GUZMAN1

lunes, 19 de junio de 2017

"Cada cual en su madriguera sabe más que el que viene de fuera."

Los partidos políticos europeos están sumidos en la diatriba de qué hacer respecto a la inmigración así como la llegada de refugiados y de otros que no lo son. Los resultados están siendo muy variables en el aspecto electoral.

La verdad es que las leyes de extranjería suponen un sinfín de complicaciones para los que quieren establecerse legalmente en nuestro país y en general todos los de Europa. Y suponen también enormes complicaciones para echar fuera a los que no están residiendo legalmente, con lo cual toda esta legislación es ineficaz para resolver el problema de los residentes irregulares.

Bracero es el trabajador que emigra temporalmente a otro país. Actualmente la palabra ha perdido parte de su contenido, ya que los inmigración no es solamente temporal, sino que los que establecen su residencia en otro territorio se suelen quedar, así como sus hijos, que nacen con su nueva nacionalidad.

Dos de cada tres contratos de trabajo firmados el último año en España corresponden a ciudadanos extranjeros, y esto puede ser interpretado de muchas formas pero es pura aritmética: los extranjeros ocupan los puestos de trabajo que, en otro caso, corresponderían a españoles. Si me apuran, los extracomunitarios se hacen con los puestos de trabajo de los europeos.

No me sirve ese argumento de que los extranjeros hacen lo que los locales no quieren hacer. Es falaz porque muchos desempeñarían trabajos poco gratificantes si les pagaran lo suficiente, y lo cierto es que (con el beneplácito de los sindicatos) muchos extranjeros aceptan condiciones y salarios que normalmente los nacionales rechazan. Y hay que tener en cuenta que muchos extranjeros ya no lo son, por haber adquirido la nacionalidad española.

Hoy por hoy la única política migratoria más o menos eficaz consiste en impedir la entrada de extranjeros por los puestos fronterizos que aún quedan en las lindes de la Unión Europea. Pero a la vez es incoherente que las barcazas atiborradas que llegan por mar sean recibidas por los guardacostas para acoger a los que han escogido esa peligrosa travesía. 

Las alambradas de Ceuta y Melilla son escenario de situaciones desesperadas que muchas veces se traducen en que el que persigue cruzar la frontera lo logra y pasa a ser residente irregular. Ocurre también en toda Europa, que no se pone de acuerdo en cómo afrontar el problema.

El primer ministro de Hungría, cuya cara podéis ver abajo, ha propuesto volver al telón de acero, sólo que alrededor de cada país de la Unión Europea. Se ha ganado fama gracias a sus alambradas, pero de nada sirven si los que consiguen atravesarlas son expulsados a los países vecinos en lugar de a sus territorios de origen. En algunos casos, como el de los sirios, es impensable la devolución a un país en guerra, así que todo se soluciona concediéndoles el status de refugiados.



Sobre los resultados de las murallas metálicas que no detienen a los temerarios sin nada que perder y todo que ganar si logran atravesarlas, poco más que decir que son una medida ineficaz por sí sola. Por eso desde 2015 es delito en Hungría el cruce ilegal de sus fronteras. Un inmigrante podría ir tres años a la cárcel, o cinco, si al pasar daña la valla alambrada que levantaron las autoridades húngaras en la frontera.

Regular la inmigración mediante leyes penales se antoja indignante para los defensores de la inmigración a ultranza, pero es muy interesante desde el punto de vista de un abogado. La cuestión es cuál es el castigo que se reserva a los infractores. La condena de un Juez no tiene por qué ser de prisión, sino la misma sanción que aplica la Administración: la expulsión del territorio nacional por determinado tiempo. Igual que está previsto en la legislación de extranjería puede estarlo en un Código Penal.

Las leyes administrativas de inmigración carecen casi por completo de las garantías de derechos propias del proceso penal de los países desarrollados. La Administración Pública puede expulsar a un extranjero sin más que una orden de la burocracia, y en cambio un Juez debe garantizar una serie de derechos que no son protegidos en el ámbito administrativo: no declarar, no ser detenido de forma arbitraria, etc. Y sobre todo, poder alegar circunstancias atenuantes o eximentes como el estado de necesidad. Por economía de medios los procesos de expulsión administrativos carecen de todas estas garantías.

El "efecto llamada" de una Europa que da la bienvenida a unos pocos provoca que los demás extranjeros reclamen también su derecho a emigrar. Maxime cuando la acogida incluye una paga y un techo, como ocurre con los refugiados políticos.

La mayor parte de los inmigrantes (hasta ahora) entraban legalmente con algún tipo de visado o triquiñuela, sin arriesgar la vida. Venían en avión y una vez aquí regularizaban su situación de la forma que las legislaciones les brindaban.

La respuesta legal ha sido más o menos tolerante, exigente sólo sobre el papel, y ha permitido la regularización de los "ilegales" a la larga. Bien es cierto que en países de baja natalidad como el nuestro, la llegada de mano de obra extranjera compensa el desequilibrio demográfico. Además los extranjeros consumen, cotizan, pagan impuestos y algunos emprenden negocios, lo que es un estímulo para la economía.

Son los que nos tienen que pagar la jubilación, y sus críos son compatriotas, así que mejor sería tratarlos amablemente, no sea que se vuelvan a sus países con el dinero ganado o la pensión.

Al revés que yo, la mayoría no ven con tanto optimismo el creciente aumento de la llegada de inmigrantes, ya que, como he dicho antes, hay diversos motivos para la preocupación.

En toda Europa están surgiendo partidos políticos motivados por la alarma ante la situación descrita. La crisis de los llamados refugiados sirios y libios es actualmente el desencadenante de una gran tensión social en los países de la Unión más expuestos.

Nuestros vecinos franceses, por ejemplo, tienen a Marine Le Pen comandando el Frente Nacional, partido decididamente contrario a toda inmigración, y más si es ilegal. La Eurocámara le retiró la inmunidad parlamentaria para ser investigada en Francia por «incitación al odio racial». Los eurodiputados han querido distanciarse de la extrema derecha, incluido (y especialmente) el Partido Popular Europeo, que teme que les quiten votos.

En las elecciones presidenciales el FN quedó en segundo puesto, vencido por un acuerdo entre las fuerzas políticas tradicionales y el partido de Macron que aglutina a muchos votantes defraudados. Las últimas elecciones legislativas han acabado de arrinconar a un partido considerado antisistema.

El Frente Nacional, al igual que otros países de la Unión Europea, propone que sean los gobiernos nacionales los que controlen sus fronteras. Esto implica salir del Tratado de Schengen, que es el que suprimió los controles fronterizos dentro del territorio formado por la mayoría de países de la Unión.

Le Pen ha propuesto una "ciudadanía por puntos" similar al carné de conducir, para retirársela a los inmigrantes que cometan delitos. Después hablaré sobre inmigración y delincuencia, pero hasta aquí no hay una gran diferencia con las leyes de extranjeria que exigen un comportamiento honrado a la hora de conceder o renovar el permiso de residencia.



La frase laissez faire, laissez passer, le monde va de lui même es una expresión francesa que significa «dejen hacer, dejen pasar, el mundo va solo», refiriéndose a una completa libertad en la economía: libre mercado, bajos impuestos y mínima intervención de los gobiernos.

Con esta frase se quiere limitar la intervención del Estado, para asegurar la libertad económica, política y social. La idea de evitar injerencias de los estados en favor de los egoísmos individuales no sólo repercutiría en beneficio de la economía sino de toda la sociedad. Las reglamentciones sociales, desde este punto de vista, resultan indeseables porque todo estaría autorregulado en manos privadas.

La libertad de emigrar es un derecho individual que solamente niegan ciertos regímenes autoritarios. En cambio, es potestad del Estado receptor el limitar la entrada de nuevos habitantes para que no saturen la propia capacidad de las infraestructuras y de los servicios públicos.

Actualmente los liberales no tienen una única postura ante la inmigración, y los hay que piensan que hay que restringirla mientras que otros son partidarios de abrir las fronteras.

La gran mayoría de los libertarios son de esta última opinión. No les preocupa la inmigración masiva porque implicaría una gran carga para los contribuyentes y el colapso de los servicios sociales, todo lo cual contribuiría al desmantelamiento del intrusivo Estado del Bienestar.

Los partidarios de limitar la inmigración valoran también la potestad de los habitantes de un territorio a la hora de admitir o rechazar la entrada de extranjeros mediante algún mecanismo de selección. Como son contrarios al exceso de atribuciones del Estado y de la misma existencia de propiedades públicas, piensan que que si toda la propiedad fuera privada los individuos no podrían entrar en suelo ajeno sin el consentimiento del propietario.

El argumento de que los inmigrantes traen crimen y violencia debe ser rechazado, puesto que no hay motivos para presuponer culpabilidad en quien solicita residir en otro país, y a su vez no se puede presuponer que alguien sin antecedentes nunca cometerá alguna infracción o delito. La única manera de impedir la criminalidad es la vigilancia y, si esto falla, el castigo de los infractores.

La mayoría de los libertarios opina que la libre inmigración aporta a una sociedad más gente para comerciar y para trabajar. No creen que los inmigrantes quiten trabajo y, en cuanto a los subsidios estatales, el problema entonces no es de la inmigración, sino de que existan estos subsidios.

Por tanto, hay muchos que por una razón u otra, critican la legislación vigente y el régimen de extranjería. Por ejemplo, no tiene razón de ser que a los refugiados políticos se les otorgue permiso para residir y no para trabajar, y que para subsistir se les conceda una paga que a los de aquí también nos vendría bien.

La inmigración no debe suponer ni discriminación ni privilegios. El "laissez faire" es una norma de pasividad contraria a la injerencia del Estado, y es la única manera de que exista libertad e igualdad para todos a la hora de afrontar la convivencia.

El país de inmigrantes que fue la nación norteamericana se creó gracias, entre otras causas, a la libertad de dejar su tierra del liberalismo europeo, que creció y se hizo fuerte en los U.S.A. Uno de los que emigró fue el abuelo de Donald Trump.




Una de las promesas de Donald Trump es expulsar, o deportar, a los extranjeros con antecedentes penales. Se calcula que hay un par de millones de extranjeros en esa situación, que es más o menos el mismo número de los expulsados durante el gobierno de Obama.

Trump, además, propone mayores restricciones a la admisión de inmigrantes, dependiendo del país del que procedan. Los medios y sus detractores le han llegado a tildar de racista y antisemita, y eso que una hija suya se convirtió al judaísmo y se casó con un judío sin impedimentos de su padre. Otra cosa sería que se hubiese convertido al Islam.

Nadie duda de que no nos beneficia acoger delincuentes, y teniendo en cuenta que hoy se criminaliza también el islamismo, dado el gran temor despertado por el terrorismo. No se trata de una fobia irracional, sino la constatación de que los ciudadanos procedentes de países de mayoría musulmana tienen a veces tradiciones incompatibles con nuestras normas de convivencia.

Muchas veces no sabemos quiénes son nuestros vecinos, o lo que sabemos nos disgusta.


Se considera inmigración irregular al movimiento migratorio de personas a través de las fronteras sin atender los requerimientos legales del país de destino. Se trata de extranjeros indocumentados, en muchos casos, cuya verdadera identidad es imposible de conocer, así como si se trata de personas con antecedentes penales o que ya hayan sido expulsadas previamente.

Es imposible saber quiénes son realmente, y mucho mas difícil saber como piensan, así que muchos piensan que es mejor curarse en salud y vetar la llegada de musulmanes por lo que pueda pasar. Y no sólo de musulmanes, sino de cualquier país potencialmente hostil. No importa que los que salen de allí lo hagan por rechazo a sus gobiernos y su simpatía por nuestra sociedad.


Geert Wilders está en la misma línea de Trump y de muchos líderes de toda Europa. Este político holandés de ideología conservadora-liberal, es líder del Partido por la Libertad. Entre sus ideas están la de prohibir el Corán, deportar a los fundamentalistas islámicos, prohibir el uso del burka y cerrar las escuelas islámicas. Quedaron segundos en las últimas elecciones, derrotados por una alianza contra ellos, como en Francia.

Recientemente, el político holandés ha sido declarado culpable de incitar a la discriminación, pero la misma sentencia le absolvió del cargo de incitación al odio. La justicia neerlandesa dictó una resolución ridícula e inútil, en la que Wilders no fue condenado a pagar la multa de 5.000 euros solicitada por la acusación sino sólo al antedicho reproche verbal.



Antes que nada, estos enemigos de la libre inmigración valoran y presuponen que nuestra sociedad desea ser culturalmente homogénea. No es totalmente cierto, ya que por mucho que haya una mayoría hegemónica, en Europa las minorías son toleradas, y no como en lugares donde las creencias están generalmente impuestas.

En España la contradictoria política de negar los papeles pero sin expulsión del inmigrante irregular se ha traducido en una inevitable convivencia con personas que no siempre pueden o quieren integrarse. Preguntemos eso en Ceuta o Melilla, invadidas periódicamente por los ilegales que entran por la fuerza.


Las posiciones sobre cómo afrontar el asunto difieren según cada Ayuntamiento y cada grupo político. El partido VOX se ha apuntado al descontento por la mala política de inmigración, tomando un giro "identitario" ya que abandonó las posiciones liberales que nos prometían recién fundados.

La izquierda es por lo general partidaria del "papeles para todos" y del "wellcome refugees", por lo cual el país de acogida casi no pone cortapisas a la llegada de nuevos candidatos a ciudadano. El incompetente Rajoy no parece colaborar gustoso con la política comunitaria de acogida obligatoria de refugiados, pero da lo mismo porque aquí si alguien se cuela lo acaban regularizando. Muchos acaban mendigando o recogiendo chatarra y papel por las calles.

Lo único que desincentivará la llegada de más y más inmigrantes es que reviente el sistema por saturación: el mercado de trabajo, la seguridad social, y la seguridad ciudadana. Cuando estemos igualados con el Tercer Mundo venir aquí ya no tendrá razón de ser.


Como respuesta a nuestra legislación, muchos países en vías de desarrollo están creando su propia política antimigratoria para el caso de que los extranjeros quieran instalarse allí. La reciprocidad es lo que manda en las relaciones internacionales, así que tal y como nuestros gobiernos traten a los extranjeros, seremos tratados por ellos si hay que emigrar.

Las alambradas que se instalan en esta Europa caótica ni impiden el paso a quien se atreva a cortarlas o deslizarse entre ellas, y podría ser que dentro de poco nos impidan salir de este continente porque ningún otro país nos acepte.