GUZMAN1

miércoles, 22 de enero de 2020

"Confiesa el delito el que huye del juicio."



Pedro Sánchez comienza su andadura como Presidente del Gobierno para ignorar la  inhabilitación de Quim Torra reuniéndose con él en la misma Generalitat. Nada amenaza su impunidad teniendo a su anterior Ministra de Justicia como nueva Fiscal General del Estado.

Dolores Delgado es la manceba del prevaricador Baltasar Garzón, quien asegura haberse reunido con la trama de Villarejo para "preparar lo de la Gürtel". No sólo tenían tratos inconfesables, sino que Garzón es el abogado defensor de Enrique García Castaño, conocido como el Gordo, el comisario también imputado en la trama de Villarejo como presunto corresponsable de la organización criminal.

La Audiencia Nacional investiga al exjuez Baltasar Garzón por cobrar de Villarejo para frustrar la extradicion del sobrino-nieto de Emilio Botín, acusado por Guatemala de soborno. Suponemos que con la nueva Fiscal General todas las dudas se disiparán pronto.

Villarejo identifica a Garzón en muchos de sus apuntes con el nombre en clave de "el Mago". Dolores Delgado, que también figura en los papeles de Villarejo como "Dos", pudo como fiscal acceder al informador y sus grabaciones comprometedoras. Hoy es la primera Fiscal del Estado, bajo control directo del Gobierno. para llenar el hueco dejado por Rubalcaba.



La jerarquía del gobierno central sobre la Justicia tiene aquí su homólogo personificado en Roger Torrent, presidente del Parlamento de Cataluña, desde donde se replantean y se dejan sin efecto las resoluciones de la Administración Central del Estado.

El Gobierno Central reacciona con sumisión y planea reducir las condenas de los reos del "procés" con el subterfugio de modificar el delito de sedición en el Código Penal. Los acuerdos de investidura se van cumpliendo y pagando poco a poco para asegurar el apoyo a los Presupuestos.

Ya sólo queda poner en libertad a los presos y garantizar un acuerdo de la Fiscalía con Puigdemont y los demás fugados para que no tengan que pisar la cárcel. Huir del juicio a la espera de que cambien la Ley a su beneficio no es mala estrategia.



El inhabilitado Torra y su alabardero Torrent exhiben su desacato con el respaldo de su Parlament y la misma prepotencia que los anteriores actos de desobediencia a la Justicia perpetrados desde el Parlament ante un Gobierno que no se les opone.

Torra ya decía que él sería sólo la mano que dirige Puigdemont mientras como "President" legítimo está en el exilio, concepto que generosamente incluye el hecho de encontrarse voluntariamente expatriado, por motivos no sólo políticos, para no exponerse a la cárcel por unos hechos sobradamente demostrados. El exilio de los encausados del "procés" puede ser una salida autoimpuesta como protesta por la persecución legal y como plataforma para su proyecto nacionalista.

El gobierno en el exilio describe un gobierno de un país que se ha visto obligado a trasladarse y defender su legitimidad desde fuera de ese país. No estamos como la Generalitat durante el franquismo, sino que Puigdemont fue sustituído por un catalibán de probada obediencia a la causa, para seguir reclutando y manipulando votantes y manifestantes.


Carles Puigdemont puso su pica en Flandes y allí se quedará lo que haga falta hasta que pueda volver libre de cargos. El ex-president prometió regresar a Cataluña gozando de inmunidad como eurodiputado, pero no tiene intención de desafiar la orden de detención que pesa sobre él. Para aceptar el cargo debe presentarse en la Junta Electoral Central de Madrid y jurar la Constitución. La Ley también exige jurar o prometer acatar la Constitución para ser President de la Generalitat, pero ni Puigdemont ni Torra lo han hecho y nada les impidió acceder al cargo. Confiado en seguir burlando los impedimentos con el asesoramiento de sus leguleyos, Puigdemont debe conformarse con hacer el papel de perseguido político que desde el exilio defiende su causa contra las instituciones españolas.

Cada uno de los que no tuvieron la ocasión de irse con él querría también un eurosueldo y poder conciliar sus responsabilidades políticas con las judiciales. Así que los encausados del "procés", abandonados a su suerte por Puigdemont y sus compinches, se conforman con estar de nuevo en la calle aunque estarán inhabilitados muchos años por no ser más que caciques y peones que han desobedecido la Ley.

Jonqueras no fue avisado a tiempo o no quiso irse, o lo dejaron tirado, cuando las filtraciones de la casa de putas que es la Audiencia Nacional llegaron a oídos de los políticos catalanes que inmediatamente optaron por la fuga a refugio extranjero. Josep Rull fue el único conseller que fue a su despacho a seguir trabajando una vez aplicado el artículo 155, norma que fue forzado a acatar ante el juez para librarse de la prisión preventiva. Los que al menos se mantuvieron en sus posiciones, se les considere o no presos políticos, miran cómo disfrutan de inmunidad los que dieron las órdenes y escaparon.