Quien obra con honradez se caracteriza por su rectitud e integridad, respetando las normas correctas y adecuadas en la comunidad en la cual vive. La persona honrada no miente ni actúa sin transparencia, ya que una actitud semejante iría en contra de sus valores morales. Si un sujeto es honrado reconocerá sus defectos y los perjuicios que pudieran causar. Ningún político hace eso, sino como máximo pedirá disculpas cuando sus errores queden en evidencia.
La corrupción política se comete por funcionarios y autoridades públicas que abusan de su poder con omisión de los deberes de los administradores de los recursos públicos, anteponiendo sus intereses personales y los de su partido al bien general.
Las formas de corrupción más comunes son el uso ilegítimo de información privilegiada, los sobornos, el tráfico de influencias, la evasión fiscal, las extorsiones, los fraudes, la malversación, la prevaricación, el cohecho, el nepotismo, y en general favorecer la impunidad de las redes organizadas.
Aunque por corrupción se sobreentiendan los delitos del ámbito público y político, también afecta al ámbito de los negocios o de las transacciones comerciales. En España hay una oligarquía que corrompe a la clase política y judicial para amparar su preponderancia sobre rivales, consumidores y la economía en general.
Cuando las autoridades o funcionarios públicos reciben o solicitan favores o retribuciones cometen delito, pero si no media cohecho o tráfico de influencias, la Justicia no se mueve. La malversación del patrimonio público, aunque sea la principal causa del exceso de gasto y de los recortes, ni se impide ni se detecta por las entidades supervisoras.
Aunque por corrupción se sobreentiendan los delitos del ámbito público y político, también afecta al ámbito de los negocios o de las transacciones comerciales. En España hay una oligarquía que corrompe a la clase política y judicial para amparar su preponderancia sobre rivales, consumidores y la economía en general.
Cuando las autoridades o funcionarios públicos reciben o solicitan favores o retribuciones cometen delito, pero si no media cohecho o tráfico de influencias, la Justicia no se mueve. La malversación del patrimonio público, aunque sea la principal causa del exceso de gasto y de los recortes, ni se impide ni se detecta por las entidades supervisoras.
Los delitos contra la administración pública, como nombrar o dar posesión de un cargo público a una persona de forma irregular y que no cumple los requisitos legales establecidos, están penados como prevaricación, pero ni jueces ni fiscales hacen algo contra los miles de enchufados.
No ocurre sólo en España, por supuesto, pero en nuestro país está institucionalizada, como en Italia, según las propias palabras del ex-líder Beppe Grillo.
No ocurre sólo en España, por supuesto, pero en nuestro país está institucionalizada, como en Italia, según las propias palabras del ex-líder Beppe Grillo.
Por lo general son los gobernantes o los funcionarios quienes se dedican a aprovechar los recursos del Estado para de una u otra forma enriquecerse o beneficiar a parientes o amigos.
Los países en que la transparencia de las cuentas públicas, adquisiciones, concesiones y similares sea reducida o incluso inexistente estarán más expuestos a estas acciones, pero si además los medios de información no son transparentes al informar a los ciudadanos o se ven manipulados, el proceso de corrupción será más complicado de erradicar y juzgar.
En los regímenes democráticos, al recaer la soberanía en el pueblo, el ejercicio del poder debería responder ante la nación. Toda vez que nuestra democracia está mediatizada por los partidos, éstos son los que deben rendir cuentas ante el pueblo sobre su propia gestión, sea como Gobierno o como oposición.
Aquí no responde nadie, y PSOE, PODEMOS y el PP pactan descaradamente la composisión del Consejo General del Poder Judicial para los tremendos casos que tienen pendientes.
La Presidente de Ciudadanos carece de poder y de propuestas para que el CGPJ sea elegido por jueces, senadores y diputados en vez de representar el mejor aliado del bipartidismo que muestra tantos casos de estas conductas. Los electores que confiaron en los chupasangres naranjas de la derecha y la izquierda pronto tomarán el mismo camino de tantos militantes que se han marchado.
La líder de Ciudadanos dice que intentará "parar las infamias" de Sánchez pero a la vez pactar unos Presupuestos "razonables". A pesar de los indultos prometidos por Sánchez, Arrimadas alienta el diálogo que el Gobierno mantiene con ERC o EH Bildu.
Arrimadas inició su acercamiento al Gobierno durante las prórrogas del estado de alarma. El diálogo entre las dos partes permitió negociar un acuerdo de Presupuestos a finales de agosto, hasta la intervención de Pablo Iglesias y el cambio de posición de ERC, que ha dicho que no estará en una suma que incluya a Ciudadanos y viceversa. Hoy el acuerdo con el bloque de la investidura es más factible que la vía de Ciudadanos.
La corrupción genera ineficiencia y distorsiones sobre el desarrollo económico, incrementa el coste de los negocios y actividades empresariales ya que hay que sumar el sobreprecio de las negociaciones con los cargos públicos.
Para los que viven de la corrupción, los sobornos permiten sortear una burocracia excesiva y los consabidos retrasos. Eliminar abiertamente las regulaciones costosas y prolongadas es mejor que permitir encubiertamente que aumenten los costes de los negocios, y también el monopolismo de las empresas corruptoras con conexiones sobre las competidoras honradas.
La corrupción también genera distorsiones en el sector público al desviarse inversiones públicas a proyectos de capital en los que los sobornos y mordidas son más abundantes. La corrupción también hace descender el cumplimiento de las regulaciones relacionadas con la construcción, el medio ambiente u otras, reduce la calidad de los servicios e infraestructura gubernamentales e incrementa las presiones presupuestarias sobre el gobierno.
La corrupción toma la forma de expolio, con el resultado de que el capital financiero obtenido es movido fuera del país, en lugar de ser invertido en el mismo. Los retrasos o detenciones del desarrollo no desaniman a los cargos públicos a esconder su riqueza fuera del país, lejos del alcance de futuras investigaciones.
Los países corruptos pueden tener desconfianza en los partidos políticos, en los dirigentes políticos y en la mayor parte de instituciones públicas. Esto lleva a mucha gente a soslayar una legislación abusiva para no ser explotado por personas o redes corruptas. Como consecuencia de lo anterior, las actividades privadas están faltas de conciencia social, de educación o de compromiso.
Del cohecho se han hecho ricos autoridades o funcionarios públicos que, en provecho propio o de un tercero, recibieron o solicitaron dádiva, favor o retribución de cualquier clase para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo o para no realizar o retrasar injustificadamente el que debiera practicar, y el particular que ofreciere o entregare dádiva o retribución son totalmente impunes porque el Estado funciona así.
El funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario público o autoridad prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con otro funcionario o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero, incurriría en penas de prisión si no fueran también autoridad los funcionarios del Ministerio Fiscal (que obededeciendo a sus superiores aplican sobre los jueces las influencias del Gobierno).
Se minusvalora la posibilidad de ser descubierto por la impunidad efectiva de los actos de corrupción, amparados por el corporativismo partidista y el control sobre los medios de comunicación que ocultan a la luz pública los casos de corrupción.
La corrupción no es sólo responsabilidad del Estado o del Gobierno de turno, sino que incluye muy especialmente al sector privado, en cuyo caso se puede hablar de corrupción empresarial o de tráfico de influencias entre el sector privado y el público. En España, dicho sector tiene una gran influencia y por lo tanto el nivel de corrupción tiene mucho que ver con la manera en la que se comporta el sector privado en conjunto con los sistemas políticos.
La lucha contra la corrupción implica la transparencia de las instituciones ante el uso de recursos públicos, mayor independencia del poder judicial del poder ejecutivo y legislativo. Si el poder político es controlado por partidos corruptos, estos pueden modificar la situación legislativa entorpeciendo las labores judiciales o incluso convirtiéndolas en algo inocuo.
Vox ha visto bloqueada su anunciada moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez. “Es la moción más justificada de la democracia española. Nunca un Gobierno lo hizo tan mal, no solo en la gestión de la pandemia, sino por la degradación de la economía y la vida institucional”, aseguraba con razón Abascal aunque Pablo Casado e Inés Arrimadas le bloqueen el sorpasso haciendo el juego a sus obedientes señorías pese a los menas, okupas, inmigrantes, la pandemia y la ruina económica.
Tendrá que esperar a las elecciones para recibir la confianza del pueblo. La aparición de nuevos partidos políticos puede cambiar la legislación para que actos de esta índole no sucedan. Los verdaderos liberales (y no la birria de Ciudadanos), quieren derogar la excesiva legislación que permite a los funcionarios poner trabas o hacer la vista gorda, pretendiendo interpretar la Ley.
El excesivo poder discrecional del funcionario público viene determinado por la concentración de poderes en ciertas actividades del gobierno, en las cuales escasean decisiones colegiadas. Falta transparencia en la información concerniente a la utilización de los fondos públicos y a los procesos de decisión.
La gran corrupción genera la desconfianza en las autoridades, pervierte el funcionamiento del aparato estatal, y en muchos países, aparecen movimientos de protesta que tratan de confrontarse con el poder político, y generan inestabilidad política que el Poder contesta con represión política o policial.
Los medios de comunicación, receptadores del desvío de fondos públicos a fines sin interés general, difuminan la verdad de los hechos mientras besan el culo a quienes los financian.
El recorte del gasto público propugnado por Vox pondría en serio peligro la financiación ilegal de los grandes partidos y el enriquecimiento de sus dirigentes. La reducción de organismos públicos innecesarios y del número de enchufados contratados por la Administración sin duda redundaría en la disminución de los casos de corrupción.
Reducir el tamaño del Estado es un objetivo compartido por los liberales de Vox, que primero quiere podar las pesadas ramas autonómicas para conservar el árbol sano.
