Una asociación de consumidores de cannabis es un local donde se consume y distribuye esta planta y sus derivados. Se trata de lugares donde los consumidores habituales pueden adquirir y fumar porros sin limitarse al uso terapéutico. Para ser admitido basta ser mayor de edad y contar con el aval de otro miembro.
Aunque en teoría la marihuana, hachís y concentrados que se venden allí deben ser de producción propia y exclusiva para abastecer a los miembros, lo cierto es que estos productos se adquieren a terceras personas, por lo que en realidad proceden del tráfico ilegal.
Para evitar el tráfico de cannabis por los socios, la cantidad adquirida no debe sobrepasar el límite de un consumo normal y debe ser consumida en el recinto. A la hora de la verdad, no se ejerce ningún control por los responsables de la asociación, pero los altos precios disuaden de la reventa a terceros.
Los clubes que yo conozco son establecimientos discretos donde se escucha música o se ve la televisión, y donde uno puede consumir bebidas a precio muy asequible mientras fuma un porro o un cigarrillo, ahora que está prohibido en los bares de toda la vida. Como socio que no paga por serlo, no me quejo, y es mejor poder decidir cuándo fumarse un porro que las complicadas movidas con los camellos.
Los clubes que yo conozco son establecimientos discretos donde se escucha música o se ve la televisión, y donde uno puede consumir bebidas a precio muy asequible mientras fuma un porro o un cigarrillo, ahora que está prohibido en los bares de toda la vida. Como socio que no paga por serlo, no me quejo, y es mejor poder decidir cuándo fumarse un porro que las complicadas movidas con los camellos.
En los últimos años los clubes sociales de cannabis han crecido de forma vertiginosa en Cataluña, especialmente en Barcelona, donde se calcula que existen unos 400 clubes que agruparían a unas 165.000 personas, según los datos proporcionados por la Federación de Asociaciones Cannábicas Autorreguladas de Cataluña. El gobierno catalán está estudiando regular estas asociaciones que se mueven en una situación de inseguridad jurídica.
De hecho, la actividad de estos clubes está totalmente prohibida por los artículos 368 y siguientes del Código Penal, que castiga a "Los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines".
Se impondrán penas y multas superiores si "Los hechos fueren realizados en establecimientos abiertos al público por los responsables o empleados de los mismos"; si las sustancias se facilitan "a menores de 18 años, a disminuidos psíquicos o a personas sometidas a tratamiento de deshabituación o rehabilitación", y si las cantidades fueren "de notoria importancia".
Los clubes sociales se escudan en que se trata de un supuesto de autoconsumo colectivo, pero eso habría que verlo caso por caso. Los socios no cometemos ningún delito, sino que los jefes, encargados o administradores de la organización son los que pueden incurrir en responsabilidad, con muchos de los agravantes del Código Penal. Las asociaciones, como personas jurídicas, pueden ser multadas en función de los ingresos diarios de la persona física responsable, o calculándose entre el doble al quíntuple del valor final de la droga al precio pagado por el consumidor. También hay agravamiento de las penas cuando se hayan llevado a cabo las conductas indicadas simulando operaciones de comercio internacional entre empresas, o se trate de redes internacionales dedicadas a este tipo de actividades.
Los clubes sociales se escudan en que se trata de un supuesto de autoconsumo colectivo, pero eso habría que verlo caso por caso. Los socios no cometemos ningún delito, sino que los jefes, encargados o administradores de la organización son los que pueden incurrir en responsabilidad, con muchos de los agravantes del Código Penal. Las asociaciones, como personas jurídicas, pueden ser multadas en función de los ingresos diarios de la persona física responsable, o calculándose entre el doble al quíntuple del valor final de la droga al precio pagado por el consumidor. También hay agravamiento de las penas cuando se hayan llevado a cabo las conductas indicadas simulando operaciones de comercio internacional entre empresas, o se trate de redes internacionales dedicadas a este tipo de actividades.
En cuanto al autocultivo, también se castiga al que fabrique, transporte, distribuya, comercie o tenga en su poder determinados equipos, materiales o sustancias, "a sabiendas de que van a utilizarse en el cultivo, la producción o la fabricación ilícitas de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o para estos fines".
En los delitos indicados serán objeto de decomiso las drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, los equipos, materiales y sustancias, así como los bienes, medios, instrumentos y ganancias. La droga incautada será destruída y los bienes, medios, instrumentos y ganancias definitivamente decomisados por sentencia serán adjudicados íntegramente al Estado. Habría que ver cuánta de esa droga es realmente destruída por los funcionarios públicos y cuánto contribuye eso a reducir el consumo.
Ciudadanos propone cambiar el marco regulatorio, con la intención de respetar la libertad individual y reducir los riesgos para la salud. El simple debate sobre si regular o no el cannabis ayudaría a reducir el número de fumadores, opina su portavoz, Francisco Igea. Por ello, el partido naranja dice "no tener miedo" a que se debata como despenalizar la marihuana pero sin "frivolizar, con la idea de llevar a cabo una política de salud responsable y no cometer los mismos errores que cuando se legalizó el alcohol o el tabaco".
Cs de hecho reclamó en el Congreso permitir el uso terapéutico, siguiendo la corriente internacional y la aprobación de la ONU. En España se comercializan ya varios medicamentos que contienen cannabis, por sus propiedades calmantes, pero a precios elevadísimos y sujetos a grandes limitaciones que, según Ciudadanos, conviene eliminar.
Podemos está a favor de la despenalización completa y de que España se convierta en el primer país de la UE que permite un consumo lúdico por los "grandes beneficios" que la regulación traería al país, así como el descenso de la criminalidad asociada.
Podemos propone un control estatal y que los beneficios, vía impuestos, se destinen a mejorar los servicios públicos y al desarrollo de programas de prevención. Asimismo propugna el autocultivo o la plantación por parte de pequeñas y medianas explotaciones, para evitar el posible oligopolio.
Personalmente, creo que el uso terapéutico de cualquier planta, antes que nada, debería estar aconsejado por razones médicas. Si los efectos secundarios del cannabis justifican su marginación de la farmacopea, las asociaciones de fumadores no deberían poder dispensar una sustancia que no sólo no cura sino que puede perjudicar. No obstante, son muchos quienes abogan por la tolerancia unida a asistencia social para quien se quiera exponer a las consecuencias de fumar cannabis, dado que la prohibición absoluta no surte los efectos disuasorios que se esperaban de ella. Ya tenemos bastante con afrontar esa realidad para además multar o encarcelar a quienes se quiere proteger.
Ciudadanos propone cambiar el marco regulatorio, con la intención de respetar la libertad individual y reducir los riesgos para la salud. El simple debate sobre si regular o no el cannabis ayudaría a reducir el número de fumadores, opina su portavoz, Francisco Igea. Por ello, el partido naranja dice "no tener miedo" a que se debata como despenalizar la marihuana pero sin "frivolizar, con la idea de llevar a cabo una política de salud responsable y no cometer los mismos errores que cuando se legalizó el alcohol o el tabaco".
Cs de hecho reclamó en el Congreso permitir el uso terapéutico, siguiendo la corriente internacional y la aprobación de la ONU. En España se comercializan ya varios medicamentos que contienen cannabis, por sus propiedades calmantes, pero a precios elevadísimos y sujetos a grandes limitaciones que, según Ciudadanos, conviene eliminar.
Podemos está a favor de la despenalización completa y de que España se convierta en el primer país de la UE que permite un consumo lúdico por los "grandes beneficios" que la regulación traería al país, así como el descenso de la criminalidad asociada.
Podemos propone un control estatal y que los beneficios, vía impuestos, se destinen a mejorar los servicios públicos y al desarrollo de programas de prevención. Asimismo propugna el autocultivo o la plantación por parte de pequeñas y medianas explotaciones, para evitar el posible oligopolio.
Personalmente, creo que el uso terapéutico de cualquier planta, antes que nada, debería estar aconsejado por razones médicas. Si los efectos secundarios del cannabis justifican su marginación de la farmacopea, las asociaciones de fumadores no deberían poder dispensar una sustancia que no sólo no cura sino que puede perjudicar. No obstante, son muchos quienes abogan por la tolerancia unida a asistencia social para quien se quiera exponer a las consecuencias de fumar cannabis, dado que la prohibición absoluta no surte los efectos disuasorios que se esperaban de ella. Ya tenemos bastante con afrontar esa realidad para además multar o encarcelar a quienes se quiere proteger.
