Estudia poco o nada, y la carrera
acaba de abogado en estudiante,
vete, imberbe, a Madrid, y, petulante,
charla sin dique, estafa sin barrera.
Escribe en un periódico cualquiera;
de opiniones extremas sé el Atlante
y ensaya tu elocuencia relevante
en el café o en junta patriotera.
Primero concejal, y diputado
procura luego ser, que se consigue
tocando con destreza un buen registro;
no tengas fe ninguna, y ponte al lado
que esperanza mejor de éxito abrigue,
y pronto te verás primer ministro.
Pese a los casos de Carmen Montón, Pablo Casado, Cristina Cifuentes o Pedro Sánchez, las autoridades universitarias no han tomado medidas para detectar posibles irregularidades o tratos de favor a ciertos alumnos. Si alguien copió para tener un doctorado, o utilizó sus influencias para aprobar un máster, las universidades permiten que en vez de estudiar, se pidan y obtengan favores gracias a las buenas relaciones con el profesorado y la dirección de los centros.
Pedro Sánchez leyó su tesis doctoral ante un tribunal de la universidad privada Camilo José Cela en 2012 y aunque se supone que estaba abierta a consulta en la propia universidad, ha estado oculta a la Prensa hasta que por insistencia y tras una larga polémica se ha podido consultar en Internet. Sobre si el autor único fue quien la firmó, no lo sabremos.
El presidente del Partido Popular pasa de puntillas sobre las presuntas irregularidades de su máster y de su peculiar currículum universitario. Aunque empezó un doble grado en Derecho y Administración De Empresas en un centro privado, pasó a estudiar en el Centro Cisneros, una universidad privada controlada por el gobierno de Esperanza Aguirre. Trabajando a tiempo completo como asesor político de un colaborador de Aguirre, pasó a ser diputado de la Asamblea de Madrid, acaba en dos años la carrera de Derecho y empieza Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Rey Juan Carlos, siendo diputado regional y presidente de Nuevas Generaciones.
Entonces sacó tiempo para preparar su famoso Máster en Derecho Autonómico, el mismo posgrado que Cifuentes y que acabó en un año, sin ir a clase, con cuatro trabajos que no ha mostrado y sin conocer a sus profesores.
Ni Casado ni Pedro Sánchez se han planteado dimitir por abusar de sus cargos para obtener ventajas académicas, y ocultar si las tesis doctorales son copias del trabajo de otro. Al final, los dos máximos dirigentes del bipartidismo están aforados, y eso les permite hacer lo que les dé la gana sin dar explicaciones.
Ahora los dos doctores sin ciencia se han puesto de acuerdo para prorrogar la rancia fórmula de la alternancia política, que pasa por callar los choriceos del otro para poder hacerlos cuando le toque. De proyecto, nada, salvo dejar el poder con los bolsillos llenos y la caja pública vacía.
La ministra de Educación ha afirmado que sólo repetirán curso los estudiantes que no hayan hecho nada en ninguno de los tres trimestres escolares, para limitar al máximo el número de repetidores. Save The Children y otras organizaciones y especialistas habían pedido previamente que se tomasen estas medidas a la ministra Isabel Celaá, quien afirmaba que «la repetición este curso será una medida muy excepcional que deberá estar sólidamente justificada», aunque según ella no habrá un aprobado general.
La ministra y catedrática de bachillerato Mª Isabel Celaá, tiene menos interés en el nivel de conocimientos del alumnado que en reservar para el Estado la formación ideológica de los menores, como hacen también las Comunidades Autónomas a excepción de Murcia.
En Murcia, Vox cuestiona el poder adoctrinador del Estado y lo supedita al derecho y deber de los padres a tutelar la educación que reciben sus hijos. La Constitución, en su artículo 39, 3, preceptúa que "Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda".
Los derechos constitucionales a la libertad de opinión y de conciencia también quedarían recortados si a los padres se les priva de objetar determinadas enseñanzas que ellos también deben impartir a los hijos. Al profesorado no le corresponde transmitir creencias políticas ni ideológicas, ni promover comportamientos sexuales que desaprueben las familias. Los embarazos no deseados los afrontan los padres de las menores, que también enseñan a sus hijos cómo relacionarse con chicos y chicas de forma natural.
Las necesidades sociales son las que legitiman al Estado para ejercer sus funciones. Resulta necesario examinar hasta qué grado una tendencia o actitud es una peculiaridad merecedora de protección administrativa. Pero hay minorías denominadas "colectivos diferentes" que reclaman una mejor atención por sus diferentes hábitos, que incluso se fomentan entre los demás compañeros de estudios.
La moral privada no es competencia estatal y cuando se habla de moralidad se habla de las reglas de conducta que uno guarda ante todos los que le rodean. Un ser humano debe ser libre de comportarse de conformidad con sus preceptos morales y costumbres aceptables por la sociedad.
La libertad de creencia debería respetarse por los educadores públicos y privados. Sin embargo la elección de centro educativo es inaccesible a las familias de menos recursos. Los padres que discrepan de ciertas ideologías incorporadas a la enseñanza pública son ignorados, mientras se vulnera su derecho a elegir la educación de sus hijos.
PSOE y Unidas Podemos excluyen a la escuela concertada de las ayudas económicas para la Reconstrucción Social y Económica destinadas a la Educación tras la crisis provocada por el coronavirus.
Los derechos constitucionales a la libertad de opinión y de conciencia también quedarían recortados si a los padres se les priva de objetar determinadas enseñanzas que ellos también deben impartir a los hijos. Al profesorado no le corresponde transmitir creencias políticas ni ideológicas, ni promover comportamientos sexuales que desaprueben las familias. Los embarazos no deseados los afrontan los padres de las menores, que también enseñan a sus hijos cómo relacionarse con chicos y chicas de forma natural.
Las necesidades sociales son las que legitiman al Estado para ejercer sus funciones. Resulta necesario examinar hasta qué grado una tendencia o actitud es una peculiaridad merecedora de protección administrativa. Pero hay minorías denominadas "colectivos diferentes" que reclaman una mejor atención por sus diferentes hábitos, que incluso se fomentan entre los demás compañeros de estudios.
La moral privada no es competencia estatal y cuando se habla de moralidad se habla de las reglas de conducta que uno guarda ante todos los que le rodean. Un ser humano debe ser libre de comportarse de conformidad con sus preceptos morales y costumbres aceptables por la sociedad.
La libertad de creencia debería respetarse por los educadores públicos y privados. Sin embargo la elección de centro educativo es inaccesible a las familias de menos recursos. Los padres que discrepan de ciertas ideologías incorporadas a la enseñanza pública son ignorados, mientras se vulnera su derecho a elegir la educación de sus hijos.
PSOE y Unidas Podemos excluyen a la escuela concertada de las ayudas económicas para la Reconstrucción Social y Económica destinadas a la Educación tras la crisis provocada por el coronavirus.
En cuanto a la enseñanza de los adultos, la intromisión ideológica del Estado es la misma que la de los menores. Las universidades públicas están absolutamente politizadas, de modo que carecen de la independencia y la neutralidad que exige la naturaleza estrictamente académica de este tipo de centros. Ya no hay meritocracia, sino que el nepotismo y enchufismo imperan a la hora de seleccionar al profesorado.
Las universidades contratan en condiciones de precariedad a los profesores, que casi nunca denuncian porque supondría su exclusión automática de la carrera de ascensos. El sistema expulsa a buenos profesionales que sabe que nunca podrán optar a la plaza y permite que otros medren a falta de una alternativa mejor.
Las universidades contratan en condiciones de precariedad a los profesores, que casi nunca denuncian porque supondría su exclusión automática de la carrera de ascensos. El sistema expulsa a buenos profesionales que sabe que nunca podrán optar a la plaza y permite que otros medren a falta de una alternativa mejor.
Manuel Castells fue nombrado Ministro de Universidades del gobierno de coalición dirigido por Pedro Sánchez, sustituyendo a Pedro Duque. Castells fue elegido por Unidas Podemos para ser uno de los cinco representantes de este partido en la coalición de gobierno. Pocos o ningún cambio se pueden esperar de este elemento partidario de que el adoctrinamiento político y no la enseñanza, sea el verdadero fin de la educación universitaria.
Disidente del franquismo, se fue a París, donde a los 24 años se convirtió en el profesor más joven de la Universidad. Fue en sus clases donde Daniel Cohn-Bendit y otros estudiantes apoyaron las protestas de mayo de 1968, hecho por el cual la Universidad lo despidió. Esos méritos son los que le permiten ser ministro, aunque no haya hecho nada desde entonces.
