Estoy en la miseria Dios mío qué te importa
Ya mi casa es un dulce terraplén de locura
Un vuelo de lechuzas un río con el fondo
lacrados en mi semblante… ¡Dios mío que te importa!
Mi casa es un relincho de muerto monocromo
cuna de remembranza gran rincón de dolor
Allí ya no se duerme si no es para gritar
con una boca hambrienta de espesas esperanzas
Flores ayer y hoy sus faldas son escombros
Mi rostro de color negro aguanta la puerta
y al fin no sé qué hacer con tanta fotocopia
¡Estoy en la miseria! Se dice la miseria
y nada es la miseria… ¡Dios mío qué miseria!
Por el resuelto abismo subo las escaleras
del torreón oculto para pedir limosna
Entro llamo ay ay ¡Señorito! ¡Ay! ¡Ay!
No puede ser así usted no se parece
¡Aparición! ¿Quién soy? Te pido yo una cama
para abrigar mis labios con un sueño anticuado
No te pongas así no te asustes de mí
¡Ayaymiseñoritoustedyanoeselmismo!
Parece usted de veras un cansado harapiento
Me da pena su ombligo lleno de soledad
Ropa y candela diome y cené con la vieja
con la comadre atónita que mientras como reza
Riendo yo le explico «Soy el rey de las ruinas»
Y ella plasma un quejido «¿Qué es eso señorito?»
La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha cambiado completamente de criterio y ha reflexionado sobre la ideoneidad de que el fondo de reconstrucción pase a ser un mecanismo a tener en cuenta en otras situaciones de crisis.
Los riesgos son que no sea selectivo, que se pierda "en los dédalos administrativos" o que no llegue a la economía real para darle una orientación más digital y más verde, en su opinión.
España podrá obtener hasta un máximo de 140.446 millones de euros del fondo, de los que algo más de la mitad llegarían a través de subvenciones y el resto como créditos.
En cuanto a las subvenciones, se determinará un importe máximo por Estado miembro teniendo en cuenta la población, el PIB per cápita y el desempleo. Los Estados miembros también pueden solicitar un préstamo para implementar sus reformas e inversiones públicas, que tendrán vencimientos largos y tipos de interés favorables.
El 75 % del plan, 560.000 millones, será transferido a los Estados miembros que lo soliciten, que deberán establecer un programa de reformas e inversiones. A este paquete hay que sumar complementos a los actuales programas de cohesión; dotaciones al Fondo de Transición Justa para ayudar a acelerar la transición hacia la neutralidad climática y al Fondo Europeo Agrícola para el Desarrollo Rural. Para movilizar las inversiones privadas, la Comisión Europea plantea desbloquear 300.000 millones de euros en apoyo a la solvencia de las empresas.
Bruselas también propone la creación de un nuevo programa sanitario europeo, un refuerzo del Mecanismo Europeo de Protección Civil, y un presupuesto para financiar proyectos de investigación sanitaria, entre otros. Asimismo, la Comisión prevé fortalecer el apoyo de la UE al resto del mundo, por ejemplo, a través de ayuda humanitaria.
El Ejecutivo debe enviar a Bruselas un plan presupuestario y para obtener los millones de euros de ayudas, deberá garantizar que esos fondos se destinen a reformas estructurales que permitan a la economía recuperarse y volver a generar riqueza.
España ya ha entregado su plan de recuperación previo a recibir los 140.000 millones de euros, entre transferencias y préstamos, de aquí a 2026. El Gobierno ha trasladado a Bruselas su plan en el que solicita la mitad en subvenciones, sin pedir aún la parte del crédito, que en principio reserva para el periodo 2023-2026.
Sánchez ha mostrado confianza en que las reformas saldrán adelante durante su comparecencia conjunta con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que justo antes le había comunicado en persona el aprobado de Bruselas al plan español para acceder a los 69.500 millones de euros en transferencias que ha solicitado. En total, a España le corresponden 140.000 millones, pero como el resto es en créditos a devolver, lo ha dejado para más adelante.
La Comisión necesita conseguir fondos para su distribución entre los distintos países, con emisión de deuda. "Es solo el principio y confiamos bastante en que despierte un interés enorme, todo está bien preparado", ha asegurado el comisario europeo de Presupuestos Johannes Hahn. Es la primera vez que la UE emite deuda conjunta, y se estrenará en los mercados de deuda con la emisión de un bono a diez años. El plan de Bruselas pasa por captar en 2021 unos 80.000 millones de euros en bonos a largo plazo y "decenas de miles de millones" en letras con un vencimiento menor.
Este plan hará que el 40% de los fondos se van a utilizar para la llamada "transición verde", y para la innovación tecnológica, el fomento del empleo juvenil. Yolanda Díaz, la desmasterizada ministra de Trabajo y Economía Social afirmaba que las medidas del Gobierno "tienen que tener la lógica de un Estado del Bienestar" aunque muchos ERTE (Expediente Temporal de Regulación de Empleo) se convertirán en ERES, en concursos (antes llamados quiebras), o simplemente los negocios que no sobrevivan no volverán a levantar las persianas. El Gobierno prorroga los contratos de trabajo de los que, de otro modo, tendrían que estar ya cobrando el paro.
El Gobierno ha escogido la sede de Red Eléctrica para que Sánchez y Von der Leyen hayan visitado el Centro de Control de Energías Renovables (CECRE), una referencia del tipo de proyectos que se pretenden impulsar con los fondos de recuperación. Ya vemos cómo se paga el "regalo" de Bruselas cada día que suben los precios de la electricidad y los carburantes.
Sánchez ha explicado que Red Eléctrica representa lo que va a significar el plan de ayudas. "Red Eléctrica será la columna vertebral de este plan", ha explicado Sánchez que ha agradecido a la exministra y ahora presidenta de la compañía Beatriz Corredor el trabajo realizado, que consiste en subirnos la tarifa eléctrica para pagar todo eso. Beatriz Corredor cobra un sueldo de 546.000€ al año sin contar extras.
La Comisión Europea (CE) ha dado luz verde al fondo de rescate y solvencia de empresas estratégicas diseñado por el Gobierno español, dotado inicialmente con 10.000 millones de euros para ayudar a las grandes compañías que el Gobierno considera más afectadas por el coronavirus. La institución sostiene que su aprobación se adscribe al marco temporal aprobado por la UE para flexibilizar las ayudas de Estado durante la pandemia.
La Comisión considera que el fondo “va en la línea” con las condiciones contempladas dentro del marco temporal de ayudas estatales, siendo un desembolso “necesario, apropiado y proporcionado” frente a las necesidades surgidas durante la crisis sanitaria. El mecanismo de financiación se llevará a cabo a través de instrumentos de recapitalización, préstamos participativos o deuda convertible, tal como anunció el Ejecutivo español el pasado mes de julio.
Para acogerse al plan, el Gobierno exigirá que las compañías, que deberán solicitar al menos 25 millones de euros, presenten planes de viabilidad con el calendario de devolución de las ayudas públicas. Y si antes de cinco años no han reembolsado al menos un 40 % tendrán una penalización del 10 %.
Además, las empresas solicitantes deberán tener la sede social y el grueso de la actividad en España; no estar en crisis antes del 31 de diciembre último; justificar que el cese forzoso tendría un impacto negativo en la actividad y el empleo a nivel nacional o regional, y mostrar su viabilidad a medio y largo plazo.
El consejo gestor que decidirá qué empresas se benefician del fondo dependerá de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y será el encargado de resolver las solicitudes y de elevarlas al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva.
El ex jefe de Gabinete del Presidente del Gobierno, Iván Redondo, acaba de regresar al primer plano de la actualidad. La Audiencia de Barcelona ha dado luz verde a la Fiscalía Europea para investigar si ha cometido un delito por reunirse con representantes de la patronal de Cataluña, Foment de Traball, con el objetivo de explicar a empresarios proindependentistas el manejo del reparto de los 144.000 millones de los Fondos Europeos.
Las alarmas han saltado en el marco investigativo del caso Volhov, que investiga la posible financiación irregular del procés independentista. La Guardia Civil escuchó a David Madí, empresario y ex cargo de CIU, anunciarle a un ejecutivo de una consultora que se había visto con el ex jefe de gabinete cuando el paquete de ayudas europeas todavía no había sido aprobado por el Gobierno. «Se ha de establecer un canal para entrar. Me vi con Foment. Formo parte de Foment. Tuvimos una reunión en pequeño comité con Iván Redondo. Esto será una merienda de negros… ¡Son 140.000 millones!», indicaba en una conversación David Madí a Joan Ferran Oliva, el apoderado de RSM Spain Consultores con el que Madí también mantiene vínculos familiares.
El juzgado de instrucción número 1 de Barcelona envió a la Fiscalía Europea la documentación con las conversaciones interceptadas por la Guardia Civil, y la Audiencia de Barcelona da luz verde a la Fiscalía Europea para que investigue a Iván Redondo.
También es el caso de Santiago Fernández Muñoz, quien ostenta desde el pasado enero el puesto de jefe de la Unidad de Seguimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, adscrito a la Secretaría General de Asuntos Económicos y G20 del Gabinete de la Presidencia del Gobierno; un cargo discreto aunque de máxima importancia, dado que fiscaliza los 144.000 millones de euros que España recibirá del fondo de reconstrucción. De ellos, 72.700 millones en ayudas directas.
Antes, de 2011 a 2019, Santiago Fernández ejerció de concejal de Urbanismo y Medioambiente en el ayuntamiento de Torrelodones, Comunidad de Madrid, dentro de la formación Vecinos por Torrelodones (VxT), una agrupación local independiente. De 2015 a 2019, VxT, que ya venía de gobernar una legislatura con mayoría simple, logró la mayoría absoluta. La alcaldesa durante este periodo, Elena Biurrun Sainz de Rozas, además de miembro fundador de la formación, es la esposa de Fernández Muñoz.
Durante la etapa de mayoría absoluta, en el que Fernández era concejal de Urbanismo, ordenó la devolución de 100.000 euros de un aval que había entregado a una constructora, pese a que dicha constructora nunca llegó a ejecutar la obra. Es más, había dos sentencias que ordenaban no devolver el dinero. Aun así, poco antes de abandonar su cargo, el 19 de marzo de 2019, una de sus últimas decisiones fue la orden de entregar ese aval de 100.000 euros al proveedor, Destajos, S.A. El procedimiento de Fernández Muñoz para sortear las sentencias y ejecutar su decisión fue encargar un informe ad hoc a un técnico del ayuntamiento que, pese a reconocer que nunca se habían ejecutado las obras, recomienda en cualquier caso la devolución del aval.
La decisión, en cualquier caso, no ha supuesto un retroceso en la trayectoria política del ya exconcejal. Por el contrario, parece haberle impulsado dentro del PSOE. En 2019 le fichó el ahora ministro José Luis Escrivá, quien durante su periodo como director de AIREF, de 2014 a 2020, contrató a Fernández Muñoz nada más abandonar la concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente. Pese a su polémico paso por Torrelodones, Escrivá asignó a Fernández Muñoz, que es profesor titular de Geografía Humana en la Universidad Carlos III, funciones de análisis presupuestario en políticas públicas, infraestructuras y entidades locales. Primero detentó el rango de analista; luego, al cabo de cuatro meses, le otorgó el cargo de jefe de proyecto.
El paso siguiente de Santiago Fernández Muñoz ha sido dentro de La Moncloa, en el ya citado cargo de Jefe de la Unidad de Seguimiento del Plan de Recuperación. Su jefe directo es Manuel de la Rocha, secretario general de Asuntos Económicos de la Presidencia y encargado de elaborar los planes de Reformas que abrirán la puerta a los 144.000 millones de euros de los Fondos Europeos. Por encima de De la Rocha solo está el presidente, Pedro Sánchez.
El matrimonio formado por Santiago Fernández Muñoz y Elena Biurrun, la ya mencionada exalcaldesa y esposa de Fernández , ha ejercido de jefa de Gabinete del ministro José Luis Escrivá, que también vive en el municipio madrileño de Torrelodones. De hecho, la primera decisión que tomó Escrivá como ministro consistió en nombrar a Biurrún jefa de su propio gabinete; un nombramiento que coincidió con la previa salida de la ya exalcaldesa de la política municipal. Biurrun acaba de dejar la dirección del gabinete para ser nombrada nueva directora general de Programas de Protección internacional y Atención Humanitaria, por lo que continúa dentro del ministerio de Escrivá.
Estos nombramientos han suscitado recelos en el área económica del Gobierno, especialmente en el ministerio de Economía y Hacienda. Fuentes próximas al mismo señalan para El Debate que este equipo, encargado de supervisar el reparto de 72.000 millones de euros, debería de tener mayor veteranía profesional y estar ajeno a cualquier presunta red de contactos e influencias políticas.
