Los continuos fracasos de Pedro Sánchez le han llevado a una remodelación de Gobierno, que no incluye a los miembros de Unidas Podemos, porque seguramente le retirarían el apoyo de los que le mantienen en el Poder.
Nadia María Calviño sirve como vicepresidenta primera del Gobierno de España desde julio de 2021 y ministra de Economía desde junio de 2018. Su cartera ministerial fue renombrada en 2020 como de «Asuntos Económicos y Transformación Digital», siendo denominada anteriormente como de «Economía y Empresa». Anteriormente, entre enero de 2020 y julio de 2021 había desempeñado los cargos de vicepresidenta segunda y vicepresidenta tercera del Gobierno de España.
Calviño, economista del Estado, comenzó su carrera en el Ministerio de Economía, donde ocupó diversos cargos, hasta que en 2006 se trasladó a Bruselas para trabajar como alta funcionaria española en la Comisión Europea. Tras unos años en diversas direcciones generales, en 2014 fue nombrada directora general de Presupuestos.
Sánchez no la ha nombrado por decisión propia, sino por exigencia de Bruselas, ante la catadura de los anteriores candidatos a gestionar los Fondos Europeos de Recuperación.
Arancha González Laya ha salido del gobierno de Pedro Sánchez como ministra de Exteriores, a causa de su gestión en lo que se refiere a Marruecos y a Venezuela. La designación de Arancha González Laya en enero de 2020 fue una sorpresa. Con una dilatada experiencia en organismos internacionales, González Laya era más conocida en Bruselas que en Madrid. Fue Nadia Calviño con quien había coincidido en los foros europeos, quien avaló a Laya ante Sánchez.
El diplomático de carrera José Manuel Albares asume el nuevo jefe de la diplomacia española. Unas relaciones más que deterioradas con Marruecos serán su principal desafío. Y a ello se suma el paso a la irrelevancia en América Latina. Con la UE habrá continuidad, de la mano de un francófilo como Albares con gran experiencia en la bambalinas de las negociaciones europeas.
Las buenas relaciones con Maduro no son cosa de Laya, sino más bien de Rodríguez Zapatero, que no hizo más que profundizar lo que los Gobiernos de Mariano Rajoy y del venezolano acordaron en 2018, tras casi tres meses de crisis diplomática bilateral, abierta y descontrolada: recuperar sus relaciones más básicas y restablecer el funcionamiento normal de sus embajadas con el regreso a sus puestos de los embajadores expulsados en ambos países a finales de enero.
El ministro de Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, entregó en Madrid a su homólogo español, Alfonso Dastis, a través de un emisario, una carta en la que pedía esa tregua política y la normalización de esas relaciones.
Este acercamiento obedece también a la necesidad de mantener una vía de comunicación abierta con el ejecutivo de Maduro ante la realidad de que en Venezuela hay más de 200.000 españoles censados pero no varía la postura de España tampoco con respecto a las sanciones europeas ni a los ataques contra los derechos y libertades de numerosos dirigentes venezolanos en la oposición.
El nuevo ministro de Presidencia es Félix Bolaños, el ideólogo de la exhumación de Franco y "de facto", el verdadero jefe de gabinete durante años. Sánchez saca así del gabinete a Carmen Calvo.
Militante de la Federación Socialista Madrileña, fue de los primeros en apostar por el hoy presidente del Gobierno en las primarias que se libraron en 2017 por la secretaría general del PSOE. Desde entonces ha vivido por y para Sánchez, que le nombró secretario general de la Presidencia desde su primer gobierno. Nunca filtró ni intoxicó a la prensa. Eso se lo dejaba a Iván Redondo, con quien jamás tuvo buena relación desde que ambos entraron en La Moncloa.
Si hubiera que buscarle un igual en anteriores Ejecutivos ese sería José Enrique Serrano, quien fuera jefe de gabinete con los presidentes Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. De hecho, con quien fuera su homólogo en La Moncloa habla con frecuencia para cuestiones técnicas porque nadie como Serrano, una fuente de autoridad para cualquier socialista, controla todos los resquicios de la estructura del Estado.
Bolaños es como Serrano, un hombre sereno y pacífico al que no le costará acostumbrarse al nuevo paisaje del Ministerio de Presidencia porque ya había asumido, por encargo de Sánchez, el papel de coordinación entre los ministerios, una competencia que le correspondía de facto a su antecesora y vicepresidenta primera, Carmen Calvo.
"Es el que hace que todo lo que aprueba el Consejo de Ministros suene bien y sea una pieza precisa". En las resistencias que en Ferraz surgieron rápido hacia la Moncloa tras la moción de censura, Bolaños quedaba fuera de las trifulcas. Bolaños dejó clara su sintonía con la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, con quien ha compartido ya varias veces escenario en actos del partido.
Discreto, reservado y meticuloso, antes de que el presidente le fichara llevaba una década trabajando como jefe de la división de Asesoría Jurídica Laboral y Documentación del Banco de España, institución en la que ingresó en 2005 tras obtener la única plaza convocada para letrado asesor en materia laboral, sindical y de Seguridad Social.
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, ha ejercido la abogacía y en 2001 comenzó a trabajar en el departamento laboral del despacho Uría Menéndez Abogados. También fue docente en el Instituto de Empresa (IE Law School).
En el PSOE fue designado secretario de la Comisión Federal de Ética y Garantías en el primer mandato de Sánchez y es autor de las normas internas del PSOE que se aprobaron en el Comité Federal el 17 de febrero de 2017, después de las guerras que los socialistas vivieron en 2016 como consecuencia de la abstención en la investidura de Mariano Rajoy.
Desde septiembre de 2017 hasta agosto de 2018 fue también secretario de la Fundación Pablo Iglesias, donde desembarcó con José Félix Tezanos y encontró de Alfonso Guerra papeles que, por lealtad al disco duro del socialismo y por respeto al ex vicepresidente del Gobierno, jamás vieron la luz. Hoy se mantiene como patrono de la fundación.
Iván Redondo cesa como jefe del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez. El periodista MANUEL CERDÁN acredita que ganó como asesor del PP 207.088 euros en 2009 y 129.590 en 2008, según la contabilidad oficial del Partido Popular. Ese dato no figura en ninguno de los perfiles profesionales publicados de Iván Redondo, que también trabajó como consultor político de varios candidatos populares, entre ellos el vasco Antonio Basagoiti, el catalán Xavier García Albiol y el extremeño José Antonio Monago.
Las cuentas de Génova dejan claro que el politólogo vasco, se convertía en 2008 en el colaborador mejor pagado del primer partido de la oposición, por encima de Mariano Rajoy y a gran distancia de María Dolores de Cospedal, que cobraba un tercio de las retribuciones de Redondo.
Redondo Bacaicoa figuraba en el sexto lugar del ranking de retribuciones del PP perteneciente a su primer año laboral. Se situaba por detrás de Rajoy (185.794 euros), Luis Bárcenas (167.271), Álvaro Lapuerta (153.436), Ángel Acebes (143.088) y Cristóbal Páez (139.392). Y por delante de Carmen Martínez Castro (124.3981), Rafael Rodríguez Ponga (116.952), Juan Carlos Vera (91.177), Javier Arenas (79.065) y Jorge Moragas (52.363).
Fue asesor de la campaña electoral del dirigente del Partido Popular Xavier García Albiol para las elecciones municipales de 2011 con las que este consiguió ser elegido alcalde de Badalona.
Después fue consejero director del Gabinete de la Presidencia de la Junta de Extremadura, tras lo que preparó con Pedro Sánchez las primarias del PSOE de 2017. El ideólogo de la moción de censura contra Mariano Rajoy y la investidura de Pedro Sánchez como nuevo presidente del Gobierno, fue nombrado director del Gabinete de la Presidencia, hasta su cese como consultor político del Gobierno.
A la vista de los resultados de su gestión, el Gobierno ha decidido prescindir de él, pero es de suponer que pronto se recoloque en algún puesto que le busquen, o se busque.
A la vista de los resultados de su gestión, el Gobierno ha decidido prescindir de él, pero es de suponer que pronto se recoloque en algún puesto que le busquen, o se busque.
Pedro Duque deja paso a Diana Morant Ripoll, alcaldesa de su ciudad natal, Gandía y Secretaria General del PSPV en dicha localidad. También ha sido diputada en la Diputación de Valencia. Inició su carrera política en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) el 11 de junio de 2011.
Pedro Sánchez prescinde de Isabel Celáa como ministra de Educación y portavoz del Gobierno nacional.
La delegada del Gobierno de España en Aragón, Pilar Alegría, será la sustituta y estará al mando de la cartera de Educación.
Isabel Rodríguez será la nueva portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez, en sustitución de María Jesús Montero, y también ministra de Política Territorial, en sustitución de Miquel Iceta.
Miquel Iceta, primer secretario del Partido de los Socialistas de Cataluña desde 2014, fue nombrado ministro de Política Territorial y Función Pública, por poco tiempo, y ahora es Ministro de Cultura y Deportes, donde hará como sus predecesores.
Continúa la costumbre de que el Deporte y la Cultura conformen un único Ministerio, que debería entonces llamarse Ministerio de Espectáculos. "Panem et circenses", que decían los romanos.
El Gobierno destinará, de los 70.000 millones que conforman el fondo de rescate europeo para hacer frente a la crisis del coronavirus, 825 millones: 325 millones de euros para la revalorización de la industria cultural, 200 millones para el sector audiovisual y otros 300 millones para el fomento del sector del deporte..
El fútbol es el deporte rey en España, que mueve cantidades astronómicas de dinero y además pelea en Europa derivado de la Superliga ideada por Florentino Pérez, pero va a recibir más dinero.
Uribes, pese a todo, presumió de presentar un «plan de país» coincidiendo con el fin del estado de alarma y el aumento del ritmo en la campaña de vacunación, y defendió que el plan «recoge la filosofía de que la cultura y el deporte son derechos de los ciudadanos y, por tanto hay que garantizar que el acceso sea universal». Como cuando Rajoy dijo que el Gobierno y el Consejo Superior de Deportes "tienen que tomar las decisiones que crean que son buenas para el interés general".
José María Lasalle fue Secretario de Estado del Ministerio de Cultura con José Ignacio Wert en los gobiernos de Mariano Rajoy. Todos ellos sabían muy bien cómo subvencionar a los lameculos del llamado "mundo de la cultura" para distraer al público y así evitarse las críticas a su mala gestión, como hace también el gobierno de ahora.
Ya sabemos que el cine español funciona por y para las subvenciones, que según los datos de la Academia del Cine tan sólo tres de cada diez películas españolas son rentables. El resto, producciones caza-subvenciones.
De media, al año, sólo cuatro o cinco producciones españolas superan lo recaudado por unas cien que aproximadamente se estrenan anualmente. Antes, las subvenciones, dependían de la recaudación en taquilla, y por las cuales el Estado “premiaba” el supuesto éxito de una película. El problema viene cuando se observan las ayudas complementarias. Estas ayudas se caracterizan por ser el mayor nido de amiguismo y chanchullos de toda la industria del cine.
La ayuda complementaria, o subvención, como prefieran llamarlo, se lograba alcanzando una recaudación determinada. Las subvenciones al cine español, no consisten en ayudas a las productoras o distribuidoras, indudablemente también deben entrar en esta ecuación guionistas, salas de cine comerciales y los préstamos del ICO en condiciones muy ventajosas. La industria audiovisual española es un verdadero coladero de dinero público, en muchas ocasiones muy mal invertido.
Muchos actores, entre ellos Alfredo Landa, han denunciado que la cifra requerida para obtener la subvención se obtiene en cines de localidades pequeñas, y a base de la compra de entradas por parte del productor, llamadas y contactos para alcanzar la cifra mencionada y obtener más del doble del coste de producción. Una inversión que renta, y que explica el extraordinario número de películas españolas producidas al año y la sospechosa entrada que han recibido.
El exministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, aseguró en 2.015 que las irregularidades en las ayudas a la amortización de películas desde 2012, que investigaban varios juzgados de Madrid, son una "cuestión administrativa" que viene de hace tiempo, debido a que la venta de entradas en taquilla, era "uno de los elementos" que se tenían en cuenta para conseguir cumplir los requisitos que piden las administraciones para conceder subvenciones.
El modelo ha cambiado desde la entrada en vigor en mayo de 2015, del Real Decreto-ley que modificaba la Ley del Cine de 2007. Hasta entonces, casi todo el presupuesto en subvenciones se destinaba a ayudas a la amortización, es decir, se entregaban en función del rendimiento en taquilla. En 2018, entre los distintos tipos de ayudas, se destinaron 109,5 millones de euros.
Esta medida dio lugar a una serie de fraudes, cuando algunos productores y distribuidores llegaron a acuerdos con ciertas salas para inflar el número de espectadores y, por tanto, la recaudación de algunas películas con pases inexistentes o la compra de butacas vacías.
Méndez de Vigo reconoció que hubo alguna irregularidad, que en algunos casos se remonta a 2012, y que en su momento el Ministerio de Cultura lo puso en conocimiento de las autoridades judiciales.
La modificación de la ley en 2015 indicaba que estas ayudas a la amortización dejarían de convocarse en 2019 y que, hasta entonces, se irían sustituyendo progresivamente con ayudas para la producción de largometrajes sobre proyecto.
Entre los criterios a la hora de adjudicar la subvención a un proyecto u otro, se tiene en cuenta el valor artístico del proyecto, el plan de financiación (que garantice su viabilidad) o la solvencia del productor. Es decir, que a la hora de otorgar una ayuda no se exige como requisito un director o un elenco de renombre, ni que se aborden temas concretos en la trama. El importe máximo de este tipo de ayudas es de 1 millón de euros, siempre que dicho importe no sobrepase el 40% del presupuesto.
Por supuesto, cabría mencionar que no sólo cuentan con ayudas estatales: También las Comunidades Autónomas ponen su granito de arena en las producciones, especialmente en aquellas regiones con lengua propia en concepto de promoción de dicha lengua, como es el caso de Galicia, País Vasco, Cataluña, Baleares o Valencia.
El Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público ha declarado nulo un contrato que TV3 encargó al grupo Mediapro, para asumir "el servicio integral de producción para la corresponsalía de Pekín, China" durante los próximos cuatro años por un importe de 940.000 euros.
El líder de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga, ha anunciado que pondrán el contrato en conocimiento de la Fiscalía. "Exigimos una investigación escrupulosa de esta adjudicación nula y, además, lo pondremos en conocimiento de la Fiscalía para que investigue si se pueden haber cometido presuntos delitos de prevaricación y fraude", ha manifestado.
La polémica por el pago de 440.000 euros a Mediapro por la realización de una serie documental sobre el juicio del procés en el Tribunal Supremo ha llegado al Parlament. Después de que el Comité de Empresa de la cadena se quejara por la externalización de un producto que podían haber hecho profesionales de la cadena, el PSC ha insistido en saber si el dinero procede de los fondos estatales para luchar contra la covid-19.
Fuentes de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales explican que el documental se adquirió antes del cierre del déficit previsto para este ejercicio y que, posteriormente, recibieron una partida de un millón de euros procedente del fondo covid-19. Desde el Departamento financiero de la cadena, estimaban un déficit de alrededor de dos millones, que ya englobaba la compra de este documental y de otros contenidos. Pero la llegada de este dinero de última hora procedente del fondo ha recortado el déficit a un millón.
No es la primera vez que la Generalitat utiliza dinero del fondo covid-19 creado por el Gobierno de Pedro Sánchez para la televisión pública catalana. Torra pidió 5.000 millones del fondo estatal para, entre otras cuestiones, pagar la caída en ingresos por publicidad de TV3.
El Plan de Reconstrucción del COVID consiste en inyectar dinero a todos los sectores sin reducir la hipertrofiada administración que da de comer a tantos. Cuando toca ajustarse el cinturón, lo justo sería reducir gasto público y restringir al máximo las subvenciones a sectores como el cine y la televisión, y a entidades "sin ánimo de lucro", que mueven grandes cantidades y pueden sostenerse a sí mismas.
Pero el anterior responsable de Cultura y Deportes, Manuel Rodríguez Uribes, tras mantener contactos con el llamado "mundo de la cultura", les respondió que no dejará sin su subvención a los vividores que reclaman a las administraciones planes de inyección de dinero público al cine mediocre y deficitario y a las cadenas desinformativas del sistema.
De momento, van a recibir 15 millones de euros en forma de subvenciones a las cadenas privadas para ayudarles ante la drástica caída de anunciantes que dicen que están sufriendo como consecuencia de la alerta sanitaria.
El afán de poder y notoriedad llena las listas electorales de megalómanos que crean escuela y tienen sus delfines que sucederles al precio que sea. Las personas que llegan al poder por medio de manipulaciones, nepotismo, o por la fuerza o violencia, se llegan a creer que están ahí porque se lo han ganado y no necesitan demostrar valía ni utilidad social.
Cuando el afán de poder es tan fuerte que la persona está dispuesta a violar las normas éticas o legales para concretarlo, la ambición puede perjudicar a la propia persona o a terceros. Muchos son los casos a lo largo de la Historia que vienen a dejar patente como la ambición llevada a su máximo extremo trae consigo todo tipo de desastres y calamidades.
La vileza del votante, su bajeza de aspiraciones, su degradación, no le permite advertir la indignidad e infamia de sus candidatos, porque no aspiran más que a salir de la pobreza mediante el expolio de los afortunados, creyendo que la ruina de todos acaba con la desigualdad.
Conseguir algo, especialmente poder, riquezas, dignidades o fama es lo que se desea con vehemencia cuando alguien trepa en la política o los negocios, lo que despierta la saña justificada por el acanallado discurso del Gobernante, dispuesto a todo pacto sin explicar cuál ha sido su precio.
Donde la corrupción generalizada de los que gobernaron y cometieron iguales y peores actos, en nombre de postulados de izquierda o de derecha, las fiscalías bajo control del Gobierno y la administración de justicia politizada, no tienen una verdadera voluntad de evitar la corrupción así que eso se convierte en una forma de vida para sus dirigentes, protegidos del principio de inocencia, el debido proceso y el derecho a la defensa, interpretados ampliamente en función de su cargo.
La actitud del PSOE en sus casos de corrupción es el silencio y el encubrimiento, a la par que presiona a jueces y fiscales. ¿Por qué si no Dolores Delgado, la manceba de Baltasar Garzón, no ha sido sustituída como Fiscal General del Estado?. Por no hablar de Juan Carlos Campo, que pasa de ministro de Justicia a la Audiencia Nacional, pasándose por alto la incompatibilidad de afiliación a partido político que establece la LOPJ.
Quizás nos pueda responder a todo eso la nueva Ministra de Justicia, Pilar Llop, que está especializada en Violencia de Género, esa jurisdicción en que la falta de pruebas se sustituye por la presunción de culpabilidad basada en el machismo.
Que me digan que es machismo apuñalar a la mujer y después tirarse por la ventana. Que me digan para qué sirve una orden de alejamiento en vez del internamiento en un centro psiquiátrico para conocer y prevenir las intenciones y forma de pensar del acusado.
Lo primero que tiene que hacer la sucesora de Juan Carlos Campo es cambiar la Ley Orgánica del Poder Judicial en el verdadero sentido que le da la Constitución: que 12 de los vocales sean elegidos elegidos ENTRE LOS JUECES y no entre los partidos políticos, interpretación que dió por buena el tribunal prostitucional. Y renovar el Consejo General del Poder Judicial de una vez.
El problema no son los conchabeos actuales entre PP y PSOE para epartirse los cargos, sino que viene de lejos. Cada día más jueces y magistrados sienten como su mayor problema la politización.
La arbitrariedad en la provisión de plazas judiciales y la amenaza a la independencia del Poder Judicial es percibida por una gran mayoría de los profesionales del Derecho y por la ciudadanía. Ni jueces que hayan tenido altos cargos o afiliación política deberían ejercer, y menos aún si los nombramientos no se hacen por méritos sino por discrecionalidad. Por no hablar de la gentileza en la función disciplinaria cuando se trata de compañeros.
Los jueces han exigigo esos cambios, y como no pueden ir a la huelga, muchos podrían pedir un año de excedencia para estudiar una especialidad o lo que quieran si no se les hace caso.
La pregunta que se hizo Odón Elorza es pura retórica. Los socialistas pierden votos, no por imbéciles, sino por listillos. El partido y su financiación están podridos ya que todo lo que se hace o se deja de hacer es por dinero.
La corrupción de un agente público no solamente depende de la ganancia monetaria que pueda obtener, sino además del modo como la sociedad lo juzgue y la probabilidad de ser descubierto. En otros términos, la probabilidad de que el corrupto sea descubierto no solo depende de medidas policiales, sino también de factores como la reacción de la sociedad (es decir, si ésta guarda silencio o denuncia).
Y eso guarda relación con el cese de Ábalos (sustituído por Raquel Sánchez) y su encuentro con Delcy Rodríguez, que tenía una prohibición de entrada en territorio europeo como castigo de la UE a la violación de Derechos Humanos en Venezuela. Cuando diversos partidos políticos presentaron sus demandas ante los tribunales, una parte se estudió en el Tribunal Supremo por el carácter de aforado de Ábalos y otra en la Justicia ordinaria al estar dirigidas contra los funcionarios policiales que dieron cobertura al ministro aquella noche.
El Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid, en funciones de guardia, ordenó al Ministerio que custodiara las imágenes hasta que se resolviese la admisión a trámite de las denuncias. Por la Ley de Protección de Datos, las grabaciones de esas cámaras de seguridad no se pueden guardar por tiempo indefinido. Allí permanecen custodiadas hasta la fecha.
Maurici Lucena, un cargo importante y de la máxima confianza de Miquel Iceta, de quien fue número dos, y del propio Pedro Sánchez, a quien ayudó en las Elecciones de 2015 como miembro de su Comité de Expertos, se niega a entregar las cintas que, grabadas con las cámaras de Barajas, se da por supuesto que recogen con precisión los detalles de la reunión que mantuvieron en el aeropuerto, de forma secreta, la viceministra de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el exministro de Transportes y secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos.
Voz Pópuli desvelaba cómo, en esa reunión entre Delcy y Ábalos que el ministro llegó a negar, un coche con distinción diplomática cargó hasta 40 maletas procedentes del avión venezolano que, al parecer, acabaron en la embajada de Venezuela en España sin pasar por los preceptivos controles legales y policiales del aeródromo.
Por medio del Portal de Transparencia, el departamento que dirige José Luis Ábalos ha denegado al menos en dos ocasiones peticiones ciudadanas para hacer públicas esas cintas. En la última de ellas, según informó este periódico, su Ministerio explicó su negativa en que difundir sus vídeos con Delcy constituye riesgo para la seguridad nacional, que podría perjudicar a sus relaciones con Venezuela y además podría darse información sobre el aeropuerto a grupos con intención de atentar en sus instalaciones.
Ahora le corresponde al Tribunal Supremo echar el cierre definitivo a este caso desvelado por Vozpópuli. El alto tribunal ya archivó el caso contra Ábalos al entender que los hechos relatados en las denuncias no eran constitutivos de delito, si acaso de un reproche político ajeno a sus competencias. No obstante, los jueces sí que entendieron que Delcy Rodríguez pisó suelo español y se saltó así la prohibición de la UE.
El juez de Madrid que archivó el Delcygate al entender que la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, no llegó a pisar suelo español deja ahora en manos del Tribunal Supremo la destrucción de las imágenes sobre su paso por el aeropuerto de Barajas donde se reunió de forma secreta con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos. El magistrado ya avanza al alto tribunal que él no se opone a que se destruyan las cintas, como con los trenes del 11M, sin esperar a que el asunto deje de estar "sub iudice" y las cintas se admitan como prueba, siendo increíble que se ignore su importancia probatoria por un juez. Entre los funcionarios del Estado la prevaricación o el encubrimiento se premian con ascensos.
Según una providencia a la que ha tenido acceso Vozpópuli, el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano Arnal, responde al archivo definitivo que dictó la semana pasada la Audiencia Provincial de Madrid. Resuelve la cuestión de las grabaciones de las cámaras de seguridad del aeródromo madrileño la noche de enero de 2020 en la que se produjo la visita de la mandataria bolivariana.
“Estando vigente la medida cautelar de preservación de las grabaciones de AENA acordada por el Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid en funciones de guardia, respecto de este procedimiento así como del procedimiento seguido ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, póngase ello en conocimiento de dicho órgano al que se hará saber que por este Juzgado no existe inconveniente para su destrucción”, dice la providencia, mientras el PP exige el Gobierno que explique si el rescate de Plus Ultra está vinculado al 'Delcygate'.
El Tribunal Constitucional ha alegado "falta de especial trascendencia constitucional" para archivar la causa que investigaba a Ábalos, por reunirse con la 'número dos' de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas, lo que implica, además, la destrucción de las cintas, principal prueba que existía del encuentro entre Ábalos y Rodríguez.
Las imágenes, que permanecían custodiadas por AENA, dependientes de Transportes, deberán ser destruidas tras el archivo de la causa con motivo de la Ley de Protección de Datos, pero el PP pide incluir las cintas del 'Delcygate' en el caso Plus Ultra en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid.
La magistrada que investiga el rescate de Plus Ultra ya tiene en su poder toda la documental clave sobre la ayuda de 53 millones de euros que recibió la compañía. Casi dos meses después de la apertura de diligencias por presunto delito de malversación, la SEPI ha aportado el expediente completo solicitado por el juzgado, que incluye informes económicos y de auditoría, y cuyo análisis determinará el horizonte judicial de esta investigación. Aunque la Abogacía General del Estado recurrió el arranque de la investigación, ésta no solo sigue adelante sino que las querellas presentadas se ampliaron a delitos de tráfico de influencias, contra la Hacienda Pública y cohecho.
Un mes después del arranque de esta investigación, la magistrada impulsó la causa y requirió las actas del consejo rector y del Consejo de Ministros del Gobierno en las que se autorizaba la millonaria ayuda, tal y como avanzó este diario. También reclamó el análisis de la Comisión de Evaluación y los informes sobre otras compañías que buscaron acceder a este fondo de 10.000 millones de euros gestionado por el consejo rector de la SEPI. El órgano, sobre el que actúa ahora la Justicia, está integrado por Lora, la exsecretaria de Estado de Economía Ana de la Cueva; la subsecretaria de Hacienda Pilar Paneque; el secretario general de Industria Raúl Blanco y la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen.
Además de la SEPI, también se dirigió a la Agencia Estatal de Seguridad aérea y a la propia Plus Ultra para recabar más información acerca de la flota de aviones, las operaciones realizadas entre 2018 y 2021 así como los accionistas Snip Aviation y Sky Solution, a quienes pidió que aportaran el acta de titularidad real de las participaciones. Los querellantes iniciales advirtieron de que no se podía considerar a Plus Ultra como una empresa estratégica ya que opera con el 0,03% de los vuelos en España y pérdidas que se vienen registrando desde el año 2011.
Vox apuntó que este rescate no tenía justificación alguna y que se trataba de una entrega de dinero "a fondo perdido a un entramado societario configurado como un holding con matriz en Panamá y capital venezolano". A falta de conocer los detalles del expediente de la SEPI, la Dirección General de Aviación Civil y de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) concluyeron en sendos informes que esta aerolínea (a la que se le atribuyen pérdidas de hasta diez millones de euros) no era esencial para la conexión entre Madrid y Latinoamérica.
El Partido Popular, que también se personó, se opuso a las pretensiones de la Abogacía de que se archivara la causa apuntando a un "quebranto millonario" para las arcas públicas.
