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jueves, 18 de julio de 2024

"LA SONRISA DE FRANCO RESPLANDECE", de Manuel Machado.



Caudillo de la nueva Reconquista,
Señor de España que en su fe renace,
sabe vencer y sonreír, y hace
campo de paz la tierra que conquista.

Sabe vencer y sonreír. Su ingenio
militar campa en la guerrera gloria
seguro y firme. Y para hacer Historia
Dios quiso darle mucho más: el genio.

Inspira fe y amor. Doquiera llega
el prestigio triunfal que lo acompaña,
mientras la Patria ante su impulso crece,

para un mañana, que el ayer no niega,
para una España más y más España,
¡la sonrisa de Franco resplandece!

lunes, 20 de noviembre de 2023

"¡VICTORIA!", de Miguel Unamuno.


«Adelante! que es vuestra la victoria!»

clamaba en el combate el buen caudillo

fingiendo la confianza obligatoria

mientras su pecho el ponderoso trillo


del tedio laceraba y á la gloria

sin creer en ella les llevó; el castillo

rindióse ante su empuje, y su memoria

brilla hoy de tal hazaña con el brillo.


jueves, 24 de octubre de 2019

"INSCRIPCIÓN EN CUALQUIER SEPULCRO", de Jorge Luis Borges.


No arriesgue el mármol temerario 
gárrulas transgresiones al todopoder del olvido, 
enumerando con prolijidad 
el nombre, la opinión, los acontecimientos, la patria. 
Tanto abalorio bien adjudicado está a la tiniebla 
y el mármol no hable lo que callan los hombres. 
Lo esencial de la vida fenecida 
—la trémula esperanza, 
el milagro implacable del dolor y el asombro del goce— 
siempre perdurará. 
Ciegamente reclama duración el alma arbitraria 
cuando la tiene asegurada en vidas ajenas, 
cuando tú mismo eres el espejo y la réplica 
de quienes no alcanzaron tu tiempo 
y otros serán (y son) tu inmortalidad en la tierra.


jueves, 1 de noviembre de 2018

EXHUMACIONES PENDIENTES.



El Gobierno anda a vueltas con el posible traslado de los restos de Franco a la Catedral de la Almudena, quizás para demostrar que hace algo por la Ley de Memoria Histórica, ante los insuficientes logros en orden a la reubicación de los restos de las víctimas que fueron enterradas en fosas comunes.

La LMH ordena la colaboración de las Administraciones públicas con los particulares para la localización e identificación de víctimas. "La Administración General del Estado elaborará planes de trabajo y establecerá subvenciones para sufragar gastos derivados de las actividades contempladas en este artículo". A la hora de la verdad, no hay una dotación ordinaria para estos gastos, sino que dependen de subvenciones que dependen de la voluntad de la Administración Central.

La Ley ordena al Gobierno, en colaboración con todas las Administraciones públicas, elaborar un mapa integrado que comprenda todo el territorio español, a fin de preservar las fosas donde puedan encontrarse víctimas. El tema de cuán completos son esos mapas no se comenta, ni cuántas reclamaciones están pendientes de respuesta en los laberintos administrativos.

Se ha llegado a dar el caso de que, en aplicación de la Ley, se han excavado fosas comunes a la búsqueda de víctimas del franquismo y, tras constatar que se trataba de víctimas de la represión republicana, han vuelto a tapar la fosa sin respeto alguno por los allí enterrados.

Según la base de datos del Ministerio de Justicia, de las fosas de la Guerra Civil y la represión franquista, se han llevado a cabo unas 120.000 exhumaciones en 2.591 fosas que se encuentran repartidas por todo el territorio nacional. Andalucía, Aragón y Asturias son las comunidades con mayor número de fosas identificadas.

La Ley dice que "Las Administraciones públicas competentes autorizarán las tareas de prospección encaminadas a la localización de restos de las víctimas". "Los hallazgos se pondrán inmediatamente en conocimiento de las autoridades administrativas y judiciales competentes."

"Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, establecerán el procedimiento y las condiciones en que los descendientes directos de las víctimas referidas en el apartado 1 del artículo 11, o las entidades que actúen en su nombre, puedan recuperar los restos enterrados en las fosas correspondientes, para su identificación y eventual traslado a otro lugar.

En cualquier caso, la exhumación se someterá a autorización administrativa por parte de la autoridad competente, en la que deberá ponderarse la existencia de oposición por cualquiera de los descendientes directos de las personas cuyos restos deban ser trasladados. A tales efectos, y con carácter previo a la correspondiente resolución, la administración competente deberá dar adecuada publicidad a las solicitudes presentadas, comunicando en todo caso su existencia a la Administración General del Estado para su inclusión en el mapa referido en el apartado primero del artículo anterior.

Los restos que hayan sido objeto de traslado y no fuesen reclamados serán inhumados en el cementerio correspondiente al término municipal en que se encontraran.
"

La Ley declara 
de utilidad pública e interés social las referidas actividades de localización y eventual identificación o traslado de los restos a los efectos de permitir la ocupación temporal de los terrenos donde deban realizarse, de acuerdo con la Ley de Expropiación Forzosa.

En la práctica, la identificación de las víctimas es difícil e improbable en la mayoría de los casos. Por eso algunos hablan de "los desaparecidos del franquismo", al no haber manera de saber a quiénes corresponden los huesos desenterrados, ni por tanto dar satisfacción a los familiares de los que murieron durante la Guerra. Los ejecutados tras la contienda por lo general fueron sepultados debidamente identificados, aunque sus restos a veces se encuentran en osarios o fosas comunes, por lo que a estas alturas difícilmente pueden ser reconocidos.

Desde 2011, se paralizaron las actuaciones relacionadas con la Ley de Memoria Histórica y se dejaron de repartir subvenciones para buscar y exhumar víctimas de las fosas. Los restos encontrados fueron trasladados a los cementerios, aunque muchos de los enterramientos ya estaban allí, y la Ley ha agotado sus objetivos sin que pueda decirse que los ha cumplido. Por eso los socialistas, que fueron los que impulsaron la LMH, necesitan ahora llevar a cabo la última exhumación, la del Caudillo, a quien quieren buscar acomodo en un lugar donde nadie pueda ir a rendirle homenaje.

Sacar a Franco del remoto Valle de los Caídos para enterrarlo en la céntrica Catedral de la Almudena no cumple dicha finalidad, y la vicepresidente ha hecho gestiones con la Iglesia para buscar una salida al problema que el propio gobierno ha creado. Pero tanto el representante del Vaticano como el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, han manifestado no poder negarse a enterrar a Franco allí. La Iglesia carece de autoridad y de motivos para intervenir en esta nueva secuela de la llamada "memoria histórica", y el gobierno para impedir que el odiado general siga enterrado en sagrado.


viernes, 24 de agosto de 2018

EL MAUSOLEO DEL GENERALÍSIMO.

El gobierno Sánchez ha querido demostrar que hace algo aprobando por decreto el traslado de los restos del General Franco a lugar indeterminado. Los decretos están reservados para casos de urgencia, lo que no se puede decir de la tumba del autócrata, que lleva allí cosa de 43 años.

No van a trasladar los despojos de José Antonio Primo de Rivera ni a derribar el conjunto monumental del Valle de los Caídos, como querían muchos de esos pobres diablos que se satisfacen con estas chorradas, y con el dinero de todos.

La Ley de Memoria Histórica, a partir de su artículo 15, obliga a TODAS las Administraciones públicas, a la "retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura".

Este es un artículo que requiere especial interpretación en la que cualquier juicio de valor es posible. Se deben retirar, o derribar, exclusivamente los monumentos de "exaltación" del Régimen precursor del actual.

Si son monumentos "neutrales" no les afecta la Ley, que se expresa en los siguientes términos: "Lo previsto en el apartado anterior no será de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley".


La Ley sigue diciendo que "El Gobierno colaborará con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales en la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura a los efectos previstos en el apartado anterior." Como es costumbre en España, ni se ha hecho ese catálogo de monumentos, ni se han derribado muchos de ellos, ni se han respetado otros conforme dice la Ley.

Es inútil querer distinguir entre franquistas buenos y franquistas malos, lo que ocurre actualmente es que cambian el nombre a la calle dedicada a alguien simplemente por haber sido Ministro de Obras Públicas durante la dictadura. No importa la opinión de los vecinos de esa calle, que son los que sufrirán los contratiempos del cambio. No se discute realmente por eso en los plenos de los Ayuntamientos, ni está previsto que una institución pública pueda no aprobar el estudio técnico, el derribo o la obra que sea, aunque sea por no poder afrontar el gasto correspondiente. Como tampoco está previsto que alguien pueda estar en desacuerdo con desenterrar a un familiar, aunque sea para enterrarlo en otro sitio.

Pese a que no exalta a ninguno de los bandos contendientes y a que tiene su valor arquitectónico y artístico-religioso, el Valle de los Caídos aparece detalladamente regulado en la Ley, que establece que "se regirá estrictamente por las normas aplicables con carácter general a los lugares de culto y a los cementerios públicos. En ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo".

El conjunto pertenece a Patrimonio Nacional desde su apertura al público en 1959. Desde 1990 el número de visitantes oscila entre los 150.000 y los 500.000 al año. Proporciona al Estado un promedio de dos millones de euros anuales. La Disposición adicional sexta regula también este monumento nacional. "La fundación gestora del Valle de los Caídos incluirá entre sus objetivos honrar y rehabilitar la memoria de todas las personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil de 1936-1939 y de la represión política que la siguió con objeto de profundizar en el conocimiento de este período histórico y de los valores constitucionales". Así la Ley quiere fomentar "las aspiraciones de reconciliación y convivencia que hay en nuestra sociedad."

Malamente lo van a conseguir quitando la gran cruz que preside el conjunto monumental, y que es propia de un cementerio, como dispone la Ley. Por mucho que el franquismo abanderase el llamado "nacionalcatolicismo", las cruces nunca han sido un símbolo político sino una expresión de la cultura mayoritaria.


Lo cierto es que algún día habrá que derribar la cruz, que es de hormigón armado que se deteriora con el tiempo, cosa que alegrará a estos neofranquistas de izquierdas y su pose de echar abajo todo lo construído en la época censurada por la Memoria Histórica. Está considerada como la cruz cristiana más alta del mundo, visible a más de 40 kilómetros de distancia.


Por puro hablar por hablar, el artículo 17 dice que: "El Gobierno, en colaboración con las demás Administraciones públicas confeccionará un censo de edificaciones y obras realizadas por miembros de los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores, así como por prisioneros en campos de concentración, Batallones de Trabajadores y prisioneros en Colonias Penitenciarias Militarizadas." Lo que no dice la Ley es para qué debe servir ese censo de edificios y obras, ni si se ha hecho ya.

Una muestra de lo banal de esta legislación es que nada se dice de los restos mortales del General Franco, que el actual gobierno insiste en que hay que trasladar en breve sin que se sepa a dónde. Podrían ser trasladados al Palacio de El Pardo, donde descansa eternamente la viuda, pero es patrimonio público y no se le quiere allí. La sepultura en el Pazo de Meirás, en manos de la "Fundación Francisco Franco", tampoco es idónea ya que fue declarado Bien de Interés Cultural en el año 2008, y ello obliga a tener que abrir al público el inmueble al menos cuatro días al mes, tal y como dicta la ley. La Xunta ha multado a la familia Franco por incumplir el régimen de visitas al pazo, y si el difunto es finalmente trasladado allí, probablemente les volverán a multar por permitir que eventuales visitantes se reúnan allí para rendirle homenaje.

El Valle de los Caídos alberga los restos de excombatientes de ambos bandos fallecidos durante la Guerra Civil, condición que no tiene Franco, por lo que según el actual gobierno no debería estar allí. Lo más chocante de todo es que Franco no fue enterrado en el Valle de los Caídos por propia voluntad, sino que fue por decisión política de las autoridades postfranquistas. El entierro definitivo, si es que lo hay, depende más de las actuales autoridades que de la familia del ex-dictador, dando buena muestra de lo poco que han cambiado las cosas en un país que oculta sus esencias para guardar las apariencias.