El jefe del Estado Mayor de la Defensa y otros altos cargos militares recibieron la primera dosis de la vacuna contra el covid-19, motivo por el que el Jemad ha solicitado su cese ante la Ministra de Defensa al tiempo que el Ministerio del Interior destituyó al oficial de enlace de la Guardia Civil en el Estado Mayor de la Defensa, por vacunarse también "prematuramente".
El jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago Marín (el mismo que ordenó reprimir toda crítica a la gestión sanitaria), remitió una instrucción en la que advertía que nadie deberá ser vacunado antes de tiempo, ni en el caso de que haya vacunas sobrantes.
Fernando Grande-Marlaska ha dado un nuevo paso para intentar asegurarse el control de la Guardia Civil. El ministro del Interior ha vetado el ascenso a general del coronel Diego Pérez de los Cobos, máximo responsable del dispositivo policial contra el referéndum del 1-O por orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Pérez de los Cobos quedó en primera posición en la evaluación previa que elabora el Consejo Superior del cuerpo, integrado por todos los generales en activo, para seleccionar a los candidatos al ascenso. Pero el Ministro Marlaska ha decidido ascender a los que obtuvieron la segunda, tercera y cuarta cualificación. Los ascensos fueron aprobados por el Ministerio de Defensa a propuesta de la cartera de Interior, el procedimiento que rige en el caso de los nombramientos de la Guardia Civil por su naturaleza militar.
Fernando Grande Marlaska ya destituyó al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos como jefe de la comandancia de Madrid por no revelarle que sus subordinados habían entregado un informe a la magistrada en la causa contra el delegado del Gobierno que permitió el 8-M. El recurso de alzada ante el Ministerio del Interior contra su cese por los responsables del cuerpo y de este departamento, se verá por el ministro del Interior, quien tendrá que resolver la decisión que firmó el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez.
El director adjunto operativo de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, presentó su dimisión al Ministerio del Interior tras el cese de Pérez de los Cobos, Marlaska apartó también al número tres de la Guardia Civil, el general Santafé, que ocupaba el puesto de Mando de Operaciones. Grande-Marlaska ha ascendido al general Santiago pocas semanas después de que este reconocía que la Guardia Civil estaba trabajando para minimizar las críticas al Gobierno durante el estado de alarma.
El Ministro del Interior tomó su decisión tras el comunicado de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez Gámez, al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, que dice textualmente: “Propongo el cese del destino del coronel D. Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid (Tres Cantos-Madrid) por pérdida de confianza de esta Dirección General y del Equipo de Dirección del Ministerio del Interior por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de Policía Judicial con fines de conocimiento”.
La juez Carmen Rodríguez-Medel había pedido máxima reserva a los agentes y les advirtió que es a ella a la única que deben dar cuenta de su trabajo. La magistrada advirtió al capitán al mando de la investigación que el deber de secreto que tiene en cualquier causa se vería reforzado en la presente por tratarse el único investigado por el momento de un superior jerárquico suyo, el delegado del Gobierno, José Manuel Franco. El capitán le trasladó esta orden de la juez al coronel Pérez de los Cobos, y éste se negó a dar información a sus superiores sobre los detalles de las pesquisas que sus subordinados llevan a cabo bajo control judicial en torno a la investigación sobre la convocatoria de actos multitudinarios en Madrid como la manifestación del 8-M.
El cese del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos avalado por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, fue "ilegal" . De esta forma tan contundente se ha pronunciado el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, que no solo ha anulado la destitución del mando, sino que ordenado que le restituya en el cargo como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid. La Justicia establece que fue apartado de su cargo por negarse a informar del desarrollo de una investigación judicial que afectaba al PSOE. Fuentes de Interior señalan que recurrirán el fallo a través de la Abogacía del Estado.
El fallo insiste en que el coronel cumplió con su deber al no informar de la investigación en curso sobre el 8-M. “Es cierto que la decisión de cesar al Coronel Pérez de los Cobos queda desvelada en la propuesta de la Directora General del Cuerpo, dirigida al Secretario de Estado de Seguridad, por -repetimos una vez más-no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento; unas investigaciones que por la legislación aplicable y por las expresas órdenes impartidas por la Magistrada titular del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid, estaban sujetos al deber de reserva tanto la UOPJ como sus superiores, en este caso el Sr. Pérez de los Cobos”.
“El actuar discrecional no puede ser un medio para atentar contra la legalidad o menoscabar la legalidad a la que todos, en definitiva, estamos sujetos. Es por ello que el ejercicio de las potestades discrecionales está sujeto al control jurisdiccional en los términos expuestos”, concluye la sentencia.
Además, el cese arbitrario de un funcionario público es constitutivo de delito atribuíble al Ministro del Interior si se confirma que el coronel Diego Pérez de los Cobos fue cesado por obedecer sus órdenes y no filtrar a sus superiores la investigación contra el delegado del Gobierno en Madrid.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, es quien tiene potestad sobre la Guardia Civil, por ser este un cuerpo militar, en lo relativo al código de conducta, ceses y ascensos. La seguridad ciudadana, orden público y policía judicial dependen de Interior.
Sin embargo, ha sido Interior el que ha defendido el régimen militar de la Guardia Civil después de que el vicepresidente Pablo Iglesias apostara por la desmilitarización de este Cuerpo. Margarita Robles debería aclarar quién decide sobre la Guardia Civil y cómo protege la inamovilidad de los funcionarios públicos a su cargo.
