EL TAXI PARA QUIEN LO TRABAJA.

Tras la tregua vacacional de agosto, los taxistas se reúnen por fin con el Ministerio de Fomento para tratar de la competencia que les hacen los conductores de Uber y Cabify. No se repetirán los paros ni bloquearán las calles para perjudicar al mayor número de ciudadanos y así todos deseemos que atiendan por fin sus reivindicaciones.

El Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales preceptúa en su artículo 13 que las licencias concernientes al ejercicio de actividades sobre bienes de dominio público serán o no transmisibles, según se prevea reglamentariamente o, en su defecto, al otorgarlas. Este artículo dice claramente que "No serán transmisibles las licencias cuando el número de las otorgables fuere limitado."

En un país donde la autoridad hace caso omiso de la legislación que debe aplicar, los Ayuntamientos han creado una reglamentación muy diferente de la legal para el sector del taxi. Cuando se permite la transmisión de licencias que se otorgan en número limitado, se favorece la aparición de un mercado monopolístico en el que se especula con las autorizaciones para ejercer un servicio público.

En teoría, para obtener una licencia no habría más que solicitarla, demostrando cumplir los requisitos, y pagar la tasa correspondiente al organismo público competente. Sin embargo, el actual sistema permite a los titulares de licencias venderlas al precio que fijan a su conveniencia para luego subcontratar a quienes realmente desempeñan el oficio.

El Real Decreto 763/1979, por el que se aprueba el Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos e Interurbanos de Transportes en Automóviles Ligeros, dice claramente en su artículo 14 que "LAS LICENCIAS SERAN INTRANSMISIBLES", pero establece excepciones para los herederos, el conductor asalariado y las personas jurídicas titulares. Y estas excepciones, con la permisividad de la administración local, son las que permiten la compraventa irregular de licencias.

La normativa estatal está constituída por el Reglamento nacional del taxi, y el mencionado Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos e Interurbanos de Transportes en Automóviles Ligeros, ambos de 16 de marzo de 1979.

El propio Reglamento nacional del taxi establece que "Sin contradecir las normas, de este Reglamento, las Entidades locales podrán aprobar la Ordenanza reguladora de este servicio al público". Por tanto, la reglamentación nacional podrá ser complementada, pero no alterada, por las ordenanzas de cada municipio. Queda descartada la competencia autonómica, lo que no ha impedido a algunas Comunidades legislar sobre esta materia.

El Reglamento del taxi previene peculiaridades para el servicio en aeropuertos, puertos y estaciones ferroviarias. También permite a los Ayuntamientos determinar el número máximo de licencias de auto-taxi en función del número de habitantes u otros parámetros objetivos, lo que corrobora que se trata de licencias de concesión limitada, que con carácter general no deberían ser transmisibles.

Las tarifas del taxi se fijan por los Ayuntamientos, una vez escuchadas las asociaciones profesionales de taxistas y las de los consumidores y usuarios. Los auto-taxis deberán ir provistos de un aparato taxímetro debidamente comprobado y precintado. Además, los taxistas tienen una serie de obligaciones respecto al permiso de conducir, adecuación del vehículo y trato con el cliente.

Por si el sector no tuviera ya bastante problemática, las Administraciones Públicas lo han complicado más aún con la concesión de licencias VTC, pensadas para conductores profesionales que conducen vehículos con licencia de transporte de pasajeros. No son licencias de taxi, sino de alquiler de vehículos con conductor. Un fraude de Ley como la copa de un pino, esto es, eludir la norma aplicable acogiéndose a otra. Así lo ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha dictaminado que Uber es una empresa de transporte y no meramente una plataforma digital de intermediación, por lo que está obligado a obtener las licencias exigidas por la legislación nacional.

La aparición de plataformas como UBER y CABIFY se considera una innovación propia de las nuevas tecnologías. Sin embargo, aparte de contratarse telemáticamente, no constituyen ninguna novedad. El Reglamento Nacional de 1979 ya preveía que, además de los "AUTO-TAXIS" (VEHICULOS QUE PRESTAN SERVICIOS MEDIDOS POR CONTADOR TAXIMETRO), existiera la modalidad de los "AUTO-TURISMOS" (VEHICULOS QUE PRESTAN SERVICIOS DENTRO O FUERA DE LOS NUCLEOS URBANOS, SIN CONTADOR TAXIMETRO).

O sea, que los conductores de estas aplicaciones ya tenían un marco legal que, como el resto de reglamentos, no se ha cumplido. Ahora el gobierno Sánchez ha querido sortear el desbarajuste proponiendo a las Autonomías solucionar el problema. Las Comunidades han rehusado recoger la patata caliente, aunque Fomento insiste en traspasarles esta materia, que nunca ha sido competencia suya.

El problema antedicho no es de ámbito autonómico ni local, sino nacional e incluso diría que internacional, ya que no ocurre solamente en nuesto país. Y no se solucionará sólo, sino que con los VTC va a agravarse, ya que lo que quieren estos nuevos taxistas es un monopolio igual que el que tienen los anteriores. Eso no ocurriría con un reparto equitativo de licencias, con y sin taxímetro.

El Ejecutivo pretende mediante un real decreto-ley facultar a las comunidades autónomas para que puedan regular la actividad de los VTC, cuya actividad intermedian plataformas como Uber o Cabify, con una modificación de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres (LOTT).

Si no se hace nada, el ministro de Fomento ha pronosticado que en las grandes ciudades la proporción entre los vehículos de alquiler con conductor (VTC) y el taxi en las calles se va a reducir a un VTC por cada dos taxis en un futuro muy cercano.

El ministro, José Luis Ábalos, adelantó el pasado jueves en el Congreso que antes convocará nuevamente a los sectores del taxi y de las VTC para "tratar de alcanzar un acuerdo". Lo que tiene que hacer es atreverse con los cuatro mafiosos que acaparan ilegalmente las licencias, y dejar que los conductores de taxi y de VTC sean profesionales de su propio negocio, que conozcan la ciudad y el oficio y puedan llevarnos de un sitio a otro rápida y cómodamente.