No van a trasladar los despojos de José Antonio Primo de Rivera ni a derribar el conjunto monumental del Valle de los Caídos, como querían muchos de esos pobres diablos que se satisfacen con estas chorradas, y con el dinero de todos.
La Ley de Memoria Histórica, a partir de su artículo 15, obliga a TODAS las Administraciones públicas, a la "retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura".
Este es un artículo que requiere especial interpretación en la que cualquier juicio de valor es posible. Se deben retirar, o derribar, exclusivamente los monumentos de "exaltación" del Régimen precursor del actual.
Si son monumentos "neutrales" no les afecta la Ley, que se expresa en los siguientes términos: "Lo previsto en el apartado anterior no será de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley".
La Ley sigue diciendo que "El Gobierno colaborará con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales en la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura a los efectos previstos en el apartado anterior." Como es costumbre en España, ni se ha hecho ese catálogo de monumentos, ni se han derribado muchos de ellos, ni se han respetado otros conforme dice la Ley.
Es inútil querer distinguir entre franquistas buenos y franquistas malos, lo que ocurre actualmente es que cambian el nombre a la calle dedicada a alguien simplemente por haber sido Ministro de Obras Públicas durante la dictadura. No importa la opinión de los vecinos de esa calle, que son los que sufrirán los contratiempos del cambio. No se discute realmente por eso en los plenos de los Ayuntamientos, ni está previsto que una institución pública pueda no aprobar el estudio técnico, el derribo o la obra que sea, aunque sea por no poder afrontar el gasto correspondiente. Como tampoco está previsto que alguien pueda estar en desacuerdo con desenterrar a un familiar, aunque sea para enterrarlo en otro sitio.
Pese a que no exalta a ninguno de los bandos contendientes y a que tiene su valor arquitectónico y artístico-religioso, el Valle de los Caídos aparece detalladamente regulado en la Ley, que establece que "se regirá estrictamente por las normas aplicables con carácter general a los lugares de culto y a los cementerios públicos. En ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo".
El conjunto pertenece a Patrimonio Nacional desde su apertura al público en 1959. Desde 1990 el número de visitantes oscila entre los 150.000 y los 500.000 al año. Proporciona al Estado un promedio de dos millones de euros anuales. La Disposición adicional sexta regula también este monumento nacional. "La fundación gestora del Valle de los Caídos incluirá entre sus objetivos honrar y rehabilitar la memoria de todas las personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil de 1936-1939 y de la represión política que la siguió con objeto de profundizar en el conocimiento de este período histórico y de los valores constitucionales". Así la Ley quiere fomentar "las aspiraciones de reconciliación y convivencia que hay en nuestra sociedad."
Malamente lo van a conseguir quitando la gran cruz que preside el conjunto monumental, y que es propia de un cementerio, como dispone la Ley. Por mucho que el franquismo abanderase el llamado "nacionalcatolicismo", las cruces nunca han sido un símbolo político sino una expresión de la cultura mayoritaria.
Lo cierto es que algún día habrá que derribar la cruz, que es de hormigón armado que se deteriora con el tiempo, cosa que alegrará a estos neofranquistas de izquierdas y su pose de echar abajo todo lo construído en la época censurada por la Memoria Histórica. Está considerada como la cruz cristiana más alta del mundo, visible a más de 40 kilómetros de distancia.
Malamente lo van a conseguir quitando la gran cruz que preside el conjunto monumental, y que es propia de un cementerio, como dispone la Ley. Por mucho que el franquismo abanderase el llamado "nacionalcatolicismo", las cruces nunca han sido un símbolo político sino una expresión de la cultura mayoritaria.
Lo cierto es que algún día habrá que derribar la cruz, que es de hormigón armado que se deteriora con el tiempo, cosa que alegrará a estos neofranquistas de izquierdas y su pose de echar abajo todo lo construído en la época censurada por la Memoria Histórica. Está considerada como la cruz cristiana más alta del mundo, visible a más de 40 kilómetros de distancia.
Por puro hablar por hablar, el artículo 17 dice que: "El Gobierno, en colaboración con las demás Administraciones públicas confeccionará un censo de edificaciones y obras realizadas por miembros de los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores, así como por prisioneros en campos de concentración, Batallones de Trabajadores y prisioneros en Colonias Penitenciarias Militarizadas." Lo que no dice la Ley es para qué debe servir ese censo de edificios y obras, ni si se ha hecho ya.
Una muestra de lo banal de esta legislación es que nada se dice de los restos mortales del General Franco, que el actual gobierno insiste en que hay que trasladar en breve sin que se sepa a dónde. Podrían ser trasladados al Palacio de El Pardo, donde descansa eternamente la viuda, pero es patrimonio público y no se le quiere allí. La sepultura en el Pazo de Meirás, en manos de la "Fundación Francisco Franco", tampoco es idónea ya que fue declarado Bien de Interés Cultural en el año 2008, y ello obliga a tener que abrir al público el inmueble al menos cuatro días al mes, tal y como dicta la ley. La Xunta ha multado a la familia Franco por incumplir el régimen de visitas al pazo, y si el difunto es finalmente trasladado allí, probablemente les volverán a multar por permitir que eventuales visitantes se reúnan allí para rendirle homenaje.
El Valle de los Caídos alberga los restos de excombatientes de ambos bandos fallecidos durante la Guerra Civil, condición que no tiene Franco, por lo que según el actual gobierno no debería estar allí. Lo más chocante de todo es que Franco no fue enterrado en el Valle de los Caídos por propia voluntad, sino que fue por decisión política de las autoridades postfranquistas. El entierro definitivo, si es que lo hay, depende más de las actuales autoridades que de la familia del ex-dictador, dando buena muestra de lo poco que han cambiado las cosas en un país que oculta sus esencias para guardar las apariencias.
