La Constitución define en su artículo 122 la forma de gobierno del Poder Judicial, que en todo lo demás viene regulado por la ley orgánica del poder judicial, la cual determina la organización de la Administración de Justicia.
El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo y también la ley orgánica establece "su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario."
Según el párrafo tercero del citado artículo 122 CE, "El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión."
Como puede verse, los jueces no eligen a los representantes del Poder Judicial, sino que lo hacen las Cortes o, lo que es lo mismo, los partidos políticos mayoritarios. Por eso PSOE y PP han pactado la nueva composición del CGPJ y han puesto allí a sus juristas de confianza.
Ciudadanos se ha desmarcado del cambalache de nombramientos, mostrándose a favor de que sean los jueces quienes voten los cargos del Consejo.
Podemos, en cambio, no ha querido quedarse fuera de los manejos, intentando colar en el CGPJ a una ex-diputada de su cuerda y juez en ejercicio, Victoria Rossell, que tiene tres expedientes disciplinarios pendientes de resolverse. No lo han conseguido porque el PP y el PSOE ya tenían decidido y controlado el reparto de cargos.
El Consejo General del Poder Judicial alberga un falso debate entre jueces progresistas y jueces conservadores, como si una sentencia pueda ser más justa en función de criterios distintos del de la Ley.
En realidad no se trata de un debate ni jurídico ni político, sino de adjudicarse cuotas de poder entre los dos bloques del bipartidismo. El portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, ya ha dicho que, con el enjuague de cargos en el CGPJ, "controlaremos la Sala Segunda desde detrás". O sea, que van directos a favorecer sus intereses en las causas penales tramitadas por el Tribunal Supremo. Algo parecido debe buscar el PSOE.
El subrepticio reparto de vocales no gusta a muchos jueces, pero tampoco éstos pueden alzarse contra el actual control político de sus órganos de gobierno. Pese a todo, unos 3.000 jueces y fiscales han salido a protestar en demanda de medidas que garanticen la independencia judicial, incrementen los medios personales y materiales de la Administración de Justicia y aseguren unas condiciones de trabajo adecuadas, con cargas de trabajo y retribuciones dignas.
Todas las asociaciones de jueces y de fiscales, siete en total, están unidas en estas reivindicaciones en las que hasta hace pocos meses participaba con entusiasmo la actual ministra de Justicia, Dolores Delgado, perteneciente a la carrera fiscal. "No sabemos dónde esta la ministra", indicaba la magistrada decana de Madrid.
Tras conocerse el acuerdo entre el PP y PSOE para renovar el gobierno de los jueces, el actual presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena ha renunciado a presidir ni el Tribunal Supremo ni el Consejo General del Poder Judicial. El primer beneficiado por la designación de cargos ha reivindicado así su independencia a través de un comunicado.
Los portavoces de las asociaciones judiciales consideran que la decisión de Marchena le honra, porque todo esto manchaba su nombre, y que la intromisión de la política en el Poder Judicial ha llegado a un punto que roza lo delictivo.
Nada más conocerse esta renuncia, Pablo Casado suspendió el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial y culpó al Gobierno de la crisis institucional, como si el PP no hubiese tomado parte en la misma. "Los mensajes de Ignacio Cosidó fueron una torpeza", reconocieron fuentes de Génova, aunque de momento sigue siendo portavoz de la formación en el Senado.
Contradiciendo todo lo dicho en los últimos días, ahora el Partido Popular propondrá una reforma del sistema de elección y buscará el consenso parlamentario para conseguirlo. De paso, se negarán a hablar con el Gobierno en materia de Justicia hasta que Dolores Delgado sea cesada de su cargo.
De momento, la ministra de Justicia no dice nada y los responsables del acuerdo fraudulento para controlar la judicatura se echan las culpas unos a otros, omitiendo que hasta ayer todos juntos se las prometían muy felices con el chanchullo. Cosas del bipartidismo de toda la vida, que ha acabado por agotar la paciencia de unos jueces que en los últimos años han empezado a dejar de consentir los abusos de populares y socialistas y su corrupción.
En realidad no se trata de un debate ni jurídico ni político, sino de adjudicarse cuotas de poder entre los dos bloques del bipartidismo. El portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, ya ha dicho que, con el enjuague de cargos en el CGPJ, "controlaremos la Sala Segunda desde detrás". O sea, que van directos a favorecer sus intereses en las causas penales tramitadas por el Tribunal Supremo. Algo parecido debe buscar el PSOE.
El subrepticio reparto de vocales no gusta a muchos jueces, pero tampoco éstos pueden alzarse contra el actual control político de sus órganos de gobierno. Pese a todo, unos 3.000 jueces y fiscales han salido a protestar en demanda de medidas que garanticen la independencia judicial, incrementen los medios personales y materiales de la Administración de Justicia y aseguren unas condiciones de trabajo adecuadas, con cargas de trabajo y retribuciones dignas.
Todas las asociaciones de jueces y de fiscales, siete en total, están unidas en estas reivindicaciones en las que hasta hace pocos meses participaba con entusiasmo la actual ministra de Justicia, Dolores Delgado, perteneciente a la carrera fiscal. "No sabemos dónde esta la ministra", indicaba la magistrada decana de Madrid.
Tras conocerse el acuerdo entre el PP y PSOE para renovar el gobierno de los jueces, el actual presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena ha renunciado a presidir ni el Tribunal Supremo ni el Consejo General del Poder Judicial. El primer beneficiado por la designación de cargos ha reivindicado así su independencia a través de un comunicado.
Los portavoces de las asociaciones judiciales consideran que la decisión de Marchena le honra, porque todo esto manchaba su nombre, y que la intromisión de la política en el Poder Judicial ha llegado a un punto que roza lo delictivo.
Nada más conocerse esta renuncia, Pablo Casado suspendió el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial y culpó al Gobierno de la crisis institucional, como si el PP no hubiese tomado parte en la misma. "Los mensajes de Ignacio Cosidó fueron una torpeza", reconocieron fuentes de Génova, aunque de momento sigue siendo portavoz de la formación en el Senado.
Contradiciendo todo lo dicho en los últimos días, ahora el Partido Popular propondrá una reforma del sistema de elección y buscará el consenso parlamentario para conseguirlo. De paso, se negarán a hablar con el Gobierno en materia de Justicia hasta que Dolores Delgado sea cesada de su cargo.
De momento, la ministra de Justicia no dice nada y los responsables del acuerdo fraudulento para controlar la judicatura se echan las culpas unos a otros, omitiendo que hasta ayer todos juntos se las prometían muy felices con el chanchullo. Cosas del bipartidismo de toda la vida, que ha acabado por agotar la paciencia de unos jueces que en los últimos años han empezado a dejar de consentir los abusos de populares y socialistas y su corrupción.
