"Juicio contra hecho hace lo tuerto derecho".

Probablemente hayáis oído repetir, hace un tiempo, cierto chiste o cantinela televisiva acerca de un tipo al que "todo el mundo le copia". Hablaban de mí, y aún siguen pendientes de cada cosa que diga o haga. Si hay alguien a quien le interese, son muchas las razones que me asisten para reclamar responsabilidad al Estado español, y mucho el importe que me deben por su anormal funcionamiento. Ya he dicho en otras entradas que el anormal funcionamiento de las instituciones en realidad es cosa normal, o así lo consideran los funcionarios encargados de corregir estos desmanes. Responsabilidad del Estado es la obligación de los entes públicos de reparar los daños causados por el hecho ilícito realizado en su nombre. La responsabilidad del Estado se basa en el principio de que todo daño causado ilícitamente por la Administración debe ser reparado de buena fe. Suponer esta "bona fides" a las instancias administrativas y judiciales es mucho suponer, en España. En base al principio de igualdad ante las cargas públicas, nadie está obligado a soportar más exacciones o perjuicios de parte del Estado que aquellos que la ley expresamente señala como obligatorios o lícitos. Nadie, pero yo he tenido que soportar larguísimos años de mi vida una intromisión en mi vida privada y el plagio de cualquier idea de las muchas que se me han ocurrido para ganarme la vida. A pesar de que ninguna Ley permite lo que la Justicia española se ha permitido, he sido sometido a escuchas telefónicas, robo de bocetos y proyectos de propiedad industrial y la acusación permanente como excusa para ello. En teoría las medidas cautelares a las que he sido sometido no deberían durar legalmente más de dos años, pero como digo, los jueces del Juzgado Central de Instrucción número Cinco siguen fingiendo que hacen cumplir la Ley y han mantenido el acoso y todo tipo de abusos ilegales durante lustros. Es un principio general de Derecho público que el Estado debe reparar todos los daños ilegítimos que cause a los ciudadanos, pero los daños provocados por la Administración del Estado deben ser reconocidos en vía judicial, que en España no se distingue del resto de las administraciones en su obediencia jerárquica al Ejecutivo. El "funcionamiento anormal de los servicios públicos", es la base de cualquier reclamación por la actividad administrativa. El Estado debe responder de todo daño, incluso de aquellos provocados por su actividad "normal". Como digo, lo normal es que la cosa pública funciones mal, y por eso la actitud ante cualquier reclamación es obstruirla y dificultarla. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas españolas está regulada en el artículo 139 y siguientes de la Ley 30/1992 de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. Esta ley establece que: Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. El daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas. Aunque el Estado debería responder de todo daño generado en la prestación del servicio público, la jurisprudencia ha limitado la responsabilidad prácticamente a los supuestos de funcionamiento anormal. El Real Decreto núm. 429/1993, de 26 de marzo, regula el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad. Los artificios y obstáculos que han organizado para impedirme ejercer mis derechos y personarme en las causas donde obran las pruebas de todos esos delitos siguen activos. Como he dicho en otras entradas, soy acusado y postergado para impedirme ser acusador. Cada juez o magistrado que me he encontrado ha cumplido su deber de ocultármelo, dentro y fuera de su horario de trabajo, y saludos a la familia. Bien tramada su encerrona, aunque por no haber quedado atrapado en su trampa, ellos mismos hayan debido improvisar de forma aún más impresentable de lo que planearon. Interés público y otras moralejas sustituyen a la Ley como norma rectora de funcionarios de Justicia obedientes ante todo lo que dependa de arriba. Querrán cruces al mérito para poder ir con la cabeza alta tras defraudar repetida y flagrantemente principios jurídicos y procesales elementales con el objeto de burlar las leyes materiales. La condecoración que merecen se la darán cuando la sentencia que les exijan les impida el ascenso por indignidad profesional. Que no hay delito, que sí lo hay, que no hay castigo excepto del que proteste. Que dan asco cuando sonríen y se felicitan de lo bien que les ha salido. Ahí donde los colaboradores del sistema judicial descubren sus artificios jurídicos y financieros, usaron sus influencias y el soborno con la Prensa. Tradicionalmente, ya estaba inventado fabricar noticias y vender versiones, así que no fue nada nuevo explorar en el mundo del inconsciente colectivo para encontrar el efectismo en la violencia real. Y a vender la exclusiva, la película o la obra de teatro, que pagan. Hay un refrán de pintores, que dice que "a mal cristo, mucha sangre", y en el caso que han montado alrededor de mí, se podrían llenar cisternas. La sangre, que hace sentirse poderoso al último frustrado por el que nadie se cambiaría. Unos trabajan para un periódico, otros para una cadena, otros se alquilan por horas para hacer el papagayo en tal o cual programa. Unos son funcionarios del Estado y otros autonómicos, y algunos dicen ser independientes de ambos pero no se les nota. Como no todo se puede hacer con técnica jurídica, sino que siempre se hizo mediante dádiva, recompensa o promesa, entraron en juego nuevos emprendedores capaces de mercantilizar todo tipo de actividades. Beneficiarios del anormal funcionamiento de la Justicia, por decir poco, me usan de falso culpable para expiar los delitos permitidos a los verdaderos. Culpable de denunciar sus acciones tanto como sus omisiones, y de darme cada día mejores razones para mostrar su calaña. La fuerza que ejercen otros contra muchos, también me la quieren atribuir, y nadie habla más de la cuenta por interés, obligación profesional o instinto imitativo. La mayoría aceptáis, disgustados o sonrientes, las evasivas y argucias paralelas de las autoridades para arramplar con lo que puedan. Haciendo como si su astilla fuese asunto de Estado, cada uno toma el relevo del otro en la ronda de demostraciones de fuerza ejecutadas para pausar o agilizar el reparto del peculio que oculta la tapadera de una falsa acusación de terrorismo. Los culpables no cobran su recompensa, excepto las que reparte la Justicia española entre los que se han beneficiado de diversos abusos en la tramitación de los sumarios. Los fondos retenidos con la excusa de falsas acusaciones gestionadas por la Audiencia Nacional y otras jurisdicciones son el motivo de los políticos para no parecer culpables ni sospechosamente neutrales. No pueden decir que no tienen nada que ver porque entonces no podrían reclamar ninguna cantidad de los Juzgados que deben proceder a la inevitable liquidación de derechos y responsabilidades. La propiedad industrial es, en el más propio sentido de la palabra, una propiedad creada por la mente del inventor, no de plagiarios que no pueden alegar en su favor ningún tipo de buena fe y ni tan siquiera una conducta de apariencia lícita. Los demás espontáneos, tampoco, pero parece que todo quisqui  merece participación en los beneficios de sus respectivos delitos, excepto el que suscribe que hizo lo que la Justicia le hizo hacer. Que, por cierto, siempre será mucho menos de lo que les permite a otros. Con respecto a la Responsabilidad del poder judicial, la Ley Orgánica del Poder Judicial establece en su artículo 292 que: Los daños causados en cualesquiera bienes o derechos por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia darán a todos los perjudicados derecho a una indemnización a cargo del Estado, salvo en los casos de fuerza mayor, de conformidad con lo que dispone. Mi única salida es y ha sido desentenderme y dejar de colaborar con la puta mierda de Justicia que ha parido este país dirigido por ladrones. No es que esta alternativa funcione demasiado bien, pero escribir este blog me permite denunciar la falsedad de este Régimen, como a su vez hacen otros sin tener razones tan personales. Y además no hacer nada también surte sus efectos, dada la naturaleza del asunto. ¿Qué resultados obtendré? No lo sé, pero algo debo hacer para contrarrestar el empeño de los perros que desde sus escaños o sus juzgados me han hecho la vida imposible. Napoleón dijo que "Lo imposible es el fantasma de los tímidos y el refugio de los cobardes."