Cerca se hallaba un león
De sus dolores postreros,
Y tigres, panteras, lobos,
Todos amigos o deudos,
Dábanle muy compungidos
Mil inútiles consejos,
Meditando cada cual
Por qué industria o por qué medio
Pescará la mayor parte
De los bienes del enfermo,
Que se murió hasta la cola
Sin hacer el menor gesto,
Sin decir una palabra
Ni otorgar su testamento.
Notáronlo cuatro o seis
Que alejaron de allí el resto,
«Por ver si logra decían
El paciente algún sosiego.»
En busca de un escribano
Uno de ellos fue corriendo,
En tanto que los demás
Atan al real pescuezo,
Con disimulo, un cordel
Que en la melena encubierto
Y entre la ropa después
Baja hasta cerca del suelo,
A beneficio del cual
Tirando, sin gran esfuerzo,
Del difunto a la cabeza
Comunique movimiento.
Cuando a su satisfacción
Todo se hallaba dispuesto,
Dan entrada a los testigos
Y al escribano con ellos,
Que era un respetable zorro
Notario mayor del reino,
Al cual hicieron presente
El estado del enfermo,
Que hablar no le permitía,
Aunque el oído perfecto
Conservaba, y la cabeza
En cabal conocimiento.
Presentáronle unas notas
Que el rey mismo había puesto,
En las cuales expresaba
Su voluntad y deseo.
Mas por si hubiese cambiado
En el instante supremo,
Las cláusulas una a una
Irle podía leyendo,
Y él por señas le daría
O no, su consentimiento.
Hízose así; preguntaba
El escribano, y corriendo
Tiraba del cordelito
Uno de los herederos,
E inclinaba la cabeza
Para decir que sí el muerto.
Echólo de ver el zorro
(Que no debía ser lerdo)
Y quiso tener su parte
Lucrativa en el enredo.
Pregunta con gravedad
Si el rey, de su amor en premio,
Al infrascrito escribano
Deja trescientos mil pesos.
A la pregunta siguióse
De la sorpresa el silencio,
Sin que el testador hiciera
El más leve movimiento;
Lo cual visto por el zorro
Dijo al vecino muy quedo:
«O se tira para todos,
O está para todos muerto.»
El de la cuerda, pensando
Que no había otro remedio,
Tiró para el escribano
E hízole coheredero;
Que mal puede castigar
Quien es de crímenes reo.
Por eso hace tanto daño
Desde arriba el mal ejemplo.
Cómplices o acusadores
Han de ser los subalternos
Del jefe, que lo es en vano
No siendo en virtud primero.
Para reprender al malo
Es la condición ser bueno
Sin lo cual la autoridad
Es vana, vano el derecho.
Abdalá bin Abdelaziz al Saud, recién coronado rey y que, siendo príncipe y gobernador de Riad, le prestó a Juan Carlos 100 millones de dólares para la venta de armas a países árabes junto a Colón de Carvajal y Khashoggi. La respuesta del hoy emérito fue inmediata: invitó al monarca saudí a visitar España y le concedió el Collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro, la mayor distinción que el soberano español puede conceder a título personal, sin consultar al Gobierno, y la de más prestigio en todo el mundo.
Un hecho sin precedentes porque condecoró al rey de Arabia Saudí, cabeza del wahabismo salafista más integrista e impulsor del régimen talibán, con una sagrada orden de caballería cristiana cuyos principios originales eran la lucha contra el Imperio Otomano y "la liberación de los Santos Lugares".
Juan Carlos I, en apoyo de sus "hermanos saudíes", anfitrión en el Palacio del Pardo, conjuntamente con el rey Abdalá bin Abdelaziz, de una Conferencia Internacional para el Diálogo interreligioso, y la flamante cuenta de Juan Carlos I en Suiza exactamente tres semanas después de que terminara el inútil Diálogo Interreligioso en El Pardo, que no tuvo continuidad internacional ninguna, ni siquiera repercusión mediática en España. Esa coincidencia de una donación de semejante calibre por parte del monarca que acaba de ser beneficiado por los únicos fastos y condecoraciones que puede conceder personalmente el jefe del Estado español, sin depender de las decisiones del Gobierno, es más que sospechosa.
En cualquier caso, Juan Carlos I debería haber tributado por ese "regalo" saudí, según obliga el Impuesto de Donaciones a todos los contribuyentes, pero a lo largo de su reinado jamás tuvo que pagar impuestos por los millonarios obsequios y donaciones que recibía, gracias a que el Gobierno de UCD aprobó en 1982, justo antes de dejar el poder y a través de una nueva Ley Reguladora del Patrimonio Nacional, "las donaciones hechas al Estado a través del Rey". Legislación que el PSOE respaldó en 1987 con un reglamento que permite al monarca recibir donaciones ilimitadas, para su uso personal, y disfrutarlas sin condicionantes ni plazos para que pasen al Patrimonio público.
Esa ley y su reglamento siguen hoy vigentes y han eximido a Juan Carlos I de pagar impuestos por todos los bienes que recibía, al ingresarlos en el Patrimonio Nacional pese a disfrutarlos él personalmente, como la finca de La Mareta en Canarias (regalo del rey de Jordania), los yates Fortuna II y Fortuna III, o la colección de más de 70 coches de alta gama que muchos fabricantes de vehículos regalaron año tras año sus modelos más suntuosos de la gama al rey de España, quien no sólo los aceptaba, sino que incluso los reclamaba para sí (igual que decenas de relojes de altísimo precio).
Juan Carlos I, aún convaleciente de la operación de la cadera que se rompió en el viaje para cazar elefantes en Botsuana, habla en mayo del 2012 con el presidente del Constitucional, Pascual Sala, en su despacho de la Zarzuela. La Casa Real nunca ha informado sobre el monto total de las donaciones que Juan Carlos I ha recibido para su disfrute personal, aunque una valoración aproximada de los regalos conocidos supera fácilmente los 100 millones de euros.
Más grave aún, es que Patrimonio Nacional se hizo siempre cargo con fondos propios del mantenimiento o rehabilitación de todos esos bienes, y de los salarios de los más de cien asistentes personales de la familia real en la Zarzuela, e incluso de los gastos generados por las numerosas amantes de Juan Carlos I, especialmente por Marta Gayá, Bárbara Rey y, sobre todo, Corinna Larsen, cuya residencia durante más de cuatro años en la finca La Angorrilla (en el monte de El Pardo, a sólo 19 kilómetros de la Zarzuela) acabó desencadenando un escándalo que fue tapado a duras penas por el Gobierno de Rajoy.
Aquel tan notable año de 2008, Juan Carlos I encargó una reforma integral de La Angorrilla para que se instalara allí su amante y socia (de negocios y de comisiones) con su hijo. La propia Corinna decidió las mejoras, supervisó las obras y dio el visto bueno a los acabados, todo ello sufragado por Patrimonio Nacional, de cuyo presupuesto se abona la conservación de todos los palacios que disfruta el rey y sus huéspedes, como La Zarzuela, El Pardo o La Almudaina en Mallorca (el Gobierno balear paga los gastos del Palacio de Marivent).
En La Angorrilla, oculta y protegida por un despliegue sin precedentes de medios de la Guardia Real y del CNI (también a cargo de los contribuyentes), Corinna Zu Sayn-Wittgenstein (apellido del aristócrata con el que estuvo casada) convirtió aquella finca de guardias forestales en un palacete con piscinas de invierno y de verano, modernos salones y todas las comodidades, con una vía rápida asfaltada hasta La Zarzuela. Una reforma que costó dos millones de euros.
Cuando finalmente estalló el escándalo, en 2013, la entonces vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría desplegó una pormenorizada exposición sobre la ley de Patrimonio Nacional para argumentar que su normativa impide al Ejecutivo tener datos sobre el patrimonio "exclusivamente afecto" al uso de la Jefatura de Estado, pese a que todos sus gastos de conservación y seguridad corren a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. Ese mismo año, 35 años después de la aprobación de la Constitución democrática, la Casa Real hizo público por primera vez el sueldo asignado a Juan Carlos I: 292.000 euros anuales.
El pasado marzo, ante las preguntas de parlamentarios, el Gobierno se ha limitado a informar de que, entre 2006 y 2020, Patrimonio se gastó casi 700.000 euros en las 39 casas forestales que posee la familia real en El Pardo, una extensión de 16.000 hectáreas, sin especificar cuánto se dedicó a reformar La Angorrilla.
Aquel revuelo sobre La Angorrilla desenmascaró definitivamente a Corinna Larsen no sólo como amante del monarca sino también, y sobre todo, como conseguidora en negocios estratégicos para empresas españolas. Desde el intento de compra de acciones de Repsol por las gigantes rusas Lukoil y Gazprom, o la compra por Abu Dhabi de Gemasolar en Fuentes de Andalucía (Sevilla), hasta las negociaciones para la adjudicación del AVE La Meca-Medina (donde la mediadora fue Shahpari Azam Zanganeh, tercera esposa del traficante de armas Adnán Khashoggi), cuya comisión es la que ahora alega Corinna que corresponde a los cien millones de dólares recibidos en la cuenta de la Fundación Lucum en Mirabaud Ginebra y procedentes del Ministerio de Finanzas saudí.
Aquel 2013 del escándalo de La Angorrilla llovía sobre mojado porque el año anterior había salido a la luz el papel de Corinna Larsen en la desastrosa cacería de elefantes en Botsuana donde el rey se rompió la cadera. Así que (tras el famoso "Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir") tocaba también renunciar al tercer yate Fortuna de Juan Carlos I, que fue devuelto a los empresarios de Baleares que se lo regalaron en 2000 y alegaron trece años después que su donación a Patrimonio Nacional era "modal y finalista para el uso y disfrute de su Majestad el Rey y de los miembros de la Familia Real", y no una verdadera donación al Estado.
De esta forma quedaba claro que los carísimos regalos (ese yate había costado 3.000 millones de pesetas, unos 18 millones de euros) de los que disfrutaba el monarca eran exclusivamente suyos y no tenían razón ninguna para estar exentos de impuestos. Igual que quedó de manifiesto el mal uso, para su mantenimiento, de los recursos de Patrimonio Nacional, que tuvo que desembolsar además íntegramente los 1.253.441 euros del pago de las indemnizaciones a los diez trabajadores de la tripulación, cuyos elevados salarios habían salido del bolsillo de los contribuyentes durante más de una década.
El enorme tamaño (41 metros de eslora) y gran lujo de ese yate real Fortuna (considerado uno de los más rápidos del mundo, con una velocidad máxima de 70 nudos, ó 130 km/h, gracias a sus potentes motores Rolls Royce) queda patente en la siguiente imagen de un detalle de su salón principal, tal como se muestra en el catálogo de la empresa Royal Yacht Brokers, que lo tiene en venta (con el nuevo nombre de Forners) por sólo 3,9 millones de euros.
Pero Juan Carlos I ya había tenido que renunciar, veinte años antes, a otro mega-yate que pidió que le construyeran en su desmedida ambición por superar en ostentación a los mayores magnates del mundo: en 1988, Patrimonio Nacional encargó a Mecanizaciones y Fabricaciones S. A. (Mefasa), que ya hacía el mantenimiento del segundo Fortuna en sus astilleros de San Juan de Nieva (Castrillón), una nueva embarcación: el Corona del Mar, para sustituir a la que le había regalado el rey Fahd de Arabia Saudí en 1979 y el rey hizo reformar dos veces para añadir tres metros de eslora a popa, cambiar sus motores y agregar camarotes.
Las reformas de aquel segundo Fortuna también habían sido abonadas por Patrimonio Nacional, al que Juan Carlos I había donado ese regalo de sus "hermanos" saudíes para no pagar ni impuestos, ni reparaciones, mantenimiento o tripulación. Pero un cortocircuito en alta mar, en 1988, dejó inmovilizado el navío cuando navegaba con el príncipe Carlos de Inglaterra y se sintió avergonzado. Por tanto, hizo que Patrimonio encargara a Mefasa (propiedad de Mario Conde a través de AZSA y dirigida por su gran amigo Francisco Javier Sitges) un nuevo yate, de unos 27 metros de eslora y 7 de manga, con dos motores de 9.000 CV cada uno fabricados en aluminio. Y en mayo de 1991 se anunció que los reyes lo estrenarían en verano.
Pero en aquel momento el jefe de la Casa del Rey era el teniente general Sabino Fernández Campo, veterano de la Guerra Civil con la Falange y secretario de seis ministros del Ejército durante la dictadura, al que le pareció un alarde excesivo en plena crisis económica y se opuso férreamente a ese nuevo signo de ostentación, bloqueando la operación. La compra del yate se iba a presentar como un regalo de Mario Conde, pero al final tuvo que ser una vez más Patrimonio Nacional el que corriera con las pérdidas, pues costó 1.200 millones de pesetas y tuvo que ser vendido a la empresaria viguesa María Dávila, viuda del fundador de Pescanova, por sólo 900 millones… y a plazos.
Ese largo affaire del Fortuna y Sabino fue paradigmático de cómo se utilizó reiteradamente a Patrimonio Nacional para enjuagar los extraordinarios gastos suntuosos requeridos por Juan Carlos I, sin que trascendiesen las irregularidades hasta que en 2016 el Tribunal de Cuentas presentó su primer informe sobre la gestión de esa institución (el primero en 40 años de democracia), centrado en el ejercicio 2013.
La información que hizo El País sobre el contenido del informe fue demoledora: vocales del Consejo de Administración que cobraban elevadas dietas por reuniones a las que no asistían; troceo de contratos menores para adjudicarlos año tras año a las mismas empresas violando la Ley de Contratación; trucos para que los bienes del Estado fueran disfrutados permanentemente por las mismas personas; alquileres de edificios y solares públicos por cantidades ridículas (como tres euros al mes); cesiones gratuitas de bienes públicos a terceros… y mucho más. El descontrol y aprovechamiento ilegítimo que el rey instauró en Patrimonio Nacional se había extendido en todos los escalafones de la institución.
Por eso resultó tan falsa la versión que dio la Casa del Rey en respuesta a la información que publicó The New York Times en 2012 estimando la fortuna de Juan Carlos I en unos 2.300 millones de dólares (1.825 millones de euros en esa fecha): supuestamente, el prestigioso diario estadounidense se había confundido al considerar como propiedad del monarca bienes que en realidad pertenecían a Patrimonio Nacional.
Un desmentido idéntico al que se había empleado diez años antes cuando en 2002 la revista británica Eurobusiness estimó que Juan Carlos I tenía una fortuna de 1.681 millones de euros (545 millones de capital personal y 1.136 millones en bienes familiares) y el embajador español en Londres, Santiago de Mora-Figueroa, marqués de Tamarón, respondió por carta: "La disparatada cifra de 1.700 millones de euros sólo se puede explicar por haber entendido ustedes, erróneamente, que los bienes públicos propiedad del Patrimonio Nacional, del Estado español, son propiedad privada de Su Majestad el Rey, lo cual es evidentemente inexacto".
Antes, la discreción sobre los negocios y devaneos del rey era sagrada, pero desde que Los Albertos (condenados dos veces por estafa) toman el relevo como gestores de sus cuentas se pone en marcha un mecanismo descarado de comisiones y sociedades pantalla a gran escala. Le presentan a los brókers suizos de la cuenta Soleado y las falsas fundaciones Lucum y Zagatka. Los Albertos trataron de separar sus negocios en 2012 por miedo a las estrictas regulaciones de la nueva legislación suiza, y para que no les alcanzaran las investigaciones del fiscal Bertossa sobre los manejos de Blanco Balín, Canonica, Fasana y, sobre todo, la realidad de la cuenta Soleado.
Seis días después de la llamada de Felipe VI a Abu Dabi volvieron a saltar las alarmas: según dio a conocer el diario El Mundo, la comisión rogatoria librada a las autoridades de Suiza por parte del teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos, indicaba que el emérito había cobrado "comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales".
Juan Carlos I actuó durante muchos años como un mero comisionista internacional. Eso es lo que sostuvo la Fiscalía del Tribunal Supremo, que el teniente fiscal del Alto Tribunal, el fallecido Juan Ignacio Campos, reconoce por primera vez que el rey emérito ha ocultado su fortuna en paraísos fiscales a lo largo de los últimos años.
El documento de la Fiscalía asegura que los fondos del emérito son de procedencia ilícita y por ello, sostiene que se pueden haber cometido cuatro delitos: blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública, cohecho y tráfico de influencias. Lo sabe hasta el último mono.
Casa Real ocultó en agosto una conversación telefónica entre Felipe VI y Mohamed bin Zayed Al Nahyan, el príncipe heredero de Abu Dabi sobre "una serie de cuestiones regionales e internacionales de interés". El diálogo entre ambos fue recogido en una escueta nota por la agencia oficial de Emiratos Árabes Unidos. En La Zarzuela, en cambio, optaron por el silencio.
El fiscal suizo Yves Bertossa ha archivado su investigación sobre ese dinero escondido a la Hacienda española en 2008, en su auto asegura que existió "deseo de ocultación" y desvela el entramado que Juan Carlos I pidió a sus asesores para canalizar una donación que no está "justificada con claridad".
El verano de 2008, coincidiendo con el arranque de la grave crisis económica que sacudió a España, el entonces jefe de Estado estaba preocupado por una cuestión personal: ¿qué hacer para recibir una importante cantidad de dinero procedente de Arabia Saudí sin dejar rastro en España? Es decir, necesitaba una estructura financiera fuera de las fronteras españolas para ocultar 100 millones de dólares (casi 65 millones de euros en esa fecha).
La solución llegó de la mano del abogado Dante Canonica y el bróker Arturo Fasana, ambos suizos, que crearon una fundación de nombre Lucum en el paraíso fiscal de Panamá con el propósito de albergar el ‘regalo’ saudí. Esta indigna maniobra está reflejada en el informe del fiscal suizo Yves Bertossa donde decreta el archivo de su investigación abierta en 2018 sobre la donación que recibió Juan Carlos I en agosto de 2008 por parte del rey saudí. En el informe consta que Canónica y Fasana declararon que el entonces monarca español les pidió una solución para el dinero.
El bróker Fasana era un viejo conocido del monarca español, ya que en los años noventa había gestionado una macrocuenta en Suiza para canalizar la evasión fiscal masiva de los capitales de medio centenar de magnates españoles, incluidos los de Juan Carlos I, gestionados por los empresarios Alberto Alcocer y Alberto Cortina, Los Albertos, como desveló Público en una investigación exclusiva sobre el origen de la fortuna del rey emérito.
Arturo Fasana confesó al fiscal Bertossa que desde el principio supo que Juan Carlos I no había declarado el dinero a la Hacienda española, lo que a todas luces constituía un flagrante delito, agravado por el hecho de que quien lo cometía era nada más y nada menos que el rey de España. Sin embargo, los hechos no podrán ser enjuiciados en España debido a que en 2008 Juan Carlos de Borbón gozaba de inviolabilidad como jefe de Estado, según fuentes de la Fiscalía del Tribunal Supremo.
No obstante, Yves Bertossa concluye que el entramado para albergar la donación, con el uso de la fundación Lucum, demuestra "un deseo de ocultación". Ha impuesto una multa a la banca Mirabaud de 50.000 francos suizos por omisión de información a la autoridad suiza competente en prevención de blanqueo de capitales.
Según el fiscal, el banco debía haber informado por "el carácter poco habitual de los fondos recibidos en esa cuenta --de Corinna Larsen-- y los diferentes flujos financieros intercambiados entre las cuentas de la citada y la de la Fundación Lucum, de la que Juan Carlos I tenía el derecho económico".
El Assir, amigo de Juan Carlos I e intermediario en turbios negocios de armas, recurrió a Villarejo para salvarse de una extradición a Francia. La oficina de la Interpol de Madrid ha solicitado a Abu Dabi la detención inmediata del millonario libanés. La orden trae causa en un procedimiento por delito fiscal en el que se le espera en España para ser enjuiciado. La solicitud española podría paralizar otra reclamación por parte de Francia, que le espera desde junio de 2020 para que cumpla una condena de cinco años de prisión por su participación en el 'caso Karachi', uno de los procedimientos más famosos y dolorosos del país galo.
La oficina de Interpol de Madrid ha solicitado a Abu Dabi la detención inmediata y extradición a España del traficante de armas libanés Abdul Rahman El Assir, quien acompaña al rey emérito Juan Carlos I en el emirato, al que voló desde Suiza, su país de residencia, después de que en junio de 2020 fuera condenado en ausencia en Francia a cinco años de prisión. La solicitud española al emirato se adelanta a la francesa y tiene causa en la orden de detención y prisión dictada por la Audiencia Provincial de Madrid en marzo de 2019 tras cuatro plantones consecutivos del millonario libanés convocado otras tantas veces para ser enjuiciado por un delito fiscal instruido en el juzgado de instrucción nº52 de Madrid.
Al frente de aquel juzgado se encontraba hasta 2014 el magistrado Fermín Echarri, hoy parte de la terna de jueces de la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional que juzga al comisario jubilado José Manuel Villarejo y una treintena adicional de procesados por tres piezas (Land, Iron y Pintor) del sumario del caso Tándem.
Durante el primer semestre de 2014, mientras el juzgado francés cerraba la instrucción de la pieza que afectaba a El Assir, Adrián de la Joya, cuñado del libanés, a la vez que socio y amigo del comisario Villarejo, solicita los servicios de este para resolver los problemas judiciales del financiero libanés además de los suyos propios en el caso Gürtel. Las agendas, cuadernos de trabajo y demás material (digital o impreso) incautado al comisario indican de forma nítida (como veremos más adelante) que el problema de El Assir que el comisario jubilado debía resolver era el caso francés y no el español (aunque este fuera el que debían controlar, porque si "se desinflaba" no habría nada que hacer en Francia).
El Karachi Affaire trata en esencia de una trama de corrupción con dinero público francés que empieza en 1994 y 1995 con sobornos a funcionarios corruptos de Arabia Saudí y Pakistán con los que Francia buscó asegurar el éxito en un concurso internacional de venta de fragatas y submarinos a esos dos países. Una parte del dinero que salió de las arcas públicas francesas para dichos sobornos volvió a Francia para supuestamente financiar ilegalmente parte de la campaña del primer ministro francés Edouard Balladur.
El asunto de las comisiones desembocó el 8 de mayo de 2002 en el salvaje atentado de Karachi, ciudad de Pakistán, que tuvo por objetivo un autobús, en el que mueren 16 personas, entre ellas 11 ingenieros franceses integrantes del equipo que trabajaba en la construcción de los submarinos vendidos a Pakistán. La instrucción judicial francesa concluyó en que el atentado, inicialmente atribuido a Al Qaeda, fue una represalia por el impago de una parte de los sobornos comprometidos a los intermediarios pakistaníes.
El caso no hubiera pasado de ser uno más de corrupción, y por tanto condenado al olvido con los años, de no ser por el salvaje asesinato de los ciudadanos franceses. Y Francia no ha olvidado. Cada año desde entonces cientos de artículos llenan la prensa francesa refrescando todos los detalles del caso. El último juicio se celebró el año pasado.
La participación de El Assir en la trama, y por lo que fue condenado, se refiere única y exclusivamente a los servicios que prestó, en compañía de otras personas, como intermediario financiero para canalizar el dinero desde las arcas públicas francesas a los receptores de los sobornos y la campaña electoral del entonces primer ministro galo. En su defensa, El Assir se presentó ante los jueces instructores franceses como un experto en la venta de armas, alegando que todo el dinero público que le entregaron correspondía a la retribución por sus servicios de asesoramiento para desbloquear los contratos de venta de las fragatas y los submarinos. Pero los jueces no le dieron credibilidad y concluyeron que el millonario libanés apareció a última hora, con la fase contractual terminada, para ayudar en el trasvase de las comisiones. En la operación participó una pareja de baile del libanés, el ubicuo Paul Manafort, ex asesor de campaña y artífice del triunfo de Donald Trump en 2016 antes de ser detenido por el FBI.
La información bruta contenida en el sumario del caso Tándem o caso Villarejo indica con claridad que el comisario Villarejo intervino en como mínimo una decena de casos en favor de ricos clientes en riesgo inminente de extradición a varios países y que el sistema utilizado (con distinto grado de éxito) fue siempre el mismo: una jugada en dos planos que necesita, eso sí, de la complicidad consciente o inconsciente de jueces y fiscales y de funcionarios de distintos ministerios. Y también de periodistas.
1. Conseguir que la persona con riesgo de extradición sea imputada en España por algún caso. Según más de una veintena de fuentes jurídicas consultadas por Público, la mejor y más eficiente manera de rechazar una solicitud de extradición sin crear un conflicto diplomático es decir: "Sintiéndolo mucho, no se le puede extraditar porque está imputado aquí en un caso y se le necesita en España para 'esclarecer los hechos'". Y es lo que sucede a los clientes de Villarejo en riesgo de extradición: se les imputa una y otra vez en casos en España para impedir su extradición; casos, además, habitualmente mediáticos o a los que mediáticamente se les da apariencia de gravedad.
2. Obtener un trato por el que la persona en riesgo obtenga la protección del Estado español ante una petición de extradición: un acuerdo de protección a cambio de su reconversión en confidente de valía. Aquí la misión es convencer al Gobierno, a los ministerios de Justicia, de Interior y de Exteriores, de que la denegación de extradición a cambio de ganar un confidente tiene el premio gordo de recompensa, porque se trata, como les vende el comisario, de una persona que lo sabe todo de muchas y variadas tramas criminales nacionales e internacionales. Así lo hace con El Assir y así lo hizo con muchos otros clientes: en el sumario pueden encontrarse, perdidas en kilométricos anexos, "notas informativas" del comisario dirigidas a las personas que pueden influir en la decisión, expresándose en tal sentido con relación a personas en riesgo inminente de extradición.
Por el lado policial le acompaña en la misión José Luis Olivera (al que apoda "OLI"), entonces director del director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). Y por el lado político (donde tiene que convencer de los beneficios de no extraditar a El Assir) cuenta con el secretario de Estado de Interior, Francisco Martínez Vázquez, apodado Chisco (imputado en Kitchen), y con los contactos e ideas de Mauricio Casals, del consejero de Atresmedia y accionista de La Razón, y gran amigo de Adrián de La Joya.
La primera referencia que Villarejo hace de El Assir es de enero de 2014, mes a partir del cual estrecha su relación con Adrián de la Joya tras el asunto de los Papeles de Bárcenas y los recibos de Cospedal. Poco después, De la Joya le pide ayuda para sus propios líos (estaba imputado en Gürtel) y para los problemas de su cuñado libanés (las esposas de ambos son hermanas).
El comisario, para salvar a El Assir, presenta la mejor oferta en el mejor momento al Gobierno del Partido Popular: aprovechando la fama de su cliente y su residencia suiza da seguridades al secretario de estado de Interior Francisco Martínez Vázquez (para que así lo trasmita al ministro Jorge Fernández Díaz y a quien proceda) de que la información que tiene el financiero libanés sobre los soberanistas catalanes es definitiva. Datos muy contundentes sobre movimientos de empresarios y políticos catalanes en SUIZA. Un caramelo tentador a pocos días de la consulta soberanista del 9-N convocada por Artur Mas y con la Operación Cataluña que ejecuta una facción del partido en pleno apogeo.
En paralelo a la "venta política", Villarejo se trabaja la vía ejecutiva; esto es, las personas a cargo de las que está el seguimiento y todo lo que tenga que ver con órdenes de extradición. En el Ministerio del Interior esa persona era Juan Rueda, en ese momento subdirector de Relaciones Internacionales, a quien el 6 de noviembre de 2014 Villarejo le reitera "la importancia de El ASSIR".
El comisario ya puso el foco en Rueda en julio de 2014, aunque espera a noviembre para un abordaje a fondo porque primero trata de buscar o prefabricar algo con lo que poder presionar al alto cargo de Interior (mediáticamente o de otra forma). Es lo que explica la mención de Villarejo a "Kalasov" en julio de 2014 en el apunte de su agenda que resume una charla con Enrique García Castaño, compañero de aventuras y entonces aún jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO). Kalasov era un criminal ruso cabecilla de una de las mafias que centró el caso Avispa en el que Juan Rueda era el policía que dirigía la unidad investigadora a las ordenes del juez.
Mientras el juicio en Francia se retrasaba año tras año a causa de recursos continuos de los seis procesados, Villarejo estaba contento porque su cliente se mantenía imputado en el juzgado nº 52 de Madrid. El 4 de abril de 2017 felicita exultante al entonces jefe de la Unidad Central Operativa (UCO), Manuel Sánchez Corbí, por su investigación sobre el asunto fiscal que apuntalaba aún más la imputación a El Assir. "CORBI: Respuesta a mi felicitación sobre EL ASSIR . Y el embargo de su patrimonio por blanqueo".
El posible recorrido judicial sobre las cuentas del Rey Juan Carlos I ha terminado. Después de meses anunciándolo, la Fiscalía acaba de hacer público los decretos de archivo sobre las investigaciones que se iniciaron en 2018 (durante la instrucción del “caso Villarejo”) y se trasladaron al Tribunal Supremo en 2020 sobre el patrimonio del exjefe del Estado y el posible cobro de comisiones ilegales. El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha firmado los decretos de archivo este mismo miércoles sin conseguir amarrar ningún delito contra el Rey, bien por la inviolabilidad que le otorga la Constitución en sus años de mandato, bien porque los hechos han prescritos o bien porque los indicios han sido insuficientes. Termina así, sin querella, la investigación que ha llevado al exjefe del Estado a trasladar su residencia fuera de España.
A lo largo de dos decretos de archivo -la primera y la segunda línea indagatoria se ha unido en una- la Fiscalía analiza todas las transacciones de dos Fundaciones Lucum y Zagatka, para terminar concluyendo que no hay reproche penal que alcance al que fuera Jefe del Estado. Sí hubo fraude al fisco, pero quedó subsanado con las dos regularizaciones que Don Juan Carlos hizo en diciembre de 2020 y febrero de 2021. Sobre todo lo demás, no hay suficientes indicios para determinar que cobró comisiones ilegales del AVE a La Meca (primera línea); tampoco se puede concretar que utilizara tarjetas opacas porque se trataba de regalos (segunda línea); ni que fuera él quien gestionara un trust con sede en la isla de Jersey (tercera línea). Hasta aquí llegan, por tanto, las tres diligencias que un equipo de fiscales, liderados por el fallecido Juan Ignacio Campos y por el fiscal jefe de Anticorrupción Alejandro Luzón, han desplegado durante más de 21 meses.
Según el relato de la Fiscalía la Fundación Lucum se abrió en agosto de 2008 y ese mismo día, el 8 de agosto, se efectuó un ingreso por transferencia bancaria procedente del Ministerio de Hacienda de Arabia Saudí por importe de 100.000.000 dólares estadounidenses, que al cambio son 64.884.405 euros. En el informe de apertura de la cuenta se indica: “importe enviado por el rey Abdallah de Arabia Saudí como regalo según la tradición saudí de cara a otras monarquías”. A partir de ese momento y hasta 2012 se realizaron diversas operaciones. Por ejemplo, en junio de ese año se transfirieron 3.500.000 euros a una cuenta abierta a nombre de la sociedad Dolphin en un banco en Bahamas y cuyo titular era Arturo Fasana.
La Fundación abrió hasta cuatro cuentas diferentes. Una en francos suizos que se utilizó para satisfacer las comisiones por servicios bancarios y para obtener efectivo; otra en abril de 2010 para poder ingresar ese mismo día en ella 1.890.250 dólares en efectivo que, “al parecer” dice el fiscal, el Sultán de Bahrein habría entregado al entonces Rey de España y en la que se realizaron operaciones de inversión; y la cuarta, y última, se abrió en libras esterlinas con el objetivo de realizar inversiones con valores británicos.
El decreto especifica que Don Juan Carlos presentó las correspondientes autoliquidaciones del IRPF en este periodo (entre 2008 y 2012), pero que no incluyó las rentas y rendimientos obtenidos en las cuentas abiertas en el banco Mirabeaud. La Agencia Tributaria no ha hallado otros motivos de regularización derivados de su condición de beneficiario porque ni aparece en las bases de datos su titularidad, ni cuando se pidió información a Suiza constaba allí cuentas de Juan Carlos de Borbón.
Sobre las transferencias de dinero, la Fiscalía realiza varias hipótesis en cuanto al pago de impuestos y en todos ellos la cuota defraudada “supera con creces” el importe de 120.000 euros que establece como umbral el Código Penal. Sin embargo, aclara el fiscal, los delitos cometidos en los ejercicios de 2008, 2009, 2010 y 2011 están prescritos por el transcurso de más de cinco años desde que se cometieron.
Y qué ocurre con el de 2012, pues que ese sí podría tener reproche penal porque no está prescrito (lo haría en julio de 2023). El Rey podía haberse enfrentado a una pena de prisión de dos a seis años y multa, pero era inviolable. Hasta 2014, la fecha en la que abdicó Don Juan Carlos estaba protegido por los mimbres de la Constitución como lo está el actual jefe del Estado, Felipe VI.
Destaca además la Fiscalía que “es buena muestra de la voluntad del legislador” que transcurridos más de 40 años desde que se aprobó la Carta Magna “no haya considerado oportuno traspasar a ninguna ley procesal ni orgánica la posibilidad de que el rey pueda ser juzgado por tribunal alguno”.
Además de una posible defraudación al fisco, se investigaba si el Rey intervino en la adjudicación de la macro-obra en Arabia Saudí y por eso cobró el dinero del país, no como un regalo sino como una comisión. Es decir, un posible delito de corrupción en transacciones comerciales internacionales. El fiscal Luzón plasma que hay “ciertos indicios que podrían sustentar que la hipótesis de la transferencia no fuera una donación, sino que respondiera al pago de una ilícita comisión a modo de premio o gratificación”.
Recuerda resumidamente cómo se sucedieron los hechos: en abril de 2006 se abrió la licitación para la construcción, con financiación pública, de una línea ferroviaria de alta velocidad entre las ciudades de La Meca y Medina. En abril de 2010 un conglomerado de empresas española firmó un acuerdo para ir juntas y en enero de 2012 se proclamaron las adjudicatarias del contrato. Se estableció un precio de más de seis mil millones de euros, pero era “llamativamente inferior (un 29,6%) al ofertado por la otra propuesta competidora” que era un consorcio franco-árabe.
En escena, una saudí de nombre Shahpari Azzamy Zanganeh que firmó un contrato de consultoría con las empresas privadas españolas que integraban el consorcio. “Está acreditado” que el Rey en marzo de 2006 “envió una carta al príncipe Bin Abdul Aziz (por aquel entonces ministro de Defensa) en la que comisionaba a Zanganeh para poder realizar las gestiones ante él”. El Rey viajó a Arabia Saudí con empresarios españoles antes de la adjudicación y Corina Larsen declaró ante la Fiscalía Anticorrupción, además, que el monarca iba a cobrar 50 millones de euros por comisiones.
En este caso, el fiscal es bastante claro: “a nadie se oculta que estos contratos, calculadamente ambiguos y retribuidos por importes significativamente superiores al valor de cualquier servicio legítimo que el intermediario pueda proporcionar, permiten habitualmente canalizar el pago a las autoridades o funcionarios involucrados a la adjudicación”. Pero Anticorrupción también señala que como no han podido acreditar que el objetivo último de estos pagos fuera retribuir a las autoridades, no puede concluir que el Rey intermediaria para la adjudicación del AVE y consiguiera dinero por eso.
Dice, además, que los indicios contra el Rey son “extraordinariamente débiles” y que no puede apoyarse solo en lo que Larsen haya declarado. Además, el ingreso del dinero en Lucum “no cuadra” porque se produce tres años antes (en 2008) de la adjudicación del contrato (en 2011). “Se ha especulado que la significativa rebaja del precio ofertado por el consorcio hispano-árabe frente al otro finalista en el concurso para la adjudicación de las obras” fue por la intervención del Rey, pero Luzón aclara: “no pasa de ser una conjetura sin mayor sustento indiciario”.
La segunda línea indagatoria se empezó a raíz de una alerta del Servicio de Inteligencia Financiera de España (SEPBLAC). Versa sobre el uso de Juan Carlos I y de miembros de su familia de unas tarjetas opacas que empleaban como testaferro a un militar de su confianza y cuyos fondos procedían del empresario mexicano Allen Sanginés Krause.
La Fiscalía explica que entre 2016 y 2019 este ciudadano británico y mexicano, amigo de Don Juan Carlos, ordenó una serie de transferencias a cuentas que estaban a nombre de Nicolás Murga Mendoza, un militar jubilado, pero que en el año 2007 fue nombrado ayudante de campo de la Casa del Rey, así que era de su confianza.
El importe total de la transferencia, que asciende a 516.606 euros y, según la Fiscalía, ha sido destinado al abono de gastos particulares del Rey y de familiares. Además, hay otras transferencias de Sanginés Krause a dos cuentas a nombre de Viajes El Corte Inglés y que asciende a un total de 471.673 euros, así como abono en servicios sanitarios prestados entre el 2017 y el 2018 a Don Juan Carlos por un total de 95.365 euros. Pero el Ministerio Fiscal señala que “no hay constancia de contraprestación a estas transferencias”. Si se trata de donaciones unilaterales, entonces son un regalo. Así, el Rey presentó sus regularizaciones bancarias
En el marco de esta línea de investigación entra en juego otra fundación: Zagatka. Explica la Fiscalía que se constituyó en octubre de 2003 por Álvaro de Orleans-Borbón con la intención de realizar inversiones y gestión de bienes inmuebles, así como ejecución de actividades comerciales y aportaciones a los beneficiarios. Fue en 2006 cuando se modificó el reglamento y se incluyó a Juan Carlos de Borbón como tercer beneficiario de los fondos.
“No se ha podido determinar con precisión la procedencia y la cuantía de los fondos consignados en las cuentas de la fundación, ni los gastos”, dice Luzón. Pero gracias a la información que vino de Suiza se ha establecido que entre los años 2013 y 2018 se produjeron cuantiosos gastos por el uso de aviones privados y servicios de alojamiento. Pero todo esto, también fue regularizado por el Rey.
De la tercera ya se conocía el contenido por una filtración del documento de archivo a la Cadena COPE. Se trata de un trust que se constituyó cuando Juan Carlos I era príncipe como soporte para su corona. Si había inestabilidad política en el futuro podría tirar de ese dinero que provenía de unos fondos de Manuel de Prado y Colón de Carvajal, una persona muy próxima al monarca.
La investigación de la Fiscalía señala que el trust bebe de dos fondos creados entre 1995 y 1997, del que nació en 2004 el “The JRM 2004 Trust” ubicado en la isla de Jersey (en el Canal de la Mancha y ligada a Reino Unido). Las siglas vienen por su creador Joaquín Romero Maura, historiador, profesor y consejero de Don Juan Carlos. Todos estos nombres han sido analizados por el Ministerio Público, pero no han podido dilucidar qué personas aportaron dinero a lo largo de los años.
El Rey Juan Carlos decidió liquidar el trust y traspasar sus fondos a Joaquín Romero Maura por una sencilla razón: “la situación política en España era estable, el heredero, hoy Rey Felipe VI, acababa de contraer matrimonio, la Monarquía gozaba de prestigio y el conocimiento público de la existencia de los trust, con la presencia en ellos de Manuel de Prado, ya entonces condenado por la Audiencia Nacional hubiera exigido embarazosas explicaciones”.
Con todo esto, aquí tampoco ve Luzón delito endosable a Juan Carlos I “ni en su gestión, ni en la capacidad para disponer de los fondos; ni en ningún momento” porque no ha tenido “la condición de beneficiario”.
Ahora la Fiscalía archiva el caso de Juan Carlos, que podrá volver de Abu Dhabi tan impunemente como todos los citados. Nadie va a recurrirlo. Queda el asunto de Corinna Larssen en el Reino Unido, pero la "empresaria" se queda con la "donación irrevocable" que es el meollo del litigio, y la Justicia española está al servicio de Su Majestad y de los oligarcas y partidos políticos que saldrían salpicados. Como dicen, para no caerse de los árboles, un mono no suelta una rama hasta que está bien agarrado a otra.
