenado en el caso de las 'tarjetas black' de Caja Madrid y detenido por la Guardia Civil como consecuencia de la 'Operación Lezo'. Además, ha estado involucrado en otros procesos judiciales.



El 3 de noviembre de 2017 Villarejo fue detenido por los supuestos delitos de blanqueo y organización criminal en la Operación Tándem, coordinada por el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, que ordenó su ingreso en prisión sin fianza.

La operación Tándem fue iniciada por un anónimo enviado a la Fiscalía Anticorrupción por un exagente del CNI que actuó por su cuenta. El comisario Villarejo hizo un informe para un alto cargo del Gobierno de Guinea Ecuatorial que destapaba los trapos sucios de uno de los hijos de Teodoro Obiang. El informe recogía interceptación de comunicaciones, informaciones bancarias y otros datos privados que Villarejo vendió por 5,3 millones de euros a través de sociedades pantalla.

Juan Muñoz Tamara, marido de la presentadora Ana Rosa Quintana, fue detenido en el marco de esta operación, por contratar a Villarejo para cobrar una deuda, mediante el chantaje a un juez con un vídeo comprometedor.

También se relaciona a Villarejo como autor del incendio que sufrió la Torre Windsor, rascacielos que estaba en pleno corazón financiero de Madrid. Supuestamente con el incendio se buscaba destruir unos papeles perjudiciales para el entonces presidente del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Francisco González Rodríguez.



La Prensa asegura no querer participar en el chantaje de Villarejo, según su costumbre de no sacar los trapos sucios de los poderosos, sobre todo si controlan los medios de comunicación.

Pero las grabaciones que se vienen desvelando identifican quiénes y qué clase de servicios compraban muchos al comisario jefe de las cloacas del Estado. La red prestaba servicios parapoliciales a grandes empresarios y políticos, como demuestran las grabaciones efectuadas en el despacho oficial del propio ex-ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, y también en el que tenía Dolores de Cospedal en la sede del PP.

Villarejo desveló las conversaciones del entonces ministro Fernández Díaz con el director de la Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso, en el marco de la denominada "Operación Cataluña", que pretendía desacreditar a líderes soberanistas catalanes con pruebas obtenidas ilegalmente o incluso fabricadas.

Daniel de Alfonso, que fue destituido por el Parlament en 2016, percibió cerca de 70.000 euros de manera irregular según un informe elaborado por la Sindicatura de Comptes de Catalunya en el ejercicio de 2015. Después se reincorporó a su puesto de juez, a proteger a la élite amparado por la toga, puede que movido por la lealtad al régimen, puede que a cambio de ventajas y dinero.




Las grabaciones de Villarejo demuestran que se reunía con la actual Fiscal General del Estado y ex-ministra de Justicia, de quien decía que "Es muy tronca, muy, muy amiga mía". Dolores Delgado, quien fue fiscal en la Audiencia Nacional, mantenía una estrecha relación con Baltasar Garzón, abogado defensor de Enrique García Castaño, otro comisario relacionado con la trama de Villarejo, también imputado por los fiscales anticorrupción.

El Tribunal Supremo condenó en 2012 a Baltasar Garzón a su inhabilitación como juez, por autorizar unas escuchas telefónicas entre los cabecillas de la trama Gürtel y sus abogados. El mismo exjuez que en su Juzgado deslizaba información a la Prensa cuando convenía, defiende los intereses de mafiosos que se reunían con superiores y clientes privados para revelar secretos u ocultarlos a cambio de dinero.

El comisario favorito de los socialistas está desvelando informaciones que podrían perjudicarles, pero lo más gordo se lo guarda para utilizar las mismas armas que sus ex-socios ahora usan contra él.