La actualización de las pensiones y las grandes manifestaciones de pensionistas fueron una de las razones de la pérdida de apoyos y caída del gobierno Rajoy. Ignorando todo ello, la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, se ha remitido a la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo para llegar a un acuerdo de reforma del sistema de pensiones.
La ministra Valerio insistía en que el Gobierno defiende el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones con el IPC como referencia, pero finalmente no se han actualizado cómo habían prometido durante tantos meses. La Seguridad Social quería derogar el índice de revalorización de las pensiones introducido por el Gobierno de Mariano Rajoy, pero a la hora de la verdad, ni una palabra de volver al IPC.
La ministra Valerio insistía en que el Gobierno defiende el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones con el IPC como referencia, pero finalmente no se han actualizado cómo habían prometido durante tantos meses. La Seguridad Social quería derogar el índice de revalorización de las pensiones introducido por el Gobierno de Mariano Rajoy, pero a la hora de la verdad, ni una palabra de volver al IPC.
Hacienda carece de margen presupuestario, Trabajo ha perdido el apoyo de los sindicatos y la ministra anunció que ha decidido retrasar ‘sine díe’ las reformas laboral y de pensiones.
La Constitución dispone en su artículo 50 una serie de principios fundamentales que obligan a toda la Administración Pública, pero que los ciudadanos no pueden exigir ni controlar: "Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio."
Las pensiones, por el contrario, son muy bajas e insuficientes para sostener el mínimo vital de muchos pensionados. Se calcula que España podrá tener unas finanzas sostenibles hasta mitad de siglo, pero deberá tomar medidas extraordinarias para hacer frente a la pobreza y la desigualdad.
España tiene un problema demográfico a largo plazo. La proporción de pensionistas respecto a la población activa crecerá y provocará que la carga financiera de parados y jubilados sea insostenible para la población ocupada.
No hay prácticamente ninguna medida de protección económica a la maternidad, que necesita atención prioritaria si es que queremos futuros trabajadores que levanten el país. La alternativa la constituyen los inmigrantes, que pueden reemplazar a los trabajadores que se vayan retirando, pero también a los que queden parados si los salarios de los recién llegados son menores.
Allí donde la productividad del trabajo es mayor, mayor es el capital per cápita y el bienestar de las poblaciones. Donde la productividad no es suficiente, como ocurre en esta España decaída, los gobernantes no tienen el menor empacho en echar mano de la "hucha de las pensiones", robando a los pensionistas los ahorros de los que depende su futuro.
Hay prioridades, y por eso han salido fondos de la Caja de la Seguridad Social, para atender otros gastos, como el salario de los funcionarios, y de los muchos enchufados en la Administración que cobran también. El Gobierno ha sacado otros 3.000 millones de la "hucha" que debería estar dedicada únicamente a las pensiones para la paga extra de diciembre. Sostener los gastos de nuestra Administración hipertrofiada va a cargo también de los pensionistas.
La verdad es que el debe y el haber de la Tesorería General de la Seguridad Social no le importan a sus responsables. La reserva de las pensiones se agota y, como nadie va a permitir que dejen de pagarse, el dinero va a tener que salir de un aumento en impuestos y seguros sociales.
Hay prioridades, y por eso han salido fondos de la Caja de la Seguridad Social, para atender otros gastos, como el salario de los funcionarios, y de los muchos enchufados en la Administración que cobran también. El Gobierno ha sacado otros 3.000 millones de la "hucha" que debería estar dedicada únicamente a las pensiones para la paga extra de diciembre. Sostener los gastos de nuestra Administración hipertrofiada va a cargo también de los pensionistas.
La verdad es que el debe y el haber de la Tesorería General de la Seguridad Social no le importan a sus responsables. La reserva de las pensiones se agota y, como nadie va a permitir que dejen de pagarse, el dinero va a tener que salir de un aumento en impuestos y seguros sociales.
Resulta lógico criticar una política económica que resta sus gastos de lo que los cotizantes han pagado durante toda su vida. Contribuyentes laborales que ven cómo su cuota se desvía a otros destinos que no son garantizarles una pensión digna.
Total, que se siguen las mismas políticas que las en su día tan criticadas del PP de los recortes. La actual portavoz popular es Dolors Montserrat, la ex-ministra de Rajoy que subió las pensiones por debajo del IPC, alardeando de que en los años de presidencia de Rodríguez Zapatero no hubo ninguna actualización. Los unos por los otros, ninguno va a corregir la deriva porque no dependen de una pensión para mantener un nivel de vida digno.
