PARTITOPOLIO.

Aristóteles decía que, cuando los hombres son amigos, no han menester de justicia; pero, aunque los hombres sean justos, han menester de amistad.

Pasados los siglos, siguen escaseando ambas cosas entre la clase política. Amigos tienen, no entre nosotros (por reciprocidad), pero sí entre ellos y los que les conocen (por lo mismo).

Buena prueba, las comisiones parlamentarias sobre la corrupción en Cataluña, que son la manera de obviar al sistema judicial para llegar a las mismas conclusiones: la corrupción existe, pero nunca está clara la participación en la misma de ningún político o afín.

El primer objetivo de la justicia es mantener la armonía entre personas e instituciones, autorizando, prohibiendo y permitiendo conductas específicas de individuos y entidades.

Cualquiera que sea la idea de justicia, va asociada a conceptos como ecuanimidad y rectitud como pauta esencial en su aplicación. Hacerse obedecer puede hacer necesario el rigor y, en último término, la ejemplaridad.

Si la misma institución que representa la Justicia no muestra ejemplaridad, se derrumba su autoridad al mismo tiempo que la capacidad de ejercerla. Dijo Voltaire: "Los pueblos a quienes no se hace justicia se la toman por sí mismos más pronto o más tarde", y también dijo Montesquieu que "No hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia".

Lo peor de la balanza de la justicia es inclinarse a otro peso que el de los hechos y la Ley. Si la justicia empleara todo su rigor, la clase política viviría bajo el Estado de Derecho y, por la misma regla de tres, haría que la judicatura también y hasta el Conseller de Justicia.

Y la misma administración de justicia sufre las consecuencias de su descrédito que les impide sobreponerse al poder fáctico. Sófocles decía que "Ocasiones hay en que la justicia misma produce entuertos", y la nuestra lo que suele omitir son los aciertos cuando tienen que meter en un sitio tan feo como una cárcel a alguien que ha vivido tan bien toda su vida.

La Ley es dura, pero es la Ley, es una máxima romana de escasa eficacia práctica en los estrados. Cicerón también opinaba que "La ciencia que se aparte de la justicia más que ciencia debe llamarse astucia", y la de nuestra judicatura es de lo más florida.

La doctrina Botín versus la doctrina Atutxa son una muestra de cómo la jurisprudencia en manos de los Tribunales españoles puede ser baraja descubierta, que permite juzgar o no a quien manden a su Sala. El derecho de veto sobre la acción popular que el Ministerio Fiscal intenta que le atribuya el sistema judicial.

Astucia de abogado y de fiscal versus estulticia de Juez, por no pensar mal de lo que a veces parece a todas luces astucia. "Alabar lo bueno y vituperar lo malo, justicia es lo que hago", dice el refranero. El fundamento cultural de la Justicia no se basa en opiniones personales, sino en el consenso de los individuos de una sociedad sobre lo bueno y lo malo, y de cómo deben organizarse las relaciones entre personas.

Se supone que en toda sociedad humana sus miembros tienen claros sus límites al actuar de acuerdo con lo generalmente aceptado. Pero nuestra Justicia es agravio, si sus funcionarios actúan como si las leyes fueran distintas para los pobres que para los ricos.

Quevedo supo ver que "Ningún vencido tiene justicia, si lo ha de juzgar su vencedor". La base de la Justicia española no es la Ley, sino el favoritismo jurídico al servicio de la predeterminación del fallo. A beneficio de todos, según ellos.

A eso que algunos llaman libertad, otros llaman licencia (Quintiliano). La libertad de estar por encima de las leyes es la única que realmente brindan a quienes se la garantizan a sí mismos por ocupar un cargo.

Puesto que la libertad implica una clara opción por el bien y el mal, el ejercicio del cargo recae sobre uno más de los que se nos supone responsables de los actos propios. Y debería desempeñarlo alguien que lo haga bien, o al menos no lo haga mal, que entonces se le supone "responsabilidad política" por errores o por cosas peores.

El diccionario define la libertad como la "facultad que se disfruta en las naciones bien gobernadas de hacer y decir cuanto no se oponga a las leyes ni a las buenas costumbres". Immanuel Kant definió el Derecho como "el conjunto de condiciones que permiten a la libertad de cada uno acomodarse a la libertad de todos".

Cuando te das cuenta de que no ocurre, dijo Tucídides que "el secreto de la felicidad está en la libertad, y el secreto de la libertad, en el coraje". Es evidente que la injusticia ocupa el lugar del coraje en esta sociedad.

Como no hay freno ni contrapeso al abuso de los poderes públicos, el criminal va siempre por delante de la justicia. Con astucia paralela, por decir poco de una red estatal cuyos representantes omiten tomar nota del culpable, aunque después remeden la pesquisa. Se llama instrucción del caso, un proceso casi tan lento como la fosilización.

La palabra agente procede del latín agens, agentis, participio activo de agĕre, hacer.

La primera definición de agente en el diccionario de la real academia de la lengua española es que obra o tiene virtud de obrar. Otro significado de agente es también persona o cosa que produce un efecto.

La inercia de la sociedad hacia su autoconservación, es también la acción del mismo verbo. Todos agentes.

Aquí y allí se hacen chistes que en realidad obran como consigna de silencio. El chiste es el secreto de sumario, de cuyo resultado deben surgir por libre albedrío de la ciudadanía los nombres de los dueños del resto del despojo que debe quedar en alguna cuenta a nombre de vete a saber quién.

Algún representante del poder judicial también podría ser, como muchos ilustres miembros de la Abogacía comprometidos de algún modo en cuestiones claramente concernientes a la seguridad del Estado. Las famosas oficinas internacionales, ¿sabemos qué clase de actividades albergan?. Lo mismo que el control audiovisual.

Los partidos menos refrendados intentan conservar sus reductos o, al menos, intercambian sus rehenes por apoyos materiales. La protección política se confirma o rehúsa en función de las circunstancias.

Los mercaderes del escaño disponen también de puestos menores, aunque en Cataluña todo puesto oficial confía en ganar importancia si sirve bien a su señor.

Ser libres siempre sería mejor que pertenecer a un pueblo que antes quiere ser internacionalmente reconocido como libre, como ocurre en estos lares. Un certificado oficial para que callen los desleales y reluzcan los titulares de prensa. Libre para algunos.

Por Madrid, la Corte va arreglando sus cosas y desearnos que nos vayan mejor. El reparto de chanchullos va coordinado geográficamente, lo que refuerza su estructura a todos los niveles.

Y lo que se permite en una Comunidad por vete a saber qué competencias no se permite en otra, para mayor razón del Estado en ejercer la mediación entre sus polluelos.

Polluelos de buitre que se dedican a legislar contra cualquier intromisión de administraciones rivales, o de sus superiores si se meten en la extendida costumbre de dar el pase a unos y cerrarle la puerta a otros.

Realmente al Gobierno no es que no le importen las vías de agua, es que derrama continuamente el jarro de sus competencias para regarnos con su generosidad, que mejor gastar antes de perder el puesto. Y como dije más arriba, el que más manda primero debe ser generoso con otro que también mande. 

Macroeconomía o el arte de no computar el parasitismo de los que encontraron un modo alternativo a no hacer nada con el dinero, pero ganarlo de forma muy respetable en la Bolsa. Y sin embargo, no puede ir nada bien si no se contrata y se produce, y para las dos cosas hay que gastar y pedir prestado en ese bunker.

Si nos ponemos a divagar sobre soluciones, resulta que al final unos sindicatos y unos diputados deciden que se les ha ocurrido un Plan de Empleo que creen que va a salir muy bien en unos años. Lo normal es que antes de ese plazo cambien esa ley o ese plan y quieran hacer otro, no sin privarse de jornada festiva adornada de huelga. Y para que no se note, gastan otro poco más en otro plan.

Eso es la clase de solución que nos ofrecen, con una inversión tremenda que rendiría más al pensionista y sus familiares, la verdad.

Hoy por hoy se cuestiona el sentido de las normas jurídicas en relación al bien común de la sociedad, porque también se cuestiona la justicia dependiente de la moral de quienes nos rodean. Es justo pagar impuestos, pero sólo si los pagasen todos.

Las piezas separadas que reparten la conexidad de las redes políticas de corrupción harían las delicias de la prensa en un país libre. Aquí, pese a que el Tribunal Constitucional dice que los juicios mediáticos paralelos vician el enjuiciamiento, los funcionarios preocupados únicamente por su carrera cuidan de que los periodistas digan y hagan lo que les parezca mientras se abstengan de mentarles a ellos.

El Parlamento no asume ser el foro para dilucidar estas cosas. Si acaso, por los pasillos. Ningún responsable orador se explica más que con acusadores discursos y dolientes balbuceos desde el principio de sus legislaturas.

"Aunque cada semana se van conociendo nuevas noticias sobre actuaciones relacionadas con la corrupción, el Gobierno y el Grupo Popular siguen rechazando la celebración de las comparecencias parlamentarias del Presidente, cuya petición ha venido reiterando el Grupo Parlamentario Socialista", dice quien debiera rebatir las acusaciones propias con mejores tesis que Bárcenas cuando el pueblo sabe ya, y no sólo sospecha, que circulan ya bastantes datos de la ‘caja b’ de los grandes partidos.

El Gran Capitán hizo también unas cuentas en diferido bastante parcas, pero compareció cuando se las pidieron. Y ahora no están pidiendo las cuentas, se están pidiendo los fondos los que conocen las cuentas.

La guadaña del expolio decapita a los que no se agachan ante el abuso. Para los que se han vendido mejor, la tranquilidad de estar reflexionando con humildad, dicen.

Mediante reforma de la legislación procesal penal, ya están los aforados ampliando su fuero con su interpretación privilegiada del artículo 24 de la Constitución. Es el que da derecho al acusado a "un proceso público con todas las garantías" que, para ellos dispone de todas las debidas dilaciones, las debidas garantías y alguna más. Pero para ellos ya no es público, porque lo que fue garantía para los detenidos por la fuerza ciega de la autoridad ahora es molestia para ellos.

Los investigados por denuncia anónima o apócrifa no gozamos de los beneficios del derecho a que nuestro proceso sea público. Ni tan siquiera que nos lo sea comunicado sin dilaciones indebidas ni cuando se han superado los plazos máximos para las medidas cautelares que más de una vez limitaron las leyes, los tribunales y, en concreto, también el Constitucional. No importa que cambien el plazo máximo de una medida, lo renuevan con cada reforma y lo dotan de retroactividad contra el reo.

Así que tendremos que enterarnos de cómo va el despojo leyendo el B.O.E., que es muy enriquecedor.

La chapuza de la Administración Pública es fruto del mangoneo de patanes, evasores del fruto del cobro indebido y dispensados de cumplir las leyes durante décadas en las que se jactaron de poder hacerlo porque otros lo habían hecho antes.

Las versiones de los hechos relacionados con la corrupción ni siquiera coinciden entre ellas. La independencia judicial elevada al rango de licencia literaria.

Y con su disciplente cortesía, cada portador de puñetas transcribe en sus actas que los acusados confiesan ser inocentes. Para que luego sus superiores lo corroboren.

Unos y otros que ahora se hacen el despistado y dicen que sí, que los demás deberían devolver el dinero y así el delito habrá sido agua pasada. ¿No eran los jueces y los policías los responsables de recuperar botines y devolver todo lo posible a todos los perjudicados?.

No, los guardianes del poder son los responsables electos. La Ley y sus rituales son decisión legislativa, y pueden cambiar de opinión en el ejercicio de sus funciones. La Ley es para todos, sobreentendido que todos los que no son ellos.

Cada mañana el autómata del eterno caciquismo se reafirma en su jactancia del abuso, por ambicionar el logro antipolítico de hacernos agachar la cabeza.

Planificar lejos del público el desarrollo de los negocios, y guardarlos de la pujanza de advenedizos. Entre risas de gallinero, lo peor de cada familia de cada una de las peores familias que han arrebatado por generaciones hasta la esperanza de verles pagar algún día.

Pasándose por el forro el artículo 9 de la Constitución, los poderes públicos no facilitan la participación de todos los ciudadanos en la vida política o económica. La seguridad jurídica apenas sobrevive al gran margen de arbitrariedad de los servidores públicos, que sirven a la causa suprema de la jerarquía.

Arbitrariedad causada por la pervivencia de leyes que dejan en manos de funcionarios electos el libérrimo poder de decidir en base a que "las circunstancias lo aconsejen" o "se considere oportuno".

En un ayuntamiento te pueden decir que no a una licencia con las mismas explicaciones que a otro le dicen que sí. El urbanismo de alcaldes y concejales que califican terrenos y autorizan obras como un César indicaba con el pulgar en el Coliseo. Cómo al César se le permitía, ahora son las leyes que debían amparar el interés general las que miran por los que lo deciden, o por el que se les acerque con una buena oferta.

Ni "boom" del "ladrillo" ni chorradas: la actividad inmobiliaria da la impresión de impulsar la economía porque es donde aflora la mayor parte del dinero negro.

El eterno ciclo de disfraces, la perpetua prueba del laberinto prorrogada, reforzada, consensuada sin nosotros en versión incorregible y aumentada del zapaterismo que vuelve con Sánchez, el socialista incorrupto que guardaba el PSOE como brazo de santa.

No señor, el problema no era del socialismo, y si lo fuera, sigue ocurriendo con Rajoy. Es de jugar con la alternancia como si fuera su derecho manejar nuestra sociedad. Y seguir con la misma demagogia dándole significado reivindicativo, cuando es a todos ellos a los que se les puede reivindicar el respeto de los derechos. Aquí piden pan para los pobres los que tendrían que darlo.

La investidura con garfio y escalo de los nuevos integrantes de las municipalidades deja al Congreso de los Diputados la inopinada obligación de hacer algo, o al menos que lo parezca, antes de que otro se tome las competencias por su mano.

La duplicidad positiva, el planeamiento y gestión de las potestades ajenas se suma a la invasión de la red del Estado en regular y tarifar, y para nuestra calamidad, la nuevo y lo antiguo comparten la intolerable permisividad hacia lo paraestatal.

Hay que ver a cuántos hay que acabar por darles la razón.