El President Chistorra sigue con sus arengas patrióticas para dar instrucciones a sus fieles seguidores. El éxito de una manifestación suele ser considerado mayor cuanta más gente participa, y por eso los indepes salvan sus diferencias para acudir en masa a las convocatorias. Como haría cualquier gobierno populista, las manifestaciones se organizan y coordinan con apoyo oficial. El propósito es mostrar que una parte significativa de la población está a favor de la autodeterminación y en contra de lo que diga el gobierno central, que consideran autoritario.
Estas demostraciones de fuerza quedan amparadas por el derecho de reunión reconocido en el Artículo 21 de la Constitución Española. El texto de 1978 reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesita autorización previa, pero reunirse y manifestarse en lugares de tránsito público exige comunicación previa a la autoridad, que podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.
Como muestra de tal derecho, la firma de peticiones y la asistencia a manifestaciones legales se encuentran dentro de los límites de la política democrática. Pero en otras manifestaciones se producen disturbios y violencia contra vehículos, establecimientos, peatones o policías. Huelgas ilegales, boicots y actos violentos son amenazas para toda democracia, porque quienes participan ejercen coacción contra el resto de la sociedad.
Hoy está convocada una huelga general en toda Cataluña, que a estas horas ha tenido escaso seguimiento a pesar de los cortes de calles y carreteras organizados por los CDR. La idea partió de un minoritario sindicato independentista y no está secundada por las principales centrales sindicales.
Se denominan huelgas políticas a aquellas iniciadas o sostenidas por "motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores". Este tipo de huelga es ilegal en España, y el Tribunal Constitucional avala que las leyes ordinarias puedan prohibir las huelgas políticas.
Sin embargo, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya resolvió no suspender la huelga general catalana del 8 de noviembre de 2.017, considerando que se trataba de un derecho constitucional. Este fue un gran parón tras el del 3 de octubre, que organizaron los sindicatos minoritarios en el punto álgido del proceso independentista. Sin considerar que la huelga fuera "política" por no tener motivaciones laborales, el tribunal ha dictaminado que el paro fue legal, porque "no existe prueba de que la huelga fuera convocada en fraude de ley y con una finalidad exclusivamente política".
El precedente hace pensar en nuevas huelgas con origen en la crisis independentista, pero a nuestra alta magistratura le importa poco que una huelga obedezca a una pretensión de alterar el orden constitucional, o de coaccionar la libre decisión de instituciones democráticas del Estado. Ambas finalidades son perseguidas por los indepes con ocasión del juicio a sus cabecillas, que ellos identifican con la voluntad de toda Cataluña ignorando y despreciando a los que no estamos de acuerdo con eso.
Ahora todo catalán debe aceptar los argumentos defensivos de los acusados como verdad oficial de la Generalitat. La vulneración de derechos fundamentales de más de la mitad de los catalanes está implícita en la declaración unilateral de independencia, pero sólo se habla de los derechos fundamentales de los acusados y sus adeptos, y se cuestiona la imparcialidad del tribunal al mismo tiempo que se ejercen toda clase de presiones para lograr la absolución de los responsables del referéndum fraudulento de 2017 y los hechos relacionados. La inacción del Gobierno y la evolución de su diálogo con los soberanistas hacen pensar que éstos lograrán alcanzar su objetivo en todo o en parte.
Hoy está convocada una huelga general en toda Cataluña, que a estas horas ha tenido escaso seguimiento a pesar de los cortes de calles y carreteras organizados por los CDR. La idea partió de un minoritario sindicato independentista y no está secundada por las principales centrales sindicales.
Se denominan huelgas políticas a aquellas iniciadas o sostenidas por "motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores". Este tipo de huelga es ilegal en España, y el Tribunal Constitucional avala que las leyes ordinarias puedan prohibir las huelgas políticas.
Sin embargo, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya resolvió no suspender la huelga general catalana del 8 de noviembre de 2.017, considerando que se trataba de un derecho constitucional. Este fue un gran parón tras el del 3 de octubre, que organizaron los sindicatos minoritarios en el punto álgido del proceso independentista. Sin considerar que la huelga fuera "política" por no tener motivaciones laborales, el tribunal ha dictaminado que el paro fue legal, porque "no existe prueba de que la huelga fuera convocada en fraude de ley y con una finalidad exclusivamente política".
El precedente hace pensar en nuevas huelgas con origen en la crisis independentista, pero a nuestra alta magistratura le importa poco que una huelga obedezca a una pretensión de alterar el orden constitucional, o de coaccionar la libre decisión de instituciones democráticas del Estado. Ambas finalidades son perseguidas por los indepes con ocasión del juicio a sus cabecillas, que ellos identifican con la voluntad de toda Cataluña ignorando y despreciando a los que no estamos de acuerdo con eso.
Ahora todo catalán debe aceptar los argumentos defensivos de los acusados como verdad oficial de la Generalitat. La vulneración de derechos fundamentales de más de la mitad de los catalanes está implícita en la declaración unilateral de independencia, pero sólo se habla de los derechos fundamentales de los acusados y sus adeptos, y se cuestiona la imparcialidad del tribunal al mismo tiempo que se ejercen toda clase de presiones para lograr la absolución de los responsables del referéndum fraudulento de 2017 y los hechos relacionados. La inacción del Gobierno y la evolución de su diálogo con los soberanistas hacen pensar que éstos lograrán alcanzar su objetivo en todo o en parte.
Como Rajoy, Sánchez escoge la manera de hacer las cosas que menos le complique su desahogada vida. El muy camastrón parece que no se da cuenta de la envergadura de la desobediencia que debe corregir en Cataluña. Aquí los funcionarios de las administraciones descentralizadas y la casta que las mantiene desobedecen a Madrid como si fuera una prioridad personal. Con unos evitándose complicaciones, y los otros resistiéndose a obedecer instrucciones que no provengan de la Generalidad, el escaso control del Gobierno Central sobre la situación en Cataluña ha desaparecido prácticamente.
No se quiere entrar en un pulso contra este afán levantisco, y eso es porque el débil está siendo nuestro apocado Presidente, al frente de la roncera Administración española, en general más tentada por ahorrarse conflictos que por ser útil a la sociedad.
En los países con instituciones que funcionan bien hay más tendencia a participar a través de las mismas, mientras que en los países con instituciones menos eficaces se utilizan mecanismos de participación directa tales como las protestas callejeras.
En los países con instituciones que funcionan bien hay más tendencia a participar a través de las mismas, mientras que en los países con instituciones menos eficaces se utilizan mecanismos de participación directa tales como las protestas callejeras.
Mediante una marcha en las calles, se expone públicamente la opinión de los convocantes y la adhesión de los manifestantes a esa opinión. No es que todos los que participan piensen igual, pero todos comparten la insatisfacción con el sistema político y la creencia de que estas conductas son efectivas y refuerzan un sentimiento colectivo de identidad.
Sabedores de ello, los adversarios del independentismo convocan también concentraciones a favor de la unidad de España intentando crear un estado de ánimo de pertenencia a una causa. Pero no lo lograrán porque los partidos "constitucionalistas" están divididos y no pueden entusiasmar a las muchedumbres con la esperanza de que España supere los muchos problemas que nos castigan.
El populismo, hijo del nacionalismo, moviliza a los que simplifican la realidad social, negando a las instituciones la representación del “pueblo” y apelando a las emociones identitarias. Contra los políticos que prometen decretar la solución inmediata de todos nuestros problemas no se manifiesta nadie.
