DEUDAS DE SANGRE PENDIENTES.

Desde el 11 de Marzo de 2.004 las instituciones españolas le están haciendo a sus oponentes el mayor favor de su historia, que se está cobrando todo el círculo de simpatizantes del terrorismo.

Vaya por delante mi repulsa para los que usan ese medio para sus propósitos, pero juzgarles por sus métodos y no por sus reivindicaciones obliga a aplicar la misma Ley ante los mismos actos, sin excepciones. No me vale que los propios "representantes públicos" hagan suyo lo de "cuando la fuerza manda, la ley calla".

"Una injusticia hecha a uno es una amenaza a todos", decía Montesquieu y también lo puede decir la inmensa mayoría de los ciudadanos, a diferencia de nuestro Gobierno que por mucha legitimidad que pueda tener, arrastra los pecados cometidos a lo largo de toda la democracia y algunos más de antes. Como también los arrastran muchos políticos autonómicos de los que recogen las nueces cuando otros le dan una patada al árbol. En Cataluña, lo de las nueces tiene múltiples significados, porque aquí han sembrado pocos, pero hoy se recoge.

Las instituciones han contribuído al sentimiento de injusticia porque sus prioridades nunca fueron las víctimas. La capacidad del terrorismo de despertar un sentimiento agrio generalizado en la sociedad ha creado adversarios donde no los había.

El 11-M fue planeado de modo que hiciera cambiar de signo político la posición de la ciudadanía sobre el terrorismo. Ingeniería social, lo llaman ahora. Y ya se vieron y se ven sus resultados.

No hay mayor derrota que permitir una disfunción permanente del estado de derecho. Y lo que no se puede hacer después de años de reclamar transparencia y justicia con las víctimas es lo que han hecho deprisa y corriendo tras llegar al poder. En el texto del Acuerdo del Pleno del Congreso de los Diputados de 20 mayo de 2004, constan cuáles eran los fines de la Comisión de investigación pedida por el Partido Popular:

“a) Esclarecer la verdad acerca de los hechos sucedidos los días 11 al 14 de marzo, así como los antecedentes y consecuentes que resulten coherentes con aquella finalidad.

b) Esclarecer los acontecimientos anteriores y posteriores a los atentados del 11 de marzo vinculados con éstos y las actuaciones que han realizado sobre ellos los poderes del Estado”.

De investigar, nada de nada, ni de las bombas, ni de los "suicidios" ni de la vertiente mediática y electoral claramente vinculadas a los crímenes. El discurso acusador del propio PP antes de recuperar el poder ahora se ha convertido en un silencio cómplice.

Toda la gente unida por una misma causa, hasta que hemos sabido que fuimos utilizados de la misma manera por los organizadores. Que ahora miren hacia otro lado provoca una reacción sobre los ciudadanos cuyo apoyo recibieron cuando lo necesitaron.

Todos han explotado la violencia jaleada por bastantes de los demás españoles, esperando cada bando su victoria. Algunos somos capaces de ver que una larga lista de crímenes en serie nunca puede tener vencedores, porque la lista es la de los vencidos. Y los únicos que pueden parecer vencedores son los asesinos, los que ahora están en las instituciones y los que han estado siempre.

Las formaciones políticas que tradicionalmente han evitado las vías políticas participativas intentan ahora sacar réditos del abandono de las armas sin dejarlas primero, y seguir así el tiempo que se les permita. La resistencia legítima no se ejerce con actos criminales. Nadie merece ser autoridad de un sistema cuando usa determinados métodos contra determinados ciudadanos.

Los que dicen "pueblo armado, pueblo respetado" son los primeros en querer privarnos de libertades equiparándose a cualquier tiranía. Personalmente prefiero no ver a mis conciudadanos armados por las calles porque con total seguridad no empuñarán esas armas para defender mis derechos sino para abusar de los suyos.

La evidencia de que el Estado ha venido encubriendo los casos de guerra sucia y los contactos de más de un gobernante con redes terroristas internacionales inspiran al observador que en España sólo están en ETA algunos culpables y siguen fuera otros de los peores.

Los artículos 6 y siguientes de la Constitución dicen, por decir algo, que "los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos".

Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales también deben ejercer su actividad dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento también deberán ser democráticos.

Los ciudadanos y los poderes públicos también están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico".

Lo que ocurre es que a algunos ciudadanos se les aplica la Ley mientras los demás no se la aplican a sí mismos. Una situación de hecho que no la va a corregir ni el Tribunal Constitucional ni lo está haciendo la jurisdicción ordinaria.

Lo de la democracia interna ha sido una gran mentira como lo anterior, y sin embargo los partidos políticos no se someten a su propia ilegalización pese a los vínculos de sus dirigentes con tramas de corrupción. Se exige un plus de criminalidad, y lo de poner la mano se permite.

Por eso la LEY DE PARTIDOS prohíbe sobre el papel las conductas a las que nos tienen acostumbrados pero se reserva sólo para casos de criminalidad organizada o amenaza al pluralismo político.

Su artículo 9 dice que los partidos políticos "ejercerán libremente sus actividades respetando en las mismas los valores constitucionales, expresados en los principios democráticos y en los derechos humanos. Desarrollarán las funciones que constitucionalmente se les atribuyen de forma democrática y con pleno respeto al pluralismo".

Está claro cómo inspiran los principios democráticos a los partidos grandes y a la gran mayoría de los chiquitos, pero corren el riesgo de ser declarados "ilegales" cuando persigan "deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático".

La Ley de Partidos Políticos concreta una serie de conductas, pero para que supongan la ilegalización de un partido además exige que sean realizadas "de forma reiterada y grave".

Estas conductas son: vulnerar las libertades y derechos fundamentales, no de forma ocasional sino sistemáticamente promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas, o fomentando, propiciando o legitimando la violencia como método para la consecución de objetivos políticos o "para hacer desaparecer las condiciones precisas para el ejercicio de la democracia, del pluralismo y de las libertades políticas".

Y por eso sólo pueden ser ilegalizados los partidos que apoyen políticamente la acción de organizaciones terroristas subversivas y la intimidación generada por la misma. Como vemos, el terrorismo de Estado no está específicamente previsto a menos que sea practicado con fines subversivos. Atacar el pluralismo es distinto en función de que lo hagan partidos marginales o los que se apoderaron de las administraciones públicas, ya que todos acusan a los demás de lo mismo que hacen.

Se podría pensar que los candidatos idóneos a la ilegalización no son sólo los partidos abertzales, alrededor de los cuales se hizo esta legislación, sino todos los que persiguen "intimidar, hacer desistir, neutralizar o aislar socialmente a quienes se les oponen, haciéndoles vivir cotidianamente en un ambiente de coacción, miedo, exclusión o privación básica de las libertades y, en particular, de la libertad para opinar y para participar libre y democráticamente en los asuntos públicos".

El castigo por ostracismo es la decisión de excluir de la comunidad a las personas incómodas para las instituciones. Lo practican las mismas instituciones que señalan a quien les parece, y lo hacen también algunos partidos políticos excluyentes.

Pero no pasa nada cuando son las instituciones las que lo practican, ya que son el Gobierno o el Ministerio Fiscal (que la misma cosa son) los únicos que pueden pedir ilegalizaciones de "motu propio" o a petición del Congreso de los Diputados o el Senado.

En tales casos, es decir, si un Juez reconociera que un partido político incumpliese  la obligación de tener una estructura interna y un funcionamiento democráticos, podría dictaminar su disolución forzosa o, en su caso, su suspensión.

Tiene que ser "de forma continuada, reiterada y grave", sobre lo que habría mucho que decir de todos los partidos, y más sobre los que se empeñan en mantenerse en la verticalidad.

Así que se parte de la hipocresía cuando hablamos de esta legislación, y por eso no se liquidan partidos porque habría que ver cuántos son los que no incurren en causa de ilegalización.

El activista norteamericano Malcolm X ya dijo que "Con una hábil manipulación de la prensa, pueden hacer que la víctima parezca un criminal y el criminal, la víctima". En mi caso me han mezclado en el montaje que simulaba ser proceso judicial y ha acabado siéndolo. "Todo un éxito colectivo", dice uno; "aixó ho vaig fer jo", dice el otro, rebautizando así vuestra miseria y la mía desde su bajeza hipócrita.

El proceso fue desde el principio un velo creado para encubrir delitos y no para evitarlos. Por si era poco, jueces, fiscales y otros muchos funcionarios de la Audiencia Nacional además han difundido de forma temeraria el secreto de sumario,  como si fuera un chiste.

Hasta ex-altos cargos y otros en activo en política y la judicatura dicen que hay que saber aceptar las bromas, y que no hacerlo es amenaza, chantaje y desafío a la autoridad. Y si la broma incluye el crimen, piensan que si pueden otros, pues ellos más.

A medida que he ido escribiendo este blog he ido cuadrando el papel protagonista de numerosas personas con las que tuve relación en los hechos de los que hablo en las entradas anteriores. Los contactos y a veces sus ricas familias les salvan no sólo de ser acusados sino que ahora simulan que son "agentes", supongo que haberse colado en mi agenda, "herederos" y toda especie de liantes y oportunistas protegidos por unos jueces a los que tendrían que juzgar los primeros.

Las familias cuyos enredos no conoces en detalle pero sí un montón de jueces y fiscales que se callan. Teniendo en cuenta que desde siempre fui yo el choteado, no me van a callar ni ellos ni muchos abogados a los que también habría que encerrar.

No sé ni por dónde empezar: políticos defraudadores que disponen a su capricho de la vida de las personas, tramas de plagio y blanqueo, las llamadas que recibí el 11 de Marzo de 2.004, con indisimulado entusiasmo, y algunos a los que no se toca por ser hijos de quien son. Todas las personas y las conversaciones están en el sumario como pruebas sin revisar, o no concluyentes, excepto para desviar la atención de los culpables hacia el chivo expiatorio de turno.

Los "radicales" a quienes el Rajoy que había en la oposición vinculaba al 11-M, curiosamente no son nunca mencionados aunque sí conocidos por la prensa. Cada día los periódicos anuncian nuevas fechorías de estos angelitos consentidos. Y los jueces siguen sin reabrir la causa por mucho que sepan quiénes lo planificaron y financiaron en contacto con el crimen organizado, y grupos de poder atenazados entre ellos por secretos y tapujos.

Se hizo por encargo, del que también soy perjudicado si no se me quiere llamar víctima. Víctima de una forma legal de esclavitud,  ya que por lo visto mi vida no me pertenece, en un país donde por denunciar una injusticia te ponen fuera de la Ley.

Durante un tiempo seguí la máxima de Montesquieu: "He observado muchas veces que para prosperar en este mundo hay que tener aire de tonto, pero sin serlo". Pero ni de una forma ni de otra puedo ya esperar de la Justicia española ni un atisbo ni de la apariencia de equidad e imparcialidad.

Lo mejor para uno es no colaborar con los gobernantes aunque no siempre se puede elegir el sitio en que nos colocan. Cuando los jueces son enemigos de la Justicia, ni sabes qué hacer ni qué se espera de ti. Y lo único que te queda es arremeter sin ayuda de los que dicen representar la Ley y con todo el derecho del mundo a apartar a quienes bloquean la salida de la ratonera.

Porque cuando la Justicia va contra inocentes, que han sido ya unos cuantos, ni es Justicia ni sus peones merecen ser respetados como servidores de la Ley porque a lo único que sirven es a la pérdida de toda confianza en la legalidad que debería habernos amparado siempre.

Tan poca Justicia, y tan poco convincente, que acaba por ser presagio de permanente impunidad. Miremos hacia otro lado, que aunque un terrorista no es honorable, sí los que están por encima.

Vivimos en un Estado más temido por sus habitantes que por sus enemigos, al amparo de la indulgencia de la Justicia, por no decir bajo el auspicio de la autoridad. El riesgo que asumen otros, por su profesión, lo asumimos todos menos los que viven de ello.

Oportunistas, desinformadores y otros espontáneos que surgen cuando no hay Ley, se suman a aquellos que ni siquiera tienen que fingir respetabilidad porque se les supone. Ladrones y asesinos, no seré yo quien lo desmienta.

La justificación que muchos han hecho ambiguamente de los hechos constituye apología del delito, como lo es también su negación histórica y la de todos los intereses ocultos entre sus motivaciones. Por no ahondar, el Código Penal en apariencia vigente considera que existe conspiración cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo. Para que digan que no la ha habido.

Han sembrado las semillas del odio por todo el planeta, y las consecuencias recaen sobre todos traducidas en enemigos que les odian y la pagan con nosotros con los mismos medios que los gobiernos les proporcionan.

El instrumento de dominación que desde hace más de un siglo se ha convertido en método de los antisistema, se ha ido pertrechando de tecnología que hasta ahora era exclusivamente militar. De ese modo la amenaza se ha reforzado de medios que les permiten equipararse a ejércitos.

La persecución del enemigo invisible se traduce en leyes inquisitoriales y controles más o menos motivados de cuya escasa eficacia hablan los hechos a diario. Ahora la nueva reforma penal para poner coto al terrorismo va a acotar también, con esa excusa, muchas de las libertades individuales.

Al respecto de las 12 enmiendas al Código presentadas al respecto por el PP ha dicho el Ministro del Interior: "Cuando tengamos un primer texto consensuado lo ofreceremos al resto de partidos. Esas doce enmiendas se publicaron el 10 de diciembre, un mes antes de los atentados de París. Así que no estamos legislando en caliente."

Muy previsor, Sr. Ministro.

Y actualmente que Comunidades como Cataluña proyectan ya sus propios servicios de información y de restricción de la misma, poco vamos a saber de las cloacas que imponen la Ley del Silencio.